La cuestión central que deben resolver los conservacionistas de suelos hoy en día es cómo ampliar la escala de sus esfuerzos para proteger paisajes y sistemas naturales completos. El movimiento de fideicomisos de suelos se ha cimentado en los éxitos individuales de conservación de propiedades privadas, pero crecientemente tanto los conservacionistas como los propietarios que llegan a acuerdos de conservación quieren saber cómo se puede extender este esfuerzo a sus vecinos, a su barrio y, por sobre todo, a su paisaje (Williams 2011).

Los agricultores y ganaderos expresan la necesidad de sustentar una red continua de tierras de trabajo —una masa crítica de actividad agrícola ganadera— para no correr el riesgo de perder las actividades de respaldo comercial y la cooperación comunitaria necesarias para sobrevivir. Los bomberos abogan por mantener las tierras distantes sin desarrollar, con objeto de reducir el peligro y el costo de incendios en las comunidades locales. Los deportistas están perdiendo acceso a suelos públicos y a la vida silvestre cuando el hábitat es fragmentado por emprendimientos rurales. Los biólogos conservacionistas han argumentado desde hace tiempo que se podrían sustentar más especies, si se protegen espacios más extensos, mientras que, por el contrario, la disminución y desaparición de las especies se debe principalmente a la fragmentación del hábitat. Por último, un clima tan rápidamente cambiante redobla la necesidad de proteger ecosistemas grandes e interconectados para que puedan mantenerse a largo plazo.

Muchos financistas y socios del sector público están tratando de concentrar sus esfuerzos de colaboración para la de conservación del paisaje, de manera que la comunidad de fideicomisos de suelos tiene una excelente oportunidad de potenciar su buena labor embarcándose en “alianzas para el paisaje”. Los fideicomisos de suelos, con su desarrollo de base y estilo de trabajo cooperativo, están en una muy buena posición para respaldar iniciativas locales. El proceso de construcción de estos esfuerzos, sin embargo, requiere un compromiso que va más allá de la urgencia de transacciones y campañas de recaudación de fondos, y exige un esfuerzo sostenido que es mucho más amplio que las metas inmediatas que se proponen muchos fideicomisos de suelos.

¿Cómo se mide el éxito?

El río Blackfoot en M ontana se hizo famoso en 1976 gracias a la historia A River Runs Through It (Nada es para siempre) de Norman Maclean (Maclean 2001), pero lo que realmente es destacable en la región de Blackfoot es la manera en que una comunidad ha trabajado durante muchas décadas para sustentar este lugar tan especial. En la década de 1970 se iniciaron los esfuerzos de conservación por parte de los propietarios locales y en 1993 se estableció la organización Blackfoot Challenge con el objeto de aunar los diversos intereses de la zona en medidas consensuadas que posibilitaran el mantenimiento del carácter rural y los recursos naturales del valle. Jim Stone, presidente de este grupo de propietarios, dice: “nos cansamos de quejarnos de lo que no podíamos hacer, así que decidimos hablar sobre lo que sí podíamos”.

En este esfuerzo conjunto se han utilizado estrategias novedosas de conservación en Blackfoot que se han reproducido en muchos otros lugares. El trabajo del grupo comenzó concentrándose en una mejor gestión del creciente uso recreativo del río y en proteger el corredor fluvial. La primera exención para conservación de Montana se promulgó en Blackfoot en 1976, como parte de este esfuerzo pionero. A partir de este éxito inicial, se fueron creando iniciativas más ambiciosas con la participación de un creciente número de aliados.

Cuando los propietarios se quejaban de que no tenían suficiente ayuda para controlar la maleza, Challenge estableció el distrito de control de maleza más grande del Oeste. Cuando los propietarios plantearon que no había recursos suficientes para conservar las haciendas en funcionamiento, Challenge ayudó a crear un programa innovador del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EE. UU. (US Fish and Wildlife Service, o USFWS) para adquirir servidumbres de conservación junto con el Fondo de Conservación de Suelos y Aguas (Land and Water Conservation Fund, o LWCF), que históricamente se ha usado para la adquisición de suelo público.

Cuando los propietarios estaban preocupados por la venta potencial de grandes áreas forestales en el valle, Challenge lanzó un plan comprensivo de adquisiciones que conectó haciendas privadas protegidas al pie del valle con suelos forestales públicos más altos. Cuando los propietarios reconocieron la necesidad de realizar una restauración sistémica del río, Challenge y la sucursal Big Blackfoot de Trout Unlimited ayudaron a restaurar más de 48 corrientes tributarias y 600 millas de pasos piscícolas para preservar la circulación de la trucha nativa y la salud de la cuenca (Trout Unlimited 2011).

Blackfoot Challenge se ha asociado con más de 160 propietarios, 30 empresas, 30 organizaciones sin fines de lucro y 20 dependencias públicas. Claramente, la visión de Challenge para la región no se limita simplemente a algunas haciendas, sino que se preocupa por la salud a largo plazo de todo el valle del río, de “ladera a ladera”, según las palabras de Jim Stone (ver figura 1).

El aspecto admirable de la historia de Blackfoot es que no se trata de una rara excepción, sino que constituye el emblema de un movimiento creciente que se dedica a esfuerzos de colaboración para la conservación en todo el país. Estas alianzas para la conservación del paisaje confirman un consenso emergente sobre la necesidad de proteger y sustentar paisajes completos que son vitales, tanto para la salud de los peces y la vida silvestre, como para la vitalidad de las comunidades locales, su economía y su calidad de vida.

Esfuerzos de conservación iniciados por los propietarios

La historia de Blackfoot subraya una de las lecciones más importantes que emergen de las iniciativas de conservación comunitarias: los propietarios locales deben liderarlas, y todos los demás deben respaldarlos. El ejemplo del río Yampa, en el oeste de Colorado, ilustra esta estrategia. A comienzos de la década de 1990, los grupos conservacionistas estaban tratando de proteger esta región, pero toparon con la falta de confianza de los ganaderos locales. En el valle había personas con visión de futuro entre la comunidad y grupos que trataban de impulsar la conservación en la región, pero ninguna de las ideas arraigó de forma efectiva, precisamente porque los propietarios locales no lideraban el proyecto.

Esa dinámica sufrió un vuelco de 180 grados con varias iniciativas de los propietarios, entre las cuales destacó la del Plan de Suelos Abiertos del Condado de Routt (Routt County Open Lands Plan). Las recomendaciones de plan surgieron de una serie de reuniones que los propietarios locales celebraron a lo largo y ancho del condado. El plan proponía ocho medidas significativas para gestionar mejor el crecimiento explosivo en el valle, desde una ordenanza que otorgaba el derecho a cultivar, hasta un programa de adquisición de derechos de desarrollo inmobiliario en haciendas activas. El condado de Routt se convirtió en uno de los primeros condados rurales del Oeste en obtener fondos públicos por medio de una medida electoral para proteger las haciendas activas.

Malpai Borderlands es otro ejemplo ilustrativo de cómo el liderazgo de los propietarios puede superar varias décadas de inacción. Después de muchos años de conflicto entre los ganaderos propietarios y las agencias federales sobre la gestión de los suelos públicos situados alrededor de las montañas Ánimas, en el talón de la bota del estado de Nuevo México y el sudeste de Arizona, Bill Macdonald y otros ganaderos propietarios de la zona organizaron una alianza llamada Grupo de Malpai Borderlands para volver a introducir el fuego como medio para preservar la salud de los pastizales y la economía ganadera local. Este esfuerzo generó una asociación innovadora entre ganaderos, grupos de conservación y dependencias públicas para conservar y sustentar este ambiente silvestre de 404.684 hectáreas en actividad por medio de servidumbres de conservación, bancos de pastizales y un enfoque más integrado de administración del sistema en general.

Fideicomisos de suelos y sociedades públicas-privadas

De la misma manera que el liderazgo de los propietarios es fundamental en los esfuerzos cooperativos de conservación a escala de paisaje, los fideicomisos y agencias de suelos también pueden desempeñar un papel importante como líder secundario y aliado fiable que posee fuertes vínculos locales, conocimientode los recursos externos y una capacidad para implementar proyectos de investigación y conservación. En Rocky Mountain Front, en Montana, por ejemplo, los ganaderos locales están colaborando con varios fideicomisos de suelos y el USFWS para proteger los suelos activos por medio de servidumbres ecológicas. El comité de propietarios locales ha sido presidido por varios ganaderos locales, pero ha sido su amistad de 20 años con Dave Carr de The Nature Conservancy el hecho decisivo para que el comité se mantuviera activo. Greg Neudecker, del Programa de Socios para la Vida Silvestre (Partners for Wildlife Program) de USFWS, ha jugado un papel similar en Blackfoot, dados sus 21 años de servicio en la cooperación comunitaria.

Muchos propietarios y fideicomisos de suelos son renuentes a crear alianzas con dependencias públicas para proteger el paisaje porque frecuentemente abogan por la conservación con medios privados. Sin embargo, cuando se las incorpora como parte de una sociedad para la conservación del paisaje, las agencias estatales y federales pueden ser aliados muy efectivos. En Blackfoot, los estudios científicos, investigaciones, monitorización, financiamiento y trabajo de restauración efectuados por el estado

de Montana y el USFWS han tenido un impacto enorme en la recuperación del sistema del río.

En el frente de protección de suelos, la adquisición pública de bosques madereros extensos en Blackfoot ha complementado el trabajo de los fideicomisos de suelos privados al consolidar suelos públicos y permitir el acceso de la comunidad a dichos suelos para pastar, explotar el bosque y realizar actividades recreativas. Reconociendo los problemas generados por un siglo de supresión de incendios, el Servicio Forestal de los EE. UU. inició proyectos experimentales de desgaste forestal de pequeño diámetro para restaurar la estructura y el funcionamiento de los bosques y reducir la amenaza de incendio en el valle. Esta actividad se está ampliando ahora por medio de un nuevo Programa de Cooperación para la Restauración del Paisaje Forestal (Collaborative Forest Landscape Restoration ProgramiI>, o CFLRP) financiado por el gobierno federal en los valles de Blackfoot, Clearwater y Swan.

El principio más general es que todas las partes interesadas principales tienen que involucrarse activamente para consensuar una base de intereses comunes. David M annix, otro hacendado de Blackfoot Challenge, explica lo que ellos denominan la “regal 80-20”: “Trabajamos sobre el 80 por ciento en queestamos de acuerdo y dejamos el 20 por ciento restante a la puerta, junto con el sombrero”. Jim Stone afirma que cuando la gente va a una reunion de Blackfoot Challenge “le pedimos que deje sus intereses organizativos en la puerta y dé prioridad al paisaje”, y se centre en la salud de los suelos y de las comunidades que de ellos dependen.

Para que estas alianzas entre el sector privado y el público puedan funcionar, es realmente importante que participe la “gente que importa”, es decir, individuos creativos que estén motivados por una vision común y que, al mismo tiempo, sean lo suficientemente modestos como para reconocer que no tienen todas las respuestas. La colaboración toma tiempo. Una vez que se hayan alcanzado acuerdos en común, es fundamental tener un éxito inicial, aunque sea pequeño, que sirva de base para futuras soluciones de mayor envergadura.

La necesidad de financiamiento

La barrera más importante para que los grupos cooperativos locales puedan alcanzar sus metas a nivel de paisaje es la falta de financiamiento adecuado. Sin un respaldo financiero suficiente, los esfuerzos cooperativos pierden, con frecuencia, su impulso, lo que puede retrasar este tipo de trabajo por muchos años.

El financiamiento no es un elemento estático, pero es proporcional a la escala de resultados que se pueden obtener y al número de participantes que se incorporan al esfuerzo. Los financistas privados o públicos no quieren participar en un éxito parcial a menos que sea un paso hacia un objetivo sustentable de largo plazo. Y no quieren proporcionar financiamiento en lugares donde los grupos están compitiendo. Cada vez más, los fideicomisos y agencias de suelos se han dado cuenta del potencial que se puede alcanzar por medio de la colaboración. Los donantes han tomado siempre la iniciativa en este tema, porque viven en un mundo de recursos limitados y comprenden el valor de potenciar una variedad de recursos y financiamientos.

Aunque se realicen grandes esfuerzos de cooperación con objetivos comunes y una gran probabilidad de éxito, frecuentemente existe una brecha de financiamiento para alcanzar una verdadera conservación del paisaje. Mark Schaffer, exdirector del Programa del M edio Ambiente de la Fundación Caritativa Doris Duke, estimó que esta brecha asciende a alrededor de 5 mil millones de dólares por año en financiamiento nuevo e incentivos tributarios que harán falta en los próximos 30 años para conservar una red de paisajes importantes en los Estados Unidos.

En la actualidad la comunidad de fideicomisos de suelos está conservando suelos a un ritmo de alrededor de 1,05 millones de hectáreas por año, un total acumulado de alrededor de 14,9 millones de hectáreas de acuerdo al último censo de 2005 (Land Trust Alliance 2006). No obstante, para sustentar paisajes completos antes de que las necesidades más urgentes cierren las puertas de la oportunidad, este ritmo se tiene que duplicar o triplicar, y se deben realizar esfuerzos de forma aun más orientada.

Oportunidades emergentes para la conservación a nivel de paisaje

Hay varias tendencias importantes y oportunidades de corto plazo que se podrían aprovechar para promover la conservación a escala de paisaje, pero su éxito depende del nivel de participación y liderazgo de los fideicomisos de suelos. Primero, es fundamental que el Congreso haga permanents las deducciones ampliadas de las servidumbres de conservación. La organización Alianza de Fideicomisos de Suelos (Land Trust Alliance, 2011) apunta que estas deducciones pueden proteger más de 101.170 hectáreas adicionales por año. Dado el interés actual del Congreso por recortar gastos y rebajar impuestos, esta es una de las pocas herramientas de financiamiento de conservación que quizás sea alcanzable en el corto plazo. A más largo plazo, un programa nacional de créditos tributarios transferibles similar a los de Colorado y Virginia podría crear un enorme incentivo para generar servidumbres de conservación.

La segunda tendencia se relaciona con el aumento del interés federal en proteger paisajes completos promoviendo las comunidades que ya están trabajando en conjunto. En 2005, la administración Bush lanzó un Programa de Conservación Cooperativa que mejoró la coordinación entre las agencias y los subsidios de capacidad para trabajos cooperativos locales. En 2010, la administración Obama lanzó la iniciativa America’s Great Outdoors para ayudar a las comunidades a sustentar sus suelos y recursos hídricos por medio de asociaciones gobernadas localmente, y reconectar a la juventud norteamericana con el medio ambiente natural (Obama 2010).

Si bien los recursos federales están enormemente restringidos en el corto plazo, los programas y el financiamiento existentes podrían concentrarse más en proyectos de conservación a nivel de paisaje. El Secretario de Agricultura, Tom Vilsack, anunció un cambio importante en la política de su departamento hacia un enfoque “integral de suelos” para conservar y restaurar los grandes sistemas de los Estados Unidos. Por ejemplo, el Servicio de Conservación de Recursos Naturales (Natural Resources Conservation Service) anunció recientemente que iba a reinvertir 89 millones de dólares de fondos del Programa de Reserva de Humedales que no se habían gastado para adquirir la servidumbre de conservación de 10.522 hectáreas en haciendas activas en la zona de los Everglades en Florida. La oportunidad que se presenta para la comunidad de fideicomisos de suelos es asegurar que estos proyectos se implementen como manera de obtener un apoyo amplio para este tipo de trabajo en el largo plazo.

La tercera oportunidad es aprobar medidas locales y estatales para aumentar el financiamiento y los incentivos tributarios a la conservación. A pesar de la economía debilitada y de los continuos proyectos para efectuar recortes gubernamentales y reducir los impuestos, los votantes aprobaron en las elecciones de 2010 el 83 por ciento de las iniciativas electorales en todo el país para financiar la conservación de suelos y de agua. En total, se aprobaron 41 de las 49 medidas de financiamiento, generando más de 2 mil millones de dólares para proyectos de conservación de suelos, aguas, parques y tierras agrícolas durante los próximos 20 años (The Trust for Public Land 2010).

La tendencia y oportunidad finales para la comunidad de fideicomisos de suelos es asociarse con financistas de capital privado para llevar adelante proyectos de conservación de suelos. Entre 1983 y 2009, cambiaron de manos más de 17,4 millones

de hectáreas de suelos forestales (Rinehart 2010). Nuevos grupos de capital privado, llamados Organizaciones de Gestión de Inversiones Madereras (Timber Investment Management Organizations o TIMO) y Fidecomisos de I nversión I nmobiliaria (Real Estate Investment Trusts, o REIT) adquirieron en muy poco tiempo 10,9 millones de hectáreas, y muchos de estos grupos de inversión, como Lyme Timber, Conservation Forestry, Ecosystem Investment Partners y Beartooth Capital Partners, utilizan la conservación como parte de su modelo de negocios.

La cuestión de escala

Una tendencia en curso en el movimiento de conservación ha sido darle un enfoque cada vez más amplio, pasando de las propiedades individuales a barrios, paisajes, ecosistemas, hasta llegar ahora a las redes de ecosistemas. Por ejemplo, los propietarios de Blackfoot, Swan Valley y Rocky Mountain Front han comprendido que la salud de sus paisajes depende de la salud del ecosistema Crown of the Continent (ver figura 2).

