Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 1 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

En abril se reunió en Chile un grupo de expertos, funcionarios y asesores fiscales latinoamericanos que se encargan de monitorear los sistemas de información de los mercados urbanos y publican informes estadísticos sobre el comportamiento del mercado. La reunión, que tuvo la finalidad de facilitar el intercambio de experiencias y explorar planes de cooperación futura, contó con la asistencia de representantes de Ciudad de México; San Salvador, El Salvador; São Paulo y Porto Alegre, Brasil; Montevideo, Uruguay; Santiago, Chile; Quito, Ecuador; y Bogotá, Colombia, como también especialistas del Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP).

La mayoría de las iniciativas surgieron de empresas pequeñas con el objetivo original de obtener información para fines de evaluación de proyectos, requisitos de investigación o análisis de mercados; subsiguientemente se ampliaron a sistemas de gran escala para monitorear diferentes tipos de mercados y regiones geográficas.

Los mercados más frecuentemente estudiados son inmuebles residenciales, industriales y comerciales recién construidos, siendo las variables básicas consideradas, el precio, la ubicación y el tipo de producto. En casos específicos se emplean otras variables para obtener información más precisa sobre cada transacción o cada producto que se envía al mercado. En todos los casos se obtienen los datos estadísticos a partir del mercado formal, aun cuando un estimado de Bogotá indica que dicho mercado representa apenas un tercio de todas las transacciones.

Las más importantes fuentes de datos del mercado son periódicos, revistas o publicaciones especializadas, aunque también se consiguen informaciones útiles a través de permisos de construcción o visitas a obras. En San Salvador, la fuente principal son los datos bancarios sobre préstamos hipotecarios para la adquisición de bienes inmuebles.

El área geográfica y el período de computación de las estadísticas varía según el caso; no obstante, todos los sistemas se enfrentan al mismo problema, que es la pérdida de validez estadística al reducirse el tamaño de la unidad de análisis o al acortarse el período. Por otra parte, ampliar el área geográfica significa perder la homogeneidad de barrios bien definidos, y ampliar el marco temporal limita el ajuste fino del estudio.

Las estadísticas generales y las tendencias del mercado aparecen en periódicos y publicaciones especializadas, mientras que boletines periódicos e informes publican estadísticas más detalladas. Los listados de obras nuevas constituyen un mecanismo abierto y útil para corregir la información, dado que cuando un caso no aparece en una lista, el abastecedor es el primero en hacerlo público.

Por los momentos, sólo Brasil y México están gestionando sus sistemas de información con fines de lucro. En otros países, la venta de los datos del mercado apenas cubre los gastos de gestión, pero la diseminación de los datos facilita a consultores profesionales utilizarlos en actividades lucrativas. De tal manera, esta información asiste al sector privado porque aumenta la transparencia de los mercados y ayuda a los empresarios a evaluar proyectos urbanos y definir las tendencias geográficas y económicas. Para el sector público, los datos del mercado facilitan la tasación pública de inmuebles y las actividades de planificación.

Todavía quedan muchos problemas por resolver para poder mejorar la cobertura de las transacciones del mercado urbano, la calidad de la información, el análisis de los datos, y el debate que pueda originar esta información sobre las políticas del suelo urbano. Desde el punto de vista académico, el reto es mejorar el entendimiento del fenómeno observado, mientras que desde la perspectiva profesional, es utilizar la información disponible para mejorar el análisis de los proyectos y ajustar los planos de tasación, a fin de establecer registros más exactos y así optimizar el sistema del impuesto a la propiedad.

Dado que muchas ciudades latinoamericanas carecen de sistemas de monitoreo del mercado urbano, los participantes de este proyecto en curso deben abocarse a encontrar maneras de compartir sus experiencias para aumentar la eficiencia de las operaciones mercantiles y la planificación urbana de la región.

Sobre el autor

Pablo Trivelli es coordinador regional del Programa de Gestión Urbana, Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, Santiago, Chile. El seminario fue patrocinado junto con el Instituto Lincoln con el proyecto GTZ-MINVU, el Instituto de Estudio Urbanos de la Universidad Católica de Chile y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile.

Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 3 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

La ejecución de cualquier programa nacional de planeación a escala regional o local puede ser un reto, incluso en las circunstancias más propicias. Colombia enfrenta muchos problemas sociales, políticos y económicos que bien podrían haber desvirtuado la expansión de su iniciativa principal de planeación: el programa nacional de catastro. Algunos de estos problemas tienen su origen en el gobierno descentralizado, los cambios de mando en la gestión pública local, la inestabilidad de la economía y las dificultades generalizadas vinculadas a la pobreza, el narcotráfico y la intervención internacional. No obstante esta situación, el Departamento Administrativo de Catastro Distrital de Bogota (DACD) está recibiendo un reconocimiento cada vez mayor como un precedente exitoso para los países en desarrollo de América Latina y más allá.

Aunque las transferencias legales, la política de suelos y la planeación han sido aspectos significativos en toda la historia de los catastros, la gestión fiscal ha sido el principal centro de atención en Bogotá para sus ciudadanos y el sector empresarial por igual. El proceso administrativo de los avalúos abarca el mantenimiento de una base de datos que se alimenta de la información aportada por las divisiones encargadas del modelo econométrico, los sistemas de información geográfica (SIG), la creación de códigos y normatividad, la cartografía, el análisis socioeconómico de sectores homogéneos, la matrícula inmobiliaria y la zonificación. Como se señaló en el artículo anterior, los números de inmuebles incorporados (formación catastral) y actualizados (actualización catastral) han aumentado considerablemente (véase la Figura 1).

El gran volumen de predios y mejoras ha podido manejarse en un lapso tan corto gracias a un plan administrativo minucioso e integral. El proceso reglamentario de participación pública no puso en riesgo la eficiencia con la cual se llevaron a cabo las actualizaciones y la certificación de inmuebles. Durante el año fiscal pasado, el modelo econométrico tomó en cuenta las variables típicas del avalúo y también consideró un elemento clave en el catastro de Bogotá, el “autoavalúo”. De conformidad con la Ley 44 de 1990, se utiliza un proceso de declaración y revisión públicas para actualizar y mantener la cédula catastral de cada inmueble. El propietario u ocupante presenta un estimado del valor del inmueble y su depreciación o apreciación, según lo estipulado en la Ley de Reforma del Impuesto Predial Unificado. Esta legislación busca simplificar la administración tributaria territorial y evitar la posibilidad de gravar los mismos factores dos veces. Si bien es importante recurrir a los ciudadanos para que suministren la información más actualizada con respecto a las condiciones del inmueble, también es imprescindible la verificación. De esta manera, un grupo de peritos profesionales debidamente capacitados han realizado inspecciones de todos los inmuebles registrados en el sistema catastral. Los ciudadanos han tenido muy buena disposición para suministrar información sobre las mejoras en terrenos desocupados, puesto que la tasa del impuesto sobre suelo no urbanizado es mayor que la tasa sobre suelo con mejoras. Este enfoque de planeación integral ha limitado la especulación y por ende ha estimulado la inversión de la comunidad.

El uso de SIG ha sido un factor determinante para la integración y evaluación en todo el departamento de las revisiones de inmuebles, actualizaciones del sistema y la administración general del programa. El IGAC está en el proceso de desarrollo de un programa basado en el software ArcCadastre en coordinación con la Universidad de Bogotá. El objetivo es vincular todos los catastros regionales con la base de datos nacional. En el área de Bogotá un SIG central proporciona a los funcionarios catastrales una base de datos valiosa que incluye un inventario interactivo y multifuncional que se utiliza durante el proceso de disminución del impuesto predial. El SIG se ha ampliado recientemente para ofrecer al público general una herramienta de consulta de datos de los registros históricos de los inmuebles, además de listados de los bienes raíces de todos los vecindarios. Con el uso propuesto para el SIG y el aumento del número de terminales públicos, se tendrá un acceso mayor al sistema catastral. Mientras tanto, la página Web del DACD es una creativa herramienta educativa que mantiene a los usuarios informados a la vez que controla este complejo proceso.

El catastro de Bogotá ha logrado avances novedosos y tangibles en la creación, desarrollo y mantenimiento de un sistema catastral considerado por muchos una imposibilidad teórica. La visión y la tenacidad de los administradores públicos, la empresa privada y los ciudadanos contribuyeron a crear un catastro que debiera cumplir e incluso superar las metas previstas en el Catastro 2014 de la FIG (Van der Molen 2003). Este plan requiere que un catastro tenga “derechos inclusivos y restricciones sobre el suelo en los registros cartográficos, modelos integrales de mapas catastrales, colaboración continua entre los sectores público y privado y un catastro que permita la recuperación de costos”. En vista de sus retos políticos, administrativos, financieros, técnicos y prácticos, el catastro de Bogotá ha logrado convertir un sueño en una realidad innovadora.

Michelle Thompson es consultora de bienes raíces e investigación y dicta clases de sistemas de información geográfica en el Departamento de Planeación de Ciudades y Regiones de la Universidad de Cornell. Además pertenece al cuerpo docente asociado del Instituto Lincoln; participó en la conferencia sobre catastros realizada en Bogotá en noviembre de 2003.

Five years ago, New Orleans resident Mandy Pumilia was concerned about the number of apparently blighted structures in her neighborhood, known as Bywater, where she is currently vice president of the neighborhood association. Despite post-Katrina recovery efforts, it was hard to identify and track truly troubled properties, and she didn’t have access to city data that could have helped. Instead, she built her own Google spreadsheet and filled it in with the results of her own research and legwork. “It was an arduous process,” she recalls. And despite her tech savvy and determination, it was a solution with limits: it wasn’t easy to share the information beyond people she knew directly, and keeping up with property-specific city hearings was a chore.

