¿De qué manera se verán afectadas las finanzas del gobierno municipal por la enorme y creciente carga de pagar los costos de pensión contraídos previamente? En particular, ¿de qué manera estos costos de pensión heredados cambiarán la percepción de los residentes respecto al impuesto municipal sobre la propiedad y su intención de pagarlo? como primer paso de un programa de investigación del lincoln institute of land policy mucho más amplio sobre estas cuestiones, cabe preguntarse: ¿Qué sabemos –e igualmente importante, qué no sabemos– acerca de la magnitud de las deudas por pensiones sin fondos del gobierno municipal en los estados unidos? (ver Gordon, rose y Fischer 2012).

Es un principio fundamental de las finanzas públicas que los servicios del presente deberían pagarse con ingresos del presente, y que el financiamiento de deudas debería reservarse para proyectos de capital que brinden servicios a los futuros contribuyentes. este principio se viola cuando las deudas por pensiones relacionadas con los servicios de los trabajadores en el presente no son financiadas con compras de activos financieros en el presente y, en su lugar, deben pagarlas los futuros contribuyentes.

Desafortunadamente, no siempre se observan los principios de la prudencia en las finanzas públicas, y los gobiernos municipales en los estados unidos han acumulado una importante cantidad de deudas por pensiones sin fondos en los últimos años. esta situación genera un quiebre en la importante relación entre los contribuyentes y los servicios que reciben: la correspondencia desigual entre el valor total de los servicios públicos y los recursos tomados del sector privado. existe un importante debate sobre la solidez de dicha correspondencia y cuánta es la similitud de la relación de precios entre el valor pagado y el valor recibido para los contribuyentes particulares; casi no quedan dudas de que utilizar los ingresos corrientes para pagar servicios prestados en el pasado debilita esta relación.

Una conciencia pública creciente

La cuestión de las pensiones para empleados del gobierno estatal y municipal aparece en los titulares casi a diario (recuadro 1). Hasta hace sólo unos pocos años, estas pensiones eran competencia casi exclusiva de unos pocos funcionarios elegidos, juntas designadas, asesores en inversiones, actuarios y agencias calificadoras de crédito. ¿Qué cambió? La respuesta más inmediata es la gran recesión, que condicionó no solamente los ingresos fiscales del estado sino también el valor de los activos de los planes de pensión. En particular, la tenencia de capital proveniente de fondos de pensión estatales y municipales perdió casi la mitad de su valor, ya que cayó del pico de US$2,3 billones alcanzado en septiembre de 2007 a sólo US$1,2 billones en marzo de 2009 (Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal 2012).

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Recuadro 1: ¿En dónde se encuentran en peligro las pensione municipales?

A fin de comprender cuáles son los lugares donde las pensiones municipales estaban experimentando dificultades en particular, Gordon, Rose y Fischer (2012) utilizaron un software de monitoreo de medios de comunicación para realizar una investigación de todas las agencias de noticias nacionales de los EE.UU. durante los tres primeros meses de 2012. La búsqueda se centró en artículos que incluían la palabra “pensión” junto con otros términos que identificaban a los gobiernos municipales, como “municipalidad”, “ciudad” o “condado”, y descripciones de problemas de financiamiento, como, por ejemplo, “pasivo”, “déficit”, “sin fondos”, “recorte”, “mora”, “reforma” y “problema”. Los resultados de la búsqueda produjeron más de 2.000 artículos separados de diferentes lugares en todo el país.

Según este análisis, varios tipos de lugares están experimentando problemas con la cuestión de las pensiones. Un grupo lo forman las jurisdicciones que han estado perdiendo gente y empleos con el transcurso de los años. Uno de los ejemplos más notorios es Detroit, Michigan, en donde la cantidad de jubilados es el doble de los trabajadores activos. En esta categoría también entra la ciudad de Prichard, Alabama, que perdió más del 45 por ciento de su población desde 1970 y, el año 2010 tenía menos de 23.000 residentes. En septiembre de 2009, este municipio sencillamente dejó de enviar los cheques de pensión a sus exempleados y, un mes más tarde, se declaró en quiebra. Para dichas comunidades, los conflictos relacionados con las pensiones también pueden ser un síntoma de mayores problemas fiscales o de disfunciones políticas.

Otro grupo de jurisdicciones pasó del auge inmobiliario a el posterior derrumbe del mercado de la vivienda. Algunos ejemplos son las ciudades de rápido crecimiento en California, como Stockton, que este año se declaró en quiebra, siendo la ciudad más grande que se haya declarado en quiebra en la historia. Mucho más desconcertante es la situación de jurisdicciones relativamente acaudaladas, como los condados de Suffolk o Nassau, en Nueva York, que parecen no ser capaces de aplicar recortes estrictos en los gastos o aumentar los impuestos debido a la paralización política. En lugar de ello, muchas de estas jurisdicciones han recurrido al préstamo para cumplir con sus obligaciones de pago de pensiones.

Solamente dos de las recientes bancarrotas municipales (Vallejo, California, y Central Falls, Rhode Island) fueron resultado de presiones de las pensiones públicas y la compensación de empleados junto con una reducción de la recaudación. Otras jurisdicciones, como Harrisburg, Pensilvania, y el condado de Jefferson, Alabama, están en apuros debido a malas decisiones en las inversiones. Además, algunas ciudades importantes, como Atlanta, San Francisco y Nueva York, han tomado medidas para limitar el crecimiento de las pensiones, con frecuencia gracias a la cooperación de los sindicatos de empleados públicos municipales. Central Falls logró obtener concesiones de oficiales de policía y bomberos en activo, así como de jubilados, pero aun esta medida resultó insuficiente para detener la caída hacia la quiebra.

Aunque el mercado de valores se ha recuperado en gran medida y las tenencias de capital derivadas de planes estatales y municipales se han incrementado nuevamente a más de US$2 billones, las pensiones públicas siguen estando bajo estrecha vigilancia. Las agencias calificadoras de crédito están tomando cada vez más en cuenta las deudas por pensiones sin fondos a la hora de llevar a cabo sus evaluaciones de riesgo crediticio de los gobiernos estatal y municipal. Además, los analistas están haciendo oír cada vez más sus críticas sobre los métodos que comúnmente se utilizan para evaluar los niveles de financiamiento de las pensiones.

El gobierno federal también está prestando atención a este tema. El congreso, alarmado por la posibilidad de que los gobiernos entren en mora, celebró una serie de audiencias sobre las finanzas de los gobiernos estatal y municipal a principios de 2011. Hace poco, los miembros republicanos del comité conjunto económico (JEC, por sus siglas en inglés) emitieron informes en los que se vislumbraba el espectro de una crisis similar a la de la eurozona debido a las deudas por pensiones estatales sin fondos (JEC 2011; JEC 2012).

A la luz de estas críticas y de los motivos de preocupación en torno a los crecientes costos derivados de las pensiones, 43 estados promulgaron reformas importantes en sus sistemas de pensión entre 2009 y 2011 (Snell 2012). Las modificaciones más comunes fueron las siguientes: aumento de los requisitos en la aportación por parte de los empleados (30 estados), aumento de la edad y años de servicio para la elegibilidad (32), ajuste de fórmulas para calcular los beneficios (17), y reducción en los aumentos del costo de la vida (21). En algunos estados, las modificaciones se aplicaron solamente a los nuevos empleados, aunque en otros estados, estos cambios afectaron a los trabajadores activos y a los ya jubilados. Estas medidas han generado una gran controversia y han dado como resultado el inicio de juicios en colorado, Minnesota, Nueva Jersey y Dakota del Sur.

La mayor parte de esta creciente atención hacia las pensiones de empleados del gobierno se ha concentrado en los planes del gobierno estatal, mientras que las pensiones de empleados públicos municipales relativamente no han sido sometidas a análisis. Aunque los planes municipales representan un porcentaje modesto del total de afiliados a las pensiones públicas (10 por ciento) y del total de activos de pensiones públicas (18 por ciento), su quiebra puede ser devastadora. Los residentes y las empresas con posibilidades de mudarse podrían abandonar aquellas comunidades en las que se aplican impuestos altos para reconstruir los activos derivados de pensiones en lugar de brindar servicios básicos. Una base imponible reducida podría empeorar aún más el fondo, con menos posibilidades de pagar los beneficios prometidos. El resultado podría ser el surgimiento de más ciudades como Prichard, Alabama.

Una mirada conjunta a los planes de pensión estatales y municipales

Las pensiones estatales y municipales son una parte importante del sistema de jubilación de la nación. La figura 1 muestra la distribución del total de us$15,3 billones en activos para la jubilación a finales de 2011 por tipo de plan. Los fondos de jubilación de empleados públicos estatales y municipales poseían, en conjunto, us$2,8 billones en activos, o casi un quinto del total.

Todos los estados tienen al menos un plan de pensión para empleados públicos y, en algunos estados, varios planes. Existen más de 220 planes estatales (algunos de los cuales son planes gestionados por el estado que ofrecen cobertura a trabajadores del gobierno municipal) y cerca de 3.200 planes municipales (tabla 1). En total, estos planes dan cobertura a 14,7 millones de trabajadores, 8,2 millones de beneficiarios actuales y 4,8 millones de personas elegibles para obtener beneficios en el futuro pero que aún no los reciben.

Las pensiones estatales y municipales son importantes, además, porque el 27,5 por ciento de los empleados de gobierno no está integrado en el seguro social (Nuschler, Shelton y Topoleski 2011). Estos empleados públicos sin cobertura se encuentran concentrados en unos pocos estados. La figura 2 ofrece una clasificación de los 16 estados que presentan las mayores concentraciones de trabajadores gubernamentales sin cobertura del seguro social. Casi todos los empleados de gobierno, tanto estatal como municipal, de Ohio y Massachusetts y más de la mitad de los empleados públicos estatales y municipales de Nevada, Louisiana, Colorado, California y Texas no están cubiertos por el seguro social.

Otra característica fundamental de las pensiones estatales y municipales reside en que, en su mayoría, consisten en planes de beneficios definidos (DB, por sus siglas en inglés). Los beneficios se calculan utilizando una fórmula que, por lo general, sigue este patrón:

(Salario promedio de los 3 últimos años) x
(Años de servicio) x
(2 por ciento por cada año de servicio) =
Beneficios

La mayoría de las pensiones de gobierno estatal y municipal también incluyen un ajuste según el costo de la vida. Una minoría de trabajadores del sector público se encuentra inscrita en planes de aportes definidos (DC, por sus siglas en inglés), según los cuales se coloca un monto específico en un fondo de jubilación por cada año de trabajo. Si se las compara con los planes dc, las pensiones dB protegen a los empleados de los riesgos derivados de inversiones, inflación y longevidad. Hasta el año 2009, cerca del 80 por ciento de los trabajadores estatales y municipales se encontraba inscrito en planes DB, y sólo poco más del 20 por ciento de los empleados estatales y municipales estaba en planes DC. Los trabajadores del sector privado presentaban la composición opuesta: el 20 por ciento estaba inscrito en planes DB y el 80 por ciento, en planes DC (Oficina de Estadísticas Laborales de los EE.UU. 2011).

Los planes DB predominaban en el sector privado, pero han ido desapareciendo, en parte debido a que la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación para Empleados de 1974 (ERISA, por sus siglas en inglés) impuso normas mínimas de financiamiento y estableció el requisito de realizar aportaciones para seguros y otras cargas administrativas en relación con estos planes.

La menor cantidad de requisitos de financiamiento y de presentación de reportes que se aplican a las pensiones públicas permite a los gobiernos trasladar los costos de los trabajadores al futuro. Esta es una forma implícita de pedir préstamos, ya que se pueden evadir las normas presupuestarias calculadas y evitar la aprobación del electorado que generalmente se requiere para emitir bonos.

Requisitos de financiamiento y de presentación de reportes para las pensiones estatales y municipales

Históricamente, la mayoría de las pensiones estatales y municipales se financiaron con recaudaciones generales a plazo. La práctica actual de prefinanciar los planes de pensión estatales y municipales comenzó en las décadas de 1970 y 1980. Aunque los planes del sector público no se encontraban sujetos a la ERISA, esta ley sí requería emitir informes sobre sus prácticas. El informe de 1978 indicaba un “alto nivel de ceguera sobre el costo de las pensiones (…) debido a la falta de valuaciones actuariales, la utilización de suposiciones actuariales irreales y la ausencia general de normas actuariales” (Munnell y otros 2008, 2).

Esta señal de alarma llevó a varios planes a incrementar voluntariamente los niveles de financiamiento y prestar más atención a las normas actuariales y contables. En 1984 se creó la Junta de Normas Contables del Gobierno (GASB, por sus siglas en inglés), que emitió las primeras normas para planes de pensión en 1986 y realizó una profunda revisión de sus normas de valuación actuarial en 1994. El cumplimiento de dichas normas es de carácter voluntario, pero tiene el reconocimiento de las agencias calificadoras de crédito, los auditores y otros profesionales encargados de recopilar datos. A diferencia de las normas de la ERISA, que requieren métodos de valuación específicos para todos los planes privados, la GASB establece criterios que permiten cierta flexibilidad en la utilización de métodos específicos por parte de los planes públicos. En consecuencia, existen serios motivos de preocupación en lo referente a la transparencia y la comparabilidad de los datos sobre los que informan los propios planes de pensión estatales y municipales en relación con sus deudas.

Aportaciones de los empleadores

El cálculo del Pasivo Actuarial Devengado (AAL, por sus siglas en inglés) de un plan requiere la siguiente información: edad e historial salarial de los afiliados; proyecciones de incremento salarial, edades de jubilación, ganancias por activos e inflación; tablas de probabilidad de longevidad; y una tasa de descuento para convertir valores futuros estimados en valores en curso. El Pasivo Actuarial Devengado Sin Fondos (UAAL, por sus siglas en inglés) es equivalente al AAL menos los activos del plan.

El “costo normal” de un plan de pensión es el aumento del AAL debido al año de servicio en curso de los empleados existentes. La ERISA requiere que el costo normal se salde con las aportaciones de los empleados y empleadores. La GASB especifica una “Aportación Anual Obligatoria” (ARC, por sus siglas en inglés) de costo normal más una amortización a 30 años del UAAL. El problema reside en que, contrariamente a lo que su nombre indica, en la mayoría de las jurisdicciones no es obligatorio el pago del ARC.

Elección de la tasa de descuento

La cuestión que recientemente ha recibido más atención es la elección de la tasa de descuento. Las normas actualmente aplicables de la GASB permiten el descuento de las deudas futuras en base al rendimiento por inversiones proyectado, lo que dio un promedio del 8 por ciento anual antes de la recesión. No obstante, la mayoría de los economistas y especialistas en teoría financiera estarían de acuerdo con Brown y Wilcox (2009, 538) cuando afirman que “la tasa de descuento utilizada para valuar las futuras deudas derivadas de las pensiones debería reflejar el grado de riesgo de dichas deudas”, no de los activos. Las garantías constitucionales y legales consideran a las pensiones gubernamentales de bajo riesgo, mientras que el rendimiento histórico por inversiones incluye una prima de riesgo.

