Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 7 del CD-ROM Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

La informalidad desenfrenada, tan emblemática de las grandes ciudades de países en vías de desarrollo, plantea muchos retos a los sistemas de tributación inmobiliaria. Por ejemplo, los derechos de tenencia en asentamientos informales a menudo están poco claros o incluso son desconocidos; se construyen edificios gradualmente con el tiempo, la construcción por cuenta propia es común, y es posible que la unidad completa no se termine nunca; el valor de la propiedad depende de factores poco claros o intangibles como la seguridad proporcionada por organizaciones comunitarias; el ocupante o incluso el propietario legal puede ser demasiado pobre para pagar impuestos; los costos administrativos de recaudación de impuestos son mayores que en las áreas formales, mientras que los valores evaluados son a menudo mucho menores; y apenas si hay inversiones públicas en infraestructura y servicios.

Estas características críticas de la vivienda informal parecen violar muchas de las premisas en que se basa la administración de un sistema de tributos inmobiliarios: identificación de propiedades imponibles y sus contribuyentes correspondientes; descripción de las características físicas de la propiedad; determinación de los valores de la propiedad según un mercado razonable y de acuerdo con medidas predecibles; la supuesta capacidad de pago del contribuyente; costos de recaudación que son relativamente bajos en comparación con los ingresos recaudados; y una expectativa de que los ingresos tributarios beneficiarían al área de donde se recaudaron los tributos.

Esta comparación describe la esencia del sentido común sobre ocupaciones informales y las razones por las que generalmente se omiten para fines tributarios, pero los conceptos erróneos y los prejuicios son evidentes. Este artículo examina algunos de los sesgos y sus consecuencias para la recaudación de impuestos inmobiliarios en áreas informales. La situación latinoamericana se usa para ilustrar este debate, pero este estudio sigue siendo exploratorio debido a la limitación de datos. Los argumentos que se tratan indican direcciones prometedoras para efectuar análisis adicionales, más que resultados concluyentes en la mayoría de los casos.

Ocupaciones informales

En la ocupación del suelo y en la vivienda, la informalidad es un fenómeno multidimensional que comprende asuntos espinosos relacionados con la tenencia de tierras: el incumplimiento de normas y reglamentos urbanos, como el tamaño mínimo de las parcelas, adjudicación de suelo para espacios públicos, y disposiciones de calles; provisión inadecuada de servicios públicos y equipamiento; y ocupación de áreas indebidas, como áreas medioambientalmente protegidas o de riesgo ecológico, y sitios industriales contaminados.

Los asentamientos informales originados por invasión de tierras es la primera imagen de informalidad que se nos viene a la cabeza, pero hay otras formas sociales y físicas de informalidad que van desde subdivisiones piratas, caracterizadas normalmente por ventas en el mercado de suelo sin un título definido, hasta situaciones donde incluso los propietarios legalmente capacitados con título de propiedad para sus tierras no se ajustan a las normas y reglamentos urbanos existentes.

Según las Naciones Unidas – Hábitat (2003), unos 928 millones de personas (el 32 por ciento de la población urbana mundial o el 43 por ciento de la población de países en desarrollo) viven en la actualidad en asentamientos informales con una infraestructura urbana precaria y servicios públicos inadecuados. Si siguen las tendencias y políticas actuales, el informe estima que la población de los asentamientos informales aumentará en 37 millones por año hasta alcanzar un total de 1.500 millones de habitantes en 2020. Aunque América Latina cuenta con el 9 por ciento de la población mundial, incluye aproximadamente el 14 por ciento de los que viven en asentamientos informales.

¿Por qué es la informalidad un problema?

La informalidad desorganiza el funcionamiento de los mercados inmobiliarios urbanos, ya que los operadores ilegales, irregulares y clandestinos pueden obtener mayores beneficios evitando algunos costos, como los impuestos, el costo de proteger el suelo contra las invasiones o el costo de proporcionar infraestructura y servicios urbanos básicos. Contrariamente a lo que se cree, los precios del suelo por metro cuadrado en asentamientos informales son a menudo mayores que los de áreas formales, una vez que se descuentan las inversiones relacionadas con el suministro de agua, electricidad, drenaje, alcantarillado y otros servicios.

Además, la informalidad es costosa para la sociedad. Los costos de políticas de remedio para mejorar los asentamientos irregulares son mayores que el costo de una nueva urbanización, y los costos sociales indirectos incluyen la presencia de actividad delictiva y catástrofes naturales causadas por la urbanización en áreas ambientalmente sensibles. La evidencia sugiere también que la informalidad es tanto causa como efecto de la pobreza urbana. La distribución geográfica de la pobreza tiende a superponerse con la pauta espacial de configuraciones informales, aunque la magnitud y la persistencia de la informalidad no pueden ser explicadas totalmente por la pobreza. En un estudio llevado a cabo por el Instituto Pereira Passos (2002) basado en el censo brasileño de 2000, se llegó a la conclusión de que aproximadamente el 64 por ciento de la población clasificada como pobre vivía realmente fuera de las áreas pobres y superpobladas.

Mitos de informalidad

Hay muchos mitos predominantes acerca de cómo se establecen u operan los asentamientos informales, incluida la percepción de que los ocupantes de las áreas informales no quieren ni pueden pagar tributos inmobiliarios. De hecho, los ocupantes no sólo desean pagar el tributo como forma de legitimar su tenencia del suelo, sino que a menudo pueden pagarlo. Los nuevos ocupantes, de hecho, ya han pagado el tributo inmobiliario en forma de mayores precios del suelo, pero el pago fue a parar al fraccionador o al terrateniente original en vez de al gobierno.

Además, es probable que el pago del tributo inmobiliario por los ocupantes de las áreas informales legitime su derecho a exigir servicios públicos y otras mejoras urbanas a las autoridades gubernamentales. Muchos ocupantes informales también se dan cuenta de que el suministro privado de servicios básicos a través de medios informales, como comprar agua de un camión, es probablemente más costoso y arriesgado que el pago del tributo inmobiliario.

Otros mitos o suposiciones sobre la informalidad incluyen la creencia de que los ocupantes de asentamientos informales son necesariamente pobres, que los asentamientos informales están ocupados sólo por trabajadores sin empleo e informales, que es necesario un título formal de la propiedad para tener acceso a crédito, que los asentamientos informales son entidades homogéneas claramente diferentes de los asentamientos formales, y que la ocupación de asentamientos informales se hace mediante transacciones fuera del mercado.

Recaudación de tributos inmobiliarios

Para intentar relacionar la recaudación de tributos inmobiliarios por habitante con la presencia de informalidad, hemos usado datos basados en un estudio de municipios llevado a cabo en 1999 por el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2001). La Tabla 1 presenta datos que medían dos criterios: la presencia de asentamientos informales (es decir, barrios pobres y sobrepoblados causados por invasiones) y la existencia de todo tipo de urbanización irregular. Hay asentamientos informales presentes en el 27,6 por ciento de todos los municipios de Brasil, donde la urbanización irregular (incluidos estos barrios) está presente en casi el 44 por ciento de ellos. El valor máximo de los tributos inmobiliarios recaudados es mayor en los municipios más grandes y los que tienen asentamientos informales y otras urbanizaciones irregulares, y los ingresos también tienden a ser mayores por promedio que en esos municipios sin dicha urbanización.

No obstante, la Tabla 2 muestra la dificultad de supervisar los registros de propiedad inmobiliaria y la recaudación de impuestos comparando la presencia de catastros en municipios con registros sobre asentamientos informales. Los catastros locales cubren la información sobre asentamientos informales en el 52,5 por ciento de los municipios, pero sólo el 39 por ciento de esas ciudades disponen de registros completos de informalidad. En comparación, el 50,5 por ciento de los municipios con urbanizaciones irregulares ha incluido esta información en sus catastros, y el 51 por ciento de los casos con registros tienen información completa. Así pues, no se puede rechazar la hipótesis de que los municipios más grandes, más ricos y más urbanizadas sean también los que tienen mejores registros de ocupaciones informales.

Se ha desarrollado un modelo para un análisis de regresión múltiple a fin de probar la relación entre la informalidad y el tributo inmobiliario recaudado por habitante usando la base de datos del IBGE. La relación estaba controlada con otros atributos disponibles en la base de datos, incluidos el ingreso promedio por habitante, el tamaño de la población, y un grupo de variables asociadas con la función de la administración local en la promoción de la urbanización. Según este modelo, que explica aproximadamente el 72 por ciento de la variación en los tributos inmobiliarios recaudados por habitante, se ha demostrado que los factores siguientes influyen en la determinación de la cantidad de tributos inmobiliarios recaudados.

• Regulación urbana y tamaños mínimos de las parcelas. Las conclusiones respaldan el argumento de que los municipios con una estructura reguladora más completa son capaces de recaudar más tributos inmobiliarios por habitante. Igualmente, se produce una disminución del tributo inmobiliario recaudado por habitante en los municipios donde no se ha establecido un tamaño mínimo de parcela. Así pues, las regulaciones más estrictas sobre el uso del suelo surte un efecto positivo en el rendimiento de los tributos inmobiliarios, así como su ausencia produce efectos negativos.
• Catastro y mapas de propiedades urbanas actualizados. Como se esperaba, los municipios en los que se ha actualizado más recientemente el catastro y los mapas de propiedades tienden a obtener un coeficiente de recaudación más alto. El modelo también indica que los municipios que usan más tecnología, medido por el uso de un catastro digital, pueden recaudar más tributos inmobiliarios por habitante que otras.
• Presencia de asentamientos informales. Los municipios con asentamientos informales recaudan más tributos inmobiliarios por habitante que los que no los tienen. Una explicación plausible de este fenómeno puede ser que las ciudades más industrializadas y económicamente más dinámicas tienen una mayor incidencia de informalidad. En este caso, es probable que la pérdida de impuestos inmobiliarios generados por la informalidad sea compensada por los ingresos recaudados en áreas de ingresos elevados y de propiedades comerciales e industriales.
• Inclusión de la propiedad informal en el catastro. También se confirma la importancia de una base tributaria más universal, según se refleja en un mayor rendimiento de los tributos inmobiliarios cuando la informalidad se registra a nivel de gobierno local.
• Coeficiente de recaudación. Los municipios con menos evasión de impuestos, es decir, con un mayor coeficiente de recaudación, tienden a recaudar más tributos inmobiliarios por habitante.
• Ingreso promedio por habitante. Por último, el ingreso promedio por habitante es el factor más importante en la recaudación de impuestos, responsable de aproximadamente el 42 por ciento de la variación de los tributos inmobiliarios recaudados por habitante.

Además del nivel de ingresos, lo averiguado indica claramente la importancia de una administración efectiva de los tributos inmobiliarios. En otras palabras, incluso en presencia de informalidad, los municipios logran mejores resultados en términos comparativos si mantienen catastros y mapas actualizados, incluyen propiedades informales en el catastro y tienen una estructura legislativa urbana más amplia. En resumen, al concentrarse estrictamente en el rendimiento de los tributos inmobiliarios, la causa principal de preocupación no es la presencia de la informalidad misma, sino la forma en que los funcionarios públicos tratan la misma para fines tributarios inmobiliarios.

Los tributos inmobiliarios como herramienta para disminuir la informalidad

Es probable que unos tributos inmobiliarios más vigorosos afecten a la informalidad de forma directa. Por ejemplo, la parte de los tributos inmobiliarios impuestos sobre el valor del suelo constituye un fuerte antídoto para forzar la salida al mercado de los suelos servidos existentes. Los tributos inmobiliarios también pueden ser importantes como herramienta para influir en el proceso de toma de decisiones para las áreas que deben recibir servicios urbanos. De hecho, las comunidades sin un sistema de tributos inmobiliarios son particularmente vulnerables en lo que se refiere a atraer la atención pública.

Los tributos inmobiliarios también pueden ser un mecanismo educativo para ayudar a los ciudadanos a comprender sus derechos y obligaciones, incluida la necesidad de contribuir a los gastos públicos. El compromiso del gobierno de adjudicar los ingresos fiscales de forma justa y equitativa da una mayor legitimidad al tributo. Además, un tributo inmobiliario puede ser un mecanismo para reducir los precios del suelo mediante el efecto de capitalización (Bahl y Linn 1992). Normalmente, el reconocimiento de ocupación por parte del gobierno local no tiene un efecto directo legal para garantizar los títulos inmobiliarios en el registro público, pero los ocupantes informales pueden percibirlo como una especie de vía libre para tener acceso al mundo jurídico.

Rabello de Castro (2000) ha declarado que hay motivos jurídicos firmes para usar los catastros para fines tributarios inmobiliarios a fin de legitimar derechos de tenencia, y que los tribunales no tendrían dificultad en admitir dichos registros como evidencia fiable. Por último, existe una ventaja en que el tributo inmobiliario cubra la propiedad informal, ya que su aplicación requiere conocimientos específicos del área, lo que tiene un valor incalculable para la administración de la ciudad.

Recomendaciones políticas

La informalidad plantea desafíos particulares para la administración de tributos inmobiliarios, incluida la necesidad de diseñar procedimientos viables y políticamente aceptables. A continuación indicamos algunas recomendaciones políticas para su consideración.

• Ampliar la obligación tributaria a los ocupantes en asentamientos informales. La limitación de la obligación tributaria inmobiliaria al terrateniente reduce la capacidad de recaudar impuestos en países con un número sustancial de asentamientos informales. La legislación puede establecer que el poseedor u ocupante sea el contribuyente registrado, de modo que no deba haber ningún impedimento técnico para considerar formas alternativas de tenencia asegurada para satisfacer el reto de ampliar la universalidad del tributo inmobiliario.
• Actualizar los catastros urbanos. Los procedimientos y las técnicas catastrales convencionales no pueden mantenerse al día con las idiosincrasias físicas y jurídicas de los asentamientos informales. Las iniciativas económicas y flexibles para actualizar catastros e identificar subdivisiones de suelo y edificios irregulares podrían incluir el establecimiento de asociaciones con compañías que proporcionan servicios o instituciones responsables de programas sociales.
• Determinar cómo valuar la propiedad informal. La valuación de la propiedad informal es un reto, ya que no se entiende bien el modo de operar de los mercados informales. Esto puede exigir que se tengan en cuenta determinantes atípicos de los valores de la propiedad (por ejemplo, el valor de normas y reglamentos urbanísticos relajados) y fuentes creativas de información (por ejemplo, registros de asociación de vecindarios sobre transacciones inmobiliarias). No obstante, por lo general se observa un mercado inmobiliario vibrante en las áreas informales, y el análisis de los determinantes de los precios del suelo es tan viable y receptivo de técnicas estándar como los análisis emprendidos en mercados formales (Abramo 2003). Otra alternativa es implementar el autoavalúo, como se aplicó en Bogotá, Colombia, usando formas simplificadas para facilitar el proceso para familias de bajos ingresos.
• Omitir las dificultades de valuación en la vivienda progresiva. La autoproducción de vivienda es común, y las mejoras pueden tener lugar de forma gradual, aunque permanente, en ocupaciones informales. En consecuencia, la imposición apropiada de tributos en las propiedades informales requeriría una inspección más frecuente de las viviendas. Estas difíciles circunstancias sugieren la consideración de otras alternativas, incluido el uso del valor del sitio como base impositiva o un programa de autoinformación. Las asociaciones vecinales y las organizaciones comunitarias podrían participar en dichos programas. Las iniciativas para estimular la autoinformación se facilitarían en la medida en que los ingresos recaudados se destinaran a mejorar los servicios y equipamientos públicos en los vecindarios en que se recaudó el tributo inmobiliario.
• Reducir al mínimo la evasión de impuestos. Contrariamente a la opinión de que los mayores índices de evasión de impuestos predominan en las propiedades de bajo valor, la percepción general es que la evasión de impuestos es más probable que se produzca en propiedades de valor elevado. Los administradores locales y otras fuentes confirman que en gran medida, las familias pobres están dispuestas a que sus propiedades se incluyan en el catastro fiscal y a pagar los tributos inmobiliarios.
• Ajustar la carga impositiva para los pobres. Las alternativas actuales para reducir o eliminar la carga impositiva para los pobres en áreas formales debe aplicarse a las áreas informales. Dichas medidas incluyen deducciones o exenciones según el valor de la propiedad, los ingresos familiares o ambos criterios, y el uso de índices progresivos empezando por un valor simbólico y subiendo de acuerdo con clases de valores evaluados.
• Establecer una cultura fiscal. Es posible que los pagos de impuestos simbólicos no tengan un efecto en términos de ingresos, pero probablemente contribuirán a la creación de una cultura fiscal. Un sistema impositivo sostenible para vivienda informal requiere pasos similares a los de los mercados inmobiliarios formales: ajustar la carga impositiva según la capacidad de pago; demostrar a los contribuyentes los beneficios públicos relacionados con la recaudación de impuestos inmobiliarios; promover programas educativos que expliquen los derechos y las obligaciones de los ciudadanos; y aplicar sanciones eficaces y razonables en caso de no pago.