Since then, a web app called BlightStatus (blightstatus.nola.gov) has become a valuable new tool for her neighborhood recovery efforts. Created in 2012 by Code for America, a nonprofit specializing in open-source projects that benefit local government, BlightStatus makes it simpler for citizens like Pumilia to access property details, more deeply engaging them in managing blight and other planning challenges. The effort caught the attention of other cities and led to a spinoff startup called Civic Insight, which is now deploying its technology in Dallas, Atlanta, Palo Alto, Sacramento, and other places.

In New Orleans, BlightStatus aggregates information on inspections, code complaints, hearings, judgments, foreclosures, and more. This data is generally siloed or hard to access, but the app gathers and updates most of it daily. Users can search by address or use an interactive map to search at the neighborhood or citywide level. Particularly useful: a “watch list” feature that lets someone like Pumilia keep tabs on specific properties, and sends timely alerts about hearings and other developments. “And it makes it easier for me to empower other residents,” she adds, “so I’m not the only keeper of information.”

When other cities noticed New Orleans’ embrace of the app and expressed interest in a similar tool, Code for America adapted the technology to work elsewhere. “We seemed to hit a nerve,” says Eddie Tejeda, one of the BlightStatus creators. Specifics varied from place to place, but grappling with official property data was clearly a widespread frustration. Lots of people want information about buildings and property, Tejeda continues, but what’s available is often “really hard to work with”; digging through it requires knowledge and experience.

With an investment from the Knight Foundation, the group formed Civic Insight in 2013, using their New Orleans work as a template that could be scaled for other cities large and small, with varied needs and data sets. (Setup and annual subscription-like fees vary by population: roughly $1,000 to $10,000 for the base rate plus 20 to 70 cents per capita.) Among its newer clients, Dallas is proving a particularly important case study. A sprawling metropolis with wildly diverse neighborhoods, from pricey and thriving to severely economically challenged, it’s helping demonstrate that this approach to open-data technology isn’t just for triage in a place like post-Katrina New Orleans.

The connection came via Habitat for Humanity. The nonprofit’s New Orleans chapter has been an enthusiastic user of BlightStatus. Members passed the word to colleagues in Dallas, where the city has been grappling with strategies for using data to define, track, and address blight and related issues, such as identifying problem landlords. Launched in late 2014 with data similar to the information collected in New Orleans, the Dallas version will incorporate additional crime and tax-related statistics that locals want to access more readily, says Theresa O’Donnell, the city’s chief planning officer, who spoke about the app at the Lincoln Institute’s Big City Planning Directors conference in Cambridge in October 2014. “As we get these programs up and started,” she says, “we can rely more on citizens to let us know if [our blight efforts] are working or not.”

Atlanta and Sacramento are rolling out their own programs to make use of the app this year, and other Civic Insight efforts are forthcoming in Fort Worth, Texas, and elsewhere. Client goals aren’t limited to blight issues, notes Tejeda, now Civic Insight’s CEO: in Palo Alto, where zoning, development, and construction are hot topics, architects and homeowners use the app to keep up with permitting processes. That flexibility is by intent. “It’s relatively quick for us to map [raw data] to our application,” he explains. “The role we play is being the translator between what the city has, and what the public needs.” (The app is also built to accommodate new data sets—and it’s no surprise that active citizens like Pumilia, in New Orleans, have lots of suggestions that Civic Insight is working to accommodate.)

Comprehensive data sets and other digital tools have helped to guide planners and other city officials for years, but what Civic Insight is up to is the next logical step. “There’s this great opportunity to harness this data—sort of hidden data, for many cities—and bring it to life” in ways that are useful to citizens and planners alike, points out Lincoln Institute fellow Peter Pollock, the former head of planning in Boulder, Colorado.

Such accessibility matters because policy makers must “coproduce the good city” with residents, Pollock continues. “Planners are in the business of harnessing community energy around a vision for the future,” he says. That means zoning and permitting—but also maintenance and compliance. “It’s not just building the city; it’s care and feeding of the city over time.”

Still, the Civic Insight proposition may seem confusing at first: How does a city benefit by hoping citizens will pore over information that it already owns? But that’s the point. Opening up data to people who really know the neighborhoods where they live and work amounts to a kind of crowd-sourcing strategy for planning-level city maintenance.

Just ask Pumilia. This is the essence of what she was trying to do in New Orleans with her DIY spreadsheet and a whole lot of grit a few years ago. Now she can monitor her neighborhood more easily and direct others to BlightStatus so they too can quickly round up the information they need and prod the city about troublesome properties.

Dipping into the data as we speak, she calls up the history of one local address: “So there are one, two, three, four, five cases against this property,” she says. In short, she has just whipped up a ready-made dossier of neglect—one that helped persuade officials to start a process that should lead to the auction of that property.

Sometimes, Pumilia says with a laugh, “It requires citizen action to inspire people to do their jobs.”

A group of Latin American scholars, practitioners and government officials who monitor urban market information systems and publish statistical reports on market behavior met in Chile in April to share their experiences and explore plans for future cooperation. Representatives came from Mexico City; San Salvador, El Salvador; Sao Paulo and Porto Alegre, Brazil; Montevideo, Uruguay; Santiago, Chile; Quito, Ecuador; and Bogota, Colombia. Specialists from the World Bank, the Inter-American Development Bank and the United Nations Development Program (UNDP) also participated.

Most of the cities’ initiatives originated from small ventures to obtain information for project evaluation, research requirements or market analysis, and later expanded into larger-scale systems to monitor different types of markets and broader geographic regions.

Newly constructed housing and office and commercial buildings are the most frequently studied markets; price, location and product type are the basic variables being computed. Other variables are used in specific cases to obtain more precise information about each product being supplied to the market or each transaction. In all cases, statistics are gathered from the formal market, even though an estimate from Bogota indicates that this market represents only about one third of all transactions.

Newspapers, magazines or specialized publications are the major sources of market data, but building permits or visits to construction sites also provide useful information. In San Salvador, the main source is data from the banking system on credit loans for the acquisition of real estate property.

The geographical area and the time period for which statistics are computed vary from case to case. Yet, all systems face the same dilemma of losing statistical validity when reducing the size of the unit of analysis or shortening the time period. On the other hand, broadening the geographic area means a loss of homogeneity of well-defined neighborhoods, and broadening the time frame limits fine tuning of the phenomena.

General statistics and market trends are disseminated through newspapers and specialized publications, while more detailed statistics are sold through periodical bulletins and reports. Published listings of new construction provide an open and useful mechanism for correcting information, because when a case is not listed the supplier is the first one to make it known.

At present, only Brazil and Mexico are operating their information systems on a profit basis. In other countries, income from the sale of market data covers only operating expenses, but dissemination of the data provides opportunities for professional consultants to use it for related profitable activities. Thus, this information aids the private sector by making markets more transparent and helping entrepreneurs evaluate urban projects and define geographic and economic trends. For the public sector, the market data assists in the public valuation of properties and in planning purposes.

Many challenges remain to improve the coverage of urban market transactions, the quality of the information, the analysis of the data, and the debate this information can stimulate regarding urban land policy. From an academic perspective, the challenge is to improve the understanding of the phenomena being observed. From a professional perspective, it is to use the available information for better project analysis and to adjust valuation maps to establish more accurate records for property tax purposes.

Since many Latin American cities lack any type of urban market monitoring systems, the special challenge facing the participants in this ongoing project is to find ways to share their experiences to improve the efficiency of market operations and urban planning throughout the region.

Pablo Trivelli is regional coordinator of the Urban Management Program, United Nations Development Program, Santiago, Chile. The seminar was cosponsored by the Lincoln Institute with the GTZ-MINVU project, the Urban Studies Institute of the Catholic University of Chile, and Chile’s Ministry of Housing and Urban Development.

The implementation of any national planning program on a regional or local scale can be a challenge, even under the best circumstances. Colombia faces many social, political and economic issues that could easily have derailed the expansion of its major planning initiative—the national cadastral program. Some of these issues relate to its decentralized government, changing local public administrations, unstable economy and pervasive issues relating to poverty, the drug trade and international intervention. In spite of this situation, Bogotá’s Administrative Department for the District Cadastre (DACD) is gradually being recognized as a success story for developing countries in Latin America and beyond.

While legal conveyance, land policy and planning have been significant aspects of cadastres historically, fiscal management has been the primary focus in Bogotá for both its citizens and the business sector. The assessment administration process includes the maintenance of a database that receives information from the divisions that develop the econometric model, geographic information systems (GIS), building codes and enforcement, cartography, socioeconomic analysis of homogeneous sectors, land registration and zoning. As noted in the previous article, the numbers of incorporated (formación catastral) and updated (actualización catastral) properties have increased significantly (see Figure 1).

The large volume of parcels and improvements has been managed in such a short time by a deliberate and comprehensive administrative plan. The mandated public participation process did not compromise the efficiency with which the updates and property validation were completed. Within the last fiscal year, the econometric model took into consideration typical assessment variables but also considered a key element in the Bogotá cadastre, the “public value estimate.” According to Law 44 of 1990, a public comment and review process is used to update and maintain each property record card. The property owner or occupant provides an estimate of the property value and its depreciation or appreciation as required by the Unified Property Tax Reform Act. This legislation seeks to simplify the administration of taxes on land and avoid the possibility of taxing the same factors twice. Reliance on the public to provide the most current information on property conditions is important, but verification is also required. Thus, a fleet of professionally trained assessors has conducted inspections of all properties now recorded within the cadastral system. The public has been particularly forthcoming with information on improvements to vacant land, since the tax rate on land is higher than the rate on land with improvements. This integrated planning approach has encouraged community investment by limiting speculation.