Crown, un área de más de 4 millones de hectáreas que rodea Bob Marshall Wilderness y Glacier-Waterton International Peace Place, es uno de los ecosistemas mejor preservados de América del Norte. Gracias a un siglo de designaciones de suelos públicos y 35 años protección privada de suelos por parte de las comunidades locales, este ecosistema no ha perdido una sola especie desde el asentamiento de los europeos en América. Los propietarios y otros socios se han conectado a lo largo de Crownde varias maneras para ver cómo pueden trabajar de forma más estrecha para el bien de todos.

Aun en la inmensidad de Crown, la sustentabilidad de su población silvestre depende de sus conexiones con otras poblaciones de las Montañas Rocosas del Norte. Sin embargo, estas redes aún mayores de sistemas naturales sólo se pueden concretar si se logran sustentar los vínculos esenciales de la región. Por esta razón, los fideicomisos de suelos de Wyoming, Idaho, Montana y Canadá han estado colaborando dentro de un marco llamado Corazón de las Montañas Rocosas (Heart of the Rockies) para identificar prioridades comunes y necesidades de conservación. Este nivel de colaboración regional ha generado un nuevo nivel de conservación y una mayor atención de los financistas. También ha sido clave para la colaboración entre fideicomisos de suelos basada en prioridades políticas comunes.

Para poder sustentar sistemas naturales interconectados, es realmente imperativo que se establezcan organizaciones a esta escala, pero también es importante comprender lo que se puede obtener a cada escala. Las grandes iniciativas regionales tienen gran importancia para crear una visión amplia y atractiva, pero no para implementar la conservación propiamente dicha. Dichos enfoques de gran escala sirven para aplicar la ciencia a nivel de la naturaleza, crear colaboraciones regionales alrededor de prioridades comunes y establecer un foro para intercambiar ideas novedosas, creando una mayor atención sobre la región. También brindan un contexto importante para realzar el trabajo local.

Melanie Parker, una líder local de los esfuerzos para la colaboración en la conservación de Swan Valley, lo expresa de esta manera: “Tenemos que integrar nuestros esfuerzos en una región más amplia para tener influencia política y acceder a recursos, pero cualquiera que piense que el trabajo de conservación se puede o debe hacer a una escala de 4 millones de hectáreas está seriamente equivocado. Este tipo de trabajo se tiene que realizar a la escala del lugar donde la gente vive, trabaja y comprende su paisaje”.

La gente local quiere actuar para preservar su propio lugar y su propio modo de vida. El diseño de estrategias a gran escala es frecuentemente demasiado abstracto para los propietarios y, en algunos casos también puede hasta conducirlos a la alienación. Como en la política—los politicos responden mejor a proyectos locales, diseñados y apoyados por sus residentes— toda la conservación es local. Conocer cuán amplios pueden ser los esfuerzos regionales sin que se pierda la cohesion comunitaria es una cuestión importante, pero lo cierto es que Blackfoot, Rocky Mountain Front y Swan Valley están al límite de lo posible hoy en día. Cada una de estas regiones opera en una escala de 202.340 a 607.000 de hectáreas.

Los fideicomisos de suelos pueden agregar valor a los esfuerzos locales por medio de colaboraciones regionales. Si bien los propietarios y residentes locales frecuentemente no tienen el tiempo necesario para participar en estas iniciativas de mayor calado, quieren

que su lugar y sus intereses estén bien representados. Los fideicomisos de suelos y las organizaciones de conservación pueden desempeñar un papel muy importante para interconectar grupos locales y geográficos, pero tienen que coordinarse con estos grupos en vez de tratar de liderarlos. En última instancia, la comunidad de fideicomisos de suelos puede beneficiarse si refuerza su trabajo cooperativo, profundiza su participación en asociaciones de paisajes, y trabaja a gran escala para alcanzar éxitos en el ámbito de la conservación.

Conclusión

Después de muchas décadas de trabajo extraordinario, los más de 1.700 fideicomisos de suelos en todo el país pueden usar su impulso para conservar los grandes sistemas que resultan más importantes para la gente y para la naturaleza. En efecto, esto es lo que las comunidades están pidiendo y lo que la naturaleza necesita para sobrevivir. Trascender más allá de victorias aisladas, generando una visión de conservación más interconectada, es tan importante para el sustento de las economías locales y su acceso recreativo como lo es para los corredores de vida silvestre y las cuencas hídricas saludables. Para tener éxito a esta escala hace falta una colaboración real y una reorientación de todas las partes interesadas. Con las múltiples oportunidades que se presentan actualmente para la conservación de paisajes completos, el impulso está de nuestro lado.

Sobre el Autor

Jamie Williams es el director de conservación de paisajes de The Nature Conservancy en América del Norte, con sede en Boulder, Colorado. Se concentra en programas para proteger los grandes paisajes por medio de alianzas innovadoras públicas y privadas. Fue Kingsbury Browne Fellow en el Instituto Lincoln durante 2010–2011. Tiene una Maestría en Estudios Medioambientales de la Facultad de Estudios

Forestales y Ambientales de Yale y un título de licenciatura por la Universidad de Yale.

Referencias

Land Trust Alliance. 2006. 2005 national land trust census. Washington, DC. 30 November.

———. 2011. Accelerating the pace of conservation. www.landtrustalliance.org/policy

Maclean, Norman. 2001 [1976]. A river runs through it and other stories. 25th anniversary edition. Chicago: The University of Chicago Press.

Obama, Barack. 2010. Presidential Memorandum: America’s Great Outdoors, April 16. http://www.whitehouse.gov/the-press-office/presidential-memorandum-americas-great-outdoors

Rinehart, Jim. 2010. U.S. timberland post-recession: Is it the same asset? San Francisco, CA: R&A Investment Forestry. April. www.investmentforestry.com

The Trust for Public Land. 2010. www.landvote.org Trout Unlimited. 2011. Working together to restore the Blackfoot Watershed. February. www.tu.org

Williams, Jamie. 2011. Large landscape conservation: A view from the field. Working Paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy

El exceso de derechos de desarrollo y las subdivisiones sujetas a ejecución hipotecaria actualmente reducen la calidad de vida, sesgan los patrones de desarrollo y los mercados inmobiliarios, dañan los ecosistemas y reducen la salud fiscal en muchas comunidades de la región intermontañosa del oeste de los Estados Unidos. Con posterioridad a la caída inmobiliaria de 2007, que golpeó fuertemente en muchos lugares de la región, los caminos erosionados presentes en las subdivisiones atraviesan actualmente las tierras de cultivo y muchos paisajes rurales y suburbanos continúan viéndose salpicados por solitarias viviendas “modelo”. Algunas de estas subdivisiones están desocupadas, pero otras se encuentran parcialmente ocupadas y requieren la prestación de servicios públicos a vecindarios lejanos que generan muy pocos ingresos fiscales. En aquellas jurisdicciones en donde podían venderse lotes antes de que se completara la infraestructura, muchas personas terminaron siendo propietarias de una parcela en la que se suponía que existiría un desarrollo de alto nivel y actualmente sólo existe poco más que un plano catastral.

Estos desarrollos interrumpidos, conocidos coloquialmente como subdivisiones “zombies”, son los muertos vivientes del mercado inmobiliario. Acorralados por problemas financieros o legales, los proyectos que una vez fueran muy prometedores actualmente están afectando a sus entornos con riesgos para la salud y seguridad de los habitantes, deterioro, disminución del valor de las propiedades, amenazas a las finanzas municipales, recursos naturales sobreexplotados, patrones de desarrollo fragmentados y otras distorsiones en los mercados inmobiliarios municipales.

Este artículo presenta un panorama general del contexto económico que promovió tal exceso de derechos en la región oeste, y de las medidas de planificación y control del desarrollo a nivel municipal que influyen en la forma en que dichas fuerzas del mercado actúan en una comunidad determinada. Además se describe de qué manera tres comunidades de la región intermontañosa del oeste rediseñaron las subdivisiones sujetas a ejecución hipotecaria que existían en sus jurisdicciones, y la forma en que dichas medidas están facilitando la recuperación, generando entornos de crecimiento más sustentables, mejorando el valor de las propiedades, y conservando el suelo y el hábitat de vida silvestre.

El trasfondo económico que fomentó el desarrollo excesivo en la región oeste

En la región intermontañosa del oeste, donde abundan los terrenos y el crecimiento rápido es algo común, no es raro que los gobiernos municipales otorguen derechos de desarrollo con una gran anticipación a la demanda de viviendas por parte del mercado. Los ciclos de auge y caída tampoco son una rareza en esta región. Sin embargo, la magnitud de la Gran Recesión amplificó la frecuencia del exceso de derechos y exacerbó el daño que provocaban en las comunidades adyacentes. Sólo en la región intermontañosa del oeste, existen millones de lotes vacantes con derechos de desarrollo. A lo largo de muchos condados en esta región, el índice de parcelas desocupadas en las subdivisiones representa aproximadamente del 15 por ciento a dos tercios de la totalidad de los lotes (ver tablas 1 y 2).

A medida que la economía se va recuperando, ¿corregirá el mercado este exceso de derechos de desarrollo, incentivando así a los promotores inmobiliarios a construir en subdivisiones sujetas a ejecución hipotecaria o a rediseñar aquellas que no reflejan la demanda del mercado? En algunos lugares, sí; en otros, no es muy probable. Las subdivisiones están diseñadas para ser divisiones semipermanentes del suelo. Aunque muchas áreas en la región intermontañosa del oeste están recuperándose con vigor, muchas subdivisiones todavía permanecen sujetas a ejecución hipotecaria, con derechos de desarrollo vencidos, con pocos o ningún residente, derechos de propiedad fragmentados, mejoras en la infraestructura realizadas en forma parcial o deterioradas, y mecanismos débiles o inexistentes para mantener los nuevos servicios. Si no se hace algo al respecto, estos desarrollos interrumpidos continuarán debilitando la salud fiscal y la calidad de vida de las áreas afectadas.

La complejidad de revisar los derechos de desarrollo

Las jurisdicciones municipales forjan el futuro de sus comunidades mediante el otorgamiento de derechos sobre el suelo, la aprobación de subdivisiones y la concesión de subsecuentes permisos de desarrollo. Estas medidas dan como resultado compromisos del uso del suelo que resultan difíciles de cambiar en el futuro, establecen estándares de desarrollo y, por lo general, comprometen a la comunidad a soportar importantes costos a largo plazo en los servicios.

La figura 1 demuestra que resulta mucho más fácil abordar el tema del exceso de derechos cuando se trata simplemente de subdivisiones catastrales sobre papel, con un solo propietario, sin mejoras, sin lotes vendidos y sin viviendas construidas. A medida que el estado de la subdivisión va avanzando desde un plano catastral a un desarrollo parcialmente construido, al tiempo que se involucran en el proyecto varios propietarios, o el encargado de la subdivisión ya ha comenzado a instalar mejoras, o varios propietarios han construido viviendas, los problemas se van haciendo cada vez más complejos y las opciones para resolverlos son cada vez más reducidas.

La revisión o revocación de un plano catastral requiere la aceptación de sólo un propietario que no haya realizado ninguna inversión importante que pudiera limitar la posibilidad de modificar los planes de diseño, permitiendo así las resoluciones más simples (aunque la situación se complica más si una entidad crediticia también debe aprobar los cambios). La venta de un simple lote a un propietario en particular genera más dificultades a la hora de resolver cualquier problema de derechos que tenga la subdivisión, debido a tres cuestiones legales importantes: (1) la necesidad de proteger los derechos de propiedad de los propietarios de lotes; (2) la necesidad de preservar el acceso a los lotes vendidos; y (3) la presión para que se trate de igual manera tanto a los propietarios actuales como a los posibles propietarios en el futuro. Algunos de estos problemas pueden dar lugar a demandas legales, lo que, a su vez, puede generar un posible pasivo para la ciudad o el condado. La revisión o revocación de un plano catastral con lotes vendidos requiere que muchos propietarios se pongan de acuerdo, con la consecuente posibilidad de que cada uno de ellos decida iniciar una demanda con base en uno o varios de los mencionados fundamentos legales.

Una vez que el promotor realiza inversiones significativas en infraestructura y otras mejoras, las complicaciones se multiplican. Aunque la compra de terrenos no crea en sí misma un “derecho adquirido” para completar el desarrollo, una vez que el propietario invierte en mejoras para las futuras viviendas, resulta difícil detener la construcción de dichas viviendas sin tener que reembolsar al promotor los costos de dicha infraestructura.

Las viviendas terminadas (en particular, si varias de ellas ya están ocupadas) suman una dificultad más a la complejidad de resolver las subdivisiones sujetas a ejecución hipotecaria. Los caminos de acceso deben conservarse y mantenerse, aun cuando las viviendas estén muy lejos unas de otras, formando patrones ineficientes. Si el promotor se comprometió a construir un campo de golf, un parque u otras atracciones para la comunidad, cada uno de los propietarios de los lotes podría reclamar el derecho a utilizar dichas atracciones, ya sea que se hayan construido o no, e independientemente de que las asociaciones para conservar dichas atracciones existan o posean la suficiente cantidad de miembros como para llevar a cabo dicha conservación. Aun cuando el promotor sea claramente responsable de construir las atracciones, el gobierno municipal podría llegar a ser responsable de las mismas si no le permite al desarrollador construir las atracciones por haber declarado desocupadas ciertas partes del plano catastral en donde se deberían haber construido dichas atracciones.

Las subdivisiones de mayor extensión que se van dividiendo en diferentes fases a lo largo de las distintas etapas de la construcción son las que generan los problemas más intrincados y de mayor alcance. Las primeras fases de la construcción pueden, en su mayoría, consistir en la venta de lotes con la mayor parte de la estructura en pie, pero las fases posteriores tal vez consistan en meros planos catastrales, sin construcciones, sin lotes vendidos y sin mejoras realizadas. De esta manera, una sola subdivisión sujeta a ejecución hipotecaria puede generar distintos tipos de problemas legales en cuanto a los derechos y, en consecuencia, puede presentar distintos niveles de riesgo y de posible responsabilidad, en diferentes zonas del desarrollo.

Cómo tres comunidades rediseñaron con éxito el exceso de derechos

Los gobiernos municipales que desean solucionar los posibles impactos negativos derivados del exceso de derechos de desarrollo y de las subdivisiones sujetas a ejecución hipotecaria, tienen a su disposición diferentes medidas sobre el uso y la zonificación del suelo. Como resultado de nuestra investigación, hemos identificado 48 herramientas y 12 buenas prácticas, que hemos extraído de casos de estudio, lecciones impartidas por diferentes expertos en varios talleres, análisis de datos y una encuesta realizada a planificadores, promotores y propietarios en la región intermontañosa del oeste (para obtener el listado de las estrategias de prevención y tratamiento, consultar el informe completo sobre enfoque en políticas de suelo titulado Arrested Developments: Combating Zombie Subdivisions and Other Excess Entitlements). En general, estas estrategias pueden clasificarse en cuatro categorías: incentivos económicos, compra de derechos sobre el suelo o derechos de desarrollo, programas de gestión del crecimiento, y normativas sobre el desarrollo:

1. Los incentivos económicos, tales como inversiones específicas en infraestructura, exención de tarifas y racionalización de las normas, con el fin de evitar las normas regulatorias controvertidas.

2. La compra de derechos sobre el suelo o derechos de desarrollo es la forma más directa de eliminar los derechos de desarrollo indeseados, pero puede resultar muy costosa para algunas comunidades.

3. La gestión del crecimiento implica hacer uso de los límites de las áreas de servicios urbanos o adaptar los requisitos adecuados de servicios públicos con el fin de limitar nuevos derechos de desarrollo.

4. Las normativas de desarrollo, que implican llevar a cabo una rezonificación, realizar cambios en las ordenanzas sobre subdivisiones y garantías de desarrollo, iniciar procesos de desocupación de planos catastrales, y revisar los modelos de acuerdo de desarrollo.

Las tres comunidades siguientes que conforman nuestros casos de estudio utilizaron principalmente normas sobre el desarrollo. El condado de Mesa, en Colorado, y el condado de Teton, en Idaho, revisaron sus acuerdos sobre el desarrollo a fin de rediseñar las subdivisiones municipales sujetas a ejecución hipotecaria. Las tres jurisdicciones, incluyendo a la ciudad de Maricopa, en Arizona, también facilitaron las medidas de realización de nuevos planos catastrales en forma voluntaria.

De qué manera el condado de Mesa, Colorado, revisó su procedimiento para aprobación de desarrollos y abandonó los planos catastrales

Durante el período de auge y caída del petróleo en la década de 1980, el condado de Mesa, Colorado, fue una de las regiones que sufrió los peores efectos. Cuando ExxonMobil abandonó sus operaciones en el área, la población de Grand Junction (la sede del condado) disminuyó bruscamente en unos 15.000 habitantes de la noche a la mañana. Todos los desarrollos se detuvieron. Después de la caída, quedaron abandonadas más de 400 subdivisiones que comprendían cerca de 4.000 lotes en todo el condado. Aproximadamente el 20 por ciento de las subdivisiones en el condado de Mesa quedaron con acuerdos sobre mejoras en el desarrollo sin cumplir.

