Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 7 del CD-ROM Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.
El Lincoln Institute ha venido colaborando con el Programa de Becas Loeb de la Escuela de Posgrado en Diseño de la Universidad de Harvard desde 1998. El Programa de Becas Loeb fue establecido en 1970 gracias a la generosidad del ex alumno de Harvard John L. Loeb. Cada año se invita a diez profesionales de diseño y planeamiento con cierta experiencia a realizar estudios independientes y desarrollar conceptos nuevos y conexiones para avanzar sus trabajos de revitalización de los entornos naturales y construidos. En mayo, la clase de becarios de 2005 realizó un viaje de estudios a Brasil para intercambiar información con sus contrapartes profesionales de las ciudades de São Paulo y Rio de Janeiro. Este artículo se concentra en lo que aprendimos sobre los programas para mejorar la calidad de vida en las favelas de estas dos ciudades.
Desde la frondosa selva tropical del Amazonas hasta los rascacielos futuristas con helipuertos integrados de São Paulo, Brasil es un estudio en contrastes. El país es rico en territorio, con una superficie ligeramente mayor que los 48 estados continentales de los Estados Unidos; es el país más grande de América del Sur y el quinto más grande del mundo.
En la actualidad, el 80 por ciento de los 186 millones de residentes de Brasil vive en las zonas urbanas. La ciudad de São Paulo, con una población de 10 millones de habitantes, es la más grande de Brasil y una de las más densamente pobladas; más de 16 millones de personas viven en su área metropolitana. La ciudad de Rio de Janeiro es la segunda más grande del país, con 6 millones de habitantes y una población metropolitana de 10 millones.
La distribución de ingresos en Brasil se encuentra entre las más desiguales del mundo. El 10 por ciento de la población con ingresos más altos se queda con el 50 por ciento del ingreso nacional, mientras que el 34 por ciento de la población vive por debajo del nivel de pobreza. Si bien los esfuerzos antiinflacionarios han ayudado a estabilizar la economía en los últimos años, el país sigue llevando a cuestas una considerable deuda externa. Al tener que lidiar con los desafíos de la extrema pobreza, el tráfico de estupefacientes, el crimen, la distribución desigual de la tierra y una oferta inadecuada de viviendas, el gobierno cuenta con fondos limitados para los programas sociales y con frecuencia los ha utilizado en forma ineficiente.
La vida en las favelas
Se estima que el 20 por ciento de los brasileños vive actualmente en favelas, o asentamientos informales de viviendas de bajos ingresos. Las favelas se iniciaron en Rio de Janeiro a comienzos del siglo veinte, cuando miles de soldados que pelearon en una guerra civil recibieron escasa asistencia del gobierno y fueron forzados a vivir en estructuras improvisadas. Se asentaban frecuentemente en lugares sin servicios públicos donde las edificaciones eran precarias, como en colinas empinadas o zonas pantanosas. Estas favelas fueron creciendo y se construyeron muchas otras en zonas igualmente inseguras. En 1966, 1996 y 2001, lluvias torrenciales crearon aluviones fatales en muchas comunidades.
Las favelas comenzaron a crecer rápidamente, tanto en número como tamaño, en la década de 1970, cuando los trabajadores rurales comenzaron a acudir en masa a las ciudades, atraídos por mejores oportunidades de empleo. En Rio, muchas de las favelas tradicionales se encuentran en las zonas céntricas, cerca de los barrios ricos y las áreas turísticas. En contraste, la mayoría de las favelas de São Paulo se encuentran en la periferia del núcleo urbano, debido a su geografía local, razones históricas y otros factores.
Alfredo Sirkis, director de gestión de planeamiento y ex concejal de Rio, explicó que la escala de estos asentamientos informales y el auge de delitos violentos son los dos desafíos más importantes a resolver para poder mejorar la vida en las favelas. Al hablar de la preponderancia de los narcotraficantes, dijo: “Cuentan con armas de guerra y cada día se hacen más valientes. La policía puede neutralizar la situación, pero apenas se erradica a las pandillas se van creando otras. La policía estatal y la guardia municipal patrullan estos barrios, pero la fuerza policial está infestada con corrupción”.
La mayoría de las casas en las favelas son construidas por sus propios residentes con materiales de chatarra, y no cuentan con sistemas de agua o alcantarillado apropiados. Un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (IPEA) de Brasil estimó que el 28,5 por ciento de la población urbana no tiene acceso a servicios públicos de agua, alcantarillado y recolección de residuos (Franke 2005). Algunas favelas grandes tienen más de 60.000 habitantes y son tan densas que es extremadamente difícil tender caminos o sistemas de servicios públicos.
Se han hecho varios intentos de introducir mejoras en las favelas a lo largo de los años. En la década de 1960, siguiendo el ejemplo de los programas de renovación urbana en los Estados Unidos, algunas favelas fueron demolidas, desplazándose sus familias a complejos edilicios grandes y frecuentemente distantes que contaban con infraestructura y servicios. Sin embargo, de la misma manera que en los Estados Unidos, este método frecuentemente fracasó, destruyendo comunidades y alejando a los residentes de sus empleos locales, brindándoles a cambio muy pocas opciones de transporte. Además, no se atacaron los problemas sociales subyacentes, como la falta de empleo, el tráfico de estupefacientes y el crimen. Durante las décadas de 1970 y 1980 se produjo un período de negligencia benigna que resultó en la rápida expansión de las favelas y el deterioro de su calidad de vida. La película ampliamente premiada Ciudad de Dios muestra la vida casi sin esperanzas de la juventud de las favelas en un proyecto grande de viviendas de la era de 1960, que se había deteriorado y caído presa del crimen en la década de 1980.
Los proyectos más recientes de mejora de las favelas aprendieron la lección de esos esfuerzos del pasado. Los becarios de Loeb visitaron dos de esos proyectos que se concentran en mejorar las condiciones de las favelas en su ubicación actual, reparando la infraestructura edilicia y creando programas sociales para brindar capacitación para el empleo, servicios de guardería, educación y prevención del crimen.
São Paulo: Diadema
Diadema fue fundada en 1959 para albergar a los trabajadores de la creciente industria automotriz y hoy en día es una ciudad autónoma dentro del área metropolitana de São Paulo. Una nueva afluencia de trabajadores rurales en busca de empleo se mudó al área en la década de 1980, y para ese entonces aproximadamente un tercio de la población vivía en favelas. Una gran parte de la ciudad enfrentaba serios problemas estructurales, dada la naturaleza descontrolada del crecimiento pasado, pero el gobierno respondió a las necesidades de infraestructura construyendo caminos y proporcionando alumbrado, agua y sistemas de alcantarillado. Hubo algunos programas de demolición y reubicación de residentes, pero, en general, se reconoció que una política de integración de las favelas en la ciudad tendría mayor éxito a largo plazo.
Sin embargo, la crisis económica de la década de 1990 precipitó una nueva ola de desempleo y crimen. Entre 1995 y 1998, la población de Diadema creció el 3,4 por ciento, pero la cantidad de homicidios se incrementó en un 49 por ciento, a veces con un promedio de un asesinato por día. El alcalde José de Filippi Jr., que ahora se encuentra en su tercer período de gobierno de cuatro años, lanzó una campaña de 10 fases para combatir el delito, que comenzó por recolectar estadísticas concretas. El personal de la alcaldía hizo un mapa de los lugares donde preponderaban los delitos graves e identificó los horarios de mayor actividad. Después de establecer que el 60 por ciento de los homicidios ocurría en o alrededor de los bares entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, en 2001 la ciudad emitió una ley obligando a todos los establecimientos que vendían alcohol que cierren en ese horario. Ello marcó el comienzo de una reducción pronunciada en los delitos graves.
Otro blanco de los esfuerzos del alcalde para reducir el crimen fue la juventud de Diadema, que se benefició de varios programas creativos. El Proyecto de Aprendices Juveniles está dirigido a jóvenes vulnerables que residen en áreas identificadas como de alto riesgo y exclusión social donde prevalece el tráfico de estupefacientes. Este proyecto ofrece oportunidades educativas, deportivas y culturales, colocación de trabajo y un ingreso mensual para aquellos que están calificados. Estas medidas tienen como objetivo brindar a los jóvenes otras opciones para usar su tiempo en vez de cometer delitos, como también nuevos empleos y redes sociales.
Para reducir la cantidad de armas en las favelas a fin de impedir el crimen, la ciudad se concentró una vez más en la gente joven. La Campaña de Desarme de Armas de Fuego ofreció a los niños un libro de historietas a cambio de cada arma de juguete y se recolectaron de esa manera 27,000 armas de juguete en el curso de tres años. En la segunda fase de la campaña, que consistió en recolectar armas de los adultos, muchos niños continuaron con su activismo y presionaron a sus padres y vecinos para que entregaran sus armas. El programa fue más exitoso de lo esperado, logrando recolectar 1,600 armas en los primeros seis meses.
Además de los programas para combatir el delito, el alcalde procuró mejorar el entorno físico y social de las favelas. Los ciudadanos recibieron capacitación y materiales gratuitamente, y se les alentó a realizar mejoras estructurales y también cosméticas en sus casas. En muchas zonas se formaron grupos comunitarios que realizaron mejoras efectivas en los barrios. La ciudad respondió con un programa por medio del cual los residentes de las favelas ubicadas en tierras públicas podían obtener un “derecho de uso” del suelo por 99 años sin cargo. Aquellos que permanecen en su vivienda durante por lo menos cinco años pueden tomar los primeros pasos para convertirse en “inquilinos” legales del suelo, y más adelante podrán incluso vender la estructura.
Nuestra visita a Diadema incluyó un viaje a un barrio favela donde los ciudadanos habían mejorado sus casas y creado capacitación laboral y otras oportunidades más allá de lo que podía brindar el programa gubernamental. Nos congregamos en el centro comunitario, que era al mismo tiempo una capilla y un aula, para escuchar a los residentes expresar su deseo de llevar a la comunidad a “un nivel más alto”. Participaron en el programa “Es bello” de la ciudad, que fue creado en 1983 con financiamiento conjunto de la municipalidad y el grupo comunitario. Después de haber construido la infraestructura básica, querían que el semblante de su comunidad fuera conmensurable con el orgullo que sentían por el esfuerzo que habían realizado.
La becaria de Loeb Mary Eysenbach observó: “Me sorprendió cómo un barrio autoorganizado se parecía a un barrio regulado por el gobierno, tanto en forma como organización. Sea cual fuera la solución para las favelas, es fundamental retener y aun promover la creatividad y el espíritu emprendedor de los residentes”.
