Poco después de comenzar su mandato en 2022, el alcalde de Atlanta, Andre Dickens, hizo el tipo de promesa que los votantes no suelen olvidar: se comprometió a abrir paso a 20.000 nuevas viviendas dentro de los límites de la ciudad para 2030, en el contexto de un rápido aumento de los alquileres y los precios de las viviendas.

Con la presión encima, una de las primeras medidas que tomó Dickens fue formar un grupo de trabajo en materia de vivienda para investigar parcelas y propiedades pertenecientes la ciudad. El alcalde lo consideró la ruta más rápida para poner manos a la obra, con el beneficio adicional de que sería más barato construir en estas parcelas, ya que el suelo, que casi siempre es el elemento más caro del proceso de construcción, ya estaba incluido.

El equipo del alcalde también estableció un centro de ayuda para la vivienda, simplificó los permisos, puso a disposición de los emprendedores inmobiliarios diferentes tipos de financiamiento y creó un programa de prevención de desalojos para ayudar a detener la ola de falta de hogares. Sin embargo, los más de 50 sitios y 217 hectáreas que se identificaron, que van desde escuelas cerradas hasta tierras y propiedades de MARTA, el sistema de transporte público de la ciudad, permitieron que la ciudad aprovechara la ventaja especial que proporciona la propiedad pública. “Los esfuerzos de desarrollo de capacidades están dando sus frutos en la forma de un vehículo sofisticado y colaborativo para desarrollar viviendas para familias de ingresos mixtos, ancladas en la comunidad, en suelo de propiedad pública”, comentó Dickens.

La estrategia de Atlanta es parte de un movimiento nacional para hacer un mejor uso del suelo propiedad del gobierno. Y la cantidad de suelo que se incluye (terrenos infrautilizados, como baldíos, lotes de estacionamiento abandonadas o edificios fuera de servicio, propiedad de entidades que van desde distritos escolares hasta autoridades de vivienda) no es insignificante. Según el Centro de Soluciones Geoespaciales (CGS, por su sigla en inglés), en todo el país, sería factible construir en más de 93.077 hectáreas de suelo de propiedad municipal con acceso al transporte público. Eso es más que la superficie total de la ciudad de Nueva York.

El análisis de tierras locales, estatales y federales del CGS encontró un total de 111.694 hectáreas de suelo de propiedad gubernamental donde podría construirse en áreas urbanas con acceso al transporte público e infraestructura existente. Este suelo podría albergar casi 7 millones de viviendas nuevas a una densidad modesta, según el CGS, que forma parte del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. Un destacado comentarista de asuntos urbanos calificó el potencial de estas tierras como una solución “escondida a plena vista”.

Para alentar a las comunidades de los EUA a identificar suelo de propiedad pública que podría utilizarse para mejoras de vivienda o medioambiente, el Instituto Lincoln lanzó una iniciativa llamada Community Land for Community Benefits (“Suelo de la comunidad para beneficio de la comunidad”).  “Las tierras públicas desempeñan un rol clave a la hora de abordar la capacidad de pago de la vivienda, pero los gobiernos locales necesitan apoyo para permitir la transformación”, indicó George W. McCarthy, presidente y director ejecutivo del Instituto Lincoln. “La campaña Community Land ayudará a los responsables de formular políticas y a sus socios a identificar y aprovechar el suelo de propiedad pública”.

Se calcula que se deben construir entre seis y ocho millones de viviendas nuevas para superar las restricciones en la oferta que contribuyen al aumento de los costos habitacionales, según análisis de fuentes como Freddie Mac, Zillow, Goldman Sachs y McKinsey. La ventaja de desarrollar o redesarrollar suelo de propiedad pública es que el gobierno puede dictar los términos de uso y garantizar que cualquier vivienda que se construya sea permanentemente asequible. Alquilar el suelo o entregarlo a un desarrollador sin fines de lucro también puede tener el efecto de mantener bajos los costos generales. “La capacidad de pago del suelo es el mayor obstáculo para la vivienda asequible”, explica McCarthy. “Si un emprendedor inmobiliario tiene que comprar tierras a precio de mercado, eso elimina, de forma casi automática, la posibilidad de construir viviendas asequibles. El costo del suelo será demasiado alto para que esto funcione”.

A medida que los gobiernos hacen un inventario de los terrenos de propiedad pública, surge una serie de otras opciones para la construcción de nuevas viviendas, en suelo con distintos regímenes de tenencia y propiedad: terrenos comerciales con mal rendimiento, como un centro comercial en quiebra; estacionamientos privados infrautilizados; terrenos que son propiedad de empresas ferroviarias de carga o de pasajeros; corrales de ganado; y terrenos que son propiedad de comunidades tribales o instituciones religiosas, que, por diversas razones, buscan vender sus activos inmobiliarios en la actualidad. (Obtenga más información sobre el movimiento para construir viviendas en tierras de propiedad religiosa).

A menudo, las instituciones cívicas como universidades, hospitales y fundaciones comunitarias también son propietarias de grandes extensiones de tierra y, además, tienen una misión orientada a la comunidad. Un esfuerzo coordinado para mapear estas hectáreas, a través de jurisdicciones e instituciones cívicas concurrentes, puede orientar las iniciativas destinadas a abordar la asequibilidad de la vivienda y la resiliencia ante el cambio climático, mientras revela oportunidades potenciales para obtener parcelas más grandes y contiguas a partir de parcelas fragmentadas.

A continuación, se incluye un desglose de la tierra de propiedad gubernamental con acceso a transporte público por categoría (federal, estatal y local), que comienza con suelo bajo el control de los municipios, que es, con amplia diferencia, el segmento más grande de la propiedad pública.

LOCAL: más de 95.000 hectáreas

Varias ciudades, grandes y pequeñas, se unen a Atlanta para valuar sus activos inmobiliarios, determinar cómo podrían usarse y avanzar con los proyectos. En el sector de Morgan Park, en Chicago, 11 baldíos de propiedad de la ciudad se están reurbanizando para viviendas, como parte de la Iniciativa de viviendas intermedias faltantes de la ciudad. Una base de datos de baldíos de propiedad de la ciudad revela que hay 7.000 más.

De manera similar, en Detroit, donde la alcaldesa Mary Sheffield firmó una orden ejecutiva para destinar todos los ingresos por la venta de propiedades comerciales de la ciudad al fondo fiduciario de desarrollo y preservación de viviendas asequibles, se está examinando el estado de 100.000 parcelas vacías, la mayoría de las cuales son propiedad de la ciudad, según la organización sin fines de lucro Detroit Future City. El suelo vacante es candidato, como mínimo, para mejoras naturales como jardines comunitarios, si no se usa para vivienda, comentan desde la organización.

Sin embargo, los terrenos baldíos representan los espacios más inmediatos en el ejercicio de identificar suelo municipal adecuado. Emma Mulvaney-Stanak, la alcaldesa de Burlington, Vermont, lanzó un plan para usar parques, estacionamientos y otras parcelas públicas mal aprovechadas para la construcción de viviendas. Entre los sitios del proyecto, se incluye una zona comercial de tres cuadras deteriorada en el centro de la ciudad, con un auditorio en desuso; y un extenso estacionamiento de propiedad de la ciudad, adyacente a una incubadora de empresas emergentes de tecnología que ahora ocupa una fábrica que solía usarse para fabricar hornos y otros equipos de cocina.

Cuando el suelo se percibe como un activo de la comunidad, pueden surgir tensiones y conflictos, incluso si la propiedad está olvidada hace mucho tiempo o las condiciones se han deteriorado. Como las tierras de propiedad pública pueden ser un imán para conflictos de intereses, en especial si involucran cualquier tipo de espacio recreativo o abierto, la ciudad adaptó el proceso de adquisición, comentó Charles Dillard, director de Planificación de Burlington. “Queremos darle la vuelta al proceso de solicitud de propuestas”, agregó, para obtener primero la opinión de la comunidad e identificar un esquema de desarrollo y diseño que se ajuste a ello.

“No suele haber consenso sobre qué se debe construir, si es que se debe construir algo”, indicó Dillard, y señaló que, en general, los conflictos surgen en torno a “cuestiones de capacidad de pago y beneficio público: qué se está construyendo y para quién… Entonces, en última instancia, se trata de democratizar el desarrollo y reafirmar la función del sector público como líder en la creación de la perspectiva de la vivienda y la ciudad en evolución”.

En Atlanta, los funcionarios de la ciudad construyen una narrativa que resalta el contexto más amplio del suelo de propiedad de la ciudad: cómo todo desarrollo de vivienda se adapta, en última instancia, a un barrio bien articulado. Según la oficina del alcalde, el enfoque es “enmarcar la producción de viviendas en una estrategia holística de revitalización del barrio. Cuando hablamos de nuevas viviendas, también hablamos de tiendas de comestibles, parques, senderos, guarderías, escuelas [y] retención de residentes históricos”. El objetivo idealista es garantizar que todos los residentes de Atlanta “tengan un lugar donde vivir, pero que todos tengan la capacidad de pago para vivir en un barrio completo, saludable y próspero”.

Sin embargo, la ciudad también tiene en cuenta la producción de resultados rápidos. Las tierras municipales se han convertido en el lugar perfecto para la iniciativa de vivienda rápida del alcalde, al entregar construcciones modulares y construidas en fábrica. Un estacionamiento a nivel del suelo para vehículos de la ciudad mal aprovechado se transformó en The Melody, 40 unidades de vivienda de apoyo permanente junto a la estación Garnett de MARTA. A fines del año pasado, la ciudad celebró la apertura de Waterworks Village, 100 unidades de viviendas de apoyo construidas en tres pisos de viviendas modulares en suelo transferido del Departamento de Gestión de Cuencas de la Ciudad.

Otra ventaja de la mayor cantidad de suelo bajo control municipal es que permite a las ciudades y pueblos elegir, a medida que evalúan parcelas cuyo desarrollo implicaría diversos grados de dificultad. El análisis del Centro de Soluciones Geoespaciales puede ser de particular utilidad para calcular las concesiones que se deben hacer, ya que las investigaciones exhaustivas muestran diferentes niveles de complejidad al disponer de propiedades gubernamentales. Un taller de obras públicas desmantelado podría estar en un sitio con menos vecinos que se opongan a la reurbanización, pero podría requerir un alto nivel de remediación medioambiental.