Los gobiernos estatales y municipales no pueden evitar los riesgos a largo plazo, como son una prolongada caída en la productividad o una caída de la bolsa durante una década. Por lo tanto, la tasa histórica de rendimiento a largo plazo en una cartera con gran composición patrimonial (antes de aplicar ajustes por riesgos) resulta una tasa de descuento demasiado alta. Las tasas de descuento más altas pueden hacer que las pensiones parezcan tener mayores fondos que los que verdaderamente poseen. Esto reduce los requisitos de aportaciones e impone obligaciones sin garantía a los futuros contribuyentes si no se logran las altas tasas de rentabilidad. Lo que resulta aún peor es que los administradores de los planes tienen de esta manera un incentivo para buscar carteras de alto riesgo con el fin de obtener una mayor tasa de descuento y un menor ARC.

Existen sólidos argumentos a favor de que la tasa de descuento del 8 por ciento que utitilizan muchos de los planes de pensión pública es demasiado alta, aunque existe un consenso menor en lo que respecta a cuánto debería reducirse dicha tasa para ser apropiada. En lugar de analizar estos puntos de vista, obtuvimos una estimación del impacto que podría tener una tasa más baja. Munnell y otros (2012) calculan los posibles cambios que se producirían en las deudas reportadas si en todos los planes se utilizara una tasa de descuento del 5 por ciento, en lugar del 8 por ciento. Dichos autores estiman que las deudas estatales y municipales aumentarían de US$3,6 billones a US$5,4 billones, y que las proporciones de financiamiento totales (activos/AAL) disminuirían de 75 por ciento a sólo 50 por ciento. Este es un cambio enorme, ya que representa el doble de las deudas sin fondos (UAAL = AAL – activos).

Últimas modificaciones en las normas de la GASB

La GASB (2012) emitió nuevas normas contables que entrarán en vigencia en 2013 y 2014. Según la modificación principal, los gobiernos estatales y municipales deberán aplicar diferentes tasas de descuento sobre las partes de las deudas que tienen fondos y las que no los tienen. Se seguirá aplicando una tasa basada en los ingresos en la parte del pasivo que posea financiamiento, mientras que se utilizará una tasa más baja y sin riesgos respecto del UAAL. El impacto de este cambio sobre el pasivo reportado depende de cuántos fondos tenga un plan: los planes totalmente financiados no sufrirán modificación alguna, los planes con fondos suficientes experimentarán unos pocos cambios, y los planes con escasos fondos estarán sujetos a grandes aumentos en las deudas reportadas y reducciones en el financiamiento. Según las nuevas normas, los estados contables del gobierno deberán incluir el UAAL, lo que incrementará la visibilidad del pasivo sin fondos para el electorado.

¿Qué sabemos sobre las pensiones municipales?

A pesar de los crecientes motivos de preocupación respecto a la salud fiscal de los planes de pensión municipales, no se tiene un conocimiento sistemático de los mismos. La mejor información disponible proviene de la Encuesta Anual de Sistemas de Jubilación para Empleados Públicos Estatales y Municipales, llevada a cabo por la Oficina del Censo de los EE.UU. (2012). Cada cinco años se ofrece información detallada sobre cada organismo de gobierno. Cada año se da información de datos a nivel de planes para una muestra que incluye casi la mitad de los 3.200 planes municipales, y estos datos se utilizan para generar estimaciones de totales para cada estado por tipo de gobierno. Las tablas 1 y 2 muestran ejemplos de los tipos de información que presenta la encuesta.

Las principales virtudes de la encuesta sobre jubilaciones de empleados de la Oficina del Censo son la calidad de los datos y el hecho de que son exhaustivos. Una desventaja importante es la falta de relevancia temporal, ya que los últimos datos municipales disponibles son los correspondientes al ejercicio de 2010. Otro problema reside en que hace muy poco que la Oficina comenzó a informar acerca de las deudas de los planes, y sólo incluye estos datos respecto de los planes estatales. Al igual que otras fuentes de datos sobre pensiones, la Oficina del Censo no recaba información sobre los planes DC u otros beneficios posteriores al empleo (OPEB, por sus siglas en inglés).

No obstante, la encuesta sobre jubilación de empleados arroja cierta luz sobre las pensiones municipales. Por ejemplo, la cantidad de planes municipales por estado varía significativamente: 7 estados no poseen planes municipales, 20 estados tienen menos de 10, Florida e Illinois tienen más de 300 cada uno, y Pensilvania posee más de 1.400. La cantidad de afiliados activos por beneficiario es una medida rudimentaria para saber de qué manera los aportes de los empleados sirven para financiar el plan. La tabla 1 muestra que el promedio nacional en los planes municipales es de 1,4 trabajadores por jubilado, aunque la variación entre estados es considerable. Esta proporción de respaldo es menor que 1 en 12 estados; de entre 1 y 2 en 31 estados; y de más de 2 en 7 estados (Utah posee la proporción más alta: 6,8).

Ninguno de estos datos nos dice cuán suficientemente financiadas se encuentran las pensiones municipales. Para obtener esta información, debemos recurrir a encuestas independientes. La mayoría de estas encuestas ofrecen una buena cobertura sobre los planes estatales, aunque, por lo general, incluyen sólo información sobre algunos de los planes municipales más grandes, como, por ejemplo, la encuesta anual de planes de afiliados de la Asociación Nacional de Administradores de Jubilación Estatal (NASRA, por sus siglas en inglés). Unas pocas investigaciones nacionales se han centrado en las deudas por pensiones municipales, en lugar de estatales. Por ejemplo, Novy-Marx y Rauh (2011) analizan las finanzas de las pensiones municipales utilizando datos de los Informes Financieros Anuales Consolidados (CAFR, por sus siglas en inglés) respecto de los planes de ciudades y condados que poseen más de US$1.000 millones en activos a partir de 2006.

El Centro de Investigaciones sobre Jubilación (CRR, por sus siglas en inglés) de la universidad Boston College mantiene una Base de Datos de Planes Públicos (PPD) para los mayores planes estatales y municipales, con datos provenientes de informes actuariales individuales sobre los planes y CAFR del gobierno municipal. Mediante el uso de la PPD más otros tipos de información sobre planes municipales adicionales, el CRR recientemente emitió un informe con datos para 2010 en base a una muestra de 97 planes en 40 estados (Munnell y otros 2011). Esta es una muestra modesta en relación con el total de 3.200 planes municipales; no obstante, debido a que se concentra en los planes grandes, cubre el 59 por ciento de los activos de pensiones municipales y el 55 por ciento de los afiliados.

Un resultado importante de esta investigación es la amplia dispersión que existe en la relación promedio de financiamiento del 77 por ciento en 2010 (figura 3). De los 95 planes grandes de la muestra del CRR con información utilizable, sólo 16 poseían activos para cubrir más del 90 por ciento del pasivo. En el extremo opuesto, hay 9 planes con un financiamiento menor al 50 por ciento (Munnell y otros 2011). Además, este estudio muestra al ARC como un porcentaje de la nómina gubernamental municipal. El promedio general para 2010 es del 22 por ciento, y en este caso también existe una amplia dispersión (figura 4). De los 91 planes grandes en la muestra del CRR con información utilizable, más de la mitad (49) tienen un ACR por debajo del 20 por ciento de la nómina, aunque 16 planes poseen participaciones en el rango menos manejable de entre 30 por ciento y 80 por ciento. Cinco planes poseen un pasivo por pensiones de tal magnitud que, de pagarse por completo, costaría más que el 100 por ciento de la nómina.

Debe tenerse en cuenta que los gobiernos municipales en la mayoría de los estados no están obligados a pagar la cantidad total de ARC . No poseemos datos a nivel municipal; sin embargo, según un informe a nivel estatal, existe una amplia variación en el porcentaje de los ARC efectivamente pagados en todos los planes, todos los años y en todos los estados (Equipo de Trabajo para la Crisis Presupuestaria Estatal 2012). Munnell y otros (2011) calculan los pagos de pensión efectivamente realizados como un porcentaje de los presupuestos municipales, y en este caso también obtienen como resultado una variación considerable: el 14 por ciento de los gobiernos de la muestra destinan más del 12 por ciento de sus presupuestos al pago de las pensiones.

Conclusiones

Las pensiones del gobierno municipal se encuentran, en promedio, significativamente escasas de fondos. La razón fundamental reside en que, ante la falta de una obligación legal, muchos gobiernos no han reservado los suficientes fondos cada año para cubrir las deudas por pensión adicionales contraídas en ese año, y mucho menos para amortizar el pasivo sin fondos de años anteriores. En efecto, estos gobiernos piden préstamos para pagar los servicios de los trabajadores en el presente y trasladar la carga a futuros contribuyentes.

Tenemos muchos menos datos acerca de los 3.200 planes administrados a nivel municipal que los que tenemos sobre los 220 planes estatales. La mejor información respecto de los planes municipales proviene de investigadores que analizan los informes financieros detallados de los planes y los gobiernos municipales. Forzosamente, estos estudios se concentran en los planes más grandes. Lo que sí sabemos es que existe una amplia variación entre los diferentes planes respecto de ciertas medidas clave: el porcentaje del pasivo que se encuentra cubierto por los activos; la aportación completa que debería cubrir tanto los costos de pensión del año en curso como la amortización del pasivo sin fondos (ARC ) relativo a la nómina o a la recaudación anual; el porcentaje del ARC que se paga efectivamente; y el porcentaje del presupuesto en curso que se destina a los costos de pensión. Una importante cantidad de gobiernos municipales está en dificultades por una o más de estas medidas.

Lo que empeora aun más la situación es que lo que sabemos acerca del pasivo proviene de los datos reportados por los propios municipios y la tasa de descuento que estos gobiernos eligen. En casi todos los casos, la tasa de descuento es inadecuadamente alta, y la utilización de una tasa de descuento menor podría aumentar el pasivo sin fondos a más del doble. El resultado es un grave problema con respecto a las deudas por pensiones municipales que amenaza las finanzas del gobierno municipal, aunque no conocemos su magnitud ni el nivel de desigualdad de su distribución.

Sobre los autores

Richard F. Dye es visiting fellow del Lincoln Institute of Land Policy. Asimismo es profesor en el Instituto de Gobierno y Relaciones Públicas de la Universidad de Illinois en Chicago, y profesor emérito de Economía en el Lake Forest College.

Tracy Gordonfellow en Estudios Económicos en el Instituto Brookings, Washington, DC. Su campo de investigación se centra en las finanzas públicas estatales y municipales, la economía política y la economía urbana.

Referencias

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Gordon, Tracy M., Heather M. Rose e Ilana Fischer. 2012. The state of local government pensions: A preliminary inquiry. Documento de trabajo. Cambridge MA: Lincoln Institute of Land Policy.

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Munnell, Alicia H., Jean-Pierre Aubry, Josh Hurwitz y Laura Quimby. 2011. An update on locally administered pension plans. Resumen de políticas del Centro de Investigaciones sobre Jubilaciones de Boston College, julio.

Munnell, Alicia H., Jean-Pierre Aubry, Josh Hurwitz y Laura Quimby. 2012. The funding of state and local pensions: 2011–2015. Resumen de políticas del Centro de Investigaciones sobre Jubilaciones de Boston College, mayo.

Munnell, Alicia H., Kelly Haverstick, Steven A. Sass y Jean-Pierre Aubry. 2008. The miracle of funding by state and local pension plans. Resumen de políticas del Centro de Investigaciones sobre Jubilaciones de Boston College, abril.

Novy-Marx, Robert y Joshua Rauh. 2011. The crisis in local government pensions in the United States. En Growing old: Paying for retirement and institutional money management after the financial crisis. Editado por Robert Litan y Richard Herring, 47–74. Washington, DC: Instituto Brookings.

Nuschler, Dawn, Alison M. Shelton y John J. Topoleski. 2011. Social Security: Mandatory coverage of new state and local government employees. Servicio de Investigaciones del Congreso, julio. http://www.nasra.org/resources/CRS%202011%20Report.pdf.

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Snell, Ronald K. 2012. State pension reform, 2009–2011. Washington, DC: Consejo Nacional de Legislaturas Estatales, marzo.

Adam H. Langley is a senior research analyst in the Department of Valuation and Taxation at the Lincoln Institute of Land Policy. Previously, Langley worked for the New York State Assembly. He earned his B.A. in political studies from Bard College and an M.A. in economics from Boston University.

Langley’s research has covered a range of issues related to state and local public finance, with a particular focus on the property tax. He has coauthored three Lincoln Institute Policy Focus Reports: Property Tax Circuit Breakers: Fair and Cost-Effective Relief for Taxpayers (2009), Payments in Lieu of Taxes: Balancing Municipal and Nonprofit Interests (2010), and Rethinking Property Tax Incentives for Business (2012). He has also led several projects to provide data on the Lincoln Institute’s website, including creation of the Fiscally Standardized Cities (FiSCs) database and a dataset with extensive information on nonprofits that make payments in lieu of taxes and the localities that receive them.

His articles have appeared in journals such as Regional Science and Urban Economics, Public Finance and Management, and Publius: The Journal of Federalism. His research has also been covered by more than a hundred news outlets, including The New York Times, The Wall Street Journal, The Economist, Governing, and The Boston Globe.

Land Lines: What projects have you been working on recently as a senior research analyst at the Lincoln Institute?

Adam Langley: I have been working on several projects related to local government finances. One major project has been the creation of the Fiscally Standardized Cities (FiSCs) database. This subcenter on the Lincoln Institute’s website allows users to make meaningful comparisons of local government finances at the city level for 112 of the largest U.S. cities over the past 35 years. I drew on this data in a recent paper on municipal finances during the Great Recession, which I presented at Lincoln’s 9th annual Land Policy Conference on June 2, 2014. I am also creating a summary table that describes state programs for property tax exemptions and credits, drawing information from Lincoln’s Significant Features of the Property Tax subcenter. I plan to use that table to estimate tax expenditures for these programs in all 50 states.

Land Lines: You’ve worked on several projects to provide data on the Lincoln Institute’s website. What motivates this focus on data?

Adam Langley: These data projects go to the core of Lincoln’s mission to inform decision making on issues related to the use, regulation, and taxation of land. Lincoln’s databases have been used by policymakers to help guide their decisions, by journalists to provide broader context in their stories, and by researchers for their own projects. Providing data that is freely accessible and easy to use greatly magnifies the potential reach of Lincoln’s work on land policy issues, because it empowers other analysts to undertake new research in this area.

It is also essential for Lincoln’s reputation that we base our policy recommendations on high-quality analysis and good data. To impact policy decisions, it’s critical that our research be widely viewed as objective, nonpartisan, and evidence-based.

Land Lines: You say that Fiscally Standardized Cities allow for meaningful comparisons of local government finances at the city level. What’s wrong with simple comparisons of city governments?

Adam Langley: The service responsibilities for city governments vary widely across the country. While some municipalities provide a full array of public services for their residents, others share these responsibilities with a variety of overlying independent governments. Because of these differences in local government structure, comparing city governments alone can be very misleading.

For example, consider a comparison of Baltimore and Tampa. The city government in Baltimore spends three times more per capita than the city government in Tampa—$5,594 versus $1,829 in 2011. However, the difference is almost entirely due to the fact that the City of Tampa splits the provision of local services with overlying Hillsborough County and an independent school district, whereas Baltimore has no overlying county government and the schools are part of the city government itself. Once all overlying governments are accounted for in the FiSC methodology, per capita expenditures for residents in the two cities are nearly identical—$6,083 in Baltimore versus $6,067 in Tampa.