Cuando la clasificación crediticia de bonos del condado cayó en el año 1988, se tomaron varias medidas a fin de eliminar el exceso de derechos. El condado negoció con bancos locales y con la comunidad dedicada a los desarrollos a fin de establecer formas y procedimientos para celebrar acuerdos sobre mejoras al desarrollo. También se estableció una nueva garantía financiera, denominada “Acuerdo de desembolso para subdivisiones”, entre las entidades crediticias de la construcción y el condado. Este acuerdo permite al condado asociarse directamente con las instituciones financieras para garantizar: (1) un presupuesto para la construcción firmado de mutuo acuerdo; (2) un plazo establecido para la construcción de las mejoras; (3) un procedimiento elaborado de mutuo acuerdo, que implica inspecciones en el lugar durante la construcción, para el otorgamiento de fondos de préstamo a los promotores; y (4) el compromiso del condado de aceptar las mejoras del promotor (una vez reunidas ciertas condiciones) y de liberar al promotor de la garantía financiera.

Al condado de Mesa le llevó 15 años resolver completamente el exceso de derechos derivados de la caída de la década de 1980, pero la tarea dio sus frutos: durante la Gran Recesión, el condado tuvo el menor índice de parcelas desocupadas en las subdivisiones en relación con la totalidad de lotes subdivididos, comparado con cerca de 50 condados examinados en la región intermontañosa del oeste. Ningún promotor se echó atrás en los acuerdos de desarrollo cuando sólo se realizaron mejoras parciales. Aunque algunas subdivisiones permanecen desocupadas, todas las mejoras se han completado hasta el punto de que las parcelas estarán listas para las obras de construcción una vez que sean vendidas.

A modo de ejemplo, River Canyon (figura 2) se planificó como una subdivisión de 38 lotes sobre una superficie de 77 hectáreas. Cuando explotó la burbuja inmobiliaria en el año 2008, todo el sitio había sido ligeramente nivelado con carreteras construidas a través de las montañas, aunque no se habían completado otras mejoras ni se había vendido ninguna parcela. Al caer en cuenta de que los lotes no serían viables a corto plazo, el promotor trabajó junto con el condado para realizar nuevos planos catastrales de la subdivisión con el fin de lograr un solo lote matriz hasta que el propietario estuviera listo para solicitar una nueva revisión de la subdivisión.

Esta solución permitió que todos salieran beneficiados: el condado escapa de un contrato con el desarrollador en mora y evita la venta de lotes a muchos propietarios con los que le resultaría muy difícil coordinar la construcción de mejoras en las subdivisiones. El desarrollador, por su parte, evita el costo de instalar servicios y pagar impuestos en propiedades desocupadas zonificadas para desarrollos residenciales.

Ahora, las entidades crediticias en el condado de Mesa por lo general alientan la consolidación de lotes registrados en el catastro, ya que muchos bancos no otorgan créditos ni prorrogan el plazo de los préstamos para construcción sin un porcentaje cierto de preventas que validen la propiedad como una inversión sólida. Por lo general, el propietario también cumple, a fin de evitar el pago de impuestos sobre propiedades residenciales desocupadas, que representan la segunda tasa de impuesto más alta en Colorado. Si la demanda de mercado repunta, el propietario puede entonces presentar los mismos planos de subdivisión para que los revise el condado, para cumplir con las normas vigentes. Si los planos todavía cumplen con las normas, el promotor puede entonces iniciar allí el proceso de subdivisión. El condado de Mesa consolidó parcelas de esta forma unas siete veces en total desde 2008 hasta 2012 para eliminar lotes en los que no se preveía ninguna construcción residencial en un futuro cercano.

De qué manera la ciudad de Maricopa, Arizona, se asoció con el sector privado para convertir parcelas sujetas a ejecución hipotecaria en lotes con fines no residenciales

Maricopa fue declarada municipio en 2003, en los primeros años del auge inmobiliario de Arizona. Esta ciudad es una más de las típicas entre muchas comunidades exurbanas nuevas dentro de las regiones metropolitanas en crecimiento. Al enfrentar una afluencia de nuevos residentes (que debían viajar a sus empleos hasta que pudieran comprar una vivienda cerca de su trabajo), la comunidad destinó rápidamente la mayor parte del suelo disponible a derechos de subdivisión residencial. En el punto álgido del auge inmobiliario, esta pequeña ciudad, ubicada a 60 km del centro de Phoenix y a 32 km del límite urbanizado del área metropolitana de Phoenix, emitía unos 600 permisos de construcción residencial por mes.

El condado de Pinal había aprobado muchas de las subdivisiones residenciales de Maricopa antes de que la ciudad se convirtiera en un municipio, de acuerdo con el código de zonificación de 1967 del condado. De hecho, cumpliendo con la práctica estándar relativa a las nuevas ciudades convertidas en municipios, la ciudad, al principio, adoptó la ordenanza de zonificación del condado de Pinal. Durante un tiempo, la comisión de planificación y zonificación del condado siguió funcionando como el organismo de supervisión de planificación de la ciudad. Sin embargo, este antiguo código de condado rural no tenía en cuenta ni posibilitaba la creación de incentivos para los desarrollos de uso mixto, áreas con un carácter de centro de ciudad, un equilibrio entre empleos y viviendas, usos institucionales o servicios sociales. Esta falta de diversidad dio como resultado una escasez de áreas destinadas a servicios y comercios minoristas, así como también una falta de áreas destinadas a organizaciones sin fines de lucro, tales como iglesias, escuelas privadas, guarderías de niños, centros terapéuticos y servicios de salud. A medida que los nuevos residentes buscaban servicios públicos y empleos locales, esta carencia de terrenos para empleos y servicios públicos se volvió cada vez más problemática.

Cuando la Gran Recesión golpeó al país y ocurrió la caída del mercado inmobiliario, la oferta de lotes residenciales superó ampliamente la demanda, por lo que muchos de estos lotes quedaron sujetos a ejecución hipotecaria. Maricopa enfrentó este desafío y aprovechó la oportunidad para reexaminar sus patrones de crecimiento y, así, abordar el problema de la gran cantidad de subdivisiones sujetas a ejecución hipotecaria que plagaban la comunidad.

La ciudad decidió asociarse con el sector privado (promotores, bancos, agencias afianzadoras y otras agencias gubernamentales) a fin de solucionar el problema de las subdivisiones sujetas a ejecución hipotecaria y la falta de uso del suelo a los fines institucionales y públicos. La primera prueba a este nuevo enfoque se dio cuando una congregación católica estaba buscando un sitio donde construir su iglesia en una zona urbana que ya tuviera la infraestructura para los servicios de agua potable, alcantarillado, etc. La ciudad de Maricopa actuó como facilitadora para poner en contacto a la iglesia con los promotores de Glennwilde, un desarrollo sujeto a ejecución hipotecaria parcialmente construido. La iglesia escogió un lugar que se encontraba en la última fase de la subdivisión y que, en ese momento, era todavía un mero plano catastral. La ciudad desocupó el plano catastral para dicho sitio y luego lo devolvió a una gran parcela que el desarrollador de Glennwilde, a su vez, vendió a la iglesia.

La construcción aún no ha comenzado, pero el proyecto ha servido como modelo para otros desarrollos interrumpidos. Las medidas tomadas en colaboración entre la ciudad, los propietarios de subdivisiones actualmente sujetas a ejecución hipotecaria y otras partes interesadas también ha inspirado la aprobación de propuestas para un centro de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, un centro cívico, un parque regional y una instalación multigeneracional en toda la ciudad.

De qué manera el condado de Teton, Idaho, demandó el rediseño de planos catastrales, la desocupación de lotes o la realización de nuevos catastros

El condado de Teton en Idaho, un condado rural no municipal con una población anual estimada de 10.170 habitantes, tiene un total de 9.031 lotes registrados, de los cuales 6.778 están vacantes. Aunque el índice de crecimiento anual del condado volviera al 6 por ciento al que había llegado entre los años 2000 y 2008, este inventario de lotes refleja una acumulación tal que podría adaptarse al crecimiento en los próximos 70 años. Este exceso extremo de derechos, a razón de tres lotes vacantes con derechos por cada lote desarrollado en el condado, es el resultado de tres malas decisiones tomadas por el consejo de administración entre 2003 y 2005.

En primer lugar, el condado adoptó un procedimiento fácil y rápido para que los propietarios solicitaran el derecho de modificar la categoría zonal de sus propiedades de lotes de 8 hectáreas a lotes de 1 hectárea. Ninguna de estas modificaciones zonales se otorgó junto con una propuesta de desarrollo concurrente: prácticamente todas las modificaciones se otorgaron con el fin de un desarrollo especulativo en el futuro. Era práctica normal del condado modificar las categorías zonales de cientos de hectáreas en una sola noche de audiencias públicas, ya que el orden del día de una de estas audiencias podía incluir hasta diez solicitudes de subdivisión.

En segundo lugar, la Guía de Desarrollo 2004–2010 del condado establecía un crecimiento dinámico enfocado a la construcción residencial a fin de impulsar el desarrollo económico. Sin embargo, las metas y objetivos eran vagos y el plan no especificaba el tipo y ubicación de los proyectos. Debido al rechazo de la comunidad, el documento finalmente se ignoró durante el proceso de aprobaciones y fomentó un desarrollo explosivo y sin patrones, lo que dio como resultado que, durante seis años, se tomaran decisiones sobre el uso del suelo sin ninguna estrategia coherente.

En tercer lugar, el consejo de administración del condado adoptó, en el año 2005, una ordenanza sobre Desarrollo Planificado de Unidades (PUD, por sus siglas en inglés) que establecía bonificaciones por densidad. Según las disposiciones sobre desarrollos en conjunto del PUD, los desarrolladores podían exceder los derechos zonales subyacentes hasta un 1.900 por ciento. Las típicas bonificaciones por densidad para el buen diseño establecidas en el PUD oscilan entre el 10 por ciento y el 20 por ciento. Ahora, aquellas áreas con un sistema central de agua potable clasificadas en una zonificación de 8 hectáreas (con 5 unidades cada 83 hectáreas) podían tener derecho a recibir hasta 100 unidades. Además, las normas sobre subdivisión y PUD del condado de Teton permitieron la venta de lotes antes de la instalación de la infraestructura, lo que proporcionó un gran incentivo para el desarrollo especulativo.

Con posterioridad a la caída del mercado en 2008, algunos propietarios de desarrollos incompletos comenzaron a buscar maneras de reestructurar sus subdivisiones sujetas a ejecución hipotecaria. En 2010, Targhee Hill Estates presentó ante el condado una propuesta para realizar un nuevo plano catastral del centro de recreación que se había construido parcialmente (ver figura 3). No obstante, en ese momento no existía ninguna ordenanza municipal, ley estatal o procedimiento legal que permitiera la realización de un nuevo plano catastral para un desarrollo ya vencido.

La Asociación de Defensores del Desarrollo Responsable del Valle del Condado de Teton (VARD, por sus siglas en inglés) intervino solicitando al condado la creación de un procedimiento que fomentara el rediseño de las subdivisiones sujetas a ejecución hipotecaria y facilitara la realización de nuevos planos catastrales. La VARD comprendió que un rediseño del plano catastral podría reducir la intrusión en áreas naturales delicadas del condado, reducir los costos gubernamentales asociados con el desarrollo disperso y, posiblemente, reducir la cantidad de lotes vacantes mediante la colaboración con los propietarios y los promotores, a fin de agilizar los cambios en los planos catastrales existentes.

El 22 de noviembre de 2010, el consejo de administradores del condado adoptó por unanimidad una ordenanza sobre nuevos planos catastrales, que permitiría realizar de forma rápida y sin grandes costos nuevos planos catastrales de las subdivisiones, los PUD y los acuerdos de desarrollo existentes. Mediante esta ordenanza se creó un procedimiento orientado a las soluciones que permite al condado de Teton trabajar junto con los promotores, los propietarios, las entidades crediticias y otras partes interesadas a fin de resolver los proyectos complicados en los que intervienen muchos intereses de propiedad y, por lo general, implican millones de dólares en infraestructura.

La ordenanza, en primer lugar, establece cuatro categorías de cambios que puede proponer toda solicitud de nuevo plano catastral: (1) un aumento de grandes proporciones en cuanto a la escala y el impacto; (2) un aumento de menor envergadura en cuanto a la escala y el impacto; (3) una reducción de grandes proporciones en cuanto a la escala y el impacto; y (4) una reducción de menor envergadura en cuanto a la escala y el impacto. Todo aumento en el impacto podría requerir audiencias públicas y estudios adicionales, mientras que para las reducciones en el impacto, no son necesarios (en la medida de lo posible) dichos requisitos ni la revisión por parte de la agencia. Además, la ordenanza elimina la innecesaria duplicación de estudios y análisis que hubieran sido requeridos como parte de la solicitud y aprobación inicial del plano catastral. El condado de Teton también eliminó las tarifas que debían pagarse para procesar las solicitudes de nuevos planos catastrales.

El primer caso que obtuvo resultados positivos fue la realización de los nuevos planos catastrales del PUD de Canyon Creek Ranch, completado en junio de 2013. Ubicado a más de 37 km de los servicios urbanos, el proyecto Canyon Creek Ranch se aprobó originalmente en el año 2009 como un centro recreativo de estilo estancia de 350 lotes sobre aproximadamente 1.100 hectáreas, que incluía aproximadamente 25 lotes comerciales, un hipódromo y una cabaña. Después de largas negociaciones entre el equipo de promotores de Canyon Creek y el personal de la comisión de planificación del condado de Teton, el promotor propuso un nuevo plano catastral que reducía drásticamente el impacto y los efectos de este proyecto, ya que sólo incluía 21 lotes sobre la propiedad de 1.100 hectáreas. Para el promotor, este nuevo diseño reduce el precio de la infraestructura en un 97 por ciento: de US$24 millones a aproximadamente US$800.000, lo que permite que la propiedad permanezca dentro del programa de reservas de conservación y genere una fuente de ingresos, a la vez que se reducen las deudas por el impuesto sobre la propiedad. La reducción en la escala y el impacto de este nuevo diseño permitirá preservar este hábitat tan importante y mantener el paisaje rural, lo que representa un beneficio público para toda la comunidad.

Conclusión

Mientras que la recuperación del último ciclo de auge y caída es casi total en algunas áreas del país, otras comunidades seguirán sufriendo el impacto de los lotes vacantes y las subdivisiones sujetas a ejecución hipotecaria por un largo tiempo. Los auges inmobiliarios que se den en el futuro también darán como resultado, inevitablemente, nuevas caídas, por lo que las comunidades vulnerables pueden ahora construir fundamentos sólidos con políticas, leyes y programas para minimizar los nuevos problemas que surjan del exceso de derechos sobre los terrenos. Las comunidades y otras partes interesadas involucradas en el desarrollo inmobiliario harían bien en asegurarse de tener mecanismos que sirvan para adaptarse y ajustarse a las condiciones de mercado en constante evolución. En cuanto a las jurisdicciones que ya están teniendo problemas con las subdivisiones sujetas a ejecución hipotecaria, un ingrediente esencial para lograr el éxito será la disposición a reconsiderar las aprobaciones y proyectos pasados y reconocer los problemas derivados de los mismos. Aquellas comunidades que sean capaces de actuar eficazmente como facilitadoras además de entes reguladores, según lo demostrado en los casos de estudio presentados en este artículo, estarán mejor preparadas para prevenir, responder y solucionar los problemas que pudieran surgir como resultado del exceso de derechos de desarrollo.

Herramientas y recomendaciones adicionales

El presente artículo es una adaptación de un nuevo informe sobre enfoque en políticas de suelo del Instituto Lincoln, titulado Arrested Developments: Combating Zombie Subdivisions and Other Excess Entitlements, de Jim Holway con Don Elliott y Anna Trentadue. Para mayor información (incluidas buenas prácticas, recomendaciones sobre políticas, y una guía paso a paso destinada a las comunidades que enfrentan un exceso de derechos), puede descargar este informe sobre enfoque en políticas de suelo completo o solicitar una copia impresa del mismo (www.lincolninst.edu/pubs). También se encuentra disponible información adicional en el sitio web que acompaña el informe (www.ReshapingDevelopment.org).

Sobre los autores

Jim Holway, Ph.D., FAICP, dirige el proyecto Western Lands and Communities en el Sonoran Institute de Phoenix, Arizona. Holway se desempeña además como funcionario municipal electo en representación del condado de Maricopa en el Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central.

Don Elliott, FAICP, es abogado especializado en el uso del suelo, planificador de ciudades y director de Clarion Associates en Denver, Colorado.

Anna Trentadue es abogada de planta de Valley Advocates for Responsible Development en Driggs, Idaho.

Recursos

Burger, Bruce y Randy Carpenter. 2010. Rural Real Estate Markets and Conservation Development in the Intermountain West. Working paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Elliott, Don. 2010. Premature Subdivisions and What to Do About Them. Working paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Preston, Gabe. 2010. The Fiscal Impacts of Development on Vacant Rural Subdivision Lots in Teton County, Idaho. Fiscal impact study. Teton County, ID: Sonoran Institute.

Sonoran Institute. Reshaping Development Patterns. PFR companion website www.ReshapingDevelopment.org.

Sonoran Institute. Successful Communities On-Line Toolkit information exchange. www.SCOTie.org.

Trentadue, Anna. 2012. Addressing Excess Development Entitlements: Lessons Learned In Teton County, ID. Working paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Trentadue, Anna y Chris Lundberg. 2011. Subdivision in the Intermountain West: A Review and Analysis of State Enabling Authority, Case Law, and Potential Tools for Dealing with Zombie Subdivisions and Obsolete Development Entitlements in Arizona, Colorado, Idaho, Montana, New Mexico, Nevada, Utah, and Wyoming. Working paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Valley Advocates for Responsible Development. www.tetonvalleyadvocates.org.