“Estamos realizando un estudio diligente de cada parcela de propiedad de la ciudad para determinar no solo las que están más al alcance, sino también las propiedades más complejas que, en última instancia, pueden aportar de manera más significativas a la creación de viviendas, el desarrollo comunitario y la transformación catalítica”, indicó Dillard, el planificador de la ciudad de Burlington.

Los condados también se unen a la iniciativa. La “Guía para desarrollar viviendas en suelo propiedad del condado” de Smart Growth America tiene como objetivo ayudar a los gobiernos de los condados, que suelen tener menos capacidad, a identificar parcelas adecuadas, evaluar las limitaciones de zonificación y modelar la viabilidad financiera y la estructura de propiedad. El condado de San Mateo, justo al sur de San Francisco, recientemente arrendó una parcela por USD 1 al año para que un desarrollador de viviendas asequibles pudiera construir 160 unidades de viviendas asequibles para adultos mayores.

ESTATAL: más de 13.300 hectáreas

Los estados están adoptando un rol de coordinación al ayudar a las ciudades y pueblos a identificar el suelo de su propiedad. Pero los estados también son propietarios de tierras extensas, y los legisladores reclaman una imagen más nítida de dónde podría radicar la promesa de nuevas viviendas. Prácticamente todos los estados tienen, desde hace mucho tiempo, un proceso para disponer de la propiedad estatal, ya sea un depósito de armas obsoleto o un hospital psiquiátrico cerrado, pero ese ejercicio es notoriamente prolongado y se desarrolla caso por caso. Dada la urgencia de la crisis habitacional, los responsables de elaborar políticas de hoy buscan una perspectiva general más estratégica y plazos más rápidos.

Esta primavera, el gobernador de Colorado, Jared Polis, firmó la Ley de Facilitación de Oportunidades de Vivienda (HOME, por su sigla en inglés), que les permite a los distritos escolares, universidades, autoridades de vivienda, distritos de transporte público y organizaciones sin fines de lucro calificadas construir viviendas en propiedades de un máximo de dos hectáreas, al margen de las reglas de zonificación locales. La iniciativa sigue a una medida de 2019 que exige que cada agencia e institución estatal de educación superior presente una lista de todo el suelo no desarrollado que sea propiedad de la agencia o institución o esté bajo su control, y que podría desarrollarse para viviendas asequibles para hogares de ingresos bajos y moderados, bajo regímenes de venta o alquiler. El Departamento de Asuntos Locales (DOLA, por su sigla en inglés) del estado se ha asociado con el Centro de Soluciones Geoespaciales para realizar un inventario de todas las tierras identificadas por las agencias e instituciones, detectar superposiciones y asignar la propiedad con precisión. El objetivo es permitir una mejor coordinación en el futuro.

Un esfuerzo similar en Vermont dio 140 propiedades, que van desde 0,2 a 202 hectáreas, en diversos lugares. El gobernador de California, Gavin Newsom, lanzó el Programa de Sitios Sobrantes para identificar propiedades estatales mal aprovechadas y acelerar el proceso de desarrollo de sitios adecuados para la vivienda. Los constructores tienen acceso a un nuevo portal web que brinda una explicación clara de cuáles son las oportunidades. Los funcionarios dicen que las propiedades que están en el inventario, que van desde tierras cercanas a un hospital estatal hasta parcelas vacías que pertenecen a la agencia estatal de transporte, Caltrans, podrían ser sitios apropiados para la creación de 2.000 viviendas nuevas.

Según un plan anunciado por el gobernador de Maryland, Wes Moore, unas 54 hectáreas de suelo de propiedad estatal cerca de las estaciones de transporte público se activarán con potencialmente 5.000 hogares. En Massachusetts, la gobernadora Maura Healey estableció el programa de Tierras Estatales para Viviendas, que ya identificó 182 hectáreas de tierras de propiedad estatal e incluye un mapa interactivo para crear una imagen más clara de las ubicaciones aptas y su contexto.

Las campañas para transformar suelo de propiedad estatal se encuentran, de manera constante, con los mismos obstáculos que los municipios. Los funcionarios de Massachusetts creían que tenían una propuesta infalible para desarrollar 180 departamentos en un estacionamiento infrautilizado de dos hectáreas en el campus de MassBay Community College en el suburbio de Wellesley, al oeste de Boston. Pero los residentes se opusieron al plan y expresaron inquietudes sobre las consecuencias en las 16 hectáreas adyacentes de suelo de conservación, a pesar de que el estado expresó con claridad su intención de construir solo en el estacionamiento y no en el bosque. Es probable que la reurbanización se suspenda si se presenta la demanda que se anunció.

FEDERAL: más de 2.100 hectáreas

La idea de construir viviendas en tierras de propiedad del gobierno federal es una de las pocas políticas de la gestión de Biden que se mantuvieron hasta la presidencia de Trump.

El Grupo de Trabajo Conjunto sobre Suelo Federal para la Vivienda, una asociación del Departamento del Interior y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, tiene como objetivo identificar suelo federal que podría ser adecuado para la construcción residencial y agilizar el proceso de transferencia para que el desarrollo ocurra más rápido.

El gobierno federal controla la asombrosa cantidad de 263 millones de hectáreas de tierras públicas, pero la mayor parte de esa superficie son parques nacionales, reservas y áreas silvestres que no serían aptas para el desarrollo de viviendas. Los candidatos más probables para la reurbanización serían edificios federales y tierras en entornos más urbanos: se calcula que 8.000 propiedades están vacías, abandonadas, obsoletas o infrautilizadas, según el Congreso. La Administración de Servicios Generales enumera, de manera rutinaria, las propiedades que ya no se usan, ya sea un juzgado cerrado o un espacio para oficinas administrativas de agencias federales que ya no se necesita.

Un precedente para la reutilización de la propiedad federal es el desmantelamiento de bases militares, muchas de las cuales se convirtieron en viviendas y desarrollos de uso mixto. Unas 350 instalaciones, desde astilleros hasta instalaciones de formación y cuarteles, pasaron a estar disponibles en el proceso de realineación y cierre de bases, que se lleva a cabo desde hace casi 40 años. Solo en Massachusetts, dos bases militares importantes se están convirtiendo en desarrollos residenciales: Fort Devens y la estación aeronaval South Weymouth, que prometen casi 300 y 6.000 hogares, respectivamente.

Sin embargo, ha surgido un acalorado debate sobre la diferencia entre identificar parcelas específicas sobre suelo federal, aptas para viviendas asequibles y simplemente poner a disposición tierras públicas para un desarrollo sin sentido. Las propuestas recientes del senador Mike Lee (R-Utah) y otros para vender miles de hectáreas de lo que hoy es espacio abierto en Utah, Nevada, Arizona y otros estados del oeste suscitaron la preocupación de que podrían surgir loteos de alto costo en áreas protegidas, y esto dañaría hábitats clave y drenaría suministros de agua muy limitados mientras poco se hace para abordar la crisis de capacidad de pago. Esas preocupaciones se plantearon en el contexto del impulso de la gestión para poner a disposición más suelo federal para la extracción de recursos.

Si bien el debate sobre el suelo federal continúa, la verdadera oportunidad yace con los gobiernos estatales y locales, que poseen la mayor parte de los bienes raíces públicos privilegiados en todo el país. Por cada hectárea de suelo federal urbanizable, los gobiernos estatales y locales controlan más de 21 hectáreas. Los líderes estatales y locales ya están comenzando a actuar, pero necesitan datos y pruebas para garantizar que se urbanicen las parcelas de terreno adecuadas, a la velocidad y escala correctas, en los lugares correctos, teniendo en cuenta las limitaciones de suelo y agua que afectan tanto a la habitabilidad como a la conservación.

Anthony Flint es miembro sénior del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, conduce el ciclo de pódcasts Land Matters y es editor colaborador de Land Lines.

Imagen principal: Líderes de la ciudad de Atlanta identificaron a 104 Trinity Avenue, que se encuentra enfrente del ayuntamiento, como un sitio de desarrollo residencial. Un edificio de ingresos mixtos de 10 pisos y 218 unidades se está construyendo en este suelo, que había sido arrendado por 99 años con un requisito de asequibilidad. Crédito: Google Earth.

Shortly after taking office in 2022, Atlanta Mayor Andre Dickens made the kind of promise voters tend not to forget: he pledged to pave the way for 20,000 new homes within city limits by 2030, amid rapidly rising rents and home prices.

With the pressure on, one of the first things Dickens did was form a housing strike force to investigate parcels and property owned by the city. The mayor saw that as the quickest route to get shovels in the ground, with the added benefit that the parcels would be cheaper to build on, because the land—almost always the most expensive element of the construction process—was already accounted for.

The mayor’s team also established a housing help center, streamlined permitting, made different kinds of financing available for developers, and created an eviction diversion program to help stem the tide of homelessness. But the more than 50 sites and 536 acres that have been identified—from closed schools to land and property under MARTA, the city’s public transit system, to a vacant lot directly across from Atlanta City Hall where a mixed-use development is now rising—allowed the city to take advantage of the special leverage public ownership provides. “The capacity building efforts are paying off in the form of a sophisticated, collaborative vehicle for developing mixed-income, neighborhood-anchoring housing on publicly owned land,” Dickens said.

The Atlanta strategy is part of a nationwide movement to make better use of government-owned land. And the amount of land in that inventory—vastly underutilized in the form of vacant lots, abandoned parking areas, or decommissioned buildings, owned by entities ranging from school districts to housing authorities—is not insignificant. Across the country, more than 230,000 acres of municipally owned, transit-accessible land could be feasibly built on, according to the Center for Geospatial Solutions. That’s more than the total land area of New York City.

The CGS analysis of local, state, and federally owned land found a total of 276,000 acres of potentially buildable, government-owned land in transit-accessible urban areas with existing infrastructure. This land could support nearly 7 million new homes at a modest density, according to CGS, which is part of the Lincoln Institute of Land Policy. The potential of these lands was dubbed by one prominent urban affairs commentator as a solution “hiding in plain sight.”