Land Lines: Can you explain the methodology used to create Fiscally Standardized Cities?

Adam Langley: FiSCs are constructed by adding together revenues for each city government plus an appropriate share from overlying counties, independent school districts, and special districts. County revenues are allocated to the FiSC based on the city’s share of county population, school revenues are allocated based on the percentage of students in a school district who live in the central city, and special district revenues are allocated based on the city’s share of residents living in the district’s service area. Thus FiSCs provide a full picture of revenues raised from city residents and businesses, whether collected by the city government or a separate overlying government. These allocations are made for more than 120 categories of revenues, expenditures, debt, and assets. The FiSC methodology was developed with Andrew Reschovsky, a Lincoln Institute fellow, and Howard Chernick, a professor at Hunter College of the City University of New York. We calculate the estimates using fiscal data for individual governments provided by the U.S. Census Bureau, and we will update the FiSC database as data for additional years become available.

Land Lines: Why is it important to compare local government finances at the city level?

Adam Langley: Many people want to know how their city compares to other cities, but it’s critical to account for differences in local government structure when making these comparisons. The FiSC database does account for these differences. Thus, it can be used to compare property tax revenues in two cities, rank all cities by their school spending, investigate changes in public sector salaries over time, or see which cities are most reliant on state aid to fund their budgets.

In a separate project with Andrew Reschovsky and Richard Dye, we’re using the FiSC methodology to estimate pension costs and liabilities for all local governments serving each city. Media coverage sometimes creates the impression that all public pension plans face serious challenges, but in fact there is a great deal of variation around the country. In order to investigate these differences, it’s essential to have comparable data on pension costs for all local governments serving each city. For example, initial estimates show that on average the annual required contribution (ARC) for local pension plans in 2010 was equal to 4.9 percent of general revenues for the 112 FiSCs. However, ARC was more than 10 percent of revenues in both Chicago (11.7 percent) and Portland, Oregon (10.9).

Land Lines: Did revenue declines vary much across cities during the Great Recession?

Adam Langley: Yes, revenue declines ranged widely across the 112 FiSCs during and after the recession. Accounting for inflation and population growth, only eight FiSCs avoided revenue declines entirely through 2011. I calculated changes in real per capita revenues from each FiSC’s peak through 2011: About a third experienced declines of 5 percent or less (41 FiSCs), another third saw declines between 5 and 10 percent (34 FiSCs), and about a quarter had declines exceeding 10 percent (29 FiSCs). FiSCs with very large revenue declines include Las Vegas (20.2 percent), Riverside (18.0 percent), and Sacramento (18.0 percent).

Land Lines: Have local government revenues recovered much since the end of the recession?

Adam Langley: Not really, because revenue changes lagged behind economic changes by several years during and after the recession. Real per capita local government revenues were stable through 2009, declined slightly in 2010, and fell more significantly in 2011. The latest year with comprehensive data is 2011, so I tied together several different data sources to estimate revenues through 2013. Those data suggest that revenues hit bottom in 2012, when they were 5 to 6 percent below 2007 levels. That means revenues did not bottom out until three years after the recession officially ended. Revenues started to recover in 2013 but remained more than 4 percent below pre-recession levels.

This lag is driven by changes in intergovernmental aid and property taxes, which together fund almost two-thirds of local governments’ budgets. The American Recovery and Reinvestment Act provided states with about $150 billion in federal stimulus between 2009 and 2011, and there were additional stimulus funds provided directly to local governments. Most stimulus funds were gone by 2012, however, which led to the largest cuts in state spending in at least 25 years. Moreover, changes in property taxes typically lag behind changes in housing prices by two to three years, due to the fact that property tax bills are based on assessments from prior years, there are delays in reassessing properties, and other factors. That lag means that property taxes actually grew through 2009, did not fall until 2011, and then hit their trough in 2012.

Land Lines: Can you elaborate on your work describing property tax exemption and credit programs?

Adam Langley: I’m nearly finished with the first stage of this project, which entails creating a summary table on states’ exemption and credit programs. The table contains data for 167 programs, with 18 variables describing the key features of each program. There is information on the value of exemptions expressed in terms of market value; criteria related to age, disability, income, and veteran status; the type of taxes affected; whether tax loss is borne by state or local government; local options; and more. Once that table is completed, I will write a policy brief to outline key features of these programs. All of this information is drawn from the table on Residential Property Tax Relief Programs in Lincoln’s Significant Features of the Property Tax subcenter of the website. The original Residential Relief table provides detailed descriptions of each program, while the summary table should be most useful for users who want to make quick comparisons of states or for researchers who want to conduct quantitative analysis.

In the second stage of this project, I will estimate tax expenditures for these property tax relief programs. Despite the prevalence of these programs and their often large impacts on property tax burdens, there are no comprehensive estimates of their costs. Using data from the summary table and microdata from the American Community Survey, I will estimate for each state the percentage of residents who are eligible for property tax relief programs, the total cost of tax relief programs, the average benefit for beneficiaries, and the percentage of residents eligible and their average benefit by income quintile. These estimates will provide valuable new information on the impacts of property tax relief programs in the United States.

The demand for urban services surpasses the financial capacity of most cities around the world. To address this problem, many municipal governments successfully use the property tax, combined with other management instruments, to raise needed revenues. In Central America, El Salvador is the only country that does not currently have a tax on land and buildings. However, public officials, academic experts and business leaders have begun to discuss the necessity of establishing a property tax system and strategies for its implementation.

El Salvador’s taxation system is recognized as being inequitable and the amount of tax actually collected is very low, thus affecting the level of public investment. Decades of civil war and economic chaos left the country without an established tradition of fiscal management and controls. Changes in the taxation system began in 1993 when the former patrimonial tax on personal and business property, including real property, and the 5-percent sales tax were both abolished and replaced by a 13-percent sales tax. These taxes, and an ongoing income tax, are all collected by the central government.

The only municipal tax is an archaic and complex tax based on commercial, industrial, financial and services activities. Because of their limited capacity to raise revenues, municipalities have few opportunities to contract loans from national banks and no possibility of obtaining loans from international financial institutions. Administrative deficiencies, cadastral problems and limitations of the legal framework also contribute to the weak financial base of the municipal governments. Since metropolitan San Salvador encompasses such a large part of this small country, local taxation and other fiscal planning programs introduced there have a significant impact on the entire country.

In 1998 the Municipal Council of San Salvador proposed increases in its business activity tax, raising immediate debate among business organizations and municipal officials. Business leaders argued that the proposed tax program would generate additional costs, compelling them to raise the price of goods and services and possibly provoking inflation. They demanded incentives for new development in exchange for any changes in the tax system. The Municipal Council defended its proposal, arguing that the current tax structure was seriously inequitable because it punished smaller enterprises while offering advantages to larger ones.

The Municipal Council of San Salvador and the Trade and Industry Chamber of El Salvador formed a joint commission to investigate the complex issues involved in the proposed tax reform, and the preconditions such as updated cadastres, the legal framework and technical training that would be necessary. While no concrete mechanisms for implementing land and building taxation were incorporated into the discussion, it was significant that these key stakeholders reached consensus on the need for a property tax in the future.

Benefits of an International Perspective

In a precedent-setting meeting of public officials and private stakeholders in January 1999, the Lincoln Institute and the Planning Office of the Metropolitan Area of San Salvador (OPAMSS) examined many issues regarding the development and implementation of a property tax system. This was the third in a series of Institute-sponsored programs designed to share international expertise and to help develop a new framework for a more equitable tax system in El Salvador.

Particularly in a small country like El Salvador, an adequate property tax system can have positive and strategic effects not only on local finances but also on macro-economic policies and on the re-engineering of a country’s financial sector. Alven Lam, a fellow of the Lincoln Institute, explained that restructuring the taxation framework has been essential to allow some Asian countries, such as Japan, Thailand and Indonesia, to recuperate from their economic crises. The recent fiscal problems in Brazil and ongoing debate about the functioning of the financial sector in El Salvador added a sense of urgency to this discussion of the broader economic context of a local property tax.

The seminar also addressed the importance of integrating land and building taxation as a fundamental tool to promote effective urban land management. Vincent Renard of the Econometric Laboratory of the Polytechnic School in Paris commended the initiative taken by the San Salvador Municipal Council and other local governments to modify their taxation structures, but stressed that these policies can not be isolated from an overall understanding of real estate markets. He also criticized urban planning approaches, such as the current tendency in El Salvador, to over-regulate land use through legal measures without any link to land taxation and fiscal incentives.

A third area of concern to the policy debate was the political and economic implications of property taxation. Among other things, it is critical that those involved in establishing a property tax system consider the political culture of the society, the consolidation of municipal autonomy, the transparency of real estate markets, and the use of the property tax as a tool for economic and social development. Julio Piza, from Externado University in Bogota, described different applications of the property tax in Colombia. He highlighted a common problem, the difficulty of measuring the land and building tax bases due in large part to obsolete current cadastres and the lack of other land information systems.

Although discussion of property tax reform in El Salvador has been overshadowed by recent national elections, the new president has expressed interest in land and tax policy. Among the seminar participants were many municipal and national leaders from the political and business sectors who are committed to modernizing their municipal taxation and fiscal management programs. The fact that they met to openly discuss these difficult issues is a hopeful sign. Key factors for future progress include the political will to promote a local property tax, the continued involvement of the business community, and recognition that the tax is both a practical financial instrument to meet immediate needs and an important tool for economic growth and urban development.

A major challenge for El Salvador, as for other countries experiencing social and economic transitions, is establishment of equitable and effective provisions for property valuation and tax collection. Starting with a simple rate structure and gradually introducing more sophisticated instruments can ease the implementation process. Issues such as innovative urban land management and the possibility to capture increments in land value are also critical for the future fiscal growth of El Salvador.

Patricia Fuentes is subdirector of Urban Development Control and Mario Lungo is executive director of the Planning Office of the Metropolitan Area of San Salvador (OPAMSS).

Municipal Revenues

Metropolitan Area of San Salvador, 1993

Sources of revenue:

a) Municipal taxes 41%

b) Tariffs and user fees 36%

c) Transfers from central government 8%

d) Other municipal revenues 5%

e) Loans 4%

f) Other sources 6%

Revenues per capita (US $) $15.59

Capital investment per capita (US $) $1.04

Debt service as a percentage of total expenses 6.55%

Source: Indicadores Urbanos y de Vivienda, Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, 1996, San Salvador.

Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 1 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

Las políticas de gestión del suelo urbano y el funcionamiento de los mercados de suelo urbano han pasado a ocupar un papel más importante en el debate de políticas públicas urbanas, así como en el trabajo académico y las agendas de desarrollo en varios países de esta región. En los últimos diez años, la red de académicos y funcionarios apoyada por el Programa para América Latina del Lincoln Institute of Land Policy ha desarrollado seminarios, promovido investigaciones, organizado debates públicos, asesorado a tomadores de decisión, y publicado los resultados de su trabajo sobre estos temas tan pertinentes. Los miembros de dicha red se reunieron en Buenos Aires en abril de 2004 para evaluar sus actividades y preparar esta declaración sobre los temas centrales de políticas del suelo, los cuales son claves para la búsqueda de programas de desarrollo urbano más sostenibles en el futuro.

En América Latina, las políticas urbanas y las formas de funcionamiento de los mercados de suelo tienden a producir ciudades económicamente desiguales, política y socialmente excluyentes, espacialmente segregadas y ambientalmente no sustentables. Entre las consecuencias de dichas políticas están los altos y a veces irracionales precios de la tierra, producto, en parte, de la ausencia de efectivas formas de gestión de la tierra urbana.

La situación actual

Los mercados de suelo son estructuralmente imperfectos. Sin embargo, el funcionamiento de los suelos urbanos depende de relaciones sociales, que a su vez son afectadas por los resultados de las operaciones de dichos mercados. Esta conexión entre las relaciones sociales y los mercados de suelo hace a la vez posible y necesario influenciar dichos mercados. Lejos de neutralizar dichas imperfecciones, muchos de los instrumentos y políticas implementados más bien han contribuido a distorcionar aun más el funcionamiento del mercado de tierra urbana. Más aún, las políticas han mantenido las ‘reglas del juego’ inmobiliario urbano inalteradas y aparentemente intocables.

Una lectura más amplia del problema revela que, más que una racionalización inconsecuente, la disfuncionalidad de los mercados de suelo es el resultado de un conjunto de oportunidades perdidas para el desarrollo socialmente sostenible de las ciudades latinoamericanas. Sin embargo, existen oportunidades prometedoras e innovadoras para superar los cuellos de botella evidenciados en las políticas inadecuadas y destructivas del Estado, la dificultad de financiar el desarrollo urbano, y su capacidad deficiente de gestión.

Uno de los resultados negativos más sobresalientes de la situación actual es el relativo peso, importancia y persistencia de los mercados informales de suelo urbano caracterizado por prácticas exclusionarias, la entrega ilegal de títulos, la carencia de servicios urbanos y otros problemas. La desregulación en lugares donde habría que regular (las periferias pobres) y la sobre-regulación de las áreas ricas y reguladas, así como la privatización sin criterios sociales, son todos factores que contribuyen a impulsar estos procesos, especialmente la concentración espacial de la pobreza urbana. Si bien la mayoría de los programas de regularización están bien intencionados, la mayoría de ellos provoca efectos perversos, entre ellos los elevados costos del suelo para los sectores más pobres.

La planificación urbana y las normas urbanísticas tradicionales han perdido importancia y efectividad como instrumentos para orientar el desarrollo urbano, especialmente los mecanismos existentes para la gestión del suelo. Esta situación abre, no obstante, espacios de oportunidad para pensar en formas innovadoras de gestión y planificación urbana. En algunos lugares, ya se ha aprovechado dichas oportunidades a través de nuevos experimentos y propuestas que han provocado intensos debates al cuestionar los enfoques tradicionales.

En este marco, la creación de nuevas formas de gestión de la tierra tiene un requisito ineludible: repensar la tributación de la tierra urbana incorporando nuevos métodos y estar abierto a considerar instrumentos fiscales alternativos, entendidos como herramientas para reorientar el actual desarrollo de las ciudades y disciplinar el funcionamiento del mercado de tierra urbana. Dichas herramientas deben ser diseñadas no sólo para captar fondos para la construcción de infraestructura y la prestación de servicios urbanos, sino también para contribuir a una distribución más equitativa de los costos y beneficios, especialmente aquellos asociados con el proceso de urbanización y el retorno de las plusvalías de la tierra recuperada a la comunidad.

Propuestas de Acción

Reconocer el rol indispensable del Estado. Es impresdindible que el Estado (tanto a nivel local como nacional) tenga un rol activo en la promoción del desarrollo urbano. El nivel local debe comprometerse más con los cambios estructurales en la gerencia del suelo, y el nivel nacional debe fomentar dichas iniciativas locales activamente. El gobierno no debe ignorar su responsabilidad de adoptar políticas en torno al mercado de suelo urbano que reconozca el valor estratégico de la tierra y las características particulares del funcionamiento de sus mercados, para impulsar un uso sostenible del suelo al incorporar objetivos sociales y ambientales y beneficiar a los segmentos más vulnerables de la población urbana.