Global investment, sophisticated communications, and widespread corporate and personal mobility are transforming city regions around the world. Those who focus on urban issues have been arguing for many years that we are seeing the emergence of a new kind of human settlement, with its own distinct social and economic structures and associated physical forms.

The Lincoln Institute’s 1995 Cambridge Conference in September focused on these global forces. The consortium was organized by three research investigators—David Barkin, Gary Hack and Roger Simmonds—to study 12 city regions spread across Europe, Asia and the Americas. While each city offers unique characteristics and exceptions to certain patterns, they all meet the following measurable criteria:

• a large population, but not necessarily megacity stature;
• a diversified market economy, rather than a command economy or one dominated by a single industry;
• distinct patterns of growth and change since 1960; and
• a record of attempts by their governments to shape regional form, whether successful or not.

12 Case Study Cities

• Ankara, Turkey
• Bangkok, Thailand
• Jakarta, Indonesia
• Lyon, France
• Madrid, Spain
• Randstad, The Netherlands
• San Diego, USA
• Santiago, Chile
• Sao Paulo, Brazil
• Taipei, Taiwan
• Tokyo, Japan
• Toronto, Canada

Using the 12 sites as case studies, the researchers outlined several levels of investigation to assemble a picture of what global city regions look like and why. First, they examined the effects of the global political economy on the growth and development of cities over time. For example, how have the loss of traditional agricultural or industrial economies and the introduction of new players with investment capital changed the ways cities work? How have cities attempted to position themselves in relation to these powerful external forces?

Another research goal was to understand the relationships between changing urban form and regional infrastructure investments, such as transportation systems and new technology centers. How have populations dispersed around new transportation networks and economic centers? How can regional planning efforts influence changes in spatial form and impacts on the environment?

Third, the researchers explored changes in the quality of urban life resulting from the dynamics of globalization. What social and economic problems do urban residents face today? How are their local and national governments attempting to manage these problems?

Prior to the conference, research teams in each of the city regions gathered data to chart the growth and movement of their populations, infrastructure changes, and economic and industrial development over the last three decades. To make the data comparable across national boundaries, they mapped the physical evolution of the 12 city regions in 1960, 1970, 1980 and 1990, and then linked these maps to changes in key economic and social indicators over the same period. Each team also prepared a report on what special issues its government is facing, and how policymakers are attempting to shape the region’s changing spatial form.

A Portrait of Global City Regions

The 12 city regions represented at the conference illustrate substantial variation, but also many common patterns of growth and change. They range in size from about 2 million in Lyon to more than 32 million in Tokyo, the world’s largest city and also one of the wealthiest.

In all of these cities, the predominant pattern of physical growth has been sprawling out from the historic center and adjacent inner ring of development into increasingly distant open space and agricultural land. This dispersal involves both residential and commercial development, though sometimes in different directions. It has been facilitated by sharp increases in the availability and use of automobiles throughout the world. The most dramatic example is Taipei, where the number of autos increased from about 11,000 in 1960 to over 1 million in 1990; the number of persons per auto decreased from 127 to 5 over that period. Ankara and Santiago, at 13 people per auto in 1990, have been the least affected by auto-mania to date.

Even as most cities are spreading out, some inner cores have become more densely populated as wealthier residents and service sector employment have migrated into newly thriving downtowns. Monumental stadiums, convention centers, luxury hotels and residential condominiums have helped to promote tourism and an active cultural life in these central cores. The flip side, however, is increased decay outside the center, as large numbers of poor people are dispersed into areas where public services are often lacking.

The disadvantaged inner cities and wealthy, low-density suburbs of the United States are notable exceptions to this pattern. Cities such as Bangkok and Taipei demonstrate more neighborhood integration of rich and poor than others, but the predominant pattern still shows segmented pockets of wealth and poverty becoming more clearly defined over time.

In the new era of globalization, ironically, patterns of residence are becoming less important than patterns of interaction, as people who participate in the global economy communicate more often with their peers in other cities or countries, electronically or in person, than with people living next door.

Changing demographic patterns have generally slowed urban growth rates to around 3 percent compared to 6 to 8 percent in the 1960s. Most cities have seen decreases in both birth rates and migration from rural areas within the country or immediate region. But political upheavals and changing employment opportunities are also triggering new waves of transnational migration. Many of these newer immigrants settle in their own sections of the city, apart from the indigenous low-income sector, and present a different set of social and economic problems for national and local governments. In San Diego, for example, immigrants from Mexico and Central America contribute to both population growth and increased segmentation within the region. Sao Paulo, on the other hand, has experienced net outmigration as Brazilian policies and programs now encourage decentralization to new communities throughout that vast country.

The composition of economic sectors is quite consistent across countries according to the 1990 data. It generally shows less than 5 percent of the workforce employed in agriculture and resource extraction, 20 to 30 percent in manufacturing and 65 to 75 percent in the service sector. Some interesting exceptions in employment trends are Jakarta, with an agriculture sector rate of almost 16 percent in 1990, and San Diego, with a current service sector share of 83 percent. Bangkok and Taipei show the largest decreases in agriculture, from around 20 percent in 1960 to less than 2 percent in 1990, and both cities remain relatively high in manufacturing in 1990 at 32 and 36 percent respectively.

Income distribution also shows similar patterns across regions, with the bottom 20 percent of the population generally receiving only 5 to 7 percent of total earned income while the top 20 percent of the population earned 40 to 50 percent of income. Santiago, Sao Paulo and Jakarta show the greatest concentrations of wealth at the upper levels, while Tokyo and Taipei, closely followed by Randstad and Madrid, have the least inequality across income levels. San Diego, while relatively high in per capita income, has a mid-range income distribution of 44 percent at the upper end but shows only 4 percent of income earned by the poorest 20 percent of its population.

Contradictions in the Changing Global Economy

Discussion at the conference revealed several new realities about the world in which we live. Perhaps the most important is the difficulty that local and national authorities face in designing effective policies for social and political action to modify the powerful economic forces that are shaping new productive structures in their regions.

A recurrent theme in the regional analyses was the contradiction between highly centralized private investment and sweeping changes resulting from the insertion of the city region into the international economy. In most regions, “elite corridors” of globalization contrast sharply with the disadvantaged “residual city.” These wealthy enclaves accommodate the investments of transnational corporations producing for world markets and are near the residential and shopping areas of those who participate in this economy. In these financial and commercial centers, burgeoning bureaucracies of skilled professionals manage global production and marketing to assure attractive returns to international investors, often ignoring crises in the local economy.

While overall population growth has declined, remunerative employment opportunities have also ceased to grow. Every one of the city regions reported an accelerated shift of its labor force toward poorly paid, part-time jobs in the service sector, with a concomitant imbalance of economic opportunities that condemns a growing proportion of the people to poverty.

This menace is accompanied by shifts in the agricultural sector. Substantial numbers of small-scale rural producers are unable to compete in international markets with large-scale farmers elsewhere who have access to capital for the latest technologies to increase their output. The inexorable process of global expansion is also driving small and medium-scale manufacturing plants from the marketplace.

Most participants at the conference accepted and heartily embraced the new dynamic of globalization. Their governments are working actively to reposition their regions to attract foreign enterprises and real estate developers that promise modernization. They hope to convert their cities into beacons, leading their nations in the worldwide process of integration. Most see their primary task as clearing away the web of regulatory and other obstacles of previous eras, facilitating private initiative by offering (sometimes for free) the land and infrastructure required for new installations.

Many of the cities are targeting their infrastructure investment strategies specifically to expand the service economy. Bangkok, Taipei and Tokyo are working hard to become financial centers for Asia, betting on the demise of Hong Kong as a key competitor. Bangkok in particular is investing in substantial transportation and communications networks and in the education of its labor force to keep pace. In Europe, Madrid is using its role as the world’s center of Spanish culture to enhance its communications services; Randstad is promoting its airport support facilities; and Lyon is becoming an innovative center for emerging technological industries.

Impacts on Regional Development

The case studies and discussions at the conference also identified numerous problems emerging from this enthusiasm for globalization. The complex and disturbing phenomenon of urban sprawl is becoming universal as increased automobile use distributes populations to satellite employment centers and generally reduces the density of regional cities. Two interesting exceptions are Tokyo, whose extensive mass transit system helps to keep economic activity centralized, and Taipei, where mountainous geography constrains outward development. In Randstad, on the other hand, development is rapidly filling in lowland gaps between formerly freestanding settlements, even though the overall growth rate has been quite slow.

Some of this decentralization has been promoted by government efforts to deal with high land prices, traffic congestion or environmental protection. New towns or “science cities” are being built on the outskirts of Santiago, Lyon, Randstad, Taipei, Tokyo and Jakarta, and in Bangkok intensive infrastructure development is creating a new port miles from the city center. In Sao Paulo, strict regulations to protect watershed areas are pushing new development to distant sites.

Generally infrastructure follows development rather than truly shaping it. Private investors are able to respond more quickly to planned growth intentions within their regions than are the public agencies responsible for implementing major infrastructure projects. Thus, private development puts pressure on the public sector to provide services to areas that are already undergoing urbanization. This process has serious implications for long-term regional planning if it continues to be development driven with government playing catch-up.

Another theme that emerged during the conference was an increased consciousness about environmental problems. The accumulation of wealth and the accompanying increase in consumption in most city regions, is creating intense pressures on the environment. With regional integration proceeding apace and deregulation of the economy the order of the day, transnational corporations have great freedom to operate as they wish in the international economy. The participants repeatedly raised the difficulties of confronting these challenges constructively in each of their city regions. Yet, concern for the environment was also seen as the primary motivating factor for undertaking strategic regional planning.

Quality of Life Issues

Globalization offers the promise of greater prosperity. Most cities represented at the conference reported a relative increase in several quality-of-life averages between 1960 and 1990: per capita income, life expectancy and education level. These rising incomes, combined with technological advances that enhance productivity and the wider dissemination of information about goods available in world markets, have allowed city dwellers everywhere to make new choices about their consumer needs. However, powerful global models of organization and production are also imposing new, homogenized consumption patterns that threaten to stifle the extraordinary variety of lifestyles that characterizes most urban regions.

Increased physical mobility, largely achieved through the private ownership of automobiles, has provided many people with more choices about where to live, shop and work. At the same time, commuting times average 45 minutes, ranging from less than 30 minutes in San Diego to more than one and a half hours in Bangkok.

Conference participants agreed that this increased mobility had undermined a previous sense of community, as individuals begin to identify with increasingly dispersed urban places or develop identities that are not based on place at all. The “McDonald’s-ization” of world culture, including music, clothing and architecture, as well as food, was noted by almost every city representative. As markets for consumer goods become global, individuals in many city regions are also beginning to rely on those markets to deliver what were once semipublic services, such as education and recreation.

Changes in the economic function of major cities from manufacturing and shipping to finance and tourism have also caused important losses. Many historic city centers have been commodified for cultural tourism. Buildings or streets originally constructed as factories or warehouses now house retail shops or museums. The original factory workers or longshoremen, who often lived near their jobs, have given way to visitors who travel by car or plane from outside the city or even from other countries to admire buildings that have been restored in form but completely transformed in function. New high-rise office buildings, convention centers, stadiums and luxury hotels are often imposed on the urban landscape, generally with little regard for their spatial and social context.

By some measures of material circumstance the globalization process is encouraging, especially when considering the contributions of medical science and certain basic aspects of education and sanitation that can be made available with relatively inexpensive public investments. The reality, however, is that living standards and employment opportunities are deteriorating for growing segments of the population throughout the world.

Most new urban workers enjoy less security, if also more freedom, than their parents may have experienced as subsistence farmers or plantation laborers. Global information technologies and financial techniques now allow firms to seek out the world’s lowest-cost sites and labor, if necessary shifting jobs from one country to another in a matter of weeks.

The same new information media and transportation options that enable consumers to choose from a wider array of goods, or workers to choose from a wider array of jobs, also let criminals choose from a wider array of potential targets. Some conference participants argued that the perceived decrease in physical security was more apparent than real, especially in the U.S. But the perception itself is clearly driving a worldwide demand for gated or secure housing.

The positive and negative effects of globalization on the quality of life are two sides of the same coin, rather than tradeoffs. The same information technologies and market organization that spread new consumer goods around the world within weeks also transmit new “bads,” such as AIDS. The same automobiles that provide increased access to recreational opportunities in the countryside for city dwellers also produce sprawling cities that parcel out that countryside into private yards rather than scenic vistas of farmland or forest.

Given these contradictions, we must search for alternative models of production and consumption—models that permit people to strengthen their communities and protect their environments, that offer the possibility of creating productive employment for the whole population, and that place limits on the accelerated process of polarization.

The Role of Governance

To what extent are voters in global city regions asking their local, metropolitan or national governments to find ways of eliminating the negative effects of globalization? Conference participants in San Diego, Ankara and Tokyo, for example, reported that local elections are now fought over who benefits from globalization. Those voters who identify more with the global than the local economy demand that governments make high-technology infrastructure investments, build convention centers or stadiums, and promote higher education to attract future jobs.

In contrast, most lower-skilled workers see globalization as more of a threat than an opportunity, and are more concerned with investing limited local resources in such public services as schools and neighborhood clinics. Yet governments that avoid unpopular political decisions by focusing on local services may only be postponing the inevitable impact of globalization, including its potentially long-term beneficial effects.

In the end, the capacity of governments at any level to manage global forces may be limited, however. There is an inherent mismatch between the global economy and government, not only in the spatial sense of local or fragmented governments struggling to master regional or global economic forces, but in the contrasting operating modes of markets and governments.

Globalization has made increasingly problematic the definition of both “the region” that should be planned and “the community” that should participate in those plans. Local governments and even most national governments are losing their capacity to shield local businesses from global competition. In almost every city region represented at the conference, specialized interest groups and nongovernmental organizations have multiplied, while all-purpose governments have begun to fragment and decentralize. Political devolution is most advanced in the United States, but has begun to take hold elsewhere as well.

The tendency of governments of global city regions is to dispense with elaborate spatial planning techniques and instead adjust to what one conference planner called these fundamentally “new rules of property and politics.” But this leaves many contradictions: between the opportunities of the elites and the poor; between the advocates of greater local autonomy and those committed to emerging regional patterns of interdependence; and between policies favoring growth as opposed to redistribution of resources. Without an effective system of governance, all of these dichotomies have the potential for escalating conflict.

One of every three urban citizens lives in slum conditions across the world today. According to the United Nations Human Settlement Programme, in 2006 there were nearly 1 billion people who could find housing only in slum settlements in most cities of Latin America, Asia, and Africa, and a smaller number in the cities of Europe and North America (UN Habitat 2006).

The central question facing land conservationists today is how to scale up efforts to protect entire landscapes and whole natural systems. The land trust movement has been built on the individual successes of conserved private properties, but increasingly both conservationists and landowners entering into conservation agreements want to know what is being done about their neighbor, their neighborhood, and most significantly their landscape (Williams 2011).

Farmers and ranchers talk of the need to sustain a continuous network of working lands—a critical mass of agricultural activity—or risk losing the supporting businesses and community cooperation they require to survive. Firefighters say that keeping remote lands undeveloped reduces the hazards and costs of firefighting for local communities. Sportsmen are losing access to public lands and wildlife when scattered rural development fragments habitat. Conservation biologists have long suggested that protecting bigger places will sustain more species, and conversely that fragmentation of habitat is the leading cause of species decline and loss. Finally, a rapidly changing climate reinforces the need to protect large, connected ecosystems to be resilient over the long term.

With many funders and public partners seeking to focus on collaborative, landscape-scale conservation efforts, the land trust community has an excellent opportunity to leverage its good work by engaging in landscape partnerships. Land trusts, with their grassroots base and collaborative working style, are in a good position to help support local initiatives. The process of building these efforts, however, requires a commitment beyond the urgency of transactions and fundraising, and necessitates a sustained focus that is much broader than the immediate objectives of many land trusts.

What Does Success Look Like?

Montana’s Blackfoot River was made famous in Norman Maclean’s 1976 story, A River Runs Through It (Maclean 2001), but what really stands out about the Blackfoot region is how the community has worked together over many decades to sustain this special place. Building on conservation work initiated by local landowners in the 1970s, the Blackfoot Challenge was established in 1993 to bring the area’s diverse interests together around consensus-based approaches to sustaining the rural character and natural resources of the valley. Rancher Jim Stone, chairman of this landowner group, says “we were tired of complaining about what we couldn’t do, so we decided to start talking about what we could do.”

This collaborative effort has used innovative conservation approaches for the Blackfoot that have been replicated in many other places. The group’s work began with a focus on better managing increased recreational use of the river and protecting the river corridor. The first conserva-tion easement secured in Montana was on the Blackfoot in 1976 as part of this pioneering effort. From that initial success grew more ambitious initiatives with engagement from an expanding set of partners.

When landowners said they were not getting enough help to control weeds, the Challenge established one of the largest weed control districts in the West. When landowners argued there were not enough resources for conserving working ranches, the Challenge helped create an innovative U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS) program to purchase conservation easements with the federal Land and Water Conservation Fund (LWCF), which historically has been used for public land acquisition.

When landowners were concerned about the potential sale of vast forest lands in the valley, the Challenge launched a comprehensive acquisition plan that linked protected private ranches on the valley floor with forested public lands at higher elevations. When landowners recognized the need for systemic river restoration, the Challenge and the Big Blackfoot Chapter of Trout Unlimited helped restore more than 48 tributary streams and 600 miles of fish passage for native trout and watershed health (Trout Unlimited 2011).