To encourage communities across the US to identify publicly owned land that could be used for housing or environmental improvements, the Lincoln Institute has launched an initiative called Community Land for Community Benefits.  “Public land has a crucial role to play in addressing housing affordability, but local governments need support to enable the transformation,” said George W. McCarthy, president and CEO of the Lincoln Institute. “The Community Land campaign will help policymakers and their partners identify and leverage publicly owned land.”

An estimated six to eight million new homes need to be built to overcome restrictions in supply that are contributing to higher housing costs, according to analyses by sources including Freddie Mac, Zillow, Goldman Sachs, and McKinsey. The advantage of developing or redeveloping publicly owned land is that government can dictate the terms of use and ensure that whatever housing is built is permanently affordable. Leasing the land or turning it over to a nonprofit developer can also have the effect of keeping overall costs down. “Land affordability is the biggest obstacle to affordable housing,” explains McCarthy. “If a developer has to buy land at the market rate, that almost automatically eliminates the possibility of building affordable housing. The land cost will just be too high to ever make it work.”

As governments take stock of publicly owned land, an array of other options for new housing construction reveals itself, on land in a range of tenure and ownership status: underperforming commercial land, like a failed strip mall; underused private parking lots; land occupied by freight or passenger rail; stockyards; property being developed by Tribal communities; or land owned by religious institutions, which for a variety of reasons are seeking to sell their real estate assets right now. (Learn more about the movement to build homes on faith-owned land.)

Civic institutions like universities, hospitals, and community foundations often have large land holdings and a community-oriented mission, too. A coordinated effort to map these acres, across overlapping jurisdictions and civic institutions, can inform efforts to address housing affordability and climate resilience—while revealing potential opportunities to assemble larger, contiguous plots from fragmented parcels.

What follows is a breakdown of transit-accessible government-owned land by category—federal, state, and local—beginning with land under the control of municipalities, which is by far the largest segment of public ownership.

LOCAL: 237,000+ Acres

Several cities, large and small, are joining Atlanta in assessing their real estate assets, determining how they might be used, and moving ahead with projects. In the Morgan Park section of Chicago, 11 city-owned vacant lots are being redeveloped for housing, as part of the city’s Missing Middle infill housing initiative. A database of vacant city-owned lots reveals there are 7,000 more.

Detroit, where Mayor Mary Sheffield signed an executive order to dedicate all of the proceeds from the sale of city-owned commercial properties to the city’s affordable housing development and preservation trust fund, is similarly examining the status of 100,000 empty parcels, most of which are city-owned, according to the non-profit Detroit Future City. The vacant lands are candidates at a minimum for natural improvements like community gardens, if not used for housing, the organization says.

Vacant lots represent the low-hanging fruit in the exercise of identifying suitable municipal-owned land, however. Emma Mulvaney-Stanak, the mayor of Burlington, Vermont, released a plan to use parks, parking lots, and other underutilized public parcels for housing. The sites in the pipeline include a blighted three-block commercial area downtown anchored by a defunct auditorium; and a sprawling city-owned parking lot adjacent to a tech start-up incubator that now occupies a factory formerly used for making ovens and other kitchen equipment.

Tensions and conflict can arise when the land is viewed as a community asset, even if the property has long been forgotten or conditions there have deteriorated. Since publicly owned land can be a lightning rod for competing interests—especially if it involves any kind of recreational or open space—the city has adjusted its procurement process, said Charles Dillard, Burlington’s director of planning. “We want to flip the Request for Proposal process on its head,” he said, by getting community input first and identifying a developer and design scheme that conforms accordingly.

“There is rarely consensus on what, if anything should be built,” Dillard said, noting that conflicts typically arise around “questions of affordability and public benefit—what is being built and for whom .… So ultimately, this is about democratizing development and reasserting the public sector’s role as a leader in creating the vision for housing and the evolving city.”

In Atlanta, city officials are building a narrative that emphasizes the broader context of city-owned land—how any housing development ultimately fits in with a well-functioning neighborhood. According to the mayor’s office, the approach is to “frame housing production within a holistic, neighborhood revitalization strategy. When we talk about new housing, we talk as well about grocery stores, parks, trails, childcare, schools, [and] legacy resident retention.” The lofty goal is to ensure every Atlanta resident “has a place they can afford to live, but that everyone can afford to live in a complete, healthy, thriving neighborhood.”

Yet the city is also mindful of producing quick results. Municipal land has become the perfect place for the mayor’s rapid housing initiative, delivering factory-built and modular construction. An underutilized surface parking lot for city vehicles was transformed into The Melody, 40 units of permanent supportive housing next to the Garnett MARTA station. Late last year, the city celebrated the opening of Waterworks Village, 100 units of supportive housing built across three floors of stacked modular housing on land transferred from the City’s Department of Watershed Management.

Another advantage of the greater amount of land under municipal control is that it allows cities and towns to pick and choose, as they sort through parcels whose development would involve varying degrees of difficulty. The Center for Geospatial Solutions analysis can be especially useful in calculating trade-offs, as deep dives reveal different levels of complexity in disposing of government properties. A decommissioned public works garage might be at a site with fewer neighbors to object to redevelopment, but may require extensive environmental remediation.

“We are diligently studying each city-owned parcel to determine not just the lowest-hanging fruit, but also more complex properties that ultimately may have more significant contributions to housing creation, community development, and catalytic transformation,” said Dillard, the Burlington city planner.

Counties are also joining the effort. Smart Growth America’s “Guide for Developing Housing on County-Owned Land” aims to help county governments, which tend to have less capacity, in identifying suitable parcels, evaluating zoning constraints, and modeling financial feasibility and ownership structure. San Mateo County, just south of San Francisco, recently leased a parcel for $1 a year so an affordable housing developer could build 160 units of affordable senior housing. In Virginia, more than 10 acres of land owned by Fairfax County is now the site of much-needed affordable housing for students and seniors.

STATE: 33,000+ Acres

States are adopting a coordinating role, helping cities and towns identify land they own. But states have significant land holdings as well, and legislators have been clamoring for a clearer picture of where the promise of new housing might be. Virtually every state has long had a process of disposing of state-owned property, whether an obsolete armory or a shuttered mental health hospital, but that exercise is notoriously drawn out and unfolds on a case-by-case basis. Given the urgency of the housing crisis, policymakers today are seeking a more strategic overview and quicker turnarounds.

This spring, Colorado Gov. Jared Polis signed the Housing Opportunities Made Easier Act (HOME), which allows school districts, universities, housing authorities, transit districts and qualifying nonprofits to build housing on properties up to five acres, regardless of local zoning rules. That follows a 2019 measure requiring each state agency and state institution of higher education to submit a list of all non-developed land owned by or under control of the agency or institution, that could potentially be developed for affordable housing for low- and moderate-income households, either on a for-sale or rental basis. The state Department of Local Affairs (DOLA) has partnered with the Center for Geospatial Solutions to inventory all of the land identified by the agencies and institutions, determining overlaps and accurately assigning ownership. The aim is to allow better coordination down the road.

A similar effort in Vermont turned up 140 properties, ranging from one-half to 500 acres, at a variety of locations. California Governor Gavin Newsom launched the Excess Sites Program to identify underutilized state property and speed up the process of developing suitable sites for housing. Builders have access to a new web portal that clearly spells out what the opportunities are. Officials say the properties that are in the mix, ranging from land near a state hospital to vacant parcels owned by the state transportation agency, Caltrans, could be appropriate sites for the creation of 2,000 new homes.

Under a plan announced by Maryland Governor Wes Moore, some 134 acres of state-owned land near transit stations will be activated with potentially 5,000 homes. In Massachusetts, Governor Maura Healey established the State Land for Homes program, which has already identified 450 acres of state-owned land, and includes an interactive map to create a clearer picture of suitable locations and their context.

Campaigns to transform state-owned land consistently run into the same roadblocks that municipalities have encountered. Massachusetts officials believed they had a slam-dunk proposal to develop 180 apartments on an underused five-acre parking lot at the MassBay Community College campus in the suburb of Wellesley, west of Boston. But residents came forward to oppose the plan—stating concerns about impacts on an adjacent 40 acres of conservation land, even though the state was clear in its intentions just to build on the parking lot and not in the forest. The redevelopment appears likely to be put on hold if a threatened lawsuit is filed.

FEDERAL: 5,200+ acres

The idea of building housing on land owned by the federal government is one of the few policies that carried forward from the Biden administration to the Trump presidency.

The Joint Task Force on Federal Land for Housing, a partnership of the Department of the Interior and the Department of Housing and Urban Development, aims to identify federal land that could be suitable for residential construction, and to streamline the transfer process to make that development happen more quickly.

The federal government controls a staggering 650 million acres of public lands, but most of that acreage is in the form of national parks, preserves, and wilderness that would not be suitable for housing development. More likely candidates for redevelopment would be federal buildings and land in more urban settings—an estimated 8,000 properties are vacant, abandoned, obsolete, or underused, according to Congress. The General Services Administration routinely lists properties no longer in use, whether a closed courthouse or administrative office space for federal agencies that is no longer needed.

One precedent for the reuse of federal property is the decommissioning of military bases, many of which have been turned into housing and mixed-use development. Some 350 installations, from shipyards to training facilities and barracks, have become available in the Base Realignment and Closure process, which has been going on for nearly 40 years. In Massachusetts alone, two major military bases are being converted to residential development, Fort Devens and South Weymouth Naval Air Station, which hold the promise of nearly 300 and 6,000 homes respectively.

A heated debate has emerged, however, about the difference between identifying specific parcels of federal land that are suitable for affordable housing and simply opening up public land for unfettered development. Recent proposals by Sen. Mike Lee (R-Utah) and others to sell off millions of acres of what is currently open space in Utah, Nevada, Arizona, and other western states have raised concerns that high-cost subdivisions could well rise up in protected areas, damaging critical habitats and draining severely limited water supplies while doing little to address the affordability crisis. Those concerns have been raised in the context of the administration’s push to open up more federal lands for resource extraction.

