Antes de incorporarme al Instituto lincoln de Políticas de Suelo, tuve la responsabilidad de hacer el seguimiento de la ciudad de detroit para la fundación ford durante casi una década. Allí pude ser testigo de primera mano de los desafíos sin precedentes que implicaba la tarea de revertir la suerte de la que fue la ciudad más poderosa e importante de los Estados Unidos de mediados del siglo XX. La magnitud de estos desafíos requirió la coalición de algunos de los mejores y más brillantes reconstructores de comunidades con los que he tenido el privilegio de trabajar. La calidad y el compromiso de este enérgico grupo de funcionarios públicos, líderes cívicos y comunitarios y visionarios del sector privado ayudaron a Detroit a recuperar un futuro brillante.

Uno de los proyectos distintivos llevados a cabo por esta asociación filantrópica pública y privada fue la planificación, la construcción y el financiamiento de la primera inversión de Detroit en obras de transporte público durante más de cinco décadas: el ferrocarril M1, que se inauguró en julio de 2014 gracias a una inversión de fondos privados combinados de más de US$100 millones. El liderazgo de este proyecto no sólo construyó una línea simbólica de ferrocarril liviano de 5,3 kilómetros a lo largo de la avenida Woodward, el eje de la ciudad, sino que también aprovechó la inversión privada para garantizar el compromiso del gobierno estatal y el gobierno federal de crear la primera autoridad para el transporte de la región.

Algunos filántropos líderes a nivel municipal y nacional también recaudaron más de US$125 millones para lanzar la Nueva Iniciativa Económica, un proyecto de 10 años destinado a revitalizar el ecosistema empresarial en la región a través de la incubación estratégica de cientos de nuevos negocios, miles de empleos nuevos y una duradera colaboración a largo plazo entre empleadores y desarrolladores de la fuerza laboral. Además, en lo que podría considerarse como el proyecto colectivo más controvertido y heroico de esta Iniciativa, estos filántropos trabajaron junto con el estado de Michigan para recaudar más de US$800 millones para The Grand Bargain (El gran pacto), mediante el cual no sólo se salvó la legendaria colección del Instituto de Artes de Detroit de la subasta, sino también las futuras pensiones de los funcionarios públicos de Detroit.

Increíblemente, mientras los empresarios sociales hacían lo imposible por recaudar cientos de millones de dólares para ayudar a Detroit, supuestamente la ciudad devolvía al gobierno federal sumas similares en concepto de subvenciones de fórmula no utilizadas. Una ciudad con más de 100.000 propiedades vacantes y abandonadas e índices de desempleo cercanos al 30 por ciento no lograba encontrar una manera de utilizar las subvenciones de las que disponía libremente: sólo debía solicitarlas y monitorear su uso. Los funcionarios públicos de la atribulada Detroit, que se vieron diezmados debido a la pérdida de población y a la insolvencia fiscal de la ciudad, no tenían la capacidad ni los sistemas para gestionar de manera responsable las normas sobre subvenciones federales ni para cumplirlas. Y, en este sentido, Detroit no es muy diferente a otras ciudades industriales históricas u otros lugares con problemas fiscales.

En un informe de marzo de 2015 elaborado por la Oficina de Rendición de Cuentas Gubernamental, denominado “Municipalities in Fiscal Crisis” (Municipios en crisis fiscal) (GAO-15-222), se analizaban cuatro ciudades que se habían declarado en quiebra (Camden, Nueva Jersey; Detroit, Michigan; Flint, Michigan; y Stockton, California), y se llegaba a la conclusión de que la incapacidad de estas ciudades para utilizar y gestionar las subvenciones federales se debía a una inadecuada capacidad del capital humano, a las reducciones de personal, a una capacidad financiera reducida y a sistemas de tecnología informática desactualizados. Los autores del informe también se lamentaban de que estas ciudades no sólo eran incapaces de utilizar las subvenciones de fórmula (por ejemplo, los subsidios en bloque para el desarrollo comunitario que se distribuyen de acuerdo con criterios objetivos, tales como el tamaño de la población o las necesidades de la comunidad), sino que también se privaban repetidamente de solicitar fondos competitivos. En un análisis independiente del año 2012, llevado a cabo por el senador Tom Coburn (Republicano de Oklahoma) y denominado “Money for Nothing” (Dinero para nada), se detectaba una suma de aproximadamente US$70 mil millones en fondos federales que no se utilizaron “debido a leyes mal redactadas, obstáculos burocráticos y mala administración, así como también a una falta generalizada de interés o de demandas por parte de las comunidades a las cuales se habían asignado los fondos”.

¿Cómo puede ser que las ciudades más necesitadas sean incapaces de utilizar la ayuda que tienen a su disposición? No es de sorprender que una ciudad como Detroit, que perdió casi dos tercios de su población en seis décadas, viera una reducción de personal y una disminución de las capacidades de los empleados en las oficinas municipales. Tampoco no es de sorprender que Detroit no tuviera sistemas de tecnología informática actualizados. Cuando un municipio enfrenta problemas fiscales, la infraestructura siempre queda en el último lugar. La incapacidad de utilizar los fondos asignados probablemente no es un pecado de comisión sino una lamentable omisión mucho más profunda que debe solucionarse. Pero ¿dónde comenzamos? Veamos lo que nos dicen los datos. ¿Qué programas de subvenciones de fórmula tienen el menor rendimiento? ¿Cuáles son las ciudades con el peor aprovechamiento? Sin lugar a dudas, no lo sabemos. Y si las agencias federales saben cuáles son los programas y las ciudades que se encuentran en las listas de los mejores y peores, evidentemente no están informando de ello. Además, la mayoría de los ciudadanos en Detroit, que soportan una de las tasas más altas del impuesto sobre la propiedad del país, no saben que su ciudad está desaprovechando millones de dólares en subvenciones federales cada año.

El verano pasado, sin bombo ni platillo pero con gran ambición, el Instituto Lincoln lanzó una campaña mundial para promover la salud fiscal municipal. Esta campaña centra su atención en varios factores que impulsan la salud fiscal municipal, entre los que se incluye el papel que desempeñan los impuestos sobre el suelo y la propiedad con el fin de brindar una base de recaudación estable y segura. En este número de Land Lines, analizamos algunas maneras en que las ciudades y regiones están desarrollando nuevas capacidades (tales como un monitoreo fiscal confiable y una administración transparente de los recursos públicos; comunicación y coordinación efectivas entre el gobierno federal y los gobiernos municipales, de los condados y de los estados; etc.) para superar las barreras económicas y medioambientales más importantes. Analizamos la forma en que las ciudades están mirando dentro y fuera de sus límites para obtener ayuda de otras fuentes. Esperemos que estas historias nos inspiren a trabajar para encontrar formas más amplias, más profundas y más creativas de progresar juntos, en lugar de luchar en soledad.

Dos herramientas tecnológicas que presentamos en este número están modificando la forma en que se organiza y se comparte la información financiera municipal. Estas herramientas permiten a los ciudadanos y al electorado pedir la rendición de cuentas a sus líderes comunitarios y asegurarse de que, una vez que se accione el interruptor de la ayuda económica, se complete el circuito. PolicyMap (pág. 18) se fundó con el objetivo de fundamentar la toma de decisiones públicas basada en datos. Los investigadores de PolicyMap han organizado docenas de bases de datos públicas y han desarrollado una sólida interfaz en la que los usuarios pueden visualizar los datos en mapas. Esta herramienta contiene miles de indicadores que rastrean el uso de los fondos públicos y el impacto que tienen. La ciudad de Arlington, Massachusetts, ha desmitificado sus finanzas municipales mediante el Presupuesto Visual (pág. 5), un programa de código abierto que ayuda a los ciudadanos a entender en qué se gastan los impuestos que pagan. Tanto PolicyMap como el Presupuesto Visual tienen el potencial de rastrear todas las fuentes de ingresos y gastos de una ciudad y hacer que la administración sea transparente para los contribuyentes. Para aquellas ciudades o agencias federales que desean divulgar este tipo de información, estos emprendimientos sociales están listos para rastrear e informar del uso (o la falta de uso) de los fondos públicos.

La alineación vertical de varios niveles gubernamentales para lograr la meta de salud fiscal municipal no sólo es una solución en este país. Nuestra entrevista con Zhi Liu (pág. 30) contiene información sobre las medidas tomadas por el gobierno central de la República Popular China para desarrollar una base de recaudación estable en cada gobierno municipal a través de la promulgación de una ley del impuesto sobre la propiedad; esta medida ayudará a los gobiernos municipales a sobrevivir a las arenas movedizas de la reforma del suelo.

En nuestro informe sobre Working Cities Challenge (Desafíos para Ciudades en Funcionamiento) (pág. 25), los investigadores del Banco de la Reserva Federal de Boston identifican lo que posiblemente es la capacidad más importante para promover no sólo la salud fiscal municipal sino también ciudades prósperas, sustentables y resilientes: el liderazgo. El liderazgo —que puede provenir de funcionarios públicos visionarios, emprendedores cívicos audaces o implacables académicos peripatéticos— está en la esencia de otros casos inspiradores que analizamos en este número. Los líderes en Chattanooga (pág. 8) hicieron una apuesta fuerte por la infraestructura (servicio de Internet de altísima velocidad a bajo costo, proporcionado a través de una red municipal de fibra óptica) con el fin de ayudar a la ciudad a pasar de ser una ciudad industrial retrógrada y contaminada a un centro tecnológico moderno y limpio. Y funciona.

Super Ditch (pág. 10) es otro ejemplo de cómo varios gobiernos pueden trabajar junto con el sector privado con el fin de encontrar soluciones creativas para los desafíos conjuntos. Super Ditch está innovando la gestión del agua urbana y agropecuaria a través de nuevos acuerdos entre el sector público y el sector privado que detienen las antiguas estrategias de “buy-and-dry” (comprar y secar) practicadas por las ciudades con escasez de agua y continúan supliendo la demanda municipal de agua sin despojar a las principales tierras de cultivo de este recurso.

Antes de que nos hallemos inmersos en una interminable polémica partidista acerca de si los gobiernos nacionales deberían rescatar a las ciudades en quiebra, tal vez deberíamos encontrar una forma de garantizar que, en primer lugar, estas ciudades no lleguen a la quiebra, mediante el uso de la ayuda que ya hemos prometido. Sólo un sádico o un cínico pondría intencionalmente estos recursos a la vista pero fuera del alcance de las personas o ciudades necesitadas. Si invertimos sólo una fracción de los fondos no utilizados con el fin de desarrollar las capacidades municipales adecuadas, las comunidades podrán solucionar sus propios problemas. Ya sea mediante una asociación filantrópica pública y privada, una herramienta tecnológica innovadora o una nueva forma de cooperación entre los gobiernos y el sector privado, los emprendedores sociales están ampliando la inventiva humana para ayudarnos a superar el mayor desafío que enfrentamos: encontrar nuevas formas de trabajar juntos para no perecer en soledad.

Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 3 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

Con el objetivo de analizar la equidad y eficacia del sistema fiscal de tributación inmobiliaria, el Instituto Lincoln desarrolló, en conjunto con el Ayuntamiento de Porto Alegre (Brasil), el Seminario Internacional sobre Tributación Inmobiliaria en abril de 2001, el cual formó parte de su programa educativo en América Latina. Asistieron al seminario más de 200 delegados de 12 países, 14 estados brasileños y 45 autoridades municipales. Expertos reconocidos en el ámbito internacional, funcionarios gubernamentales y personalidades del sector académico, de finanzas públicas y de materias impositivas representaron instituciones tales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Instituto Internacional de Tributación Inmobiliaria (IPTI), la Asociación Internacional de Funcionarios de Tasación (IAAO), la Asociación Brasileña de Secretarías de Finanzas de Capitales (ABRASF) y la Escuela de Administración Hacendaria (ESAF). En este artículo se analizan los temas y experiencias tratados en el seminario.

Así como en los Estados Unidos, en América Latina hay un debate continuo sobre la mayor eficacia, la simplificación en los procesos de administración y la menor influencia de factores políticos que derivarían de la sustitución del tributo inmobiliario por otras fuentes de ingreso, tales como recargos y tarifas. No obstante, el tributo inmobiliario continúa siendo la opción predominante de financiamiento de los servicios públicos de los gobiernos municipales de América Latina.