Aun cuando la mayoría de las propiedades informales se excluye de las listas de propiedades, los requisitos anteriores deberían aplicarse a propiedades informales si se logra un mayor nivel de eficiencia en la recaudación de impuestos. El argumento sobre los elevados costos de recaudación para excluir las propiedades de bajo valor (o familias de bajos ingresos, en otras palabras) de las listas de impuestos debe compararse con los beneficios de promover una ciudadanía fiscal más amplia.

Visión a más largo plazo

Puede que la recaudación de tributos inmobiliarios en las áreas informales no sólo sea posible en determinadas circunstancias, sino también atractiva con el fin de seguir una política urbana más efectiva que sea capaz de paliar la informalidad y sus efectos negativos para la sociedad en general y para los ocupantes individuales de estos asentamientos en particular.

A pesar de la dificultad de proporcionar evidencia empírica sobre sus efectos teóricos en el mercado del suelo, es probable que la parte del tributo inmobiliario impuesto sobre el valor del suelo produzca efectos cruciales para mitigar las distorsiones y disfunciones en los mercados del suelo con un elevado grado de informalidad. Estos efectos incluyen estimular la urbanización; disuadir la especulación del suelo; reducir los precios del suelo; aumentar el suministro de suelo urbanizado; alentar ciudades más compactas; promover una provisión más eficiente de infraestructuras y servicios urbanos; y alentar una pauta de urbanización más racional. Entre los beneficios indirectos se pueden incluir la importancia de la información generada para identificar la propiedad, el uso de tributos inmobiliarios pagados como medio parajurídico para legitimar derechos de tenencia, y por último la oportunidad de tener acceso a la ciudadanía e integrarse en la sociedad.

En resumen, al concentrarse en el rendimiento del tributo inmobiliario, la causa principal de preocupación no es la informalidad propia, sino la forma en que los funcionarios públicos tratan la informalidad y cómo administran un sistema tributario inmobiliario. En este contexto, la introducción de los tributos inmobiliarios en un entorno con informalidad desenfrenada requiere tomar precauciones especiales. Los retos para operar los tributos inmobiliarios en áreas informales incluyen la necesidad de entender el mercado informal, frenar la intervención de las reclamaciones de propiedad inmobiliaria de propietarios anteriores o ausentes, mejorar la capacidad administrativa y legitimar acciones públicas que redunden en beneficios para los pobres. Además, los funcionarios públicos necesitan superar los prejuicios y conceptos erróneos referentes a la informalidad e introducir iniciativas tributarias inmobiliarias eficientes que puedan reducir realmente la informalidad.

Martim O. Smolka es Senior Fellow y Director del Programa del Lincoln Institute sobre América Latina y el Caribe en el Lincoln Institute of Land Policy.

Claudia M. De Cesare es asesora en tributos inmobiliarios del Secretariado de Finanzas del municipio de Porto Alegre, Brasil. Forma parte del comité consultivo del International Property Tax Institute (IPTI) y es miembro del cuerpo docente del Lincoln Institute.

Referencias

Abramo, Pedro. 2003. A teoria econômica da favela: quatro notas sobre a localização residencial dos pobres e o mercado imobiliário informal, in A cidade da informalidade: o desafio das cidades latino-americanas, Pedro Abramo (Org.). Rio de Janeiro: Librería Sette Letras, Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro y Lincoln Institute of Land Policy.

Bahl, R.W., and Johannes F. Linn. 1992. Urban Public Finance in Developing Countries (Finanzas públicas urbanas en países en desarrollo). Washington DC: Oxford University Press.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 2001. Perfil dos municípios brasileiros: Pesquisa de informações básicas municipais, 1999. Rio de Janeiro: IBGE.

Instituto Pereira Passos. 2002. Evolução da população de favelas no Rio de Janeiro: Uma reflexão sobre os dados mais recentes. Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. www.rio.rj.gov.br

Rabello de Castro, S. 2000. Habitação: Direito e governança – Duas sugestões para ação governamental. Fundação João Ribeiro. Cadernos de Textos 2: 321–338.

ONU–HÁBITAT. 2003. The challenge of slums: Global report on human settlements (El reto de los asentamientos informales: informe global sobre asentamientos humanos). Nairobi, Kenia: Programa de de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.

The confusing and contradictory responses by Latin America experts who participated in our survey call attention to potentially misleading policies that might be fomented by erroneous perceptions and weak indicators.

Housing is an important component of both a household’s net worth and aggregate national wealth or stock of residential capital. Aggregate residential wealth is the sum of the values of all housing units. In Brazil, residential structures represent about one-third of total net fixed capital, so their value is important for economic and social policy. This analysis asks: What variables determine the stock values of residential property? How do location and neighborhood conditions affect these values? What is the aggregate residential wealth in the Rio de Janeiro Metropolitan Region (Metro Rio)? What is its distribution among household income and housing value groups? In other words, what generates residential wealth? How much residential wealth is there? Who holds it? Where is it located? (Vetter, Beltrão, and Massena 2013.)

Methodology for Estimating Residential Wealth

To address these questions, we first calibrated a hedonic residential rent model with sample microdata from the 2010 population census conducted by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). The units of analysis are households living in private, permanent housing units in urban areas of Metro Rio. The total number of households in 2010 was 3.9 million, and our sample is 223,534 (5.7 percent). We used the 41,396 renters in the sample to calibrate our model and then estimated the rents for homeowners and the landlords of rent-free units. Finally, we transformed the actual and imputed rents into housing values by dividing them by the monthly discount rate of 0.75 percent (9.38 percent annual rate), as is standard practice for Brazilian residential wealth studies (Cruz and Morais 2000, Reiff and Barbosa 2005, and Tafner and Carvalho 2007).

The underlying assumption in these studies is that the hedonic prices of the characteristics in the model and the discount rate are similar for rental and nonrental units. These are strong but necessary assumptions for the application of the methodology with the existing census microdata. The sum of estimated housing values is our measure of residential wealth. The objective is to estimate the aggregate value of all housing units and their average values.

In calculating average housing prices for these groups, we do not control for housing size or other characteristics, as would be done for hedonic housing price indices. Using census microdata, we can also estimate the residential wealth by household income as well as for smaller spatial units within municipalities, such as neighborhoods or districts. Even though the sample of rental units is relatively large, sample size drops rapidly as rents and household incomes rise, and the variances are particularly high for the open group at the top end of the distribution. Because we do not have data on the value of mortgages, our measure is of gross rather than net residential wealth.

Using rents from the census or a household survey compares favorably with other commonly used methods for estimating residential wealth for the Brazilian national accounts and related studies (Garner 2004), such as asking homeowners to estimate the selling price or monthly rent of their homes, using the asking prices for home sales, or using the prices registered when recording the sale. Whereas renters know their monthly rent payment, the informants may have little understanding of current trends in housing prices, and the original asking price is often higher than the final sale price. In Rio de Janeiro, the municipal government uses its own estimates of the sale prices based on asking prices, rather than the value registered in calculating the real estate transfer tax, because buyers and sellers often register lower prices.

In our hedonic residential rent model, the dependent variable is a vector of residential rents, and the independent variables are matrices of the structural characteristics of the housing unit, access to employment, and neighborhood characteristics, including indicators of access to urban infrastructure and services. The variables used are for the household per se and also for the census area in which it is located. Figure 1 shows Metro Rio’s 336 census areas and the larger municipal boundaries grouped into six subregions based on indicators analyzed in this and previous studies (Lago 2010).

The indicator for access to employment measures the average commute time to work for residents in each of the census areas. Figure 2 (p. 16) shows that the average commute time increases with distance from the center, but not by as much as one might expect—partly due to increased traffic congestion in all areas and to the fact that Metro Rio is polycentric with many subordinate centers.

The indicators of the quality of neighborhood infrastructure and services include the household`s access to the public sewer and water systems, garbage collection, and block conditions (e.g., street paving and drainage). As these indicators are highly intercorrelated, the component scores from a principal components analysis serve as the independent variables in the hedonic model. Component 1 explains 46.6 percent of the variance and shows high positive loadings on adequate block conditions and infrastructure, and high negative loadings on inadequate block conditions (e.g., garbage in the street and open sewers), indicating which areas have a higher level of attractiveness or desirability (figure 3). Although the lowest scores are clearly concentrated in the outlying areas, the patterns of attractiveness vary considerably. As with commute times, the distribution pattern of the attractiveness scores reveals the complexity of Metro Rio’s spatial structure.

Our hedonic model explains 73 percent of the variance of residential rent. The key independent variables are statistically significant; neighborhood quality and access to employment explain nearly two-thirds of the variance, while the structural characteristics of the housing explain only about one-third of the variance. In other words, the bulk of housing value is the capitalized value of access to employment and to neighborhood infrastructure and services, all of which are determined in large part by public expenditures. Figure 4 (p. 18) shows the distribution of average estimated housing values for census areas in US$ determined by our methodology. (The average exchange rate for 2010 is US$1=R$1.76.) These values tend to be highest in areas affording relatively low commute times and good access to urban infrastructure and services.

Distribution of Residential Wealth

How much residential wealth is the property of homeowners versus the landlords of rental properties and rent-free units used by employers, family members, or others? Our estimate of Metro Rio’s aggregate residential wealth of both occupied and unoccupied units in 2010 is US$155.1 billion (94.2 percent of Metro Rio’s 2010 GDP of US$164.4 billion) and US$140.2 billion for occupied units only (84.2 percent of Metro Rio’s GDP). Among total occupied units, 74.8 percent of this residential wealth (about US$105 billion) belongs to owner-occupied units, and the rest belongs to landlords of rented and rent-free units. In the case of lower-income households, the landlords could be another lower-income family.

Table 1 shows that the percent of homeowners is quite similar for all household income groups. For example, homeowners occupy nearly three-quarters of the households in the lowest household income group (with fewer than two minimum salaries or an average annual income of only US$4,407). A key reason for these high homeownership levels is that those living in favelas, squatter settlements, or other types of informal housing can declare themselves homeowners, even if they do not legally own the land on which their home is located. The 2010 Census showed more than 520,000 households (more than 15 percent of the total private permanent urban households) living in these types of settlements in Metro Rio. Land ownership in these settlements is a complex legal question on which even lawyers may not agree, since the chances of removal (at least removal without compensation) are quite low, and those living on land without a legal title may be eligible for squatter’s rights after five years under Brazilian law.

Although 25.3 percent of total households earned less than two minimum salaries (US$ 6,960 per year), the homeowners in this group held only 15.3 percent of the aggregate residential wealth of all homeowners. By contrast, only 15.6 percent of households earned 10 or more minimum salaries (US$34,800 per year), but homeowners in this income group held 34.5 percent of the aggregate residential wealth. Nonetheless, lower income households have more residential wealth than one might expect, in part because they are often homeowners in informal settlements.

Figure 5 (p. 19) shows the Lorenz Curve for the distribution of aggregate residential wealth of homeowners by housing value groups. This distribution is quite unequal, because the nearly 23.7 percent who are not homeowners have no such wealth (as shown where the Lorenz curve runs along the bottom of the axis) and because those living in higher-priced housing have greater residential wealth.

Distribution of Residential Wealth by Subregions

The bulk of aggregate residential wealth is held by those living in the suburbs and periphery around Metro Rio, although the average value of their housing units is lower. Table 2 shows that those subregions (4 and 6) together represent 79 percent of Metro Rio’s total households (3.1 million) and 58.1 percent of aggregate residential wealth (US$80.9 billion). Subregion 2 (the older, higher-income neighborhoods along the bay and coast) holds only 6.3 percent of Metro Rio’s households (about 242,000) and 19.0 percent of its residential wealth.

The percentage of renters is highest in the large squatter settlements (subregion 5), at 28.6 percent, with an additional 2.7 percent of rent-free units. Homeownership rates are highest (80.4 percent) in the periphery (subregion 6), where many owners live on land for which they do not have full legal title, though these areas generally are not squatter settlements as defined by IBGE.

Spatial Distribution of Household Income

One result of the interplay of market forces that shape residential rent and housing prices is that the distribution of aggregate household income tends to mirror the distribution of aggregate residential wealth. In other words, there is a relatively high residential segregation by income groups, with lower-income families concentrated in the large squatter settlements and in the suburbs and periphery (subregions 4, 5, and 6). High spatial concentration of higher-income households generates higher aggregate income and demand in areas that support higher-level services—in turn making these areas more attractive to higher-income homebuyers and renters. Figure 6 (p. 20) shows that the average annual household incomes for the census areas in 2010 reflect to a large extent the distribution of average housing values (figure 4), commute times (figure 2), and neighborhood attractiveness (figure 3).

In 2010, the high-income Barra da Tijuca area (subregion 3) held only 2.1 percent of total households in Metro Rio but 8.1 percent of aggregate household income and 7.6 percent of aggregate residential wealth. By comparison, the four large squatter settlements of subregion 5 held 2.5 percent of total households but only 1.0 percent of aggregate household income and 1.4 percent of residential wealth. Nonetheless, the aggregate residential value in these four squatter settlements was nearly US$2 billion, and the average housing value was almost US$21,000. These results show a relatively high spatial concentration of both aggregate household income and residential wealth that is tempered slightly by the home-ownership rate in squatter settlements.

Implications for Methodology and Policy Decisions

The methodology used in this analysis provides interesting insights into the macroeconomic and social importance of residential wealth; the variables that generate it; its distribution among household tenure, income, and housing value groups; and its allocation among subregions ranging from high-income neighborhoods to squatter settlements. The strong assumptions required in using the methodology must be taken into account when interpreting the results. Data from property registries or other sources with more detailed information on unit size could eventually be used to complement this methodology.

Government services, investments, and regulatory actions can result in benefits (e.g., access to employment, urban services, and amenities) and costs (e.g., taxes, fees, and negative environmental impacts) that are capitalized into the value of housing in the affected neighborhoods. For homeowners, positive net benefits from government actions increase their residential wealth, because they are capitalized in the value of their housing. However, for renters and new homebuyers, these same government actions can cause rents and housing prices to rise along with the net benefits. Some households, especially the lower-income renters and homebuyers, may have to leave the benefited area, and other potential new owners may be unable to locate in the area. Thus, housing tenure is important in determining whether or not a household receives the net benefits of government investments and regulatory actions.

Capitalization of the net benefits of government actions would clearly be an issue for the more than 30 percent of households in the four large squatter settlements that are not homeowners, as well as for those entering the housing market. Although there are no reliable data on housing turnover, we know that the total number of urban households in Metro Rio increased more than 20 percent, by almost 657,000, between 2000 and 2010. This increment was 14 percent higher than the total number of households in the Municipality of Curitiba (the state capital of Paraná) in 2010 and well over twice the number in Washington, D.C. All these new households, plus all the renters (about one-fifth of total households) and homeowners wishing to move, would be subject to increased rents and housing prices generated by the net benefits of government actions.

These results demonstrate a need for policies to ensure that rising rents and housing prices do not exclude some households from areas where public services and infrastructure are being improved. For example, financial assistance for home purchases could be part of the improvement program. One way of financing the needed lower-income housing and investment programs would be to capture part of the value being generated by infrastructure investments from higher-income households. Capturing part of the value generated by urban investments could help finance additional housing subsidies for lower-income families, as well as added investment, thereby providing a kind of investment multiplier.

About the Authors

David M. Vetter (Ph.D. University of California) has worked for more than four decades on urban finance and economics issues in Latin America for Brazilian entities, at the World Bank and Dexia Credit Local, and also as a consultant.