Anthony Flint is a senior fellow at the Lincoln Institute of Land Policy, host of the Land Matters podcast, and a contributing editor of Land Lines.

Lead image: City leaders in Atlanta identified 104 Trinity Avenue, which sits across from City Hall, as a site for residential development. A 10-story, 218-unit mixed-income building is now under construction on the land, which has been leased for 99 years with an affordability requirement attached. Credit: Google Earth.

The politics of energy in the US lately seem to have dimmed the immediate-term prospects of solar power. But squint a little and you can see a sunnier vision for this form of renewable energy. In truth, photovoltaic technology continues to grow ever more cost-effective as a means to address not just climate change but energy needs in general. And because demand for solar energy means demand for space to situate solar panels or panel arrays, recent years have seen a rise in innovative dual-use solar projects, which combine space for clean electricity generation with complementary uses.

One prominent—and promising—example is the rise of agrivoltaics: using elevated solar panels on agricultural land, allowing farm animals to graze or crops to grow among panel rows. Globally, the deployment of agrivoltaic projects has grown significantly in recent years, from generating a collective 5 megawatts of peak energy in 2012 to 14 gigawatts in 2021. (For context, one gigawatt is roughly enough to simultaneously power every home in a city the size of San Francisco.)

The strategy caught on first in European and southeast Asian countries with limited arable land, as a means of achieving renewable energy targets without sacrificing agricultural capacity or food security. The concept of combining solar energy generation with agriculture dates back to at least the 1980s, and the term “agrivoltaics” was coined in 2011 by French researcher Christian Dupraz at the Institut National de la Recherche Agronomique (INRAé) in studies exploring the benefits of combined land use.

In Japan, pioneer Akira Nagashima analyzed crop growth below photovoltaic modules within the first research pilot systems in 2004 and promoted the technology as “solar sharing.” Thanks in part to governmental support beginning in 2012, Japan now counts more than 3,000 small-scale agrivoltaic systems. In 2014, China installed the first large-scale agrivoltaic systems and remains the country with the largest installed capacity in the world. In Europe, the first prototype of a suspended mobile solar panel system was built in Austria in 2007. France was the first European country to systematically support agrivoltaics in the late 2010s; Germany, Italy, and others have since developed their own programs.

The US has been slower to adopt the practice, but a map maintained by the National Lab of the Rockies InSPIRE team shows more than 600 such projects around the country today. As recently as ten years ago “there wasn’t a map, and there was none of this happening” in the US, says Matthew Sturchio, a faculty affiliate in ecology at Colorado State University whose research focuses on ecovoltaic projects more broadly. Some of Sturchio’s recent research focused on grassland management in the Front Range of Colorado, finding that shade from raised solar panels can mitigate the effects of chronic aridity, as well as unusually hot and dry seasons. Studies by researchers in Arizona and elsewhere have similarly addressed the role solar can play in addressing arid climate impacts on crops and rangelands.

The configuration of ecovoltaic systems varies based on their goals and context. Some designs feature widely spaced panel rows that allow tractors and farm equipment to operate between them. Others employ elevated mounting structures that raise panels high enough to leave room for grazing livestock or tall crops beneath. Fixed-tilt systems offer simplicity and lower costs, while tracking systems that follow the sun’s path can optimize both energy generation and crop light exposure throughout the day. Research from the University of Arizona found that tomatoes, peppers, and other vegetables grown under solar panels showed increased production compared to traditional full-sun cultivation, while using significantly less water.

The most popular application of agrivoltaics in the US involves grazing livestock beneath and around solar panels. Of 250 or so projects involving livestock in 2025, more than 230 include sheep, according to Inside Climate News (resulting in the irresistible term “lambscaping.”) The American Solar Grazing Association estimates US solar sites now host about 5,000 sheep.

The steady proliferation of dual-use efforts underscores the growing recognition that renewable energy is partly a land use issue. “Most of our responses to climate change implicate land to some degree,” notes Patrick Welch, associate director of urban sustainability at the Lincoln Institute, who says even in the context of renewables, not all those implications are wise. “You see examples of forests being clearcut to place a large-scale solar farm,” he continues, or solar displacing agricultural areas. “So you’re taking away land that was providing a function.” And those instances can also spark public opposition to renewable projects more broadly.

“Our responses to climate change, most of them, to some degree implicate land,” notes Patrick Welch, associate director of urban sustainability at the Lincoln Institute, and even in the context of renewables not all those implications are wise. “You see examples of forests being clearcut to then place a large-scale solar farm,” he continues, or solar displacing agricultural areas. “So you’re taking away land that was providing a function.” And those instances can also spark public opposition to renewable projects.

The upshot has been increased emphasis on making the most of land and other surfaces that don’t involve displacement. Welch points to geospatial analysis by the Chesapeake Conservancy’s Conservation Innovation Center (CIC) that concludes that sites like rooftops, parking canopies, industrial lands, and degraded properties could add up to enough space to support Maryland’s renewable energy goals. “Local context matters a lot,” Welch says, “but there are ways to resolve these conflicts over land use that are kind of more win-win.”

That goes beyond traditional agriculture projects. Grassland solar installations can also be havens for pollinators—the bees, butterflies, and other insects essential to agricultural productivity and ecosystem health; even neighboring farms could enjoy improved pollination levels that can boost crop yields. Several US states including Minnesota have developed pollinator-friendly solar standards and incentive programs.

Another dual-use solar application—dubbed “floatovoltaics”—deploys panels on pontoons atop reservoirs, irrigation ponds, and aeration basins at wastewater treatment facilities, generating clean energy without consuming land. The surrounding water cools the panels, which can increase their efficiency by several percentage points compared to ground-mounted systems in hot climates. Simultaneously, the panels shade the water surface, reducing evaporation—a critical benefit in drought-prone regions.

Studies suggest floating solar can reduce reservoir evaporation by 70 percent or more in covered areas, preserving substantial water volumes for irrigation or municipal use. In agricultural contexts, floating solar on irrigation reservoirs allows farmers to generate income from generating electricity while improving water conservation. Japan, South Korea, and China have become global leaders in this technology, with installations ranging from small farm ponds to massive reservoir-scale projects. As the technology matures and costs decline, floating solar is expanding into new markets, particularly in Southeast Asia and South America, where appropriate water bodies are available.

According to market researcher Exactitude Consultancy, the overall global floating-solar market was valued at approximately $8.7 billion in 2025 and is projected to soar to more than $75 billion by 2034. Other estimates vary, but the trend is toward growth. The Asia-Pacific region continues to lead global deployment; Japan makes up about 14 percent of the global market revenue in 2024, and the world’s largest installation is currently the Dezhou Dingzhuang Floating Solar Farm in China, which generates around 550 million kilowatt-hours of electricity per year, enough to power 50,000 homes. Dual-use projects have limits, of course. Agrivoltaic systems typically cost more to construct than conventional ground-mounted solar, requiring specialized mounting structures, increased spacing between panels, and other considerations that complicate design. Agricultural integration can also involve constraints that may reduce overall energy generation compared to single-purpose solar arrays.

Cost remains a challenge for floatovoltaics, too: Analysis suggests that the cost of energy from such systems may be around 20 percent higher than from ground-mounted photovoltaic systems, largely due to specialized flotation equipment. Still, the lower land acquisition costs and higher energy yields from water-cooled panels help offset those costs. And as deployment spreads and the technology matures, the cost premium should continue to decline.

Meanwhile, policy and regulatory frameworks haven’t always kept pace with new technology and new ideas, and adjusting these frameworks to recognize and reward dual-use approaches can be a challenge. But as energy demands continue to grow, and solar remains a key option, the benefits are undeniable. For example, life cycle assessment research focused on grazing has found that agrivoltaics produces 3.9 percent less emissions and 0.5 percent less energy demand compared to conventional photovoltaic systems and sheep grazing separately. “The point of ecovoltaics is looking at where you are in the world, and what is the type of ecosystem service that would be most useful on this landscape,” Sturchio says.

While some funding may be on hold for the moment, the larger trend is clear, he says. “No matter what the social opinion of solar is, it is happening and it is happening in large scale. So we all want to know what the best version of this is, if there’s a best version, what the trade-offs are, what the synergies are.” In Europe and Southeast Asia, some countries may end up using 10 to 20 percent of their agricultural land for dual-use projects.

Technological refinement will likely improve the economics and performance of these solar experiments. Semi-transparent solar panels that allow controlled light transmission, for example, could enable even more flexible agrivoltaic designs. Advances in mounting structures, panel efficiency, and agricultural techniques specifically adapted to solar integration also seem likely.

Politics notwithstanding, climate change will continue to pressure both energy systems and agricultural productivity. Given that dual-use solar projects offer a pathway that addresses both challenges, their future looks bright.

Rob Walker is the author of City Tech: 20 Apps, Ideas, and Innovators Changing the Urban Landscape and The Art of Noticing. More of his writing can be found at robwalker.substack.com.

Lead image: Sheep and solar panels coexist in a field in Germany. Credit: Frederick Doerschem via iStock/Getty Images Plus.

Recientemente, la política energética de los Estados Unidos parece haber opacado las perspectivas a corto plazo de la energía solar. Sin embargo, si entrecerramos un poco los ojos, tendremos una visión más brillante de esta forma de energía renovable. Porque, en realidad, la tecnología fotovoltaica es cada vez más rentable como medio para abordar no solo el cambio climático, sino también las necesidades energéticas en general, que continúan en aumento. Y debido a que la demanda de energía solar significa demanda de espacio para colocar paneles solares o matrices de paneles, en los últimos años, se observó un marcado crecimiento en proyectos solares innovadores de doble uso, que dan un uso complementario al espacio dedicado a la generación de electricidad limpia.

Un ejemplo destacado y prometedor es el aumento de los sistemas agrivoltaicos: el uso de paneles solares elevados en tierras agrícolas, que permite que los animales de granja pasten o que los cultivos crezcan entre las filas de paneles. A nivel mundial, el despliegue de proyectos agrivoltaicos creció en forma significativa en los últimos años, y pasó de generar un total de 5 megavatios de energía en hora pico en 2012 a 14 gigavatios en 2021. (Un poco de contexto: un gigavatio resulta casi suficiente para alimentar en simultáneo cada hogar en una ciudad del tamaño de San Francisco).