The use of GIS has been key to department-wide integration and evaluation of property reviews, system updates and overall program administration. IGAC is in the process of developing an ArcCadastre program in coordination with the University of Bogotá. The goal is to link all of the regional cadastres to the national database. Within Bogotá a central GIS provides the cadastral managers with a powerful database that includes an interactive and multilevel inventory used during the property tax abatement process. The GIS has recently been expanded to allow for public searches of historic property record information along with parcel-level real estate listing data for all neighborhoods. The intended use of GIS, and the increase in the number of public terminals, will provide further access to the cadastral system. In the interim, the DACD Web site is a creative educational tool that keeps the public informed while managing this monumental process.

The Bogotá cadastre has made innovative and tangible progress in the creation, development and maintenance of a cadastral system considered by many to be a theoretical impossibility. The vision and tenacity of the public administrators, private industry and citizens have helped to build a cadastre that should meet or exceed the goals set by FIG’s Cadastre 2014 (Van der Molen 2003). This plan calls for a cadastre to have “inclusive rights and restrictions to land within map registers, comprehensive cadastre map models, seamless collaboration between public and private sectors and a cadastre that is cost recovering.” Given its political, administrative, financial, technical and practical challenges, the Bogotá cadastre has been able to turn a dream into an innovative reality.

Michelle Thompson is a real estate and research consultant teaching geographic information systems at the Cornell University Department of City and Regional Planning. She is also a faculty associate of the Lincoln Institute and she participated in the November 2003 conference on cadastres in Bogotá.

References

Bogotá’s Administrative Department for the District Cadastre (DACD): http://www.catastrobogota.gov.co/

Van der Molen, Paul. 2003. The future cadastres: Cadastres after 2014. FIG Working Week 2003, Paris, France (April 13-17). Available at http://www.eurocadastre.org/pdf/vandermolen2.pdf

Siendo estudiante universitario de diseño y planificación urbana, Matt Tomasulo organizó un ingenioso proyecto de señalización de calles para animar a los residentes de Raleigh, Carolina del Norte, a caminar en lugar de usar el automóvil. Junto con un grupo de cómplices, diseñó y produjo 27 carteles de plástico (Coroplast) de 30 cm2, en los que imprimió mensajes sencillos como “Camine 7 minutos para llegar al cementerio de la ciudad de Raleigh”, con un código de color según la categoría de destino y una flecha que apuntaba en la dirección correspondiente. El grupo fijó estos carteles con sujeciones de plástico en los postes de los semáforos y similares en torno a tres intersecciones de calles en el centro de la ciudad. Les llevó menos de 45 minutos instalar todos los carteles (lo hicieron por la noche, ya que, aunque los carteles parecían señales oficiales, este proyecto se consideraba “no autorizado”, como dijo Tomasulo).

Como era de esperarse, el municipio retiró los carteles. Y esto podría haber sido el fin de la acción: un gesto provocativo y una pieza ingeniosa más en su cartera de diseño. Sin embargo, Walk Raleigh ha experimentado una metamorfosis inesperada desde que apareció por primera vez en el año 2012 al evolucionar hasta lo que hoy se conoce como Walk [Your City] (WalkYourCity.org), un ambicioso intento por extender la idea subyacente de este proyecto por todo el país y trabajar junto con el municipio y los funcionarios encargados de la planificación, en lugar de esquivarlos. Este año, la joven organización de Tomasulo recibió un subsidio de US$182.000 de la Fundación Knight, que ha desencadenado una nueva fase del proyecto, que incluye el despliegue de una serie de carteles con un mensaje particularmente meditado, en coordinación con los funcionarios de San José, California.

Este resultado tan sorprendente se debe en gran medida a la utilización de la tecnología de una forma perspicaz, y quizá, todavía más, a las aportaciones de unos pocos funcionarios de planificación que vieron el potencial que encerraba lo que podría haber sido un divertido pero efímero recurso publicitario.

El objetivo principal de la idea original de Tomasulo era sondear e intentar provocar un cambio en las percepciones existentes sobre caminar: Tomasulo se había topado con una interesante investigación, según la cual la gente a menudo decide no caminar sencillamente porque el lugar de destino “parece” estar más lejos de lo que realmente está.

Los centros más antiguos, como el de Raleigh, por lo general “pueden caminarse más de lo que la gente piensa”, indica Julie Campoli, diseñadora urbana y autora del libro Made for Walking: Density and Neighborhood Form (Hecho para caminar: Densidad y forma del barrio), publicado en 2012 por el Instituto Lincoln. Sin embargo, en muchos casos, décadas de ingeniería de tráfico han socavado la idea de la posibilidad de caminar por los entornos construidos, en donde la señalización está colocada para que la vean los conductores, y cuya información sobre distancias está expresada en un formato dirigido a los automóviles, es decir, en millas. Según Campoli, en su mayoría “las calles están diseñadas para los automóviles”.

Tomasulo realizó una investigación por su cuenta en Raleigh, preguntando a los vecinos y otras personas si, por ejemplo, estarían dispuestos a ir a cierto supermercado caminando en lugar de ir en automóvil si ello les llevara 14 minutos. La gente respondía: “Seguro… o, al menos algunas veces”, y Tomasulo les decía: “Bueno, en realidad el supermercado está a 12 minutos”. Según Tomasulo, “Tuve esta conversación una y otra vez. La gente me decía: ‘Siempre pensé que estaba muy lejos para ir caminando’”.

Por ello, los carteles originales de Tomasulo estaban colocados al nivel de los ojos de los peatones y describían las distancias en minutos hasta un destino en particular que podría interesarles. Tomasulo documentó y promovió el proyecto en Facebook. El entusiasmo que generó en la red social captó la atención de los medios de comunicación, lo que culminó nada menos que con la visita de un equipo de filmación de la BBC.

Fue entonces cuando Tomasulo se comunicó por Twitter con Mitchell Silver, por entonces director de planificación de Raleigh y expresidente de la Asociación Estadounidense de Planificación. Silver no sabía mucho acerca de Walk Raleigh, pero igualmente aceptó hablar con la BBC sobre lo buenas que eran las actividades que fomentaban el caminar, elogiando esta iniciativa como un ejemplo “genial”… que primero debería haber obtenido un permiso. Este documental despertó aún mayor atención. Y cuando, como resultado, se recibieron consultas sobre la legalidad de los carteles, el mismo Silver los retiró y se los devolvió a Tomasulo.

No obstante, Silver también reconoció la gran oportunidad. El plan integral a largo plazo de Raleigh ponía explícitamente énfasis en el fomento de los espacios para caminar (y para andar en bicicleta), una cuestión que tocaba de cerca a la población notablemente joven de este municipio, que crecía rápidamente (en ese entonces, cerca del 70 por ciento de la población tenía menos de 47 años de edad). “Realmente se volvió un tema crucial”, recuerda Silver. “¿Vamos a aceptar la innovación? ¿Walk Raleigh hizo algo incorrecto o nuestros códigos están desactualizados?”, se pregunta Silver, actualmente comisionado del Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York. “La innovación pone a prueba las normas. Matt, sin darse cuenta, nos puso a prueba”.

¿Cuál fue la solución a corto plazo? Tomasulo podría donar sus carteles al municipio, que luego los reinstalaría según un “programa educativo piloto”. Para ayudar a Silver a convencer al Concejo Municipal, Tomasulo utilizó la herramienta de firma de peticiones en línea SignOn.org y recolectó 1.255 firmas en tres días. El Concejo aprobó unánimemente el regreso de Walk Raleigh.

Tomasulo fue un poco más allá (por entonces había concluido sus estudios, y tenía una maestría en planificación de ciudades y regiones por la Universidad de Carolina del Norte, sede de Chapel Hill, y otra maestría en arquitectura de paisajes por la Universidad Estatal de Carolina del Norte): recabó fondos por US$11.364 en Kickstarter y, junto con sus socios, construyó WalkYourCity.org, un sitio web en el que se ofrecen plantillas de carteles personalizables para cualquier persona y cualquier lugar. Como resultado, más de cien comunidades de municipios tanto grandes como pequeños de todo el país (y del exterior también) generaron proyectos dirigidos por los ciudadanos.

Esto no debería sorprender, en vista de lo que Campoli describe como un creciente interés, tanto entre los ciudadanos como los planificadores, en el fomento de espacios para caminar. Según Campoli, el movimiento de crecimiento inteligente ha reavivado el interés por formatos de ciudad compactos, “y, en los últimos diez años, se ha producido una convergencia en torno a esta idea del fomento de espacios hechos para caminar”. Particularmente entre grupos demográficos clave (especialmente la generación del milenio y aquellos en la etapa del nido vacío), ha surgido un reconocimiento de que la cultura del automóvil “ya no es tan maravillosa como se pensaba”, observa Campoli.

Y existe además una dimensión económica para las ciudades, según la autora. Una forma de medir esto es el creciente aumento de los valores inmobiliarios asociados con los formatos más compactos y que ofrecen más posibilidades de caminar.