Quebrar la compartamentalización entre las autoridades fiscales, normativas y jurídicas. La falta de cooperación entre autoridades locales es responsable por importantes ineficiencias, políticas poco efectivas, desperdicio de recursos escasos y poca transparencia pública. Más aún, las acciones incongruentes de diversas autoridades públicas dan señales confusas a los agentes privados y crean incógnitas, si no oportunidades, para que los intereses especiales puedan modificar planes gubernamentales. La complejidad y escala de los desafíos planteados por la realidad social urbana de las ciudades latinoamericanas requieren la toma de acciones multilaterales por parte de numerosos actores para incidir en el funcionamiento de los mercados de tierra urbana (formales e informales), asegurando de esta manera el logro de objetivos conjuntos: la promoción de un uso sostenible y justo de este recurso, la reducción de precios, la producción de suelo con servicios, el reconocimiento de los derechos al suelo por los pobres urbanos, y una repartición más equitativa de las cargas y los beneficios de la inversión urbana.

Estas autoridades también deben articular las políticas de desarrollo urbano con las políticas de tributación del suelo. Deben promover una nueva visión con una legislación urbanística que diferencie el derecho de propiedad del derecho de edificación y del uso del suelo, comprendiendo que las plusvalías generadas de los derechos de construcción no pertenecen exclusivamente a los propietarios de la tierra. Los gestores urbanos también deben también diseñar mecanismos creativos a través de los cuales las plusvalías se pueden usar para producir tierra urbana equipada para los sectores sociales de menores ingresos, compensando de esta manera las desigualdades urbanas.

Reconocer los límites de lo posible. Transformar los marcos regulatorios actuales que rigen la utilización de la tierra urbana exige desarrollar un nuevo pensamiento urbanístico y jurídico que reconozca que las desigualdades urbanas y la exclusión socio-espacial son un fenómeno intrínseco al predominante modelo de desarrollo de las ciudades. Incluso en los marcos de los modelos vigentes, hay grados de libertad no despreciables para políticas más socialmente responsables y transparencia del gobierno. Las regulaciones y normas urbanísticas deben considerar la complejidad de los procesos de valorización del suelo y asegurar el cumplimiento de los principios efectivos tradicionales tales como aquellos que limitan la capacidad de las agencias gubernamentales para disponer de recursos públicos o prohibir el “enriquecimiento sin causa” de los propietarios privados.

Revertir círculos viciosos. Se necesitan alternativas a los programas de regularización para romper el círculo vicioso de reproducción de la pobreza que los actuales programas de regularización perpetúan. Es importante reconocer el carácter paliativo de dichos programas y la necesidad de integración de las políticas urbanas, de vivienda y de tributación de la tierra. La dependencia de los subsidios a la vivienda, aunque inevitable, puede quedar anulado si no se cuenta con mecanismos que impidan que estos subsidios se traduzcan en aumentos de los precios del suelo. Los funcionarios de las ciudades deben priorizar la generación de oferta de tierra equipada sobre los programas de regularización ya que el derecho a la vivienda es un derecho social a ocupar un hábitat viable y con dignidad. También es importante entender que la baja producción de suelo servido per se contribuye a la retención de la oferta y por consiguiente a su alto precio, afectando así todos los aspectos del desarrollo urbano.

Además, las soluciones individuales (tales como procesos de titulación predio-por-predio o la entrega de subsidios caso por caso a familias individuales) son en última instancia más onerosas para la sociedad que las soluciones colectivas y más amplias que incorporan otros valores agregados, como la construcción de espacios públicos, la inversión de infraestructura y otros mecanismos que fortalecen la integración social. Muchos países latinoamericanos han sido testigos de programas de subsidios habitacionales, muchas veces con el apoyo de agencias multilaterales, que no consideran o menosprecian el componente suelo. Tales programas buscan suelo público rápidamente disponible o simplemente ocupan suelo en las áreas intersticiales de la ciudad. Tal desinterés en una política de suelo más amplia compromete la replicabilidad, expansión y sostenibilidad de estos programas de vivienda en una escala más amplia.

Repensar los roles de las instituciones públicas y privadas. La gestión de la tierra, dentro de una gran diversidad de intervenciones urbanas – desde la producción en escala masiva de suelo con servicios para los pobres hasta las operaciones de redesarrollo urbano mediante grandes proyectos, pasando por las intervenciones del tipo ‘face-lift’ o los proyectos de recuperación ambiental — obliga a pensar en las más variadas formas de intervención de parte de las instituciones públicas responsables del desarrollo de las ciudades y en diferentes modalidades de asociación público-privada. La utilización de las tierras vacantes y la flexibilización de usos e intensidades de ocupación pueden jugar un papel crucial siempre que tales proyectos cumplan con las orientaciones estratégicas de las instituciones públicas, sean sujetas a la contraloría ciudadana, e incorporen una visión compartida y participativa del desarrollo urbano.

La ejecución de proyectos demostrativos como El Urbanizador Social en Porto Alegre, Brasil, el proyecto de vivienda Nuevo Usme y la legislación sobre la recuperación de plusvalías de Bogotá, Colombia, constituyen ejemplos de esfuerzos sensibles y creativos que reconocen la importancia de una adecuada gestión de la tierra urbana y de un nuevo pensamiento sobre el papel de la tierra, en particular del potencial del valor del suelo como instrumento para promover un desarrollo más sostenible y equitativo para los pobres de nuestras ciudades.

Un pensamiento creativo y balanceado también queda de manifiesto en proyectos conjuntos de capital público y privado en La Habana, Cuba, con plusvalías capturadas a través de la mejoría de áreas históricas densamente pobladas.

Potencializar el papel de la tributación de la tierra en el financiamiento público para promover el desarrollo urbano. Los gobiernos nacionales, estaduales o provinciales y locales deben compartir la responsabilidad por la promoción del impuesto predial como un mecanismo idóneo y socialmente aceptable para el financiamiento y promoción del desarrollo urbano. El impuesto predial no se debe aplicar con criterios generalizados, sino que debe ser sensible a las ciudades latinoamericanas que tienen un fuerte legado de desigualdades económicas y socio-espaciales. Pueden existir buenos argumentos para gravar a todos los terrenos con una tasa más alta que las edificaciones, de forma racional y diferenciada, en particular en los terrenos periféricos sujetos a la especulación urbana y las tierras ofertadas ex-ante a los sectores sociales de menores ingresos, (asegurándose que su pago contribuye, además, a la construcción de ciudadanía de estos sectores). Y como ya se aseveró, es esencial crear instrumentos impositivos innovadores y adecuados a cada realidad y otras modalidades para captar las plusvalías generadas.

Educar a los actores en la promoción de nuevas políticas. Todos los actores involucrados en estos procesos, desde los jueces a los periodistas pasando por los académicos y por supuesto los funcionarios públicos y sus mentores internacionales, requieren contar con formación y capacitación en profundidad sobre el funcionamiento de los mercados y la gestión de la tierra urbana para lograr estos objetivos. Es indispensable identificar los “campos de resistencia mentales”, particularmente en el pensamiento urbanístico, económico y en las doctrinas jurídicas, que constituyen obstáculos que hay que superar. Debemos reconocer, por ejemplo, que existe y opera un “derecho informal” que legitima social, si bien no jurídicamente, muchas transacciones sobre la tierra y crea redes y espacios de solidaridad e integración. Es urgente realizar acciones para introducir estos temas y propuestas en las agendas políticas en los distintos niveles gubernamentales, los partidos políticos, las organizaciones sociales, la academia y los medios de comunicación social.

The character of institutions, political settings, and social relationships is critical in determining whether nonprofit developers are effective in reusing vacant, abandoned, and contaminated properties in their communities.

A medida que una ciudad crece, tanto en tamaño como en su densidad de edificación, una parte de este proceso de crecimiento consiste, por lo general, en las mejoras que se realizan en el suelo a raíz de los nuevos desarrollos. No obstante, la combinación de la demanda de sitios de construcción adicionales y de la cantidad limitada de espacio físico disponible para el desarrollo generalmente da como resultado un aumento en los precios de los terrenos.

Esta escasez de suelo se debe a tres factores principales: la capacidad de los propietarios de no poner a disposición del mercado sus terrenos con servicios (una causa que se atribuye a la concentración de la propiedad de terrenos y a otras limitaciones legales e institucionales); las dificultades para tener acceso a ciertas áreas que aún no están listas para ser ocupadas debido a la falta de infraestructura; y las restricciones impuestas por las normas de zonificación. Cada uno de estos factores presenta su propia dinámica, aunque no necesariamente aparecen al mismo tiempo. Este es el caso de las ciudades brasileñas, particularmente São Paulo, donde estos factores restrictivos no siempre se presentan de la misma manera en relación con el precio de los terrenos.

Por ejemplo, las normas de edificación pueden reducir el precio de los lotes individuales, pero pueden aumentar el precio general cuando dichas normas afectan a todos los lotes y, como consecuencia, restringen la oferta de viviendas. Una gran oferta de terrenos vacantes controlados por unos pocos propietarios puede ocasionar el aumento de los precios, mientras que la falta de accesibilidad puede dar como resultado la reducción de los precios.

El precio de los terrenos también depende de las características de las normas sobre el suelo. A medida que la ciudad crece, la mayor demanda de terrenos urbanos edificables por lo general genera valores más altos si la infraestructura existente tiene la capacidad de contener una ocupación de terrenos más intensa y si las normas sobre zonificación (o las modificaciones a dichas normas) permiten además una mayor densidad de edificación.

Con el fin de examinar estas cuestiones, debemos, en primer lugar, considerar de qué forma se financia la inversión en infraestructura que brinda o intensifica los medios para acceder a los terrenos y utilizarlos y, en segundo lugar, analizar cómo se distribuyen los beneficios y costos derivados de las mejoras al suelo. Por lo general, el costo de los servicios públicos (tales como calles, puentes, alcantarillado, alumbrado público, agua potable, etc.) se financia mediante los fondos públicos, mientras que las mejoras o el valor agregado a los terrenos como resultado de la inversión pública en infraestructura son aprovechados, salvo pocas excepciones, por los propietarios de los terrenos mejorados sin ningún tipo de costo.

El aumento en los valores de las propiedades también puede provenir de simples cambios en la utilización del suelo que ya se encuentra accesible, como por ejemplo cuando un terreno que anteriormente se consideraba rural ahora se redefine como urbano. Los cambios en las posibles densidades como consecuencia de nuevas normas de zonificación pueden generar grandes beneficios para las propiedades afectadas, aunque en este caso, como en el caso anterior, la presión futura en cuanto a la infraestructura requerirá una importante inversión pública.

Marco legal

Los propietarios de inmuebles mejorados en Brasil tradicionalmente se apropiaban, tal como ocurre en la mayoría de los países, del valor agregado que se derivaba de la inversión del sector público y de los cambios en la zonificación. El concepto de que los propietarios no deberían ser los únicos beneficiarios de dichas mejoras se introdujo en forma gradual en Brasil durante la década de 1970, y este principio se incorporó en los artículos 182 y 183 de la Constitución Federal de 1988. Con posterioridad, dichos artículos se regularon mediante la Ley Federal Nº 10.257 del año 2001, conocida también como la Ley de Desarrollo Urbano o Estatuto de la Ciudad (Estatuto da Cidade).

Desde 1988, el desarrollo urbano se ha convertido en una cuestión del derecho federal. En la práctica, la legislación federal ratificó el principio de la función social de la propiedad de terrenos urbanos y la separación del derecho a la propiedad del derecho de edificar. Sobre la base de la ley de 2001, la ciudad de São Paulo aprobó su Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial en el año 2002, así como también la Ley sobre la Utilización del Suelo Nº 13.885 en 2004. Las mencionadas leyes introdujeron el mecanismo de Compensación Monetaria por el Derecho de Edificación (Outorga Onerosa do Direito de Construir u OODC), establecieron coeficientes de utilización del suelo (o coeficientes de edificabilidad) mínimos, básicos y máximos, y limitaron la oferta de superficies edificables. La utilización de estas herramientas en conjunto permitió al municipio mejorar la eficiencia en la gestión del suelo, promover los resultados sociales deseados y aumentar los ingresos.

El coeficiente de edificabilidad (CE) mínimo se refiere a la utilización mínima que se espera de un lote para que cumpla con su función social; el CE básico se relaciona con la superficie edificable que todo propietario tiene el derecho de desarrollar en virtud de su propiedad; y el CE máximo es la cantidad de desarrollo permitida por la infraestructura existente y las normas de zonificación. Los cargos asociados con la OODC se aplican sobre la diferencia existente entre el CE máximo y el CE básico de un lote.

Administración de los derechos de edificación

La OODC es la compensación monetaria que pagan aquellos a quienes el gobierno les otorga nuevos derechos de edificación (superficie edificable). Esta concesión de desarrollo (establecida en los artículos 28, 29, 30 y 31 de la Ley Federal Nº 10.257 de 2001 y definida en los artículos 209 a 216 del Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial de 2002) es una de las herramientas normativas que se utilizan a los fines de administrar los derechos de edificación en la ciudad, con excepción de aquellas áreas destinadas a proyectos urbanos a gran escala en los que se utiliza una herramienta legal especial cuyo fin es fomentar las intervenciones públicas y privadas (Biderman, Sandroni y Smolka 2006).

El CE básico de utilización del suelo establecido en el año 2004 varía entre 1 y 2, dependiendo del área de la ciudad a considerar. El CE máximo puede ser 1, 2, 2,5 ó 4, dependiendo asimismo del área. En algunas áreas urbanas, estas nuevas normas redujeron los derechos de edificación, estableciendo un CE básico de 1 para aquellos terrenos que se habían clasificado como 2 o más según la legislación anterior. En forma paralela, el municipio de São Paulo utilizó la OODC para extender el potencial de edificación o el CE máximo hasta 4 en aquellos terrenos que, según la legislación anterior, solo podían desarrollarse hasta 1 ó 2.

Como resultado, en algunas áreas en las que se redujo el CE de 2 a 1, los emprendedores pudieron presentar proyectos utilizando el CE 2 anterior, o hasta el CE máximo de 3 ó 4, siempre y cuando pagaran al gobierno el monto relativo a la superficie edificable adicional correspondiente a la diferencia entre el CE básico y el CE utilizado en el proyecto. Suponiendo que los cargos sean efectivos en cuanto al costo para los emprendedores, este instrumento los beneficia, ya que les permite edificar hasta un CE 4 en áreas en donde previamente el máximo era de CE 2. No obstante, el propietario promedio no siempre considera que esta herramienta sea una ventaja, debido a que el potencial de edificación de su terreno podría verse reducido y se le podría aplicar un cargo sobre lo que anteriormente percibía como un derecho de edificación libre de todo cargo.

Los propietarios de pequeños lotes y viviendas de baja densidad tal vez no se den cuenta de lo que podrían estar perdiendo cuando se modifica el CE, debido a que, por lo general, consideran su propiedad como una combinación del terreno, la edificación y otras mejoras. Resulta difícil separar el valor del terreno del valor de las mejoras, por lo que una futura reducción en el valor del terreno no se percibe en forma inmediata. Asimismo, la expansion del mercado inmobiliario en São Paulo coincidió con la aprobación de la nueva legislación en el año 2004, por lo que el aumento general en los precios de los terrenos puede haber compensado la futura reducción de los precios de los terrenos asociada con las modificaciones del CE. Debe destacarse además que la expansión del crédito gubernamental destinado a la financiación de la vivienda desde el año 2006 contribuyó a un aumento en la demanda de terrenos y, en consecuencia, a un aumento en los precios de los mismos.

