Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 2 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

Durante varios años, el Instituto Lincoln ha patrocinado programas de investigación y capacitación en colaboración con funcionarios de Porto Alegre, Brasil. El experimento de política del suelo descrito en este artículo representa un avance de alto potencial pedagógico porque recalca la importancia de los factores de procedimiento (gestión, negociación, transparencia, legitimidad pública) en la provisión de tierras urbanizadas para los pobres, por encima del enfoque tradicional en las necesidades de financiamiento y otros recursos.

En el mundo de hoy, aproximadamente mil millones de personas viven en tugurios de barrios marginales con infraestructura precaria y sin seguridad de tenencia, y se espera que la situación empeore en el futuro (UN-HABITAT 2003). Desde las perspectivas del orden urbano y del ambiente, las ocupaciones ilegales del suelo suelen causar daños irreversibles e imponer altos costos de urbanización para los gobiernos municipales y para la sociedad como un todo.

La irregularidad es un fenómeno multidimensional que involucra cuestiones de tenencia (derechos de ocupación legal, registro de títulos, etc.); cumplimiento de normas y regulaciones urbanas (tamaños de lotes, tolerancias para espacios públicos, disposición de calles, etc.); cantidad y calidad de servicios suministrados; tipo de área donde se produce el asentamiento (áreas con riesgos ecológicos, laderas, zonas industriales abandonadas contaminadas, etc.); y por encima de todo, el proceso de ocupación en sí, que suele ser diametralmente opuesto al de la urbanización formal. En el mundo “formal”, la ocupación representa la última fase de una secuencia legal y reglamentada que empieza con la titulación y continúa con el planeamiento y la dotación de servicios.

Si bien las áreas irregulares suelen disponer de infraestructura básica, lo cierto es que la instalan los parceladores o las autoridades municipales después de la ocupación y frecuentemente como medida de emergencia. Por ejemplo, algunas veces existen redes troncales de agua y sistemas de alcantarillado cerca de las áreas donde se están formando los asentamientos irregulares, y el parcelador o incluso los ocupantes se limitan a improvisar conexiones clandestinas a las tuberías principales. Esta clase de intervención, si bien no es desastrosa en asentamientos pequeños, conlleva la extensión de los servicios a áreas no aptas para la ocupación humana. En otros casos, compañías de servicios públicos o privados extienden sus servicios a nuevos asentamientos sin tener en cuenta su condición legal y a menudo sin consultar con las autoridades municipales.

Procesos de ocupación típicos

Hoy en día, la manera más común de crear asentamientos irregulares consiste en ocupar parcelas mediante una compleja sucesión de transacciones comerciales en las que participan el propietario, el promotor inmobiliario o parcelador (fraccionador de terrenos) y, frecuentemente, los futuros ocupantes. Los propietarios buscan maneras de sacarle rentabilidad a la tierra; los parceladores hacen caso omiso a los códigos municipales y producen subdivisiones de bajo costo y alta rentabilidad; y los ocupantes pobres adquieren estos terrenos ilegales simplemente porque no tienen otra opción y quizás ni siquiera conocimiento de la legalidad de la situación. Por lo general, estas personas carecen de fuentes regulares de ingresos y de ahorros que les permitan aspirar a créditos o satisfacer las estrictas normas de construcción y otras condiciones exigidas para la adquisición y ocupación formal.

Los ocupantes compran el “derecho de ocupación” a través de un contrato de adquisición de la parcela (sin importar el estatus legal del terreno) y proceden a organizar la disposición de las calles y a construir viviendas sencillas. Cuando se realiza una inspección oficial, ya es demasiado tarde: las casas ya se construyeron y la comunidad está organizada para resistirse a cualquier intento de cambio. Las autoridades públicas no tienen capacidad para ir al ritmo de este ciclo de complicidad y terminan limitando su función a una mínima inspección, lo que no sólo esconde un modelo de gestión tolerante de la informalidad sino que pone en evidencia la carencia de otras opciones habitacionales para ese segmento de la población.

Muchas ciudades están aplicando medidas curativas de alto costo para introducir mejoras urbanas y programas de regularización de títulos, pero su eficacia ha sido limitada hasta la fecha (Smolka 2003). Lo más grave y paradójico es que las expectativas creadas por estos programas tienden a aumentar el número de personas que recurren a la irregularidad. Para decirlo en pocas palabras: el proceso típico de acceso a tierra urbanizada por parte de los pobres urbanos es injusto e ineficaz, y a la larga termina en un círculo vicioso de irregularidad porque contribuye a la pobreza en vez de mitigarla. El problema no es tanto definir el tipo, el proveedor y la escala de los servicios suministrados sino más bien cómo, cuándo y dónde funciona el proceso de dotación de dichos servicios.