El factor de impacto económico inspiró, hace poco, la oportunidad de cooperar con funcionarios de San José, lo que se destaca como un ejemplo sobre cómo el urbanismo táctico puede llegar a tener una influencia verdadera en la planificación. Sal Alvarez, de la Oficina de Desarrollo Económico de la ciudad, era seguidor de WalkYourCity.org como plataforma abierta en línea, pero destaca que “la ciudad probablemente retirará los carteles. En realidad se necesita un precursor dentro de la organización”. Tanto él como Jessica Zenk, del Departamento de Transporte de la ciudad, asumieron esta función en San José y rápidamente pusieron en marcha tres programas piloto.

Cada programa es concentrado y estratégico. El primero aprovecha la popularidad del Mercado de la Plaza de San Pedro, inaugurado recientemente: una concentración de restaurantes y negocios en el centro de la ciudad de 3 km2. Es un destino muy frecuentado, aunque la gente suele ir y venir en automóvil sin explorar mucho el lugar. Por lo tanto, se colocó una serie de 47 carteles que indican diferentes atracciones en el contiguo distrito de la “Pequeña Italia”, un parque con muchísimos senderos para caminar, el estadio donde juega el equipo de la Liga Nacional de Hockey y un segundo parque que ha sido objeto de medidas de revitalización continuas. El segundo proyecto llevado a cabo en el centro de la ciudad consistió en reclutar a una docena de voluntarios que ayudaran a colocar 74 carteles con el propósito de conectar el distrito artístico SoFA de la ciudad con otros lugares importantes a los que se puede llegar caminando, como el centro de convenciones.

La popularidad de estos dos experimentos inspiró a un concejal a proponer un tercer programa dirigido a un barrio fuera del centro propiamente dicho. El proyecto consiste en convertir una carretera de cuatro carriles en una de dos carriles, con un carril en el medio para girar y otro carril para bicicletas que permita dejar un poco de lado el viaje en automóvil. Tomasulo ha agregado una nueva serie de diseños de señales con códigos de color que indican específicamente otras infraestructuras alternativas al automóvil, tales como sitios de alquiler de bicicletas y paradas del tren de California (CalTrain). El municipio ha estado recabando información sobre el tránsito en relación con este proyecto, a fin de poder medir el impacto de los aproximadamente 50 carteles colocados en 12 intersecciones de calles. Según Alvarez, los carteles son herramientas útiles para fomentar los cambios culturales que ayudan a que los cambios en infraestructura se afiancen.

En términos más generales, los funcionarios de San José están trabajando junto con Tomasulo para “poner algunas herramientas más en la caja” de Walk [Your City], con el fin de motivar y ayudar a los entusiastas a encontrar a sus propios paladines dentro de cada municipio, para que estos proyectos contribuyan al proceso de planificación. “Si no logramos que el municipio acepte la idea en algún momento”, indica Capoli, “no obtendremos el cambio permanente que pretende alcanzar una actuación de corto plazo”.

En cuanto a Raleigh, el proyecto original está evolucionando y transformándose en un aspecto permanente del paisaje, con campañas completamente planificadas y controladas en cuatro barrios y la formación de una sociedad con la empresa Blue Cross & Blue Shield. Y este es un claro ejemplo de lo que Silver proponía: una ciudad que recibe con los brazos abiertos un proyecto de urbanización comunitario, en lugar de limitarse a reglamentar.

Sin embargo, el ejemplo de San José demuestra hasta qué punto el extremo opuesto también es importante: el urbanismo táctico puede recibir beneficios de las estructuras de planificación oficial. A Tomasulo se lo ve realmente satisfecho al observar que este proyecto pasó de ser un experimento “no autorizado” a lograr asociaciones activas con paladines dentro del municipio de San José y otros lugares. Tomasulo acuña un término para referirse a los funcionarios cuyo entusiasmo, creatividad y sabiduría práctica para lograr cosas rompe con todos los estereotipos comunes. “No son burócratas”, señala. “Son herócratas”.

Rob Walker (robwalker.net) colabora con Yahoo Tech, Design Observer y The New York Times.

La Bahía de Chesapeake es un icono cultural, un tesoro nacional y un recurso natural protegido por cientos de agencias, organizaciones sin fines de lucro e instituciones. Ahora, una nueva tecnología de construcción de mapas digitales con exactitud sin precedentes, desarrollada por The Chesapeake Conservancy y respaldada por el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, está identificando con precisión contaminación y otras amenazas a la salud del ecosistema de la bahía y su cuenca, que abarca 165.000 km2, 16.000 km de costa y 150 ríos y arroyos importantes. Con una resolución de un metro por un metro, la tecnología de mapas de “conservación de precisión” está llamado la atención de una amplia gama de agencias e instituciones, que ven aplicaciones potenciales para una variedad de procesos de planificación en los Estados Unidos y el resto del mundo. Este nuevo juego de datos de cubierta de suelo, creado por el Centro de Innovación de Conservación (CIC) de The Conservancy, tiene 900 veces más información que los juegos de datos anteriores y brinda mucho más detalle sobre los sistemas naturales y las amenazas medioambientales a la cuenca, de las que la más persistente y urgente es la contaminación de las aguas de la bahía, que afecta desde la salud de la gente, las plantas y la vida silvestre hasta la industria pesquera, el turismo y la recreación.

“El gobierno de los EE.UU. está invirtiendo más de US$70 millones al año para limpiar la Bahía de Chesapeake, pero no sabe qué intervenciones tienen el mayor impacto”, dice George W. McCarthy, presidente y director ejecutivo del Instituto Lincoln. “Con esta tecnología podremos determinar si las intervenciones pueden interrumpir el flujo superficial de nutrientes que está provocando el florecimiento de algas en la bahía. Podremos ver dónde fluye el agua a la Bahía de Chesapeake. Podremos ver el rédito del dinero invertido, y podremos comenzar a reorientar a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés), el Departamento de Agricultura y múltiples agencias que quizás planifiquen en forma estratégica pero sin comunicarse entre sí”.

The Chesapeake Conservancy, una organización sin fines de lucro, está dando los toques finales a un mapa de alta resolución de toda la cuenca para el Programa de la Bahía de Chesapeake. Ambas organizaciones están ubicadas en Annapolis, Maryland, el epicentro de los esfuerzos de conservación de la bahía. El programa presta servicio a la Asociación de la Bahía de Chesapeake (Chesapeake Bay Commission), la EPA, la Comisión de la Bahía de Chesapeake y los seis estados que alimentan la cuenca: Delaware, Maryland, Nueva York, Pensilvania, Virginia, West Virginia y el Distrito de Columbia, junto con 90 contrapartes más, entre las que se cuentan organizaciones sin fines de lucro, instituciones académicas y agencias gubernamentales como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, el Servicio de Peces y Vida Silvestre de los EE.UU., el Servicio Geológico de los EE.UU. (USGS) y el Departamento de Defensa de los EE.UU. 

En nombre de esta alianza, la EPA invirtió US$1,3 millones en 2016 en financiamiento estatal y federal para el proyecto de cubierta de suelo de alta resolución de The Conservancy, que se está desarrollando en conjunto con la Universidad de Vermont. La información obtenida de los diversos programas piloto de mapas de precisión ya está ayudando a los gobiernos locales y contrapartes fluviales a tomar decisiones de gestión de suelo más eficientes y económicas. 

“Hay muchos actores en la cuenca de la Bahía de Chesapeake”, dice Joel Dunn, presidente y director ejecutivo de The Chesapeake Conservancy. “La comunidad ha estado trabajando en un problema de conservación muy complicado por los últimos 40 años, y como resultado hemos creado capas y capas y muchas instituciones para resolver este problema”. 

“Ahora no es un problema de voluntad colectiva sino un problema de acción, y toda la comunidad tiene que asociarse de maneras más innovadoras para llevar la restauración de los recursos naturales de la cuenca al próximo nivel superior”, agrega.

“La tecnología de conservación está evolucionando rápidamente y puede estar llegando ahora a su cima”, dice Dunn, “y queremos montarnos sobre esa ola”. El proyecto es un ejemplo de los esfuerzos de The Conservancy para llevar su trabajo a nuevas alturas. Al introducir “big data” (datos en gran volumen) en el mundo de la planificación medioambiental, dice, The Conservancy se preparar para innovar como un “emprendedor de conservación”.

¿Qué es la tecnología de mapas de precisión?

Los datos del uso del suelo y la cubierta del suelo (LULC, por su sigla en inglés) extraídos de imágenes por satélite o desde aviones son críticos para la gestión medioambiental. Se usa para todo, desde mapas de hábitat ecológico hasta el seguimiento de tendencias de desarrollo inmobiliario. El estándar de la industria es la Base de Datos Nacional de Cubierta de Suelo (NLCD, por su sigla en inglés) de 30 m por 30 m de resolución del USGS, que proporciona imágenes que abarcan 900 m2, o casi un décimo de hectárea. Esta escala funciona bien para grandes áreas de terreno. No es suficientemente exacta, sin embargo, para proyectos de pequeña escala, porque todo lo que tenga un décimo de hectárea o menos se agrupa en un solo tipo de clasificación de suelo. Una parcela podría ser clasificada como un bosque, por ejemplo, pero ese décimo de hectárea podría tener también un arroyo y humedales. Para maximizar las mejoras en la calidad del agua y los hábitats críticos, hacen falta imágenes de mayor resolución para poder tomar decisiones a nivel de campo sobre dónde vale la pena concentrar los esfuerzos.