Rio de Janeiro: Morro Providência
La municipalidad de Rio de Janeiro creó el proyecto Favela-Bairro en 1993, cuando aproximadamente la quinta parte de la población vivía en favelas. En sus primeras dos fases, el proyecto comenzó a integrar a 620.000 ciudadanos en 168 comunidades informales al resto de la ciudad. Estos asentamientos incluyen 143 favelas establecidas y 25 subdivisiones irregulares más nuevas. Se ha planeado por lo menos una fase más, con la intención de alcanzar a hasta 2 millones de personas. Este proyecto está financiado principalmente por la municipalidad y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID 2003).
Los objetivos principales del proyecto Favela-Bairro son realizar mejoras estructurales en las casas, ampliar los caminos de acceso, y mejorar y formalizar la infraestructura urbana, incluyendo caminos pavimentados, suministro de agua potable y alcantarillas sanitarias. Estas mejoras físicas integrarán las favelas en el entramado urbano por medio de espacios públicos y otras amenidades. Programas sociales brindarán asistencia a niños y adolescentes (guarderías y establecimientos artísticos y deportivos) y crearán oportunidades de generación de ingresos (capacitación profesional y educación para adultos y jóvenes).
Una parte pequeña pero vital del proyecto ayuda a los residentes de las favelas a obtener una dirección postal con calle y número, permitiéndoles recibir correspondencia y establecer una relación de cliente con proveedores de servicios. El proyecto también proporciona certificados de “derecho de uso” a residentes una vez que sus casas se conecten al sistema de agua y alcantarillado, se incorporen al mapa de la ciudad y se les asigne una dirección. Este “alquiler” del suelo, en general, es por 100 años y permite al dueño transferir sus viviendas a un familiar inmediato; el suelo sigue siendo propiedad de la ciudad. Se espera que el programa, además de brindar servicios, proporcione al propietario de la vivienda más seguridad y un mayor sentido de propiedad y responsabilidad.
Visitamos el Morro Providência, uno de los modelos del proyecto Favela-Bairro con aproximadamente 5,000 residentes. Como señal sombría de que la seguridad sigue siendo un problema aun en un barrio mejorado, fuimos escoltados por agentes armados. Nuestro guía nos explicó que la nueva escalera que estábamos subiendo era una parte importante del proyecto, porque no sólo brinda acceso sino que también es un medio para transportar agua y líneas de alcantarillado a las partes superiores de la favela. También mencionó que se ofrecen programas educativos a los residentes para demostrar el uso de la nueva infraestructura y servicios, pero puede pasar tiempo antes de poder integrar estos nuevos sistemas en su modo de vida.
Quedamos impresionados por las ideas creativas utilizadas para confrontar los problemas cotidianos. Por ejemplo, el número limitado de caminos para vehículos y la falta de acceso dificultan la recolección de basura y residuos. Una solución ha sido un programa de intercambio innovador: los residentes reciben leche a cambio de una bolsa de basura, creando así una población más sana, mejor recolección de residuos y barrios más limpios.
Observamos un proyecto de restauración histórica de una capilla y la incrustación de una línea dorada en el cemento para guiar a los visitantes en una recorrida a pie por los hitos importantes del proyecto de revitalización. Nuestra visita también incluyó una presentación del proyecto Favela-Bairro en la nueva guardería que albergará a 220 niños de las familias más necesitadas. Como pudimos comprobar en la totalidad de nuestra visita a Brasil, tanto el personal municipal como los líderes vecinales participaron en forma colaborativa en las presentaciones y discusiones.
La becaria Robin Chase comentó: “Todo el concepto de Favela-Bairro de potenciar las inversiones personales y darse cuenta de que una vivienda cerca del centro es mejor que un proyecto de viviendas en el medio de la nada me impresionó como práctico y eficiente. La calidad de vida ha mejorado ampliamente, con electricidad, agua y plomería. La resolución del tema de la seguridad parece ser un problema muy difícil que tiene que ser atacado en todo el país”.
Conclusión
Observamos signos de cambios positivos en las favelas que visitamos y quedamos impresionados por la dedicación de sus ciudadanos y funcionarios para integrar estas comunidades al resto de la ciudad, pero existen todavía grandes desafíos, en particular la necesidad de recursos financieros sustanciales para realizar cambios mayores. Un amplio estudio de los residentes de favelas en Rio confirma nuestra experiencia: “Si bien se han producido mejoras notables en el consumo de servicios urbanos colectivos, artículos del hogar y años de educación en las últimas tres décadas, hay mayor desempleo y desigualdad” (Perlman 2003). El delito, la corrupción policial y el prejuicio contra los residentes de las favelas siguen siendo barreras para el progreso.
“En ciertos niveles locales, nacionales e internacionales, los líderes se han dado cuenta de que las estrategias de desplazamiento, marginalización y segregación del pasado no van a funcionar”, notó James Stockard, conservador del Programa de Becas Loeb. “La gente tiene una fuerte conexión con el suelo donde se ha asentado. Hay que aprovechar este compromiso y energía para convertir estos barrios informales en comunidades más saludables, seguras y económicamente viables”.
Heather Boyer fue becaria de Loeb en la Escuela de Postgrado de Diseño de la Universidad de Harvard en 2004–2005 y ahora es una editora independiente en la ciudad de Nueva York.
Referencias
Franke, Renata. 2005. El veintiocho por ciento de la población urbana de Brasil no tiene agua corriente ni alcantarillado. Brazzil Magazine, 2 de junio, www.brazzilmag.com/content/view/2641/49/
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 2003. Favela-Bairro: Diez años de integración a la ciudad. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo.
Perlman, Janice E. 2003. “Los pobres crónicos de Rio de Janeiro: ¿Qué ha cambiado en los últimos 30 años”? Trabajo no publicado presentado en la Conferencia sobre la pobreza crónica, Manchester, Inglaterra.
Loeb Fellows, 2004–2005
Heather Boyer, former editor, Island Press, Boulder, Colorado
Robin Chase, founder and CEO, Meadow Networks, Cambridge, Massachusetts; founder and former CEO, Zipcar, Cambridge, Massachusetts
Maurice Cox, professor of architecture, University of Virginia; former Mayor, Charlottesville, Virginia
Mary Eysenbach, former director, The City Parks Forum, a program of the American Planning Association, Chicago, Illinois
Klaus Mayer, partner, Mayer Sattler-Smith, a multidisciplinary design firm in Anchorage, Alaska
Cara McCarty, curator of decorative arts and design, St. Louis Art Museum
Mario Navarro, former housing policy director, Chilean Ministry of Housing and Urban Development, Santiago
Dan Pitera, director, Detroit Collaborative Design Center, University of Detroit Mercy School of Architecture
Carlos Romero, community organizer and community development advocate, San Francisco, California
Susan Zielinski, cofounder and director, Moving the Economy, Toronto
A city’s master plan typically describes development goals and objectives through the use of multiple maps and written documents. Most maps and other representations of urban design are built with a two-dimensional (2D) vision and then transferred into regulatory instruments and strategic planning tools. Urban space is treated as being flat and divided up into puzzle pieces such as administrative areas (municipal, rural, urban, growing, expanding, fringe); land use areas (residential, commercial, central business, historic, tourist, informal, recreational); environmentally protected or restricted area (water catchments, floodplains, landslide-prone hills); and other categories.
When urban space is described through digital maps integrated with databases in a geographic information system (GIS), many additional layers of information can be considered in a three-dimensional (3D) platform. However, when real 3D urban space is managed by laws and other conventions based on a 2D vision, the physical and legal cities are operating in quite different and incompatible dimensions. This discrepancy was accepted in the past, when 2D maps were the primary resource available to represent the real city, but nowadays computer graphics can handle more complex objects in space.
Rethinking the legal and economic aspects of urban society by shifting from the traditional 2D vision to a 3D approach will be necessary to develop, implement, and control urban land policies more efficiently. A 3D cadastre is one of the tools that can facilitate that process through spatial databases and representations. The institution of a territorial cadastre is familiar in many countries, but does not exist in the same way in the United States. A modern cadastre is an integrated database system that holds information on land registration and ownership, physical characteristics, econometric modeling for property valuation, zoning, geographic information, transportation networks, infrastructure and services, and environmental attributes, all of which are linked to socioeconomic and demographic information on property owners.
Creating a New 3D Framework
Google Earth has popularized geographic information by allowing users to visualize a virtual 3D location at the desired level of detail and in a global environment. Google Earth and other geographic software can be used quite easily to change the viewpoint of reality. Moving from a top-down view, which shows the city as a flat area, to an oblique perspective permits the viewer to see the relief and height of buildings, trees, aerial utility networks, and other objects in space.
This type of 3D visualization can identify undeveloped spaces, buildings of different heights, scattered suburban housing, structures in isolated rural areas, and precarious slum construction, thus helping to infer changes in land uses. Even when 3D images are represented on a flat screen or printed surface, they show details that are hard to identify in a 2D map, such as shadow movements during the day, views from an apartment window, and spatial relationships between buildings.
The constantly evolving 3D technology is changing the paradigms of urban planning and land policy because it impacts not only how the city is viewed but the way property rights and other restrictions in space are described. As a result, a new urban legal framework based on 3D laws and 3D property registries will be needed to describe objects in space instead of just flat con-tours. The 3D laws affect rights in space, not in a plane of projection, and in this context it will be possible to define 3D land policies.
For example, a 3D image of the basic, maximum, and actual floor-area-ratio (FAR) for a set of land parcels would facilitate the use of land management instruments such as charges for the purchase of building rights for new development. To support a 3D legal framework it is necessary to have spatial data systematized on 3D cadastres, which create and maintain up-to-date spatial databases and volumetric representations of cities, as well as a 3D property registry in which every property and its restrictions are identified and documented.
Land surveyors, geologists, biologists, and engineers are accustomed to determining the location of physical objects in space by specifying attributes such as mineral deposits, water bodies, contamination or fumes in the air or underground, or restricted spaces around power lines, but legislators, urban planners, assessors, and others are not used to describing the intersections of more than two attributes in space. The increasing complexity of infrastructure and densely built-up areas requires the proper registration of their legal status (private and public), which can be provided only to a limited extent by the existing 2D cadastral registrations.
Despite its promise as a tool for urban planning and the extensive research and progress in practice to date, no country has a true 3D cadastre with complete functionality. The evolving concepts involved in this new process should be based on the ISO 19152 Land Administration Domain Model (LADM), which provides support for 3D representations (van Oosterom 2011).
The Virtual 3D City
The first idea that usually comes to mind regarding a 3D image is its representation in regular shapes such as cubes, prisms, and cylinders, but these simple forms have proved insufficient to analyze urban space. Seeking a closer match with reality, researchers and designers have developed techniques to overlay photographs of building facades on building contours, and to represent all architectural characteristics of a building using 3D computer-aided design (CAD) software.