The Blackfoot Challenge partners with more than 160 landowners, 30 businesses, 30 nonprofits, and 20 public agencies. Clearly, the Challenge’s vision for the area is not limited to just a few ranches, but rather is focused on the long-term health of the entire river valley, from “ridge to ridge” in Jim Stone’s words (figure 1).

The wonderful aspect of the Blackfoot story is that it is no longer a rare exception but an emblem of a much larger movement of collaborative conservation efforts around the country. These landscape partnerships confirm an emerging consensus about the need to protect and sustain entire landscapes that are vital to the health of fish and wildlife, as well as to the vitality of local communities, their economy, and their quality of life.

Landowner-Driven Conservation Efforts

The Blackfoot story underscores one of the most important lessons emerging from community-based conservation initiatives—local landowners should be in front and everyone else behind. An example from the Yampa River in western Colorado illustrates this approach. In the early 1990s, conservation groups were trying to protect the area, but were met with major mistrust by the local ranchers. The valley had no shortage of community visioning exercises and groups trying to conserve the region, but none of the ideas had really taken hold in a meaningful way, precisely because local landowners were not in the lead.

That dynamic was then turned on its head by several landowner initiatives, the most significant being the Routt County Open Lands Plan. The plan’s recommendations grew out of a series of local landowner meetings held throughout the county. The plan called for eight significant measures to better manage explosive growth in the valley, ranging from a right-to-farm ordinance to a purchase of development rights program on working ranches. Routt County became one of the first rural counties in the West to raise public funds through a local ballot measure to protect working ranches.

The Malpai Borderlands is another enduring example of how landowner leadership can break through decades of gridlock. After years of conflict between ranchers and federal agencies over the management of public lands around the Animas Mountains in the boot heel of New Mexico and southeastern Arizona, Bill Macdonald and other neighboring ranchers helped spearhead a landowner collaborative called the Malpai Borderlands Group to reintroduce fire for the health of grasslands and the local ranching economy. That effort grew into an innovative partnership among ranchers, conservation groups, and public agencies to conserve and sustain this one-million-acre working wilderness through conservation easements, grass banking, and a more integrated stewardship approach to the system as a whole.

Land Trusts and Public-Private Partnerships

As significant as landowner leadership is to collaborative, landscape-scale conservation efforts, land trusts and agencies also can play a vital role in leading from behind as a reliable partner with deep local ties, knowledge of outside resources, and an ability to implement research and conservation projects. On Montana’s Rocky Mountain Front, for example, local ranchers are working together with several land trusts and the USFWS to protect working lands through conservation easements. The local landowner committee has been led by several local ranchers, but their 20-year friendship with Dave Carr of The Nature Conservancy has been pivotal in their staying engaged. Greg Neudecker of the USFWS’s Partners for Wildlife Program has played a similar role in the Blackfoot, given his 21-years of service to community collaboration there.

Many landowners and land trusts hesitate to bring public agencies into landscape partnerships because they often pride themselves on achieving conservation through private action. When engaged as part of landscape partnerships, however, state and federal agencies can be very effective allies. In the Blackfoot, the science, research, monitoring, funding, and restoration work delivered by the State of Montana and the USFWS has made a huge impact on the recovery of the river system.

On the land protection front, public acquisition of extensive timberlands in the Blackfoot has complemented private land trust work by consolidating public lands and maintaining community access to those lands for grazing, forestry, and recreation. Recognizing the problems associated with a century of fire suppression, the U.S. Forest Service has initiated experimental thinning projects of small-diameter stands to restore the structure and function of forestlands and reduce the fire threat to the valley. That work is now being expanded through a new federally funded Collaborative Forest Landscape Restoration Program (CFLRP) across the Blackfoot, Clearwater, and Swan valleys.

The larger principle is that all the major stakeholders have to be at the table, working together toward their common ground. David Mannix, another Blackfoot Challenge rancher, explains what they call the 80–20 rule: “We work on the 80 percent we can agree on and check the other 20 percent at the door with our hat.” Jim Stone claims that when people show up at a Blackfoot Challenge meeting, “We ask you to leave your organizational agenda at the door and put the landscape first,” focusing on the health of the land and the community so closely tied to it.

What’s really important is having the “right people” at the table for private-public partnerships to work—creative individuals motivated by a common vision and humble enough to recognize that they do not have all the answers. Collaboration takes time. Once common-ground approaches are developed, it is critical to have initial success, however small, that can build the kind of foundation needed for bigger solutions down the road.

The Need for Funding

The most serious barrier for local collaborative groups to achieve landscape-level goals is the lack of adequate funding. Without sufficient financial support, collaborative efforts often lose momentum, which can set back this kind of work for years.

Funding is not a static element, but it is responsive to the scale of the outcomes that can be achieved and the breadth of the constituency engaged. Neither private nor public funders want to participate in partial success unless it is a step toward a long-term, sustainable goal. And they do not want to fund places where groups are competing. Increasingly, land trusts and agencies have come to realize the potential of what can be achieved through collaboration. Donors consistently have led on this issue because they understand a resource-constrained world and the value of leveraging diverse strengths and funding.

Even when great collaborative efforts come together around common goals and achieve a heightened threshold of success, a serious funding gap often exists in achieving truly landscape-scale conservation. Mark Shaffer, former director of the Doris Duke Charitable Foundation’s Environment Program, estimated this gap to be about $5 billion per year in new funding and tax incentives needed over the next 30 years to conserve a network of important landscapes in the United States.

The land trust community is now conserving land at the rate of about 2.6 million acres per year—a cumulative total of about 37 million acres according to the last census in 2005 (Land Trust Alliance 2006). However, to sustain whole landscapes before urgent threats close the window of opportunity, that rate needs to double or triple, and efforts must be conducted in a more focused way.

Emerging Opportunities for Landscape-Scale Conservation

There are several major trends and near-term opportunities that could enhance landscape-scale conservation efforts, but their success hinges on land trust engagement and leadership. First, it is critical that Congress make permanent the enhanced deductions for conservation easements. The Land Trust Alliance (2011) points out that these deductions can protect more than 250,000 additional acres per year. Given the current congressional focus on spending cuts and tax cuts, this is one of the few conservation finance tools that may be achievable in the near term. Over the longer term, a national transferable tax credit program, similar to those in Colorado and Virginia, could create an enormous incentive for securing conservation easements.

The second trend relates to increasing the federal focus on protecting whole landscapes by empowering communities that are already working together. In 2005 the Bush administration launched a Cooperative Conservation Program that provided improved agency coordination and capacity grants for local collaborative work. In 2010, the Obama administration launched the America’s Great Outdoors Initiative to help communities better sustain their land and water resources through locally driven partnerships and to reconnect America’s youth to the natural environment (Obama 2010).

While federal resources are highly constrained in the near term, existing programs and funding could be more focused on whole landscape conservation projects. Secretary of Agriculture Tom Vilsack has announced a major policy shift for the department to an “all lands” approach to conserving and restoring the big systems of the United States. For example, the Natural Resources Conservation Service recently announced that it would reinvest $89 million of unspent Wetland Reserve Program funds to purchase conservation easements over 26,000 acres of working ranches in the Florida Everglades. The opportunity facing the land trust community is to ensure that these projects are implemented in a manner that builds broad support for this work over the long term.

The third opportunity is passing local and statewide measures to increase funding and tax incentives for conservation. Despite the weak economy and pervasive talk of less government and lower taxes, voters in the 2010 elections passed 83 percent of the ballot initiatives presented nationwide to fund land and water conservation. Overall, 41 of 49 funding measures passed, generating more than $2 billion for land, water, parks, and farmland conservation over the next 20 years (The Trust for Public Land 2010).

The final trend and opportunity for the land trust community is partnering with private capital funders on major land conservation projects. Between 1983 and 2009, more than 43 million acres of forest lands traded hands (Rinehart 2010). New private equity groups, called Timber Investment Management Organizations (TIMOs) and Real Estate Investment Trusts (REITs), picked up 27 million acres of this land in a very short period, and many of these investment groups, including Lyme Timber, Conservation Forestry, Ecosystem Investment Partners, Beartooth Capital Partners, have conservation as part of their business model.

The Question of Scale

An ongoing trend in conservation has been an expanding focus from individual properties to neighborhoods, landscapes, ecosystems, and now networks of ecosystems. For example, landowners in the Blackfoot, Swan Valley, and Rocky Mountain Front have come to realize that the health of their landscapes depends on the health of the larger Crown of the Continent (figure 2).

Surrounding the Bob Marshall Wilderness and Glacier-Waterton International Peace Park, the 10-million-acre Crown is one of the most intact ecosystems in North America. Thanks to a century of public land designations and 35 years of private land protection by local communities, this ecosystem has not lost a single species since European settlement. Landowners and other partners have been reaching across the Crown in a variety of ways to see how they can work together more closely for the good of the whole.

Even in the Crown’s large expanse, the sustainability of its wildlife populations depends on their connections to other populations throughout the Northern Rockies. That even larger network of natural systems can only be realized, however, if critical linkage areas can be sustained. For this reason, land trusts in Wyoming, Idaho, Montana, and Canada have been collaborating through a framework called the Heart of the Rockies to identify common priorities and conservation needs. This level of regional collaboration has resulted in both a new level of conservation and more attention from funders. It has also been pivotal for land trust collaboration around common policy priorities.

Organizing at these larger scales is truly imperative if we are to sustain well-connected natural systems, but it is also important to understand what can be achieved at each scale. Large regional initiatives are important for creating a broad, compelling vision, but not for implementing conservation on the ground. Such large-scale approaches are good at applying science at nature’s scale, creating regional collaboration around common priorities and a forum for exchange on innovative ideas, and bringing greater attention to the area. They also provide an important context for why local work is so significant.

Melanie Parker, a local leader for collaborative conservation efforts in the Swan Valley, cautions: “We need to aggregate our efforts across the larger region to influence policy and to access resources, but anyone who thinks that conservation work can or should be done at the scale of 10 million acres is seriously misguided. This kind of work has to be done at the scale at which people live, work, and understand their landscapes.”

Local people are moved to act by the power of their own place and in their own way. Designing strategies at a large scale is often too abstract for landowners at best, or outright alienating at worse. As in politics, all conservation is local. Likewise, politicians are most responsive to homegrown projects devised and backed by local residents. How large place-based efforts really can be and still hold community cohesion is an important question, but certainly the Blackfoot, Rocky Mountain Front, and Swan Valley are pushing the outer limits. Each is addressing lands at the scale of 0.5 million to 1.5 million acres.

Land trusts can add value to local efforts through regional collaboration. While landowners and local residents often do not have the additional time to participate in these larger initiatives, they want their place and specific issues to be well-represented. Land trusts and conservation organizations can play the very important role of connecting local, place-based groups, but they need to coordinate with those groups and not get out in front of them. In the end, the land trust community could be well served by strengthening its collaborative work, by deepening its engagement in landscape partnerships, and by working at larger scales to achieve conservation success.

Conclusion

After many decades of outstanding work, the more than 1,700 land trusts across the country can use their momentum to conserve the large systems that matter for people and nature. Indeed, this is what communities are asking for and what nature needs to survive. Moving beyond isolated victories to a more interconnected conservation vision is just as important for local sustainable economies and recreational access as it is for wildlife corridors and healthy watersheds. To be successful at this scale requires real collaboration and a reorientation for everyone involved. With the many opportunities currently rising for whole-landscape conservation, the moment is ours to seize.

References

Land Trust Alliance. 2006. 2005 national land trust census. Washington, DC. 30 November.

———. 2011. Accelerating the pace of conservation. www.landtrustalliance.org/policy

Maclean, Norman. 2001 [1976]. A river runs through it and other stories. 25th anniversary edition. Chicago: The University of Chicago Press.

Obama, Barack. 2010. Presidential Memorandum: America’s Great Outdoors, April 16. http://www.whitehouse.gov/the-press-office/presidential-memorandum-americas-great-outdoors

Rinehart, Jim. 2010. U.S. timberland post-recession: Is it the same asset? San Francisco, CA: R&A Investment Forestry. April. www.investmentforestry.com

The Trust for Public Land. 2010. www.landvote.org

Trout Unlimited. 2011. Working together to restore the Blackfoot Watershed. February. www.tu.org

Williams, Jamie. 2011. Large landscape conservation: A view from the field. Working Paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

About the Author

Jamie Williamsis The Nature Conservancy’s director of landscape conservation for North America, based in Boulder, Colorado. He focuses on programs to protect large landscapes through innovative public and private partnerships. He was a Kingsbury Browne Fellow at the Lincoln Institute in 2010–2011. He holds a Master in Environmental Studies from the Yale School of Forestry and Environmental Studies and a B.A. from Yale University.

Excess development entitlements and distressed subdivisions are impairing the quality of life, skewing development patterns and real estate markets, damaging ecosystems, and diminishing fiscal health in communities throughout the U.S. Intermountain West. Since the post-2007 real estate bust, which hit many parts of the region severely, eroding subdivision roads now carve up agricultural lands, and lonely “spec” houses continue to dot many rural and suburban landscapes. Some are vacant, but others are partially occupied and require the delivery of public services to remote neighborhoods that generate very little tax revenue. In jurisdictions where lots could be sold before infrastructure was completed, many people now find themselves owning a parcel in what was supposed to be a high-amenity development but is in fact little more than a paper plat.

These arrested developments—known colloquially as “zombie” subdivisions—are the living dead of the real estate market. Beset by financial or legal challenges, once-promising projects are now afflicting their environs with health and safety hazards, blight, decreased property values, threats to municipal finance, overcommitted natural resources, fragmented development patterns, and other distortions in local real estate markets.

This article presents an overview of the economic context that fostered so many excess entitlements in the West and of the local planning and development controls that influence how those market forces play out in a given community. It also describes how three communities in the Intermountain West have redesigned distressed subdivisions in their jurisdictions and how those efforts are facilitating recovery, creating more sustainable growth scenarios, improving property values, and conserving land and wildlife habitat.

The Economic Background that Fostered Excess Development in the West

In the Intermountain West, where land is abundant, and rapid growth is common, it’s not unusual for local governments to grant development entitlements well in advance of market demand for housing. Boom and bust cycles aren’t rare in the region either. The magnitude of the Great Recession, however, amplified the frequency of excess entitlements and exacerbated their harmfulness to surrounding communities. In the Intermountain West alone, millions of vacant lots are entitled. Across a large number of the region’s counties, the rate of vacant subdivision parcels ranges from around 15 percent to two-thirds of all lots (tables 1 and 2).

As the economy continues to recover, will the market correct this surplus of development rights, incentivizing developers to build out distressed subdivisions or to redesign those that do not reflect current market demand? In some locations, yes; in others, it is unlikely. Subdivisions are designed to be near-permanent divisions of land. Although many areas throughout the Intermountain West are rebounding robustly, many subdivisions remain distressed, with expired development assurances, few if any residents, fragmented ownership, partially completed or deteriorating infrastructure improvements, and weak or nonexistent mechanisms to maintain new services. Uncorrected, these arrested developments will continue to debilitate the fiscal health and quality of life in affected areas.

The Complexity of Revising Development Entitlements

Local jurisdictions shape the future of their communities through the entitlement of land, the approval of subdivisions, and the granting of subsequent development permits. These actions result in land use commitments that prove difficult to change in the future, establish development standards, and often commit the community to significant, long-term service costs.

Figure 1 demonstrates that excess entitlements are easiest to address when they’re purely paper subdivisions—with one owner, no improvements, no lots sold, and no houses built. As the status of a subdivision progresses from a paper plat to a partially built development—and more than a few landowners are involved, or the subdivider has begun to install improvements, or more than a few owners have built homes—the challenges grow more complex, and the options for resolving them more constrained.

The revision or revocation of a paper plat requires the agreement of only a single property owner who hasn’t made any major investments that might constrain the ability to alter design plans, allowing for the simplest resolutions (though the situation becomes more complicated if a lender must also approve any changes). The sale of even one lot to an individual landowner makes entitlement issues in the subdivision harder to resolve for three major legal reasons: (1) the need to protect the property rights of lot owners, (2) the need to preserve access to sold lots, and (3) pressure for equal treatment between current and potential future homeowners. Some of these issues can give rise to lawsuits, creating potential liability for the town or county. The revision or revocation of a plat with sold lots will require the agreement of multiple owners—each of whom may decide to file a lawsuit on one or more of these grounds.

Once the developer makes significant investments for infrastructure and other improvements, complications escalate. Although the purchase of land does not in itself create a “vested right” to complete the development, once an owner invests in improvements to serve anticipated houses, it is difficult to stop construction of those homes without reimbursing the developer for the cost of infrastructure.

Completed homes—particularly if a number of them are already occupied—further compound the complexity of resolving distressed subdivisions. Access roads will need to be retained and maintained, even if the homes are widely scattered in inefficient patterns. If the developer committed to building a golf course, park, or other community facilities, individual lot owners could claim a right to those amenities—whether or not they have been built, and whether or not the associations slated to upkeep them exist or have enough members to perform the maintenance. Even if the developer was clearly responsible for constructing the amenities, the local government could become liable for them if it has prevented the developer from building the amenities by vacating parts of the plat where those amenities were to be built.