Una característica importante del tributo inmobiliario es la gran diversidad que hay en su administración en cada país. Por ejemplo, en Brasil, Colombia y Ecuador es un impuesto exclusivamente municipal, mientras que en Argentina es administrado por el gobierno provincial. En México, el papel de las autoridades municipales se ha reducido principalmente a la recaudación de los impuestos. En Chile, el tributo inmobiliario es una importante fuente de ingreso para los gobiernos municipales, aunque el gobierno central es el responsable por la administración de los sistemas catastrales, de tasación y recaudación. El Salvador es el único país centroamericano que no ha impuesto nunca una tributación sobre la propiedad, aunque cada vez más se discute sobre la necesidad de establecer nuevos impuestos, dado que los ingresos tributarios constituyen apenas un 11 por ciento del producto bruto interno (PIB).

Reflexiones sobre el sistema fiscal de tributación inmobiliaria

En general, el tributo inmobiliario está reconocido como un impuesto “bueno” que tiene una función esencial en el proceso de recuperación de ingresos, financiamiento de servicios públicos y promoción del desarrollo social. Su naturaleza única establece vínculos importantes entre riqueza e ingresos, desarrollo social y uso y ocupación del suelo. Sin embargo, es fundamental administrarlo con justicia para evitar ineficacias y desigualdades en la distribución de la carga impositiva. En varias sesiones del seminario se mencionó la necesidad de contar con un catastro que tenga cobertura completa y adecuada, además de los atributos básicos para la tasación de diferentes clases de propiedades. Un grupo de participantes recomendó integrar la comunidad al proceso de actualización continua de los datos catastrales, mientras que otros enfatizaron la necesidad de realizar un cuidadoso análisis de costo-beneficio antes de implementar sistemas de información geográfica.

En países donde el catastro no es administrado por el gobierno central, no existe un sistema o modelo estándar. Según el nivel de desarrollo de la municipalidad o de los recursos financieros disponibles, la tecnología catastral puede exhibir grandes variaciones, desde una simple lista de propiedades hasta un catastro multifinalitario basado en un sistema de información geográfica. También se observan diferencias en los sistemas de tasación; por ejemplo, en Colombia y Bolivia se utiliza la autotasación, mientras que en Brasil, Chile, Ecuador y México es común el método de tasación por costos. Algunas autoridades municipales de Brasil están trabajando activamente para instituir el método de comparación de ventas para la propiedad residencial. Al aplicar el método de tasación por costos, el valor del suelo se determina mediante el método de comparación de precios de venta. El valor del suelo, si se basa en la información del mercado, también se calcula de maneras diferentes, lo cual genera preocupación sobre cómo reducir las desigualdades en la tasación.

Por encima de todo, la valuación es una tarea técnica que requiere tasación uniforme, realizada a intervalos cortos, y que no debe utilizarse para fines políticos. Los sistemas que establecen límites de los aumentos impositivos entre periodos consecutivos para cada propiedad individual, hasta un ajuste general basado en la tasa de inflación anual, son vistos como una fuente principal de inequidad de tasación. Para poder ganar la aceptación del sistema tributario y la confianza de los contribuyentes, es imprescindible que haya transparencia en los resultados de las valuaciones además de características básicas tales como responsabilidad fiscal, justicia, democratización de la información y simplificación del lenguaje técnico a fin de facilitar el entendimiento de los miembros y líderes de la comunidad. Además, estos últimos deben participar en la toma de decisiones referentes a la recaudación de impuestos y gastos públicos.

Una tendencia reciente es el uso creciente de Internet por parte de los contribuyentes para recibir y pagar sus facturas impositivas, revisar los datos estadísticos de sus propiedades y actualizar la información catastral. En este particular se considera a Chile como punto de referencia en el uso de estas tecnologías en América Latina.

Experiencias con la reforma fiscal

Varios ponentes del seminario hablaron de sus experiencias con la reforma fiscal a la propiedad inmobiliaria, las cuales suelen incluir inversiones en sistemas catastrales. En Colombia, por ejemplo, la mejora en la recaudación del tributo inmobiliario se tradujo en un aumento en el porcentaje del PIB, de un 0,22 por ciento en 1970 al 0,91 por ciento en 1994. Esta mejora se atribuyó en parte a leyes que exigieron la implementación y actualización del catastro en todo el país. La fuerte oposición hacia la actualización de los valores de tasación, así como las dificultades administrativas para realizar las valuaciones, llevaron a establecer un procedimiento de autotasación. Ahora los contribuyentes son responsables por declarar el valor de tasación de sus propiedades, pero dicho valor no puede ser inferior al valor catastral registrado. Para reducir la subtasación, el valor de tasación se usa también como base para la expropiación.

Las iniciativas de reforma fiscal que hubo en Argentina durante la década de 1990 estuvieron fuertemente motivadas por las crisis financieras del sector público. El proyecto de reforma del tributo inmobiliario fue dividido en dos áreas principales: administración catastral y fiscal. A pesar de que en estas reformas se ha invertido el equivalente a más de US$120 millones, el proyecto ha sido completado en apenas un 50 por ciento de las jurisdicciones. En otro ejemplo, Mexicali, la ciudad capital de Baja California, fue la primera en adoptar un sistema basado en el valor del suelo como base impositiva predial en la década de 1990. Si bien se trató de una exitosa experiencia de reforma fiscal a la propiedad inmobiliaria, actualmente México se enfrenta a una serie de retos, entre ellos lograr un equilibrio fiscal entre el gasto público y los ingresos recaudados, además de recuperar la importancia del tributo inmobiliario como fuente de ingresos.

La tributación inmobiliaria en Brasil

Varias barreras políticas, jurídicas y prácticas han contribuido a mantener la inequidad e ineficacia del tributo inmobiliario en Brasil. Las ramas principales del gobierno (el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial) suelen diferir en su interpretación de las regulaciones impositivas, lo cual crea una perenne falta de confianza en el sistema tributario. Entre los problemas principales que afectan el sistema fiscal de tributación inmobiliaria cabe mencionar: 1) catastros obsoletos e incompletos que derivan en pérdidas irrecuperables de los ingresos; 2) prácticas de tasación deficientes que conducen a una falta de uniformidad generalizada; 3) fuerte influencia de los valores de tasación históricos, no sólo porque los avalúos son poco frecuentes sino también porque la aprobación de cualquier nueva lista de valuación por la Cámara de Concejales suele ser difícil; y 4) deficiencias en el proceso de recaudación de impuestos.

Se reexaminó la validez y factibilidad de adoptar tasas progresivas (móviles) para el tributo inmobiliario, las cuales habían sido utilizadas ampliamente en Brasil durante la década de 1990. La idea básica había sido establecer tasas progresivas según las clases de valores de tasación e introducir un elemento de “capacidad de pago” en el sistema, en el que la carga impositiva de las propiedades más costosas fuera mayor que las de propiedades de menos valor. Si bien en 1996 la Corte Suprema declaró como inconstitucional el uso de tasas progresivas para el tributo inmobiliario, una reciente enmienda constitucional autorizó la progresividad de las tasas de tributo inmobiliario según el valor de las propiedades, así como también diferentes tasas según la ubicación de la propiedad.

Durante el transcurso del seminario, los argumentos en contra de la aplicación de tasas progresivas para el tributo inmobiliario apuntaron a la necesidad de mantener un impuesto sencillo y eficaz, mientras que aquéllos a favor de la progresividad hicieron énfasis en la concentración de la disparidad de los ingresos en Brasil y en el hecho de que los gastos de vivienda de la población pobre son proporcionalmente mayores que los de la población adinerada. La mayoría de los participantes del seminario estuvieron de acuerdo en que las tasas progresivas podrían conducir a una distribución más justa de la carga impositiva. No obstante, la progresividad debe ser gradual, es decir, se debe aplicar una tasa mayor únicamente a la parte del valor de la propiedad que excede el límite establecido en cada clase de valor de tasación, a fin de evitar grandes diferencias en la carga impositiva para aquellas propiedades cuyos valores estén ligeramente por encima o por debajo de los límites en cada categoría.

En el ámbito nacional, en Brasil es ampliamente conocida la ineficacia del tributo inmobiliario como fuente del ingreso público. Los ingresos provenientes del tributo inmobiliario representan menos del 0,4 por ciento del PIB —de hecho, la cantidad realmente recaudada es puramente simbólica en muchas partes del país. En una encuesta reciente de las municipalidades se investigaron varios aspectos del desempeño gubernamental municipal, entre ellos la evasión de impuestos. Los resultados demostraron que la evasión de impuestos es menor del 20 por ciento en apenas un 13 por ciento de las municipalidades. En una de cada cinco municipalidades, el ingreso fiscal representa menos del 20 por ciento de las propiedades incluidas en el catastro.

Nota: La divisa brasileña es el real (R$). En 1996, R$1 equivalía aproximadamente a US$1.

En la tabla 1 se muestra la importancia relativa del ingreso del tributo inmobiliario en Brasil, según el tamaño de la municipalidad. Las municipalidades pequeñas obtienen su financiamiento mayormente por transferencias de otros niveles gubernamentales, mientras que las grandes tienen una mayor dependencia del tributo inmobiliario como fuente de ingreso. Sin embargo, el funcionamiento del sistema fiscal de tributación inmobiliaria depende directamente de la voluntad política, la cual muestra grandes variaciones entre una ciudad y otra. Por ejemplo, debido a una extensa actualización de su catastro, Santana de Parnaíba, una ciudad de 60.000 habitantes en el estado de São Paulo, recauda aproximadamente R$212,00 por habitante, mientras que la recaudación promedio del tributo inmobiliario para ciudades con población similar (10.000 a 100.000 habitantes) es de R$10,04 por habitante. Las cifras de Santana de Parnaíba son incluso mejores que las de São Paulo, la capital del estado, donde se recaudan menos de R$80,00 por habitante. Igualmente, un modelo participativo en el que actúa la comunidad local y organizaciones no gubernamentales (ONG) facilita la discusión de asuntos críticos de la evaluación y administración del tributo inmobiliario, lo cual ha llevado a medidas de mejoramiento del sistema. En la ciudad Ribeirão Pires, por ejemplo, se logró aumentar el ingreso en un 40 por ciento gracias a la adopción de medidas tales como una exhaustiva revisión de la legislación del tributo inmobiliario que permitió adoptar mejores prácticas de tasación, nuevas tasas de tributo inmobiliario e implementación de procedimientos más eficaces para la recaudación de impuestos. Aún mejor: la reforma fiscal ha contribuido a incrementar la popularidad del gobierno municipal.

Caso de estudio: Porto Alegre

Inspirado por el seminario de abril y por trabajos de investigación y análisis previos, el gobierno municipal de Porto Alegre elaboró una propuesta para una reforma fiscal a la propiedad inmobiliaria con el objetivo de promover la equidad fiscal y la importancia del tributo inmobiliario como fuente de ingreso, así como también crear una administración más eficaz del impuesto. El proyecto se presentó el 28 de septiembre ante el Ayuntamiento —entidad encargada de aprobar o rechazar las medidas—, y deberá haber una decisión final antes de finalizar el año 2001.

Se encomendó el proyecto a un equipo multidisciplinario formado por miembros de la autoridad municipal, entre ellos asesores, expertos en tributo inmobiliario y planificadores urbanos y ambientales, como también un grupo de profesionales de estadística y tecnología de información de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Las medidas propuestas fueron discutidas ampliamente con representantes de asociaciones públicas, líderes de la comunidad, representantes de los medios de comunicación, y, por supuesto, con los concejales (véase la tabla 2).

Conclusión

La participación de varios cientos de delegados pone en evidencia la importancia del tributo inmobiliario en sus países. Si bien es cierto que todavía hay mucho por hacer para mejorar el desempeño general de los sistemas de tributación inmobiliaria, el debate demostró que ha habido progreso en la manera como el impuesto se administra y se percibe en muchas partes del continente. Varias experiencias independientes demostraron claramente que la voluntad política es la causa principal de las diferencias observadas en los resultados del tributo inmobiliario en América Latina. Gracias a los recientes avances tecnológicos (ahora accesibles a cualquier país), se han podido poner en práctica mejores técnicas de valuación, tasación y manejo de la información. Poco a poco los retos se están desplazando de la esfera técnica a la política. Hoy más que nunca es esencial aprender a implementar las reformas y revisiones fiscales a fin de lograr sistemas de tributación inmobiliaria de mayor eficacia. También se evidencia la tendencia al uso de métodos participativos durante las revisiones, dado que es probable que la aceptación del público facilite el proceso de reforma.

Claudia M. De Cesare es consultora en tributación inmobiliaria de la Secretaría de Finanzas de la municipalidad de Porto Alegre, Brasil; investigadora e imparte clases de valuación y tributación inmobiliaria en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul y en el Instituto Lincoln, forma parte del consejo consultivo del Instituto Internacional de Tributación Inmobiliaria (IPTI) y participa activamente en otras organizaciones profesionales.