However, even these types of virtual 3D buildings typically were placed on a flat reference plane, which created a false image because it showed all buildings at the same level. By adding relief through digital perspectives based on digital terrain models, virtual 3D buildings could be placed at the correct altitude relative to sea level. The next step was to overlay aerial orthophotos on digital relief images, resulting in much more realistic 3D images of the real (physical) city (figure 1).
Presently, 2D and 3D urban models continue to be built with points, lines, polygons, and images. These models are useful but still insufficient for detailed urban analyses because, as noted by the Brazilian geographer Milton Santos, “Geometries are not geography” (Câmara 2000). In fact, several kinds of geographic information are used to develop land policies—human, physical, economic, and environmental—and all of them occur in space.
GIS contributes to the process of building a virtual 3D city by permitting linkages between statistical data and geometric shapes to generate thematic information images that can be applied to a variety of land policy issues. The 3D image created in a GIS platform is frequently more useful for urban planning purposes than a photograph of the same sector because the 3D platform makes it is possible to highlight certain information of interest, create prospective scenarios that anticipate the economical effects of certain land policy decisions, or evaluate the environmental impacts of new development.
Formal and Informal Virtual 3D Cities
The virtual 3D city represented geometrically is useful in several types of analyses, such as vehicle traffic studies, propagation of cell phone waves, or any type of infrastructure network analysis. For other kinds of analysis, even the virtual 3D city is not sufficient, as when a lawyer needs to visualize the legal 3D city as defined by urban and environmental regulations. Figure 2 shows two sets of virtual 3D city blocks, one representing existing buildings and the other indicating the development potential of those buildings based on the applicable urban regulations. These two images show different densities and consequently variable land and property values, but in both cases the property tax base and potential value capture charge can be estimated precisely.
In Latin America, where the incidence of informality is emblematic of the urban landscape, it is important to visualize and define the informal as well as the legal dimensions of the city. Informal settlements develop when households cannot afford housing supplied by the market or by social programs. People must find a place to settle, which is often on hazardous or protected land that is inappropriate for housing, or on vacant public or private land. The magnitude of the need for housing often surpasses the amount of land available, thus forcing informal settlers to build taller structures at higher densities (figure 3).
Every occupied space is a part of the city and should be considered in the urban databases of the cadastre. The task of connecting the virtual informal city with the rest of the virtual city is a bigger challenge in 3D than in 2D due to complexities in dealing with parcels where owners and occupants are different but may share the same space. Infrastructure is also organized differently in these areas. In the formal city, for example, public infrastructure networks consisting of fixed pipes, cables, roads, and rails are regularized and stable. In the informal city, infrastructure networks are often self-built and change constantly as the settlement expands. A 3D cadastre can inform planners of the gaps between the characteristics of the population demanding shelter and the effective supply of land and its attributes, thus helping define policies to address unplanned informal settlements.
3D Dynamic Cities
Changes taking place in cities can be visualized and measured in several ways, for example through studies of densification, migration, and expansion of infrastructure networks. These studies assume that social, economic, and environmental variables are constantly changing although the land is static. However, other forces that produce change in the city can cause dislocations of different intensities that can be measured in space (3D) and time (4D). For example, the continental plates are moving South America, its cities, public and private properties, and infrastructure networks slowly toward the west at the rate of 2 centimeters (cm) per year. These movements, which seem insignificant, have consequences for urban policy if one considers that in 50 years a property could be moved as much as 1 meter from its current position.
Even more extreme movements are the consequence of the dynamic nature of our planet. The earthquake in February 2010 impacted the Chilean region of Bio-Bio at many different scales. Measurements by the Transportable Integrated Geodetic Observatory (TIGO) in the city of Concepción recorded that the entire territory moved initially toward the northwest and then ended with a displacement of 3 meters toward the southwest, all within 30 seconds. During this event, the height of land shifted by 50 cm. The telluric movement carried away properties and destroyed urban infrastructure and buildings, and the damage was compounded by the subsequent tsunami. A similar pattern was observed during Chile’s 1960 earthquake, the most severe ever registered in the world, when the ground moved with such velocity that some properties disappeared into the sea and other land areas emerged.
The January 2010 earthquake in Haiti produced an estimated 20 million cubic meters of debris in 35 seconds, even though significant land displacements were not registered. From the point of view of the cadastre, however, these two disasters had very different impacts. If the urban information had been structured in thematic layers and integrated in a GIS platform, the earthquake in Haiti would have affected the construction layer and several representative building types would have disappeared. In Chile, the construction layer was modified mainly by the tsunami, but the land itself was affected by the spatial displacement and shifts resulting from the telluric movement. Fast-moving natural disasters like these change the environment and people’s lives radically, and have important implications for government priorities, including definitions and implementation of land policy, both before and after such events.
Predictable climate change events, underground contamination, air pollution, and other such data can be mathematically modeled before they happen. By connecting these models with the spatial databases of a 3D cadastre, it is possible to create prospective 3D scenarios of the potential impacts and identify the neighborhoods and properties that could be affected. Unpredictable phenomena such as earthquakes and sudden flooding can be represented much more quickly if the measurement instruments tracked by environmental institutions or government agencies are connected to the spatial databases of 3D cadastres. The spatial representation of the impact can be made available soon after the event.
In sum, the 3D representation can help define preventive land policies to address predictable changes and also enable the readjustment of current land policies after unpredictable natural events.
3D Networks and Infrastructure
Infrastructure and transport networks move through 3D parcels in different ways and allow the city to remain active and fluid. Some of these networks are invisible by nature, such as the microwaves of cellular phones; others are invisible because they are located underground, such as infrastructure tunnels and pipes; and others are easily visible because they are built on the surface, such as roadways or utility lines. Figure 4 illustrates some of the complex spatial intersections that occur in the overlapping layers of infrastructure and transportation networks within 3D parcels.
These spatial relationships among networks and public and private properties, environmental reserves, mineral deposits, water bodies, and other features have been treated inefficiently through 2D cartographic norms, but they require the development of specific, new 3D norms to enforce the social function of property with equity and justice. For example, Article 1.286 of Brazil’s Civil Code states that a landowner is obligated to provide a right of way through her property for cables, pipes, and other underground conduits that serve the public at large and could not be built elsewhere. The law also outlines the need to determine the amount of area affected by public works projects in each parcel and its corresponding value in order to calculate the compensation due to the owner. 3D cadastral records can be an important contribution to facilitating such transactions.
3D Land Market Value
One of the functions of a territorial cadastre is to provide information to determine the value of the parcels with respect to property taxation and urban planning policies. In Latin America, land values generally have been based on ad hoc valuation methods (such as the replacement value of buildings) that use construction data and land values for each cadastre sector (Erba 2008). This practice does not always produce reliable valuations because it is difficult to keep the cadastral databases up-to-date, and the implementation of the valuation methods may be arbitrary from place to place.
An alternative valuation method now being implemented across the region is the use of spatial econometric models to determine property values with the desired level of statistical precision. This is important because land values change across urban space and depend on variables such as urban regulations, environmental restrictions, scenic views, infrastructure, and other features associated with the property, such as underground or airborne elements.
The most modern GIS platforms developed for 3D cadastres even allow the assessor to “stand” inside a building at any given altitude before the building is constructed. The software allows the assessor to see the view that will be available from the window of the dwelling, identify relationships to other buildings, perceive the natural landscape, and note other relevant characteristics of the property. Such data help determine the relevance of externalities to the value of the property, an aspect often neglected in valuations based on traditional replacement value methods.
Figure 5 shows a perspective of the surface gradient of land values per square meter obtained from sample points corresponding to properties for sale. The surface has the same coordinate reference system (x, y) as the entire city. Even when the spatial third dimension (z) is not related to the geographic space, it is possible to put the surface under the legal virtual city (as shown in figure 2) and analyze the spatial correlation between the land value per square meter and relevant urban regulations. Such an application is another possible contribution to the development of land policies based on 3D cadastre techniques.
Conclusions
While the technologies used to measure, represent, and store information are now evolving toward 3D platforms, urban legislation and land policies continue to approach the city as a flat land surface. To visualize the buildings and the restrictions imposed on properties in 3D is a considerable advancement for those responsible for urban decision making. Nevertheless, there is a long way to go before 3D information is integrated as part of urban legislation and property titles.
The consolidation of a 3D cadastre, which registers how 3D parcels intersect with the corresponding legal norms and regulations, would contribute to more effective urban and environmental planning, infrastructure network design, and the prevention of informality by permitting the construction of future scenarios showing the impacts of land policies in space. Changing the term area to space would be a first step in giving urban and environmental legislation a 3D connotation, and would be a simple and relevant way to start the process of introducing this new paradigm. Structuring a 3D property registry is still under development, but when it is established landowners will understand that they own cubic feet instead of only square feet.
About the Author
Diego Alfonso Erba is a fellow at Lincoln Institute of Land Policy where he coordinates distance education programs for the Program on Latin America and the Caribbean. He also researches, publishes, and manages studies on cadastre and GIS applications.
References
Câmara, Gilberto. 2000. http://mundogeo.com/blog/2000/01/01/geometrias-nao-sao-geografias-o-legado-de-milton-santos/
Erba, Diego A. 2008. Catastro e información territorial en América Latina (CD-Rom). Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.
van Oosterom, Peter. 2011. Preface of the Proceedings 2nd International Workshop on 3D Cadastre. Delft, The Netherlands http://3dcadastres2011.nl/
Acknowledgments
The author thanks these partners and colleagues in the development of research in this field of knowledge: Anamaria Gliesch-Leebmann, Design Concepts 4 You, Seeheim-Jugenheim, Germany; Everton da Silva, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, Brazil; João Norberto Destro, Aeroimagem S/A; Igor Bacigaluppi, Regional Government of Bio-Bio, Chile; Sergio Baeriswyl Rada, Municipality of Concepción, Chile; Andrea F. T. Carneiro, Federal University of Pernambuco, Recife, Brazil; Eduardo A. A. Augusto, Brazilian Land Registry Institute (IRIB), São Paulo, Brazil; and Martim Smolka and Anna Sant’Anna of the Program on Latin America and the Caribbean at the Lincoln Institute of Land Policy.
Alan Mallach is a nonresident senior fellow at the Metropolitan Policy Program of the Brookings Institution and a senior fellow at the Center for Community Progress, both in Washington, DC; and a visiting scholar at the Federal Reserve Bank of Philadelphia. He has been engaged as a practitioner, advocate, and scholar in the fields of housing, planning, and community development for nearly 40 years, during which time he has made contributions in many areas including affordable and mixed-income housing development, neighborhood revitalization, and urban regeneration. In 2003 he was named a member of the College of Fellows of the American Institute of Certified Planners in recognition of his lifetime achievements as a leader in the city planning profession.