La estrategia se impuso por primera vez en los países europeos y del sudeste asiático como medio para alcanzar los objetivos de energía renovable sin sacrificar la capacidad agrícola ni la seguridad alimentaria, ya que cuentan con una capacidad limitada de suelo cultivable. El concepto de combinar la generación de energía solar con la agricultura se remonta al menos a la década de 1980, y el investigador francés Christian Dupraz en el Institut National de la Recherche Agronomique (INRAé) acuñó el término “agrivoltaico” en 2011 en estudios de los beneficios del uso combinado del suelo.

En Japón, el pionero Akira Nagashima analizó el crecimiento de los cultivos debajo de los módulos fotovoltaicos dentro de los primeros sistemas piloto de investigación en 2004 y promovió la tecnología con el nombre “energía solar compartida”. Desde 2012, y gracias en parte al apoyo gubernamental, Japón ahora cuenta con más de 3.000 sistemas agrivoltaicos a pequeña escala. En 2014, China instaló los primeros sistemas agrivoltaicos a gran escala y sigue siendo el país con la mayor capacidad instalada del mundo. En Europa, el primer prototipo de un sistema de paneles solares móviles suspendidos se construyó en Austria en 2007. Francia fue el primer país europeo en dar apoyo sistemático al uso agrivoltaico a finales de la década de 2010; desde entonces, Alemania, Italia y otros países desarrollaron sus propios programas.

Los Estados Unidos se demoraron un poco más en adoptar la práctica, pero un mapa realizado por la organización de investigación energética OpenEI muestra más de 600 proyectos de este tipo en todo el país en la actualidad. Hace tan solo diez años “no existía un mapa y nada de esto sucedía” en los Estados Unidos, indica Matthew Sturchio, un profesor asociado en Ecología de la Universidad Estatal de Colorado cuya investigación se centra en proyectos ecovoltaicos de manera más amplia. Parte de las investigaciones recientes de Sturchio se centraron en el manejo de pastizales en la Front Range de Colorado, y revelaron que la sombra de los paneles solares elevados puede mitigar los efectos de la aridez crónica, así como los efectos de estaciones inusualmente cálidas y secas. Los estudios realizados por investigadores en Arizona y otros lugares han abordado, de manera similar, la función que la energía solar puede desempeñar en reducir los impactos del clima árido en los cultivos y los pastizales.

La configuración de los sistemas ecovoltaicos varía en función de los objetivos y el contexto. Algunos diseños cuentan con filas de paneles muy espaciados que permiten que los tractores y el equipo agrícola operen entre ellos. Otros emplean estructuras de montaje elevadas que mantienen los paneles suspendidos a una altura suficiente para dejar espacio para el pastoreo del ganado o los cultivos de alturas considerables debajo. Los sistemas de inclinación fija ofrecen simplicidad y menores costos, mientras que los sistemas de seguimiento (que siguen la trayectoria del sol) pueden optimizar tanto la generación de energía como la exposición a la luz de los cultivos durante todo el día. Una investigación de la Universidad de Arizona descubrió que los tomates, los pimientos y otras verduras cultivadas bajo paneles solares tuvieron mayores rindes en comparación con el cultivo tradicional a pleno sol, al tiempo que usaban mucha menos cantidad de agua.

La aplicación más popular de los sistemas agrivoltaicos en los Estados Unidos implica el pastoreo de ganado debajo y alrededor de los paneles solares. De los alrededor de 250 proyectos con ganado en 2025, más de 230 correspondían a ganado ovino, según Inside Climate News (lo que resulta el irresistible término en inglés “lambscaping”, que combina las palabras “lamb [cordero]” y “scaping [paisajismo]”. Una aproximación en español podría ser “paisajismo ovino”). La American Solar Grazing Association (Asociación Estadounidense de Pastoreo Solar) estima que los sitios solares de los Estados Unidos ahora albergan alrededor de 5.000 ovejas.

La proliferación constante de esfuerzos de doble uso subraya el creciente reconocimiento de que abordar el desarrollo de la energía renovable es en parte un problema de uso del suelo. “La mayoría de nuestras respuestas al cambio climático implican hasta cierto punto el suelo”, señala Patrick Welch, director asociado de Sostenibilidad Urbana del Instituto Lincoln, e incluso en el contexto de las energías renovables no todas esas implicaciones son acertadas. “Se ven ejemplos de bosques talados para, luego, colocar una granja solar a gran escala”, o el desplazamiento de usos agrícolas, continúa. “Se está utilizando suelo que brindaba otra función”. Y esas instancias también pueden provocar la oposición pública a los proyectos de energía renovable.

La consecuencia ha sido un mayor énfasis en aprovechar al máximo el suelo y otras superficies que no implican desplazamiento. Welch señala el ejemplo del análisis geoespacial de alta resolución del Centro de Innovación para la Conservación (CIC, por sus siglas en inglés) de Chesapeake Conservancy, que concluye que las instalaciones como techos, marquesinas de estacionamiento, terrenos industriales y propiedades degradadas podrían sumar espacio suficiente para respaldar los objetivos de energía renovable de Maryland. Los proyectos de doble uso pueden ser otra solución productiva. “El contexto local es muy importante”, comenta Welch, “pero hay formas de resolver estos conflictos sobre el uso del suelo de una manera que sea más beneficiosa para todos”.

La idea va más allá de los proyectos agrícolas tradicionales. Las instalaciones solares en pastizales también pueden ser refugios para los polinizadores: las abejas, las mariposas y otros insectos esenciales para la productividad agrícola y la salud del ecosistema; incluso las granjas vecinas podrían disfrutar de mejores niveles de polinización que pueden aumentar los rendimientos de los cultivos. Varios estados de los Estados Unidos desarrollaron estándares solares y programas de incentivos amigables con los polinizadores; Minnesota fue pionera en la legislación que establece pautas para el manejo de la vegetación que fomenta la polinización.

Otra aplicación solar de doble uso, denominada sistemas “flotovoltaicos”, despliega paneles en pontones sobre embalses, estanques de riego y cuencas de aireación en instalaciones de tratamiento de aguas residuales, a fin de generar energía limpia sin ocupar suelo que puede destinarse a otros usos. El agua enfría los paneles, porque el proceso de evaporación absorbe el calor del aire circundante y porque el agua tiende a absorber el calor, y mantiene la temperatura del aire por encima de la superficie más fría que si estuviesen instalados por encima del suelo. Esto puede aumentar la eficiencia de los paneles en varios puntos porcentuales en comparación con los sistemas montados en el suelo en climas cálidos. A la vez, los paneles dan sombra a la superficie del agua y reducen la evaporación, un beneficio clave en las regiones propensas a la sequía.

Los estudios sugieren que la energía solar flotante puede reducir la evaporación del reservorio en un 70 por ciento o más en áreas cubiertas, y preservar volúmenes sustanciales de agua para riego o uso municipal. En contextos agrícolas, la energía solar flotante en los embalses de riego permite a los agricultores generar ingresos a partir de la generación de electricidad al tiempo que mejora la conservación del agua. Japón, Corea del Sur y China se convirtieron en líderes mundiales en esta tecnología, con instalaciones que van desde pequeños estanques agrícolas hasta proyectos masivos a escala de represa. A medida que la tecnología madura y los costos disminuyen, la energía solar flotante se expande a nuevos mercados, en particular en el sudeste asiático y América del Sur, que cuentan con cuerpos de agua apropiados disponibles.

Según la investigadora de mercado Exactitude Consultancy, el mercado global total de energía solar flotante se valoró en alrededor de USD 8.700 millones en 2025 y se proyecta que se disparará a más de USD 75.000 millones para 2034. Otras estimaciones varían, pero la tendencia es en alza. La región de Asia-Pacífico continúa liderando el despliegue global; Japón representa alrededor del 14 por ciento de los ingresos del mercado global en 2024, y la instalación más grande del mundo en la actualidad es la Granja Solar Flotante Dezhou Dingzhuang en China, que genera alrededor de 550 millones de kilovatios-hora de electricidad por año, suficiente para servir de suministro a 50.000 hogares. Por supuesto que los proyectos de doble uso tienen límites. En general, los sistemas agrivoltaicos cuestan más que los sistemas solares convencionales montados directamente en el suelo, y requieren estructuras de montaje especializadas, mayor espacio entre los paneles y otras consideraciones que complican el diseño. La integración agrícola también puede implicar restricciones que pueden reducir la generación general de energía en comparación con las instalaciones solares de un solo propósito.

El costo también es un desafío para la energía flotovoltaica: el análisis sugiere que el costo de la energía de los sistemas de generación flotantes puede ser alrededor de un 20 por ciento más alto que el de los sistemas fotovoltaicos montados en el suelo, en gran parte debido a los equipos de flotación especializados. Aun así, los menores costos de adquisición de suelo y los mayores rendimientos de energía de los paneles refrigerados por agua ayudan a compensar esos costos. Y, a medida que la implementación se extiende y la tecnología madura, el mayor costo frente a otros sistemas debería seguir disminuyendo.

Mientras tanto, los marcos normativos y regulatorios no siempre siguieron el ritmo de las nuevas tecnologías y las nuevas ideas, y adaptar estos marcos para reconocer y recompensar los enfoques de doble uso puede ser un desafío. Pero a medida que la demanda de energía sigue creciendo y la energía solar sigue siendo una opción clave, los beneficios son innegables. Por ejemplo, según investigaciones de evaluación del ciclo de vida centrada en el pastoreo, la generación agrivoltaica produce un 3,9 por ciento menos de emisiones y un 0,5 por ciento menos de demanda de energía en comparación con los sistemas fotovoltaicos convencionales y el pastoreo de ovejas por separado. “El punto de la energía ecovoltaica es ver en qué lugar del mundo se pretende instalar y cuál es el tipo de servicio ecosistémico que sería más útil en este entorno”, comenta Sturchio.