Sidebar: Red Latinoamerica Sobre Tributación Inmobiliaria

Recientemente el Instituto Lincoln creó un grupo de redes formadas por expertos y legisladores, cuya misión es el estudio de los fundamentos de la política impositiva y del suelo en América Latina. Bajo la dirección de Martim Smolka, Senior Fellow y director del Programa para América Latina y El Caribe, la primera reunión de la red de tributación inmobiliaria se realizó durante el seminario en Porto Alegre en abril de 2001, siendo sus participantes Hector Serravalle (Argentina), Claudia M. De Cesare, Cintia E. Fernandes, Mauro Lunardi y Sol G. Pinto (Brasil), Carlos Acuña (Chile), Maria Camila Uribe y Claudia Puentes (Colombia), Mario R. Maldonado (Ecuador), Roberto Cañas (El Salvador) y Sergio Flores (México).

La red está a la búsqueda de sistemas de tributación inmobiliaria de mayor eficacia en América Latina y de reforzar la función del tributo inmobiliario en los ingresos gubernamentales municipales. Sus miembros buscan promover el desarrollo profesional, identificar temas apropiados para proyectos educativos y trabajos de investigación comparativa y diseminar información y experiencias.

Los proyectos clasificados como principales son los siguientes:

• indicadores del tributo inmobiliario
• bibliografía comentada
• base de datos de instituciones, cursos permanentes y programas educativos
• desarrollo curricular
• intercambios para el aprendizaje profesional

Si bien es cierto que algunos programas nacionales o estatales han mejorado los sistemas catastrales, los procedimientos de valuación y la comunicación en algunos países, los miembros de la red están de acuerdo en que todavía falta un largo camino para poder mejorar la eficacia y la equidad de los sistemas impositivos actuales. Los miembros también aspiran tener mayor comunicación y acceso a la información relacionada con asuntos de tributación inmobiliaria en América Latina. Los programas de capacitación futuros podrían ser una fuente de inspiración para otras municipalidades, que al igual que Porto Alegre, enfrentan dificultades en sus sistemas fiscales de tributación inmobiliaria.

It is not surprising that proposals for land value taxation (LVT) should elicit strong reactions in public debate. Land, taxes and information are a combustible combination, but they are critical to our political system. Without land we cannot live; without taxes we cannot be governed; without information about land and taxes we are powerless to change the way we are governed. Although Britain has not confronted basic land or tax reform in recent years, there are several signs, outlined below, that this is changing, and such changes can open the way for renewed attention to LVT initiatives.

Increasing Awareness of the Tax Burden

There is now widespread acceptance that Britain taxes jobs and enterprise far too much. In 1997 the European Commission (now known as the European Union) asked its 15 member states to produce employment action plans, including proposals to relieve the burden of taxes on employment. In 1999 British Prime Minister Tony Blair and German Chancellor Gerhardt Schroeder issued a joint statement that said, “. . . overall, the taxation of hard work and enterprise should be reduced.” Britain’s Liberal Democrat Party manifesto in 1998 called for a “major tax shift off people and on to pollution and resources.” Across the political spectrum consensus is building for a shift in the tax burden.

Devolution and Constitutional Reform

The United Kingdom is in the midst of far-reaching constitutional changes involving elections by proportional representation, which almost guarantee coalitions and make continuity of policy more likely. The number of voting hereditary peers in the House of (Land) Lords has been reduced from 400 to fewer than 100. Unlike a century ago, the Lords can no longer block an elected government with a mandate to introduce LVT or other land reforms. Although Britain still has one of the most centralized governments in Europe, Scotland and Wales now have considerable autonomy through their elected Parliament and Assembly.

Northern Ireland also has an elected Assembly, and land policy there is arguably more forward-thinking than on mainland Britain, with integrated ministerial responsibility for maps, land registers and property valuation. By 2007 there will be a fully electronic, map-based comprehensive land register and up-to-date property assessment. Uniquely in the UK, residential areas will be assessed through computer-aided mass assessment (CAMA) techniques imported from the U.S.

Scotland can vary income tax by up to 3 percent and can choose the tax base for its 28 local authorities. There is a much better understanding of LVT in Scotland than elsewhere in the UK, and the Scottish Executive has promised to initiate a thorough study of the economic implications of LVT before the next elections in 2004.

London now has its own devolved regional government, the Greater London Assembly, with an elected mayor, Ken Livingstone, who has become keenly interested in the potential of land values to fund transport infrastructure. The mayor’s transport commissioner, American Bob Kiley, is even more interested and has gone on record saying LVT might have a role, and not just in transport funding. There is currently a lively political battle concerning the London Underground, addressing who pays for investment and who benefits from it, which may provide a context for considering the role of LVT.

In most of the UK, however, local government is still a creature of the central state. Seventy percent of local government revenue comes directly from central grants, and over 90 percent of local expenditure is constrained by directives from the central government.

Advances in Geographic Information Technology

There have been amazing changes in information technology since the last thorough review of local government finance in Britain, in 1975. Then, base map information was held on a quarter of a million glass plates that were only revised on a 10- to 25-year cycle, using manual cartography, steel tapes and parchment paper. Now the entire national mapping system is computerized, using satellites, hand-held field data recorders and Internet map access. The Ordnance Survey MasterMap data structure recognizes land and building parcels and can hold attributes as diverse as height, material of construction, value and ownership. It is updated on a continuous basis and can incorporate pre-build and historic information. In 1975 the map archive occupied a large four-story building; now it fits on just eight CD-ROMs, covering every building and land parcel occupied by 60 million people.

All of these advances could assist the introduction of a tax based on land value, although there are serious institutional problems in getting all agencies that would be involved in LVT to apply the technology fast enough. However, the government has a target of enabling all information-based functions to be delivered electronically by 2005.

Unpopularity of the Uniform Business Rate

The uniformity of taxation in Britain is reflected in the name of the nonresidential property tax: Uniform Business Rate (UBR). At the end of the 1980s, local councils lost the power to fix the rate of the tax, and with it any direct financial connection with their local business communities. The central government at Whitehall decides what each council will collect from its business ratepayers, and how much each council retains, which can be substantially more or less than is collected locally. All that remains is some discretion over businesses exemptions, at the expense of local residents. No wonder that a recent government study showed a deep disdain for local councils among business owners and huge ignorance by both business and councils about their respective roles and problems.

Because this tax is based on occupancy and not on ownership, vacant and underused land largely or wholly escapes taxation. The UBR is regarded as a most regressive tax, accounting for up to one-third of the turnover of the smallest independent traders but only 3 percent of turnover of large multiple stores. My research has found UBR to be extremely unpopular: it penalizes success and fails to compensate for harm done by irresponsible neighbors. So this is another factor in the return of interest in LVT. As others have noted in recent years, the replacement of UBR, in part or totally, with a site-value-based tax would most likely be an extremely effective policy for urban renewal.

Business Improvement Districts

BIDs are coming to Britain after years of use in the U.S. These special districts allow commercial and office sectors to raise funds through property assessments for maintenance and improvement of their neighborhoods. But the only tax currently proposed for BIDs is a supplement to the occupier-based UBR. The business community does not like this idea, and LVT campaigners are now working with others to persuade prospective BID partnerships to consider assessments on owners and also to press for the creation of new tax powers.

LVT supporters propose that if a large majority within the BID support such measures, the BID should be able to compel all owners in the district to pay them; free-riders should not be allowed. The idea, known as “Smart BIDs,” is to support the BIDs with taxes on owners rather than business rates, and perhaps even to reduce the UBR rate within Smart BIDs.

Environmental Concerns

Current interest in LVT in Britain was boosted by an Urban Task Force report and formal support for LVT pilot projects by Friends of the Earth (which has more members in the UK than the Liberal Democrat Party) and the Town & Country Planning Association. These environmental organizations are interested in taxation as a tool for sustainable development, and such concern will only grow in the future. People in Britain will recycle even if it costs them time and money to do so. The same concern for the environment will increase acceptance of LVT when it is understood as a means of keeping towns and cities viable and protecting the countryside.

Practical Administrative Considerations

Two surveys of the town of Whitstable by Hector Wilks in 1963 and 1973 support the view that LVT presents fewer assessment difficulties than do traditional rating systems. Recent advances in computerized assessment systems make LVT more feasible than ever before. My own preliminary studies of other countries that use computerized assessments, especially Denmark and Australia, show that the overall cost of property tax administration is far lower there.

Denmark’s property tax, with annual revaluations, costs 20 percent less per property than Britain’s. When I visited Denmark last year, I found an extremely efficient property tax system tapping into land values in a modest way. Tax administrators told me that, aside from the environmental benefits of the tax, the greatest interest came from Treasury officials concerned about the growth of offshore tax havens. They are attracted to LVT because it costs very little to administer and there is virtually no possibility of avoidance or evasion.

If a British government were inclined to switch to LVT, it would not find any insuperable problems within our highly intelligent and incorruptible valuation profession. We have a professional, politically independent agency for conducting property tax assessments and the best national mapping agency in the world. It is simply a matter of exercising political leadership.

The Way Forward

In addition to supporting Smart BID pilot projects, my personal list for projects to help realize the potential of LVT includes:

• updating basic economics courses and making them available on the Web;
• implementing exchange programs between relevant tax professionals in Britain and countries with LVT;
• developing easy-to-use value mapping tools;
• studying the links between planning and LVT;
• comparing compliance costs of LVT and other taxes;
• developing indicators of the economic impact of LVT;
• monitoring public perceptions of land and tax issues over time and across countries; and
• providing more accessible nontechnical publications about LVT. These are.

The subject of tax reform is one of the most important issues of our age and political environment, and after years of neglect LVT is being considered in Britain again. The Lincoln Institute’s sponsorship of work by many LVT thinkers, writers and researchers in Britain and elsewhere has been instrumental in advancing public awareness of and professional appreciation for the potential benefits of LVT.

Tony Vickers recently completed a David C. Lincoln Fellowship in Land Value Taxation at the Lincoln Institute, and this article summarizes his Founder’s Day lecture on the topic in Cambridge, Massachusetts, in June 2002. Vickers is the former CEO of the Henry George Foundation in London, and he is currently pursuing a Ph.D. at the School of Surveying, Kingston University, London.

El plan de ordenamiento territorial de una ciudad, por lo general, describe las metas y objetivos de desarrollo mediante el uso de diferentes tipos de mapas y documentos escritos. La mayoría de los mapas y otras representaciones de diseño urbano se elaboran con una visión en dos dimensiones (2D), que luego se traducen en instrumentos regulatorios y herramientas de planificación estratégica también bidimensionales. El espacio urbano se representa en mapas que se asemejan a un rompecabezas cuyas piezas planas serían las áreas administrativas (municipales, rurales, urbanas, en crecimiento, en expansión, limítrofes), las áreas según el uso de los inmuebles (residencial, comercial, de negocios, histórico, turístico, informal, recreativo), las áreas de protección medioambiental o de uso restringido (zonas de captación de aguas, áreas inundables, colinas propensas a los deslizamientos), entre otras. Es así como el espacio urbano real 3D se gestiona mediante leyes y otras convenciones basadas en una visión 2D, lo cual evidencia que la ciudad física y la ciudad legal funcionan en dimensiones diferentes y, de cierta forma, incompatibles.

En el pasado, esta discrepancia era aceptada, ya que los mapas 2D constituían el principal recurso disponible para representar la ciudad real; no obstante, en la actualidad los gráficos computarizados pueden gestionar objetos complejos en el espacio.

Resulta necesario, entonces, reformular los aspectos legales y económicos de la sociedad urbana, pasando de la visión tradicional 2D a un enfoque 3D, con el fin de desarrollar, implementar y controlar las políticas de suelo urbano de manera más eficiente.

Cuando el espacio urbano se describe mediante mapas digitales integrados a bases de datos en un Sistema de Información Geográfica (SIG), diferentes capas de información pueden ser adicionadas para dar una visión más próxima de la realidad en 3D. Un catastro 3D es una de las herramientas que puede facilitar este proceso, pues está compuesto de un sistema de bases de datos integradas que contiene información sobre títulos de propiedad inmobiliaria, características físicas de los inmuebles, modelos econométricos que describen los valores inmobiliarios, redes de transporte, infraestructura y servicios, y atributos medioambientales.

Creación de un nuevo marco 3D

Google Earth ha popularizado la información geográfica, ya que permite a los usuarios visualizar un lugar virtual en 3D, al nivel de detalle que desee y en un entorno global. Este y otros programas geográficos pueden utilizarse con bastante facilidad para cambiar el punto de vista de la realidad. Si el usuario pasa de una vista desde arriba (que muestra la ciudad como una superficie plana) a una perspectiva oblicua, podrá observar el relieve y la altura de los edificios, árboles, redes aéreas de servicios públicos y otros objetos en el espacio.