Kaizô I. Beltrão (Ph.D. Princeton University) was the dean and a senior researcher at the National Statistics School (an entity of IBGE) and is now a full professor and senior researcher at the Fundação Getúlio Vargas.

Rosa M. R. Massena (Doctorate, Université de Bordeaux) was a senior researcher at the IBGE for 23 years and since then has worked as a consultant on social indicators programs for Habitat, the World Bank, UNDP, and other entities.

Resources

Cruz, Bruno. O. and Maria P. Morais. 2000. Demand for Housing and Urban Services in Brazil: A Hedonic Approach. Paper presented at the European Network for Housing Research Conference, Gavle, Sweden (June).

Garner, Thesia I. 2004. Incorporating the Value of Owner-Occupied Housing in Poverty Measurement. Prepared for the Workshop on Experimental Poverty Measures, Committee on National Statistics. Washington, D.C.: The National Academies.

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A medida que crece el interés por vivir en las ciudades, el costo de las propiedades residenciales en muchos mercados de moda se ha ido por las nubes. Según el Centro Conjunto para Estudios de la Vivienda (Joint Center for Housing Studies o JCHS, 2015), en 2014 la tasa de viviendas vacantes en el mercado de alquiler alcanzó su mínimo en dos décadas; el precio de alquiler aumentó en 91 de 93 áreas metropolitanas estudiadas, y el índice de precios al consumidor para los contratos de alquiler se incrementó el doble de la tasa de inflación, hasta un 10 por ciento o más en Denver, San José, Honolulu y San Francisco.

A pesar de una interrupción debida a la crisis hipotecaria, los precios de las viviendas a la venta también han seguido aumentando, a menudo más allá del alcance de los compradores potenciales (Olick 2014); en Washington D.C., la mediana del valor de la vivienda casi se triplicó entre 2000 y 2013 (Oh et al. 2015). Cuando los activistas para el derecho a la vivienda comienzan a buscar herramientas efectivas para evitar el desplazamiento de las familias de bajos ingresos fuera de los barrios en proceso de aburguesamiento y crear comunidades inclusivas, muchos recurren a los fideicomisos de suelo comunitario (recuadro 1) como manera de ayudar a construir un inventario de viviendas permanentemente asequibles.

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Recuadro 1: El modelo de fideicomiso de suelo comunitario

Bajo el modelo de fideicomiso de suelo comunitario (CLT, por su sigla en inglés), una organización controlada por la comunidad retiene la propiedad de una parcela de suelo, y vende o alquila viviendas en dicho suelo a familias de bajos ingresos. En contrapartida a precios inferiores a los del mercado, los compradores aceptan restricciones de reventa, de modo que las viviendas sigan siendo económicas para los compradores subsiguientes, permitiendo al mismo tiempo a los dueños acumular algo de patrimonio neto. El fideicomiso de suelo comunitario también prepara a los compradores para adquirir la propiedad, les ofrece apoyo en sus problemas de financiamiento, y gestiona las reventas y las viviendas de alquiler.

De esta manera, el fideicomiso permite a más familias ser propietarias de una casa y apoya a los residentes que quieren comprometerse con sus barrios a largo plazo. En las áreas que se están aburguesando, ofrecen una manera efectiva para que las familias de bajos ingresos mantengan una participación en el barrio, porque aceptan un subsidio único inicial (que puede provenir de diversas fuentes, frecuentemente incluyendo programas públicos como el Programa de Sociedades de Inversión HOME o los Subsidios en Bloque para Desarrollo Comunitario) que queda ligado al edificio, manteniendo el bajo precio de las unidades a lo largo del tiempo sin necesidad de aportaciones adicionales de dinero público. En los mercados de vivienda débiles, también son beneficiosos (Shelterforce 2012), al proporcionar educación en materia financiera para reducir la cantidad de ejecuciones hipotecarias, mejorar el mantenimiento del barrio y mantener una tasa de ocupación estable. En 2009, en el auge de la crisis de ejecuciones hipotecarias, la probabilidad de que los préstamos de la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA, por su sigla en inglés) se encontraran en el proceso de ejecución hipotecaria era 8,2 veces mayor que para los préstamos de fideicomisos de suelos comunitarios (CLT), a pesar de que los préstamos de los CLT se habían efectuado de manera uniforme a hogares de bajos ingresos (Thaden, Rosenberg 2010) mientras que los préstamos MBA incluían todos los segmentos de ingresos. De las poquísimas casas de un CLT que completaron el proceso de ejecución hipotecaria, la cartera del CLT no perdió ninguna.

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De forma similar a las corporaciones de desarrollo comunitario (community development corporations o CDC), muchos CLT surgieron de organizaciones vecinales de base. La organización comunitaria tradicional (a diferencia del concepto más amplio de “sensibilización comunitaria”) crea una base empoderada de residentes para determinar por si mismos lo que necesitan y se movilizan para lograrlo; como frente común, estos individuos están en mejores condiciones para contrarrestar a los opositores corporativos o gubernamentales y otras formas de poder institucional. La colaboración estratégica y la fortaleza numérica son esenciales para la formación exitosa de un CLT. Pero las destrezas requeridas para organizarse políticamente alrededor de problemas locales son muy distintas a las requeridas para administrar propiedades inmobiliarias. Si bien hacen falta ambas destrezas para implementar y sustentar un CLT, la adquisición de estas competencias centrales bajo un mismo techo puede obstaculizar la capacidad de una organización vecinal para dedicarse a su misión fundamental o alcanzarla.

¿Cómo han pilotado las organizaciones comunitarias que crearon un CLT el desafío de adquirir dos juegos de destrezas aparentemente incompatibles? Examinamos aquí la experiencia de cinco CLT consolidados de distintas regiones del país para ver cómo superaron este desafío y fueron modificando su enfoque a consecuencia de ello. Desde Boston a Los Ángeles, los organizadores comunitarios enfrentaron una amplia gama de problemas, desde barrios con altas tasas de suelo vacante y casi sin mercados de vivienda, a áreas de gran movimiento donde la preocupación principal era el desplazamiento de familias de bajos ingresos. Sin embargo, estas cinco organizaciones tuvieron razones notablemente similares para iniciar un fideicomiso de suelo comunitario: cada uno de los directores de estos CLT señaló que la comunidad quería controlar el suelo para impedir no sólo que los residentes perdieran una casa sino también que no pudieran comprar una por falta de recursos. Incluso los CLT que comenzaron en mercados de vivienda débiles estaban ubicados cerca del centro o cerca de distritos universitarios u otras áreas populares, y reconocieron la posibilidad de desplazamientos a medida que las condiciones de sus barrios mejoraran. Todos señalaron que era esencial contar con una visión comunitaria clara para que un CLT tenga éxito, aunque algunos grupos asumen la responsabilidad directa de crear e implementar dicha visión, mientras que otros se dedican a realizar trabajos por una vivienda en nombre de una organización matriz encargada de orientar la visión más amplia. Las formas de organizar y desarrollar las viviendas también variaron, pero todos estuvieron de acuerdo en que estas dos actividades pueden ser difíciles de combinar.

Dudley Neighbors Inc., Boston, Massachusetts

La organización más antigua en nuestro estudio, Dudley Street Neighborhood Initiative (DSNI) o Iniciativa del Barrio de Dudley Street, se formó en un mal momento para el mercado en la década de 1980 para combatir el desecho ilegal de residuos en grandes extensiones de suelos que quedaron vacantes a consecuencia de una ola de incendios intencionados. La ciudad estaba proponiendo un plan de ordenamiento territorial para la zona sin tener en cuenta la opinión de los residentes, y los miembros de la comunidad respondieron creando DSNI para reclamar el derecho de la comunidad a participar de las decisiones sobre el uso del suelo en su zona. Conquistaron este derecho y, por medio de DSNI, decidieron que un CLT era la mejor herramienta para ayudar a implementar la visión de la comunidad. “Muchas veces, los grupos quieren formar un CLT creyendo que resolverá mágicamente los problemas de un barrio”, dice Harry Smith, director del CLT de DSNI, Dudley Neighbors Inc. (DNI) u Organizaciön de Vecinos de Dudley. “Pero primero decimos: ‘¿Han plasmado una visión de cómo se debería desarrollar su comunidad, y pueden explicar cómo encaja un CLT en dicha visión?’”

DNI, fundado en 1984, es una organización independiente, pero mantiene estrechos vínculos con su organización matriz. Los dos grupos comparten personal, y DSNI nombra a la mayoría de los integrantes de la Junta Directiva del CLT. El CLT es responsable solamente de proporcionar viviendas asequibles y del control comunitario del suelo, y deja a DSNI la tarea prioritaria de organización y planificación comunitaria. Ni DSNI ni DNI llevan a cabo el desarrollo inmobiliario directamente, sino que se asocian con emprendedores locales de viviendas sociales para ello.

Debido a su larga historia y relaciones ya establecidas, DSNI se dedica menos a actividades de lucha política que en sus días iniciales. Pero no renuncia a ello, de ser necesario. De hecho, Smith señala que mantener un CLT puede ser una fortaleza política única. Cuando DSNI se organiza para determinar el destino de una parcela particular de terreno, “el hecho de tener un fideicomiso de suelo nos da un nivel de impacto adicional”, dice.

Fideicomiso de suelo comunitario Sawmill, Albuquerque, Nuevo México

El CLT Sawmill, ubicado en Albuquerque, Nuevo México, se inició en 1996 cuando, después de una década de realizar actividades de organización comunitaria, los residentes de bajos ingresos se unieron para luchar contra una fábrica vecina que contaminaba el aire y amenazaba su salud. Querían ejercer control sobre el uso futuro del espacio. Después de que los líderes asistieron a una conferencia para aprender más sobre los fideicomisos de suelo comunitario, mantuvieron una serie de reuniones sobre este tema. Aunque algunos residentes mostraron preocupación por no poseer el suelo en el modelo del CLT, un veterano de la comunidad les recordó que de todas maneras no eran dueños de su propiedad ahora, ya fuera porque estaban de alquiler o porque no tenían los recursos para controlar lo que ocurría en su propio suelo. El exdirector ejecutivo Wade Patterson dice: “El hecho de que el objetivo específico estuviera orientado a controlar los costos de la vivienda calmó las inquietudes sobre el aburguesamiento de la comunidad y el desplazamiento de los residentes. El hecho de conseguir viviendas, y no otra fábrica, fue algo indiscutible”.

El CLT Sawmill fue creado como una organización independiente dedicada al desarrollo inmobiliario, a la administración y a la gestión de propiedades. Es uno de los mayores CLT del país, con 17 hectáreas, e incluye viviendas en propiedad, en alquiler y para personas de la tercera edad. Recientemente ganó una licitación de la ciudad de Albuquerque para revitalizar un viejo motel en un nuevo barrio de la ciudad, y el CLT está tratando de resolver cómo introducirse en esa comunidad de manera respetuosa.

Las asociaciones de vecinos de Albuquerque que se encuentran en el área de influencia de Sawmill, incluyendo el Consejo Asesor de Sawmill, que lanzó el CLT, se enfocan en la “construcción de la comunidad” por medio de eventos culturales, según Patterson. El CLT respalda la organización vecinal ofreciendo espacio para reunirse en uno de sus edificios, además de otros tipos de apoyo. “Nuestro objetivo no es liderar sino ofrecer apoyo manteniéndonos detrás”, dice Patterson.

Fideicomiso de suelo comunitario de San Francisco, California

El fideicomiso de suelo comunitario de San Francisco (SFCLT) fue creado en 2003, en un momento en que el mercado inmobiliario de la ciudad era uno de los más activos del país, y los residentes de bajos ingresos estaban preocupados por los altísimos alquileres y desalojos ilegales para convertir las propiedades en condominios. Los organizadores vecinales estaban buscando un modelo que pudiera prevenir los desalojos y dar a los residentes de menores ingresos un mayor control sobre su situación de vivienda.

El CLT es una entidad independiente, pero mantiene una relación estrecha con los organizadores vecinales que lo fundaron. Cuando sus grupos asociados se organizan para impedir desalojos o conversiones a condominios de un edificio en riesgo de ello (generalmente edificios de departamentos pequeños), SFCLT hace de comprador para preservar el edificio y después lo convierte en una cooperativa en suelo propiedad del CLT. SFCLT cuenta con personal que tiene experiencia inmobiliaria, pero no construye edificios nuevos; todas las obras de rehabilitación se contratan por fuera. Gestiona los aspectos financieros de la adquisición y la conversión, la administración del suelo y la capacitación y respaldo para ayudar a los residentes a formar una junta directiva y administrar el gobierno de la cooperativa. “Los grupos vecinales interesados en temas de vivienda nos remiten a todos los residentes necesitados; nosotros somos la única organización en temas de vivienda que puede ayudar a estabilizar un edificio de departamentos de varias unidades comprándolo”, dice la directora Tracy Parent. SFCLT organiza a sus miembros para apoyar los temas más amplios promovidos por sus socios de la coalición, pero no “inicia las actividades organizativas” sobre estos temas, según Parent.

T.R.U.S.T. South LA, Los Ángeles, California

Cuando se formó T.R.U.S.T. South LA en 2005, los barrios objetivos estaban llenos de lotes vacantes y viviendas deterioradas, mientras que las áreas circundantes estaban amenazadas por la presión del desarrollo inmobiliario. Si bien los fundadores —Esperanza Community Housing Corporation, Strategic Actions of a Just Economy y Abode Communities— pensaron inicialmente en crear un CLT principalmente como una herramienta de vivienda, han asumido un papel más amplio en la implementación de una visión comunitaria. “Originalmente, nos constituimos como un grupo de adquisición de suelos. Después, nuestros miembros quisieron organizarse”, dice la directora ejecutiva Sandra McNeill. El CLT se ha organizado, por ejemplo, contra el propietario malintencionado que estaba tratando de desalojar a los residentes de un edificio que había dejado deteriorar a propósito para aprovecharse del vencimiento de las restricciones en el monto del alquiler de las viviendas de Sección 8. También se ha organizado para recaudar fondos para llevar a cabo mejoras en el transporte y en los espacios verdes en su barrio, y ha participado en coaliciones para el apoyo de políticas municipales más amplias, como, por ejemplo, el aumento de financiamiento para viviendas sociales.

El grupo se describe ahora como “una iniciativa comunitaria para estabilizar los barrios situados al sur del centro de Los Ángeles”. T.R.U.S.T. South LA es una organización independiente que se considera parte del equipo de desarrollo de proyectos de vivienda, y se asocia con otros para comprar, financiar y construir o rehabilitar viviendas.

Aun cuando T.R.U.S.T. South LA realiza muchas tareas de organización, casi todo su trabajo de política se realiza en colaboración con otros grupos, incluyendo sus socios fundadores. A los emprendedores que se dedican a viviendas sociales, en general no les gusta correr riesgos”, dice McNeill. “Pueden involucrarse en actividades políticas para garantizar que se proporcione financiamiento para viviendas sociales, pero no más que eso”.

Fideicomiso de suelo Community Justice, Filadelfia, Pensilvania

El Fideicomiso de Suelo Community Justice (Justicia Comunitaria) de Filadelfia se constituyó en el noreste de Filadelfia en 2010, cuando el mercado inmobiliario estaba atravesando fuertes altibajos. Aunque el barrio estaba plagado de propiedades vacantes y abandonadas, estaba rodeado por todos lados de florecientes mercados inmobiliarios, y parecía probable que estos crecientes precios y presiones inmobiliarias se propagaran. El Proyecto de Revitalización Comunitaria de Mujeres (Women’s Community Revitalization Project o WCRP), junto con una coalición de organizaciones cívicas locales, realizaron docenas de reuniones públicas para ayudar a los miembros de la comunidad a comprender qué significaba la formación de un fideicomiso de suelo comunitario y explorar sus inquietudes sobre las restricciones a la reventa. Los asistentes votaron a favor de formar un CLT.

El CLT Community Justice se constituyó como un programa del WCRP, que cuenta con conocimientos propios de desarrollo inmobiliario y organización comunitaria, incluido un departamento completo dedicado a estas actividades.