Si bien la financiación es limitada por el momento, la tendencia más amplia es clara: “No importa cuál sea la opinión de la sociedad sobre la energía solar, está sucediendo y está sucediendo a gran escala. Así que todos queremos saber cuál es la mejor versión, si hay una mejor que la otra, qué hay que resignar y cuáles son las sinergias”. En Europa y el sudeste asiático, es posible que algunos países terminen utilizando entre el 10 por ciento y el 20 por ciento de las tierras agrícolas para proyectos de doble uso.

Es probable que el refinamiento tecnológico mejore la economía y el rendimiento de estos experimentos solares. Por ejemplo, los paneles solares semitransparentes que permiten la transmisión controlada de la luz podrían permitir diseños agrivoltaicos aún más flexibles. También es posible que surjan avances en las estructuras de montaje, la eficiencia de los paneles y las técnicas agrícolas específicamente adaptadas a la integración solar.

A pesar de las decisiones políticas, el cambio climático continuará presionando tanto los sistemas energéticos como la productividad agrícola, y los proyectos solares de doble uso ofrecen un camino que aborda ambos desafíos; por ende, su futuro se ve brillante.

Rob Walker es el autor de Tecnociudad: 20 aplicaciones, ideas e innovadores que cambian el panorama urbano y The Art of Noticing. Conozca más de sus trabajos en robwalker.substack.com.

Imagen principal: Ovejas pastando en una pradera de paneles solares en Alemania. Los paneles solares elevados permiten que el ganado pueda descansar en la sombra y pastar a sus alrededores. Crédito: Frederick Doerschem via iStock/Getty Images Plus.

Un zumbido débil emerge desde lo profundo de una vasta tumba con luz tenue, cuyo ocupante devora energía y agua con un apetito voraz e inhumano. El centro de datos beige y rectangular es una especie de vampiro: pálido, inmortal, sediento. Resguardado de la luz del sol, activo toda la noche. Y, al igual que un vampiro, al menos según la tradición folclórica, solo puede entrar en un lugar si lo han invitado.

En los estados y condados de Estados Unidos, los legisladores no solo están abriendo la puerta a estos monstruos mecánicos metafóricos. Los están atrayendo de manera activa, con exenciones fiscales y otros incentivos, ansiosos por recaudar nuevos ingresos municipales y reclamar una parte del crecimiento explosivo que rodea a la inteligencia artificial.

Eso puede sonar hiperbólico, pero los centros de datos en verdad devoran recursos. Un centro de datos de tamaño mediano consume tanta agua como una ciudad pequeña, mientras que los más grandes requieren hasta 18,9 millones de litros de agua todos los días, la misma cantidad que una ciudad de 50.000 personas.

También se requiere una asombrosa cantidad de electricidad para alimentar y enfriar las filas de servidores. Un centro de datos convencional, como el almacenamiento en la nube para los documentos de trabajo que usamos a diario o la transmisión de videos, consume la misma cantidad de electricidad que entre 10.000 y 25.000 hogares, según la Agencia Internacional de Energía. Pero un centro de datos a “hiperescala” más nuevo y centrado en la IA puede usar la misma cantidad de energía que la equivalente a 100.000 hogares o más. Por ejemplo, se espera que el centro de datos Hyperion de Meta en Luisiana consuma más del doble de energía que toda la ciudad de Nueva Orleans una vez finalizado. Otro centro de datos de Meta, planificado en Wyoming, usará más electricidad que todos los hogares del estado combinados.

Y, por supuesto, a diferencia de las nubes reales, los centros de datos requieren suelo. Y mucho. Algunos de los centros de datos más grandes que se están construyendo hoy en día cubrirán cientos de hectáreas con acero impermeable, hormigón y superficies pavimentadas —suelos que ya no estarán disponibles para cultivo, naturaleza o vivienda— y también requerirán nuevos corredores de líneas de transmisión y otra infraestructura asociada.

Sin embargo, los centros de datos forman parte de nuestro paisaje construido desde hace más de una década; muchos de ellos están escondidos en discretos complejos de oficinas, desde donde procesan en silencio nuestras búsquedas en la web y almacenan las fotos de nuestros teléfonos celulares. Entonces, ¿por qué la preocupación repentina? Las herramientas de inteligencia artificial entrenadas con modelos de lenguaje de gran tamaño, como ChatGPT de Open AI, entre otras, utilizan exponencialmente más potencia informática que los servicios tradicionales en la nube. Y las empresas de tecnología más grandes, como Amazon, Meta, Google y Microsoft, están realizando inversiones rápidas y considerables en IA.

Entre 2018 y 2021, el número de centros de datos de EUA se duplicó con creces y, con el impulso de las inversiones en IA, ese número ya se ha duplicado de nuevo. Al principio del auge de la IA, en 2023, los centros de datos de EUA consumieron 176 teravatios-hora de electricidad, alrededor de la misma cantidad que toda la nación de Irlanda (cuya red eléctrica ya funciona casi a su máxima capacidad, lo que provoca que los centros de datos utilicen generadores contaminantes desconectados de la red), y se espera que este consumo se duplique o incluso se triplique tan pronto como en 2028.

Esta rápida proliferación puede ejercer una presión enorme sobre los recursos locales y regionales, cargas que muchas comunidades anfitrionas no tienen en cuenta en su totalidad o no están preparadas para afrontar.

“La demanda de centros de datos y procesamiento acaba de explotar de forma exponencial debido a la IA”, dice Kim Rueben, exasesora principal de sistemas fiscales del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. Explica que Virginia y Texas tienen, desde hace mucho tiempo, incentivos fiscales para atraer nuevos centros de datos, y “otros estados se están subiendo al tren” con la esperanza de ver crecimiento económico y nuevos ingresos fiscales.

Pero en una conferencia de Políticas de Suelo y Digitalización convocada por el Instituto Lincoln la primavera pasada, Rueben comparó la naturaleza extractiva de los centros de datos con las minas de carbón. “No creo que los lugares reconozcan todos los costos”, indica.

Sí, Virginia, los datos son reales

En la conferencia de prensa, Chris Miller, director ejecutivo del Piedmont Environmental Council (PEC, por sus siglas en inglés), explicó cómo alrededor dos tercios del tráfico mundial de Internet pasa por el norte de Virginia. La región ya alberga la concentración más densa de centros de datos en cualquier parte del mundo, con alrededor de 300 instalaciones en solo un puñado de condados. Ya se planifican o se están desarrollando docenas más, listas para consumir las tierras agrícolas, la energía y el agua disponibles en la región, atraídas por un incentivo estatal que permite que las empresas ahorren más de USD 130 millones en impuestos sobre las ventas y el uso cada año.

A pesar de la reducción de impuestos a nivel estatal, los centros de datos representan una contribución significativa para las arcas locales. En el condado de Loudon, que tiene más de 2,5 millones de metros cuadrados de espacio ocupado por centros de datos, los funcionarios esperan que los ingresos totales por impuestos a la propiedad recaudados de los centros de datos locales en el año fiscal 2025 se acerquen a los USD 900 millones, casi tanto como todo el presupuesto operativo del condado. La proporción de ingresos derivados de los centros de datos creció tanto que la junta de supervisores del condado está considerando ajustar la tasa impositiva para no depender tanto de una sola fuente.

Si bien muchas comunidades perciben a los centros de datos como una ventaja económica debido a los ingresos fiscales, las instalaciones en sí mismas no son grandes generadores de puestos de trabajo a largo plazo. La mayoría de los empleos que crean están enraizados en la construcción de los centros de datos y no en la operación continua y, por lo tanto, son temporales en su mayor parte.

Hace décadas, PEC apoyó parte del desarrollo de centros de datos en el norte de Virginia, comenta Julie Bolthouse, directora de políticas de suelo de PEC. Pero hubo cambios drásticos en la industria desde entonces. Por ejemplo, cuando AOL tenía su sede en lo que se conoce como Data Center Alley, el centro de datos de la empresa era una pequeña parte de unas instalaciones más grandes, “contaba con senderos peatonales alrededor, canchas de tenis, canchas de baloncesto… en su apogeo, la empresa tenía 5.300 empleados en el sitio”, relata Bolthouse. Las instalaciones se demolieron y se están construyendo tres grandes centros de datos en el lugar. “Hay una gran valla a su alrededor por motivos de seguridad, por lo que ahora está totalmente aislado de la comunidad, y solo va a dar empleo a entre 100 y 150 personas en el mismo terreno. Ahí está la diferencia”.

El uso de los servicios públicos también se volvió “masivo”, agrega Bolthouse. “Cada uno de esos edificios utiliza el equivalente al consumo de energía de una ciudad, por lo que hay enormes consecuencias para la infraestructura eléctrica de nuestras comunidades. Todas las líneas de transmisión que deben construirse, la expropiación para obtener la tierra a fin de instalar las líneas de transmisión, toda la infraestructura energética, las plantas de gas, los gasoductos que transportan el gas, la contaminación del aire asociada, los impactos climáticos relacionados con todo lo anterior”.

En todo el norte de Virginia, cada uno de los miles de generadores diésel in situ, que tienen el tamaño de un vagón de ferrocarril, emana vapores diésel, lo que crea problemas de calidad del aire. “No conozco otro uso del suelo que utilice tantos generadores como un centro de datos”, comenta Bolthouse. Y, si bien la clasificación oficial de dichos generadores es de energía de respaldo de emergencia, los centros de datos pueden utilizarlos para “satisfacer la demanda” durante 50 horas por vez, agrega. “A nivel local, el aire está muy contaminado. Es materia particulada y NOx [óxidos de nitrógeno], que afecta el crecimiento de los pulmones de los niños, puede provocar casos de asma y exacerbar las enfermedades cardíacas y otras enfermedades subyacentes en los adultos mayores”.

Y luego está la cuestión del agua.

“Como una pajita gigante de refresco”

En un estudio realizado por el Houston Advanced Research Center (HARC) y la Universidad de Houston, se descubrió que los centros de datos en Texas usarán 185.485 millones de litros de agua en 2025, y hasta 1,5 billones de litros en 2030. Eso equivaldría a un descenso en el nivel de agua del embalse más grande de los EUA (el lago Mead, de 63.500 hectáreas) de más de 4,88 metros en un año.