Para los emprendedores, el aumento del CE a 4 en aquellas áreas en las que el máximo había sido 1 ó 2 constituyó una situación favorable, ya que pudieron invertir más capital en los terrenos y llevar a cabo proyectos más lucrativos que compensaron los pagos adicionales realizados en concepto de la diferencia entre el CE básico y el CE máximo. En forma gradual, los emprendedores se convencieron de que era mejor pagar este aumento en el valor del terreno al gobierno que a los propietarios privados, ya que el gobierno convertía dichos pagos en mejoras que, por lo general, generaban un beneficio para los proyectos de los emprendedores.

El Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial de 2002 y la Ley 13.885 de 2004 también limitaron la oferta de potencial edificable, tanto residencial como no residencial, en todos los distritos municipales, estableciendo una superficie edificable adicional total de 9.769 millones m2: 6.919 millones m2 para uso residencial y 2.850 millones m2 para uso no residencial (ver tabla 1). Dicho potencial no incluyó las superficies edificables que se encontraban dentro del perímetro de los 13 proyectos urbanos de São Paulo. Las superficies adicionales se distribuyeron entre 91 de los 96 distritos municipales, exceptuando cinco áreas destinadas a la protección ambiental. Esta definición y delimitación de la oferta de edificación potencial introdujo un nuevo elemento en el mercado inmobiliario.

Una vez que los emprendedores supieron cuál era la superficie edificable máxima, previeron la escasez de terrenos en aquellos distritos en los que la oferta era baja y la dinámica inmobiliaria era alt y, así, desataron una tendencia hacia un aumento de los precios de terrenos. A su vez, la falta de superficie edificable originó presiones por parte de los emprendedores inmobiliarios para que el gobierno aumentara la oferta, es decir, modificara los límites de la superficie edificable en algunos distritos durante la revisión del Plan Estratégico que se llevó a cabo en el año 2007, aunque no tuvieron éxito. Hacia octubre de 2010, la oferta de terrenos se había agotado totalmente (o casi por completo) para la utilización residencial en 17 distritos, y para la utilización no residencial en 5 distritos (ver figura 1).

Factores de planificación e interés social

La fórmula para calcular la OODC, adoptada en el Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial de 2002 de São Paulo, tiene en cuenta factores de planificación e interés social, además de las características de la parcela en cuestión y del beneficio económico real que se le asigna a la propiedad como resultado de la OODC. El factor de la planificación es un instrumento cuyo fin es el de fomentar o desalentar densidades altas en ciertas áreas dependiendo de la infraestructura existente, en particular del transporte público y el tránsito masivo. El factor de la planificación también se utiliza con el fin de obtener una mayor compensación económica derivada de la venta de derechos de edificación para empresas ubicadas en áreas de la ciudad que han experimentado mejoras, ya que el coeficiente varía según los terrenos se utilicen con fines residenciales o no residenciales.

El factor del interés social establece exenciones o reducciones en los cargos financieros, dependiendo del tipo de actividad que se desarrollará en la parcela en cuestión. El coeficiente varía de 0 a 1 y se aplica sobre una variedad de actividades. A modo de ejemplo, el coeficiente correspondiente a viviendas económicas o de interés social es 0, lo que significa que los emprendedores de este tipo de viviendas nopagan compensación alguna por los derechos de edificación adicionales. De manera similar, las instituciones sin fines de lucro, tales como hospitales, escuelas, clínicas de salud y maternoinfantiles, centros culturales, instituciones deportivas y recreativas y centros religiosos, poseen un coeficiente 0.

Los mencionados factores actúan a modo de incentivos para lograr los resultados sociales deseados, ya que cuanto menor sea el coeficiente correspondiente al factor de planificación e interés social aplicable a un área determinada, menor será el cargo que se abonará, y mayor será el incentivo para llevar a cabo proyectos de desarrollo en dicha área.

Los efectos en los ingresos y la asignación de fondos

Los ingresos totales provenientes de los pagos de la OODC alcanzaron los R$650 millones (US$325 millones) en aproximadamente cinco años, a pesar de la crisis económica mundial que restringió el crédito hacia finales del período (ver tabla 2). Dichos fondos se depositan en el Fondo de Desarrollo Urbano (FUNDURB), creado con el fin de llevar a cabo planes y proyectos en áreas urbanas y de protección ambiental, u otros tipos de intervenciones contempladas en el Plan Estratégico de 2002.

Para septiembre de 2008, los proyectos aprobados para ser financiados por el FUNDURB fueron 15 parques lineales (R$42,5 millones), mejoras en las aceras y calles (R$21,2 millones), drenajes y obras sanitarias (R$108 millones), instalaciones comunitarias (R$21,1 millones), regularización de asentamientos informales (R$50 millones) y restauración de edificios del patrimonio cultural (R$37 millones).

Comentarios finales

Después de que la ciudad de São Paulo aprobó el Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial de 2002, el principio de concesiones de desarrollo y terrenos edificables se aplicó en todo el territorio de la ciudad. Cuando un proyecto inmobiliario excede el CE básico y el emprendedor desea edificar hasta un máximo de 4, deberá abonar al gobierno ciertas compensaciones económicas. Desde que se introdujo la OODC, los ingresos han aumentado todos los años. Debe tenerse en cuenta que dichos ingresos son netos de los más de mil millones de dólares generados por 2 de los 13 proyectos urbanos de la ciudad (Faria Lima y Agua Espraiada) donde están ocurriendo los mayores cambios en cuanto a zonificación y densidad (Biderman, Sandroni y Smolka 2006). En dichas áreas, los nuevos derechos de edificación obtienen su precio a través de la subasta de Certificados de Potencial Adicional de Construcción (CEPAC), y los ingresos deben invertirse en el área correspondiente al proyecto urbano, en lugar de colocarse en el FUNDURB para el beneficio de toda la ciudad (Sandroni 2010).

El cargo correspondiente a derechos de edificación en São Paulo parece no haber afectado el rendimiento económico de los emprendedores. Por el contrario, el aumento del CE máximo hasta 4 en algunas áreas de la ciudad contribuyó a mejorar las tasas de rendimiento de los emprendedores. Sin embargo, el establecimiento de una reserva máxima para derechos de edificación parece haber generado una tendencia de aumentos en los precios de los terrenos, en particular en aquellos distritos en los que la oferta de superficies edificables es baja. En algunos distritos, los emprendedores agotaron rápidamente la oferta de derechos de edificación residencial. Este tipo de respuesta tal vez se intensifique en el futuro, lo que dará como resultado que el gobierno municipal se vea presionado para aumentar la oferta máxima de superficies edificables y/o el CE máximo. De ser así, existe el riesgo de que la motivación para aumentar los ingresos municipales tal vez llegue a tener más peso que los criterios de planificación urbana y las limitaciones de la infraestructura, en particular el transporte público y el tránsito masivo.

Por otro lado, el flujo de compensación económica no será continuo. A diferencia de los ingresos derivados de impuestos inmobiliarios, que se repiten en forma anual, los ingresos generados por la venta de derechos de edificación irán desapareciendo con el tiempo a medida que se agote el potencial de edificación adicional. En algunos sectores de la ciudad, la oferta de superficies edificables ya se encuentra agotada y la ciudad ya ha llegado al límite de densidad de edificación definido en la normativa. No obstante, las modificaciones que se realicen en un futuro al Plan Estratégico tal vez establezcan un mayor potencial de edificación para dichas áreas, dependiendo de las recomendaciones técnicas y las condiciones políticas para que ocurran dichos cambios.

En resumen, la aplicación del principio de la función social de la propiedad, incluido en el Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial de 2002 de la ciudad de São Paulo, permitió la promulgación de una legislación municipal que separa claramente el derecho a la propiedad del derecho a edificar.

Como resultado, ya no se sostiene la noción tradicional de los derechos de propiedad globales, por lo que el hecho de poseer la propiedad de un terreno no puede invalidar el interés público ni estar por encima de la función social de la propiedad. En consecuencia, los derechos de edificación existents pueden reducirse sin que los propietarios tengan el derecho a recibir una compensación económica por el simple hecho de que se han frustrado sus sueños.

Sobre el Autor

Paulo Henrique Sandroni es economista y fue director de planificación urbana y transporte público de la ciudad de São Paulo desde 1988 hasta 1993 y, por un breve período, fue viceministro de administración del gobierno federal. Ha publicado artículos y libros sobre economía, entre los que se cuenta un diccionario considerado como referencia principal en temas de economía en Brasil. Sandroni es, además, profesor de la Facultad de Economía y Negocios en la Fundación Getulio Vargas de São Paulo, consultor independiente en temas de desarrollo urbano y transporte y conferencista en programas patrocinados por el Instituto Lincoln.

Referencias

Biderman, Ciro, Paulo Sandroni y Martim O. Smolka. 2006. “Large-scale urban interventions: The case of Faria Lima in São Paulo”. En Land Lines 18(2): 8–13.

Ayuntamiento Municipal de São Paulo, Secretaría de Finanzas. www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas.

Sandroni, Paulo. 2010. “A new financial instrument of value capture in São Paulo: Certificates of additional construction potential”. En Municipal revenues and land policies, Gregory K. Ingram y Yu-Hung Hong, editores, 218–236. Cambridge, Massachusetts: Lincoln Institute of Land Policy.

SECOVI. 2010. Estoque de Outorga Onerosa Residencial. Septiembre. www.geosecovi.com.br.

How will local government finances be affected by the large and increasing burden to pay for previously obligated pension costs? How, in particular, will these pension legacy costs change residents’ perceptions of the local property tax and their willingness to pay? As a first step in a larger Lincoln Institute of Land Policy research agenda on these questions, we ask: What is known–and just as importantly, what is not known–about the magnitude of unfunded local government pension liabilities in the United States? (see Gordon, Rose, and Fischer 2012)

It is a first principle of public finance that current services should be paid with current revenues and that debt finance should be reserved for capital projects that provide services to future taxpayers. This principle is violated when pension liabilities associated with current labor services are not funded by current purchases of financial assets and instead have to be paid for by future taxpayers.

Alas, principles of prudence in public finance are not always observed, and local governments in the United States have accumulated substantial unfunded pension liabilities in recent years. This situation breaks an important link in the relationship between taxpayers and the services they receive–the rough correspondence between the overall value of public services and the resources taken from the private sector. There is considerable debate about the strength of this correspondence and how price-like the relationship is between value paid and value received for individual taxpayers, but there can be little question that using current revenues to pay for past services weakens the link.

Growing Public Awareness

State and local government employee pensions are in the headlines almost daily (box 1). Only a few years ago, they were the nearly exclusive province of a few elected officials, appointed boards, investment advisors, actuaries, and credit rating agencies. What changed? The most immediate answer is the Great Recession, which sapped not only state tax revenue but also the value of pension plan assets. In particular, state and local pension fund equity holdings lost nearly half of their value, dropping from a peak of $2.3 trillion in September 2007 to a low of $1.2 trillion in March 2009 (Board of Governors of the Federal Reserve System 2012).

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Box 1: Where Are Local Pensions in Trouble?

To understand where local pensions were experiencing particular difficulties, Gordon, Rose, and Fischer (2012) used media monitoring software to conduct a search of all U.S. domestic news outlets for the first three months of 2012. To satisfy the query, articles had to include the word “pension” in conjunction with terms that identify local governments (e.g., municipality, city, or county) and descriptions of funding problems (e.g., liability, deficit, underfunded, cut, default, reform, or problem). The search yielded over 2,000 separate articles from places all over the country.

Their analysis suggests several types of places are experiencing pension troubles. One group consists of jurisdictions that have been losing people and jobs over time. A prominent example is Detroit, Michigan, which has twice as many retirees as active workers. Also in this category is Prichard, Alabama, which has lost more than 45 percent of its population since 1970 and by 2010 had fewer than 23,000 residents. It simply stopped sending pension checks to its former employees in September 2009 and declared bankruptcy one month later. For such communities, pension problems may also be a symptom of larger fiscal distress or political dysfunction.

Another group of jurisdictions rode the housing boom and bust. Examples include fast-growing California cities like Stockton, which just entered bankruptcy proceedings this year, the largest city ever to do so. More puzzling are relatively affluent places, such as New York’s Suffolk or Nassau Counties, which appear unable to make tough spending cuts or raise taxes because of political gridlock. Instead, many of these jurisdictions have turned to borrowing to meet their pension obligations.

Only two recent municipal bankruptcies (Vallejo, California, and Central Falls, Rhode Island) stemmed from public pensions and employee compensation pressures together with falling revenues. Other places such as Harrisburg, Pennsylvania, and Jefferson County, Alabama, are struggling with poor investment decisions. Also, major cities such as Atlanta, San Francisco, and New York have taken steps to limit pension growth, often with cooperation from local public employee unions. Central Falls managed to extract concessions from active police officers and fire fighters as well as current retirees, but even this was insufficient to stop the slide toward bankruptcy.

Although stock markets have largely recovered and state and local plan equity holdings have climbed back over $2 trillion, public pensions remain under scrutiny. Credit rating agencies increasingly are taking unfunded pension liabilities into account when developing their assessments of state and local government borrower risk. In addition, analysts are growing more vocal in their criticisms of methods commonly used to evaluate pension funding levels.

The federal government is also paying attention. Alarmed by the prospect of defaults, Congress held a series of hearings into state and local government finances in early 2011. More recently, the Republican staff of the Joint Economic Committee (JEC) has issued reports raising the specter of a Eurozone-like crisis due to unfunded state pension liabilities (JEC 2011; JEC 2012).

In light of these criticisms and concerns about growing pension costs, 43 states enacted significant reforms to their pension systems between 2009 and 2011 (Snell 2012). The most common changes were: increased employee contribution requirements (30 states); raised age and service for eligibility (32); adjusted formulas for calculating benefits (17); and reduced cost of living increases (21). In some states the changes applied to new employees only, but in others they affected active workers and current retirees. The latter actions have proven especially controversial, prompting lawsuits in Colorado, Minnesota, New Jersey, and South Dakota.

Most of the heightened attention to government employee pensions has concentrated on state government plans, while local public employee pensions remain relatively unexplored. Although local plans represent a modest share of total public pension membership (10 percent) and assets (18 percent), their failures could be devastating. Mobile residents and businesses could flee communities that levy higher taxes to rebuild pension assets rather than to provide basic services. A shrinking tax base would leave the fund even worse off and potentially less able to pay promised benefits. The result could be more cities like Prichard, Alabama.

Looking at State and Local Pension Plans Together

State and local pensions are an important part of the nation’s retirement system. Figure 1 shows the distribution of the total of $15.3 trillion in retirement assets at the end of 2011 by type of plan. State and local public employee retirement funds held a combined $2.8 trillion in assets, or almost one-fifth of the total.

Every state has at least one public employee pension plan and some have many. There are more than 220 state plans—some of which are state-administered plans that cover local government workers—and almost 3,200 local government plans (table 1). Together these plans cover 14.7 million current workers, 8.2 million current beneficiaries, and 4.8 million people eligible for future benefits but not yet receiving them.

State and local pensions are all the more important because 27.5 percent of government employees do not participate in Social Security (Nuschler, Shelton, and Topoleski 2011). These uncovered public employees are highly concentrated in a handful of states. Figure 2 ranks the 16 states with the highest concentrations of government workers not covered by Social Security. Almost all state and local government employees in Ohio and Massachusetts and more than half in Nevada, Louisiana, Colorado, California, and Texas are not covered.