Con imágenes aéreas públicamente disponibles del Programa Nacional de Imágenes de Agricultura (NAIP, por su sigla en inglés), en combinación con datos de elevación del suelo de LIDAR (sigla en inglés de Detección y Medición de Distancia por Luz), The Conservancy ha creado juegos de datos tridimensionales de clasificación del suelo con 900 veces más información y un nivel de exactitud de casi el 90 por ciento, comparado con el 78 por ciento para la NLCD. Esta nueva herramienta brinda una imagen mucho más detallada de lo que está ocurriendo en el suelo, identificando puntos donde la contaminación está ingresando en los arroyos y ríos, la altura de las pendientes, y la efectividad de las mejores prácticas de gestión (Best Management Practices, o BMP), como sistemas de biofiltración, jardines de lluvia y amortiguadores forestales. 

“Podemos convertir las imágenes vírgenes en un paisaje clasificado, y estamos entrenando a la computadora para que vea lo mismo que los seres humanos al nivel del terreno”, incluso identificando plantas individuales, dice Jeff Allenby, Director de Tecnología de Conservación, quien fue contratado en 2012 para aprovechar la tecnología para estudiar, conservar y restaurar la cuenca. En 2013, una subvención de US$25.000 del Consejo de Industrias de Tecnología Informática (ITIC) permitió a Allenby comprar dos computadoras poderosas para comenzar el trabajo de trazar mapas digitales. Con el respaldo del Programa de la Bahía de Chesapeake, su equipo de ocho expertos en sistemas de información geográfica (SIG) ha creado un sistema de clasificación para la cuenca de la Bahía de Chesapeake con 12 categorías de cubierta de suelo, como superficies impermeables, humedales, vegetación de baja altura y agua. También está incorporando información de zonificación de los usos del suelo provista por el Programa de la Bahía de Chesapeake. 

El potencial de la tecnología

El trazado de mapas de precisión “tiene el potencial de transformar la manera de ver y analizar sistemas de suelo y agua en los Estados Unidos”, dice James N. Levitt, Gerente de Programas de Conservación de Suelo del Departamento de Planificación y Forma Urbana del Instituto Lincoln, que está respaldando el desarrollo tecnológico de The Conservancy con una subvención de US$50.000. “Nos ayudará a mantener la calidad del agua y los hábitats críticos, y ubicar las áreas donde las actividades de restauración pueden tener el mayor impacto sobre el mejoramiento de la calidad del agua”. Levitt dice que la tecnología permite convertir fuentes de contaminación “no puntuales”, o sea difusas e indeterminadas, en fuentes “puntuales” identificables específicas sobre el terreno. Y ofrece un gran potencial de uso en otras cuencas, como la de los sistemas de los ríos Ohio y Mississippi, los que, como la cuenca de Chesapeake, también tienen grandes cargas de escurrimiento contaminado de aguas de tormenta debido a actividades agrícolas. 

Es un momento propicio para hacer crecer la tecnología de conservación en la región de Chesapeake. En febrero de 2016, la Corte Suprema de los EE.UU. decidió no innovar en un caso que disputaba el plan de la Asociación de la Bahía de Chesapeake para restaurar plenamente la bahía y sus ríos de marea, para poder volver a nadar y pescar en ellos para 2025. Esta decisión de la Corte Suprema dejó en su lugar un dictamen de la Corte de Apelación del 3.er Circuito de los EE.UU. que confirmó el plan de aguas limpias y mayores restricciones sobre la carga máxima total diaria, o el límite de contaminación permisible de sustancias como nitrógeno y fósforo. Estos nutrientes, que se encuentran en los fertilizantes agrícolas, son los dos contaminantes principales de la bahía, y son tenidos en cuenta bajo las normas federales de calidad del agua establecidas en la Ley de Agua Limpia. El dictamen también permite a la EPA y a agencias estatales imponer multas a aquellos que contaminan y violan las reglamentaciones. 

La calidad del agua de la Bahía de Chesapeake ha mejorado desde su fase de mayor contaminación en la década de 1980. Las modernizaciones y la explotación más eficiente de las plantas de tratamiento de aguas servidas han reducido la cantidad de nitrógeno que ingresa en la bahía en un 57 por ciento, y el fósforo en un 75 por ciento. Pero los estados de la cuenca siguen violando las regulaciones de agua limpia y el aumento del desarrollo urbano exige una evaluación constante y una reducción de la contaminación en el agua y hábitats críticos.

Proyecto piloto núm. 1: El río Chester

The Conservancy completó una clasificación de suelo de alta resolución y análisis de escurrimiento de aguas de tormenta para toda la cuenca del río Chester, en la costa oriental de Maryland, con financiamiento de las Campañas de Energía Digital y Soluciones de Sostenibilidad de ITIC. Isabel Hardesty es la cuidadora del río Chester, de 100 km de largo, y trabaja con la Asociación del río Chester, con asiento en Chestertown, Maryland. (“Cuidadora de río” es el título oficial de 250 individuos en todo el mundo que son los “ojos, oídos y voz” de un cuerpo de agua.) El análisis de The Conservancy ayudó a Hardesty y su personal a comprender dónde fluye el agua a través del terreno, dónde serían más efectivos las BMP y qué corrientes fluviales degradadas sería mejor restaurar. 

Dos tercios de la cubierta del suelo en la cuenca del río Chester son cultivos en hilera. Los agricultores de estos cultivos frecuentemente usan fertilizante en forma uniforme en todo el campo, y el fertilizante se escurre con las aguas de tormenta de todo el predio. Esto se considera contaminación no puntual, lo cual hace más difícil identificar el origen exacto de los contaminantes que fluyen a un río, comparado, por ejemplo, con una pila de estiércol. El equipo de The Conservancy trazó un mapa de toda la cuenca del río Chester, identificando dónde llovió en el terreno y dónde fluyó el agua.  

“A simple vista se puede mirar un campo y ver dónde fluye el agua, pero este análisis es mucho más científico”, dice Hardesty. El mapa mostró la trayectoria del flujo de agua en toda la cuenca, en rojo, amarillo y verde. El color rojo identifica un mayor potencial de transporte de contaminantes, como las trayectorias de flujo sobre superficies impermeables. El color verde significa que el agua está filtrada, como cuando fluye a través de humedales o un amortiguador forestal, reduciendo la probabilidad de que transporte contaminantes. El amarillo es un nivel intermedio, que indica que podría ser uno u otro. El análisis se tiene que “comprobar en la realidad”, dice Hardesty, o sea que el equipo usa análisis SIG a nivel de cada granja para confirmar lo que está ocurriendo en un campo específico.  

“Somos una organización pequeña y tenemos relaciones con la mayoría de los agricultores de la zona”, dice Hardesty. “Podemos mirar una parcela de terreno y saber qué prácticas está usando el agricultor. Nos hemos comunicado con nuestros terratenientes y colaborado con ellos en sus predios; así sabemos dónde pueden entrar contaminantes a los arroyos. Cuando nos enteramos de que un agricultor en particular quiere poner un humedal en su granja, su uso del suelo y el análisis de flujo de agua nos ayuda a determinar qué tipo de BMP tenemos que usar y dónde tiene que estar ubicado”. El valor de elaborar mapas de precisión para la Asociación del Río Chester, dice Hardesty, ha sido “poder darse cuenta que el mejor lugar para colocar una solución de intercepción de agua es donde sea mejor para el agricultor. En general, esta es una parte bastante poco productiva de la granja”. Dice que en general los agricultores están contentos de poder trabajar con ellos para resolver el problema.

La Asociación del Río Chester también está desplegando tecnología para usar los recursos de modo más estratégico. La organización tiene un programa de monitorización de agua y ha recolectado datos sobre la cuenca por muchos años, que el equipo de The Conservancy ha analizado para clasificar los arroyos de acuerdo a su calidad de agua. La asociación ha hecho ahora análisis SIG que muestra los trayectos de flujo para todas las subcuencas de arroyos, y está creando un plan estratégico para guiar los esfuerzos futuros de limpieza de los arroyos con la peor calidad del agua. 

Proyecto piloto núm. 2: Herramienta de informe de BMP del Consorcio de Aguas de Tormenta del Condado de York

En 2013, The Conservancy y otras contrapartes principales lanzaron el programa Envision the Susquehanna (Vislumbrar el Susquehanna) para mejorar la integridad ecológica y cultural del paisaje y la calidad de vida a lo largo del río Susquehanna, desde su cabecera en Cooperstown, Nueva York, hasta su descarga en la Bahía de Chesapeake en Havre de Grace, Maryland. En 2015, The Conservancy seleccionó el programa para su proyecto piloto de datos en el condado de York, Pensilvania.

Pensilvania ha tenido problemas para demostrar progreso en la reducción del escurrimiento de nitrógeno y sedimento, sobre todo en los lugares donde las aguas de tormenta urbanas ingresan en los ríos y arroyos. En 2015 la EPA anunció que iba a retener US$2.9 millones de fondos federales hasta que el estado pudiera articular un plan para alcanzar sus metas. En respuesta, el Departamento de Protección Ambiental de Pensilvania publicó su Estrategia de restauración de la Bahía de Chesapeake para aumentar el financiamiento de proyectos de aguas de tormenta locales, verificar el impacto y los beneficios de BMP locales, y mejorar la contabilidad y recolección de datos para supervisar su efectividad. 

El condado de York creó el Programa de Reducción de Contaminación de la Bahía de Chesapeake – Condado de York para coordinar los informes sobre proyectos de limpieza. La tecnología de mapas de precisión de The Conservancy ofreció una oportunidad perfecta para un proyecto piloto: En la primavera de 2015, la Comisión de Planificación del Condado de York y The Conservancy comenzaron a colaborar para mejorar el proceso de selección de los proyectos de BMP para escurrimiento de aguas de tormenta urbana, que cuando se combinan con un aumento de los emprendimientos inmobiliarios, constituyen la amenaza de mayor crecimiento en la Bahía de Chesapeake. 