Pero la directora ejecutiva del WCRP, Nora Lichtash, advierte: “A veces pierdes algunas relaciones, cuando realizas actividades de organización comunitaria… A ciertas personas no le gusta que les presionen para que haga lo correcto”. En efecto, el WCRP aparentemente presionó tanto a una concejala local sobre ciertos temas que ella se negó a dar al CLT el suelo vacante que este fideicomiso esperaba conseguir para su primer proyecto inmobiliario. Al final, sin embargo, la concejala ayudó al grupo a establecer un banco de suelo para toda la ciudad (Feldstein 2013–14), que promueve algunos de los mismos principios que el fideicomiso de suelo.

A pesar de tensiones potenciales como estas, Lichtash cree que las funciones del CLT y de la organización comunitaria están muy interrelacionadas. Es importante recordar que la organización comunitaria y la construcción de viviendas sociales van unidas”, dice. Las personas que aportan fondos creen que hay que hacer una cosa o la otra, pero no es bueno separar el CLT de las actividades de organización comunitaria. Uno está construyendo capacidad para los trabajos presentes pero también para los trabajos futuros. Cuando uno se organiza, se hace respetar, porque tiene el poder del pueblo”.

Desarrollar o no desarrollar: Una decisión importante

El desarrollo de viviendas sociales es un asunto complicado y caro que ninguna organización comunitaria debería tomarse a la ligera si está pensando en iniciar un fideicomiso de suelo comunitario. “Si te dedicas al desarrollo inmobiliario, tendrás menos tiempo para las actividades de organización comunitaria, que son acumulativas. Para formar una organización vecinal realmente representativa, hace falta mucho tiempo y una gran dosis de sacrificio. Si tomas el camino más fácil, corres el riesgo de poner en peligro gran parte del poder que has construido a través de los años”.

La experiencia de Boston, por ejemplo, comienza con una moraleja. DSNI intervino cuando el emprendedor original del primer proyecto del CLT se echó atrás. Fue “traumático” para el personal y la junta, dice Smith. Nos tomó muchísimo tiempo y It distracted DSNI from its core functions.” distrajo a DSNI de sus funciones principales”.

La idea de controlar los recursos de desarrollo y tener acceso a las cuotas del emprendedor inmobiliario puede seducir a los grupos de base, dice Lichtash, de WCRP. Pero se debe proceder con extremo cuidado. Convertirse en un emprendedor inmobiliario puede enturbiar las aguas”, dice. En estos negocios millonarios, tienes que poner atención en todos los detalles. Y eso te aleja del trabajo educativo”.

El trabajo inmobiliario es muy duro y especulativo”, continúa Lichtash. Crees que estás consiguiendo una cosa y en realidad consigues otra. Yo le digo a la gente que las primeras asociaciones deben durar bastante tiempo. Es difícil mantener contentos tanto a los inquilinos como a las fuentes de financiamiento”.

Patterson del CLT Sawmill está de acuerdo con esta opinión, y agrega que es particularmente difícil “cumplir con todas las fechas de vencimiento y la presentación de informes sobre las necesidades de financiamiento [del desarrollo inmobiliario]. Siempre me sorprendo de la sobrecarga de tareas administrativas que esto requiere”. También aconseja que si no cuadran los números, “lo importante es saber que puedes retirarte de un proyecto si fuera necesario”.

McNeill de T.R.U.S.T. South LA dice: “Sin duda, el desarrollo inmobiliario tiene su propio lenguaje. Es complejo. Las organizaciones sin fines de lucro que se dedican a esto tienen grandes presupuestos y en general también una cantidad considerable de personal. Tengo mucho respeto por las destrezas que hacen falta para sacar adelante estos negocios. Se requieren unas destrezas muy distintas de lo que hacemos nosotros”.

Otra consideración es que no es fácil actualmente participar en una industria como la de las viviendas sociales. En el entorno de financiamiento actual, muchos de los subsidios que los CLT han utilizado tradicionalmente para desarrollar y administrar sus unidades se han reducido mucho, y es difícil encontrar hipotecas para los compradores potenciales de viviendas. Dice McNeill: “La industria de la vivienda ha sufrido enormes cambios. La realidad es que no hay una oportunidad en la actualidad para que una nueva organización se dedique a este negocio. No cabe duda de que este no es el momento”.

Incluso la administración continua de un CLT requiere un tipo de relación con los residentes distinta de la que tendría un organizador comunitario. El cobro de las cuotas del emprendedor y de los alquileres puede afectar la relación con los residentes y la dinámica de poder”, dice Smith de DNI. Uno es responsable tanto ante los inquilinos como ante los propietarios de tu comunidad, así que se producen tensiones”, según Lichtash de WCRP. Como comenta Parent de SFCLT: “Los organizadores comunitarios con frecuencia pintan los problemas como claras opciones morales”, pero cuando administras una propiedad, “hay matices”.

Con la mirada en la meta

Una vez que un grupo comunitario ha determinado que un CLT es la herramienta apropiada para mantener viviendas asequibles para los residentes locales, deberían hacerse las siguientes preguntas: ¿Quién ejercerá el liderazgo para implementar la visión más amplia? ¿Existe ya una organización que esté comprometida y sea capaz de hacerlo, o hay que crear una? ¿Hay grupos comunitarios que ya tengan experiencia en desarrollo inmobiliario y acceso a financiamiento, y que puedan asociarse con un CLT o incluso integrarlo en sus actividades? ¿Cómo puede el nuevo CLT asociarse y apoyar el trabajo de la organización comunitaria, en vez de distraer su labor?

Muchos CLT nuevos están siguiendo el camino de grupos como DSNI y T.R.U.S.T. South LA, estableciendo organizaciones separadas para gestionar las funciones de administración y la propiedad de suelo, y utilizando después la capacidad de emprendedores de viviendas sociales ya existentes por medio de alianzas. Si bien es cierto que cada localidad es distinta, este método parece ser un buen punto de partida para estos grupos, sobre todo si quieren conservar su energía para realizar la importante tarea que originalmente se propusieron: luchar por formar comunidades dinámicas y equitativas.

Miriam Axel-Lute es editora de Shelterforce, una revista dedicada al campo de desarrollo comunitario. Ha escrito extensamente sobre temas de organización comunitaria y fideicomisos de suelo comunitario.

Dana Hawkins-Simons es una galardonada periodista que ha publicado innovadoras investigaciones en U.S. News & World Report. También fue directora de Iniciativa de Oportunidades de Vivienda en el Instituto Nacional de la Vivienda.

Referencias

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Thaden, Emily y Greg Rosenberg. 2010. “Outperforming the Market: Delinquency and Foreclosure Rates in Community Land Trusts.” Lincoln Institute of Land Policy. www.lincolninst.edu/pubs/dl/1846_1154_LLA10102%20Foreclosure%20Rates.pdf

Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 2 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

Este artículo es un avance de la investigación exploratoria La cuestión de la regularización jurídica de los barrios urbanos. En él se presentan algunas respuestas a las interrogantes en torno a por qué en Venezuela, a diferencia de muchos otros países latinoamericanos, no se ha generalizado la regularización jurídica de los barrios urbanos.

La situación

Hasta el presente muy pocos barrios urbanos se encuentran en terrenos pertenecientes a sus ocupantes, quienes no pueden registrar la propiedad construida, sino obtener un título supletorio cuya validez legal es limitada. Desde principios de los años 1970 existe una interpretación emanada de la Corte Suprema de Justicia que establece que las operaciones sobre edificaciones en suelo ajeno no podrán ser registradas, a menos que conste el consentimiento expreso del propietario del suelo (Pérez Perdomo y Nikken, 1979:38). Éste es el enunciado de un principio general, que se aplica no sólo a las casuchas urbanas, sino a todas las edificaciones.

Sin embargo, las construcciones en las barriadas populares gozan de posesión del terreno donde se asientan, término que podría definirse más estrictamente como posesión precaria . Y el hecho es que los niveles de estabilidad de este tipo de posesión tienden a variar, desde una estabilidad razonable hasta casos donde la posesión es totalmente inestable, los ocupantes son desalojados y las estructuras demolidas.

Hay que tener presente que las ocupaciones e invasiones de tierras no son un fenómeno nuevo en Venezuela. Sólo hace falta observar el predominio de barriadas de ocupación en las ciudades venezolanas desde el siglo XIX. En este sentido, las ciudades venezolanas muestran una acentuada diversidad física y social, que se caracterizada por:

• Ciudades constituidas por estructuras materiales bien diferenciadas, producto principalmente del rápido proceso de urbanización ocurrido en el país, especialmente en el siglo XX
• La inexistencia de oferta de vivienda para las familias de bajos ingresos que decidieron mudarse a las principales ciudades
• Las formas de gobierno urbano donde la aceptación de las ocupaciones ha sido de hecho pero no de derecho
• Las desigualdades económico-sociales
• La cultura y talento de construcción del venezolano

Los cambios

Al reflexionar sobre la situación jurídica de los barrios, muchos nos preguntamos: ¿por qué se ha llegado a entronizar y en cierta forma a aceptar como normal construir o vivir en terrenos que se supone son propiedad ajena a los usuarios?

Las reacciones a esta situación compleja son diversas. Y llama la atención que hasta ahora ni los supuestos dueños ni los que viven en posesión del terreno hayan llegado a tomar medidas drásticas; por ejemplo, que los propietarios exijan el desalojo o expropiación de las tierras ocupadas, o que los usuarios exijan la compra o regularización jurídica de la tenencia de la tierra. La aparición de lo que se ha definido como derecho oficial paralelo (Ontiveros & Bolívar, 2000:128-139) ha permitido la existencia y mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los terrenos “invadidos”, pero además a dado pie a que ésta situación se vuelva crónica, y a que ninguna de las partes involucradas parezca exigir un cambio.

No obstante, en los últimos años ese entendimiento tácito se ha quebrantado, principalmente debido a los requerimientos del sector bancario, que no ha transigido en dar préstamos a las personas sin propiedad registrada sobre el terreno que ocupan. Y también a la intervención del Banco Mundial como ente cofinanciador de operaciones de habilitación de barriadas urbanas.

Ahora por primera vez se ha incluido la regularización de la tenencia de la tierra en las barriadas en la Ley de Política Habitacional (artículo 14), y un equipo de juristas trabaja en la elaboración de una Ley Especial que permita, o al menos contribuya, a poner punto final a la situación de irregularidad jurídica que se vive en los barrios urbanos venezolanos y en algunas de las urbanizaciones populares.

Causas que obstaculizan la regularización jurídica de los asentamientos informales

A continuación nos referiremos a los diversos elementos que hemos despejado como causas de la no regularización jurídica de las barriadas, y principalmente de la tenencia de los terrenos donde éstas se asientan.

La incertidumbre sobre los verdaderos propietarios

El Dr. Rafael Caldera, expresidente de la República, argumentaba que la causa principal de la no regularización es la falta de claridad en relación con quiénes son los propietarios de las tierras invadidas. Y que frente a esta incertidumbre, lo más importante y urgente era darles los servicios fundamentales a los ocupantes de los terrenos. En suma, la regularización jurídica nunca ha sido prioritaria en el proceso de consolidación de las barriadas. No obstante, sabemos que existen otras causas más profundas de la no regularización formal.

La aceptación y creación de un orden jurídico alternativo

En Venezuela las barriadas urbanas son una empresa sorprendente que desde sus inicios, en los años 1940 y 1950, se supone que puede ser controlada y su obra demolida eventualmente. Hasta ahora nadie ha logrado esta meta. Sustituir las barriadas autoproducidas por urbanizaciones ha quedado en el discurso, en ofrecimientos. Prueba de ello es que la mitad de los venezolanos que viven en ciudades se alojan en asentamientos informales.

En la práctica se ha instaurado una suerte de derecho oficial informal para los asentamientos informales y todo lo que a ellos se refiere. Los estudios de Pérez Perdomo y Nikken (1979:21) explican “…cómo el mismo Estado ha contribuido a crear una especie de orden jurídico informal para satisfacer las necesidades jurídicas de las barriadas relacionadas con la pertenencia de la vivienda”. Lo que nos indica que existe una aceptación de hecho, pero no de derecho.

Entonces, ¿se puede decir que la gente de las barriadas irregulares no quiere que su propiedad sea regularizada? Sabemos que esto no es totalmente cierto. Ellos viven en posesión de un terreno como si fuera su propiedad. Cuando aparece el propietario y quiere desalojarlos luchan hasta detener el desalojo. Aunque pareciera que mientras la posesión no esté en riesgo de desalojo, los ocupantes se quedan conformes y esquivan la diferencia entre propiedad y posesión de sus asentamientos, muchas veces para no involucrarse en procesos burocráticos y jurídicos desgastadores y costosos. Y también para no enfrentar las obligaciones tributarias que trae consigo la legalización.

La dotación de servicios públicos en vez de la regularización jurídica

Otra prueba de la aceptación y la alternatividad jurídica es que las instituciones del estado se han ocupado de dotar, en general precariamente, de vías, servicios y equipamientos a las barriadas urbanas (Josefina Baldó, 1996). Aunque sea por cuentagotas y a cambio de votos.

Los investigadores de otros países, especialmente los de América Latina, se extrañan de la dotación de servicios que tienen las barriadas urbanas de Venezuela que no han sido regularizados jurídicamente; más sorprendente aún es el mejoramiento de las viviendas, su transformación de casuchas en casas y hasta edificios de varios pisos de materiales convenientes (Bolívar et al., 1994). Esta situación es peculiar y se debe al camino que escogieron nuestros gobernantes, de dotar precariamente los terrenos invadidos donde se había aceptado la ocupación, en lugar de arreglar primero la cuestión de la propiedad.

Tal política ha impedido, o al menos retrasado, la regularización jurídica de las barriadas. Además, se ha instituido que las bienhechurías se pagan en caso de necesitarse el terreno donde se asientan.

Los procedimientos legales y burocráticos

En Venezuela existe un acceso desigual al sistema jurídico y administrativo. Los procesos burocráticos consumen muchas energías y son costosos, así que hasta tanto no se les pida a los ocupantes el documento legal probatorio de su propiedad, a ellos no les importará no tenerlo, e incluso se pueden olvidar de que ese mecanismo existe como opción. Es de hacer notar que no siempre es posible el acceso a expertos para determinar el estado jurídico de una propiedad, y que los diagnósticos incorrectos son comunes.

Además, las iniciativas de legalización tienen que sobreponerse a las dificultades para identificar a los verdaderos propietarios. Es necesario especificar la “tradición legal de propiedad” y resolver el tema de las “tierras indivisas”, que tradicionalmente se encuentran dispersas en una maraña hereditaria. Sin embargo, prevalece la falta de sensibilidad e ignorancia de la ley entre los empleados gubernamentales que deben resolver estos casos. La ley oficial es muy estricta y en consecuencia mucho más difícil de aplicar que la ley alternativa. Y la situación se complica aún más al tomar en cuenta el resentimiento y prejuicios de burócratas corruptos hacia los “beneficiarios” de los problemas relativos al suelo, especialmente cuando éstos son los ocupantes ilegales de asentamientos construidos por iniciativa propia.

Otro de los obstáculos evocados por funcionarios entrevistados atañe a la diversidad de tamaños y formas de las parcelas existentes en las barriadas (Bolívar et al., 1994:53-100). Algunas pueden ser de unos 20 m2, otras de miles… Esto es en verdad complicado al proceder a la regularización, porque tendría que hacerse el levantamiento topográfico de las mismas y en muchos casos el recuadre. Se trata de un trabajo minucioso y dificultoso.

Conclusiones provisionales

No es frecuente que las luchas pacíficas de los habitantes sean publicitadas, a pesar de que algunas hayan costado vidas humanas. La mayoría de estas batallas queda en el olvido, aunque para los que trabajamos el área son un documento imprescindible para el estudio del tema de la regularización.

Dada la cantidad de dificultades existentes, muchas veces no hay la voluntad política para efectuar los procesos de regularización. Es fundamental sincerar esta situación. Muchos especialistas sugieren que es primordial romper con el patrón de ocupación y posesión que ha prevalecido hasta ahora. Seguir jugando con la ambigüedad de que sólo importa la posesión y no la propiedad, es condenar tanto a los poseedores como a los propietarios formales a no aclarar nunca la situación. Y a que los políticos usen el problema como recurso para generar clientelismo. Esta postura conduce a que en el tiempo las confusiones lleven al caos urbano y a que la vida cotidiana de los habitantes esté signada por la incertidumbre, el miedo y la violencia.