Another key feature of state and local pensions is that they are mostly defined benefit (DB) plans. Benefits are calculated by a formula, typically something like:

(Average salary in final 3 years) x
(Years of service) x
(2% for each year of service) =
Benefits

Most state and local government pensions also include a cost of living adjustment. A minority of public sector workers are enrolled in defined contribution (DC) plans where a specified amount is put in a retirement fund for each year of work. Compared to DC plans, DB pensions protect employees from investment, inflation, and longevity risks. As of 2009, nearly 80 percent of state and local workers were enrolled in DB plans and just over 20 percent were in DC plans. Private sector workers had the opposite mix: 20 percent in DB plans and 80 percent in DC plans (U.S. Bureau of Labor Statistics 2011).

DB plans used to be more prevalent in the private sector but have been disappearing partly because the Employee Retirement Income Security Act of 1974 (ERISA) imposed minimum funding standards, required insurance contributions, and other administrative burdens on them.

The weaker funding and reporting requirements that apply to public pensions allow governments to shift labor costs into the future. This is an implicit form of borrowing that can evade balanced budget rules and avoid the voter approval usually required for issuing bonds.

Funding and Reporting Requirements for State and Local Pensions

For most of their history, state and local pensions were financed out of general revenues on a pay-as-you-go basis. The current practice of prefunding state and local pension plans began in the 1970s and 1980s. While public sector plans were not covered by ERISA, the act did mandate a report on their practices. The 1978 report found a “high degree of pension cost blindness . . . due to the lack of actuarial valuations, the use of unrealistic actuarial assumptions, and the general absence of actuarial standards” (Munnell et al. 2008, 2).

This wake-up call led to voluntary increases in funding levels by many plans and increased attention to actuarial and accounting standards. The Government Accounting Standards Board (GASB) was formed in 1984, issued its first rules for pension plans in 1986, and extensively revised its actuarial valuation standards in 1994. Compliance with these rules is voluntary, but is rewarded by credit rating agencies, auditors, and other data consumers. Unlike ERISA rules that require specific valuation methods for all private plans, GASB sets out criteria that allow some latitude as to which specific methods are used by public plans. As a consequence there are serious transparency and comparability concerns with the self-reported data on state and local pension plan liabilities.

Employer Contribution

The calculation of a plan’s Actuarial Accrued Liability (AAL) requires the following information: ages and salary histories of members; assumptions for salary growth, retirement ages, asset earnings, and inflation; longevity probability tables; and a discount rate to translate estimated future values into present values. Unfunded Actuarial Accrued Liability (UAA L) equals AAL minus plan assets.

The “Normal Cost” of a pension plan is the increase in AAL due to the current year of service by existing employees. ERISA requires that normal cost be covered by employee and employer contributions. GASB specifies an “Annual Required Contribution” (ARC) of normal cost plus a 30-year amortization of UAA L. The problem is that, contrary to its name, payment of ARC is not strictly required in most jurisdictions.

Choice of Discount Rate

The issue that has received the most recent attention is the choice of discount rate. Current GASB rules allow discounting future liabilities based on projected investment returns, which averaged 8 percent per year prior to the recession. But most economists and financial theorists would agree with Brown and Wilcox (2009, 538) that “the discount rate used to value future pension liabilities should reflect the riskiness of the liabilities,” not the assets. Constitutional and other legal guarantees make government pensions of low risk, while historical investment returns include a risk premium.

State and local governments cannot avoid longterm risks such as a protracted productivity slump or a decade-long down market. Therefore, the historical long-term rate of return on an equity-heavy portfolio–before risk adjustment–is too high a discount rate. Higher discount rates can make pensions appear better funded than they truly are. This reduces contribution requirements and imposes unwarranted obligations on future taxpayers if the high rates of return are not achieved. Worse, there is an incentive for plan managers to seek high-risk portfolios in order to get a higher discount rate and lower ARC.

There are strong arguments that the 8 percent discount rate used by many public pension plans is too high, but there is less agreement on just how much lower the appropriate rate should be. Rather than review the arguments, we report one estimate of just how much of an impact a lower rate would have. Munnell et al. (2012) calculate the would-be change in reported liabilities if all plans used a 5 percent rather than an 8 percent discount rate. They estimate that state and local liabilities would increase from $3.6 trillion to $5.4 trillion and aggregate funding ratios (Assets/AAL) would fall from 75 to only 50 percent. This is a huge change, and represents a doubling of unfunded liabilities (UAA L = AAL – Assets).

Recent Changes in GASB Standards

GASB (2012) has released new accounting standards to take effect in 2013 and 2014. The key change requires state and local governments to apply different discount rates to the funded and unfunded portions of liabilities. An earnings-based rate will still be applied to the funded portion, but a lower, riskless rate will be applied to UAA Ls. The impact of this change on reported liabilities depends on how well funded a plan is: no change for fully funded plans; a small change for well funded plans; and large increases in reported liabilities and decreases in funding ratios for poorly funded plans. The new standards also require that the UAA L be shown on the government’s balance sheet, which will increase the visibility of unfunded liabilities to voters.

What Do We Know About Local Pensions?

Despite mounting concerns about the fiscal health of local pension plans, systematic knowledge about them is rare. The best available information comes from the U.S. Census Bureau’s (2012) Annual Survey of State and Local Public Employee Retirement Systems. Detailed data for each government entity is reported every five years. Plan-level data for a sample that includes roughly half of the 3,200 local plans is reported each year and is used to create estimates of totals for each state by type of government. Tables 1 and 2 exemplify the types of information in the survey.

The main virtues of the Census Bureau’s employee retirement survey are its quality and comprehensiveness. A key disadvantage is lack of timeliness, since the most recent local data available is for fiscal year 2010. Another problem is that the Bureau only recently began reporting plan liabilities, and it does so only for state plans. Like other pension data sources, the Census Bureau does not collect information on DC plans or other post-employment benefits (OPEBs).

Nevertheless, the employee retirement survey provides some insights into local pensions. For example, the number of local plans per state varies greatly: 7 states have no local plans; 20 states have fewer than 10; Florida and Illinois have over 300 each; and Pennsylvania has over 1,400. The number of active members per beneficiary is a crude measure of how well employee contributions can fund the plan. Table 1 indicates the national average for local plans is 1.4 workers per retiree, but there is considerable variation across states. This support ratio is less than 1 in 12 states; between 1 and 2 in 31 states; and over 2 in 7 states, with Utah having the highest ratio at 6.8.

Neither of these pieces of information tell us how well funded local pensions are. For this information, we must turn to independent surveys. Most have good coverage of state plans, but they generally survey only a few of the larger local plans: e.g., the National Association of State Retirement Administrators’ (NASRA ) annual survey of member plans. A small number of national studies have focused on local, as opposed to state, pension liabilities. For example, Novy-Marx and Rauh (2011) analyze local pension finances using data from Consolidated Annual Financial Reports (CAFRs) for city and county plans holding more than $1 billion in assets as of 2006.

The Boston College Center for Retirement Research (CRR) maintains a Public Plans Database (PPD) for the largest state and local plans with data from individual plan actuarial reports and local government CAFRs. Using the PPD plus information on some additional local plans, CRR recently issued a report with data for 2010 from a sample of 97 plans in 40 states (Munnell et al. 2011). This is a modest sample relative to the total of 3,200 local plans, but by concentrating on large plans it covers 59 percent of local pension assets and 55 percent of participants.

An important finding is the wide dispersion around the average funding ratio of 77 percent in 2010 (figure 3). Of 95 large plans in the CRR sample with usable information, only 16 had assets covering more than 90 percent of liabilities. At the other tail are 9 plans with below 50 percent funding (Munnell et al. 2011). This study also shows the ARC as a percent of local government payroll. The overall average for 2010 is 22 percent, and again there is wide dispersion (figure 4). Of 91 large plans in the CRR sample with usable information, more than half (49) have ARC below 20 percent of payroll, but 16 have shares in the less manageable 30 to 80 percent range. Five plans have such large pension obligations that if paid in full they would cost more than 100 percent of payroll.

Keep in mind that local governments in most states are not required to pay the full amount of the ARC. We do not have data at the local level, but a state-level study reported wide variation in the percent of ARC actually paid across plans, across years, and across states (State Budget Crisis Task Force 2012). Munnell et al. (2011) calculate pension payments actually made as a share of local budgets and again find considerable variation, with 14 percent of the sample governments devoting more than 12 percent of their budgets to pay for pensions.

Conclusions

Local government pensions are on average significantly underfunded. The key reason is that, absent a legal compulsion to do so, many governments have not set aside enough funds each year to cover the extra pension liabilities incurred in that year, much less to amortize unfunded liabilities from earlier years. In effect, they are borrowing to pay for current labor services and shifting the burden to future taxpayers.

We know much less about the 3,200 locally administered plans that we do about the 220 state plans. The best information on local plans comes from researchers who review the detailed financial reports of the plans and local governments. Of necessity, these studies concentrate on the larger plans. We do know that there is wide variation across plans on key measures: the share of liabilities that are covered by assets; the would-be full contribution to cover both current year pension costs and amortization of unfunded liabilities (ARC) relative to payroll or annual revenues; the share of ARC that is actually paid; and the share of the current budget that goes to pension costs. A significant fraction of local governments are in trouble by one or more of these measures.

Worse, what we know about liabilities comes from municipalities’ self-reported data and their own choice of discount rate. In almost all cases this discount rate is inappropriately high, and the use of a lower discount could more than double unfunded liabilities. The result is a big problem with local pension liabilities that threatens local government finances, but we do not know how big, and we do not know how unequally it is distributed.

About the Authors

Richard F. Dye is a visiting fellow of the Lincoln Institute of Land Policy. He is also a professor at the Institute of Government and Public Affairs, University of Illinois at Chicago, and professor of economics emeritus at Lake Forest College.

Tracy Gordon is a fellow in Economic Studies at the Brookings Institution, Washington, DC. Her research focuses on state and local public finance, political economy, and urban economics.

References

Board of Governors of the Federal Reserve System. 2012. Flow of funds accounts of the United States, June 7. http://www.federalreserve.gov/releases/z1/current/data.htm

Brown, Jeffrey R., and David W. Wilcox. 2009. Discounting state and local pension liabilities. American Economic Review 99(2): 538–542.

Gordon, Tracy M., Heather M. Rose, and Ilana Fischer. 2012. The state of local government pensions: A preliminary inquiry. Working Paper. Cambridge MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Governmental Accounting Standards Board (GASB). 2012. GASB Improves Pension Accounting and Reporting Standards. Press Release. June 25. http://www.gasb.org/cs/ContentServer?c=GASBContent_C&pagename=GASB/GASBContent_C/GASBNewsPage&cid=1176160126951

Joint Economic Committee (JEC). 2011. States of bankruptcy, part I: The coming state pensions crisis. Republican Staff Commentary, Washington, DC, December 8.

Joint Economic Committee (JEC). 2012. States of bankruptcy, part II: Eurozone, USA? Republican Staff Commentary, Washington, DC, May 15.

Munnell, Alicia H., Jean-Pierre Aubry, Josh Hurwitz, and Laura Quimby. 2011. An update on locally administered pension plans. Center for Retirement Research at Boston College Policy Brief, July.

Munnell, Alicia H., Jean-Pierre Aubry, Josh Hurwitz, and Laura Quimby. 2012. The funding of state and local pensions: 2011–2015. Center for Retirement Research at Boston College Policy Brief, May.

Munnell, Alicia H., Kelly Haverstick, Steven A. Sass, and Jean-Pierre Aubry. 2008. The miracle of funding by state and local pension plans. Center for Retirement Research at Boston College Policy Brief, April.

Novy-Marx, Robert, and Joshua Rauh. 2011. The crisis in local government pensions in the United States. In Growing old: Paying for retirement and institutional money management after the financial crisis, Robert Litan and Richard Herring, eds., 47–74. Washington, DC: Brookings Institution.

Nuschler, Dawn, Alison M. Shelton, and John J. Topoleski. 2011. Social Security: Mandatory coverage of new state and local government employees. Congressional Research Service, July. http://www.nasra.org/resources/CRS%202011%20Report.pdf

Snell, Ronald K. 2012. State pension reform, 2009–2011. Washington, DC: National Council of State Legislatures, March.

State Budget Crisis Task Force. 2012. Report of the State Budget Crisis Task Force. http://www.statebudgetcrisis.org/wpcms/wp-content/images/Report-of-the-State-Budget-Crisis-Task-Force-Full.pdf

U.S. Bureau of Labor Statistics. 2011. Employee benefits survey, retirement benefits: access, participation, and take-up rates. March.

U.S. Census Bureau. 2012. 2010 annual survey of state and local public employee retirement systems. http://www.census.gov/govs/retire

David Vetter (Ph.D., Universidad de California) ha trabajado por más de cuatro décadas en temas de financiamiento y economía urbana en América Latina. He ejercido la docencia y dirigido investigaciones urbanas en Brasil durante 17 años en el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE), el Programa de Ingeniería para Graduados (COPPE), el Instituto de Planificación y Estudios Urbanos y Regionales (IPPUR) y la Fundación Getúlio Vargas. En 1990 se incorporó al Banco Mundial, donde desarrolló programas de inversión y reformas subnacionales para Argentina, Brasil, Chile y Ecuador. A fin de fomentar una mayor participación del sector privado en el financiamiento urbano, ingresó en Dexia Credit Local en 1998 en calidad de vicepresidente, y estableció programas de préstamo en Argentina, Brasil y México. Desde su regreso a Brasil en 2004, ha trabajado como consultor e investigador para varios clientes, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Lincoln Institute of Land Policy, donde ha sido visiting fellow desde julio de 2014. Ha escrito recientemente dos artículos para Land Lines: “Residential Wealth Distribution in Rio de Janeiro” (Distribución de la riqueza residencial en Rio de Janeiro, enero de 2014) y “Land-Based Financing for Brazil’s Municipalities” (Financiamiento basado en el suelo para los municipios brasileños, octubre de 2011).

Land Lines: ¿Cómo se involucró en el Instituto Lincoln?

David Vetter: Por muchos años, ya sea en mis trabajos de investigación y consultoría, o en el Banco Mundial o el sector privado, encontré con frecuencia información sólida del Instituto Lincoln que me ayudó. Más recientemente, el Instituto financió mis investigaciones sobre riqueza residencial y finanzas municipales en Brasil.

Land Lines: ¿Qué investigará como visting fellow y por qué?

David Vetter: Me concentraré en estrategias de financiamiento de infraestructura urbana en Brasil. Como otros países latinoamericanos, Brasil necesita realizar inversiones sustanciales en forma continua para poder mantenerse al día con el rápido crecimiento de nuevos hogares y reducir la cantidad de hogares que no tienen acceso a infraestructura urbana. Entre 2000 y 2010, la cantidad de hogares en Brasil creció en más de 12 millones, o sea, casi 7 veces más que los 1,8 millones de hogares del área metropolitana de Boston-Cambridge en 2010. Dada esta presión demográfica, la cantidad absoluta de hogares de Brasil sin acceso a infraestructura urbana siguió siendo alta en 2010, a pesar de las considerables inversiones efectuadas en la década anterior. Y los déficits de algunos tipos de infraestructura en realidad han aumentado. Entre 2000 y 2010, por ejemplo, la cantidad de hogares urbanos en Brasil sin un sistema adecuado de alcantarillado creció aproximadamente en 2 millones, que es más que la cantidad total de unidades de vivienda en el área metropolitana de Boston en 2010.