Larger subdivisions split into several phases at various stages of completion pose the most intricate and extensive challenges. The first phases of construction may be mostly sold lots with most infrastructure in place, but later phases may be mere paper plats—unbuilt, with no lots sold and no improvements in place. Thus, a single distressed subdivision may pose several types of legal entitlement issues, with varying levels of risk and potential liability, in different corners of the development.

How Three Communities Successfully Redesigned Excess Entitlements

Local governments seeking to remedy the potential negative impacts of excess development entitlements and distressed subdivisions have many different land use and zoning measures at their disposal. We identified 48 tools and 12 best practices as a result of our research, which draws on case studies, lessons shared by experts during several workshops, data analysis, and a survey of planners, developers, and landowners in the Intermountain West. (For the scope of preventive and treatment strategies, consult the full Policy Focus Report, Arrested Developments: Combating Zombie Subdivisions and Other Excess Entitlements). Generally, they fall into four categories: economic incentives, purchase of land or development rights, growth management programs, and development regulations:

1. Economic incentives—such as targeted infrastructure investments, fee waivers, and regulatory streamlining—avoid controversial regulations.

2. Purchase of land or development rights is the most direct way to eliminate unwanted development entitlements, but it may be too costly for some communities.

3. Growth management approaches include relying on urban service area boundaries or adequate public facility requirements to limit new development entitlements.

4. Development regulations include rezoning, changes in subdivision ordinances and development assurances, initiation of plat vacating processes, and revised development agreement templates.

The following three case study communities primarily utilized development regulations. Mesa County in Colorado and Teton County in Idaho revised their development agreements to redesign local distressed subdivisions. All three jurisdictions, including the City of Maricopa in Arizona, facilitated voluntary replatting efforts as well.

How Mesa County, Colorado, Revised Its Development Approval Process and Abandoned Paper Plats

During the oil shale boom and bust of the 1980s, Mesa County, Colorado, was one of the regions hit hardest. When ExxonMobil ceased operations in the area, the population of Grand Junction, the county seat, plummeted by 15,000 people overnight. All development halted. In the bust’s wake, more than 400 subdivisions, encompassing about 4,000 lots throughout the county, were abandoned. Nearly 20 percent of Mesa County’s subdivisions were left with unfulfilled development improvement agreements.

When the county’s bond rating dropped in 1988, it put several measures in place to clean up the excess entitlements. It negotiated with local banks and the development community to establish a development improvements agreement form and procedure. It also established a new financial guarantee called the “Subdivision Disbursement Agreement” between construction lenders and the county. The agreement puts the county in a direct partnership with financial institutions to ensure, 1) an agreed-upon construction budget, 2) an established timeline for construction of the improvements, 3) an agreed-upon process, involving field inspections during construction, for releasing loan funds to developers, and 4) the county’s commitment to accept a developer’s improvements, after certain conditions have been met, and to release the developer from the financial security.

It took Mesa County 15 years to fully address the excess entitlements stemming from the 1980s bust, but the work paid off: During the Great Recession, the county had the lowest ratio of vacant subdivision parcels to total subdivision lots among approximately 50 counties examined in the Intermountain West. Not a single developer backed out of a development agreement when only partial improvements were made. While some subdivisions remain vacant, all improvements have been completed to the point that the parcels will be ready for construction once they are sold.

River Canyon (figure 2), for example, was planned as a 38-lot subdivision on 192 acres. When the real estate bubble burst in 2008, the entire site had been lightly graded with roads cut, but no other improvements were complete, and no parcels had been sold. Realizing the lots would not be viable in the near-term, the developer worked with the county to replat the subdivision into one parent lot until the owner is ready to apply for subdivision review again.

The resolution is a win-win: The county escapes a contract with a developer in default and avoids the sale of lots to multiple owners with whom it would be difficult to coordinate construction of subdivision improvements. The developer avoids the cost of installing services and paying taxes on vacant property zoned for residential development.

Now, lenders in Mesa County often encourage the consolidation of platted lots, because many banks will not lend money or extend the time on construction loans without a certain percentage of presales validating the asset as a solid investment. The landowner generally complies as well, to avoid paying taxes on vacant residential property, which carries the second highest tax rate in Colorado. If market demand picks up, property owners may submit the same subdivision plans to the county for review, to ensure compliance with current regulations. If the plans still comply, the developer can proceed from that point in the subdivision process. Mesa County consolidated parcels this way a total of seven times from 2008 to 2012, to eliminate lots where no residential construction is anticipated in the near future.

How Maricopa, Arizona, Partnered to Convert Distressed Parcels to Nonresidential Uses

Maricopa—incorporated in 2003, in the early years of Arizona’s real estate boom—is typical of many new exurban communities within growing metropolitan regions. Faced with an influx of new residents “driving until they qualified,” the community quickly committed the majority of available land to residential subdivision entitlements. At the height of the boom, the small city—37 miles from downtown Phoenix and 20 miles from the urbanizing edge of the Phoenix metro area—was issuing roughly 600 residential building permits per month.

Pinal County had approved many of Maricopa’s residential subdivisions before the city was incorporated, in accordance with the county’s 1967 zoning code. In fact, following standard practice for newly incorporated communities, the city initially adopted the Pinal County Zoning Ordinance. For a time, the county planning and zoning commission also continued to serve as the city’s planning oversight body. But this older rural county code did not consider or create incentives for mixed-use development, areas with a downtown character, a balance between jobs and housing, institutional uses, or social services. The lack of diversity resulted in a shortage of retail and service use areas and a scarcity of designated areas for nonprofits such as churches, private schools, daycare, counseling, and health services. As new residents looked for public services and local jobs, this dearth of land for employment and public facilities became increasingly problematic.

When the Great Recession hit and the housing bust occurred, supply overran demand for residential lots, and many became distressed. Maricopa faced this challenge and seized the opportunity to reexamine its growth patterns and address the multiple distressed subdivisions plaguing the community.

The city chose to partner with the private sector—including developers, banks, bonding agencies, and other government agencies—to address distressed subdivisions and the lack of institutional and public land uses. The first test of this new approach began when a Catholic congregation was looking for a church site in an urban location with existing sewage, water, and other necessary infrastructure. The City of Maricopa served as a facilitator to connect the church with the developers of Glennwilde, a partially built, distressed development. The church chose a site in a late phase of the subdivision—at that point still a paper plat. The city vacated the plat for that site and returned it to one large parcel, which the Glennwilde developer then sold to the church.

Construction has not yet begun, but the project has served as a model for other arrested developments. The collaborative effort among the city, owners of currently distressed subdivisions, and other interested parties has also inspired approved proposals for a Church of Latter Day Saints stake center, a civic center, a regional park, and a multigenerational facility throughout the city.

How Teton County, Idaho, Demanded Plat Redesign, Vacation, or Replatting

Rural, unincorporated Teton County, Idaho—with an estimated year-round population of 10,170—has a total of 9,031 platted lots, and 6,778 are vacant. Even if the county’s annual growth rate returned to 6 percent, where it hovered between 2000 and 2008, this inventory of lots reflects a stockpile adequate to accommodate growth for approximately the next 70 years. This extreme surplus of entitlements —with three vacant entitled lots for every developed lot in the county—stems from three poor decisions the board of commissioners made from 2003 to 2005.

First, the county adopted a quick and easy process for landowners to request the right to up-zone their properties from 20-acre lots to 2.5-acre lots. None of these zone changes were granted in tandem with a concurrent development proposal; virtually all were granted for future speculative development. It was not uncommon for the county to up-zone hundreds of acres in a single night of public hearings; the agenda for one meeting could include up to ten subdivision applications.

Second, the county’s Guide for Development 2004–2010 called for aggressive growth, with a focus on residential construction to drive economic development. The goals and objectives, however, were vague, and the plan failed to specify the type and location of projects. Discredited by the community, the document was ultimately ignored during the approvals process and fostered explosive, random development, resulting in six years of land use decisions made without any coherent strategy.

Third, the Board of County Commissioners adopted a Planned United Development (PUD) ordinance with density bonuses in 2005. Under the PUD cluster development provisions, developers could exceed the underlying zoning entitlements by as much as 1,900 percent. Typical PUD density bonuses for good design range between 10 and 20 percent. Now areas with a central water system that were zoned for 20-acre zoning—with 5 units per 100 acres—could be entitled with up to 100 units. In addition, Teton County’s PUD and subdivision regulations allowed the sale of lots before infrastructure installment, which provided a huge incentive for speculative development.

After the 2008 market crash, some owners of incomplete developments began looking for ways to restructure their distressed subdivisions. In 2010, Targhee Hill Estates approached the county with a proposal to replat their partially built resort (figure 3). At the time, however, there was no local ordinance, state statute, or legal process that would permit the replatting of an expired development.

The Teton County Valley Advocates for Responsible Development (VARD) stepped in and petitioned the county to create a process to encourage the redesign of distressed subdivisions and facilitate replatting. VARD realized that a plat redesign could reduce intrusion into sensitive natural areas of the county, reduce governmental costs associated with scattered development, and potentially reduce the number of vacant lots by working with landowners and developers to expedite changes to recorded plats.

On November 22, 2010, the Board of County Commissioners unanimously adopted a replatting ordinance that would allow the inexpensive and quick replatting of subdivisions, PUDs, and recorded development agreements. The ordinance created a solution-oriented process that allows Teton County to work with developers, landowners, lenders, and other stakeholders to untangle complicated projects with multiple ownership interests and oftentimes millions of dollars in infrastructure.

The ordinance first classifies the extent of any changes proposed by a replat into four categories: 1) major increase in scale and impact, 2) minor increase in scale and impact, 3) major decrease in scale and impact, 4) minor decrease in scale and impact. Any increases in impact may require additional public hearings and studies, whereas these requirements and agency review are waived (where possible) for decreases in impact. In addition, the ordinance waives the unnecessary duplication of studies and analyses that may have been required as part of the initial plat application and approval. Teton County also waived its fees for processing replat applications.

The first success story was the replatting of Canyon Creek Ranch Planned Unit Development, finalized in June 2013. More than 23 miles from city services, Canyon Creek Ranch was originally approved in 2009 as a 350-lot ranch-style resort on roughly 2,700 acres including approximately 25 commercial lots, a horse arena, and a lodge. After extensive negotiations between the Canyon Creek development team and the Teton County Planning Commission staff, the developer proposed a replat that dramatically scaled back the footprint and impact of this project to include only 21 lots over the 2,700 acre property. For the developer, this new design reduces the price tag for infrastructure by 97 percent, from $24 million to roughly $800,000, enabling the property to remain in the conservation reserve program and creating a source of revenue on it while reducing the property tax liability. The reduced scale and impact of this new design will help preserve this critical habitat and maintain the rural landscape, which is a public benefit to the general community.

Conclusion

While recovery from the most recent boom and bust cycle is nearly complete in some areas of the country, other communities will be impacted by vacant lots and distressed subdivisions well into the future. Future real estate booms will also inevitably result in new busts, and vulnerable communities can build a solid foundation of policies, laws, and programs now to minimize new problems stemming from the excess entitlement of land. Communities and others involved in real estate development would be well-served by ensuring they have mechanisms in place to adapt and adjust to evolving market conditions. For jurisdictions already struggling with distressed subdivisions, a willingness to reconsider past approvals and projects and to acknowledge problems is an essential ingredient to success. Communities that are able to serve as effective facilitators as well as regulators, as demonstrated in the case studies presented here, will be best prepared to prevent and then respond and treat distressed subdivisions and any problems that may arise from excess development entitlements.

For More Tools and Recommendations

This article was adapted from a new Policy Focus Report from the Lincoln Institute, Arrested Developments: Combating Zombie Subdivisions and Other Excess Entitlements, by Jim Holway with Don Elliott and Anna Trentadue. For more detailed information—including best practices, policy recommendations, and a how-to guide for communities dealing with excess entitlements—download the full Policy Focus Report or order a print copy. Additional information is available on the companion website (www.ReshapingDevelopment.org).

About the Authors

Jim Holway, Ph.D., FAICP, directs Western Lands and Communities at the Sonoran Institute in Phoenix, Arizona. He also is a local elected official, representing Maricopa County on the Central Arizona Water Conservation District.

Don Elliott, FAICP, is a land use lawyer, city planner, and the director of Clarion Associates in Denver, Colorado.

Anna Trentadue is the staff attorney for Valley Advocates for Responsible Development in Driggs, Idaho.

Resources

Burger, Bruce and Randy Carpenter. 2010. Rural Real Estate Markets and Conservation Development in the Intermountain West. Working paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Elliott, Don. 2010. Premature Subdivisions and What to Do About Them. Working paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Preston, Gabe. 2010. The Fiscal Impacts of Development on Vacant Rural Subdivision Lots in Teton County, Idaho. Fiscal impact study. Teton County, ID: Sonoran Institute.

Sonoran Institute. Reshaping Development Patterns. PFR companion website www.ReshapingDevelopment.org

Sonoran Institute. Successful Communities On-Line Toolkit information exchange. www.SCOTie.org

Trentadue, Anna. 2012. Addressing Excess Development Entitlements: Lessons Learned In Teton County, ID. Working paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Trentadue, Anna and Chris Lundberg. 2011. Subdivision in the Intermountain West: A Review and Analysis of State Enabling Authority, Case Law, and Potential Tools for Dealing with Zombie Subdivisions and Obsolete Development Entitlements in Arizona, Colorado, Idaho, Montana, New Mexico, Nevada, Utah, and Wyoming. Working paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Valley Advocates for Responsible Development. www.tetonvalleyadvocates.org

It is not surprising that proposals for land value taxation (LVT) should elicit strong reactions in public debate. Land, taxes and information are a combustible combination, but they are critical to our political system. Without land we cannot live; without taxes we cannot be governed; without information about land and taxes we are powerless to change the way we are governed. Although Britain has not confronted basic land or tax reform in recent years, there are several signs, outlined below, that this is changing, and such changes can open the way for renewed attention to LVT initiatives.

Increasing Awareness of the Tax Burden

There is now widespread acceptance that Britain taxes jobs and enterprise far too much. In 1997 the European Commission (now known as the European Union) asked its 15 member states to produce employment action plans, including proposals to relieve the burden of taxes on employment. In 1999 British Prime Minister Tony Blair and German Chancellor Gerhardt Schroeder issued a joint statement that said, “. . . overall, the taxation of hard work and enterprise should be reduced.” Britain’s Liberal Democrat Party manifesto in 1998 called for a “major tax shift off people and on to pollution and resources.” Across the political spectrum consensus is building for a shift in the tax burden.

Devolution and Constitutional Reform

The United Kingdom is in the midst of far-reaching constitutional changes involving elections by proportional representation, which almost guarantee coalitions and make continuity of policy more likely. The number of voting hereditary peers in the House of (Land) Lords has been reduced from 400 to fewer than 100. Unlike a century ago, the Lords can no longer block an elected government with a mandate to introduce LVT or other land reforms. Although Britain still has one of the most centralized governments in Europe, Scotland and Wales now have considerable autonomy through their elected Parliament and Assembly.

Northern Ireland also has an elected Assembly, and land policy there is arguably more forward-thinking than on mainland Britain, with integrated ministerial responsibility for maps, land registers and property valuation. By 2007 there will be a fully electronic, map-based comprehensive land register and up-to-date property assessment. Uniquely in the UK, residential areas will be assessed through computer-aided mass assessment (CAMA) techniques imported from the U.S.

Scotland can vary income tax by up to 3 percent and can choose the tax base for its 28 local authorities. There is a much better understanding of LVT in Scotland than elsewhere in the UK, and the Scottish Executive has promised to initiate a thorough study of the economic implications of LVT before the next elections in 2004.

London now has its own devolved regional government, the Greater London Assembly, with an elected mayor, Ken Livingstone, who has become keenly interested in the potential of land values to fund transport infrastructure. The mayor’s transport commissioner, American Bob Kiley, is even more interested and has gone on record saying LVT might have a role, and not just in transport funding. There is currently a lively political battle concerning the London Underground, addressing who pays for investment and who benefits from it, which may provide a context for considering the role of LVT.

In most of the UK, however, local government is still a creature of the central state. Seventy percent of local government revenue comes directly from central grants, and over 90 percent of local expenditure is constrained by directives from the central government.

Advances in Geographic Information Technology

There have been amazing changes in information technology since the last thorough review of local government finance in Britain, in 1975. Then, base map information was held on a quarter of a million glass plates that were only revised on a 10- to 25-year cycle, using manual cartography, steel tapes and parchment paper. Now the entire national mapping system is computerized, using satellites, hand-held field data recorders and Internet map access. The Ordnance Survey MasterMap data structure recognizes land and building parcels and can hold attributes as diverse as height, material of construction, value and ownership. It is updated on a continuous basis and can incorporate pre-build and historic information. In 1975 the map archive occupied a large four-story building; now it fits on just eight CD-ROMs, covering every building and land parcel occupied by 60 million people.

All of these advances could assist the introduction of a tax based on land value, although there are serious institutional problems in getting all agencies that would be involved in LVT to apply the technology fast enough. However, the government has a target of enabling all information-based functions to be delivered electronically by 2005.

Unpopularity of the Uniform Business Rate

The uniformity of taxation in Britain is reflected in the name of the nonresidential property tax: Uniform Business Rate (UBR). At the end of the 1980s, local councils lost the power to fix the rate of the tax, and with it any direct financial connection with their local business communities. The central government at Whitehall decides what each council will collect from its business ratepayers, and how much each council retains, which can be substantially more or less than is collected locally. All that remains is some discretion over businesses exemptions, at the expense of local residents. No wonder that a recent government study showed a deep disdain for local councils among business owners and huge ignorance by both business and councils about their respective roles and problems.