Mediante este tipo de visualización en 3D se pueden identificar espacios sin desarrollar, edificios de diferentes alturas, viviendas suburbanas diseminadas, estructuras en áreas rurales aisladas y construcciones precarias en asentamientos informales, todo lo cual permite inferir cambios necesarios en el uso del suelo. Cuando el espacio 3D se representa en una pantalla plana o en impresiones en papel, se muestran detalles que resultan difíciles de identificar en un mapa 2D, tales como el movimiento de la sombra durante el día, diferentes vistas desde la ventana de un apartamento y las relaciones espaciales entre edificios y elementos naturales.

La tecnología 3D en constante evolución está cambiando los paradigmas de la planificación urbana y la política de suelo, ya que afecta no sólo la forma en que se ve una ciudad sino la manera en que se describen los derechos de propiedad y sus restricciones en el espacio. Como resultado, es necesario contar con un nuevo marco legal urbano basado en leyes 3D y catastros 3D que puedan describir objetos en el espacio en lugar de presentar solamente sus contornos planos. Las leyes 3D afectan a los derechos en el espacio, y no más en un plano de proyección, y sólo a través de un marco normativo con esas características resultará posible definir políticas de suelo en 3D.

Por ejemplo, una representación 3D del alcance de la edificabilidad máxima para un conjunto de lotes facilitaría el uso de los instrumentos de gestión de suelo, tales como las tasas para la adquisición de derechos de edificación para nuevos desarrollos. Para poder utilizar un marco legal en 3D es necesario que los datos espaciales se encuentren sistemizados en catastros 3D, mediante los cuales se crean y mantienen en forma actualizada bases de datos espaciales y representaciones volumétricas de ciudades, así como también un registro de la propiedad 3D donde se identifique y documente cada una de las propiedades y sus correspondientes restricciones en el espacio.

Los agrimensores, geólogos, biólogos e ingenieros tienen cierta facilidad para determinar, mediante mallas de puntos con coordenadas espaciales, la ubicación de objetos físicos en el espacio tales como depósitos minerales, masas de agua, plumas de contaminación, emisiones en el aire o en capas subterráneas, espacios de acceso restringido alrededor de cables de alta tensión, etc. Sin embargo, los legisladores y planificadores urbanos no están familiarizados con el hecho de describir e interpretar las intersecciones de esos objetos en el espacio. La complejidad creciente de la infraestructura urbana y de las áreas con un gran nivel de densidad de edificación requiere el registro adecuado de su condición legal (privada o pública), la cual puede ser realizada con los registros catastrales 2D que existen en la actualidad, aunque sólo hasta cierto punto.

A pesar de su potencial como herramienta de planificación urbana y del gran nivel de investigación y progresos logrados hasta la fecha, no existen jurisdicciones que posean un verdadero catastro 3D con una funcionalidad completa. Los conceptos en constante evolución involucrados en este nuevo proceso deberán estar basados en la norma ISO 19152 Modelo de Dominio de Administración de Suelos (LADM, por sus siglas en inglés), que brinda un soporte para representaciones 3D (van Oosterom 2011).

La ciudad virtual 3D

La primera idea que, por lo general, viene a la mente al considerar una ciudad 3D es su representación de las construcciones en formas regulares, a través de cubos, prismas y cilindros. No obstante, estas formas simples han demostrado ser insuficientes a la hora de analizar el espacio urbano. Buscando contar con un método que se corresponda más adecuadamente a la realidad, los investigadores y diseñadores han desarrollado técnicas para superponer fotografías de fachadas de edificios sobre las caras de los cuerpos geométricos. Con la popularización de los programas de diseño asistido por computadora (CAD, por sus siglas en inglés), la representación de las características arquitectónicas de los edificios en 3D se tornó más fácil.

Estos tres tipos de edificios virtuales 3D generalmente se colocaban en una superficie de referencia plana, lo cual creaba una falsa imagen de la ciudad puesto que mostraba a todos en un mismo nivel. Al agregar el relieve mediante perspectivas digitales basadas en modelos digitales de terreno, los edificios virtuales en 3D pasaron a colocarse en el nivel de altitud correcto en relación con el nivel del mar, obteniendo un posicionamiento espacial más preciso. El próximo paso consistió en superponer ortofotos aéreas sobre el relieve digital, lo cual dio como resultado imágenes 3D de las ciudades (físicas) que resultan mucho más reales aún (ver figura 1).

En la actualidad, los modelos urbanos 2D y 3D continúan elaborándose con puntos, líneas, polígonos e imágenes. Todos estos modelos son útiles, pero todavía insuficientes a la hora de llevar a cabo un análisis urbano detallado, ya que, como lo señala el geógrafo brasileño Milton Santos, “geometrías no son geografías” (Câmara 2000). De hecho, para desarrollar políticas de suelo se utilizan diferentes tipos de datos geográficos: sociales, físicos, económicos y medioambientales, todos los cuales tienen lugar en el espacio y, por lo tanto, deben ser relacionados con los elementos de la ciudad virtual.

El SIG contribuye al proceso de construir una ciudad virtual 3D, ya que permite el enlace entre los datos estadísticos y las formas geométricas para generar imágenes de información temática que pueden aplicarse a diferentes cuestiones relacionadas con las políticas de suelo. Para los fines de la planificación urbana, una imagen 3D creada en una plataforma de SIG es, por lo general, más útil que la propia fotografía del mismo sector, puesto que a través del sistema se puede resaltar datos de interés, crear posibles escenarios que anticipen los efectos económicos de ciertas decisiones en cuanto a políticas de suelo e inclusive evaluar el impacto al medioambiente de algún nuevo desarrollo.

Ciudades virtuales 3D formales e informales

La ciudad virtual 3D representada en forma geométrica resulta útil en distintos tipos de análisis, tales como los estudios sobre tránsito vehicular, la propagación de las ondas emitidas por estaciones de radio o cualquier tipo de análisis sobre redes de infraestructura. No obstante, para otros tipos de análisis, la ciudad virtual 3D no llega a ser suficiente. Por ejemplo, un abogado o un economista necesita visualizar la ciudad formal 3D – es decir, la ciudad definida en las normas urbanas y medioambientales. La figura 2 muestra dos imágenes en las que se ven manzanas de una ciudad virtual 3D: una representa los edificios existentes y la otra indica el potencial de desarrollo según las normas urbanas aplicables. Las diferentes densidades de construcción implican valores distintos de los inmuebles y, consecuentemente, diferentes bases económicas para la definición de la política tributaria y de recuperación de plusvalías. Estas dos ciudades conforman la ciudad virtual 3D formal.

En América Latina, donde la incidencia de la informalidad es emblemática en el paisaje urbano, resulta importante visualizar y definir tanto la dimensión informal como las dimensiones legales de la ciudad. Los asentamientos informales se desarrollan cuando las familias no logran acceder a las viviendas ofrecidas por el mercado o por los programas sociales. La gente necesita encontrar algún lugar donde asentarse, lo que con frecuencia ocurre en terrenos peligrosos o protegidos que resultan inadecuados para vivienda, o en terrenos vacantes, ya sean estos públicos o privados. La magnitud de la necesidad de una vivienda por lo general supera la cantidad de terrenos disponibles, lo que obliga a las residentes a verticalizar los asentamientos informales, construyendo estructuras más altas y con mayores niveles de densidad. Es así que se desarrolla la ciudad virtual 3D informal (ver figura 3).

Cada espacio ocupado es una componente de la ciudad, por lo tanto, la formalidad cuanto la informalidad deben tenerse en cuenta en las bases de datos de los catastros urbanos. La tarea de conectar la ciudad virtual informal con la ciudad virtual formal es un desafío mucho mayor en 3D que en 2D, puesto que, entre otras razones, los propietarios y los ocupantes de un mismo espacio compartido pueden ser diferentes. En estas áreas, la infraestructura también está organizada en forma diferente, mientras en la ciudad formal, las redes de infraestructura pública consisten en cañerías fijas, cables, caminos y vías de ferrocarril regulares y estables, en la ciudad informal las redes de infraestructura frecuentemente son construidas por los mismos habitantes mediantes mangueras y cables suspendidos que cambian constantemente de posición a medida que el asentamiento se va extendiendo. Un catastro 3D que integre todos los datos puede informar a los planificadores urbanos cuáles son las brechas existentes entre la oferta y la demanda de terrenos para construcción por parte de la población, lo que contribuye a definir políticas que aborden la cuestión de los asentamientos informales no planificados.

Ciudades dinámicas 3D

Los cambios que van ocurriendo en las ciudades pueden visualizarse y medirse de diferentes maneras, como por ejemplo, mediante estudios sobre la densificación, migración y expansión de las redes de infraestructura. Estos estudios se basan en la suposición de que las variables sociales, económicas y medioambientales se encuentran en constante movimiento, mientras que el terreno es estático. No obstante, otras fuerzas capaces de producir cambios en la ciudad pueden causar desplazamientos de diferentes intensidades que pueden medirse en el espacio (3D) y el tiempo (4D). Por ejemplo, las placas continentales están provocando que América del Sur, sus ciudades, sus propiedades públicas y privadas y sus redes de infraestructura se muevan lentamente hacia el oeste a razón de 2 cm por año. Estos movimientos, que parecen insignificantes, tienen consecuencias sobre las políticas urbanas puesto que, dentro de 50 años, una propiedad podrá moverse hasta 1 metro de su ubicación actual.

Por otro lado, la naturaleza dinámica de la tierra genera movimientos mucho más extremos. El terremoto que afectó la región chilena del Bio-Bio en febrero de 2010 provocó impactos a diferentes escalas. Según las mediciones llevadas a cabo por el Observatorio Geodésico Integral Transportable (TIGO, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Concepción, la totalidad del territorio se movió durante 30 segundos inicialmente hacia el noroeste y luego terminó con un desplazamiento de 3 metros hacia el suroeste. Durante este episodio, la altura del suelo se modificó en 50 cm. El movimiento telúrico corrió propiedades y destruyó infraestructura y edificios urbanos, siendo que el daño se agravó con el tsunami posterior. Un patrón similar se observó durante el terremoto que azotó al país en 1960, el más grave registrado en el mundo, cuando el suelo se movió con tal intensidad que algunas propiedades (o parte de ellas) desaparecieron en el mar y otras emergieron.

El terremoto ocurrido en enero de 2010 en Haití produjo, en 35 segundos, una cantidad de escombros estimada en 20 millones de m3, pero no se registraron desplazamientos del suelo significativos del territorio.

Desde el punto de vista del catastro, estas dos catástrofes tuvieron impactos muy diferentes. Si la información urbana hubiera estado estructurada en capas temáticas e integrada en una plataforma SIG, el terremoto de Haití habría afectado a la capa correspondiente a las construcciones y habrían desaparecido varios edificios representativos. En Chile, la capa correspondiente a las construcciones se vio modificada principalmente por el tsunami, mientras que la capa de terrenos sufrió desplazamientos y cambios espaciales derivados del movimiento telúrico. Las catástrofes naturales de estas características que ocurren con tanta rapidez modifican el entorno y la vida de las personas en forma radical y tienen importantes implicaciones en cuanto a las prioridades de los gobiernos, tales como la definición e implementación de políticas de suelo, tanto antes como después de ocurridos dichos eventos.

Los impactos del cambio climático, la contaminación subterránea y la contaminación del aire, por ejemplo, pueden preverse mediante modelos matemáticos con buena precisión, aún antes de que ocurran. Al conectar estos modelos con las bases de datos espaciales de un catastro 3D es posible crear escenarios derivados de los impactos potenciales en el espacio 3D e identificar los barrios y propiedades que podrían verse afectados. Los fenómenos como los terremotos y las inundaciones súbitas, aún cuando sean impredecibles, pueden representarse mucho más rápidamente si los instrumentos de medición utilizados por las agencias medioambientales o los organismos gubernamentales se conectan con las bases de datos espaciales de los catastros 3D. La representación espacial del impacto puede estar disponible para los tomadores de decisión apenas ocurrida la catástrofe.

En resumen, la representación 3D puede contribuir a definir políticas de suelo preventivas para abordar los cambios predecibles, así como también permitir el reajuste de las políticas de suelo actuales con posterioridad a una catástrofe natural.