El Ministerio de las Ciudades de Brasil estimó que los sistemas de sanidad básicos (agua potable, aguas residuales, residuos sólidos, y alcantarillado) costarían más de US$80.000 millones sólo entre 2014 y 2018. Las carreteras, pavimentación de calles, seguridad pública, salud y educación demandan inversiones de similar magnitud, y estos montos frecuentemente exceden con mucho las fuentes de financiamiento existentes.

Land Lines: ¿Cómo se podría recuperar las plusvalías de estas inversiones en infraestructura para poder financiarlas?

David Vetter: Los beneficios de las inversiones en infraestructura se capitalizan en los precios del suelo y los edificios. Los foros del Instituto Lincoln sobre instrumentos notables de intervención urbana de 2013 demostraron que muchos gobiernos de América Latina están utilizando eficazmente una amplia variedad de herramientas de recuperación de las plusvalías creadas por sus inversiones de infraestructura, como puede comprobarse en el minucioso repaso de la bibliografía realizado por Martim O. Smolka (2013): venta de derechos de desarrollo; contribución por mejoras para pavimentación de calles, alcantarillado y otras mejoras; y alianzas público-privadas (APP) de recuperación de plusvalías, como en el caso de la estructuración financiera de la renovación masiva del puerto de Rio (Porto Maravilha). También sería útil contar con una cobranza más efectiva del impuesto sobre la propiedad y de los impuestos de transmisión de propiedades.

La recuperación de plusvalías puede generar una realimentación positiva, creando un círculo virtuoso que genera recursos adicionales para más inversiones. Por ejemplo, el aumento del valor generado por las inversiones aumentaría la base gravable del impuesto sobre la propiedad, suponiendo que las valuaciones se mantengan actualizadas, y los ingresos resultantes se podrían usar para financiar otras obras.

Land Lines: ¿Hasta qué punto podrían las municipalidades de Brasil aumentar la recuperación de plusvalías?

David Vetter: Según la teoría económica, el valor generado por las inversiones de infraestructura debería ser aproximadamente igual a su costo. Como la oferta de infraestructura parecería ser poco elástica, debido a las restricciones de financiamiento público, el valor de mercado generado podría exceder en realidad el costo de las inversiones.

Por ejemplo, las municipalidades de Brasil invirtieron más de US$82.000 millones en infraestructura y equipos entre 2006 y 2010 (alrededor de US$16.000 millones por año). Pero solamente en 2010, el gobierno nacional y los gobiernos estatales invirtieron también más de US$50.000 millones. La recuperación de aunque sea un pequeño porcentaje de las plusvalías creadas podría proporcionar recursos de inversión significativos. Por ejemplo, la Región Metropolitana de Rio de Janeiro está recibiendo inversiones de infraestructura masivas del gobierno nacional, estatal y municipal, y también de socios privados, para varios proyectos como el cinturón vial Arco Metropolitano y una nueva línea de metro. Algunas son concesiones o APP que reciben un financiamiento significativo a tasas de interés inferiores a las del mercado por parte de los bancos de desarrollo públicos (BNDES y CAIXA).

Land Lines: ¿Qué papel debería cumplir la recuperación de plusvalías en la política de viviendas?

David Vetter: La inversión en infraestructura crea riqueza residencial, ya que su valor se capitaliza en la venta de viviendas. Las estructuras residenciales representan alrededor de un tercio del capital fijo neto de Brasil en las cuentas de riqueza nacional, como es habitual en otros países del mundo. Dada su importancia, nos preguntamos en nuestro trabajo sobre la Región Metropolitana de Rio de Janeiro: ¿Qué genera la riqueza residencial? ¿Cuánta riqueza residencial existe? ¿Quién la tiene? Descubrimos que hay ganadores y perdedores. Por ejemplo, el aumento en el valor generado por la inversión en infraestructura incrementa la riqueza residencial de los propietarios de vivienda, pero también aumenta los precios para los inquilinos en el área beneficiada y los costos de vivienda para personas que se quieren reubicar en esa zona.

Land Lines: ¿Una política de vivienda enfocada a la generación de riqueza residencial y la equidad de su distribución sería muy distinta de la mayoría de los programas de viviendas de bajos ingresos?

David Vetter: Sería bastante distinta. La mayoría de los programas de viviendas de bajos ingresos reduce sus costos construyendo en suelo de bajo valor. El precio del suelo es bajo cuando no tiene acceso a empleo y servicios urbanos básicos, así que las unidades de vivienda social frecuentemente están en estas áreas carentes de servicios. Una política de vivienda enfocada en la riqueza residencial enfatizaría el acceso a empleo y servicios básicos, que son los determinantes clave del valor de una vivienda.

Land Lines: ¿Pero no es esto una utopía? ¿Cómo podríamos recuperar las plusvalías para ayudar a aumentar la riqueza residencial de familias de bajos ingresos?

David Vetter: Sin duda el desafío es grande. Pero la recuperación de plusvalías de familias de mayores ingresos podría subsidiar a las de ingresos menores, sobre todo a los inquilinos que se quieran reubicar en zonas que se benefician de inversiones en infraestructura.

Le voy a dar un ejemplo. La cantidad de hogares en la Región Metropolitana de Rio de Janeiro aumentó en más de 600.000 entre 2000 y 2010 (esto es el doble de la cantidad de hogares en Washington, DC en 2010). Como consecuencia, los déficits de infraestructura urbana de la región siguen siendo altos a pesar de la gran cantidad de inversiones realizadas. Un reciente estudio de impacto del nuevo cinturón vial de Rio de Janeiro (Pontual et al., 2011) exploró la posibilidad de desarrollar nuevos vecindarios completos, socialmente integrados y con todos los servicios de infraestructura, para albergar a la enorme cantidad de hogares que se esperan a lo largo del cinturón. Este desarrollo podría financiarse en parte con la recuperación de las plusvalías generadas por las inversiones masivas en infraestructura planificadas y en proceso de implementación. Parte de las plusvalías recuperadas de familias de mayores ingresos se podría usar para financiar a las familias de menores ingresos.

El estudio de impacto analizó cuál sería la mejor ubicación para estos vecindarios. ¿Qué instrumentos de recuperación de plusvalías funcionarían mejor en este caso? Es interesante señalar que el sector privado ya está desarrollando lo que se describen como “barrios verdes” en las regiones aledañas al Río metropolitano. ¿Tiene sentido planificar proyectos de vivienda individuales cuando se va a producir un aumento tan grande en la cantidad de hogares?

Land Lines: ¿Las familias de bajos ingresos estarían en condiciones de pagar por la infraestructura?

David Vetter: En América Latina, los criterios de elegibilidad de programas de recuperación de plusvalías casi siempre incluyen una prueba de capacidad de pago. Por supuesto, la recuperación de plusvalías sólo se debería aplicar a familias que estén en condiciones de pagarla.

Land Lines: ¿Cómo respondería a los profesionales de Brasil dedicados a temas urbanos que argumentan que es imposible recuperar las plusvalías por razones legales o culturales?

David Vetter: Si bien la constitución de Brasil concede amplios poderes para recuperar plusvalías, sólo las municipalidades más grandes, como São Paulo y Rio de Janeiro, parecen usarlos. Otros gobiernos subnacionales y nacionales dedican mucho menos esfuerzo para recuperar las plusvalías de sus considerables inversiones públicas.

Ello probablemente se deba, en parte, a resistencia de aquellos que creen que la recuperación de plusvalía es legalmente imposible. Aun cuando la contribución por mejoras encuentra una resistencia similar, Silva y Pereira (2013) estiman que los ingresos totales por dicho concepto superaron los US$300 millones en las municipalidades de São Paulo, Paraná y Santa Catarina entre 2000 y 2010, a pesar de que relativamente pocas municipalidades utilizaron este instrumento. Esta cantidad no es muy significativa para estados de este tamaño, pero demuestra que las contribuciones por mejoras son viables.

Una de las razones por las que las contribuciones por mejoras fueron exitosas en Paraná y Santa Catarina fue que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo exigieron medidas de recuperación de costos en sus proyectos de desarrollo municipal desde la década de 1980. Este éxito respalda la idea de que los incentivos de un programa nacional o estatal pueden fomentar el uso de la recuperación de plusvalías a nivel municipal.

Además, hay muchos casos de recuperación de plusvalías que pasan desapercibidos. En la ciudad de Rio de Janeiro, por ejemplo, la venta de suelo excedente del sistema de metro existente se usó parcialmente para financiar una nueva línea completa, y los desarrolladores instalan agua corriente y alcantarillado como condición para la aprobación de un proyecto en un vecindario de mayores ingresos, Barra de Tijuca.

Land Lines: ¿De qué manera podrían fomentar el uso de la recuperación de plusvalías los programas gubernamentales nacionales y estatales?

David Vetter: Una de las maneras sería proporcionar acceso a financiamiento como un incentivo para que las municipalidades hagan uso de la recuperación de plusvalías. El banco de desarrollo de Ecuador (Banco del Estado) utiliza este tipo de acceso para alentar a las municipalidades a usar las contribuciones por mejoras. El acceso a financiamiento se podría usar para implementar una gama más amplia de instrumentos de recuperación de plusvalías, como la venta de derechos de desarrollo y aranceles de impacto, además de las contribuciones por mejoras.

Land Lines: ¿Cómo puede estimular el Instituto Lincoln el financiamiento de infraestructura por medio de la recuperación de plusvalías?

David Vetter: Lincoln ha hecho un trabajo excelente para generar el conocimiento de la recuperación de plusvalías, por medio de investigaciones, foros, programas de capacitación y publicaciones. El Instituto podría ampliar su trabajo sobresaliente en recuperación de plusvalías en la región por medio de más foros y publicaciones, y asesorando en forma directa a los dirigentes políticos en lo que al diseño y ejecución de programas se refiere.

Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 3 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

Con el objetivo de analizar la equidad y eficacia del sistema fiscal de tributación inmobiliaria, el Instituto Lincoln desarrolló, en conjunto con el Ayuntamiento de Porto Alegre (Brasil), el Seminario Internacional sobre Tributación Inmobiliaria en abril de 2001, el cual formó parte de su programa educativo en América Latina. Asistieron al seminario más de 200 delegados de 12 países, 14 estados brasileños y 45 autoridades municipales. Expertos reconocidos en el ámbito internacional, funcionarios gubernamentales y personalidades del sector académico, de finanzas públicas y de materias impositivas representaron instituciones tales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Instituto Internacional de Tributación Inmobiliaria (IPTI), la Asociación Internacional de Funcionarios de Tasación (IAAO), la Asociación Brasileña de Secretarías de Finanzas de Capitales (ABRASF) y la Escuela de Administración Hacendaria (ESAF). En este artículo se analizan los temas y experiencias tratados en el seminario.

Así como en los Estados Unidos, en América Latina hay un debate continuo sobre la mayor eficacia, la simplificación en los procesos de administración y la menor influencia de factores políticos que derivarían de la sustitución del tributo inmobiliario por otras fuentes de ingreso, tales como recargos y tarifas. No obstante, el tributo inmobiliario continúa siendo la opción predominante de financiamiento de los servicios públicos de los gobiernos municipales de América Latina.

Una característica importante del tributo inmobiliario es la gran diversidad que hay en su administración en cada país. Por ejemplo, en Brasil, Colombia y Ecuador es un impuesto exclusivamente municipal, mientras que en Argentina es administrado por el gobierno provincial. En México, el papel de las autoridades municipales se ha reducido principalmente a la recaudación de los impuestos. En Chile, el tributo inmobiliario es una importante fuente de ingreso para los gobiernos municipales, aunque el gobierno central es el responsable por la administración de los sistemas catastrales, de tasación y recaudación. El Salvador es el único país centroamericano que no ha impuesto nunca una tributación sobre la propiedad, aunque cada vez más se discute sobre la necesidad de establecer nuevos impuestos, dado que los ingresos tributarios constituyen apenas un 11 por ciento del producto bruto interno (PIB).

Reflexiones sobre el sistema fiscal de tributación inmobiliaria

En general, el tributo inmobiliario está reconocido como un impuesto “bueno” que tiene una función esencial en el proceso de recuperación de ingresos, financiamiento de servicios públicos y promoción del desarrollo social. Su naturaleza única establece vínculos importantes entre riqueza e ingresos, desarrollo social y uso y ocupación del suelo. Sin embargo, es fundamental administrarlo con justicia para evitar ineficacias y desigualdades en la distribución de la carga impositiva. En varias sesiones del seminario se mencionó la necesidad de contar con un catastro que tenga cobertura completa y adecuada, además de los atributos básicos para la tasación de diferentes clases de propiedades. Un grupo de participantes recomendó integrar la comunidad al proceso de actualización continua de los datos catastrales, mientras que otros enfatizaron la necesidad de realizar un cuidadoso análisis de costo-beneficio antes de implementar sistemas de información geográfica.

En países donde el catastro no es administrado por el gobierno central, no existe un sistema o modelo estándar. Según el nivel de desarrollo de la municipalidad o de los recursos financieros disponibles, la tecnología catastral puede exhibir grandes variaciones, desde una simple lista de propiedades hasta un catastro multifinalitario basado en un sistema de información geográfica. También se observan diferencias en los sistemas de tasación; por ejemplo, en Colombia y Bolivia se utiliza la autotasación, mientras que en Brasil, Chile, Ecuador y México es común el método de tasación por costos. Algunas autoridades municipales de Brasil están trabajando activamente para instituir el método de comparación de ventas para la propiedad residencial. Al aplicar el método de tasación por costos, el valor del suelo se determina mediante el método de comparación de precios de venta. El valor del suelo, si se basa en la información del mercado, también se calcula de maneras diferentes, lo cual genera preocupación sobre cómo reducir las desigualdades en la tasación.

Por encima de todo, la valuación es una tarea técnica que requiere tasación uniforme, realizada a intervalos cortos, y que no debe utilizarse para fines políticos. Los sistemas que establecen límites de los aumentos impositivos entre periodos consecutivos para cada propiedad individual, hasta un ajuste general basado en la tasa de inflación anual, son vistos como una fuente principal de inequidad de tasación. Para poder ganar la aceptación del sistema tributario y la confianza de los contribuyentes, es imprescindible que haya transparencia en los resultados de las valuaciones además de características básicas tales como responsabilidad fiscal, justicia, democratización de la información y simplificación del lenguaje técnico a fin de facilitar el entendimiento de los miembros y líderes de la comunidad. Además, estos últimos deben participar en la toma de decisiones referentes a la recaudación de impuestos y gastos públicos.

Una tendencia reciente es el uso creciente de Internet por parte de los contribuyentes para recibir y pagar sus facturas impositivas, revisar los datos estadísticos de sus propiedades y actualizar la información catastral. En este particular se considera a Chile como punto de referencia en el uso de estas tecnologías en América Latina.