Mallach is also a visiting professor in the graduate city planning program at Pratt Institute, in New York, and has taught at Rutgers University and the New Jersey School of Architecture. He has published numerous books and articles on housing, community development, and land use; his book Bringing Buildings Back: From Abandoned Properties to Community Assets is recognized as the standard work on the subject. His most recent book, Rebuilding America’s Legacy Cities: New Directions for the Industrial Heartland, was published in 2012 by the American Assembly at Columbia University. He is a resident of Roosevelt, New Jersey, and holds a B.A. degree from Yale College.
Land Lines: How did you become involved with the Lincoln Institute?
Alan Mallach: I have known about the Lincoln Institute for many years, and initially became involved in the 1990s through my work on brownfields redevelopment. Since then, I have served as faculty in a number of training sessions sponsored by the Institute and participated in meetings and conferences at Lincoln House. About seven years ago, Nico Calavita, professor emeritus in the Graduate Program in City Planning at San Diego State University, and I undertook research on inclusionary housing. This project led to the Institute’s 2010 publication of our co-edited book, Inclusionary Housing in International Perspective: Affordable Housing, Social Inclusion, and Land Value Recapture. Most recently, I have been working with Lavea Brachman, executive director of the Greater Ohio Policy Center, on a policy focus report that looks at the issues associated with regenerating America’s legacy cities.
Land Lines: What do you mean by legacy cities?
Alan Mallach: “Legacy cities” is a term that has come into use increasingly to replace “shrinking cities” as a way to describe the nation’s older industrial cities that have lost a significant share of their population and jobs over the past 50 or more years. Iconic American cities such as Pittsburgh, Detroit, and Cleveland are typically mentioned in this context, but the category also includes many smaller cities like Flint, Michigan; Utica, New York; and Scranton, Pennsylvania.
Land Lines: How do the issues of legacy cities engage the Lincoln Institute’s central policy concerns?
Alan Mallach: They do so in many different respects, but I think the strongest connection is around the question of how land is to be used in these cities. All of these cities have had a significant oversupply of both residential and nonresidential buildings relative to demand, at least since the 1960s. As a result of extensive demolition over decades, they have accumulated large inventories of vacant or underutilized land. Detroit alone contains over 100,000 separate vacant land parcels and another 40,000 to 50,000 vacant buildings. While this inventory is a burden, it could also become an enormous asset for the city’s future. How to develop effective strategies to use this land in ways that both benefit the public and stimulate economic growth and market demand is one of the central issues facing these legacy cities.
Land Lines: How would you compare this challenge to your work on inclusionary housing?
Alan Mallach: From an economic standpoint, it’s the other side of the coin. Inclusionary housing is a way of using the planning approval process to channel strong market demand in ways that create public benefit in the form of affordable housing—either directly, by incorporating some number of affordable housing units into the development gaining the approval, or indirectly, through off-site development or cash contributions by the developer. As such, it involves explicitly or implicitly recapturing the incremental land value being created by the planning approval process. Inclusionary housing presupposes the presence of strong market demand and cannot happen without it.
Land reuse strategies in legacy cities seek to create demand where it doesn’t currently exist or alternatively find ways to use the land that benefit the public and can be implemented even under conditions where market demand cannot be induced, at least for the foreseeable future. These approaches are often called “green” land uses, such as urban agriculture, open space, wetlands restoration, or stormwater management. It can be difficult to get local officials and citizens to recognize that the traditional forms of redevelopment, including building new houses, shopping centers, and so forth, require the existence of a market for those products. However, the demand simply does not exist in many of these devastated areas. Moreover, the demand cannot be induced artificially by massive public subsidies, even though public funds can, under certain conditions, act as a stimulus to build demand.
Land Lines: Is lack of demand evident everywhere in legacy cities?
Alan Mallach: No, and that’s one of the most interesting things about these cities. Some cities are seeing demand grow far more than others, but in most cases the revitalization is limited to certain parts of the city. One noticeable trend is that downtown and near-downtown areas, particularly those with strong walkable urban character, such as the Washington Avenue corridor in St. Louis or Cleveland’s Warehouse District, are showing great dynamism, even while many other parts of those two cities are continuing to see population loss and housing abandonment.
Part of this dynamism is driven by walkability and strong urban form (see the new Lincoln Institute book by Julie Campoli, Made for Walking: Density and Neighborhood Form (2012), which examines 12 such walkable neighborhoods and the forces behind their recent popularity). A second important factor is that these areas appeal to a particular demographic—young single individuals and couples. This group is not only increasingly urbanoriented, but is growing in terms of its share of the overall American population.
Land Lines: What other issues are you exploring in your work on legacy cities?
Alan Mallach:I am focusing on two research areas, one more quantitative and one more qualitative. In the first area, I am looking at how many of these cities are going through a pronounced spatial and demographic reconfiguration—a process that is exacerbating the economic disparities between different geographic areas and populations within these cities. While many older city downtowns, such as those of St. Louis, Cleveland, Baltimore, and even Detroit, are becoming increasingly attractive, particularly to young adults, and are gaining population and economic activity, many other neighborhoods in these cities are losing ground at an increasing rate. In many places these trends are accentuating already problematic racial divides.
My second area of research revolves around the question of what it takes to foster successful, sustained regeneration. Lavea Brachman and I touch on this challenge in our policy focus report, but I am hoping to delve into it much more deeply, including looking at some European cities that have found themselves in situations similar to those of American legacy cities. I think the experiences of cities in northern England, for example, or Germany’s Ruhr Valley, parallel changes in our own former industrial cities quite closely.
Land Lines: What do you mean by successful regeneration?
Alan Mallach: That’s a very important question. I think there’s often a tendency to see a particular event—the Olympics in Barcelona or a major building like the Guggenheim Museum in Bilbao, Spain, for example—as evidence of regeneration, rather than, at best, a discrete spur to more substantial change. I believe that regeneration has to be a function of change in three fundamental areas: first, the well-being of the population, reflected in such measures as higher educational attainment and income or lower unemployment; second, a stronger housing market and greater neighborhood strength; and third, the creation of new export-oriented economic sectors to replace the lost industrial sector. Population growth alone (that is, reversal of historic population decline) may or may not be evidence of regeneration. It is more likely to follow these three changes rather than lead them.
Land Lines: What do you see as the future of America’s legacy cities?
Alan Mallach: I see a very mixed picture. As shown in the policy focus report, certain cities are doing far better than others. Pittsburgh and Philadelphia are showing strong signs of revival, while Cleveland, Detroit, and Buffalo are still losing ground. I think legacy cities are facing two daunting challenges as they look to the future.
The first issue is what the new economic engines of these cities will be. The cities that have been more successful up to now tend to have the most significant clusters of major national research universities and medical centers. These institutions tend to dominate their cities’ economies. While they have helped cities like Pittsburgh and Baltimore rebuild in the post-industrial era, I think a lot of questions remain about their sustainability as long-term economic engines.
The second question is demographic. Downtowns may be drawing young, single people and couples, but many of these cities’ residential neighborhoods were built around 100 years ago as communities mainly for married couples to raise children. Now they are falling apart, including many neighborhoods that have remained stable until relatively recently. This demographic of married couples with children is shrinking across the country and even more so in our older cities. Today, only 8 percent of the households in Baltimore, for example, fit this description. I believe that the future of these neighborhoods is very important to the future of their cities, and I am very concerned about their prospects.
Land Lines: In spite of these challenges, how do you think your work is making a difference?
Alan Mallach: The fact is, many cities are making progress. Pittsburgh has done an excellent job building on its assets to develop new economic engines, while Baltimore and Philadelphia are making impressive strides in reorganizing many of their governmental functions to better deal with their vacant and problem property challenges. Baltimore, for example, has initiated a program called Vacants to Value, which integrates code enforcement and problem property work with larger market-building strategies. I have been fortunate to be directly involved in this work in some cities, including Philadelphia and Detroit; elsewhere, I’m always gratified when local officials or community leaders tell me that they use my work, or that they have been influenced by my thinking. It makes all the effort very much worthwhile.
En mis tiempos de becario en la Universidad de Cambridge, durante la década de 1990, mi colega y amigo Wynne Godley, que ya no está entre nosotros, pasaba a buscarme los domingos para llevarme a una de las iglesias medievales de las que pueden verse en todo lugar en los pueblos de East Anglia. Wynne decía frecuentemente que “una iglesia es más un proceso que un edificio. Se desarrolla a lo largo de los siglos e involucra a generaciones de familias en su construcción y mantenimiento”. Wynne tenía buen ojo para los detalles arquitectónicos, por lo que podía señalar un contrafuerte o un campanario que ilustraba la práctica de una técnica específica, el uso de materiales fuera de lo común, o ambos. Una sola iglesia ofrecía un registro vivo y estratificado de la forma en que cada generación en una comunidad resolvía el desafío de construir y mantener grandes espacios cerrados y abiertos que posibilitaran la belleza del culto.
En este sentido, las ciudades tienen mucho de iglesias medievales. A medida que transcurre el tiempo, las ciudades ilustran la colaboración de generaciones de residentes, así como también la evolución de las herramientas económicas, técnicas e, incluso, sociales que se utilizaron para construirlas y mantenerlas. Las reliquias de mármol que encontramos en Roma son un testimonio vivo de la estética y los valores antiguos y de la ingenuidad en la construcción, mientras que la ciudad moderna florece a su alrededor. El icónico horizonte de Manhattan, en apariencia inmóvil, en realidad fluye constantemente y hoy en día evoluciona en forma radical a fin de responder a las demandas de sustentabilidad, resiliencia, desarrollos mixtos y otras cuestiones del siglo 21.
Los límites de las ciudades también evolucionan y narran otra historia de importancia crucial. Es posible que el futuro de nuestro planeta dependa de nuestra capacidad de comprender dicha historia y desarrollar las herramientas y la voluntad colectiva necesarias para gestionar el patrón y la progresión del crecimiento urbano. Shlomo (Solly) Angel documenta esta trayectoria en el Atlas of Urban Expansion (Lincoln Institute of Land Policy, 2012), en el que se utilizan imágenes satelitales captadas a lo largo de décadas con el fin de llevar un registro de la evolución espacial de 120 ciudades en todo el mundo, desde Bamako y Guadalajara hasta Shangai y Milán. El último medio siglo de crecimiento urbano ha proporcionado un cuento con moraleja sobre la seducción de la expansión urbana descontrolada, un camino sin mucha resistencia que genera beneficios económicos de forma rápida pero cuyo desarrollo es poco sustentable. Nuestra capacidad para controlar la huella ecológica que dejamos y minimizar nuestro impacto a nivel mundial estará estrechamente relacionada con nuestra capacidad para planificar y construir asentamientos humanos más densos y eficientes. En vista de la predicción de las Naciones Unidas en cuanto a una población urbana mundial que casi se duplicará para llegar a las 6 mil millones de personas en el año 2050, la suerte del planeta dependerá de si los humanos, como especie, podremos adoptar un paradigma de desarrollo más apropiado en este medio siglo por venir.