La comisión de planificación seleccionó el proceso de propuesta anual de BMP de 49 de las 72 municipalidades reguladas como “sistemas de alcantarillado de aguas de tormenta municipales separados”, o MS4, por su sigla en inglés. Estos son sistemas de aguas de tormenta requeridos por la Ley de Agua Limpia federal para recolectar el escurrimiento contaminado que de lo contrario fluiría a las vías fluviales locales. La meta de la comisión era normalizar el proceso de presentación y revisión de proyectos. El condado descubrió que las reducciones de carga calculadas no eran correctas en varias municipalidades, porque no contaban con el personal necesario para recolectar y analizar los datos, o usaron una variedad de fuentes de datos distintas. Por consiguiente, a la comisión le resultó difícil identificar, comparar y elaborar prioridades para identificar los proyectos más efectivos y económicos para alcanzar las metas de calidad de agua.

Cómo usar la herramienta de informe de BMP del Consorcio de Aguas de Tormenta del Condado de York

Para usar la herramienta en línea, los usuarios seleccionan un área de proyecto propuesta, y la herramienta genera automáticamente un análisis de la cubierta del suelo de alta resolución para toda el área de drenaje del proyecto. La herramienta integra estos datos de alta resolución, por lo que los usuarios pueden evaluar cómo sus proyectos podrían interactuar con el paisaje. Los usuarios también pueden comparar proyectos potenciales de manera rápida y fácil, y después revisar y presentar propuestas de proyectos con el mayor potencial para mejorar la calidad del agua. Los usuarios después pueden ingresar la información del proyecto en un modelo de reducción de carga de nutrientes/sedimentos llamado Herramienta de escenario de evaluación de instalaciones de la Bahía, o BayFAST. Los usuarios ingresan información adicional sobre el proyecto, y la herramienta inserta los datos geográficos. El resultado es un informe simple de una página en formato PDF que reseña los costos estimados del proyecto por libra de nitrógeno, fósforo y reducción de sedimento. Puede usar la herramienta en: http://chesapeakeconservancy.org/apps/yorkdrainage.

The Conservancy y la comisión de planificación colaboraron para elaborar una Herramienta de informe de BMP del Consorcio de Aguas de Tormenta del Condado de York de fácil utilización (recuadro, pág. 14), que permite comparar distintos métodos de restauración y cambio en el uso del suelo, y analizarlos antes de ponerlos en práctica. The Conservancy, la comisión y los miembros del personal municipal colaboraron sobre una plantilla uniforme de propuestas y recolección de datos, y optimizaron el proceso con los mismos juegos de datos. Después, The Conservancy capacitó a algunos profesionales SIG locales para que ellos a su vez pudieran proporcionar asistencia técnica a otras municipalidades. 

“Se puede usar en forma fácil y rápida”, explica Gary Milbrand, CFM, el ingeniero SIG y Director de Informática de la Municipalidad de York, quien proporciona asistencia técnica de proyecto a otras municipalidades. Anteriormente, dice, las municipalidades típicamente gastaban entre US$500 y US$1.000 en consultores para analizar sus datos y crear propuestas e informes. La herramienta de informe, dice, “nos ahorra tiempo y dinero”.

La comisión requirió a todas las municipalidades reguladas que presentaran sus propuestas de BMP usando la nueva tecnología para el 1 de julio de 2016, y las propuestas de financiamiento se seleccionarán a fines de este otoño. Las contrapartes dicen que las municipalidades están más involucradas en el proceso de describir cómo sus proyectos están funcionando en el entorno, y esperan ver proyectos más competitivos en el futuro. 

“Por primera vez podemos hacer una comparación cuantitativa”, dice Carly Dean, gerente de proyecto de Envision the Susquehanna. “El solo hecho de poder visualizar los datos permite que el personal municipal analice cómo interactúan sus proyectos con el terreno, y por qué el trabajo que están realizando es tan importante”. Dean agrega: “Sólo estamos empezando a escarbar la superficie. Pasará un tiempo hasta poder darnos cuenta de todas las aplicaciones potenciales”.

Integración de datos de la cubierta del suelo y el uso del suelo a nivel de parcela 

El equipo de Conservación también está trabajando para superponer datos de cubierta de suelo con los datos de condado a nivel de parcela, para proporcionar más información sobre cómo se está usando el suelo. La combinación de imágenes satelitales de alta resolución y datos del uso del suelo del condado a nivel de parcela no tiene precedentes. Los condados construyen y mantienen bases de datos a nivel de parcela en todos los Estados Unidos utilizando información como registros tributarios y de propiedad. Alrededor de 3.000 de los 3.200 condados han digitalizado estos registros públicos. Pero aun así, en muchos de estos condados los registros no se han organizado y normalizado para el uso del público, dice McCarthy.

La EPA y un equipo de USGS en Annapolis han estado combinando datos de la cubierta de suelo de un metro de resolución con datos del uso del suelo para los seis estados de Chesapeake, para brindar una vista amplia a nivel de cuenca que al mismo tiempo proporcione información detallada sobre el suelo desarrollado y rural. Este otoño, el equipo incorporará los datos del uso del suelo y la cubierta del suelo de cada ciudad y condado, y realizará ajustes para confirmar que los datos de los mapas de alta resolución coincidan con los datos a escala local. 

Los datos actualizados del uso del suelo y la cubierta del suelo se cargarán luego en el Modelo de la Cuenca de la Bahía de Chesapeake, un modelo de computadora que se encuentra actualmente en el nivel 3 de sus 4 versiones de pruebas beta de producción y revisión. Las contrapartes estatales y municipales, distritos de conservación y otras contrapartes de la cuenca han revisado cada versión y sugerido cambios en función de su experiencia de mitigación de aguas de tormenta, modernizaciones de tratamiento de aguas y otras BMP. Los datos detallarán, por ejemplo, el desarrollo de uso mixto, distintos usos del suelo agrícola para cultivos, alfalfa y pastura; y mediciones tales como la producción de fruta o verduras del suelo. Aquí es donde la conversión de la cubierta del suelo al uso del suelo es útil para ayudar a especificar las tasas de carga de contaminación.

“Queremos un proceso muy transparente”, dice Rich Batiuk de la EPA, director asociado de ciencia, análisis e implementación del Programa de la Bahía de Chesapeake, señalando que los datos combinados de la cubierta del suelo y el uso del suelo se podrán acceder en línea sin cargo. “Queremos miles de ojos sobre los datos de uso y cubierta del suelo. Queremos ayudar a las contrapartes estatales y locales con datos sobre cómo lidiar con bosques, llanuras de inundación, arroyos y ríos. Y queremos mejorar el producto para poder obtener un modelo de simulación de políticas de control de la contaminación en toda la cuenca”. 

Ampliación del trabajo y otras aplicaciones

A medida que la tecnología se refina y es utilizada más ampliamente por las contrapartes de la cuenca, The Conservancy espera poder crear otros juegos de datos, ampliar el trabajo a otras aplicaciones, y realizar actualizaciones anuales o bianuales para que los mapas sean siempre un reflejo de las condiciones reales. “Estos datos son importantes como una línea de base, y veremos cuál es la mejor manera de evaluar los cambios que se producen con el tiempo”, dice Allenby.

Las contrapartes de la cuenca están discutiendo aplicaciones adicionales para los juegos de datos de un metro de resolución, desde actualizar los mapas de emergencia/911, a proteger especies en extinción, a desarrollar servidumbres y comprar suelo para organizaciones de conservación. Más allá de la Bahía de Chesapeake, el trazado de mapas de precisión podría ayudar a realizar proyectos a escala de continente. Es el símil para la conservación de la agricultura de precisión, que permite determinar, por ejemplo, dónde se podría aplicar un poco de fertilizante para maximizar el beneficio para las plantas. Cuando se combinan estos dos elementos, la producción de alimentos puede crecer y reducir al mismo tiempo el impacto medioambiental de la agricultura. La tecnología también podría ayudar con prácticas de desarrollo más sostenible, el aumento del nivel del mar, y la resiliencia.

Mucha gente creyó que una pequeña organización sin fines de lucro no podía encarar este tipo de análisis, dice Allenby, pero su equipo pudo hacerlo por un décimo del costo estimado. El próximo paso sería poner estos datos del uso del suelo y la cubierta del suelo a disposición del público sin cargo. Pero en este momento eso sería muy oneroso. Los datos necesitan copias de respaldo, seguridad y una enorme cantidad de espacio de almacenamiento. El equipo de The Conservancy está transfiriendo los datos en colaboración con Esri, una compañía de Redlands, California, que vende herramientas de trazado de mapas por SIG, y también Microsoft Research y Hexagon Geospatial. El proceso se ejecuta en forma lineal, un metro cuadrado por vez. En un sistema que se ejecuta en la nube, se puede procesar un kilómetro cuadrado por vez y distribuir a 1.000 servidores por vez. Según Allenby, ello permitiría hacer un mapa a nivel de parcela de los 8,8 millones de kilómetros cuadrados de los EE.UU. en un mes. Sin esta tecnología, 100 personas tendrían que trabajar durante más de un año, a un costo mucho mayor, para producir el mismo juego de datos. 