Experiencias con la reforma fiscal

Varios ponentes del seminario hablaron de sus experiencias con la reforma fiscal a la propiedad inmobiliaria, las cuales suelen incluir inversiones en sistemas catastrales. En Colombia, por ejemplo, la mejora en la recaudación del tributo inmobiliario se tradujo en un aumento en el porcentaje del PIB, de un 0,22 por ciento en 1970 al 0,91 por ciento en 1994. Esta mejora se atribuyó en parte a leyes que exigieron la implementación y actualización del catastro en todo el país. La fuerte oposición hacia la actualización de los valores de tasación, así como las dificultades administrativas para realizar las valuaciones, llevaron a establecer un procedimiento de autotasación. Ahora los contribuyentes son responsables por declarar el valor de tasación de sus propiedades, pero dicho valor no puede ser inferior al valor catastral registrado. Para reducir la subtasación, el valor de tasación se usa también como base para la expropiación.

Las iniciativas de reforma fiscal que hubo en Argentina durante la década de 1990 estuvieron fuertemente motivadas por las crisis financieras del sector público. El proyecto de reforma del tributo inmobiliario fue dividido en dos áreas principales: administración catastral y fiscal. A pesar de que en estas reformas se ha invertido el equivalente a más de US$120 millones, el proyecto ha sido completado en apenas un 50 por ciento de las jurisdicciones. En otro ejemplo, Mexicali, la ciudad capital de Baja California, fue la primera en adoptar un sistema basado en el valor del suelo como base impositiva predial en la década de 1990. Si bien se trató de una exitosa experiencia de reforma fiscal a la propiedad inmobiliaria, actualmente México se enfrenta a una serie de retos, entre ellos lograr un equilibrio fiscal entre el gasto público y los ingresos recaudados, además de recuperar la importancia del tributo inmobiliario como fuente de ingresos.

La tributación inmobiliaria en Brasil

Varias barreras políticas, jurídicas y prácticas han contribuido a mantener la inequidad e ineficacia del tributo inmobiliario en Brasil. Las ramas principales del gobierno (el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial) suelen diferir en su interpretación de las regulaciones impositivas, lo cual crea una perenne falta de confianza en el sistema tributario. Entre los problemas principales que afectan el sistema fiscal de tributación inmobiliaria cabe mencionar: 1) catastros obsoletos e incompletos que derivan en pérdidas irrecuperables de los ingresos; 2) prácticas de tasación deficientes que conducen a una falta de uniformidad generalizada; 3) fuerte influencia de los valores de tasación históricos, no sólo porque los avalúos son poco frecuentes sino también porque la aprobación de cualquier nueva lista de valuación por la Cámara de Concejales suele ser difícil; y 4) deficiencias en el proceso de recaudación de impuestos.

Se reexaminó la validez y factibilidad de adoptar tasas progresivas (móviles) para el tributo inmobiliario, las cuales habían sido utilizadas ampliamente en Brasil durante la década de 1990. La idea básica había sido establecer tasas progresivas según las clases de valores de tasación e introducir un elemento de “capacidad de pago” en el sistema, en el que la carga impositiva de las propiedades más costosas fuera mayor que las de propiedades de menos valor. Si bien en 1996 la Corte Suprema declaró como inconstitucional el uso de tasas progresivas para el tributo inmobiliario, una reciente enmienda constitucional autorizó la progresividad de las tasas de tributo inmobiliario según el valor de las propiedades, así como también diferentes tasas según la ubicación de la propiedad.

Durante el transcurso del seminario, los argumentos en contra de la aplicación de tasas progresivas para el tributo inmobiliario apuntaron a la necesidad de mantener un impuesto sencillo y eficaz, mientras que aquéllos a favor de la progresividad hicieron énfasis en la concentración de la disparidad de los ingresos en Brasil y en el hecho de que los gastos de vivienda de la población pobre son proporcionalmente mayores que los de la población adinerada. La mayoría de los participantes del seminario estuvieron de acuerdo en que las tasas progresivas podrían conducir a una distribución más justa de la carga impositiva. No obstante, la progresividad debe ser gradual, es decir, se debe aplicar una tasa mayor únicamente a la parte del valor de la propiedad que excede el límite establecido en cada clase de valor de tasación, a fin de evitar grandes diferencias en la carga impositiva para aquellas propiedades cuyos valores estén ligeramente por encima o por debajo de los límites en cada categoría.

En el ámbito nacional, en Brasil es ampliamente conocida la ineficacia del tributo inmobiliario como fuente del ingreso público. Los ingresos provenientes del tributo inmobiliario representan menos del 0,4 por ciento del PIB —de hecho, la cantidad realmente recaudada es puramente simbólica en muchas partes del país. En una encuesta reciente de las municipalidades se investigaron varios aspectos del desempeño gubernamental municipal, entre ellos la evasión de impuestos. Los resultados demostraron que la evasión de impuestos es menor del 20 por ciento en apenas un 13 por ciento de las municipalidades. En una de cada cinco municipalidades, el ingreso fiscal representa menos del 20 por ciento de las propiedades incluidas en el catastro.

Nota: La divisa brasileña es el real (R$). En 1996, R$1 equivalía aproximadamente a US$1.

En la tabla 1 se muestra la importancia relativa del ingreso del tributo inmobiliario en Brasil, según el tamaño de la municipalidad. Las municipalidades pequeñas obtienen su financiamiento mayormente por transferencias de otros niveles gubernamentales, mientras que las grandes tienen una mayor dependencia del tributo inmobiliario como fuente de ingreso. Sin embargo, el funcionamiento del sistema fiscal de tributación inmobiliaria depende directamente de la voluntad política, la cual muestra grandes variaciones entre una ciudad y otra. Por ejemplo, debido a una extensa actualización de su catastro, Santana de Parnaíba, una ciudad de 60.000 habitantes en el estado de São Paulo, recauda aproximadamente R$212,00 por habitante, mientras que la recaudación promedio del tributo inmobiliario para ciudades con población similar (10.000 a 100.000 habitantes) es de R$10,04 por habitante. Las cifras de Santana de Parnaíba son incluso mejores que las de São Paulo, la capital del estado, donde se recaudan menos de R$80,00 por habitante. Igualmente, un modelo participativo en el que actúa la comunidad local y organizaciones no gubernamentales (ONG) facilita la discusión de asuntos críticos de la evaluación y administración del tributo inmobiliario, lo cual ha llevado a medidas de mejoramiento del sistema. En la ciudad Ribeirão Pires, por ejemplo, se logró aumentar el ingreso en un 40 por ciento gracias a la adopción de medidas tales como una exhaustiva revisión de la legislación del tributo inmobiliario que permitió adoptar mejores prácticas de tasación, nuevas tasas de tributo inmobiliario e implementación de procedimientos más eficaces para la recaudación de impuestos. Aún mejor: la reforma fiscal ha contribuido a incrementar la popularidad del gobierno municipal.

Caso de estudio: Porto Alegre

Inspirado por el seminario de abril y por trabajos de investigación y análisis previos, el gobierno municipal de Porto Alegre elaboró una propuesta para una reforma fiscal a la propiedad inmobiliaria con el objetivo de promover la equidad fiscal y la importancia del tributo inmobiliario como fuente de ingreso, así como también crear una administración más eficaz del impuesto. El proyecto se presentó el 28 de septiembre ante el Ayuntamiento —entidad encargada de aprobar o rechazar las medidas—, y deberá haber una decisión final antes de finalizar el año 2001.

Se encomendó el proyecto a un equipo multidisciplinario formado por miembros de la autoridad municipal, entre ellos asesores, expertos en tributo inmobiliario y planificadores urbanos y ambientales, como también un grupo de profesionales de estadística y tecnología de información de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Las medidas propuestas fueron discutidas ampliamente con representantes de asociaciones públicas, líderes de la comunidad, representantes de los medios de comunicación, y, por supuesto, con los concejales (véase la tabla 2).

Conclusión

La participación de varios cientos de delegados pone en evidencia la importancia del tributo inmobiliario en sus países. Si bien es cierto que todavía hay mucho por hacer para mejorar el desempeño general de los sistemas de tributación inmobiliaria, el debate demostró que ha habido progreso en la manera como el impuesto se administra y se percibe en muchas partes del continente. Varias experiencias independientes demostraron claramente que la voluntad política es la causa principal de las diferencias observadas en los resultados del tributo inmobiliario en América Latina. Gracias a los recientes avances tecnológicos (ahora accesibles a cualquier país), se han podido poner en práctica mejores técnicas de valuación, tasación y manejo de la información. Poco a poco los retos se están desplazando de la esfera técnica a la política. Hoy más que nunca es esencial aprender a implementar las reformas y revisiones fiscales a fin de lograr sistemas de tributación inmobiliaria de mayor eficacia. También se evidencia la tendencia al uso de métodos participativos durante las revisiones, dado que es probable que la aceptación del público facilite el proceso de reforma.

Claudia M. De Cesare es consultora en tributación inmobiliaria de la Secretaría de Finanzas de la municipalidad de Porto Alegre, Brasil; investigadora e imparte clases de valuación y tributación inmobiliaria en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul y en el Instituto Lincoln, forma parte del consejo consultivo del Instituto Internacional de Tributación Inmobiliaria (IPTI) y participa activamente en otras organizaciones profesionales.

Sidebar: Red Latinoamerica Sobre Tributación Inmobiliaria

Recientemente el Instituto Lincoln creó un grupo de redes formadas por expertos y legisladores, cuya misión es el estudio de los fundamentos de la política impositiva y del suelo en América Latina. Bajo la dirección de Martim Smolka, Senior Fellow y director del Programa para América Latina y El Caribe, la primera reunión de la red de tributación inmobiliaria se realizó durante el seminario en Porto Alegre en abril de 2001, siendo sus participantes Hector Serravalle (Argentina), Claudia M. De Cesare, Cintia E. Fernandes, Mauro Lunardi y Sol G. Pinto (Brasil), Carlos Acuña (Chile), Maria Camila Uribe y Claudia Puentes (Colombia), Mario R. Maldonado (Ecuador), Roberto Cañas (El Salvador) y Sergio Flores (México).

La red está a la búsqueda de sistemas de tributación inmobiliaria de mayor eficacia en América Latina y de reforzar la función del tributo inmobiliario en los ingresos gubernamentales municipales. Sus miembros buscan promover el desarrollo profesional, identificar temas apropiados para proyectos educativos y trabajos de investigación comparativa y diseminar información y experiencias.

Los proyectos clasificados como principales son los siguientes:

• indicadores del tributo inmobiliario
• bibliografía comentada
• base de datos de instituciones, cursos permanentes y programas educativos
• desarrollo curricular
• intercambios para el aprendizaje profesional

Si bien es cierto que algunos programas nacionales o estatales han mejorado los sistemas catastrales, los procedimientos de valuación y la comunicación en algunos países, los miembros de la red están de acuerdo en que todavía falta un largo camino para poder mejorar la eficacia y la equidad de los sistemas impositivos actuales. Los miembros también aspiran tener mayor comunicación y acceso a la información relacionada con asuntos de tributación inmobiliaria en América Latina. Los programas de capacitación futuros podrían ser una fuente de inspiración para otras municipalidades, que al igual que Porto Alegre, enfrentan dificultades en sus sistemas fiscales de tributación inmobiliaria.

As a next step in the economic reforms begun in the post-Soviet period, momentum is growing in Poland for the introduction of a property tax based on market value. The recently established Department of Local Government Taxes and Cadastre within the Ministry of Finance is responsible for carrying out the reforms, and has invited the Lincoln Institute and other international organizations to advise them on developing an ad valorem property tax system.

Last October several Polish officials visited the Institute to learn about property taxation in the United States, and subsequently the Polish government requested support from the U.S. Agency for International Development (USAID) to bring international advisors to Poland for a series of seminars and meetings.

In January we traveled to Warsaw to participate in a week-long program on the legal and administrative framework needed to implement an ad valorem system. We made presentations at two seminars: one at the Sejm, the Polish Parliament, for its members and local government officials; and another at the Ministry of Finance for central government officials, professional experts and other interested parties. Our meetings with department officials focused on the draft laws being prepared by the ministry for introduction to the parliament later this spring.

The proposed ad valorem tax on real property in Poland will replace three existing taxes on urban, agricultural and forest property that are based on non-value-based rates per square meter of land and buildings. These taxes were introduced originally with purely fiscal objectives to expand the tax base beyond income and to capture wealth being diverted into real property assets. After the Soviet period, property taxes were recognized as an appropriate source of revenue for local governments. Since 1991 the revenues from the three existing taxes have been assigned solely to local governments (gminas).

The economic reforms introduced in the past decade by Deputy Prime Minister for Finance Leszak Balcerowicz have now reached such a stage of maturity that a market value-based tax on property is both feasible and desirable. There is an active and growing real estate market, including privatization of land holdings by local governments and secondary sales of residential and commercial properties. Ad valorem taxation will offer a stable source of revenue with a potentially broad and expanding tax base for local governments. It will provide the benefits of a more equitable distribution on taxes, as well as greater fiscal transparency and accountability.

An earlier USAID-funded feasibility study project in Krakow, in which the Institute also participated, resulted in legislative proposals for an ad valorem property tax in 1995. However, those efforts stalled in the face of complexities of land surveying, land registration and assessment administration.

Benefits and Obstacles

In this renewed effort, Polish officials are also focusing on the non-fiscal benefits of a value-based property tax, including its potential as a stimulus of real estate markets and mortgage credit institutions and as a tool for urban revitalization and more efficient land use. W. Jan Brzeski, president of the Krakow Real Estate Institute and adviser to the Deputy Prime Minister, has contributed to an understanding of these non-fiscal benefits through previous Lincoln Institute-sponsored research and education programs in Poland and other transition economies.

Considerable progress has been made in addressing some of the institutional obstacles to an ad valorem property tax that stalled the 1995 proposal. There is acknowledgment that a property tax information system and fiscal cadastre can be developed independently of title registries and land surveys that are as yet incomplete. Mass appraisal concepts and methods are more readily understood now and are viewed as opening new opportunities to the appraisal profession. Local governments have developed greater experience and influence to lobby for an autonomous source of revenue and greater independence in fiscal decision-making. Although local administrative capacity and expertise remain a concern for the over 2400 gminas, a possible solution may be found in placing fiscal cadastre and mass appraisal functions in the newly created regional governments (Powiats).

Discussions with Ministry officials concerning policy issues and implementation strategy focused on how to define market valuation in the law and how to educate local officials and taxpayers on its meaning and application. Current Polish law requires that detailed descriptions of taxation methods be written into legislation and that the local elected council approve the calculations. There is concern about an appropriate appeals system that will recognize both taxpayers’ rights and the government’s ability to achieve defensible mass appraisal models from less mature real estate markets. There is also a growing awareness of the importance of educating the public on the benefits and responsibilities associated with an ad valorem property tax.

The need to estimate implementation costs, develop effective administrative arrangements and assess the potential impacts of an ad valorem system has led some officials to propose one or more pilot projects before full implementation. However, this approach must be weighed against the possibility of losing the political momentum to enact ad valorem taxation in this parliament if legislative action is delayed until after pilot projects are completed.

Jane Malme is an attorney and fellow of the Lincoln Institute. She has researched and advised on property tax policy and administration for transitional economies and is preparing a series of case studies on the development of market value-based taxation in several countries. She is also a legal adviser on property taxation to USAID tax reform assistance programs in the Russian Federation.

Dennis Robinson, vice president for programs and operations, has worked on fiscal cadastre systems in Central and Eastern Europe and throughout Latin America.