A medida que nos esforzamos en reinventar nuestros asentamientos urbanos, nos enfrentaremos a un viejo enemigo: el suelo que ya ha recibido mejoras y desarrollo pero que debe adaptarse a usos nuevos. Aunque no desconocemos este proceso tan polémico, podemos decir que todavía no hemos logrado descifrar el código para gestionarlo. En este número de Land Lines analizamos algunas de las necesidades impulsoras que requerirán enfoques creativos para el redesarrollo en diferentes ciudades y contextos: cómo cubrir la demanda insatisfecha de vivienda que lleva a millones de trabajadores en Beijing a habitar en viviendas subterráneas; cómo financiar la infraestructura para gestionar la presión de la población en Río de Janeiro y otras ciudades de Brasil; o cómo darle nuevos usos al suelo ante la agonía derivada de un completo ajuste industrial, demográfico y fiscal en Detroit. Estos lugares son diferentes entre sí, pero todos enfrentarán desafíos similares a medida que evolucionen en las décadas futuras.
En el Instituto Lincoln somos profundamente conscientes de la necesidad de nuevas ideas y nuevas prácticas que faciliten el redesarrollo sustentable del suelo que ya se ha desarrollado o ya se encuentra ocupado. Durante el próximo año, comenzaremos a generar un emprendimiento intelectual para tratar los múltiples desafíos de la regeneración urbana, extrayendo lecciones de las medidas tomadas tiempo atrás en los Estados Unidos y en otros países desarrollados después de la Segunda Guerra Mundial, buscando maneras nuevas y creativas de financiar la infraestructura para mejorar el suelo en asentamientos informales que ahogan a las ciudades en los países en vías de desarrollo, o reavivando la salud fiscal de ciudades tradicionales del acervo estadounidense, como Detroit, descubriendo las causas que provocaron la insolvencia y probando soluciones para remediarla.
Las iglesias medievales que visité durante la década de 1990 ofrecían lecciones en piedra: técnicas y materiales innovadores que permitían a los arquitectos medievales desafiar a la gravedad. Y tal vez lo que resulta más importante es el hecho de que eran monumentos al esfuerzo comunitario y al compromiso a largo plazo de las congregaciones que construyeron y sostuvieron estas iglesias durante siglos. Al fin y al cabo, la supervivencia humana podría depender de nuestra habilidad para superar, de forma similar, las fuerzas centrípetas que socavan la acción colectiva, y construir y mantener las estructuras sociales y los marcos normativos con el fin de desarrollar y redesarrollar nuestras ciudades para el bien mutuo y para la posteridad.
El acceso universal a internet de alta velocidad es un sueño generalizado en estos tiempos. Todos, desde el presidente de Google, Inc. hasta cualquiera de nosotros, lo hemos anhelado. Y la prensa tecnológica se inunda de irritadas críticas, preguntándose por qué las velocidades de banda ancha habituales en los Estados Unidos están tan retrasadas con respecto a las que existen, por ejemplo, en Corea del Sur.
Sin embargo, hace sólo cinco años este no era un tema candente. En aquel entonces, el debate (y las acciones) no era liderado por el gobierno federal o el sector privado. Los primeros en movilizarse fueron diversos municipios con un pensamiento innovador: ciudades y distritos como Chattanooga, Tennessee; Lafayette, Louisiana; Sandy, Oregón; y Opelika, Alabama.
De más está decir que los motivos y las soluciones eran variadas. No obstante, ahora que la conectividad de alta velocidad se está reconociendo como una infraestructura urbana fundamental, Chattanooga se ha convertido en un caso de estudio muy útil. El proceso por el cual llegó a autodenominarse “gigaciudad” (en referencia a la disponibilidad de conexiones a Internet con velocidades de transferencia de datos de 1 gigabit por segundo, es decir, hasta 200 veces más rápidas que la velocidad habitual de banda ancha que tienen muchos estadounidenses) comenzó con una iniciativa municipal visionaria desarrollada mediante una meditada coordinación entre el sector público y el privado. Recientemente esta medida ha comenzado incluso a mostrar efectos tangibles en la planificación y el desarrollo de la ciudad, especialmente la nueva imagen que se le está dando al centro de la ciudad, rezagado durante tanto tiempo. En resumen, Chattanooga está comenzando a responder a una pregunta crucial: Una vez que una ciudad tiene acceso a Internet de primera clase, ¿qué hace en realidad con ello?
Esta historia comienza hace más de una década, cuando EPB, la empresa de energía eléctrica propiedad de la ciudad de Chattanooga, planificaba una mejora importante en su red eléctrica. El director ejecutivo de EPB, Harold Depriest, abogaba por un plan que consistía en el despliegue de cables de fibra óptica que también pudieran usarse para el acceso a Internet. Una vez eliminados los obstáculos normativos locales, el nuevo sistema se construyó hacia el año 2010, y cada cliente de energía eléctrica de EPB en el área de Chattanooga (lo que significó prácticamente todos los hogares y negocios) obtuvo acceso a Internet de 1 gigabit. Sin embargo, había que pagar por este servicio, al igual que se pagaba la electricidad, y el precio que se estableció al principio para el acceso a la velocidad más rápida de Internet fue de aproximadamente US$350 al mes.
“Tenían muy, muy pocos clientes”, recuerda Ken Hays, presidente de The Enterprise Center, una organización sin fines de lucro que, desde el año 2014, se ha enfocado (a petición de los funcionarios municipales electos) en desarrollar estrategias en torno a lo que los habitantes de Chattanooga denominan “el giga”. Según Hays, el presidente de Lamp Post Group, una exitosa empresa de capital de riesgo dedicada a la tecnología, expresó su adhesión inmediatamente. Sin embargo, a nivel ciudadano, “no teníamos el mismo entusiasmo” que el debate sobre el acceso a Internet de 1 giga genera hoy en día. En 2010 “no había muchos buenos casos de estudio”, concluye Hays.
Sin embargo, un gran cambio estaba en marcha. El anuncio de Google Fiber (la incursión del gigante de las búsquedas en Internet en el desarrollo de infraestructura de Internet de alta velocidad) despertó nuevo interés. Además, en el año 2013, Jenny Toomey, directora de la Fundación Ford que se dedica a los derechos en Internet, ayudó a organizar una especie de cumbre para que los funcionarios de municipios como Chattanooga, Lafayette y otras ciudades pudieran reunirse y comparar notas. “Todavía era muy incipiente en ese momento”, recuerda George W. McCarthy, presidente y director ejecutivo del Instituto Lincoln y economista, quien, en ese entonces, era director de la iniciativa Oportunidad Metropolitana de la Fundación Ford. Sin embargo, según McCarthy, esa cumbre marcó el inicio de nuevas conversaciones sobre la forma en que tales iniciativas podrían hacer más competitivas y equitativas a las ciudades, así como también menos dependientes de las soluciones que provienen exclusivamente del sector privado y que, con frecuencia, consideramos más eficientes que las ofrecidas por el gobierno. “Y dos años después de esa cumbre, el tema acaba de explotar”, concluye McCarthy.
De hecho, la cumbre se convirtió en ese tipo de acontecimiento extraño que dio a luz a una nueva organización, Next Century Cities, fundada en 2014 y que actualmente posee una membresía de más de 100 municipios. Esta organización comparte las buenas prácticas basadas en un plan según el cual el acceso a Internet de alta velocidad es una cuestión de infraestructura fundamental e independiente que las comunidades pueden y deben controlar y diseñar.
Contra este telón de fondo, Chattanooga estaba tomando medidas para demostrar cómo podría aprovecharse “el giga”. The Lamp Post Group se había trasladado al centro de la ciudad y el acceso a Internet de alta velocidad era sólo el comienzo para los jóvenes emprendedores y especialistas en tecnología que deseaba atraer. “Si no tenemos opciones de vivienda, si no tenemos un espacio abierto, si no tenemos cafeterías de moda… se irán a ciudades que sí los tengan”, señala Kim White, presidente y director ejecutivo de River City Company, una organización de desarrollo sin fines de lucro.
A partir de 2013, River City propuso, mediante un plan para el centro de la ciudad y un estudio de mercado, estrategias para mejorar la accesibilidad a peatones y ciclistas, los espacios verdes y, en especial, las opciones de vivienda. Más de 600 personas participaron en el proceso de planificación posterior, el cual tuvo como meta final la revitalización (o demolición) de 22 edificios. Hoy en día, según White, la mitad de dichos edificios están en proceso de redesarrollo y se han invertido más de 400 millones de dólares en el centro de la ciudad. En el próximo año y medio se incorporarán 1.500 apartamentos al mercado de la zona del centro, además de nuevas viviendas para estudiantes y plazas de hotel. La ciudad ha ofrecido incentivos fiscales, algunos de los cuales se han diseñado con el fin de que un cierto porcentaje de las nuevas viviendas sea económicamente asequible. La ciudad también invirtió 2,8 millones de dólares en un parque en el centro de la ciudad, que representa una parte “clave” del plan para “ofrecer áreas donde la gente pueda reunirse y disfrutar del espacio público”, según señala White. Uno de los proyectos de apartamentos, el edificio Tomorrow, ofrecerá “microunidades” y un restaurante a pie de calle. “No creo que hubiéramos podido atraer estos tipos de negocios ni la curiosidad de los jóvenes” sin el empuje brindado por el aspecto tecnológico y de acceso a Internet de alta velocidad, concluye White. “Esto nos ha dado a conocer”.
Según Hays, el giga también inspiró una iniciativa respaldada por el municipio, consistente en identificar estrategias clave de desarrollo que dieron como resultado un “distrito innovador” en el centro de la ciudad impulsado por Enterprise Center. El fundamento de esta iniciativa consiste en restaurar un edificio de oficinas de 10 pisos para transformarlo en el Centro de Innovación Edney, que tendrá espacios de trabajo compartido y alojará a la sede de CO.LAB., una organización incubadora de negocios locales. La Universidad de Tennessee en Chattanooga tiene un proyecto consistente en un laboratorio de impresoras 3D en el distrito innovador; incluso se ha remodelado la oficina del centro de la Biblioteca Pública de Chattanooga, para incluir un espacio educativo tecnocéntrico.