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Pérez Perdomo, R. y Nikken, P. (1979). Derecho y propiedad de la vivienda en los barrios de Caracas. Caracas: Universidad Central de Venezuela y Fondo de Cultura Económica.

As delegates to the World Social Forum (WSF) in Porto Alegre, Brazil, in January 2003, the authors examined alternatives to the neoliberal approach to urban development, to escape the negative results that are too often ignored by the media and even academia. Broad-scale, national-level alternatives to neoliberalism have been rare, but alternatives at the municipal level are more common. The authors draw from lessons in Brazil and from their home countries of Mexico, South Africa and the United States. Their lectures and seminars at the World Social Forum, and related programs at the University of São Paulo and the Federal University of Rio de Janeiro, have been supported in part by the Lincoln Institute.

Residents of enormous districts in some of the world’s largest cities suffer with miserable housing, difficult access to work, inadequate water supplies and sewerage, poor public services and exposure to violence. In many cases, conditions grew worse during the “lost decades” of the 1980s and 1990s, due to recession and cutbacks in planning and public investment. Those with faith in trickle-down improvements waited in vain for private markets to increase household incomes. Instead, in many countries the poorest three-quarters of the population suffered absolute losses.

Forced to respond to these kinds of problems, city governments contemplate new approaches to such questions as local versus national authority, productive efficiency versus neighborhood-based redistribution of services, and conflicts between plans and markets. At the municipal level the complications become painfully clear. Popular advocates of redistributive reforms struggle to survive in a hostile environment, often against strong private business interests, a privileged middle class, and conservative provincial and central governments. The problems in cities are immediate and concrete, requiring negotiation, concessions, compliance with an often-biased legal framework, and high degree of professional competence and leadership. Municipal planners and activists cannot overturn the whole system, but for success they must look to exploit cracks and find institutional openings. In spite of the manifest failures of the neoliberal regimes, reformers will find no simple return to an earlier age.

This brief discussion highlights complex issues, perhaps raising questions more than answering them. How does one deal with land issues underlying most urban problems: ownership, regulation, taxation and value? How much scope is available to municipal governments to pursue economic development or to redistribute basic needs, including household income and access to land? How much difference does it make at the municipal level whether or not the national regime is moving in progressive, redistributive directions? Complicating these issues, globalization may be intensifying, challenging cities with low-cost competition, increased transnational corporate reach, and ever-broader powers concentrated in multilateral institutions.

Land Values and Markets

The benefits of urbanization require public and private access to land, yet urban land values reflect differing degrees of access to a city’s benefits. Low bidders are excluded from more desirable land in most land markets, whether formal or irregular. The poor are pushed to the city margins or crammed into the deteriorated inner core. Weakly regulated land markets do not even guarantee economically efficient use of urban land, let alone ensure land use patterns vital to environmental survival. Local governments intervene with land use controls and taxation, or facilitate access to cheap urbanized land, in the best of cases pursuing equity, fiscal efficiency and environmental viability. Performance on all these counts is highly variable.

In Mexico, at least 60 percent of the urban population lives in areas developed by the illegal occupation of land that subsequently receives services and supports self-built (or rather, self-financed) housing. Thanks to historically ingrained traditions about the people’s right to land, informal settlements have been supported by infrastructure and service provision, regularization programs, and even credits for home improvements. Otherwise, the urban housing situation in Mexico would be much worse. During the 1980s, public institutions accrued significant land reserves, which were applied successfully in low-cost sites and services, core housing and mutual aid projects as alternatives to irregular development. But Mexico eliminated land banking, under World Bank influence, hampering the scope of planning to ensure equitable and sustainable urban development.

In recent years, mass-produced formal housing in cities has increased. In line with World Bank advice, the subsidized finance system for the salaried working classes and middle-income sectors has been restructured, enabling commercial developers to operate on a very large scale, acquiring vast tracts of cheap greenfield sites (and some inner-city sites), and then designing, constructing and marketing industrialized housing. The initial advantages are the provision of services and the seemingly spacious suburban atmosphere. The disadvantages are inaccessibility, lack of urban amenities, reduced space standards, and lack of space for future growth. The gigantic scale of this type of development may deplete irregular settlements of middle-income residents, thus increasing social segregation.

In Brazil, municipal governments have begun to experiment with ways to regulate land use, such as property tax increases linked with progressive taxation, including broad-scale exemptions for as many as half the property owners, and popular participation in decision making for regulatory changes (planning and zoning) and for investments in urban infrastructure. Many changes were first implemented by Workers Party (PT) mayors, operating in opposition to the federal and state governments, with the aid of fiscal and regulatory changes introduced in the 1988 Constitution. Now, with the PT government holding national power under President Luis Inacio (Lula) da Silva, left or center-left municipal governments may find themselves able to experiment more. Nevertheless, the obstacles are very great. Even in the relatively rich city of Porto Alegre a third of the population lives in irregular settlements.

The South African experience since democracy was won in 1994 shows that tremendous difficulties confront those who would use public agencies to assist the poor to gain access to land. The government did succeed in subsidizing over a million families previously living in shacks and shared rooms, but almost all new houses were located at the extreme peripheries of the cities. A key progressive gain is that many large metropolitan areas are now consolidated in single municipal governments. But economic growth concerns and fiscal crises have limited the ability of the new jurisdictions to redistribute resources in favor of the poor. Planners intended to raise ample funds through taxation of high-value central land, to pay for subsidies for developments in poorer districts, but values did not follow predictions, and receipts were grossly inadequate. Land markets continue, by and large, to exclude the disadvantaged, and they haven’t yielded sufficient tax revenue. A continuing lack of coordination in the formulation of policy has seen programs in land, housing, services, public works and employment working against each other in some cases.

In the United States, nearly all land and housing development is “regular,” market-driven and dominated by private banking, real estate and development firms, and better-off households. The results are starkly unequal, pitting suburbs against much poorer central cities. Efforts to right the imbalance have generally been frustrated, because land markets do not deliver great efficiencies or fairness. The process is highly regulated, so that inequalities are generated not only by (land) markets themselves, but also by political groups such as “growth coalitions” and by fierce regulatory manipulation on behalf of privileged middle-class and wealthy districts.

The regulation of land markets through planning, land banking and taxation constitutes a broad arena for municipal intervention in land policy. Local governments have extensive potential authority, and they typically have constitutional prerogatives for planning and taxation (although in practice they are still constrained by powerful national forces). They may act to support economic growth or to redistribute it, even in a conservative provincial or national climate. Local planning does constrain land markets, but often without redistributive effects, since city governments must contend with strong financial interests, patterns of privilege, and entrenched power. Professional competency and consistency are required to exploit the full potential of property registration and taxation systems, and financial decentralization limits the possibility of cross subsidies and redistributive measures.

Progressive Local Government

In spite of claims about the conservative nature of powerful constraints on the redistributive capacity of local governments, evidence from the four countries cited here suggests that municipalities may indeed find ways to redistribute public goods and services on behalf of their less well-off residents. Municipalities also may serve as laboratories for social experimentation and as sources of progressive ideological change.

In Mexico, the role of municipal and state governments in achieving more equitable cities is undisputed and constitutionally sanctioned, yet fraught with obstacles. In the 1990s, the first electoral defeats of the Revolutionary Institutional Party (the PRI, which dominated the political arena from the 1920s) were at municipal and then state levels. Throughout the country there are genuine examples of successful innovative and socially redistributive programs run by municipal governments, such as participatory budgeting and planning, and community recycling. Mexico City’s Federal District is now governed by the left-of-center Democratic Revolution Party, which also controls most of the poorer and more populous jurisdictions of the metropolitan area. In 2001, this government introduced a social investment program targeting the poorer districts, providing monthly cash payments of US $70 in 2002 to people over seventy years, interest-free loans for home improvements in irregular settlements, and traditional public services and social assistance. Criticized from the left and right as populist and electioneering, this program is now emulated on a smaller scale by the center-right federal government and in local electoral platforms by the PRI. Despite initial positive evaluations, however, questions remain about costs for universal coverage and viability in poorer municipalities, and about reinforcing clientilism.

Brazilian experience with redistribution by municipal government has been documented in many notable cases, from giant cities such as São Paulo, to large cities such as Porto Alegre, Santo Andre and Belem, to the hundreds of smaller municipalities that have elected left-of-center administrations over the past 15 years. The case most often discussed is participatory budgeting, the innovation that has involved more than 10 percent of Porto Alegre’s residents in decisions to allocate more than one billion dollars of public expenditures on infrastructure and services. Other innovations include improvements in transit services and expansion of bus lanes to challenge the hegemony of the automobile, which serves a privileged minority. Some progress has been made in housing, but local government capacity is limited.

South African municipal government has emerged only in the last two years from its long history of apartheid division and the turmoil of reform since 1994. But, new trends demonstrate innovation at the municipal scale. Although many aspects of municipal government have been “corporatized” in Johannesburg, the city is beginning to make substantial progress on the regeneration of decayed inner city areas, using a wholly owned company (the Johannesburg Development Agency) as the instrument of change. Agencies of this kind seem to be able to solve some of the problems of intricate relationships between different spheres of government—local, provincial (or state) and national—and to attract greater private interest in supporting municipal initiative.

New approaches to planning in South Africa are also starting to show signs of success. These participatory approaches bring public utility agencies and big-budget government departments, as well as citizens, into framing municipal action over the short- to medium-term. Such developments indicate that working on the linkages between different agencies is crucial for increasing effectiveness and reducing frustration during the early democratic period. Some municipalities are beginning to find ways of sharing experiences and shaping new forms of cooperation. An example is the new national Cities Network, which brings together nine of the largest municipalities in the country as a means of stimulating innovation and expanding impact.

Social and political innovation has also been documented at the municipal level in cities of various sizes throughout the U.S., often in situations that require resisting politically conservative national trends. Very large cities such as Cleveland and Chicago developed city plans aimed explicitly at redistribution to provide assistance to needy households and deprived neighborhoods. Chicago also developed solid programs to support smaller and more local business enterprises, versus the usual beneficiaries among large firms and downtown interests. Smaller cities such as Burlington, Vermont, and Santa Monica, California, developed aggressive programs in housing and rent control aimed at helping needy constituents. As in the heralded examples of participatory budgeting in Brazil, these progressive municipal programs typically have strict limitations, because they can do little to improve the labor market and thus can offer only small improvements to household cash incomes.

Municipal efforts on land use and housing in the U.S. are often constrained by local control or “home rule,” which isolates the more numerous, wealthier suburbs that literally surround poorer central cities. The wealth and significant taxing power of these separate jurisdictions combines with a U.S. peculiarity—local financing of public schools—to burden city residents with powerful disadvantages. Since about 90 percent of U.S. children attend public schools, local control of schools is a hot-button issue in U.S. politics. Scholars construe de jure public suburban control as de facto privatization: by purchasing homes in suburbs, households are purchasing control of local schools, thereby excluding others, such as new immigrants and ethnic groups, especially African Americans.

One hears echoes of such U.S. suburban privatization and division in the rigidly separated districts and gated communities of Rio de Janeiro, São Paulo and other Brazilian cities; in the huge separations of privileged central districts and the unserviced periphery in Mexico City; and in the surviving apartheid spatial structure of Johannesburg. We find that municipal governments do act against these inequities, at least in part because of an ideological commitment and because the resulting problems threaten their capacity to govern. Some localities may turn their limited victories into building blocks for larger progressive structures at the national scale, as evidenced in Brazil.

National-level Urban Reform

Urban affairs is a hot issue in Brazil, and various laws, administrative practices, budgets and regulations have been brewing since the new Constitution of 1988 promised an improved status for cities. After more than a decade of extensive public debate, new legislation was enacted in the 2001 City Statute, a federal law on urban policy. The new left-of-center government led by President da Silva is betting on a new national ministry to integrate different activities and to find more effective approaches to persistent urban problems. This Ministry of Cities (Ministerio das Cidades) was established in early 2003 to improve housing, transit and neighborhood services for poor majorities, preserve and renovate historic centers, promote economic development, and drastically increase participation. National leaders aim to emphasize the concerns of mayors, city councils and the neediest citizens in the federal agenda. Other countries are generally a long way from such an urban policy, and the Brazilian experiment will be closely watched.

Mexico is a clear example of how constitutional rights to such things as decent housing, health and education may be considered important, but are not valued enough to guarantee their fulfillment; nor are all those good intentions laid out in the highly complex planning legislation. Even municipal-friendly constitutional amendments of the 1980s have not fully undermined the high degree of centralization of all public policy, including social spending and virtually all environmental regulation. As a result, the urban and social agendas of different levels of government are often competing rather than complementary, and are always insufficient to meet demand.

South Africa has tried to develop a new national policy in the urban field, starting with a national Urban Development Strategy after the 1994 democratic elections. But relatively little has been accomplished since the strategy has tended to remain a paper commitment to good outcomes rather than a concrete program or a real obligation on different departments and levels of government to work together toward common goals. Part of the problem has been competition between different agencies over who should set the agenda. Diverse centers of power, from the president’s office to the finance ministry, the local government department of the national government, some of the provincial governments, and the national municipal association, are vying for position in shaping urban policy.

The lack of coherent urban policy in South Africa also must be placed in the context of the central agenda of government, which stresses not only economic growth but also the continuing empowerment of the previously disadvantaged black majority. There is by no means consensus over the roles of the cities in accomplishing either of these objectives. A single ministry addressing urban issues would seem like a dream to many observers, but other ways of achieving similar objectives by reorganizing relationships between parts of government suggest that progress can be made.

In the United States, the federal agenda for urban policy has been weak since the late 1970s, and general fiscal constraints have combined with suburban voters’ indifference to cities. These problems have been greatly exacerbated by the consequences of the terrorist attacks of September 11, 2001, by demands of the U.S. war economy, and by the conservative nature of redistribution pursued by the Bush Administration.

This range of international experience suggests that profound national changes and legislation can have immense local effects. A national government can provide fiscal, regulatory and administrative support for a whole series of municipal improvements, many of which would be eagerly implemented by local governments. National governments (and even international agreements, as in the earlier European common market) can inhibit or even prohibit such things as municipal tax-cutting competition in pursuit of relocated private investment, thus eliminating a lose-lose situation for public budgets. But, even in the best of cases, such opportunities are limited, politically difficult and technically complicated.

Conclusions

In the context of the globalizing economy, city politicians and officials face remarkably similar uncertainties in Brazil, South Africa, Mexico and the United States. As economies have become more open, some industrial sectors have been hammered, while others have been able to take up new opportunities (such as motor vehicle exporting in South Africa) and new niches have emerged. The current geopolitical context poses challenges for city administrations; how they think about their role in this period of imported instability is significant. There is a tension between those who think that the role of city government is to frame competition with other cities, and those who see more cooperative roles.

Cities themselves need to develop capacity to formulate and implement plans. They cannot simply rely on the panoply of outside professionals and agencies that have increasingly defined urban agendas. Some of the needed sharing can fruitfully take place in an academic environment, especially where long-term research helps to inform choices. It is particularly important to widen opportunities for sharing between the city officials and scholars of the global South and the North, to the mutual benefit of both.

Priscilla Connolly teaches urban sociology and planning at the Autonomous Metropolitan University in Azcapotzalco, Mexico. William W. Goldsmith directs the Program on Urban and Regional Studies at Cornell University. Alan Mabin is associate professor in the Graduate School of Development Management at Witwatersrand University in Johannesburg, South Africa.

Rampant informality, so emblematic of large cities in developing countries, poses many challenges for property taxation systems. For instance, tenure rights in informal settlements are often obscure or even unknown; buildings are constructed gradually over time, self-construction is common, and the whole unit may never be finished; property value depends on vague or intangible factors such as the security provided by community organizations; the occupant or even the legal owner may be too poor to pay taxes; administrative costs of tax collection are higher than in the formal areas, whereas assessed values are often much lower; and there is hardly any public investment in infrastructure and services.