Redes e infraestructura 3D

Las redes de infraestructura y transporte se mueven a lo largo del territorio de diferentes maneras, lo que permite a la ciudad permanecer activa y fluida. Algunas de estas redes son invisibles por naturaleza, tales como las microondas emitidas por los teléfonos celulares, mientras que otras son invisibles porque son subterráneas, tales como los túneles y cañerías de infraestructura. Otras redes son fácilmente visibles puesto que están construidas sobre la superficie, tales como los caminos y los cables de servicios públicos. La figura 4 ilustra algunas de las complejas intersecciones espaciales de redes de infraestructura y transporte a lo largo de la ciudad 3D.

Las relaciones espaciales entre redes y propiedades públicas y privadas, reservas ambientales, depósitos minerales, masas de agua y otras características no se han tratado eficientemente en las normas cartográficas en 2D, por lo que requieren el desarrollo de nuevas normas específicas en 3D con el fin de hacer cumplir la función social de la propiedad con equidad y justicia. Por ejemplo, el artículo 1.286 del Código Civil Brasileño estipula que un propietario estará obligado a ceder el derecho de paso a través de su propiedad para la colocación de cables, cañerías y otros conductos subterráneos con fines públicos cuando no puedan construirse en ningún otro lugar. La ley también establece la necesidad de determinar cuál será la superficie afectada por los proyectos de obras públicas en cada lote y su correspondiente valor, a fin de calcular la compensación que recibirá el propietario. Los registros catastrales 3D pueden convertirse en un importante aporte que facilite dichas operaciones puesto que los catastros 2D actuales no están siendo eficientes.

Valor del mercado inmobiliario 3D

Una de las funciones de un catastro territorial es la de proporcionar información con el fin de determinar el valor de los terrenos útil para definir las políticas tributaria y de planificación urbana. En América Latina, los valores de los terrenos por lo general se calculan según métodos de valuación ad hoc (tales como el costo de reposición), en los que se utilizan datos de construcción y valores de terrenos para cada sector catastral (Erba 2008). Esta práctica no siempre genera valuaciones confiables, ya que resulta difícil mantener actualizadas las bases de datos catastrales y su implementación puede resultar arbitraria según el lugar donde se aplique.

Un método alternativo de valuación que actualmente se está implementando en la región consiste en el uso de modelos econométricos espaciales para determinar los valores de las propiedades con el nivel de precisión estadística deseable. Esto resulta importante debido a que los valores de los terrenos cambian según el espacio urbano y dependen de variables tales como normas urbanas, restricciones medioambientales, vistas panorámicas, infraestructura y otras características asociadas a la propiedad como, por ejemplo, elementos subterráneos o aéreos relacionados a ella.

Las plataformas de SIG más modernas desarrolladas para catastros 3D permiten al valuador “pararse” dentro de un edificio en cualquier altitud incluso antes de que éste se construya. El sistema le permite conocer la vista que se tendrá desde la ventana de la vivienda, identificar las relaciones existentes con otros edificios, percibir el paisaje natural y observar otras características relevantes de la propiedad. Dichos datos permiten determinar la importancia de factores externos al valor de la propiedad, un aspecto que con frecuencia no se tiene en cuenta en las valuaciones realizadas según los métodos tradicionales como el costo de reposición.

La figura 5 muestra una perspectiva del gradiente de la superficie de valores de terrenos por m2, obtenidos a partir de puntos de referencia correspondientes a propiedades en venta. La superficie posee el mismo sistema de coordenadas de referencia (x, y) que la ciudad y si bien la tercera dimensión espacial (z) no se encuentra relacionada con el espacio geográfico (altitud), es posible colocar la superficie debajo de la ciudad virtual legal y analizar la correlación espacial existente entre el valor del m2 de terreno y las normas urbanas respectivas. Este tipo de aplicación es otro posible aporte al desarrollo de políticas de suelo basadas en técnicas catastrales 3D.

Conclusiones

Aunque las tecnologías utilizadas para medir, representar y almacenar información actualmente están evolucionando hacia las plataformas 3D, la legislación urbana y las políticas de suelo continúan viendo a las ciudades como superficies planas. La posibilidad de visualizar en 3D los edificios y las restricciones que rigen sobre las propiedades representa un avance considerable para aquellos responsables de tomar decisiones referentes a las cuestiones urbanas. No obstante, queda un largo camino por recorrer antes de que la información 3D se integre como parte de la legislación urbana y los títulos de propiedad.

La consolidación de un catastro 3D, que registre de qué manera la propiedad 3D se cruza con las normas y regulaciones legales correspondientes, contribuiría a una mayor efectividad de la planificación urbana y medioambiental, el diseño de redes de infraestructura mejor posicionadas y la prevención de la informalidad, ya que posibilita la construcción de posibles escenarios futuros que muestren el impacto de las políticas de suelo en el espacio. El primer paso para darle a la legislación urbana y medioambiental una connotación 3D sería cambiar el término “área” por “espacio”, lo que implicaría una manera simple y relevante de iniciar el proceso de introducción de este nuevo paradigma. La estructuración de un registro de la propiedad 3D se encuentra aún en vías de desarrollo pero, una vez establecido, los propietarios finalmente comprenderán que son dueños de metros cúbicos en lugar de metros cuadrados.

Sobre el autor

Diego Alfonso Erba es fellow del Lincoln Institute of Land Policy, donde coordina los programas de educación a distancia del Programa para América Latina y el Caribe. Además, investiga, publica y dirige estudios relacionados con el catastro territorial y las aplicaciones SIG.

Referencias

Câmara, Gilberto. 2000. http://mundogeo.com/blog/2000/01/01/geometrias-nao-sao-geografias-o-legado-de-milton-santos/

Erba, Diego A. 2008. Catastro e información territorial en América Latina (CD-Rom). Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy. http://www.lincolninst.edu/pubs/1542_Catastro-e-Informaci%C3%B3n-Territorial-en-Am%C3%A9rica-Latina

van Oosterom, Peter. 2011. Preface of the Proceedings 2nd International Workshop on 3D Cadastre. Delft, The Netherlands. http://3dcadastres2011.nl/

Reconocimientos

El autor agradece a los siguientes colegas y amigos su aporte al desarrollo de investigaciones en este campo de conocimientos: Anamaria Gliesch-Leebmann, I Design Concepts 4 You, Seeheim-Jugenheim, Alemania; Everton da Silva, Universidad Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil; João Norberto Destro, Aeroimagem S/A; Igor Bacigaluppi, Gobierno Regional de Bio-Bio, Chile; Sergio Baeriswyl Rada, Municipio de Concepción, Chile; Andrea F. T. Carneiro, Universidad Federal de Pernambuco, Recife, Brasil; Eduardo A. A. Augusto, Instituto Catastral Brasileño (IRIB), São Paulo, Brasil; y Martim Smolka y Anna Sant’Anna, Programa para América Latina y el Caribe en el Lincoln Institute of Land Policy.

Una ciudadanía informada es una ciudadanía con poder, pero educar a los contribuyentes y al electorado puede ser una tarea difícil. Aunque a la mayoría de las personas les importan mucho los diferentes problemas de la comunidad, como construir o no una nueva sucursal de la biblioteca o implementar de retiro domiciliario de residuos reciclables, muy pocos de nosotros pasamos nuestro limitado tiempo libre mirando hojas de cálculo para comprender los detalles del presupuesto municipal y las probables implicaciones que puede tener una decisión sobre la obtención de fondos. Esta desconexión es desafortunada, ya que, sepultada bajo esas toneladas de datos, yace la historia de cada una de nuestras comunidades, un mapa que muestra las formas en que una decisión en particular puede tener un impacto sobre la calidad y la disponibilidad de los servicios públicos de los que dependemos en nuestra vida diaria, como el mantenimiento de las calles, la educación pública y los servicios de emergencia.

“Para lograr una posición fiscal sólida, los gobiernos municipales deben dialogar con los residentes”, expresa Lourdes Germán, experta en salud fiscal municipal y miembro del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. “Los residentes deben saber cuáles son las decisiones clave que los funcionarios municipales están tomando, qué significan dichas decisiones desde el punto de vista económico, y de qué manera se están utilizando los impuestos que pagan. Los residentes votan muchas cuestiones diferentes en las asambleas municipales y, con frecuencia, dichas asambleas son la primera oportunidad que tiene la gente de escuchar sobre estas cuestiones, lo cual, a esa altura, resulta demasiado tarde”.

Annie LaCourt, exconcejal del municipio de Arlington, Massachusetts, coincide. LaCourt tuvo la idea de convertir las pilas de hojas de cálculo del presupuesto municipal de Arlington en un sencillo gráfico visual que cualquier miembro de la comunidad pudiera entender, incluso aquellos que carecieran de todo conocimiento previo sobre el proceso presupuestario.

“En el caso de Arlington, realizamos una proyección de cinco años para nuestro presupuesto y debatimos muchísimo con el público acerca de lo que significan dichas proyecciones y de qué manera se relacionan con nuestros impuestos”, explica LaCourt. “Yo quería que ese diálogo fuera más público, más abierto y más transparente para la gente que quiere saber lo que está pasando”.

En particular, LaCourt concibió un sitio web interactivo en el cual los residentes podían introducir su factura de impuestos y recibir un desglose claro y gráfico de la forma en que el municipio gastó los fondos. LaCourt esperaba que, al proporcionarles información más accesible y resumida, los contribuyentes se animarían a participar más activamente en las decisiones importantes (aunque parecieran esotéricas) que forman parte de un presupuesto municipal. LaCourt reclutó a Alan Jones, vicepresidente del comité financiero del municipio de Arlington, y a Involution Studios, un estudio de diseño que donó sus servicios a este proyecto. Y en septiembre de 2013, el Presupuesto Visual de Arlington (arlingtonvisualbudget.org) vio la luz.

“El Presupuesto Visual de Arlington permite a los contribuyentes reflexionar sobre el presupuesto a una escala que les resulta más útil”, señala LaCourt. “En lugar de tratar de entender sumas de millones de dólares gastados en diferentes conceptos del presupuesto, el contribuyente puede ver cuánto le costaron personalmente ciertos servicios públicos en particular. Por ejemplo, en Arlington, gastamos 2 millones de dólares para retirar la nieve el año pasado, lo cual representa el mayor monto que hemos pagado por este concepto. Mediante el uso del sitio web, un residente que tenga una factura de cobro por US$6.000 podrá ver que, personalmente, pagó US$90 por estos servicios, lo cual es una ganga. Cuando uno ve su factura de cobro desglosada en los diferentes servicios, y ve que su participación en el costo total de todos los servicios es relativamente baja, comienza a parecerle bastante razonable”.

Y Jones agrega: “Esto también muestra a la gente que sus impuestos se utilizan para cosas en las cuales no necesariamente piensan, cosas que no ven cuando van en automóvil todos los días por la ciudad, pero que forman una parte importante del presupuesto, tales como el servicio de deuda de los edificios escolares construidos hace 10 años, los pagos de pensión y seguro de jubilados o el seguro de salud de los empleados en activo”.

Otro beneficio del sitio web es que se puede observar fácilmente cómo ha ido evolucionando la política pública con el tiempo. “El Presupuesto Visual de Arlington contiene datos desde el año 2008 y proyecciones hasta el año 2021, por lo que los ciudadanos realmente pueden entender cómo ha cambiado el presupuesto y el impacto que este tiene sobre la comunidad”, señala Adam Langley, analista de investigación senior del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. “Los contribuyentes pueden observar que la ayuda del estado para los gobiernos generales se redujo a la mitad entre 2009 y 2010, y que, desde entonces, nunca se recuperó totalmente. Debido a dicho recorte, la parte del presupuesto de Arlington que se cubría con fondos del estado se redujo, mientras que la parte que se cubre con los impuestos a la propiedad creció del 70 por ciento al 76 por ciento. El impacto de las decisiones gubernamentales sobre los presupuestos de las familias se torna más evidente”.

Brendhan Zubricki, administrador municipal de Essex (una comunidad de aproximadamente 3.500 habitantes que se encuentra a unos 40 km al norte de Boston), comprendió rápidamente de qué manera la herramienta presupuestaria interactiva podía ayudar a los residentes de su comunidad a tomar decisiones financieras importantes en tiempo real. Durante los últimos cien años, el municipio ha estado alquilando a arrendatarios del sector privado una parcela de una propiedad pública costera conocida como Conomo Point. Essex depende de una suma aproximada de US$500.000 todos los años en impuestos a la propiedad sobre el terreno para cubrir el presupuesto de US$6,4 millones financiado por impuestos, sin incluir los US$7,4 millones que paga para participar en dos distritos escolares regionales. En mayo de 2015, los contribuyentes de Essex solicitaron votar para decidir si continuaban o no dando en alquiler esa parcela con un acceso público mejorado a la franja costera principal o convertir la totalidad de la parcela en una propiedad de uso público. Si los residentes votaran a favor de un parque público, el terreno ya no estaría sujeto a impuestos, con lo cual los residentes experimentarían un aumento en sus impuestos para cubrir la suma de US$500.000 que se perdería en concepto de recaudación.