Cualquier persona que haya dejado su teléfono bajo la lluvia por accidente o lo haya dejado caer en un charco podría preguntarse cuál podría ser la relación entre un edificio lleno de delicados aparatos electrónicos costosos y millones de litros de agua. Es, en gran parte, para refrigeración. Al alimentarse con corriente eléctrica, los servidores pueden calentarse mucho, y la refrigeración por evaporación de la habitación es una de las formas más simples y baratas de evitar que los chips se sobrecalienten y dañen.

Sin embargo, eso significa que el agua no solo se usa para enfriar y luego se descarga como agua residual tratable: gran parte de ella se evapora en el proceso, ¡puf!

“Incluso si usan agua recuperada o reciclada, el agua ya no regresa al caudal base de los ríos y arroyos”, comenta Bolthouse. “El proceso tiene impactos ecológicos y problemas de suministro. Alguien siempre estará aguas abajo de la cuenca”. Washington, DC, por ejemplo, seguirá perdiendo el suministro de agua si los centros de datos del norte de Virginia utilizan agua reciclada o recuperada, porque esa agua no volverá al río Potomac. La refrigeración por evaporación también deja altas concentraciones de sales y otros contaminantes, agrega, lo que crea problemas en la calidad del agua.

Existen formas de enfriar los centros de datos que utilizan menos cantidad de agua, incluidos los sistemas de agua de circuito cerrado, que requieren más electricidad, y la refrigeración por inmersión, en la que los servidores se sumergen en un baño de líquido, como un aceite sintético, que conduce el calor, pero no la electricidad. La refrigeración por inmersión también permite una instalación más densa de los servidores, pero aún no se utiliza ampliamente, en gran parte debido al costo.

Resulta irónico, pero puede ser difícil confirmar datos específicos sobre los centros de datos. Dada la condición de propiedad exclusiva de la tecnología de IA y, tal vez, la posible reacción pública, muchas empresas no son muy comunicativas sobre la cantidad de agua que consumen sus centros de datos. Google, por su parte, informó haber utilizado más de 18.900 millones de litros de agua en todos sus centros de datos en 2023, y el 31 por ciento de sus extracciones de agua dulce proviene de cuencas con mediana o alta escasez de agua.

Un estudio de 2023 realizado por la Universidad de California en Riverside estimó que una sesión de chat de IA de alrededor de 20 consultas consume hasta una botella de agua dulce. Esa cantidad puede variar según la plataforma, con modelos más sofisticados que exigen mayores volúmenes de agua, mientras que otras estimaciones sugieren que podría estar más cerca de unas pocas cucharadas por consulta.

“Pero lo que no se reconoce, desde la perspectiva de los sistemas naturales, es que toda el agua es local”, comenta Peter Colohan, director de asociaciones e innovación de programas del Instituto Lincoln, quien ayudó a crear el Internet of Water (Internet del Agua). “Es una pequeña cantidad de agua para un par de consultas, pero todo se toma de una cuenca cercana a ese centro de datos, es decir, miles y miles de litros de agua que se extraen de un solo lugar porque personas de todo el mundo realizan sus consultas de IA”, dice.

“Donde sea que elijan poner un centro de datos, es como una pajita gigante de refresco que absorbe agua de esa cuenca”, continúa Colohan. “Y, cuando se toma agua de un lugar, se debe reducir la demanda o reponer el agua en ese mismo lugar: no hay otra solución. En algunos casos, al menos, los principales desarrolladores de centros de datos comenzaron a reconocer este problema y participan activamente en la reposición de agua donde es necesario”.

Ubicar los centros de datos en regiones más frías y húmedas puede ayudar a reducir la cantidad de agua que utilizan y el impacto de las extracciones de agua dulce. Sin embargo, alrededor de dos tercios de los centros de datos construidos desde 2022 se ubicaron en regiones con escasez de agua, según un análisis de Bloomberg News, que incluyen climas cálidos y secos como Arizona.

No es solo enfriar las salas de servidores y los chips lo que consume agua. Casi la mitad de la electricidad que utilizan los centros de datos de EUA en la actualidad proviene de centrales eléctricas de combustibles fósiles, que, a su vez, utilizan mucha agua, ya que calientan vapor para encender las enormes turbinas.

¿Y qué ocurre con los millones de microchips que procesan toda esa información? Para cuando llegan a un centro de datos, cada chip ya ha consumido miles de litros de agua. La fabricación de estos pequeños y potentes componentes informáticos requiere agua tratada “ultrapura” para enjuagar los residuos de silicio sin dañar los chips. Se necesitan alrededor de 5,6 litros de agua del grifo para producir 3,8 litros de agua ultrapura, y una típica fábrica de chips utiliza alrededor de 37,8 millones de litros de agua ultrapura a diario, según el Foro Económico Mundial, lo que equivale a 33.000 hogares estadounidenses.

A medida que las comunidades consideran los beneficios y riesgos del desarrollo de los centros de datos, los consumidores podríamos tener en cuenta nuestro propio papel en el crecimiento de los centros de datos, y si nuestro uso de la IA vale el precio del agua, la energía y el suelo que devora.

Podría haber usos importantes de la inteligencia artificial, si se puede aprovechar, por ejemplo, para resolver problemas complejos o para mejorar la eficiencia de los sistemas de agua y las redes eléctricas.

También existen otros usos claramente superfluos. Por ejemplo, un canal de YouTube con 35 millones de suscriptores presenta videos musicales generados por IA… de canciones generadas por IA. La MIT Technology Review estima que, a diferencia de las consultas de texto simples, el uso de IA para crear contenido de video consume una cantidad extrema de recursos: hacer un video generado por IA de cinco segundos consume casi tanta electricidad como hacer funcionar un microondas sin parar durante más de una hora.

Los defensores de los centros de datos tienden a señalar el hecho de que los estadounidenses usan más agua cada año para regar campos de golf (más de 1,89 billones de litros) y césped (más de 7,57 billones de litros) que los centros de datos de IA. Sin embargo, ese argumento suena falso: Estados Unidos tiene una conocida obsesión con el césped verde que tampoco colabora. La solución, dicen los expertos en agua, radica en la conservación del agua y la educación del consumidor, no en la comparación de un derroche con otro.

Priorizar un recurso limitado

Incluso un pequeño centro de datos puede suponer una carga inmensa y concentrada para la infraestructura local y los recursos naturales. En el condado de Newton, Georgia, un centro de datos de Meta que se inauguró en 2018 utiliza 1,89 millones de litros de agua por día, el 10 por ciento del consumo de agua de todo el condado. Y dada la energía barata de Georgia y las generosas exenciones fiscales estatales, el condado de Newton continúa otorgando solicitudes de nuevos permisos de centros de datos, algunos de los cuales usarían hasta 22,71 millones de litros de agua por día, más del doble de lo que todo el condado consume en la actualidad.

Las intensas demandas que los centros de datos imponen a los recursos regionales complican la toma de decisiones a nivel local. Las comunidades y los funcionarios regionales del agua deben participar en debates sobre los centros de datos desde el principio con una comprensión coordinada y holística de los recursos existentes y los posibles impactos en la red de energía y la cuenca, indica Mary Ann Dickinson, directora de políticas de suelo y agua del Instituto Lincoln. “Nos gustaría ayudar a las comunidades a tomar decisiones más inteligentes sobre los centros de datos, ayudándolas a analizar y planificar los posibles impactos en sus estructuras y sistemas comunitarios”.

“El agua suele ser una de las últimas cuestiones en las que se piensa, por lo que en verdad estamos promoviendo la participación temprana, entre otras cuestiones”, comenta John Hernon, gerente de desarrollo estratégico de Thames Water en el Reino Unido. “Cuando piensa en los centros de datos, no se trata solo de la velocidad que se obtendrá, no se trata solo de asegurarse de que haya mucha energía disponible, sino que es necesario garantizar que el agua se tenga en cuenta lo antes posible… en primer lugar y no como una idea de último momento”.

A pesar de su reputación húmeda, Londres no recibe mucha lluvia en comparación con el norte del Reino Unido: menos de 635 mm al año, en promedio, o cerca de la mitad de lo que cae en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, debido a que gran parte del crecimiento se centra en Londres, el área de servicio de Thames Water alberga alrededor del 80 por ciento de los centros de datos del Reino Unido, agrega Hernon, y se proponen alrededor de 100 más.

Además, el consumo de agua alcanza su punto máximo durante las épocas más calurosas y secas del año, cuando la empresa de servicios públicos tiene la menor capacidad para satisfacer la demanda adicional. “Por eso hablamos de restringir, reducir u objetar [los centros de datos]”, indica Hernon. “No es porque no nos gusten. Es clarísimo, nosotros también los necesitamos. La IA será una ayuda enorme para nuestro centro de llamadas… lo que significa que podemos poner más personas a arreglar fugas y administrar nuestras redes con proactividad”.

Mantener las luces encendidas

Una forma de que los centros de datos usen menos agua es depender más de la tecnología de refrigeración por aire, pero esto requiere más energía y, a su vez, puede aumentar el uso de agua en forma indirecta, según la fuente de energía. Además, las redes regionales ya tienen problemas para satisfacer la demanda de este tipo de instalaciones sedientas de energía, y hay cientos más en proceso. “Se anunciaron muchos de estos proyectos, pero no queda claro qué fuente de energía puede surgir lo bastante rápido como para alimentarlos”, comenta Kelly T. Sanders, profesora adjunta de Ingeniería en la Universidad del Sur de California.

El gobierno quiere que las empresas de tecnología estadounidenses construyan sus centros de datos de IA en el territorio nacional, no solo por razones económicas, sino también por motivos de seguridad nacional. Pero incluso cuando la gestión de Trump parece comprender las enormes demandas energéticas que los centros de datos impondrán a la red eléctrica, ha aplastado activamente nuevos proyectos de energía eólica, como Revolution Wind frente a la costa de Rhode Island.