EPB, cuya visión original de la fibra óptica puso en movimiento la idea de la gigaciudad, ya hace tiempo que ha logrado dar con una solución respecto a los precios (en la actualidad, el acceso a Internet de velocidad de 1 giga cuesta desde aproximadamente US$70 al mes) y ha atraído a más de 70.000 clientes. Desde hace poco también ofrece a los residentes de bajos recursos que reúnan ciertos requisitos acceso a Internet de 100 megabit, mucho más rápido que la mayoría de las conexiones de banda ancha disponibles en los Estados Unidos, por US$27 al mes. Además, las acciones de EPB para expandirse a las áreas adyacentes a Chattanooga que no reciben servicios se han convertido en un componente importante de las medidas más amplias que están surgiendo para desafiar las normas en muchos estados, desde Texas a Minnesota o Washington, las cuales limitan efectivamente a los municipios a la hora de ofrecer sus propias conexiones a Internet de alta velocidad.
En resumen: las cosas han cambiado mucho, tanto en Chattanooga como en otras ciudades y distritos que han impulsado el desarrollo de una infraestructura de Internet que el sector privado no estaba ofreciendo. “La mayor parte de este trabajo se está dando en este mismo momento a nivel municipal”, comenta Deb Socia, directora de Next Century Cities. “Son los alcaldes, los administradores municipales y los gerentes de sistemas los que están tomando medidas para averiguar qué necesitan sus ciudades”. Las implicaciones que esto tiene para cuestiones cívicas fundamentales como la educación, la salud, la seguridad, etc. todavía están en pleno desarrollo. Y, precisamente debido a que el debate y la planificación se están dando a nivel municipal, esta cuestión no dependerá solamente de consideraciones de mercado que favorecen lo redituable sobre lo posible. “Lo mejor de esto”, resume McCarthy, “es que se trata de una cuestión integradora, no excluyente”.
Rob Walker (robwalker.net) es colaborador de Design Observer y The New York Times.
In a report titled A Rise in Downtown Living, the Brookings Institution and the Fannie Mae Foundation (1998) highlighted an emerging land use movement in 24 U.S. cities. The release of the 2000 U.S. Census data verified the progress in those cities in another brief, Downtown Rebound (Sohmer and Lang 2001). While these publications alerted the nation to a possible trend, they did have some limitations, which inspired Eugenie Birch’s follow-up study, A Rise in Downtown Living: A Deeper Look, funded by Lincoln Institute, the University of Pennsylvania and the Fannie Mae Foundation.
This study, initiated in summer 1999, employs census data analysis, survey research, personal interviews and field visits to the sample cities. Birch draws on a larger and more representative sample of 45 cities, including 37 percent of the nation’s 100 most populous cities selected for balanced regional distribution, and of these 100 percent of the top 10 and 62 percent of the top 50. The sample includes 19 percent of the 243 cities having a population of 100,000 or more. Birch defined each city’s downtown by census tracts to create a baseline for mapping and collected data on nine population and housing factors for the downtowns and their cities and Metropolitan Statistical Areas (MSAs) over three decades. Birch administered two mail surveys, in 1999 and 2001, of city officials and business improvement district leaders to identify their respective roles in encouraging downtown housing, and she is currently making site visits to all 45 cities to verify the census data and survey results.
In this article, Birch summarizes seven key findings of her research, which were also presented at a Lincoln Institute lecture in March 2002 and reported in the APA Journal (Birch 2002).
The Definition of Downtown
Although most people think they understand what downtown is, there is no single socioeconomic meaning or geographical definition for the term. While U.S. downtowns share several common characteristics (a central business district at the core, access to substantial transportation networks, a supply of high-density buildings, expensive land), they differ dramatically in their age, size, functions, contents and character. Furthermore, downtowns are in a state of flux as their boundaries and contents are changing. Tracking downtown boundaries over time reveals that in almost all the cities in the sample, the downtowns of today are remarkably different in size (measured in the number of census tracts included) than they were 20 years ago. Downtowns that are incorporating residences are also attracting more community-serving facilities, such as supermarkets or cineplexes that used to be in neighborhoods. Maps of the several downtowns, created as part of this study, illustrate the size variations.
Residential Populations by the Numbers
The rates of increase in downtown residential populations vary enormously among cities. While downtown growth rates are impressive, numerical counts for MSAs still overshadow those of downtowns. Measuring the growth against basic benchmarks (1970 population levels for the defined downtowns and comparative growth rates with city and MSA) reveals just how fragile this movement is. For example, only 38 percent of the sample cities had more downtown residents in 2000 than in 1970. Only one-third had a downtown population growth rate between 1970 and 2000 that was greater than that of their cities. For the same period, 42 percent of the sample showed a negative downtown growth rate even when their cities had positive numbers. Finally, only seven cities (Chicago, Cleveland, Los Angeles, New York, Norfolk, San Francisco and Seattle) had downtown growth rates that exceeded those of their MSAs in the entire 30-year period.
Looking at the data decade-by-decade tells a different story. Not surprisingly, downtown population declined most severely in the 1970s, when 89 percent of the sample showed losses that ranged from 2.4 percent (Des Moines) to 60 percent (Orlando). In contrast, by the 1990s more than three-quarters (78 percent) of the sample posted increases. However, only four cities (Los Angeles, New York, San Diego and Seattle) had gains in all three decades. Comparing city and MSA data shows similar nuances.
Downtowns also vary in the amount and level of residential development. In 2000 for example, 24 percent of the sample cities had 20,000 or more downtown residents, while 20 percent had fewer than 5,000, and a great deal of diversity exists within the categories. Denver’s downtowners number just over 4,200, but most observers perceive the city’s record in attracting residents as a stand-out success, while Cincinnati, with about 3,200 downtown residents, is struggling to maintain a critical mass. At the other end of the scale, Chicago’s 73,000 and Philadelphia’s 78,000 downtowners are integrated into their larger metropolises.
Differences in the proportion of a city’s population that lives downtown are also striking. For example, Boston and Philadelphia have roughly equal downtown populations, but Boston’s comprises 14 percent of the total while Philadelphia’s is only 5 percent. Finally, a simple numerical listing of the sample downtowns is misleading. Downtown population growth has occurred at varying rates with some cities experiencing the phenomenon for a longer time than others. This may account for the greater success of some cities. Also, given the varying geographical size of the different downtowns, density measures as well as demographic analysis should be added to any assessment in order to gauge the potential impact (economic, political, social) of new residents.
Approaches to Creating Downtown Housing
Over the past decade, policy makers and investors have relied on six types of approaches to create downtown housing, and they often blend more than one of these:
To accomplish these ends, cities have engaged in creative financing, leveraging public funds, tax credits, gap financing pools and other tools at their disposal. Philadelphia, Boston and Lower Manhattan present examples of the office conversion trend, while Atlanta, Minneapolis, Cincinnati and Cleveland have employed warehouse store adaptive reuse. Charlotte represents a combination of HOPE VI, new construction and historic preservation. The found-land approach is seen in Milwaukee with its riverfront redevelopment (including brownfields remediation), Cincinnati with its expressway diversion/riverfront development, Des Moines with its construction of a new downtown neighborhood, and New York at Battery Park City. Chicago is the king of mixed-use new construction. Columbus (Georgia), Lexington and Chattanooga have fostered historic districting as a means to protect older, downtown residential neighborhoods.
Deep Roots of Success
Today’s growth in downtown living is the fruit of more than five decades of sustained attention to downtown revitalization. It has come about because cities have steadily improved their environments through downtown planning and additions of new elements to reinvent their old central business districts. In so doing, they have transformed their downtowns into new, hip places, thus making them competitive and attractive for housing. Although specific municipal policies such as favorable tax treatment, zoning amendments and infrastructure investments have, without doubt, flamed the private market activities in downtown housing, public investment in large-scale projects dating from the mid-1950s to the present have helped create a sympathetic climate for this investment. Preliminary evidence shows a strong relationship between investor choices and the presence of new downtown amenities. For example, developers in Los Angeles, Denver, Baltimore, Detroit and Memphis cite the presence of stadiums or sports arenas as important factors in their location decisions.
Demographic Characteristics of Downtowners
Downtowners are more affluent, more highly educated and more white than the city dwellers overall, but more diverse than those in the MSA. Singles, empty-nesters, gays, and childless or small households are more highly represented in downtowns than in MSAs. Families with children are present but not dominant. Other submarkets are students and the elderly. In some cities where the housing market is tight, notably Boston, New York, Chicago and San Francisco, low- and moderate-income groups are reporting difficulty in finding space for affordable housing. In other cities like Charlotte that have an excess of downtown land, much of it devoted to parking lots, the issue is not space but cost. In these contexts, questions arise as to what resources should be devoted to high-rent downtown units.
Private Development Efforts
Promoting downtown housing has emerged as a central strategy of private downtown groups, mainly business improvement district (BIDs), working with municipal government, often city planning and/or economic development departments. In 59 percent of the sample, BIDS or other privately sponsored organizations have engaged in pro-housing campaigns. As membership organizations their internal needs drive the agenda, so the amount and nature of their efforts vary widely.
Contribution to Citywide Growth
Downtown growth has contributed to the numeric changes in citywide populations in many cities. While the percentage contribution to overall municipal growth is often quite small, in 53 percent of the sample cities the downtown numerical contribution is a significant portion of the total, and in another 22 percent of the sample cities the downtown portion has offset losses in other parts of the city. In other words, without the downtown population growth, 60 percent of the sample would be worse off. In Boston, for example, downtowners constituted 25 percent of the increased number of people living in the city, while in Pittsburgh the additional downtowners reduced the city’s population loss by only one percentage point.
Conclusions
Reviewing these seven findings reveals a few themes. Downtowns are ever-changing places. Their functions, their boundaries and their very characters have been evolving in the postwar period. They are like complicated jigsaw puzzles with players (urban leaders) fitting the pieces together slowly. Just as assemblers first frame a puzzle and then fill in the center, city leaders have provided infrastructure outlines—streets or street improvements, schools, redeveloped river edges, improved open space—and now are adding other parts. Downtown living is one of these. In many places it has fit very well, especially in the past ten years. In a few cases, new downtown residents contribute significantly to the numerical growth of their city’s population. Just as certainly, many downtowns have not really kept up with their MSAs, and a majority of cities have yet to recover their 1970 populations. Nonetheless, having formerly vacant and/or abandoned buildings occupied (and eventually paying taxes) and having more (and more diverse) people on the streets night and day, weekday and weekend, are positive factors for urban life.
Making sense of this housing phenomenon requires not only placing it in the context of contemporary metropolitan development but also making it part of an evaluation of past urban redevelopment programs. Downtown living is not a silver bullet for curing urban ills but one element of an ongoing planning and investment effort for a part of the city.
Public/private partnerships have been essential in achieving changes in downtown living. The existence of productive interplay between focused interest groups, especially the growing number of business improvement district leaders, and public planning and economic development units has resulted in bold, imaginative, creative and thoughtful approaches to creating housing opportunities.