Zubricki recurrió a la herramienta del presupuesto visual con el fin de generar varios modelos impositivos para presentar en una asamblea municipal que se convocó antes de la votación. “El modelo básico era una herramienta de visualización que ayudaba a las personas promedio a comprender el presupuesto. Pero fuimos más allá y lo utilizamos para explicar el futuro financiero de Essex en relación con este concepto principal. Y funcionó. Obtuvimos muchísimas opiniones positivas de los asistentes a la asamblea”, comenta Zubricki. Meses más tarde, en una votación no vinculante, los residentes votaron, con una mayoría abrumadora, por continuar dando en alquiler el terreno de Conomo Point y analizar diferentes formas de mejorar el acceso a los parques costeros existentes y otros espacios públicos (la votación vinculante se realizará en mayo de 2016).

De conformidad con los principios del movimiento de tecnología cívica (es decir, “datos abiertos y código abierto”), LaCourt, Jones y el equipo de Involution Studios puso la herramienta del presupuesto visual a disposición del público de manera gratuita. Esto permitió que diferentes funcionarios municipales pudieran adaptar la herramienta, sin costo alguno, a sus respectivos municipios, simplemente mediante la incorporación de los datos presupuestarios de sus comunidades, todos los cuales se encuentran disponibles al público.

“Gracias a la característica de código abierto del software, Annie y Alan realmente están ayudando a los municipios más pequeños que no pueden permitirse los servicios de un funcionario especializado en tecnología o un desarrollador o un estudio de diseño, y que deben encontrar un equilibrio entre cuestiones que compiten entre sí, tales como financiar un programa escolar o crear un sitio web”, señala Germán. “Estas comunidades pueden utilizar la herramienta simplemente introduciendo sus propios datos”.

Germán añade que este software también ayuda a los funcionarios municipales a planificar mejor el futuro. “El Presupuesto Visual permite a los funcionarios públicos generar modelos para diferentes escenarios durante varios años. El pronóstico y la planificación para varios años es fundamental para la salud y estabilidad fiscal, pero no necesariamente está disponible en las ciudades pequeñas”. El sitio ha recibido muchos galardones, como el Premio a la Innovación 2014 de la Asociación Municipal de Massachusetts.

A principios de este año, LaCourt, Jones y el equipo de Involution Studios creó Visual Government (visgov.com) en respuesta al creciente interés en el software. Visual Government “continúa con el compromiso de poner a disposición de municipios y grupos civiles de todo tipo presentaciones presupuestarias significativas”. Aunque el software sigue estando disponible sin costo alguno, Visual Government también ofrece un paquete de asesoramiento que incluye construir y alojar un sitio web y prestar asistencia a los municipios compilar datos presupuestarios pasados, presentes y futuros. Con la determinación de continuar siendo asequibles, este paquete cuesta US$3.000 y ha sido diseñado principalmente para las comunidades que carecen del personal necesario para desarrollar sus propios sitios web.

“Los sitios web de presupuesto visual no son sitios de gran volumen”, indica Jones, “pero tienen un alto valor. Muestran las consecuencias de las decisiones financieras de tal manera que parecen estar más fundamentadas y ser menos anecdóticas. Las denominamos ‘zonas sin curvas’.”

Loren Berlin es escritora y consultora en comunicaciones en el área del Gran Chicago.

As part of its ongoing education program in Latin America, the Lincoln Institute, with the Porto Alegre (Brazil) City Council, organized the “International Seminar on Property Taxation” in April 2001, to discuss equity and efficiency in property tax administration. More than 200 delegates came from 12 countries, 14 Brazilian states and 45 local authorities. Internationally recognized experts and public officials in government, academia, public finance and taxation represented such institutions as the Inter-American Development Bank (IDB), the International Property Tax Institute (IPTI), the International Association of Assessing Officers (IAAO), the Brazilian Association of Secretariats of Finance of Capitals (ABRASF) and the Brazilian School of Fiscal Administration (ESAF). This article draws on the issues and experiences discussed at that seminar.

As in the United States, there is an ongoing debate in Latin America over the replacement of the property tax with alternative revenue sources, such as fees and charges, that might be easier to administer, less influenced by political factors and more efficient. Nevertheless, the property tax remains the predominant option for raising revenue to finance public services at the local government level in Latin America.

An important characteristic of the property tax is the great diversity found in its administration. For example, the property tax is a purely local tax in Brazil, Colombia and Ecuador, but it is administered at the province level of government in Argentina. In Mexico, the role of the local authorities has been reduced to primarily tax collection. In Chile, the property tax is an important revenue source for local governments, although the central government is responsible for administering the cadastral, assessment and collection systems. El Salvador is the only country in Central America that has never introduced the property tax, although currently there is strong pressure for establishing new taxes, since tax revenue represents only about 11 percent of GDP.

Insights on Property Tax Administration

In general the property tax is recognized as a ‘good tax’; its role is essential in the process of recovering revenue, funding public services and promoting social development. The unique nature of the property tax provides important links among wealth and income, social development, and land use and occupation. However, the property tax must be administered fairly to avoid inefficiency and inequity in the distribution of the tax burden. Concerns mentioned in several seminar sessions included the need for an adequate cadastre, as complete as possible in terms of coverage and containing basic attributes needed for assessing different types of properties. One discussion group recommended integrating the community in the continual process of updating cadastral data. Others emphasized the need for performing a careful cost and benefit analysis before implementing geographic information systems.

In countries where the cadastre is not administered by the central government, there is no standard model or system. Depending on the development level of the municipality and/or financial resources available, the cadastre technology can vary enormously from a simple list of properties to a cadastre based on a geographic information system with multiple purposes. Diverse valuation approaches are also observed: self-assessment is used in Colombia and Bolivia, whereas the cost approach is commonly used in Brazil, Chile, Ecuador and Mexico. Some local authorities in Brazil are engaged in a movement to use the sales comparison approach for residential property. In applying the cost approach, the land value is determined using the sales comparison approach. Although based on market information, the land value is also estimated in different ways, causing concerns over how to reduce assessment inequities.

Valuation is primarily a technical task that requires assessment uniformity and short valuation cycles, and should not be used for political purposes. Capping systems, which limit tax increases between consecutive periods for each individual property up to an overall adjustment based on annual inflation rates, are seen as a major source of assessment inequity. Transparency in the valuation results is considered fundamental for guaranteeing the taxpayers’ confidence in and acceptability of the tax system. Other basic premises include fiscal accountability, fairness, democratization of information, and translation of technical language into a form that is understandable to community members and leaders. Furthermore, community members should take part in making decisions on public revenue collection and expenditures.

A recent development of interest in this regard is the increasing use of Internet facilities by taxpayers to receive and pay tax bills, review statistical data on their property and update cadastral information. Chile is considered the benchmark in Latin America in the use of these technologies.

Experiences with Fiscal Reform

Several seminar presenters shared their experiences with property tax reform and revisions, which often include investments in cadastral systems. For instance, the improvement in the collection performance of the property tax in Colombia increased as a percentage of GDP from 0.22 percent in 1970 to 0.91 percent in 1994. This improvement was attributed in part to legislation that demanded the implementation and updating of the cadastre throughout the country. The strong pressure against updating assessed values, as well as administrative difficulties in undertaking valuations, resulted in the establishment of a self-assessment procedure. Taxpayers are now responsible for declaring the assessed value of their properties, but the value cannot be less than the recorded cadastral value. To reduce underassessment, the assessed value is also used as the basis for expropriation.

Fiscal reform initiatives in Argentina during the 1990s were strongly motivated by financial crises in the public sector. The reform project relating to the property tax was divided into two main areas, cadastres and fiscal administration. The equivalent of over US$ 120 million has been invested in these reforms, yet the project has been completed in only about 50 percent of the jurisdictions. In another example, Mexicali, the capital city of Baja California, pioneered the adoption of land value as the property tax base in the 1990s. Although this was a successful experience with property tax reform, current challenges in Mexico include achieving fiscal balance between public expenditure and revenue raised and recovering the importance of the property tax as a revenue source.

Property Taxation in Brazil

Political, legal and practical obstacles have contributed to the continuation of inequities and inefficiencies in the property tax in Brazil. Frequently there is no common interpretation of tax regulations among major branches of government (the judiciary, legislature and executive), creating a pervasive lack of confidence in the tax system. Primary concerns in property tax administration include incomplete and out-of-date cadastres, resulting in irreplaceable losses in revenue; poor assessment practices that generate a low degree of uniformity; the strong influence of historical assessed values, because valuation is infrequent and approval of a new valuation list in the Chamber of Councilors is often difficult; and low performance in tax collection.

The validity and feasibility of adopting progressive (sliding) rates for the property tax, was largely used adopted in Brazil during the 1990s, was reexamined. The basic idea had been to establish progressive rates according to classes of assessed value and to insert an element of ability-to-pay into the system, simultaneously making high-value properties pay more proportionally and alleviating the tax burden on low-value properties. In 1996, the Supreme Court declared the use of progressive rates for the property tax unconstitutional. However, a recent constitutional amendment authorized progressivity in the property tax rates based on the value of properties, as well as different rates based on property location.

Arguments expressed in the seminar against the application of progressive rates for the property tax were based on the principle of keeping the tax simple, and concerns about the measure’s effectiveness. Arguments in favor of progressivity included the concentration of income disparities in Brazil and the fact that the poor are likely to spend more proportionally in housing expenditures than are the wealthy. The majority of seminar participants believed that the progressive rates might promote a fairer distribution of the tax burden. However, progressivity should be gradual; that is, a higher rate should be applied only over the part of property value that exceeds the limit established in each class of assessed value, to avoid a large difference in tax burden for properties with values slightly above and below the boundaries of each class.

At the national level in Brazil, inefficient use of the property tax as a revenue source is widely recognized. Revenue from property taxes represents less than 0.4 percent of GDP. Indeed, the tax actually collected is only symbolic in many parts of the country. A recent survey of municipalities investigated several aspects of local government performance, including tax evasion. In only 13 percent of the municipalities was the tax evasion rate less than 20 percent. In one out of five municipalities, the revenue collected represented less than 20 percent of the properties included in the cadastre.

Table 1 demonstrates the relative importance of property tax revenue in Brazil, according to the size of the municipality. Small municipalities are financed largely by transfers from other government levels and larger municipalities are more dependent on the property tax as a revenue source. However, the performance of property tax administration depends directly on political will, which varies enormously among cities. For instance, due to an extensive updating of its cadastre, the city of Santana de Parnaíba, with 60,000 inhabitants in the State of São Paulo, collects approximately R$ 212.00 per inhabitant, while the average revenue collected from property tax for cities of its size (10,000 to 100,000 population) is R$ 10.04 per inhabitant. That performance is even better than in São Paulo, the capital of the state, which collects less than R$ 80.00 per inhabitant. Similarly, a participatory approach involving local community and nongovernmental organizations (NGOs) allows critical issues of property tax assessment and administration to be discussed, resulting in actions to improve the system. In the city of Ribeirão Pires, for example, measures that increased revenue by 40 percent included an ample review of the property tax legislation that allowed the adoption of better assessment practices, new property tax rates and more efficient procedures for tax collection. Furthermore, the tax reform has contributed to increasing the local government’s popularity.

Case Study of Porto Alegre

Inspired by the April seminar and previous research and analysis, the local government of Porto Alegre has prepared a proposal for a property tax reform aimed at increasing fiscal equity, enhancing the importance of the property tax as a revenue source, and creating more efficient administration of the tax. The project was presented on September 28 to the City Council, the entity in charge of either approving or rejecting the measures, which must be decided before the end of 2001.

A multidisciplinary team worked actively on the project, composed of local authority members, such as valuers, property tax experts, and urban and environmental planners, as well as a group of statisticians and information technology experts from the Federal University of Rio Grande do Sul. The measures being proposed have been discussed thoroughly with representatives of public associations, community leaders, the media and, of course, city councilors (See Table 2).

Conclusion

The participation of several hundred delegates at the seminar is evidence of the importance of property taxes in their countries. Although there is still an ample need for improving the overall performance of property tax systems, the debate demonstrated progress in the way the tax is administered and perceived in many parts of the region. Several independent experiences made it clear that political will is the principal element for explaining differences in the performance of property taxes in Latin America. Recent technological advances, now accessible to any country, have been able to provide better solutions in data management, valuation and assessment. Challenges are gradually moving from the technical to the political sphere. More than ever learning how to implement tax reforms and revisions is essential for pursuing more effective property tax systems. A trend toward using a participatory approach when undertaking such revisions is also evident, since public acceptance is likely to facilitate the reform process.