Otras alternativas libres de carbono, como los pequeños reactores modulares (SMR, por sus siglas en inglés) y la energía geotérmica, tienen apoyo bipartidista, comenta Sanders. “Pero el problema es que, incluso si comienza a construir un SMR hoy, el proceso llevará 10 años”, agrega. “Las fuentes con las que podemos contar más rápido son el viento, la energía solar y las baterías. Pero en los últimos seis meses perdimos muchos de los incentivos para la energía limpia, y se libró una guerra contra lo eólico. Se están cancelando proyectos eólicos que ya están construidos y pagados. Y me parece peculiar porque esa es la electricidad que pronto estaría lista para salir a la red, en algunas de estas regiones que están muy congestionadas”.

Los centros de datos se encuentran entre las razones por las que los contribuyentes de todo el país han visto aumentar sus facturas de electricidad al doble de la tasa de inflación en el último año. Parte de eso tiene que ver con la nueva infraestructura que requerirán los centros de datos, como nuevas plantas de energía, líneas de transmisión u otras inversiones. Esos costos, así como el mantenimiento y las actualizaciones continuas de la red, suelen ser costos compartidos entre todos los clientes de electricidad en un área de servicio a través de cargos agregados a las facturas de servicios públicos.

Esto crea, como mínimo, dos problemas: si bien los ingresos fiscales de un nuevo centro de datos solo beneficiarán a la comunidad anfitriona, toda el área de servicio eléctrico debe pagar la infraestructura asociada. En segundo lugar, si una empresa de servicios públicos realiza esa gran inversión, pero el centro de datos, en algún momento, cierra o necesita mucha menos electricidad de la proyectada, son los contribuyentes quienes pagarán la factura, no el centro de datos.

Algunas empresas de tecnología aseguran su propia energía limpia independiente de la red: Microsoft, por ejemplo, firmó un acuerdo de 20 años para comprar energía de manera directa a la planta nuclear de Three Mile Island. Pero ese enfoque tampoco es ideal, indica Sanders. “De todos modos, estos centros de datos utilizarán líneas de transmisión y todos los activos de la red, pero si no están comprando la electricidad de la empresa de servicios públicos, no están pagando toda esa infraestructura a través de las facturas”, agrega.

Además de generar nueva energía, explica Sanders, existen estrategias para exprimir más capacidad de la red existente. “Una de ellas es la vieja y confiable eficiencia energética, y los propios centros de datos tienen todos los incentivos alineados para tratar de hacer que sus procesos sean más eficientes”, comenta. La IA en sí misma también podría ayudar a mejorar el rendimiento de la red. “Podemos usar la inteligencia artificial para obtener más información sobre cómo fluye la energía a través de la red, y así podemos optimizar ese flujo de energía, lo que nos puede dar más capacidad de la que tendríamos de otra manera”, agrega Sanders.

Otra estrategia es hacer que la red sea más flexible. La mayoría de las veces y en la mayoría de las regiones de los EUA, solo usamos alrededor del 40 por ciento de la capacidad total de la red, explica Sanders grosso modo. “Construimos la capacidad de la red para que pueda soportar la demanda en el día más caluroso… y ahí es donde nos preocupamos por estas grandes cargas de los centros de datos”, indica. Sin embargo, una red coordinada de baterías, incluso en los hogares de las personas y los vehículos eléctricos, puede agregar flexibilidad y estabilizar la red durante los momentos de mayor demanda. En julio, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) de California realizó la prueba más grande jamás realizada de su “planta de energía virtual” para todo el estado y utilizó baterías residenciales para suministrar 535 megavatios de energía a la red durante dos horas completas al atardecer.

Con cierta planificación intencional y coordinada (“no sucederá de forma natural”, comenta Sanders) puede ser posible agregar más capacidad sin requerir gran cantidad nueva de generación si los centros de datos logran reducir la carga de trabajo durante las horas pico e invertir en baterías de respaldo a gran escala: “Existe un escenario en el que estos centros de datos pueden cumplir un buen papel respecto de la red y agregar más flexibilidad”.

Enfrentar las concesiones con las políticas de suelo

A medida que crece la demanda de centros de datos, la búsqueda de ubicaciones adecuadas para estas instalaciones obligará a las comunidades a enfrentar un sinfín de elecciones injustas entre el agua, la energía, el suelo, el dinero, la salud y el clima. “La planificación integrada del uso del suelo, con prácticas sostenibles de suelo, agua y energía, es la única forma en que podemos lograr, de manera sostenible, el círculo virtuoso necesario para cosechar los beneficios de la IA y el crecimiento económico asociado”, indica Colohan.

Por ejemplo, usar gas natural para satisfacer la carga de electricidad anticipada de los centros de datos de Texas requeriría 50 veces más agua que usar energía solar, según el estudio de HARC, y 1.000 veces más agua que viento. Pero si bien la alimentación de nuevos centros de datos con parques eólicos consumiría la menor cantidad de agua, también requeriría la mayor cantidad de suelo: cuatro veces más suelo que la generación solar y 42 veces más que el gas natural.

A falta de una avalancha de energía nueva y limpia, la mayoría de los centros de datos aportan grandes cantidades de gases de efecto invernadero a nuestras emisiones colectivas, en un momento en que la ciencia exige que los reduzcamos drásticamente para limitar los peores impactos del cambio climático. Los reguladores de Luisiana aprobaron en agosto planes para construir tres nuevas plantas de energía de gas para compensar la demanda de electricidad esperada del centro de datos de IA, Hyperion, de Meta.

A medida que las ciudades o los condados compiten entre sí para atraer centros de datos, las comunidades anfitrionas se llevarán los beneficios fiscales, pero los costos (la intensa demanda de agua, las facturas de electricidad más altas y la contaminación del aire de los generadores de respaldo) se repartirán a la región, incluso a áreas que no verán ningún nuevo ingreso fiscal.

Esa es una de las razones por las que los permisos de los centros de datos necesitan más supervisión estatal, comenta Bolthouse. “La única aprobación que en verdad tienen que obtener es de la localidad, y la localidad no tiene en cuenta los impactos regionales”, agrega. PEC también está impulsando la protección de los contribuyentes y los compromisos de sostenibilidad. “Queremos asegurarnos de fomentar las prácticas más eficientes y sostenibles dentro de la industria, y exigir mitigación cuando no se pueden evitar los impactos”.

PEC y otras entidades también están ejerciendo presión para lograr una mayor transparencia de la industria. “Muy a menudo, la llegada de los centros de datos incluye acuerdos de confidencialidad”, dice Bolthouse. “Ocultan mucha información sobre el uso del agua y la energía, los impactos en la calidad del aire, las emisiones; ninguna de esa información se divulga, por lo que las comunidades en realidad no saben en qué se están metiendo”.

“Es necesario educar a las comunidades sobre lo que enfrentan y cuáles son sus concesiones cuando dejan entrar un centro de datos”, comenta Colohan. “¿Cuál es el costo real de un centro de datos? Y luego, ¿cómo convertir ese costo real en un beneficio a través de políticas de suelo integradas?”

Rueben explica que entiende el deseo de aprovechar una industria en crecimiento, en especial en las comunidades que experimentan la pérdida de población. Pero en lugar de competir entre sí para atraer centros de datos, agrega, las comunidades deberían tener conversaciones más amplias sobre el crecimiento del empleo y las estrategias de desarrollo económico, teniendo en cuenta los costos reales y las compensaciones que representan estas instalaciones, y pedir a las empresas que proporcionen más garantías y planes detallados.

“Obligar a los operadores de centros de datos a explicar cómo administrarán las instalaciones de manera más eficiente y de dónde obtendrán el agua, y no solo asumir que tienen prioridad en el acceso a los sistemas de agua y energía”, indica, “es un cambio de perspectiva que necesitamos que hagan los funcionarios del gobierno”.

Jon Gorey es redactor del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo.

Imagen principal: instalaciones del centro de datos en el condado de Prince William, Virginia. El condado tiene 59 centros de datos en funcionamiento o en construcción. Crédito: Hugh Kenny a través del Piedmont Environmental Council.

CAMBRIDGE, MA– The Lincoln Institute of Land Policy has announced Public Land for All Communities and the Environment (PLACE), a national campaign to empower local government and civic partners to overcome common procedural and legal barriers to the effective transfer and transformation of public land, including for affordable housing, nature-based solutions, conservation, and other public benefits.

“Public land has a crucial role to play in addressing the housing affordability crisis and adapting to environmental challenges that impact millions of Americans—but local governments need support to enable the transformation,” said George W. McCarthy, president and CEO of the Lincoln Institute of Land Policy. “The PLACE campaign builds on the Lincoln Institute’s unparalleled history of finding answers in land, including how policymakers and their partners can better and more strategically leverage publicly owned land.”

The PLACE campaign builds off the Lincoln Institute’s past work to inform federal policy on how best to repurpose suitable public land for the development of affordable housing. As part of that work, the Center for Geospatial Solutions (CGS)—a nonprofit geospatial services provider operating out of the Lincoln Institute—conducted a national, parcel-level analysis that found more than 276,000 acres of buildable, government-owned land in transit-accessible urban areas with existing infrastructure. These findings suggest federal agencies, states, and localities could add more than 6.9 million homes to the nation’s current housing stock in places closer to jobs and schools than many traditional development sites tend to offer.

The findings, developed using CGS’s Who Owns America ® methodology, also show that while federal land comprises approximately 5,200 acres of that total, the majority of opportunity to translate public land into lasting public benefit lies with state and local governments, which collectively hold more than 98 percent of the land identified.

Land unsuitable for housing still has potential for public good as well—primarily by affording nature-based solutions to other social challenges. The Lincoln Institute is committed to putting the tools and expertise in the hands of local communities so that they can better use their own land to solve urgent challenges, such as expanding green infrastructure for stormwater management, seeding urban forests that address the impacts of climate change, and more.

As part of the campaign, the Lincoln Institute will also equip individual leaders and city teams with necessary skills and expertise through Lincoln Vibrant Communities, a 24-week program at Claremont Lincoln University, the university of the Lincoln Institute. This collaborative certificate program offers graduate-level education, expert coaching, and peer networking to support public and private-sector leaders in advancing sustainable community development.

More information about the Lincoln Institute and the PLACE campaign can be found here.

Lead image: The Artspace Mt. Baker Lofts near Mount Baker Station in Seattle. Credit: Sound Transit.