The findings and themes in this research give rise to other questions related to individual downtowns. These include an evaluation of the costs and benefits of attracting different types of downtowners and an assessment of the reasons why some places have been more successful than others in gaining the populations. This information that would be useful, for example, for policy makers in cities having less developed downtowns who first must decide whether a downtown living approach is appropriate for their cities and, second, must determine whether supportive incentives or complementary activities are needed. Other questions revolve around how to spread downtown progress to nearby neighborhoods without provoking displacement or unwanted gentrification and how to resolve the inevitable political disputes that will arise with the newcomers.
All in all, the rise in downtown living is as complex and layered as any urban issue. While widely reported in the popular press, it deserves a balanced, scholarly appraisal. This study raises important planning and development issues that still need attention: for example, information on the critical mass of residents required to make a difference in downtown life, the relationship between downtown housing units and employment, and the number of households needed to support community-serving functions. All of these issues lead to questions of balancing appropriate density for new development and quantity for adaptive reuse with other downtown functions like office, parking, retail and entertainment. No one really knows the proper composition of a balanced downtown.
Eugenie Ladner Birch is professor and chair of the Department of City and Regional Planning at the University of Pennsylvania.
References
Birch, Eugenie Ladner. 2002. Having a Longer View on Downtown Living. Journal of the American Planning Association 68 (1):5-21.
Brookings Institution Center on Urban and Metropolitan Policy and Fannie Mae Foundation. 1998. A Rise in Downtown Living. Washington, DC.
Sohmer, R.R., and Lang, R.E. 2001. Downtown Rebound (FMF Census Note 03, May). Washington, DC: Fannie Mae Foundation and Brookings Institution Center on Urban and Metropolitan Policy.
Since its inception just over a year ago, the Northeast State Planning (NESP) Leadership Retreat has been a valuable professional development tool for state planners from Maine to Maryland. This collaboration between Lincoln Institute and Regional Plan Association (RPA) brings together high-level state officials to discuss current state planning issues. After only two annual meetings the participants from 11 northeast states already have implemented ideas discussed with their peers, and a few states have initiated and built smart growth planning and community development schemes inspired by this interstate exchange.
At the second retreat held in March 2000, the participants shared new ideas and success stories, addressed “the do’s and don’ts” of building state planning programs, and took steps toward establishing an economic development program for the northeast corridor. They compared state growth management initiatives in the Northeast to those occurring in the rest of the country, and traded caveats and suggestions on how to sustain political support in the face of a changing economy, bipartisan politics and conflicting interests.
Smart Growth Across the Nation
According to John M. DeGrove, Eminent Scholar of Growth Management and Development at Florida Atlantic University, a new and bipartisan commitment to smart growth is developing across the United States. No longer is the nation enshrouded in a “no-planning” or “planning in isolation” mindset by state and local governments.
As the keynote speaker at the retreat, DeGrove outlined prerequisite factors crucial to a sustainable smart growth program. A primary realization is that the protection of natural systems and the revitalization of urban systems on a local level should happen concurrently with support and coordination from state agencies. Executive leadership can strengthen state legislative initiatives and is usually crucial to program development and implementation. The involvement of diverse coalitions can also be critical in accelerating a smart growth agenda at the state level.
For a progressive smart growth program to survive, there must be an impetus to place growth management in a state or regional framework bolstered by strong incentives and disincentives. State actions linked to federal programs-TEA 21, the Clean Air Act, the Clean Water Act, and the possible renewed funding of the Land and Water Conservation Fund-can enhance the success of strategic, comprehensive planning. Finally, bottom-up coalition building, grassroots efforts, and state agency coordination should be used in place of or in conjunction with top-down approaches. Experiences in Maryland and Pennsylvania have shown that such processes are effective.
Patricia Salkin, associate dean and director of the Government Law Center of Albany Law School in New York, is also at the forefront of growth management research. She has compiled and analyzed information about state planning programs across the country, citing gubernatorial support and legislative reforms as the primary factors driving smart growth programs. She reported that gubernatorial support is generally strong in the Northeast and is growing in such states as Arizona, Colorado, Georgia, Illinois, Minnesota, North Carolina, Utah and Wisconsin.
Salkin mentioned three main categories of legislative reform: 1) recodification and tightening of existing laws, 2) authorization for innovative and flexible controls, and 3) major overhauls. As examples, Oklahoma’s Senate Bill 1151 created a Planning and Land Use Legislative Study Task Force to evaluate the effectiveness of current laws, review model legislation, and identify public information needs; California’s Assembly Bill 1575, encourages innovative land use policies such as unified county plans; and Tennessee is undertaking a study to overhaul its planning and growth management framework and replace it with a smart growth program.
Sustaining Political Support
Sustaining political support for smart growth plans is a challenging task. Bipartisan politics, influential lobbying interests, changes in administration, and home rule are just a few of the most commonly mentioned obstacles to comprehensive, regional programs that address urban, suburban, rural and conservation issues. Arguably, the current strong economy may be facilitating smart growth incentives as many states, especially in the Northeast, offer monetary and capital rewards to municipalities whose policies are consistent with state and regional plans.
A number of common practices on this topic were outlined at the retreat. State agencies such as the office of planning or the department of community affairs may develop coalitions with entities other than fellow state agencies, especially if the “state” is seen as a meddling force in local issues. Some success stories tell of coalition building with elder communities, religious leaders and faith-based communities. Others have tried the silent partner approach in a public/private venture. Most importantly, the political force of local voices can be potent in getting local officials, state congressional representatives and agencies involved.
One key area that requires cautious handling is the presentation and dissemination of information. When plans move from general to specific, care must be taken to allow a broad range of interests to perceive personal and community benefits at the present time and through continued participation in the future. The use of proper terminology is also crucial. For example, in a politically driven world, executives may strive to separate themselves from counterparts with original ideas and phraseology. A state can gain distinction by interchanging the prevalent term “smart growth” with “community preservation,” or “locally designated growth areas” with “urban growth boundaries.”
Political support also can be sustained by creating educational programs to address the planning needs of a community. Training and curricula can be developed for elected public officials and for citizens appointed to planning boards, board of appeals and historic preservation committees. Some efforts have even begun to institutionalize planning studies at the elementary, middle and high school levels. Stamford, Connecticut, for example, is engaged in a program modeled after the recycling movement to encourage school children to bring home planning issues and initiate their family’s involvement in the development and growth of their communities.
Revitalizing the Northeast Corridor
Numerous areas around the globe have adopted the regional corridor concept of economic development. Major capital campaigns are in the process of feasibility analysis or implementation in such diverse locations as California’s San Francisco to San Diego corridor and China’s Beijing to Shanghai corridor. Representatives from several northeast states reported that they are working collaboratively to encourage the economic development of their corridor. Transportation, especially the utilization of rail, is an essential component of the strategy to move goods and people more efficiently throughout the Northeast. Of particular interest is linking the economies of mid-sized cities with the region’s megalopolis anchors-Washington, DC, New York and Boston. The intermediary cities include Providence, RI; Hartford, New Haven, Bridgeport and Stamford, CT; Newark and Trenton, NJ; Philadelphia, PA; Baltimore, MD; and Wilmington, DE.
This planning group, led by the Regional Plan Association, will create a vision and mission statement for the project and then conduct an economic analysis to quantify the benefits. Once a plan is formulated, its cost will be calculated and a timeline will detail the phasing-in of each segment. The participants will then begin an outreach effort to gain backing from various state and local officials, as well as advocacy groups and community representatives. Amtrak, the main source of passenger rail in the corridor, plans to have its high-speed regional train service on-line in late 2000, and a number of partnerships could evolve from the already active advocacy efforts of several groups, such as the National Corridors Initiative/NCI, the I-95 Corridor Coalition, and the Coalition of Northeastern Governors (CONEG). A diverse coalition of business, civic and nonprofit organizations may be instrumental in advancing a regional economic development instrument.
A Southeastern Massachusetts Case Study
The planning retreat culminated with an exercise that looked at the rural southeastern region of Massachusetts where the Commonwealth and the Executive Office of Environmental Affairs (EOEA) are planning to cultivate a bioreserve. Now in its initial stages, this program seeks to preserve vast tracts of valuable land, including forests and wetlands, and curb haphazard and uncoordinated development. The area of concern is the largest high-yield, sole-source aquifer in Massachusetts, with close to 70,000 acres of cranberry bogs, areas of endangered habitat, and a cluster of pine barrens. The Commonwealth is exploring various avenues to preserve these natural resources.
Through a statewide Community Preservation Initiative, the Commonwealth has begun to provide technical assistance to towns in the region by helping them forecast their commercial/industrial buildouts based on current zoning and population estimates. The EOEA hopes this information will help the communities make better decisions regarding future development and put this knowledge to use on a cooperative regional level to create beneficial growth plans for all nearby cities and towns.
The participants emphasized three considerations that specifically addressed the issues raised by the EOEA, and that are transferable to other regional planning initiatives. First, negotiated processes, whether between state government and a municipality, between municipalities, or between a community and a state agency, are effective in consensus building and cutting costs. Investing in consensus building at the beginning of the planning process can preclude litigation costs and the costs of stalled development due to community opposition. Second, technical assistance must be provided in a manner that keeps communities engaged throughout the entire analysis stage. Engagement increases support for the results and demystifies the “technical experience,” thus giving a sense of empowerment and control to those most affected by the final plan. Finally, local government involvement is key to any planning process, since local officials usually have their fingers on the pulse of community vitality and needs, and can use that knowledge to ensure effective programs.
Alternatively, participants mentioned a few pitfalls that need to be avoided in the context of this southeastern Massachusetts case. The original mapping of the bioreserve maximized the layout of open spaces and land in need of protection. However, in the desire to classify maximum acreage for protection, some new boundaries would have cut through municipalities, leaving the potential of an insider/outsider dichotomy. In areas where home rule is a coveted prize, as in Massachusetts towns, government programs are often met with suspicion and resistance. Further, if state government presents an agenda for preservation with lines drawn and boundaries sited without local input, communities will often react adversely to any plans, regardless of the goodwill and intent of the program. The ideal action to preclude these problems is to offer technical assistance to achieve through collaboration the preservation that the state ultimately wants. Preferably, the entire municipality should be represented in any regional framework for southeastern Massachusetts to facilitate inter- and intra-muncipal support for the desired program.
In conclusion, the discussions at the Second Annual NESP Retreat offered a great deal of insight into the experiences of the 11 states represented. Though they share a common geographic location, they have taken many approaches to address future growth and development. The retreat offered instructive lessons on the common theories, practices and principles that are useful in building a diverse array of programs appropriate to each state’s local conditions, and it underscored the value of continuing such meetings.
Robert D. Yaro is executive director and Raymond R. Janairo is senior research associate of the Regional Plan Association, based in New York City.