Claudia M. De Cesare is a property tax advisor to the Secretariat of Finance for the municipality of Porto Alegre, Brazil. She also conducts research and teaches courses on valuation and property taxation at the Federal University of Rio Grande do Sul and the Lincoln Institute. She is a member of the advisory board of the International Property Tax Institute (IPTI) and is active in other professional organizations.

Sidebar: Latin America Network On Property Taxation

The Lincoln Institute has recently formed informational networks of scholars and policy makers focused on several key issues in land and tax policy in Latin America. Led by Martim Smolka, senior fellow and director of the Lincoln Institute’s Program on Latin America and the Caribbean, the first meeting of the property taxation network took place in conjunction with the seminar in Porto Alegre in April 2001. Network rpresentatives came from Argentine (Hector Serravalle), Brazil (Claudia M. De Cesare, Cintia E. Fernandes, Mauro Lunardi and Sol G. Pinto), Chile (Carlos Acuña), Colombia (Maria Camila Uribe and Claudia Puentes), Ecuador (Mario R. Maldonado), El Salvador (Roberto Cañas) and Mexico (Sergio Flores).

The network’s mission is to pursue more effective property tax systems in Latin America and to reinforce the role of the property tax as an alternative for local government revenue. The network will promote professional development, identify relevant themes for comparative research and educational programs, and disseminate information and experiences. The members of the network have prioritized the following projects:

• property tax indicators;
• annotated bibliography;
• database on institutions, permanent courses and educational programs;
• development of curriculum; and
• exchanges for professional learning.

Although isolated initiatives at national or state levels have improved cadastral systems, valuation procedures and communication skills in some countries, the network members agree there is still great potential for improving efficiency and equity in current tax systems. The members also wanted more accessible information and better communication on property tax issues in Latin America. Innovative experiences and lessons like those cited in the following article can be shared within the group. Future educational programs may be a source of inspiration for other municipalities, like Porto Alegre, facing challenges in property tax administration.

As we complete one academic year and plan for the next, I am impressed by the richness and multidimensional nature of the Lincoln Institute’s educational programs. We have developed a strong curriculum in two departments and in our Program on Latin America and the Caribbean. Most of our planning efforts for 2003-2004 are focused on consolidating and improving what we have established, but I thought it might be instructive to discuss some new initiatives that illustrate our forward thinking. The program is described fully in the Institute’s catalog, which will be available by late summer (see page 4).

There are a couple of new efforts in the Department of Planning and Development that I find especially exciting. The first involves documenting the relationship between land price changes and problems associated with providing affordable housing, and then using that research in a variety of educational programs to explore the effectiveness of policies to improve housing affordability. The second effort seeks to develop links among several one-day courses so they can be consolidated into longer, richer experiences for both faculty and participants.

We have offered a basic curriculum in the Department of Valuation and Taxation for several years, and we are continuing to enhance the program by developing additional second-level courses to supplement the introductory offerings. One such course will help participants develop the statistical and economic skills necessary for using mass appraisal techniques to measure land value, as part of our two-rate tax program.

The faculty, participants and Lincoln staff have been so enthusiastic about the week-long seminars offered at Lincoln House for our Latin American colleagues that for next year we are scheduling some refresher courses in Latin America for former participants, as well as some short introductory sessions for those who would like some orientation before attending the full-length courses in Cambridge.

Finally, everyone on our staff is trying to find ways to use the new technology to improve our effectiveness in getting information to those who need it. Over the past year our website has been redesigned and enhanced to provide easy access to information about courses, publications and other educational products, as well as online ordering options. In addition we now have more than 330 working papers and more than 350 Land Lines articles in English and Spanish that can be downloaded quickly from our website. Our Planning Fundamentals course for local planning and zoning board members is available on the web, and companion versions have been modified to fit the special circumstances of Vermont and Montana. We are also investigating other ways to use technology to help participants prepare for our face-to-face courses, to interact after attending courses, and to provide course materials for those who are unable to attend the course sessions.

I am proud of the many ways the Institute is providing assistance to practitioners, professionals and others involved in land and tax policy so they can do their jobs better. If you have ideas about other things we can and should be doing, please let us know.

A city’s master plan typically describes development goals and objectives through the use of multiple maps and written documents. Most maps and other representations of urban design are built with a two-dimensional (2D) vision and then transferred into regulatory instruments and strategic planning tools. Urban space is treated as being flat and divided up into puzzle pieces such as administrative areas (municipal, rural, urban, growing, expanding, fringe); land use areas (residential, commercial, central business, historic, tourist, informal, recreational); environmentally protected or restricted area (water catchments, floodplains, landslide-prone hills); and other categories.

When urban space is described through digital maps integrated with databases in a geographic information system (GIS), many additional layers of information can be considered in a three-dimensional (3D) platform. However, when real 3D urban space is managed by laws and other conventions based on a 2D vision, the physical and legal cities are operating in quite different and incompatible dimensions. This discrepancy was accepted in the past, when 2D maps were the primary resource available to represent the real city, but nowadays computer graphics can handle more complex objects in space.

Rethinking the legal and economic aspects of urban society by shifting from the traditional 2D vision to a 3D approach will be necessary to develop, implement, and control urban land policies more efficiently. A 3D cadastre is one of the tools that can facilitate that process through spatial databases and representations. The institution of a territorial cadastre is familiar in many countries, but does not exist in the same way in the United States. A modern cadastre is an integrated database system that holds information on land registration and ownership, physical characteristics, econometric modeling for property valuation, zoning, geographic information, transportation networks, infrastructure and services, and environmental attributes, all of which are linked to socioeconomic and demographic information on property owners.

Creating a New 3D Framework

Google Earth has popularized geographic information by allowing users to visualize a virtual 3D location at the desired level of detail and in a global environment. Google Earth and other geographic software can be used quite easily to change the viewpoint of reality. Moving from a top-down view, which shows the city as a flat area, to an oblique perspective permits the viewer to see the relief and height of buildings, trees, aerial utility networks, and other objects in space.

This type of 3D visualization can identify undeveloped spaces, buildings of different heights, scattered suburban housing, structures in isolated rural areas, and precarious slum construction, thus helping to infer changes in land uses. Even when 3D images are represented on a flat screen or printed surface, they show details that are hard to identify in a 2D map, such as shadow movements during the day, views from an apartment window, and spatial relationships between buildings.

The constantly evolving 3D technology is changing the paradigms of urban planning and land policy because it impacts not only how the city is viewed but the way property rights and other restrictions in space are described. As a result, a new urban legal framework based on 3D laws and 3D property registries will be needed to describe objects in space instead of just flat con-tours. The 3D laws affect rights in space, not in a plane of projection, and in this context it will be possible to define 3D land policies.

For example, a 3D image of the basic, maximum, and actual floor-area-ratio (FAR) for a set of land parcels would facilitate the use of land management instruments such as charges for the purchase of building rights for new development. To support a 3D legal framework it is necessary to have spatial data systematized on 3D cadastres, which create and maintain up-to-date spatial databases and volumetric representations of cities, as well as a 3D property registry in which every property and its restrictions are identified and documented.

Land surveyors, geologists, biologists, and engineers are accustomed to determining the location of physical objects in space by specifying attributes such as mineral deposits, water bodies, contamination or fumes in the air or underground, or restricted spaces around power lines, but legislators, urban planners, assessors, and others are not used to describing the intersections of more than two attributes in space. The increasing complexity of infrastructure and densely built-up areas requires the proper registration of their legal status (private and public), which can be provided only to a limited extent by the existing 2D cadastral registrations.

Despite its promise as a tool for urban planning and the extensive research and progress in practice to date, no country has a true 3D cadastre with complete functionality. The evolving concepts involved in this new process should be based on the ISO 19152 Land Administration Domain Model (LADM), which provides support for 3D representations (van Oosterom 2011).

The Virtual 3D City

The first idea that usually comes to mind regarding a 3D image is its representation in regular shapes such as cubes, prisms, and cylinders, but these simple forms have proved insufficient to analyze urban space. Seeking a closer match with reality, researchers and designers have developed techniques to overlay photographs of building facades on building contours, and to represent all architectural characteristics of a building using 3D computer-aided design (CAD) software.

However, even these types of virtual 3D buildings typically were placed on a flat reference plane, which created a false image because it showed all buildings at the same level. By adding relief through digital perspectives based on digital terrain models, virtual 3D buildings could be placed at the correct altitude relative to sea level. The next step was to overlay aerial orthophotos on digital relief images, resulting in much more realistic 3D images of the real (physical) city (figure 1).

Presently, 2D and 3D urban models continue to be built with points, lines, polygons, and images. These models are useful but still insufficient for detailed urban analyses because, as noted by the Brazilian geographer Milton Santos, “Geometries are not geography” (Câmara 2000). In fact, several kinds of geographic information are used to develop land policies—human, physical, economic, and environmental—and all of them occur in space.

GIS contributes to the process of building a virtual 3D city by permitting linkages between statistical data and geometric shapes to generate thematic information images that can be applied to a variety of land policy issues. The 3D image created in a GIS platform is frequently more useful for urban planning purposes than a photograph of the same sector because the 3D platform makes it is possible to highlight certain information of interest, create prospective scenarios that anticipate the economical effects of certain land policy decisions, or evaluate the environmental impacts of new development.

Formal and Informal Virtual 3D Cities

The virtual 3D city represented geometrically is useful in several types of analyses, such as vehicle traffic studies, propagation of cell phone waves, or any type of infrastructure network analysis. For other kinds of analysis, even the virtual 3D city is not sufficient, as when a lawyer needs to visualize the legal 3D city as defined by urban and environmental regulations. Figure 2 shows two sets of virtual 3D city blocks, one representing existing buildings and the other indicating the development potential of those buildings based on the applicable urban regulations. These two images show different densities and consequently variable land and property values, but in both cases the property tax base and potential value capture charge can be estimated precisely.

In Latin America, where the incidence of informality is emblematic of the urban landscape, it is important to visualize and define the informal as well as the legal dimensions of the city. Informal settlements develop when households cannot afford housing supplied by the market or by social programs. People must find a place to settle, which is often on hazardous or protected land that is inappropriate for housing, or on vacant public or private land. The magnitude of the need for housing often surpasses the amount of land available, thus forcing informal settlers to build taller structures at higher densities (figure 3).

Every occupied space is a part of the city and should be considered in the urban databases of the cadastre. The task of connecting the virtual informal city with the rest of the virtual city is a bigger challenge in 3D than in 2D due to complexities in dealing with parcels where owners and occupants are different but may share the same space. Infrastructure is also organized differently in these areas. In the formal city, for example, public infrastructure networks consisting of fixed pipes, cables, roads, and rails are regularized and stable. In the informal city, infrastructure networks are often self-built and change constantly as the settlement expands. A 3D cadastre can inform planners of the gaps between the characteristics of the population demanding shelter and the effective supply of land and its attributes, thus helping define policies to address unplanned informal settlements.

3D Dynamic Cities

Changes taking place in cities can be visualized and measured in several ways, for example through studies of densification, migration, and expansion of infrastructure networks. These studies assume that social, economic, and environmental variables are constantly changing although the land is static. However, other forces that produce change in the city can cause dislocations of different intensities that can be measured in space (3D) and time (4D). For example, the continental plates are moving South America, its cities, public and private properties, and infrastructure networks slowly toward the west at the rate of 2 centimeters (cm) per year. These movements, which seem insignificant, have consequences for urban policy if one considers that in 50 years a property could be moved as much as 1 meter from its current position.

Even more extreme movements are the consequence of the dynamic nature of our planet. The earthquake in February 2010 impacted the Chilean region of Bio-Bio at many different scales. Measurements by the Transportable Integrated Geodetic Observatory (TIGO) in the city of Concepción recorded that the entire territory moved initially toward the northwest and then ended with a displacement of 3 meters toward the southwest, all within 30 seconds. During this event, the height of land shifted by 50 cm. The telluric movement carried away properties and destroyed urban infrastructure and buildings, and the damage was compounded by the subsequent tsunami. A similar pattern was observed during Chile’s 1960 earthquake, the most severe ever registered in the world, when the ground moved with such velocity that some properties disappeared into the sea and other land areas emerged.