These critical features of informal housing seem to violate many of the premises on which the administration of a property tax system is grounded: identification of taxable property and corresponding taxpayers; description of the property’s physical characteristics; determination of property values on a reasonable market basis and according to predictable measures; the taxpayer’s presumed ability to pay; collection costs that are relatively low compared to the revenue collected; and an expectation that tax revenues would benefit the area from which the tax was collected.

This comparison depicts the essence of the conventional wisdom on informal occupations and the reasons why they are generally disregarded for taxation purposes, but misconceptions and prejudices are evident. This article examines some of these biases and their consequences for property tax collection in informal areas. The Latin American situation is used to illustrate this debate, but this study is still exploratory due to limited data. The arguments discussed indicate promising directions for further analyses, rather than conclusive findings in most cases.

Informal Occupations

In land occupation and housing, informality is a multidimensional phenomenon involving thorny issues related to land tenure; noncompliance with urban norms and regulations, such as minimum lot size, allowance for public spaces, and street layouts; inadequate provision of public services and equipment; and occupation of improper areas, such as environmentally protected or ecologically risky areas and contaminated brownfield sites.

Slums originated by land invasions are the first image of informality that comes to mind, but other social and physical forms of informality range from pirate subdivisions, usually characterized by market sales of land having no clear title, to situations where even legally qualified owners with titled land do not conform to existing urban norms and regulations.

According to the United Nations–Habitat (2003), about 928 million people (32 percent of the world’s urban population or 43 percent of the population of developing countries) currently live in slums with precarious urban infrastructure and inadequate public services. If current trends and policies continue, the report estimates that slum populations will increase by 37 million per year to reach a total of 1.5 billion people in 2020. Although Latin America accounts for 9 percent of the world’s population, it comprises about 14 percent of those who live in slums.

Why is Informality a Problem?

Informality disorganizes the functioning of urban land markets, since illegal, irregular, and clandestine operators are able to reap higher profits by avoiding some costs, such as taxes, the cost of protecting the land from invasions, or the cost of providing basic urban infrastructure and services. Contrary to expectations, land prices per square meter in informal settlements are often higher than those in formal areas, when discounting investments related to the provision of water, electricity, drainage, sewerage, and other services.

Moreover, informality is expensive for society. The costs of curative policies to upgrade irregular settlements are higher than the cost of new land development, and indirect social costs include the presence of criminal activity and natural disasters caused by development in environmentally sensitive areas. The evidence also suggests that informality is both a cause and an effect of urban poverty. The geographic distribution of poverty tends to overlap with the spatial pattern of informal arrangements, although the magnitude and persistence of informality cannot be entirely explained by poverty. A survey conducted by the Instituto Pereira Passos (2002) based on the Brazilian Census of 2000 found that about 64 percent of the population classified as poor actually lived outside the slum areas.

Myths of Informality

There are many prevailing myths about how informal settlements are either established or operated, including the perception that occupants in informal areas are neither willing nor able to pay property taxes. In fact, not only are occupiers usually willing to pay the tax as a way to legitimate their land tenure, but they are often quite able to pay it. New occupants, in fact, have already paid the property tax in the form of higher land prices, yet the payment went to either the subdivider or original landowner instead of the government.

Moreover, payment of the property tax by occupants of informal areas is likely to legitimate their right to demand public services and other urban improvements from government authorities. Many informal occupants also realize that private provision of basic services through informal means, such as buying water from a truck, is likely to be more costly and risky than payment of the property tax.

Other myths or assumptions about informality include beliefs that occupants of informal settlements are necessarily poor; informal settlements are occupied only by unemployed and informal workers; formal property title is necessary to obtain access to credit; informal settlements are homogeneous entities clearly distinguished from formal settlements; and occupation of informal settlements is made through nonmarket transactions.

Property Tax Collection

In an attempt to relate property tax collection per inhabitant to the presence of informality, we used data based on a survey of municipalities conducted in 1999 by the Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2001). Table 1 presents data that measured two criteria: the occurrence of slums (i.e., informal settlements caused by invasions) and the existence of all types of irregular land development. Slums occur in 27.6 percent of all municipalities in Brazil, while irregular land development (including slums) occurs in almost 44 percent of them. The maximum value of property tax collected is higher in larger municipalities and those with slums and other irregular developments, and the revenues also tend to be higher on average than in those municipalities without such development.

However, Table 2 illustrates the difficulty of monitoring property ownership and tax collection records by comparing the presence of cadastres in municipalities with records on slums and informal settlements. Local cadastres cover information on slums in 52.5 percent of the municipalities in which they are found, but only 39 percent of those cities have complete records on informality. By comparison, 50.5 percent of municipalities with irregular land developments have this information included in their cadastres, and 51 percent of the cases with records have complete information. Thus, one cannot reject the hypothesis that the larger, richer, and more developed municipalities are also the ones with better records on informal occupations.

Using the IBGE database, a model for multiple regression analysis was developed to test the relationship between informality and the property tax collected per inhabitant. The relationship was controlled with other attributes available in the database, including the average income per inhabitant, the size of the population, and a group of variables associated with the role of the local administration in promoting urban development. Based on this model, which explains approximately 72 percent of the variation in the property tax collected per inhabitant, the following factors have proven to be influential in determining the amount of property tax collected.

• Urban regulations and minimum lot sizes. The findings support the argument that municipalities with a more complete regulatory framework are able to collect more property tax per inhabitant. Consistently, a decrease in the property tax collected per inhabitant is found in municipalities where no minimum lot size is established. Thus, stricter land use regulations have a positive effect on property tax performance, as much as their absence produces adverse effects.
• Updated property cadastre and maps. As expected, municipalities in which the property cadastre and maps have been updated more recently tend to obtain a higher collection ratio. The model also indicates that municipalities that use more technology, as measured by the use of a digital cadastre, are able to collect more property tax per inhabitant than the others.
• Occurrence of slums. Municipalities with slums collect more property tax per inhabitant than those without slums. A plausible explanation for this phenomenon may be that more industrialized and/or more economically dynamic cities have a higher incidence of informality. In this case, the loss of property tax revenue generated by informality is likely to be compensated by the revenue collected in high-income areas and from commercial and industrial properties.
• Inclusion of informal property in the cadastre. The importance of a more universal tax base is also confirmed, as reflected in better property tax performance when informality is recorded at the local government level.
• Collection ratio. Municipalities with less tax evasion, that is, a higher collection ratio, tend to collect more property taxes per inhabitant.
• Average income per inhabitant. Finally, the average income per inhabitant is the most important factor in tax collection, accounting for about 42 percent of the variation in the property tax collected per inhabitant.

In addition to the level of income, the findings clearly indicate the importance of an effective administration of the property tax. In other words, even in the presence of informality municipalities achieve better results in comparative terms if they maintain updated cadastres and maps, include informal properties in the cadastre, and have a broad framework of urban legislation. In summary, when focusing strictly on the property tax performance, the major cause of concern is not the presence of informality itself, but the way public officials deal with it for property tax purposes.

The Property Tax as a Tool to Reverse Informality

A more vigorous property tax is likely to affect informality directly. For instance, the portion of the property tax levied on land value constitutes a strong antidote to force the existing stock of serviced land to the market. The property tax may also be important as a tool to influence the decision-making process for which areas should receive urban services. Indeed, communities without a property tax system are particularly vulnerable when it comes to seeking public attention.

The property tax can also be an educational mechanism for helping citizens realize their rights and duties, including the need to contribute to public expenses. The government’s commitment to allocate tax revenues fairly and equitably provides greater legitimacy to the tax. Furthermore, a property tax may be one mechanism to reduce land prices through the capitalization effect (Bahl and Linn 1992). Usually local government recognition of occupancy has no direct, legal effect on guaranteeing property titles at the public registry, but informal occupiers may perceive it as a kind of a green card to access the legal world.

Rabello de Castro (2000) has argued that there are solid legal grounds to use cadastres for property tax purposes to legitimize tenure rights, and that the courts would have no difficulty in admitting such records as trustworthy evidence. Finally, there is an advantage for the property tax to cover informal property because its application requires specific knowledge of the area, which has immensurable value to the city management.

Policy Recommendations

Informality poses particular challenges to property tax administration, including the need to design feasible and politically acceptable procedures. Following are some policy recommendations for consideration.

• Extend tax liability to occupants in informal settlements. Limiting property tax liability to the landowner reduces the ability to collect taxes in countries with a substantial number of informal settlements. Legislation could establish the possessor or occupier as the taxpayer of record, so there should be no technical impediment to considering alternative forms of secured tenure to meet the challenge of enhancing the universality of the property tax.
• Update urban cadastres. Conventional cadastral procedures and techniques are not able to keep up with the physical and legal idiosyncrasies of informal settlements. Low-cost, flexible initiatives to update cadastres and identify irregular land subdivisions and buildings might include the establishment of partnerships with companies that provide public services or institutions responsible for social programs.
• Determine how to assess informal property. Assessing informal property is a challenge since there is little understanding of how informal markets operate. This may require taking into account atypical determinants of property values (e.g., the value of relaxed urbanistic norms and regulations) and creative sources of information (e.g., neighborhood association records on property transactions). However, a vibrant property market is generally observed in informal areas, and the analysis of the determinants of land prices is as feasible and amenable to standard techniques as the analysis undertaken in formal markets (Abramo 2003). Another alternative is to use self-assessment, as applied in Bogotá, Colombia, using simplified forms to make the process easier for low-income families.
• Bypass assessment difficulties for progressive housing. Self-production of housing is common, and improvements may take place on a gradual, albeit permanent, basis in informal occupations. Consequently, proper taxation of informal properties would require inspecting the houses more frequently. These difficult circumstances suggest considering other alternatives, including the use of either the site value as the tax base or a self-reporting scheme. Neighborhood associations and community organizations could be involved in such programs. Initiatives to encourage self-reporting would be facilitated by the extent to which the revenue collected is earmarked to improve public services and equipment in the neighborhoods in which the property tax was collected.
• Minimize tax evasion. Contrary to the view that higher rates of tax evasion prevail in low-valued properties, the general perception is that tax evasion is more likely to occur on high-valued properties. Local administrators and other sources confirm that poor families are quite willing to have their properties included in the fiscal cadastre, and to pay the property tax.
• Adjust the tax burden on the poor. Current alternatives for either reducing or eliminating the tax burden on the poor in formal areas should be applied to informal areas. Such measures include either deductions or exemptions according to the property value, the family income, or both criteria, and the use of progressive rates starting at a symbolic value and moving up according to classes of assessed values.
• Establish a fiscal culture. Symbolic tax payments may have no impact in terms of revenue, but are likely to contribute to the creation of a fiscal culture. A sustainable tax system for informal housing requires steps similar to those for formal property markets: adjust the tax burden according to the ability-to-pay; demonstrate to taxpayers the public benefits related to the collection of the property tax; promote educational programs explaining the rights and duties of citizens; and apply effective and reasonable penalties for cases of nonpayment.

Even though most informal property is excluded from the property rolls, the above requirements should be applied to informal properties if a higher level of efficiency in property tax collection is to be achieved. The argument about high collection costs to exclude low-valued properties (or low-income families for that matter) from the tax-rolls should be reckoned against the benefits of promoting broader fiscal citizenship.

A Longer View

The collection of property taxes in informal areas may be not only possible under certain circumstances, but also attractive for pursuing a more effective urban policy that is capable of mitigating informality and its negative effects for society in general and for individual occupants of these settlements in particular.

Despite the difficulty of providing empirical evidence on its theoretical impacts on the land market, the part of the property tax levied on the land value is likely to produce effects that are critical to mitigate the distortions and dysfunctions in land markets with a high degree of informality. These effects include stimulating land development; deterring land speculation; reducing land prices; increasing the supply of urbanized land; encouraging more compact cities; promoting more efficient provision of urban infrastructure and services; and encouraging a more rational pattern of development. Indirect benefits may include the relevance of the information generated to identify property, the use of paid property taxes as a paralegal means to legitimize tenure rights, and last but not least the opportunity for accessing citizenship and becoming integrated into society.

In summary, when focusing on the property tax performance, the major cause of concern is not so much informality itself, but the way public officials treat informality and how they administer a property tax system. In this context, the introduction of the property tax into an environment with rampant informality requires special caution. The challenges to operating the property tax in informal areas include the need to understand the informal market, curb intervening land ownership claims from previous or absent owners, improve administrative capability, and legitimize public actions that result in social benefits to the poor. In addition, public officials need to overcome prejudice and misconceptions regarding informality and introduce efficient property tax initiatives that may actually reduce informality.

About the Authors

Martim O. Smolka is senior fellow and director of the Program on Latin America and the Caribbean at the Lincoln Institute of Land Policy.

Claudia M. De Cesare is a property tax advisor to the Secretariat of Finance in the municipality of Porto Alegre, Brazil. She is on the advisory board of the International Property Tax Institute (IPTI) and is a faculty member of the Lincoln Institute.

References

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Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 7 del CD-ROM Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

El Lincoln Institute ha venido colaborando con el Programa de Becas Loeb de la Escuela de Posgrado en Diseño de la Universidad de Harvard desde 1998. El Programa de Becas Loeb fue establecido en 1970 gracias a la generosidad del ex alumno de Harvard John L. Loeb. Cada año se invita a diez profesionales de diseño y planeamiento con cierta experiencia a realizar estudios independientes y desarrollar conceptos nuevos y conexiones para avanzar sus trabajos de revitalización de los entornos naturales y construidos. En mayo, la clase de becarios de 2005 realizó un viaje de estudios a Brasil para intercambiar información con sus contrapartes profesionales de las ciudades de São Paulo y Rio de Janeiro. Este artículo se concentra en lo que aprendimos sobre los programas para mejorar la calidad de vida en las favelas de estas dos ciudades.

Desde la frondosa selva tropical del Amazonas hasta los rascacielos futuristas con helipuertos integrados de São Paulo, Brasil es un estudio en contrastes. El país es rico en territorio, con una superficie ligeramente mayor que los 48 estados continentales de los Estados Unidos; es el país más grande de América del Sur y el quinto más grande del mundo.

En la actualidad, el 80 por ciento de los 186 millones de residentes de Brasil vive en las zonas urbanas. La ciudad de São Paulo, con una población de 10 millones de habitantes, es la más grande de Brasil y una de las más densamente pobladas; más de 16 millones de personas viven en su área metropolitana. La ciudad de Rio de Janeiro es la segunda más grande del país, con 6 millones de habitantes y una población metropolitana de 10 millones.

La distribución de ingresos en Brasil se encuentra entre las más desiguales del mundo. El 10 por ciento de la población con ingresos más altos se queda con el 50 por ciento del ingreso nacional, mientras que el 34 por ciento de la población vive por debajo del nivel de pobreza. Si bien los esfuerzos antiinflacionarios han ayudado a estabilizar la economía en los últimos años, el país sigue llevando a cuestas una considerable deuda externa. Al tener que lidiar con los desafíos de la extrema pobreza, el tráfico de estupefacientes, el crimen, la distribución desigual de la tierra y una oferta inadecuada de viviendas, el gobierno cuenta con fondos limitados para los programas sociales y con frecuencia los ha utilizado en forma ineficiente.

La vida en las favelas

Se estima que el 20 por ciento de los brasileños vive actualmente en favelas, o asentamientos informales de viviendas de bajos ingresos. Las favelas se iniciaron en Rio de Janeiro a comienzos del siglo veinte, cuando miles de soldados que pelearon en una guerra civil recibieron escasa asistencia del gobierno y fueron forzados a vivir en estructuras improvisadas. Se asentaban frecuentemente en lugares sin servicios públicos donde las edificaciones eran precarias, como en colinas empinadas o zonas pantanosas. Estas favelas fueron creciendo y se construyeron muchas otras en zonas igualmente inseguras. En 1966, 1996 y 2001, lluvias torrenciales crearon aluviones fatales en muchas comunidades.

Las favelas comenzaron a crecer rápidamente, tanto en número como tamaño, en la década de 1970, cuando los trabajadores rurales comenzaron a acudir en masa a las ciudades, atraídos por mejores oportunidades de empleo. En Rio, muchas de las favelas tradicionales se encuentran en las zonas céntricas, cerca de los barrios ricos y las áreas turísticas. En contraste, la mayoría de las favelas de São Paulo se encuentran en la periferia del núcleo urbano, debido a su geografía local, razones históricas y otros factores.