Cuba is a striking country. Its historic capital city of Havana boasts 400 years of architectural heritage. Many areas are in a state of sad decay but some represent very creative approaches to preservation and economic development. Because of the focus on rural development after the 1959 revolution, Cuba did not experience the same kind of popular migration from the countryside to the cities as did other parts of Latin America. What modern redevelopment did occur happened largely outside the historic core of Havana. The good news is that the city’s architectural heritage is still standing; the bad news is that it is just barely standing.
Architects and planners in Cuba are struggling with the basic tasks of improving infrastructure and housing while encouraging economic development appropriate to their socialist vision. They are developing models of neighborhood transformation through local organizing and self-help programs, and are creating models of “value capture” in the process of historic preservation and tourism development.
Through connections with the Group for the Integrated Development of the Capital (Grupo para el Desarrollo Integral de la Capital, GDIC), nine environmental design professionals traveled to Cuba in June to explore the issues of decay and innovation in the built and natural environment. The team included nine of the eleven 1997-98 Loeb Fellows from the Harvard University Graduate School of Design.
The Loeb Fellowship in Advanced Environmental Studies was established in 1970 through the generosity of Harvard alumnus John L. Loeb. The Fellowship annually awards ten to twelve leaders in the design and environmental professions with support for a year of independent study at Harvard University. A recent tradition of the Fellowship program is for the Fellows to take a trip together at the end of the academic year, to solidify their ties developed over the year, explore a new environment together, and share their knowledge and expertise with others.
The Loeb Fellows who traveled to Cuba have a variety of interests that together represent a cross-section of the environmental design professions:
The Fellows were hosted in Havana by GDIC, which was created in 1987 as a small, interdisciplinary team of experts advising the city government on urban policies. “The group intended since its very beginning to promote a new model for the built environment that would be less imposing, more decentralized and participatory, ecologically sound and economically feasible-in short, holistically sustainable,” according to Mario Coyula, an architect, planner and vice-president of GDIC. He and his GDIC colleagues put together a series of informative seminars and tours for the Fellows in Havana, and made arrangements for them to visit planners and designers in the cities of Las Terrazas, Matanzas, and Trinidad.
Several foundations and groups lent support to the project: the Arca Foundation, the William Reynolds Foundation, the Lincoln Institute of Land Policy, the Loeb Fellowship Alumni Association, and the Harvard University Graduate School of Design Loeb Fellowship Program. Each Loeb Fellow will write an essay on a relevant area of research and its relationship to conditions in Cuba. These papers will be compiled and made available to GDIC, Harvard University and potentially to others through publication in a journal or special report.
Peter Pollock is director of community planning for the city of Boulder, Colorado. In 1997-98 he was a Loeb Fellow at Harvard and a visiting fellow at the Lincoln Institute.
Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 6 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.
Hoy en día la mayoría de los países de América Latina son más urbanos que rurales y están tratando de desarrollar sus economías como partes integrales del mercado global. Este proceso introduce profundos cambios culturales y espaciales tales como mayor segregación y conflictos sobre el uso del suelo urbano.
Es sabida la necesidad de fortalecer la conciencia ciudadana sobre la liberalización de los mercados y la pérdida de protagonismo del Estado en los esquemas de economía y planificación. Este cambio en el papel del Estado —de “proveedor” a “facilitador”— crea un vacío en las necesidades sociales urbanas. Los participantes sugirieron tres abordajes para poder mejorar la gestión del suelo urbano y la igualdad social de manera simultánea.
Primero que todo, utilizar herramientas básicas para establecer y apoyar los sistemas de información urbana: un mecanismo de monitoreo con capacidad para identificar datos de agentes y transacciones, incluidos los precios del suelo; conocimiento de los “ciclos de vida” de las zonas urbanas; y modelos de predicción que permitan establecer la relación entre las economías municipales y nacionales y el mercado de bienes raíces.
En segundo lugar, instituir políticas urbanas que equilibren los mecanismos de mercado existentes, que suelen ser contradictorios. Por ejemplo, es difícil liberalizar los mercados y al mismo tiempo imponer límites en la expansión urbana cuando se intenta ofrecer suministros de suelo adecuados para satisfacer las necesidades de la población pobre trabajadora.
Tercero, reconocer y dar apoyo a las acciones positivas de grupos comunitarios y organizaciones no gubernamentales que se propongan combatir los patrones de segregación de clases, como también a los intentos municipales de utilizar instrumentos como reservas territoriales, mecanismos de financiamiento progresivos y mejoras en los procedimientos administrativos y fiscales.
Uno de los mayores problemas de la planificación territorial en América Latina es encontrar el “borde” de la ciudad, especialmente cuando la tenencia y ocupación del suelo responden a la necesidad social, más que a la ley. Entre las formas de propiedad urbana que funcionan fuera de los reglamentos comerciales está la tierra mantenida bajo el sistema de ejido , que ocupa más del 50 por ciento del territorio mexicano y forma parte de las zonas metropolitanas más importantes. El ejido dificulta el crecimiento natural del mercado de bienes raíces y propicia la expansión de mercados secundarios (informales) descontrolados.
Estos y otros temas afines concentraron la discusión en una reunión que tuvo lugar en México en el mes de abril. En ella, peritos y personalidades académicas compartieron sus puntos de vista sobre los procesos que afectan el orden territorial urbano y los instrumentos disponibles y necesarios para poder lograr una intervención pública eficaz, conducente al logro de objetivos de igualdad social y planificación territorial. Si bien los participantes del seminario manifestaron sus inquietudes por el efecto a largo plazo de la globalización en América Latina, también reconocieron que el escenario de acción, al menos durante los años venideros, será a nivel municipal más que a nivel nacional.
Sobre los autores
Luis Fernando Alvarez es investigador principal del Centro de Estudios Metropolitanos, Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, México.
William J. Siembieda es profesor de planificación de la Escuela de Arquitectura y Planificación de la Universidad de Nuevo México. El seminario sobre temas de suelo urbano y reserva territorial fue copatrocinado por el Instituto Lincoln y por el Centro de Estudios Metropolitanos en la Universidad de Guadalajara.
In their new book, Land Use in America, copublished by the Lincoln Institute and Island Press, Henry L. Diamond and Patrick F. Noonan propose a 10-point agenda to help America’s communities accommodate future growth in more environmentally sound and fiscally responsible ways.
Diamond is a partner in the law firm of Beveridge & Diamond in Washington, D.C., and Noonan is founder and chairman of The Conservation Fund in Arlington, Virginia. Together they founded the Sustainable Use of Land Project, from which the book is derived. Their research examined land use practices and trends over the past two decades. They report that while substantial gains have been made in many environmental areas, such as air and water quality, land use remains a highly emotional and complex topic.
The first part of the book presents Diamond and Noonan’s synthesis of the issues, numerous case studies and their agenda for community action. The second part includes the following papers contributed by leading figures in government, business, academia and the nongovernmental arena:
“Growth Management Plans”
Howard Dean, Governor of Vermont
“Ecosystem Management: An Organizing Principle for Land Use” Douglas P. Wheeler, Secretary, California Resources Agency
“Transportation: A Key Element in Sustainable Communities” James Lighthizer, Former Secretary, Maryland Department of Transportation
“Across the Barricades” William K. Reilly, Former Administrator, U.S. Environmental Protection Agency
“Metropolitan Development Trends of the Late 1990s: Social and Environmental Implications” Christopher B. Leinberger, Managing Partner, Robert Charles Lesser & Company
“Our Critical Forest Resources” John A. Georges, Chairman and Chief Executive Officer, International Paper Company
“Land Use Planning: A Farmer’s Perspective” Kenneth Buelt, Past President, Washington County Farm Bureau
“Patience, Problem Solving and Private Initiative: Local Groups Chart a New Course for Land Conservation” Jean W. Hocker, President/Executive Director, Land Trust Alliance
“Sustainability and Social Justice: The Changing Face of Land Use and Environmentalism” Charles Jordan, Director, Bureau of Parks and Recreation, Portland, Oregon
“Science and the Sustainable Use of Land” Norman L. Christensen, Jr., Dean, School of the Environment, Duke University
“Private Property Rights, Government Regulation and the Constitution: Searching for Balance” Jerold S. Kayden, Professor, Graduate School of Design, Harvard University
“An Economic Perspective on the Sustainable Use of Land” John A. Baden, Chairman, Foundation for Research on Economics and the Environment
Conference to Explore the Sustainable Use of Land
In conjunction with publication of this book, the Lincoln Institute is presenting a conference on June 12 in Washington, D.C. Participants will discuss varied perspectives on the important political and jurisdictional issues raised by the authors and contributors. Some of these questions may be addressed:
How might the 10 agenda recommendations be implemented in the current climate of popular reaction against federal and state government regulation of local policymaking?
What is the political feasibility of developing broad-based and long-term land use plans, especially in pro-property rights states in the South and West?
Given the likelihood of decreased federal financial support, how can states and localities be encouraged to take the initiative in future land use planning?
How can private landowners and corporate entities with large holdings be motivated to engage in regional conservation plans and provide environmentally sensitive stewardship in the face of economic pressures for development of their land?
A Land Use Agenda for 21st Century America
Item 1.
Local governments must take the lead role in securing good land use. Initiatives in land use planning and growth management need to be anchored in a community-based process that develops a vision for the future.
Item 2.
State governments must help local governments by establishing reasonable ground rules and planning requirements, assisting small and rural areas, and providing leadership on matters that affect more than one local jurisdiction.
Item 3.
The rules governing land development need to be overhauled. They need to be more efficient and more flexible, encouraging–not hindering–new approaches to land development and conservation.
Item 4.
Landowners must be treated fairly and oppressive regulations fixed. But making government pay in order to apply environmental safeguards for the common good is a bad idea.
Item 5.
Many government policies and actions–agricultural, highway, and environmental programs–impact land use. If they are not better coordinated, they will continue to result in land use policy by accident.
Item 6.
In selective situations, public land acquisition is needed, and a reliable source of funds must be available to pay for it.
Item 7.
Older areas in cities and suburbs must become a focus for renewal. Government policies should help fill in vacant land in already built-up areas and renew older properties rather than promote unplanned expansion at the urban fringe.
Item 8. As most land is privately held, private landowners must be galvanized to assure a healthy land base. Corporate and individual stewardship must be encouraged by providing education, tax incentives and other benefits.
Item 9. A constituency for better land use is needed based on new partnerships that reach beyond traditional alliances to bring together conservationists, social justice advocates and economic development interests. These partnerships can be mobilized around natural and cultural resources that people value.
Item 10. New tools are required to meet the new challenges of land use. Land use disputes should be solved through negotiation or mediation rather than through confrontation and litigation. Geographic Information Systems (GIS) and other advances in technology also offer new opportunities for improving land use decision making.