Because this tax is based on occupancy and not on ownership, vacant and underused land largely or wholly escapes taxation. The UBR is regarded as a most regressive tax, accounting for up to one-third of the turnover of the smallest independent traders but only 3 percent of turnover of large multiple stores. My research has found UBR to be extremely unpopular: it penalizes success and fails to compensate for harm done by irresponsible neighbors. So this is another factor in the return of interest in LVT. As others have noted in recent years, the replacement of UBR, in part or totally, with a site-value-based tax would most likely be an extremely effective policy for urban renewal.

Business Improvement Districts

BIDs are coming to Britain after years of use in the U.S. These special districts allow commercial and office sectors to raise funds through property assessments for maintenance and improvement of their neighborhoods. But the only tax currently proposed for BIDs is a supplement to the occupier-based UBR. The business community does not like this idea, and LVT campaigners are now working with others to persuade prospective BID partnerships to consider assessments on owners and also to press for the creation of new tax powers.

LVT supporters propose that if a large majority within the BID support such measures, the BID should be able to compel all owners in the district to pay them; free-riders should not be allowed. The idea, known as “Smart BIDs,” is to support the BIDs with taxes on owners rather than business rates, and perhaps even to reduce the UBR rate within Smart BIDs.

Environmental Concerns

Current interest in LVT in Britain was boosted by an Urban Task Force report and formal support for LVT pilot projects by Friends of the Earth (which has more members in the UK than the Liberal Democrat Party) and the Town & Country Planning Association. These environmental organizations are interested in taxation as a tool for sustainable development, and such concern will only grow in the future. People in Britain will recycle even if it costs them time and money to do so. The same concern for the environment will increase acceptance of LVT when it is understood as a means of keeping towns and cities viable and protecting the countryside.

Practical Administrative Considerations

Two surveys of the town of Whitstable by Hector Wilks in 1963 and 1973 support the view that LVT presents fewer assessment difficulties than do traditional rating systems. Recent advances in computerized assessment systems make LVT more feasible than ever before. My own preliminary studies of other countries that use computerized assessments, especially Denmark and Australia, show that the overall cost of property tax administration is far lower there.

Denmark’s property tax, with annual revaluations, costs 20 percent less per property than Britain’s. When I visited Denmark last year, I found an extremely efficient property tax system tapping into land values in a modest way. Tax administrators told me that, aside from the environmental benefits of the tax, the greatest interest came from Treasury officials concerned about the growth of offshore tax havens. They are attracted to LVT because it costs very little to administer and there is virtually no possibility of avoidance or evasion.

If a British government were inclined to switch to LVT, it would not find any insuperable problems within our highly intelligent and incorruptible valuation profession. We have a professional, politically independent agency for conducting property tax assessments and the best national mapping agency in the world. It is simply a matter of exercising political leadership.

The Way Forward

In addition to supporting Smart BID pilot projects, my personal list for projects to help realize the potential of LVT includes:

• updating basic economics courses and making them available on the Web;
• implementing exchange programs between relevant tax professionals in Britain and countries with LVT;
• developing easy-to-use value mapping tools;
• studying the links between planning and LVT;
• comparing compliance costs of LVT and other taxes;
• developing indicators of the economic impact of LVT;
• monitoring public perceptions of land and tax issues over time and across countries; and
• providing more accessible nontechnical publications about LVT. These are.

The subject of tax reform is one of the most important issues of our age and political environment, and after years of neglect LVT is being considered in Britain again. The Lincoln Institute’s sponsorship of work by many LVT thinkers, writers and researchers in Britain and elsewhere has been instrumental in advancing public awareness of and professional appreciation for the potential benefits of LVT.

Tony Vickers recently completed a David C. Lincoln Fellowship in Land Value Taxation at the Lincoln Institute, and this article summarizes his Founder’s Day lecture on the topic in Cambridge, Massachusetts, in June 2002. Vickers is the former CEO of the Henry George Foundation in London, and he is currently pursuing a Ph.D. at the School of Surveying, Kingston University, London.

A well-functioning property tax system could offer many benefits to the nations of sub-Saharan Africa. At a time of decentralization, when local governments are being asked to assume new responsibilities for services and infrastructure in such countries as Sierra Leone, South Africa, and Uganda, a dependable and locally administered source of revenue would greatly benefit local democracy and economic development. It could improve the standard of living in local communities on a continent still grappling with abject poverty and poor governance.

La reciente recesión ha sido reconocida como la peor de que hayamos tenido memoria, y sus efectos todavía se están sintiendo. Lo que no se comprende tan bien es que esta recesión ha sido mucho peor para los gobiernos estatales de lo que se podría inferir por la caída en el producto interno bruto (PIB). Si bien las finanzas de los gobiernos estatales han dejado de desplomarse, siguen estando más cerca del fondo del precipicio que de su cima. Las recaudaciones de impuestos no han recobrado sus niveles previos a la recesión, y la demanda de nuevos ingresos puede llegar a abrumar cualquier mejora provisional en las cobranzas. Aun cuando los estados puedan superar estos desafíos, el camino hacia la recuperación fiscal será largo y lento, con varios y grandes riesgos en la andadura.

Los gobiernos estatales y locales juegan un papel importante en la economía y en nuestra vida cotidiana. Financian más del 90 por ciento de la educación primaria y secundaria, y proporcionan casi toda ella. Las universidades públicas educan a tres cuartos de los estudiantes inscritos en instituciones académicas. Los gobiernos estatales y locales supervisan, diseñan y construyen más del 90 por ciento de la infraestructura pública del país. Financian gran parte de la red de seguridad social de la nación y también implementan gran parte de ella. De hecho, los gobiernos estatales y locales gastan más en la implementación directa de políticas internas que el gobierno federal.

Los servicios financiados y proporcionados por los gobiernos estatales y locales tienden a tener una demanda estable y generalmente creciente. Cuando llega una recesión, no se reduce la cantidad de niños en la escuela o de ancianos en residencias para la tercera edad –dos de las áreas de gasto más importantes para los gobiernos estatales y locales– ni la cantidad de incendios o delitos. Para programas como Medicaid o educación universitaria, por ejemplo, la demanda de los tipos de servicios proporcionados por los gobiernos estatales y locales aumenta precisamente durante las recesiones. A menos que los estados puedan corregir las estructuras de ingresos o desarrollar las reservas adecuadas, la política pública seguirá sufriendo los vaivenes de cada giro de la economía.

La disminución en la recaudación de impuestos estatales

La Gran Recesión que comenzó en diciembre de 2007 fue la recesión más profunda y prolongada desde la Gran Depresión de la década de 1930. La tasa de desempleo subió al 10,1 por ciento y sigue siendo obstinadamente alta, cayendo sólo al 9,1 por ciento después de dos años de recuperación. Las recaudaciones de impuestos estatales se desplomaron, cayendo por cinco trimestres consecutivos desde el último trimestre de 2008 hasta finales de 2009. Las recaudaciones de impuestos cayeron vertiginosamente un 16,8 por ciento en el segundo trimestre de 2009, y en los años siguientes disminuyeron aún más, y más rápidamente, que en cualquier otra recesión habida desde la Segunda Guerra Mundial (figura 1).

La reciente caída en el PIB ha sido significativa en comparación con recesiones pasadas, pero las caídas en el consumo tributable y en los ingresos personales, dos componentes que constituyen la base tributaria de los gobiernos estatales y locales, han sido mucho peores. El consumo tributable cayó alrededor del 11 por ciento, mientras que el PIB cayó alrededor del 5 por ciento. Los componentes tributables de los ingresos personales también cayeron mucho más que la economía en general, y siguen languideciendo más del 5 por ciento por debajo del auge previo a la recesión, lo cual refleja que no ha habido recuperación en el empleo.

Si bien esta ha sido la peor recesión desde la posguerra según los patrones económicos tradicionales, estas formas de medir no cuentan toda la historia. Las ganancias de capital, un componente importante de las bases tributarias de los estados, no forman parte de los ingresos personales en las cuentas económicas de la nación. Estas ganancias han aumentado en importancia y son una de las causas principales de la mayor volatilidad de las finanzas estatales. Las ganancias de capital cayeron más del 55 por ciento, impulsando la caída de la recaudación de impuestos en el trimestre final del año fiscal 2009, cuando se presentaron las declaraciones de impuestos que correspondían al colapso de la bolsa en 2008.

El resultado neto de estas y otras fuerzas fue una enorme disminución en los impuestos estatales sobre los ingresos, las ventas y las corporaciones. La figura 2 ilustra cómo los impuestos anuales sobre los ingresos cayeron más del 15 por ciento cuando se los ajusta por la inflación; los impuestos sobre las ventas cayeron más del 10 por ciento; y los impuestos corporativos cayeron más del 25 por ciento. Los impuestos sobre la propiedad, que son cruciales para los gobiernos locales pero, en general, no son una fuente significativa de ingresos para los estados, permanecieron bastante estables durante todo el período, si bien están comenzando a debilitarse y en algunas partes del país han caído significativamente.

Una lenta recuperación

La recesión terminó en junio de 2009 y la economía se ha estado recuperando lentamente. La recaudación de impuestos estatales creció en cada trimestre del año natural 2010, y el carácter de este crecimiento ha mejorado con el tiempo. En los primeros dos trimestres de 2010, los incrementos en las tasas tributarias compensaron con creces las caídas causadas por la debilidad económica subyacente, pero en los últimos dos trimestres el crecimiento de los ingresos tributarios ha sido impulsado principalmente por una mejoría en la economía. En el cuarto trimestre, los ingresos tributarios crecieron un 7,8 por ciento, pero incluso sin los aumentos en las tasas tributarias hubieran crecido un 7,0 por ciento. Los ingresos tributarios del trimestre de enero a marzo de 2011 crecieron un 9,3 por ciento en comparación con el año anterior, y 21 estados tuvieron un crecimiento mayor del 10 por ciento. Los datos preliminares para el trimestre de abril a junio muestran que las recaudaciones tributarias aumentaron un 11,4 por ciento.

Los ingresos tributarios estatales con inflación ajustada para el país en general en los últimos cuatro trimestres (que finalizan en el primer trimestre del año natural 2011) fueron un 7,7 por ciento menores que el pico alcanzado en 2007. El considerable crecimiento observado en los primeros dos trimestres de 2011 probablemente no se podrá sostener mucho más porque parece haber sido impulsado por las ganancias en la bolsa del año fiscal 2010, inflando las declaraciones de impuestos en el segundo trimestre. Casi con seguridad estas ganancias no se repetirán en 2011.

Además, las turbulencias en los mercados de deuda europeos y la reciente rebaja de la deuda a largo plazo de los Estados Unidos por parte de Standard & Poor’s han contribuido al temor de que se produzca una segunda recesión. Existen señales de que el crecimiento económico será más lento de lo que la mayoría de estados había supuesto en sus presupuestos actuales. Los estados están más cerca del fondo del precipicio que de su cima, y corren el riesgo de volver a caerse. Mientras tanto, hay algunos signos de que los ingresos tributarios de los gobiernos locales también están comenzando a debilitarse.

Si bien los ingresos tributarios están creciendo ahora en la mayoría de los estados en comparación con las bajas tasas de recaudación del año anterior, no han alcanzado todavía los niveles previos a la recesión. Después de ajustarlos a la inflación, los ingresos tributarios para los últimos cuatro trimestres están por debajo del nivel del año natural 2007 en 43 estados, y los ingresos son por lo menos 10 por ciento menores que dicho nivel en 20 de estos estados. Entre los siete estados que muestran un giro positivo en la recaudación de impuestos, sólo Oregón (8,9 por ciento), Delaware (13 por ciento) y Dakota del Norte (62,9 por ciento) muestran niveles superiores al 2 por ciento.

Reacciones de los gobiernos estatales y locales

Los estados que han sufrido una reducción en sus ingresos también han visto subir el costo de sus programas sociales, debido en gran parte a la inscripción en Medicaid, que siempre aumenta después de que los trabajadores desempleados agotan sus prestaciones de seguro de salud. Según la Asociación Nacional de Funcionarios Presupuestarios Estatales (2011, ix), la inscripción en Medicaid aumentó un 8,1 por ciento en el año fiscal 2010, y se estima que aumentará un 5,4 por ciento en el año fiscal 2011; los estados proyectan un incremento adicional del 3,8 por ciento en el año fiscal 2012. Estos y otros tipos de gastos necesarios producen aún más tensiones en las actividades cotidianas de los gobiernos estatales y locales.

Es difícil medir el impacto de los recortes de gastos sobre los programas estatales y locales, pero sí se pueden medir los cambios en el nivel de empleo de los gobiernos estatales y locales. Si bien en el sector privado el empleo cayó significativamente desde el comienzo de la recesión, el empleo en los gobiernos estatales y locales siguió creciendo modestamente durante alrededor de un año y medio. Poco antes de que el empleo en el sector privado alcanzara su nadir, el empleo en los gobiernos estatales y locales comenzó a disminuir, y han tenido que recortar el empleo de manera agresiva. El nivel de empleo en los gobiernos locales es ahora un 3 por ciento menor que el pico, y el empleo en los gobiernos estatales es alrededor del 2 por ciento menor que el pico.

Los puestos de trabajo en educación en la mayoría de los estados están relacionados principalmente con la educación superior –universidades comunitarias, universidades de licenciatura y universidades con cursos de posgrado– si bien parte de ellos corresponden a la burocracia administrativa de la educación primaria y secundaria, y en algunos estados incluye parte de la fuerza de trabajo de ese sector educativo. El empleo en educación de los gobiernos estatales ha seguido creciendo significativamente durante la recesión y la recuperación, reflejando en parte el aumento en la demanda de educación terciaria que normalmente se produce en las recesiones (figura 3). Cuando es difícil encontrar trabajo, muchas personas deciden aumentar su nivel de destrezas y conocimientos inscribiéndose en un programa educativo o prolongando su estadía en la universidad (Betts y McFarland, 1995).

Mientras tanto, los gobiernos estatales han estado recortando el empleo no relacionado con la educación a pasos acelerados, de tal manera que ha bajado ahora casi un 5 por ciento desde su pico a mediados de 2008, casi comparable con lasituación actual de recuperación leve del empleo en el sector privado. En cada una de las nueve recesiones previas, el empleo no relacionado con la educación en los gobiernos estatales no disminuyó en absoluto o lo hizo en mucha menor medida, como fue el caso, por ejemplo, en la recesión de 2001.

La figura 4 muestra los mismos datos de empleo para los gobiernos locales, que están sufriendo cada vez más por la disminución de los impuestos sobre la propiedad y los recortes de ayuda estatal. El empleo en educación es ahora un 3,5 por ciento menor que el pico producido a finales de 2008, y el sector no relacionado con la educación ha caído un porcentaje similar con respecto al pico. No hay señales de que estos recortes se estén frenando, y hay pocas razones para pensar que vayan a remitir a corto plazo.

Las presiones fiscales continúan

La reciente mejoría de los ingresos tributarios estatales es bienvenida, pero siguen quedando varios desafíos. Los estados tienen problemas fiscales por cuatro razones principales. Primero, los ingresos totales siguen estando muy por debajo de su pico. Segundo, la recesión ha provocado efectos fiscales demorados, aumentando la demanda de muchos servicios gubernamentales, sobre todo Medicaid, otros programas de la red de seguridad, y la educación superior. La recesión también ha creado otras presiones y problemas para los estados al vaciar los fondos de fideicomiso del seguro de desempleo, lo cual puede llevar a imponer impuestos mayores para los seguros de desempleo con el fin de poder pagar los préstamos federales.

Tercero, los ajustes estatales cíclicos no se han completado aún, porque tienen que contabilizar las pérdidas del estímulo federal de más de US$50.000 millones en el año fiscal 2011–12 y el vencimiento de las medidas temporales de aumento de ingresos que se promulgaron en respuesta a la recesión. Cuarto, aun después de que este ciclo se estabilice por completo, los estados tendrán que enfrentarse con grandes aumentos en contribuciones de pensiones y pagos para la salud de los jubilados –una presión que probablemente se irá acumulando en los años venideros por varias razones como el aumento en la cantidad de jubilados debido al envejecimiento de la fuerza de trabajo; la probabilidad de que los costos de salud aumenten más rápidamente que la economía en general (Keehan et al. 2011); y, en el caso de algunos sistemas de pensiones y la mayoría de los planes de salud para jubilados, muchos años de subfinanciamiento crónico.

Los estados financian estos servicios con fuentes de ingresos inestables, y los ingresos tributarios se han hecho mucho menos confiables en las últimas dos décadas, reflejando en gran parte la participación cada vez mayor de los impuestos volátiles sobre la ganancia de capital. A menos que los estados puedan ampliar sus bases tributarias para que sus estructuras de ingresos sean menos volátiles, o desarrollar reservas adecuadas, la política pública seguirá sufriendo los vaivenes de cada giro en la economía.

Sobre El Autor

Donald Boyd es el director ejecutivo del Comité de Tareas Nacional sobre la Crisis en los Presupuestos Estatales, cuyos presidentes son el expresidente de la Junta de la Reserva Federal, Paul Volcker, y el exvicegobernador de Nueva York, Richard Ravitch. Boyd se encuentra actualmente bajo licencia de sus responsabilidades como senior fellow en el Instituto de Gobierno Rockefeller, donde realiza investigaciones sobre temas fiscales de los gobiernos estatales y locales.