Alfredo Sirkis, director de gestión de planeamiento y ex concejal de Rio, explicó que la escala de estos asentamientos informales y el auge de delitos violentos son los dos desafíos más importantes a resolver para poder mejorar la vida en las favelas. Al hablar de la preponderancia de los narcotraficantes, dijo: “Cuentan con armas de guerra y cada día se hacen más valientes. La policía puede neutralizar la situación, pero apenas se erradica a las pandillas se van creando otras. La policía estatal y la guardia municipal patrullan estos barrios, pero la fuerza policial está infestada con corrupción”.

La mayoría de las casas en las favelas son construidas por sus propios residentes con materiales de chatarra, y no cuentan con sistemas de agua o alcantarillado apropiados. Un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (IPEA) de Brasil estimó que el 28,5 por ciento de la población urbana no tiene acceso a servicios públicos de agua, alcantarillado y recolección de residuos (Franke 2005). Algunas favelas grandes tienen más de 60.000 habitantes y son tan densas que es extremadamente difícil tender caminos o sistemas de servicios públicos.

Se han hecho varios intentos de introducir mejoras en las favelas a lo largo de los años. En la década de 1960, siguiendo el ejemplo de los programas de renovación urbana en los Estados Unidos, algunas favelas fueron demolidas, desplazándose sus familias a complejos edilicios grandes y frecuentemente distantes que contaban con infraestructura y servicios. Sin embargo, de la misma manera que en los Estados Unidos, este método frecuentemente fracasó, destruyendo comunidades y alejando a los residentes de sus empleos locales, brindándoles a cambio muy pocas opciones de transporte. Además, no se atacaron los problemas sociales subyacentes, como la falta de empleo, el tráfico de estupefacientes y el crimen. Durante las décadas de 1970 y 1980 se produjo un período de negligencia benigna que resultó en la rápida expansión de las favelas y el deterioro de su calidad de vida. La película ampliamente premiada Ciudad de Dios muestra la vida casi sin esperanzas de la juventud de las favelas en un proyecto grande de viviendas de la era de 1960, que se había deteriorado y caído presa del crimen en la década de 1980.

Los proyectos más recientes de mejora de las favelas aprendieron la lección de esos esfuerzos del pasado. Los becarios de Loeb visitaron dos de esos proyectos que se concentran en mejorar las condiciones de las favelas en su ubicación actual, reparando la infraestructura edilicia y creando programas sociales para brindar capacitación para el empleo, servicios de guardería, educación y prevención del crimen.

São Paulo: Diadema

Diadema fue fundada en 1959 para albergar a los trabajadores de la creciente industria automotriz y hoy en día es una ciudad autónoma dentro del área metropolitana de São Paulo. Una nueva afluencia de trabajadores rurales en busca de empleo se mudó al área en la década de 1980, y para ese entonces aproximadamente un tercio de la población vivía en favelas. Una gran parte de la ciudad enfrentaba serios problemas estructurales, dada la naturaleza descontrolada del crecimiento pasado, pero el gobierno respondió a las necesidades de infraestructura construyendo caminos y proporcionando alumbrado, agua y sistemas de alcantarillado. Hubo algunos programas de demolición y reubicación de residentes, pero, en general, se reconoció que una política de integración de las favelas en la ciudad tendría mayor éxito a largo plazo.

Sin embargo, la crisis económica de la década de 1990 precipitó una nueva ola de desempleo y crimen. Entre 1995 y 1998, la población de Diadema creció el 3,4 por ciento, pero la cantidad de homicidios se incrementó en un 49 por ciento, a veces con un promedio de un asesinato por día. El alcalde José de Filippi Jr., que ahora se encuentra en su tercer período de gobierno de cuatro años, lanzó una campaña de 10 fases para combatir el delito, que comenzó por recolectar estadísticas concretas. El personal de la alcaldía hizo un mapa de los lugares donde preponderaban los delitos graves e identificó los horarios de mayor actividad. Después de establecer que el 60 por ciento de los homicidios ocurría en o alrededor de los bares entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, en 2001 la ciudad emitió una ley obligando a todos los establecimientos que vendían alcohol que cierren en ese horario. Ello marcó el comienzo de una reducción pronunciada en los delitos graves.

Otro blanco de los esfuerzos del alcalde para reducir el crimen fue la juventud de Diadema, que se benefició de varios programas creativos. El Proyecto de Aprendices Juveniles está dirigido a jóvenes vulnerables que residen en áreas identificadas como de alto riesgo y exclusión social donde prevalece el tráfico de estupefacientes. Este proyecto ofrece oportunidades educativas, deportivas y culturales, colocación de trabajo y un ingreso mensual para aquellos que están calificados. Estas medidas tienen como objetivo brindar a los jóvenes otras opciones para usar su tiempo en vez de cometer delitos, como también nuevos empleos y redes sociales.

Para reducir la cantidad de armas en las favelas a fin de impedir el crimen, la ciudad se concentró una vez más en la gente joven. La Campaña de Desarme de Armas de Fuego ofreció a los niños un libro de historietas a cambio de cada arma de juguete y se recolectaron de esa manera 27,000 armas de juguete en el curso de tres años. En la segunda fase de la campaña, que consistió en recolectar armas de los adultos, muchos niños continuaron con su activismo y presionaron a sus padres y vecinos para que entregaran sus armas. El programa fue más exitoso de lo esperado, logrando recolectar 1,600 armas en los primeros seis meses.

Además de los programas para combatir el delito, el alcalde procuró mejorar el entorno físico y social de las favelas. Los ciudadanos recibieron capacitación y materiales gratuitamente, y se les alentó a realizar mejoras estructurales y también cosméticas en sus casas. En muchas zonas se formaron grupos comunitarios que realizaron mejoras efectivas en los barrios. La ciudad respondió con un programa por medio del cual los residentes de las favelas ubicadas en tierras públicas podían obtener un “derecho de uso” del suelo por 99 años sin cargo. Aquellos que permanecen en su vivienda durante por lo menos cinco años pueden tomar los primeros pasos para convertirse en “inquilinos” legales del suelo, y más adelante podrán incluso vender la estructura.

Nuestra visita a Diadema incluyó un viaje a un barrio favela donde los ciudadanos habían mejorado sus casas y creado capacitación laboral y otras oportunidades más allá de lo que podía brindar el programa gubernamental. Nos congregamos en el centro comunitario, que era al mismo tiempo una capilla y un aula, para escuchar a los residentes expresar su deseo de llevar a la comunidad a “un nivel más alto”. Participaron en el programa “Es bello” de la ciudad, que fue creado en 1983 con financiamiento conjunto de la municipalidad y el grupo comunitario. Después de haber construido la infraestructura básica, querían que el semblante de su comunidad fuera conmensurable con el orgullo que sentían por el esfuerzo que habían realizado.

La becaria de Loeb Mary Eysenbach observó: “Me sorprendió cómo un barrio autoorganizado se parecía a un barrio regulado por el gobierno, tanto en forma como organización. Sea cual fuera la solución para las favelas, es fundamental retener y aun promover la creatividad y el espíritu emprendedor de los residentes”.

Rio de Janeiro: Morro Providência

La municipalidad de Rio de Janeiro creó el proyecto Favela-Bairro en 1993, cuando aproximadamente la quinta parte de la población vivía en favelas. En sus primeras dos fases, el proyecto comenzó a integrar a 620.000 ciudadanos en 168 comunidades informales al resto de la ciudad. Estos asentamientos incluyen 143 favelas establecidas y 25 subdivisiones irregulares más nuevas. Se ha planeado por lo menos una fase más, con la intención de alcanzar a hasta 2 millones de personas. Este proyecto está financiado principalmente por la municipalidad y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID 2003).

Los objetivos principales del proyecto Favela-Bairro son realizar mejoras estructurales en las casas, ampliar los caminos de acceso, y mejorar y formalizar la infraestructura urbana, incluyendo caminos pavimentados, suministro de agua potable y alcantarillas sanitarias. Estas mejoras físicas integrarán las favelas en el entramado urbano por medio de espacios públicos y otras amenidades. Programas sociales brindarán asistencia a niños y adolescentes (guarderías y establecimientos artísticos y deportivos) y crearán oportunidades de generación de ingresos (capacitación profesional y educación para adultos y jóvenes).

Una parte pequeña pero vital del proyecto ayuda a los residentes de las favelas a obtener una dirección postal con calle y número, permitiéndoles recibir correspondencia y establecer una relación de cliente con proveedores de servicios. El proyecto también proporciona certificados de “derecho de uso” a residentes una vez que sus casas se conecten al sistema de agua y alcantarillado, se incorporen al mapa de la ciudad y se les asigne una dirección. Este “alquiler” del suelo, en general, es por 100 años y permite al dueño transferir sus viviendas a un familiar inmediato; el suelo sigue siendo propiedad de la ciudad. Se espera que el programa, además de brindar servicios, proporcione al propietario de la vivienda más seguridad y un mayor sentido de propiedad y responsabilidad.

Visitamos el Morro Providência, uno de los modelos del proyecto Favela-Bairro con aproximadamente 5,000 residentes. Como señal sombría de que la seguridad sigue siendo un problema aun en un barrio mejorado, fuimos escoltados por agentes armados. Nuestro guía nos explicó que la nueva escalera que estábamos subiendo era una parte importante del proyecto, porque no sólo brinda acceso sino que también es un medio para transportar agua y líneas de alcantarillado a las partes superiores de la favela. También mencionó que se ofrecen programas educativos a los residentes para demostrar el uso de la nueva infraestructura y servicios, pero puede pasar tiempo antes de poder integrar estos nuevos sistemas en su modo de vida.

Quedamos impresionados por las ideas creativas utilizadas para confrontar los problemas cotidianos. Por ejemplo, el número limitado de caminos para vehículos y la falta de acceso dificultan la recolección de basura y residuos. Una solución ha sido un programa de intercambio innovador: los residentes reciben leche a cambio de una bolsa de basura, creando así una población más sana, mejor recolección de residuos y barrios más limpios.

Observamos un proyecto de restauración histórica de una capilla y la incrustación de una línea dorada en el cemento para guiar a los visitantes en una recorrida a pie por los hitos importantes del proyecto de revitalización. Nuestra visita también incluyó una presentación del proyecto Favela-Bairro en la nueva guardería que albergará a 220 niños de las familias más necesitadas. Como pudimos comprobar en la totalidad de nuestra visita a Brasil, tanto el personal municipal como los líderes vecinales participaron en forma colaborativa en las presentaciones y discusiones.

La becaria Robin Chase comentó: “Todo el concepto de Favela-Bairro de potenciar las inversiones personales y darse cuenta de que una vivienda cerca del centro es mejor que un proyecto de viviendas en el medio de la nada me impresionó como práctico y eficiente. La calidad de vida ha mejorado ampliamente, con electricidad, agua y plomería. La resolución del tema de la seguridad parece ser un problema muy difícil que tiene que ser atacado en todo el país”.

Conclusión

Observamos signos de cambios positivos en las favelas que visitamos y quedamos impresionados por la dedicación de sus ciudadanos y funcionarios para integrar estas comunidades al resto de la ciudad, pero existen todavía grandes desafíos, en particular la necesidad de recursos financieros sustanciales para realizar cambios mayores. Un amplio estudio de los residentes de favelas en Rio confirma nuestra experiencia: “Si bien se han producido mejoras notables en el consumo de servicios urbanos colectivos, artículos del hogar y años de educación en las últimas tres décadas, hay mayor desempleo y desigualdad” (Perlman 2003). El delito, la corrupción policial y el prejuicio contra los residentes de las favelas siguen siendo barreras para el progreso.

“En ciertos niveles locales, nacionales e internacionales, los líderes se han dado cuenta de que las estrategias de desplazamiento, marginalización y segregación del pasado no van a funcionar”, notó James Stockard, conservador del Programa de Becas Loeb. “La gente tiene una fuerte conexión con el suelo donde se ha asentado. Hay que aprovechar este compromiso y energía para convertir estos barrios informales en comunidades más saludables, seguras y económicamente viables”.

Heather Boyer fue becaria de Loeb en la Escuela de Postgrado de Diseño de la Universidad de Harvard en 2004–2005 y ahora es una editora independiente en la ciudad de Nueva York.

Referencias

Franke, Renata. 2005. El veintiocho por ciento de la población urbana de Brasil no tiene agua corriente ni alcantarillado. Brazzil Magazine, 2 de junio, www.brazzilmag.com/content/view/2641/49/

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 2003. Favela-Bairro: Diez años de integración a la ciudad. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo.

Perlman, Janice E. 2003. “Los pobres crónicos de Rio de Janeiro: ¿Qué ha cambiado en los últimos 30 años”? Trabajo no publicado presentado en la Conferencia sobre la pobreza crónica, Manchester, Inglaterra.

Loeb Fellows, 2004–2005

Heather Boyer, former editor, Island Press, Boulder, Colorado

Robin Chase, founder and CEO, Meadow Networks, Cambridge, Massachusetts; founder and former CEO, Zipcar, Cambridge, Massachusetts

Maurice Cox, professor of architecture, University of Virginia; former Mayor, Charlottesville, Virginia

Mary Eysenbach, former director, The City Parks Forum, a program of the American Planning Association, Chicago, Illinois

Klaus Mayer, partner, Mayer Sattler-Smith, a multidisciplinary design firm in Anchorage, Alaska

Cara McCarty, curator of decorative arts and design, St. Louis Art Museum

Mario Navarro, former housing policy director, Chilean Ministry of Housing and Urban Development, Santiago

Dan Pitera, director, Detroit Collaborative Design Center, University of Detroit Mercy School of Architecture

Carlos Romero, community organizer and community development advocate, San Francisco, California

Susan Zielinski, cofounder and director, Moving the Economy, Toronto

The current state of global urban development is unsettling and plagued with man-made and natural disasters. In many developing countries, the government does not have the fiscal and institutional capacity to build affordable housing and basic infrastructure for the growing urban population, resulting in a proliferation of informal settlements and slums. At the same time, natural disasters in some of these distressed regions have destroyed homes, roads, water and sewage systems, and other public facilities, exacerbating the already limited basic services available to the urban poor.

In response to these problems, many international aid agencies such as UN-HABITAT and the World Bank, as well as governments, scholars, and practitioners, are looking for new ideas or repackaging existing ways to rebuild cities. This article discusses a long-established land management tool that has attracted recent attention—land readjustment (LR)—and describes how selected elements of this tool are being adopted to assist post-earthquake reconstruction efforts in Chile.

The LR approach emphasizes the integration of the urban economy, city planning, law, and governance with land management to form a comprehensive urban development or upgrading strategy. It requires an interdisciplinary team of experts with different perspectives to work on a concrete land development project. Although many scholars such as Doebele (1982) and Hong and Needham (2007) have emphasized the importance of this integrated approach, some practitioners perceive it as merely a tool to facilitate land transactions. This narrow view has limited opportunities in some developing countries to resolve urban upgrading and development problems in a more comprehensive way.

The recent resurgence of interest in LR is due to the recognition of the importance of coordinating economic, legal, political, and social institutions in the design and implementation of urban (re)development plans. Practitioners are also contemplating the possibility of extending LR from management of peri-urbanization and post-disaster reconstruction to slum upgrading, for example in some rapidly urbanizing African cities. The application of this LR approach to countries where the technique has never been used is still at an experimental stage. Potential pilot projects are being designed, but have not been fully implemented, so further research is needed to test the validity of assertions about this approach.

Challenges of Urbanization

In 2010, about 50.7 percent of the world’s population (3.5 billion people) lived in urban areas (World Bank 2011). The percentage is expected to increase to 70 percent by 2050, mostly in the periphery of secondary cities in developing countries. According to UN-HABITAT (2011), one-third of the urban population in developing countries (1.2 billion people) lives in slums and, despite substandard living conditions, these populations are increasing, especially in Sub-Saharan Africa and the Asia-Pacific region. Between 2000 and 2010, the number of slum dwellers increased by six million annually (Cities Alliance 2011).