Los mapas de precisión podrían aportar mucho más detalle a State of the Nation’s Land, un periódico anual en línea de bases de datos sobre el uso y la propiedad del suelo que el Instituto Lincoln está produciendo con PolicyMap. McCarthy sugiere que la tecnología podría responder a preguntas tales como: ¿Quién es el dueño de los Estados Unidos? ¿Cómo estamos usando el suelo? ¿Cómo afecta la propiedad el uso del suelo? ¿Cómo está cambiando con el tiempo? ¿Cuál es el impacto de los caminos desde el punto de vista ambiental, económico y social? ¿Qué cosas cambian después de construir un camino? ¿Cuánto suelo rico para la agricultura ha estado enterrado debajo de los emprendimientos suburbanos? ¿Cuándo comienza a tener importancia? ¿Cuánto suelo estamos despojando? ¿Qué pasa con nuestro suministro de agua?

“¿Puede resolver problemas sociales grandes?”, pregunta McCarthy. Una de las consecuencias más importantes de la tecnología de mapas de precisión sería encontrar mejores maneras de tomar decisiones sobre las prácticas del uso del suelo, dice, sobre todo en la interfaz entre la gente y el suelo, y entre el agua y el suelo. Se necesitan los registros de suelo para usar esta tecnología más eficazmente, lo cual podría presentar un desafío en algunos lugares porque no hay registros, o los que hay no son sistemáticos. Pero es una metodología y tecnología que se puede usar en otros países, dice. “Es un cambio en las reglas del juego, permitiéndonos superponer datos del uso del suelo con datos de la cobertura del suelo, lo cual puede ser increíblemente valioso para lugares de urbanización rápida, como China y África, donde los patrones y cambios se podrán observar sobre el suelo y con el correr del tiempo. Es difícil exagerar su impacto”.

“Nuestro objetivo es usar esta tecnología para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en todo el mundo”, dice McCarthy. “Cuanto más información puedan acceder los planificadores, mejor podrán defender nuestro planeta”. La herramienta se debería compartir con la “gente que quiere usarla con el fin apropiado, de manera que estamos haciendo la propuesta de valor de que este es un bien público que todos debemos mantener”, dice, en forma similar a cómo USGS desarrolló el sistema SIG. 

“Necesitamos la alianza pública-privada apropiada, algo así como un servicio público regulado, con supervisión y respaldo público, que se mantenga como un bien público”. 

Kathleen McCormick, fundadora de Fountainhead Communications, LLC, vive y trabaja en Boulder, Colorado, y escribe frecuentemente sobre comunidades sostenibles, saludables y resilientes.

Crédito: The Chesapeake Conservancy

El reajuste de suelo es un proceso vital pero difícil y prolongado: es una especie de versión retroactiva de planificación de barrios que se desarrollaron informalmente, con viviendas no autorizadas construidas en forma caótica que no dejan espacio para el acceso a calles y pasajes. Según ONU-Hábitat, 863 millones de personas en el mundo vivían en este tipo de asentamientos en 2014, y esta cantidad podría ascender a 3.000 millones para 2050. El borrador acordado de la Nueva agenda urbana para la conferencia Hábitat III en Quito, Ecuador, señala que “la creciente cantidad de moradores de asentamientos precarios e informales” contribuye a los problemas que exacerban la pobreza global y sus riesgos concomitantes, desde la falta de servicios municipales a una mayor amenaza para la salud. 

Pero la evolución tecnológica podría facilitar la revisión de esta disposición orgánica reduciendo el desplazamiento al mínimo y acelerando la absorción de estos barrios en la estructura formal de la ciudad, proporcionando así a los residentes servicios básicos, desde sistemas de alcantarillado y drenaje a acceso en caso de emergencia médica o de incendio. Una de las herramientas más prometedoras es Open Reblock, una plataforma que se encuentra actualmente en su fase piloto alrededor de Ciudad del Cabo, Sudáfrica y Mumbai, India. El proyecto nació de una colaboración entre Shack/Slum Dwellers International (SDI, que trabaja directamente con una red de comunidades urbanas pobres en 33 países), el Instituto Santa Fe (SFI, una organización sin fines de lucro de investigación y educación) y la Universidad Estatal de Arizona. 

SDI se ha involucrado desde hace tiempo en el “retrazado” de base, esencialmente otra manera de caracterizar el proceso de reajuste de suelo. Luis Bettencourt, un profesor de sistemas complejos en el Instituto Santa Fe, explica que su grupo, que se enfoca en las “ciudades como sistemas”, comenzó a trabajar con SDI hace algunos años. Se produjo una convergencia útil del pensamiento de alto nivel basado en estadísticas y datos del grupo de SFI con los “relevamientos” utilizados por SDI sobre el terreno para trabajar con las comunidades de asentamientos informales. 

Los esfuerzos de retrazado de asentamientos de SDI se realizan con mucho cuidado. Los residentes participaron en forma directa en el proceso de diagramación del barrio, usando papel y lápiz. Después se reunieron en juntas comunitarias, usando modelos de papel de cada estructura local colocados sobre el mapa, y comenzaron a reubicarlos para hacer lugar a nuevos pasajes y calles. Si bien esta colaboración activa fue profundamente beneficiosa, se puede decir que esta metodología analógica no se caracterizó por su rapidez. 

En años recientes, la tecnología digital cada vez más accesible facilitó este proceso, dijo la secretaria de SDI, Anni Beukes. El grupo usa ahora una herramienta de sistema de información geográfica (SIG) para delinear el mapa del barrio y los servicios básicos disponibles, y después usa una herramienta separada para realizar relevamientos más detallados a nivel de hogar y medidas precisas de cada estructura. Dada la amplia disponibilidad de teléfonos móviles y tabletas, el proceso es abierto y depende, en efecto, de la participación directa de los residentes. 

Enrique R. Silva, un becario de investigación y asociado sénior de investigación en el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, señala que se están usando herramientas de relevamiento similares alrededor del mundo. “Uno puede hacer un mapa de algo en forma casi instantánea”, dice, y los miembros de la comunidad participan en este proceso. Apunta a los esfuerzos, con respaldo del Instituto Lincoln y otros, que utilizan dispositivos “baratos y universales” y herramientas de crowd-sourcing para alcanzar metas similares en América Latina. 

Un mapa maestro disponible en forma digital también crea nuevas posibilidades. Un ejemplo es Open Reblock. Utiliza un algoritmo exclusivo para leer un mapa digital de un asentamiento informal y proponer la estrategia que, desde su punto de vista, es óptima para rediseñarlo. (El algoritmo está escrito para priorizar las calles y estructuras existentes, haciéndose eco del objetivo tradicional de minimizar el desplazamiento.) Este proceso sólo toma unos minutos, cuanto mucho. 

“Cuando se lo mostré por primera vez a nuestras comunidades, se quejaron de que les estaba sacando los modelos hechos en papel”, dice Beukes, riéndose. No estaban equivocados . . . pero no estaban realmente protestando. 

Pero lo que produce Open Reblock no tiene como objetivo ser una directiva estricta o una propuesta final. Los miembros de la comunidad pueden ajustar los resultados basados en su conocimiento directo y sus preocupaciones. Es más, Open Reblock depende de dicha participación, creando una realidad compartida donde la gente puede jugar y crear su futura realidad, dice Bettencourt. “Es básicamente una herramienta de planificación municipal, a nivel de un barrio”. Al ofrecer una “prueba de demostración y un punto inicial” para las negociaciones, agrega, y acelera radicalmente uno de los pasos más difíciles del proceso. 

Beukes dice que los participantes en los programas piloto han reaccionado con entusiasmo ante las nuevas posibilidades de este sistema. Entre otros factores: También significa que un plan final tendrá una forma más adecuada, para que funcionarios municipales puedan responder más fácilmente, y asegura que todas las partes estén viendo (y debatiendo) los mismos datos geoespaciales y esquemas de planificación. “Es una plantilla para iniciar la discusión”, agrega Bettencourt, “donde literalmente todos están mirando el mismo mapa”. 

Gracias a una subvención de Open Ideo, el equipo de Bettencourt y SDI están trabajando para mejorar el diseño de la interfaz de Open Reblock, aprovechando las observaciones de los participantes comunitarios de Cabo de Hornos y Mumbai. Todo el proyecto está siendo creado con código abierto (disponible en Github), tanto para alentar mejoras por parte de cualquier persona que se quiera involucrar como para facilitar versiones más completas para uso más masivo y universal en el futuro. 

Por supuesto, el proyecto no es una solución mágica. Los reajustes de suelo pueden ser contenciosos, y Silva apunta que todavía se tienen que resolver temas importantes sobre el valor de la propiedad de cada morador a un nivel más individual y humano. Bettencourt y Beukes están de acuerdo en que Open Reblock es un suplemento y no un sustituto de los procesos existentes. 

De todas maneras, Bettencourt apunta a las cifras de ONU-Hábitat para especular que puede haber un millón de barrios alrededor del mundo que necesitan un retrazado. “Es un número increíble”, dice. Y confirma la opinión de los observadores de que este esfuerzo es algo casi imposible, sobre todo cuando el proceso se va prolongando con cada caso individual. 

Pero desde la perspectiva de un tecnólogo, esto puede ser menos intimidatorio. Basta con pensar en las herramientas de confección de mapas y recolección de datos que han emergido en años recientes, como un paso inicial que extiende el trabajo de larga data de SDI y otros. Open Reblock es simplemente una iteración más en esa trayectoria. “Creo que tenemos todos los ingredientes, pero tenemos que empezar a ejecutar”, dice Bettencourt. “Si además contamos con un sistema para capturar datos y generar propuestas, esto es un gran paso adelante. No genera el cambio, pero ayuda”. 