Referencias

Betts, Julian R., and Laurel L. McFarland. 1995. Safe port in a storm: The impact of labor market conditions on community college enrollments. Journal of Human Resources 30(4):741–765.

Boyd, Donald. 2011. Recession, recovery, and state and local finances. Working Paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Keehan, Sean P., Andrea M. Sisko, Christopher J. Truffer, John A. Poisal, Gigi A. Cuckler, Andrew J. Madison, Joseph M. Lizonitz, and Sheila D. Smith. 2011. National health spending projections through 2020: Economic recovery and reform drive faster spending growth. Health Affairs 30(8): 1594–1605.

National Association of State Budget Officers. 2011. The fiscal survey of states. Washington, DC. http://nasbo.org/Publications/FiscalSurvey/ tabid/65/Default.aspx

Nueva colaboración editorial: El impuesto sobre la propiedad y el financiamiento de la educación primaria y secundaria—Un número especial de Education Finance and Policy (Finanzas y política educativa)

Daphne A. Kenyon y Andrew Reschovsky

Consecuencia de la gran recesión, el financiamiento del sistema de educación primaria y secundaria pública en los Estados Unidos ha sido particularmente problemática, dado la estrecha relación entre las finanzas escolares y el tributo sobre la propiedad. A lo largo del país, la caída abrupta de los precios de las viviendas que dieron lugar a la recesión también redujo la recaudación del impuesto sobre la propiedad. Más del 80 por ciento de los ingresos de las escuelas públicas provienen del impuesto local sobre la propiedad (McGuire, Papke y Reschovsky 2015) y casi la mitad del total recaudado por ese concepto en los Estados Unidos se usa para financiar la educación pública primaria y secundaria (Oficina del Censo de los EE.UU. 2014, Oficina del Censo de los EE.UU. 2013).

Para fomentar nuevas investigaciones sobre estos temas, el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo organizó una conferencia sobre “Impuesto sobre la propiedad y el financiamiento de la educación primaria y secundaria” en Cambridge, MA, EE.UU., en octubre de 2013. El número de otoño de 2014 de Education Finance and Policy (Finanzas y política educativa) contiene cinco ponencias de la conferencia, junto con dos trabajos adicionales presentados como parte de la convocatoria para la publicación de este número especial, que fueron sometidos a un proceso de revisión por parte de los colegas de la revista. Nosotros cumplimos la función de editores invitados, trabajando en estrecha colaboración con los editores de la publicación, Thomas A. Downes y Dan Goldhaber. Gracias al financiamiento del Instituto Lincoln, este número especial se puede descargar gratis hasta enero de 2016 en el sitio web de la Asociación de Finanzas y Política Educativa (www.aefpweb.org/journal/free-fall-2014).

Desafíos para financiar la educación primaria y secundaria

Usando los datos de recaudación de fondos del Centro Nacional de Estadísticas Educativas (2014), determinamos que los ingresos totales dedicados a la educación pública, medidos en términos reales por alumno, cayeron un 6,2 por ciento desde septiembre de 2008 a junio de 2012. Aunque todavía no hay cifras totales disponibles para los años más recientes, los datos existentes apuntan a una disminución sostenida en el apoyo financiero a la educación pública. Los datos del Resumen trimestral de ingresos tributarios estatales y locales de la Oficina del Censo de los EE.UU. señalan que los ingresos reales per cápita por el impuesto sobre la propiedad de los gobiernos locales (tanto para fines escolares como no escolares) fueron 2,7 por ciento menores al finalizar el año fiscal 2014 que al final del año fiscal 2011. Y una encuesta realizada por el Centro de Prioridades Políticas y Presupuestarias concluyó que, por lo menos en 35 estados, la ayuda estudiantil estatal real por estudiante fue menor en el año fiscal 2014 que en el año fiscal 2008 (Leachman y Mai 2014).

Muchos distritos escolares del país respondieron a la reducción de ingresos despidiendo a empleados. De hecho, la Oficina de Estadísticas Laborales de los EE.UU. (2013) reporta que entre el pico de empleo en junio de 2009 y el valle en octubre de 2012, el empleo en educación por parte de los gobiernos locales se redujo en 357.400 puestos, lo cual corresponde a una disminución del 4,4 por ciento. En este mismo periodo, la inscripción en la escuela pública creció un 0,9 por ciento (Centro Nacional de Estadísticas Educativas, 2013).

Las proyecciones actuales pronostican un incremento significativo tanto en la inscripción de primaria y de secundaria como en el costo por alumno. El Centro Nacional de Estadísticas Educativas (NCES 2013) proyecta que los gastos por alumno aumentarán de un promedio de US$10.518 en el año escolar 2009–10 a US$12.530 en 2021–22. El NCES también proyecta aumentos sustanciales en la inscripción en la escuela pública, si bien las proyecciones de crecimiento en estados específicos varían, y en general son mucho mayores en los estados del sur y el oeste (8,9 por ciento y 12,7 por ciento respectivamente entre 2010 y 2021) que en el noreste y el medio oeste (2,2 por ciento y 2,4 por ciento). Si bien las políticas y prioridades públicas pueden cambiar dependiendo de las políticas actuales y las proyecciones de recaudación, es poco probable que la recaudación para el sostenimiento de la educación pública crezca con la suficiente rapidez como para ajustarse al crecimiento proyectado en la inscripción estudiantil y los costos.

Los datos nacionales indican que en 2011–12, el 10 por ciento de los ingresos totales de educación pública provinieron del gobierno federal, y el resto se repartió por igual entre fuentes de financiamiento estatal y local (Oficina del Censo de los EE.UU. 2014). Los programas del gobierno federal de apoyo a la educación se clasifican como gastos discrecionales domésticos. Si bien el Congreso ha hecho poco a la fecha para controlar el crecimiento de los gastos en programas de ayuda social, ha impuesto límites estrictos sobre el crecimiento de los gastos discrecionales internos por medio de la Ley de Control Presupuestario de 2011 y el acuerdo presupuestario del Congreso para el año fiscal 2014. La Oficina Presupuestaria del Congreso (2013) pronostica que los gastos discrecionales internos disminuirán, en proporción al PIB, por lo menos hasta 2023. Dados los límites impuestos a los gastos totales, junto con la competencia de otras necesidades internas urgentes, es probable que se produzcan reducciones en el apoyo educativo federal por alumno.

Los sistemas de financiamiento escolar varían mucho entre un estado y otro, y las tendencias futuras en el apoyo estatal para la educación pública también variarán mucho entre estados. No obstante, muchos gobiernos estatales tienen problemas estructurales que a la larga probablemente limiten el financiamiento estatal de la educación pública en el futuro. Por el lado de los ingresos, muchos estados tienen bases impositivas reducidas sobre las ventas, que excluyen muchos servicios y, en consecuencia, no crecen en forma proporcional a la economía. Los problemas de ingreso se ven agravados por la imposibilidad de los estados para cobrar impuestos sobre las ventas por Internet y por correo. En el último par de años, una serie de estados han adoptado recortes en los impuestos individuales sobre las ganancias. Estos recortes de impuestos en general han sido promulgados sin un aumento compensatorio en los ingresos, o se han financiado usando ingresos de superávits no recurrentes del presupuesto estatal.

Por el lado de los gastos, el financiamiento de la educación primaria y secundaria compite con otras prioridades. En muchos estados, los gastos de Medicaid (seguro de salud para las personas sin recursos) crecerán más rápido que los ingresos tributarios estatales, una tendencia agudizada en parte por el envejecimiento de la población. Muchos estados también están enfrentando un considerable y creciente pasivo de pensiones sin dotación financiera. Para liquidar estas obligaciones sin fondos hará falta sin duda aumentar las contribuciones para las pensiones del gobierno estatal. Aun cuando las encuestas indican que los votantes están a favor de un aumento del gasto en educación más que en otras áreas, las obligaciones crecientes en Medicaid y pensiones de los estados pueden reducir los gastos en educación primaria y secundaria, a menos que los gobiernos estatales tomen decisiones políticas difíciles para aumentar los impuestos (Pew Research 2011).

Con esta perspectiva de reducción en el financiamiento de los gobiernos federal y estatal, es probable que los distritos escolares locales jueguen un papel cada vez más importante en el financiamiento de la educación pública. El incremento del financiamiento del gobierno local para la educación pública exigirá que se tome el paso políticamente difícil de aumentar los impuestos sobre la propiedad o, si esto fuera imposible, el desarrollo y adopción amplia de fuentes alternativas de ingresos para el gobierno local. Ninguna de las estrategias será fácil de implementar.

Este sombrío panorama de las perspectivas de financiación de la educación pública da lugar a una serie de preguntas de investigación. Por ejemplo: ¿Pueden los gobiernos estatales adoptar políticas para que el impuesto sobre la propiedad sea más aceptable políticamente? ¿Qué papel pueden jugar las fuentes alternativas de ingreso local en el financiamiento de la educación pública? ¿Puede incrementarse este papel? ¿Es posible diseñar sistemas estatales de ayuda a la educación que se traduzcan en un flujo más estable de ayuda estatal durante los momentos de recesión económica? ¿Se puede aumentar la efectividad de las políticas estatales para proporcionar alivio tributario en el impuesto sobre la propiedad? ¿Se pueden reformar los sistemas de ayuda estatal para aumentar las oportunidades educativas de todos los estudiantes? El impuesto sobre la propiedad y el financiamiento de la educación primaria y secundaria considera esta y otras cuestiones.

Conclusión

En este número especial hay tres temas centrales que emergen. El primero es la posibilidad de que la legislación estatal tenga consecuencias imprevistas. Eom et al. concluyen que el programa de descuentos al impuesto sobre la propiedad (STAR, por su sigla en inglés) de Nueva York induce a los votantes a aumentar el gasto escolar y aumentar los impuestos sobre la propiedad, reduciendo así la efectividad de la reducción fiscal prevista. Jeffrey Zabel concluyó que las exenciones fiscales sobre la propiedad en Massachusetts han causado un aumento de la segregación racial. Y Phuong Nguyen-Hoang determinó que el uso de recuperación de plusvalías en Iowa condujo a reducciones modestas en los gastos de educación.

El segundo tema es la posibilidad de que el financiamiento escolar estatal y las políticas de impuestos sobre la propiedad proporcionen mayores ventajas para los distritos escolares ricos o con mayores ingresos que para los de bajos recursos o con menores ingresos. En algunos casos, el sesgo hacia la riqueza es una característica explícita del programa. Por ejemplo, el factor de ajuste del diferencial del precio de venta del programa STAR desvía una cantidad desproporcionada del descuento al impuesto sobre la propiedad a los distritos escolares más ricos. En forma similar, el sistema de ayuda estatal de Michigan envía alrededor del 7 por ciento más de ayuda estatal por alumno a los distritos más ricos. En otros casos, el sesgo hacia distritos más ricos se manifiesta de maneras más indirectas. Chakrabarti et al. determinaron que los distritos escolares ricos tenían mayor probabilidad de aumentar los ingresos por el impuesto sobre la propiedad como reacción a los recortes en la ayuda estatal. Zabel notó que las comunidades de ingresos más altos tenían una mayor probabilidad de aprobar exenciones a los límites de aumento del impuesto. Nguyen-Hoang estableció que las medidas de recuperación de plusvalías tienen un efecto negativo mayor sobre los gastos escolares en distritos de bajos ingresos o escasos recursos que en los distritos de altos ingresos o gran riqueza. Finalmente, Nelson y Gazley encuentran que los distritos acomodados tienen una mayor probabilidad de recibir ingresos de organizaciones sin fines de lucro que respaldan las escuelas, y que sus contribuciones por alumno tienden a ser mayores.

Un tercer tema es la importancia sostenida del impuesto sobre la propiedad como fuente de financiamiento de la educación pública en los Estados Unidos. Los artículos de Nelson y Gazley, y de Downes y Killeen, demuestran que los ingresos no tributarios juegan un papel relativamente pequeño en el financiamiento de las escuelas públicas. Y no hay ninguna evidencia que demuestre que la proporción de ingresos obtenidos de las tasas y cargos a los estudiantes, organizaciones sin fines de lucro que dan apoyo a escuelas, o de ingresos no tributarios varios haya aumentado durante o después de la Gran Recesión.

Estas conclusiones sugieren que para garantizar suficiente financiamiento para la educación pública en el futuro, se deben hacer esfuerzos para que el impuesto sobre la propiedad sea una fuente más atractiva de ingresos. Estas mejoras del impuesto sobre la propiedad podrían incluir la expansión de programas de descuentos tributarios bien dirigidos y diseñados, como por ejemplo la adopción de “fusibles”, programas de postergación del impuesto sobre la propiedad para contribuyentes que tienen una carga tributaria pesada o sufren un incremento muy rápido en sus facturas de cobro de impuestos sobre la propiedad, y mejoras en la administración tributaria que se concentren en una mayor transparencia.

Dada la gran diversidad en el financiamiento escolar y los sistemas de impuestos sobre la propiedad en los EE.UU. y los problemas fiscales que se avecinan, los artículos de este número especial no pueden cubrir la gama completa de políticas necesarias que aseguren un financiamiento adecuado y equitativo de la educación pública. No obstante, esperamos que estos artículos constituyan un motivo de reflexión tanto para los dirigentes políticos como los investigadores, y que también inspiren investigaciones adicionales sobre la tributación de la propiedad y el financiamiento escolar.

Índice

Introduction to Special Issue on the Property Tax and the Financing of K–12 Education
(Introducción al número especial sobre el impuesto a la propiedad y el financiamiento de la educación primaria y secundaria)
Daphne A. Kenyon y Andrew Reschovsky

Did Cuts in State Aid During the Great Recession Lead to Changes in Local Property Taxes?
(Los recortes en la ayuda estatal durante la Gran Recesión, ¿produjeron cambios en los impuestos locales sobre la propiedad?)
Rajashri Chakrabarti, Max Livingston y Joydeep Roy

Michigan and Ohio K–12 Educational Finance Systems: Equality and Efficiency
(Sistemas de financiamiento de la educación primaria y secundaria en Michigan y Ohio: Equidad y eficiencia)
Michael Conlin y Paul Thompson

The Unintended Consequences of Property Tax Relief: New York’s STAR Program
(Las consecuencias imprevistas de descuentos en el impuesto sobre la propiedad: El programa STAR de Nueva York)
Tae Ho Eom, William Duncombe, Phuong Nguyen-Hoang y John Yinger

Unintended Consequences: The Impact of Proposition 2½ Overrides on School Segregation in Massachusetts
(Consecuencias imprevistas: El impacto de las exenciones a la Propuesta 2½ sobre la segregación escolar en Massachusetts)
Jeffrey Zabel

Tax Increment Finance and Education Expenditures: The Case of Iowa
(Financiamiento por aumento de impuestos y gastos educativos: El caso de Iowa)
Phuong Nguyen-Hoang

The Rise of School-Supporting Nonprofits
(El ascenso de organizaciones sin fines de lucro que respaldan escuelas)
Ashlyn Aiko Nelson y Beth Gazley

So Slow to Change: The Limited Growth of Non-Tax Revenues in Public Education Finance, 1991–2010
(Un cambio muy lento: El crecimiento limitado de los ingresos no tributarios para el financiamiento de la educación pública, 1991–2010)
Thomas Downes y Kieran M. Killeen

Sobre los autores

Daphne A. Kenyon, Ph.D., es economista y fellow del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, y socio fundador de D. A. Kenyon & Associates.

Andrew Reschovsky, Ph.D., es fellow del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo y profesor emérito de la Universidad de Wisconsin-Madison.

Referencias

Congressional Budget Office. 2013. Updated Budget Projections: Fiscal Years 2013 to 2023. Washington, DC (May). www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/44172-Baseline2.pdf.

Leachman, Michael y Chris Mai. 2014. “Most States Funding Schools Less Than Before the Recession,” Washington, DC: Center on Budget and Policy Priorities, actualizado 12 de septiembre. www.cbpp.org/cms/index.cfm?fa=view&id=4011.

McGuire, Therese J., Leslie E. Papke y Andrew Reschovsky. 2015. “Local Funding of Schools: The Property Tax and Its Alternatives,” chapter 22 in Handbook of Research on Education Finance and Policy, revised edition, edited by Helen F. Ladd y Margaret Goertz, Routledge, 376–391.

National Center for Education Statistics (NCES). 2014. “National Public Education Financial Survey Data,” School Year 2010–11. http://nces.ed.gov/ccd/stfis.asp.

National Center for Education Statistics (NCES). 2013. “Projections of Education Statistics to 2021.” http://nces.ed.gov/programs/projections/projections2021/index.asp.

Pew Research. 2011. “Fewer Want Spending to Grow, But Most Cuts Remain Unpopular.” Center for People and the Press. 10 de febrero. www.people-press.org/2011/02/10/fewer-want-spending-to-grow-but-most-cuts-remain-unpopular.

U.S. Bureau of Labor Statistics. 2013. Table B-1a: Employees on Non-Farm Payrolls by Industry Sector and Selected Industry Detail, Seasonally Adjusted. Current Employment Statistics, Establishment Data. www.bls.gov/web/empsit/ceseeb1a.htm.

U.S. Census Bureau. 2013. 2011 Annual Survey of State and Local Government Finance, State and Local Government Data. www.census.gov/govs/local/.

U.S. Census Bureau. 2014. 2012 Data, Public Elementary-Secondary Education Finance Data. www.census.gov/govs/school/.