Unfortunately, infrastructure and basic service development in most African countries have not increased at the same rate. Cities where sanitation, roads, water, and other services were already underdeveloped have limited fiscal resources and struggle with accommodating the unprecedented increase in population. Two major problems that hinder urban upgrading are holdouts in land assembly and lack of public funds to finance infrastructure—issues to which we will return.

Natural disasters also have taken a toll on urban populations. According to a United Nations estimate, earthquakes, tsunamis, landslides, floods, and volcano eruptions caused economic damage totaling $109 billion in 2010, three times more than in 2009 (Reuters 2011). Cities in developing countries with poor infrastructure and fiscal health are particularly vulnerable and are facing increasing price tags for both post-disaster reconstruction and adaptation to future calamities. Again, solving the problems associated with land assembly and infrastructure financing are crucial.

Conventional solutions for dealing with land assembly problems, such as compulsory purchase (eminent domain) and market transactions, are onerous. With increasing global demands for democratic governance and the realization of human rights to adequate housing, secure tenure, and protection from forced eviction, the traditional approach of relying on coercive measures that take land from owners or occupants for urban expansion and redevelopment is encountering strong legal opposition and public protests (table 1).

Using the market to facilitate voluntary land transfers is also problematic. Holdouts by individual landowners could thwart the redevelopment project and increase compensation costs for land acquisition. In some African countries where market mechanisms are not yet fully developed, unequal access to information has led to land grabs and speculation by local elites. As a result, the urban poor were either forced out or bought out from their neighborhoods and were relocated to remote areas where access to employment, public transportation, and basic services are limited.

To make matters worse, the fiscal outlook for cities in developing countries is bleak, and the opportunities to speed up the construction or repair of housing and basic infrastructure are limited. The 2008 subprime mortgage market meltdown in the United States has had adverse repercussions for municipal finances around the world. The decline in demand for imports in industrialized nations and the tightening of liquidity in the financial markets has slowed global economic growth. As exports to developed countries decrease, income-tax and value-added-tax collections in less developed nations also drop. The reduction in tax revenues exacerbates the already tight local budgets and further undermines the ability of municipalities to repair disaster-damaged infrastructure or build new facilities to accommodate rapid population growth.

Land Readjustment as an Alternative

LR has been practiced in many countries to achieve policy goals ranging from farmland consolidation to inner-city revitalization (Doebele 1982; Hong and Needham 2007). Its basic principle is to organize landowners to act collectively—in cooperation with a municipality and/or private developer—to pool their land in order to accomplish a redevelopment project.

LR is often used to re-parcel land when existing parcel boundaries are in conflict with the current land use plan. One important outcome is that a portion of the readjusted land can be retained by the development agency for construction of necessary infrastructure and basic services. If LR is not used, this land would have to be acquired by the local government, which could entail a huge upfront cost.

In return for the owners’ or occupants’ land contribution to the project, each participant receives, upon completion of the program, a new parcel proportionate in size or value to the original one. The size of the parcel may be smaller, but the value is greater due to land improvements and infrastructure created by the project. In this way, LR generates desirable urban development patterns, increases land values, allocates these increments to the involved parties, and limits displacement.

What is important about the recent interest in LR is its renewed emphasis as a mechanism for building legal and social institutions to govern urban development. The major goal is to combine job creation, land use planning, urban densification, public-private partnerships, and value capture for public infrastructure financing in one comprehensive policy package.

Potential Advantages and Disadvantages

Different elements of this unified goal can be emphasized depending on the context. For instance, in the design of a LR project for urban upgrading in an African city where residents do not have legal property rights, policy makers can legitimatize the occupants’ claims to land and allow them to exercise their right to participate in the project. After land is pooled, readjusted, and serviced, the residents will be invited back to the neighborhood to rebuild their homes or receive an apartment unit with legal title. This is a win-win approach because it allows squatters to improve their living conditions and tenure security, and it increases development densities to enable the city to obtain much-needed land for urban expansion.

LR can also help implement citywide land use regulation incrementally. To ensure that individual LR projects add up to a coherent whole, they must be conducted as part of a comprehensive urban planning process. In situations where local governments lack the capacity to execute a large-scale master plan, related LR projects can be implemented in an orderly sequence and at a manageable scale to put into action a coordinated, long-term development strategy.

In addition, LR can engender democratic governance. The core principle of LR is to build consensus and cooperation among the parties involved in land development. These parties include formal landowners, informal landholders, renters, NGOs, national government agencies, city officials, and private developers. The process entails grassroots mobilization by giving the urban poor real bargaining power to approve LR proposals. Agreement from the supermajority of landowners and renters is required before LR can proceed, thus ensuring that the government (or a private organizing agency) will pay special attention to the needs of the underprivileged groups and avoid confrontation caused by the threat of forced eviction at the very beginning of the project.

Finally, LR can facilitate land value capture for financing local infrastructure and social services. In readjusting the land boundaries, land space is created by increasing development densities. This land space can then be sold in the market to raise funds to defray a portion of the infrastructure costs. This technique creates a clear connection between the development benefits received by landholders and the price that they need to pay to make the program financially viable.

Despite these potential advantages of LR over conventional land assembly methods, it is hardly quick or uncomplicated. LR is particularly difficult to implement in developing countries where public participation is not integrated into urban planning or where there is limited capacity to maintain ownership records and resolve competing land claims. When property owners do not recognize their obligation to pay for basic infrastructure and services, requests to give up a portion of their land to cover the project costs will be strongly resisted.

Another concern is that LR reduces plot sizes, causing problems in many informal settlements where people often rely on extra space to earn rental income or conduct agricultural and business activities. In some cases, urban legislation is often too rigid for facilitating LR. Furthermore, different stakeholders may value real assets in diverse ways, making consensus building difficult. Some see possible improvements in living conditions, neighborhood amenities, social networks, and cohesiveness of community as the predominant factors. Others may make their decision based solely on monetary gains.

The integrated LR approach is designed to target all of these issues by focusing on institutional design and development. It emphasizes learning from past LR experiences to illustrate the importance of local context and enhancing this tool to accommodate a wide range of variables and situations. In addition, future adoption of the technique will search for a good fit rather than a single best practice. Most fundamentally, the design of LR projects must be based on multiple perspectives ranging from political economy and anthropological approaches to legal investigation.

Designing Land Readjustment in Chile

On February 27, 2010, a massive earthquake and tsunami destroyed a large part of Central Chile. Three regions—O’Higgins, Maule, and Bio-Bio—comprising 5 major cities and 45 small towns were seriously damaged; more than 80,000 homes were destroyed, and about 108,000 units were severely damaged (figure 1).

In response to this unprecedented disaster, the Chilean government expanded its National Reconstruction Plan to include new mandates and more flexible policies to speed up its post-earthquake reconstruction efforts. This plan offers four types of assistance in the form of vouchers to affected families: (1) US$24,144 for rebuilding a new home on existing land; (2) US$19,083 for buying a new home in another neighborhood; (3) US$3,761 for repairing houses that were partially destroyed; and (4) a special bonus of US$4,200 if the destroyed house is located in a heritage zone (Ministry of Housing and Urban Development 2011).

Despite this financial assistance from the government, affected property owners are facing two major problems. First, because the reconstruction program gives priority to low-income households, the money provided by the state to middle-income families is insufficient for them to rebuild homes of the same size and quality or in the same neighborhood. Property owners without insurance coverage who want to build a similar house must sell their land and move to another neighborhood where the land price is lower. Those who live in tsunami-damaged areas now considered unsafe for redevelopment must resettle further inland, yet that may limit their access to jobs and public services.

Second, selling their land to finance reconstruction may not be a viable option for all affected residents. Some landowners refuse to sell to private developers who offer a low price because the property is so badly damaged. Others who are unable to sell their land may not have sufficient financial resources to rebuild. This persistence of unlivable houses and vacant lots covered with debris further dampens the private incentive to reinvest in the neighborhood.

To assist the post-earthquake reconstruction effort, the Lincoln Institute of Land Policy and the ProUrbana Program in the Public Policy Center at the Catholic University of Chile (the team) put forward a joint proposal to the Chilean government to experiment with LR.

The Pilot Project: Las Heras, Talca

The team decided to conduct its first pilot in the Las Heras neighborhood in Talca for four reasons.

First, Las Heras was ripe for redevelopment even before the earthquake. It is a middle-class neighborhood with large old houses and a beautiful main square. Good social networks exist among its residents, organized by the church and local NGOs, although its development had stagnated for many years due to economic restructuring of the Chilean economy. The central government was offering Las Heras assistance in developing affordable housing through the national voucher program, and these housing subsidies later became an important potential funding source for the proposed LR project.

Second, the Public Policy Center has another program called Puentes (Bridges) that conducts collaborative research projects with local municipalities, including a preexisting work agreement with Talca, which facilitated prompt support and cooperation from city officials.

Third, Talca has a master plan that allowed the team to design a series of related LR projects to be implemented step-by-step, so it could fulfill the city’s long-term development plan. Preliminary land ownership and demographic information, land use data, and property damage assessments in different neighborhoods are also available.

Fourth, the local government and private developers in Talca were interested in increasing urban densities. Densification provided the much-needed profit incentive for the private sector to redevelop damaged sites, and it could help the local government achieve its objective of increasing and upgrading the housing supply.

Buy-In from All Involved Parties

Following the integrated LR approach, the team recognized the importance of gaining support from the central government. It organized a seminar in Santiago in May 2010 to present the concept of LR and exchange views with top officials from the Ministry of Housing and Urban Development (MHUD). After several rounds of follow-up discussions, the director of the National Program of Housing Reconstruction agreed to purchase reserved land generated from the proposed LR project, thus providing a guarantee for one of the funding sources, and agreed to go to Talca with the team to encourage property owners to participate.

To obtain critical local government involvement, the team travelled to Talca in September 2010 to present the LR ideas to city officials. The team also met with selected property landowners to determine if they might be interested in contributing all or part of their land as capital to finance the reconstruction of their homes and neighborhood. In another visit, some team members also met with school and community leaders, emphasizing the need for broad community support for the project’s success.

The team next began to gather detailed data about the area by conducting a survey of residents in eight blocks comprising 217 lots near the main plaza of Las Heras (figure 2). Team members completed 135 questionnaires over the telephone and then interviewed selected residents. The survey results indicated that 77 percent of the respondents trusted their neighbors, and the majority of them (65 percent) wanted to stay in the neighborhood and were willing to work with their neighbors to rebuild the community. Only 12 percent of respondents planned to sell their property and relocate to another area. This information revealed that organizing property owners for LR was feasible.

Project Design

Because the majority of residents in Las Heras are unfamiliar with the concept of LR, the strategy started with a small pilot project to demonstrate the applicability of this method. The team chose a block near the plaza and proposed three scenarios for combining 8 to 12 sites for LR. The number of lots included in the proposed project would depend on the levels of difficulty involved in negotiating with affected property owners. To facilitate the participation process, the team prepared visual images of what the neighborhood environment might look like after the project (figure 3).

The team also conducted detailed financial and legal feasibility studies for the project. A tentative plan for financing the pilot included a careful calculation of the amount of land that each owner would need to contribute based on the availability of government subsidies, estimated building costs, compensation for temporary relocation, and a projected land price at the completion date of the project. The financial study also revealed that constructing housing units at an estimated future price of US$46,000 per unit would allow the project to be self-financing and provide the developer with a 10 percent profit margin—under the assumption that MHUD would purchase the reserved land to build affordable housing for low- and low-to-middle-income households after LR. It was also estimated that 24 percent of the housing units within the block would be affordable for low-income households. This would help the MHUD attain its policy goal of social integration through the provision of subsidized housing.

The Real Estate Co-ownership Law in Chile requires all participating owners of the LR project to sign a legal document specifying their rights and liabilities. For example, any sale of land held by the designated organizing agency would require the consensus of all participating owners. A legal contract signed by the agency and each participating owner would specify explicitly the number of housing units that the owner would receive at the end of the project and the date of the delivery. The contract would also guarantee compliance by requiring the agency to pay compensation to owners in case of failure to transfer properties in a timely manner and of acceptable quality. The agency also needs to submit the proposed plan to the city. The Municipal Works Department would review the project, approve the building plan, and authorize the transfer of land. The approved plan would then be recorded by the registrar.

Although the research conducted by the team shows that LR is feasible in Las Heras, progress in convincing landowners to participate has been slow due to five key challenges.

First, most property owners are unfamiliar with LR, and there is no existing example in Chile to show how the idea could work. The lack of precedents makes community organizing difficult.

Second, city officials have not provided sufficient support in organizing community meetings or interacting with property owners directly about the proposed project.

Third, many affected property owners who received assistance from their extended families or friends have already relocated to other areas. These owners are in no hurry to rebuild their homes and are delaying the transfer of their land until they receive a higher offer from a private developer or the government. In Chile, there is no LR law that can force these owners to transfer their real assets.

Fourth, not all buildings in the neighborhood were destroyed by the earthquake, and the owners of the unaffected homes are not willing to give up their existing plots for a neighborhood-wide redevelopment.

Fifth, although the survey shows that many owners are willing to work on rebuilding with their neighbors, solving local problems through collective action is not a social norm in Chile. Some property owners have a strong sense of entitlement to receive public resettlement assistance, which contradicts the idea of community self-help.

Interim Assessment

Although the LR approach in Las Heras is still a work-in-progress and it is too soon to predict if the team will be able to overcome local challenges, the project has already generated several observable impacts on Chile’s post-earthquake reconstruction policy (Public Policy Center 2011).

First, LR gives property owners in Las Heras an additional option for reconstructing their homes. Before the proposal, they had to either sell their properties to a private developer and move to another area or take the government’s subsidies and rebuild a house of smaller size and lower quality. LR provides residents with the opportunity to remain in the neighborhood and to attain the highest possible living standard by using their land as capital for home reconstruction.

Second, LR opens a new channel for the central government to work with local communities on reconstruction projects. The main reasons that the LR proposal for Las Heras could go forward are MHUD’s willingness to buy land, provide assistance in encouraging landowners to participate in LR, and give participating landowners the first priority to receive government housing vouchers to finance reconstruction.

Third, the introduction of LR has influenced the government’s overall post-earthquake reconstruction strategy. Through this holistic approach, public officials are designing a comprehensive reconstruction plan to rebuild the entire neighborhood coherently, rather than giving subsidies to individual homeowners to rebuild their houses separately. The MHUD has also invited the team to assist its reconstruction effort in the earthquake-damaged city of Constitución, indicating that the government has taken LR seriously as a viable option for other projects.

Fourth, all discussions among the central and local governments, landowners, NGOs, developers, scholars, and urban designers about LR have engendered an environment of mutual learning and understanding, which in turn is reshaping the governance structure for post-earthquake reconstruction. The involved parties have begun to realize that neither a top-down nor a bottom-up approach is sufficient to generate satisfactory solutions. Cooperation among all interested parties is paramount. The LR experiment has fostered a social discourse that helps all segments of society learn how to solve their problems collectively.

Conclusion

Like all policy experiments, the current proposals to test the integrated LR approach for urban upgrading and post-disaster reconstruction in countries where the idea is new will face uncertainties and challenges. Yet, given the mixed outcomes of conventional land assembly methods in many (re)development situations, LR could offer another option for policy makers, practitioners, and other interested parties to consider.

About the Authors

Yu-Hung Hong is a senior fellow of the Lincoln Institute of Land Policy and a visiting assistant professor at Massachusetts Institute of Technology.

Isabel Brain, a sociologist, coordinates the ProUrbana Program (Program of Urban and Land Policy) at the Public Policy Center, Catholic University of Chile in Santiago.

References

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Hong, Yu-Hung, and Barrie Needham. 2007. Analyzing land readjustment: Economics, law, and collective action. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

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Acknowledgments

The authors thank the other members of the LR project team for their contributions to this article: Armando Carbonell, Department of Planning and Urban Form, Lincoln Institute of Land Policy; Pia Mora, ProUrbana, Public Policy Center, Catholic University of Chile; Julio Poblete, DUPLA/Urban Design and Planning; Alejandra Rasse, Catholic University of Maule; Francisco Sabatini, Institute of Urban and Territorial Studies, Catholic University of Chile; and Martim Smolka, Program on Latin America and the Caribbean, Lincoln Institute of Land Policy.