Rob Walker (robwalker.net) es contribuyente de Design Observer y The New York Times.

Folleto | Datos del mapa © OpenStreetMap contribuyentes,​ CC-BY-SA, Imagery © Mapbo

Durante años, pareció que el próximo adelanto importante en cuanto al transporte público en la ciudad suburbana de Altamonte Springs, Florida, sería un programa innovador denominado FlexBus. En lugar de recorrer rutas fijas, estos autobuses responderían a las demandas de los kioscos ubicados en centros de actividad específicos. Este sistema era, en palabras del administrador municipal Frank Martz, “el primer proyecto de transporte a demanda desarrollado en los Estados Unidos”. Algunos incluso se referían a este sistema como “el Uber para el tránsito”.

Lamentablemente, no funcionó. El operador regional de autobuses que gestionaba el proyecto perdió el financiamiento federal clave que requería el sistema, por lo que Altamonte Springs tuvo que buscar una nueva solución. Tal como expresa Martz, “en lugar de enojarnos, decidimos resolver el problema, ya que todavía teníamos que brindarles un servicio a nuestros residentes”.

Esta vez, los funcionarios se decidieron por Uber. La primavera pasada, el suburbio de Orlando anunció que se asociaría directamente con la firma de transporte compartido y subsidiaría a los ciudadanos que optaran por usar dicho servicio en lugar de sus propios automóviles, especialmente para viajes hacia las estaciones de ferrocarril regionales que conectan a los centros de población alrededor del condado de Seminole. Este programa piloto ha tenido una aceptación popular lo suficientemente buena, por lo que otros municipios dentro del área ya han lanzado programas similares.

Casi todo lo que oímos acerca de la relación entre los municipios y los emprendimientos de transporte compartido implica contiendas. Para la época en que Altamonte Springs comenzó su programa piloto, un enfrentamiento sobre detalles normativos en Austin, Texas, dio como resultado que Uber y su principal competencia, Lyft, dejaron de prestar servicios en esa ciudad. Sin embargo, Altamonte Springs es un ejemplo de cómo algunas ciudades, planificadores y académicos están intentando encontrar oportunidades dentro de la creciente importancia y popularidad del transporte compartido. El Laboratorio Senseable City del MIT ha trabajado con Uber; y el Centro de Investigación para la Sostenibilidad del Transporte de la Universidad de California en Berkeley y otras instituciones han estado estudiando los datos relacionados con el transporte compartido, con un enfoque en sus efectos sobre el transporte público. Además, el pasado marzo, la Asociación de Transporte Público de los Estados Unidos divulgó un estudio en el que se evaluaba la manera en que los nuevos servicios pueden ser un complemento a las formas más familiares de “movilidad compartida”, y se sugerían diferentes formas en que las agencias podían “promover una cooperación útil entre los proveedores de transporte público y privado”.

“Todo se reduce a la forma en que el nuevo sistema interactúa con el sistema tradicional existente”, opina Daniel Rodríguez, fellow del Instituto Lincoln y profesor de planificación en la Universidad de Carolina del Norte, quien además ha estudiado las innovaciones en el transporte en América Latina y los Estados Unidos. Rodríguez espera que surjan aun más experimentos a medida que las ciudades hacen todo lo posible para ver cómo “los usuarios de Uber pueden complementar la infraestructura existente”.

Y esto describe casi en su totalidad una de las primeras motivaciones del programa piloto de Uber en Altamonte Springs: el servicio, según Martz, era una opción que ya existía y que no requería ninguno de los compromisos de tiempo y dinero asociados a una iniciativa de transporte típica. “El enfoque no podía ni debía ponerse en la infraestructura”, observa Martz. “Debíamos centrarnos en el comportamiento humano”. En otras palabras, los servicios de transporte compartido ya responden a la demanda que el mercado demuestra tener; entonces ¿cómo podría la ciudad aprovechar dicha tendencia?

La respuesta fue ofrecer un subsidio a los usuarios del municipio: la ciudad pagaría el 20 por ciento del costo de cualquier viaje dentro de la ciudad, y el 25 por ciento del costo de cualquier viaje desde o hacia las estaciones de Sun Rail, el sistema de ferrocarril suburbano de la región. Los usuarios sólo tienen que ingresar un código que funciona en conjunto con la tecnología geofencing (segmentación geográfica) de Uber para confirmar la elegibilidad geográfica, la tarifa se reduce según lo que corresponda, y el municipio continuamente cubre la diferencia. “Es un tema de conveniencia para el usuario”, indica Martz, aunque hace hincapié en un tema más importante que la facilidad de pago. En lugar de crear sistemas a los que los ciudadanos respondan, tal vez sea mejor intentar un sistema que responda a los ciudadanos en donde se encuentran, y que se adapte en tiempo real a medida que cambian de lugar.

Queda por ver si este sistema funcionará a largo plazo, pero, como experimento, los riesgos son bastante bajos. Martz ha estimado un costo anual para el municipio de aproximadamente US$100.000 (el costo del proyecto anterior del FlexBus era de US$1.500.000). Aunque el plan piloto sólo lleva unos pocos meses en marcha, Martz observa que, a nivel del municipio, Uber se utiliza diez veces más que antes, razón por la cual otros municipios vecinos, tales como Longwood, Lake Mary, Sanford y Maitland, se han sumado al proyecto o han anunciado sus planes para hacerlo. “Estamos creando un grupo de trabajo entre nuestras ciudades”, agrega Martz, con el objetivo de gestionar la congestión del tránsito y ver “cómo conectar nuestras ciudades”.

Tal como lo indica Rodríguez, sólo las implicaciones en cuanto al uso del suelo, tanto a corto como a largo plazo, son convincentes de por sí. En cuanto al día a día, la posibilidad de tener un transporte compartido económico para, por ejemplo, ir al médico, acudir a reuniones en la escuela o realizar trámites similares reduce la demanda de espacios de estacionamiento. A un nivel más amplio, este sistema aprovecha las opciones que ya existen, en lugar de tener que diseñar proyectos con un uso más intensivo del suelo que pueden llevar años de planificación e implementación.

En un sentido, el experimento se encuadra dentro de una tendencia mucho más amplia de buscar innovaciones de transporte específicas. Rodríguez ha estudiado varios experimentos, desde sistemas de autobús ideados en forma local hasta tranvías por encima del nivel del suelo en América Latina que complementaban los sistemas existentes, en lugar de construir sistemas nuevos. Rodríguez señala además que, aunque, a primera vista, el concepto de asociarse con un servicio de transporte compartido pueda parecer que funciona solo en municipios pequeños que carecen de un sistema realista de tránsito masivo, este proyecto podría funcionar realmente bien en ciudades más grandes. Por ejemplo, tenemos el caso de São Paulo, Brasil, que ofrece lo que el suplemento CityLab de la revista The Atlantic ha dado en llamar “el mejor plan que existe para tratar con Uber”: en esencia, subastar créditos, disponibles tanto para los servicios de taxi existentes como para los emprendimientos de transporte compartido, para realizar viajes por una cantidad específica de kilómetros en un tiempo determinado. Los detalles normativos (diseñados, en parte, por Ciro Biderman, ex fellow del Instituto Lincoln) tienen por fin brindarle opciones a la ciudad, a la vez que atraen y explotan la demanda del mercado, en lugar de intentar darle forma.

Esta idea se condice con la postura amplia de Martz, quien se pregunta, “¿Por qué el sector público debe enfocarse en una infraestructura que era aceptada por los usuarios de hace 40 años?” Aunque de inmediato observa que esta forma de pensamiento en cuanto a las políticas se encuentra alineada en gran medida con las posturas que promueven los libres emprendimientos en un “condado muy republicano”, Martz también insiste en que el apoyo político municipal al plan ha cruzado los límites partidarios. Y lo que resulta más significativo es que esta solución, según Martz, permite que la ciudad se adapte mucho más fácilmente a los cambios tecnológicos que se van dando. La opción de compartir el vehículo parece ser una posibilidad lógica, y se sabe que Uber y otras empresas tecnológicas están barajando la posibilidad de utilizar vehículos sin conductor, que podrían incluso ser más eficientes. Martz no lo expresa abiertamente, pero si Uber se ve “afectado” por una solución más eficiente, asociarse con una firma nueva sería mucho más fácil que rehacer un proyecto de varios años en toda la región. “Dejemos que ganen las fuerzas del mercado”, sugiere Martz.

Por supuesto que, tal como indica Rodríguez, todo este sistema se encuentra aún en una etapa muy experimental, y la aceptación total de un sistema de transporte compartido puede también traer efectos negativos: obviamente el sistema se centra en los automóviles, por lo que no es necesariamente económico para un amplio sector de la población en muchas ciudades, incluso teniendo en cuenta el 20 por ciento de descuento. Además, la posibilidad de viajar mayores distancias a un costo más bajo ha sido uno de los factores principales de la expansión urbana descontrolada. “Esto podría representar un paso más en esa dirección”, observa Rodríguez.

Sin embargo, esta combinación de incertidumbres y posibilidades es exactamente la razón por la que vale la pena ocuparse de medidas que acepten a los emprendimientos de transporte compartido en lugar de enfrentarse a los mismos. “Por el momento, no existe una respuesta correcta; todavía estamos investigando el tema”, advierte Rodríguez. Aun así, los sistemas como Uber de hecho ofrecen un atributo que aquellos que desean experimentar cosas nuevas no pueden negar: “Es tangible, y se sabe que funciona”, concluye Rodríguez. 

Rob Walker (robwalker.net) es colaborador de Design Observer y The New York Times.