The January 2010 earthquake in Haiti produced an estimated 20 million cubic meters of debris in 35 seconds, even though significant land displacements were not registered. From the point of view of the cadastre, however, these two disasters had very different impacts. If the urban information had been structured in thematic layers and integrated in a GIS platform, the earthquake in Haiti would have affected the construction layer and several representative building types would have disappeared. In Chile, the construction layer was modified mainly by the tsunami, but the land itself was affected by the spatial displacement and shifts resulting from the telluric movement. Fast-moving natural disasters like these change the environment and people’s lives radically, and have important implications for government priorities, including definitions and implementation of land policy, both before and after such events.

Predictable climate change events, underground contamination, air pollution, and other such data can be mathematically modeled before they happen. By connecting these models with the spatial databases of a 3D cadastre, it is possible to create prospective 3D scenarios of the potential impacts and identify the neighborhoods and properties that could be affected. Unpredictable phenomena such as earthquakes and sudden flooding can be represented much more quickly if the measurement instruments tracked by environmental institutions or government agencies are connected to the spatial databases of 3D cadastres. The spatial representation of the impact can be made available soon after the event.

In sum, the 3D representation can help define preventive land policies to address predictable changes and also enable the readjustment of current land policies after unpredictable natural events.

3D Networks and Infrastructure

Infrastructure and transport networks move through 3D parcels in different ways and allow the city to remain active and fluid. Some of these networks are invisible by nature, such as the microwaves of cellular phones; others are invisible because they are located underground, such as infrastructure tunnels and pipes; and others are easily visible because they are built on the surface, such as roadways or utility lines. Figure 4 illustrates some of the complex spatial intersections that occur in the overlapping layers of infrastructure and transportation networks within 3D parcels.

These spatial relationships among networks and public and private properties, environmental reserves, mineral deposits, water bodies, and other features have been treated inefficiently through 2D cartographic norms, but they require the development of specific, new 3D norms to enforce the social function of property with equity and justice. For example, Article 1.286 of Brazil’s Civil Code states that a landowner is obligated to provide a right of way through her property for cables, pipes, and other underground conduits that serve the public at large and could not be built elsewhere. The law also outlines the need to determine the amount of area affected by public works projects in each parcel and its corresponding value in order to calculate the compensation due to the owner. 3D cadastral records can be an important contribution to facilitating such transactions.

3D Land Market Value

One of the functions of a territorial cadastre is to provide information to determine the value of the parcels with respect to property taxation and urban planning policies. In Latin America, land values generally have been based on ad hoc valuation methods (such as the replacement value of buildings) that use construction data and land values for each cadastre sector (Erba 2008). This practice does not always produce reliable valuations because it is difficult to keep the cadastral databases up-to-date, and the implementation of the valuation methods may be arbitrary from place to place.

An alternative valuation method now being implemented across the region is the use of spatial econometric models to determine property values with the desired level of statistical precision. This is important because land values change across urban space and depend on variables such as urban regulations, environmental restrictions, scenic views, infrastructure, and other features associated with the property, such as underground or airborne elements.

The most modern GIS platforms developed for 3D cadastres even allow the assessor to “stand” inside a building at any given altitude before the building is constructed. The software allows the assessor to see the view that will be available from the window of the dwelling, identify relationships to other buildings, perceive the natural landscape, and note other relevant characteristics of the property. Such data help determine the relevance of externalities to the value of the property, an aspect often neglected in valuations based on traditional replacement value methods.

Figure 5 shows a perspective of the surface gradient of land values per square meter obtained from sample points corresponding to properties for sale. The surface has the same coordinate reference system (x, y) as the entire city. Even when the spatial third dimension (z) is not related to the geographic space, it is possible to put the surface under the legal virtual city (as shown in figure 2) and analyze the spatial correlation between the land value per square meter and relevant urban regulations. Such an application is another possible contribution to the development of land policies based on 3D cadastre techniques.

Conclusions

While the technologies used to measure, represent, and store information are now evolving toward 3D platforms, urban legislation and land policies continue to approach the city as a flat land surface. To visualize the buildings and the restrictions imposed on properties in 3D is a considerable advancement for those responsible for urban decision making. Nevertheless, there is a long way to go before 3D information is integrated as part of urban legislation and property titles.

The consolidation of a 3D cadastre, which registers how 3D parcels intersect with the corresponding legal norms and regulations, would contribute to more effective urban and environmental planning, infrastructure network design, and the prevention of informality by permitting the construction of future scenarios showing the impacts of land policies in space. Changing the term area to space would be a first step in giving urban and environmental legislation a 3D connotation, and would be a simple and relevant way to start the process of introducing this new paradigm. Structuring a 3D property registry is still under development, but when it is established landowners will understand that they own cubic feet instead of only square feet.

About the Author

Diego Alfonso Erba is a fellow at Lincoln Institute of Land Policy where he coordinates distance education programs for the Program on Latin America and the Caribbean. He also researches, publishes, and manages studies on cadastre and GIS applications.

References

Câmara, Gilberto. 2000. http://mundogeo.com/blog/2000/01/01/geometrias-nao-sao-geografias-o-legado-de-milton-santos/

Erba, Diego A. 2008. Catastro e información territorial en América Latina (CD-Rom). Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

van Oosterom, Peter. 2011. Preface of the Proceedings 2nd International Workshop on 3D Cadastre. Delft, The Netherlands http://3dcadastres2011.nl/

Acknowledgments

The author thanks these partners and colleagues in the development of research in this field of knowledge: Anamaria Gliesch-Leebmann, Design Concepts 4 You, Seeheim-Jugenheim, Germany; Everton da Silva, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, Brazil; João Norberto Destro, Aeroimagem S/A; Igor Bacigaluppi, Regional Government of Bio-Bio, Chile; Sergio Baeriswyl Rada, Municipality of Concepción, Chile; Andrea F. T. Carneiro, Federal University of Pernambuco, Recife, Brazil; Eduardo A. A. Augusto, Brazilian Land Registry Institute (IRIB), São Paulo, Brazil; and Martim Smolka and Anna Sant’Anna of the Program on Latin America and the Caribbean at the Lincoln Institute of Land Policy.

Es una tarde de jueves en Cincinnati, y las personas que se encuentran en la biblioteca pública del centro de la ciudad están haciendo cosas. En una esquina, se oye el zumbido de una cortadora y grabadora láser Full Spectrum, que cuesta US$14.410 y sirve para crear cualquier cosa, desde piezas de arte hasta unos humildes posavasos, utilizando papel, madera y acrílico. Cerca de las ventanas, se oye a la replicadora MakerBot, una de las cuatro impresoras 3-D de la biblioteca, que se usa para fabricar una amplia gama de objetos, desde juguetes hasta un pedal de bicicleta personalizado que sea compatible con los zapatos especiales que usa un usuario con una discapacidad física. Cerca de allí, un joven diseñador crea un cartel de vinilo a todo color utilizando una impresora y cortadora profesional Roland VersaCAMM VS-300i para formatos grandes. “Este es nuestro taller”, dice Ella Mulford, líder de equipos en el Espacio de Fabricación del Centro Tecnológico de la biblioteca, mi guía en este recorrido, y me comenta que esta máquina cuesta US$17.769. La mayoría de nosotros no podríamos pagar un precio tan alto por un equipo. Pero, evidentemente, muchos residentes de Cincinnati piensan que pueden hacer muchas cosas útiles con esta máquina, ya que, según Mulford, funciona prácticamente sin parar durante el horario en el que la biblioteca está abierta y generalmente la reservan con dos semanas de anticipación.

La biblioteca pública de Cincinnati y el condado de Hamilton continúa ofreciendo el servicio de préstamo de libros y búsquedas en otros medios de comunicación electrónicos. Sin embargo, el amplio Espacio de Fabricación, que abrió a principios de 2015 y contiene una gran cantidad de herramientas tecnológicas que pueden usarse gratis, es un ejemplo impresionante de cómo la idea de biblioteca se está adaptando a una era digital que no siempre ha sido amable con los libros. Más específicamente, estamos viendo indicios de una evolución en la función que cumplen las bibliotecas en las ciudades, ya sean grandes o pequeñas, contribuyendo con nuevas aportaciones al entramado municipal del que han formado parte durante tanto tiempo.

En Cincinnati, el proceso que dio como resultado el Espacio de Fabricación se inició hace un par de años, tal como lo explica Kimber L. Fender, directora de la biblioteca. Unas cuantas bibliotecas del país estaban experimentando con la tecnología como un nuevo componente que podrían ofrecer al público. “Y parte de nuestro plan estratégico”, continúa Fender, “era introducir nuevas tecnologías en nuestra comunidad, por lo que nos pusimos a analizar: ‘¿Qué significa exactamente esto? ¿De qué se trata?’”. Agregar una impresora 3-D al centro informático que ya existía en la biblioteca fue un experimento de bajo riesgo, y atrajo la atención de todos los canales de televisión de la ciudad. “Fue el tema de conversación por excelencia”, recuerda Fender, “por lo que pensamos: “Mmm… esto nos está ayudando a cumplir nuestro objetivo’”.

Enrique R. Silva, fellow de investigación e investigador asociado senior del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, señala que no existe una verdadera razón para atar el destino de la biblioteca como infraestructura cívica al destino del libro físico. “Es un espacio comunitario para el aprendizaje”, señala. Según un estudio del Centro de Investigaciones Pew realizado en 2015, el público está de acuerdo con esta idea: aunque existen signos de que los estadounidenses han acudido a las bibliotecas con bastante menos frecuencia que hace algunos años, también se observa que muchos aceptan de buena gana la idea de que se ofrezcan nuevas alternativas educativas en este contexto específico, incluso la tecnología. “No es difícil dar este salto”, concluye Silva.

De hecho, dar este salto no sólo amplía sino que actualiza la función que han cumplido las bibliotecas en muchos planes municipales en los Estados Unidos. Uno de los desarrollos más importantes en esta historia fue la explosiva diseminación de instituciones fundadas por Andrew Carnegie en las décadas anteriores y posteriores al comienzo del siglo XX. Con sus orígenes en Pensilvania, se construyeron cerca de 1.700 bibliotecas denominadas “Carnegie” con diferentes temáticas, tales como bellas artes, renacimiento italiano u otros estilos clásicos. Estas iniciativas facilitaron y promovieron un movimiento mucho más amplio de construcción de bibliotecas, que representaron hitos significativos en los centros municipales de todo el país. Aunque es notable, hoy en día, por lo general, se subestima a este omnipresente elemento de la infraestructura cívica.

Observa Silva, “Creo que, en la planificación moderna, se considera a la biblioteca como algo que eres afortunado si la tienes como un activo que forma parte del esqueleto de la ciudad a la que buscas encontrarle la vuelta”. Al menos en los Estados Unidos, la construcción de nuevas bibliotecas con importancia arquitectónica es algo inusual (la biblioteca central de la Biblioteca Pública de Seattle, inaugurada en 2004 y diseñada por Rem Koolhaas y Joshua Prince-Ramus, es una excepción notable). Así, la planificación suele ocurrir alrededor de las bibliotecas, que quedan como elementos “heredados” de “infraestructura social y cívica”, en palabras de Silva. En un informe del Centro para un Futuro Urbano realizado en 2013 sobre la ciudad de Nueva York, se sostiene que las bibliotecas han sido “subestimadas” en la mayoría de los “debates sobre políticas y planificación en cuanto al futuro de la ciudad”.

Pero, tal vez, este error implique una oportunidad: estas estructuras existentes pueden comenzar a cumplir una nueva función que las convierta de nuevo en algo importante para los planes municipales en constante evolución. Un ejemplo de ello es cómo la biblioteca de Cincinnati reconsideró lo que significa ser un centro comunitario de aprendizaje e información compartida. Tal como ocurrió con las bibliotecas Carnegie, el uso inteligente de los recursos filantrópicos fue un factor importante: según Fender, la biblioteca recibió un legado discrecional de US$150.000, que decidió utilizar en el Espacio de Fabricación. Con el objeto de hacer lugar a este espacio, la biblioteca reorganizó su colección de revistas y periódicos.

Luego, la biblioteca decidió tomar una postura audaz sobre el tipo de tecnologías que podría ofrecer. La institución posee un pequeño estudio de grabación con micrófonos de calidad profesional, que utilizan los aspirantes a disc jockey o los que desean transmitir podcasts

Resulta que muchos tipos de emprendedores, desde aspirantes a fundar nuevas empresas a vendedores de Etsy, aprovechan lo que ofrece la biblioteca. Hay también estaciones de trabajo colaborativo con computadoras conectadas por Wi-Fi, que utilizan todo tipo de personas, desde diseñadores que trabajan con sus clientes hasta estudiantes que se reúnen para realizar sus tareas escolares.