El caso de Porto Alegre, Brasil

Porto Alegre, capital del estado más meridional de Brasil, es centro de un área metropolitana formada por 31 municipalidades. Con una población de 1.360.590 habitantes (año 2000), esta ciudad ha ganado reconocimiento mundial gracias a sus programas de reducción de la pobreza e inclusión social y sus muy aclamados procesos de gestión participativa que han mejorado la calidad de vida de sus habitantes (Getúlio Vargas Foundation 2004; Jones Lang Lasalle 2003; UNDP 2003; UN/UMP 2003). Cabe mencionar el alto alcance de los servicios de infraestructura, ejemplificado en el hecho de que el 84 por ciento de las viviendas de la ciudad están conectadas al sistema de alcantarillado; el 99,5 por ciento recibe suministro de agua tratada; el 98 por ciento recibe electricidad; y el 100 por ciento de los sectores goza de servicios de recolección selectiva de desechos (municipalidad de Porto Alegre, 2003).

A pesar de estas cifras impresionantes, el 25,5 por ciento de la población vive en los 727 asentamientos irregulares de la ciudad (Green, 2004) y el crecimiento anual estimado de la población de estas áreas marginales es del 4 por ciento, en comparación con sólo 1,35 por ciento para la ciudad en conjunto. Esta situación plantea la interrogante de cómo explicar el aumento paradójico de irregularidad ante la provisión generalizada de servicios básicos en un periodo de gestión participativa exitosa y popular.

A pesar de que el proceso decisorio de inversiones públicas en Porto Alegre ha mejorado desde 1989 (fecha de la introducción del sistema de presupuesto participativo descentralizado), también es cierto que el proceso sigue aquejado de fallas tales como ineficacia del sistema económico, técnicas poco apropiadas, caos medioambiental, injusticia fiscal (porque el dinero que debería beneficiar al público termina en los bolsillos de los parceladores) e insostenibilidad política. Muchas de las zonas están plagadas de problemas serios como calles deficientes sin drenaje ni pavimentación, inestabilidad geológica, susceptibilidad a inundaciones y falta de titulación legal, lo cual se traduce, por ejemplo, en la carencia de domicilio postal para poder recibir correspondencia. Así y todo, el caso de Porto Alegre es muy interesante porque constituye una vívida demostración de que el problema de confrontar la irregularidad no se refiere tanto a la provisión de servicios sino a cambiar el proceso de prestación de los mismos. Se trata de una cuestión de procedimientos, un cambio en las reglas del juego.

Un innovador instrumento de política urbana

El Urbanizador Social fue desarrollado en Porto Alegre como un instrumento, y más generalmente un programa, para superar el proceso insostenible de provisión de servicios urbanos pese a una larga historia de legislación reglamentaria (fig. 1). Promulgada en julio de 2003, poco después de la aprobación del innovador decreto brasileño Estatuto de la Ciudad, la Ley del Urbanizador Social fue el fruto de intenso diálogo entre sindicatos de la industria de la construcción, pequeños parceladores, cooperativas de vivienda, agentes financieros y la municipalidad.

Un “urbanizador social” es un promotor inmobiliario inscrito en el municipio, que tiene interés en construir viviendas de interés social en áreas identificadas por el gobierno y conviene en hacerlo bajo ciertos términos negociados tales como ofrecer parcelas urbanizadas a precios accesibles. Se trata de una asociación público-privada a través de la cual la municipalidad se compromete a aumentar la flexibilidad de ciertas normas y reglamentos urbanos, agilizar el proceso de obtención de licencias, reducir los requisitos jurídicos y reconocer la urbanización progresiva en etapas. También se prevé la transferencia de los derechos de urbanización como estímulo para los urbanizadores privados. Otros incentivos pueden presentarse en forma de acceso a líneas de crédito específicas o ciertas inversiones públicas directas en infraestructura urbana, de manera que los costos no terminen saliendo de los bolsillos del comprador final. Entre los posibles “urbanizadores sociales” figuran promotores inmobiliarios debidamente certificados, contratistas que ya están trabajando en el mercado informal, propietarios y cooperativas autogestionadas.

El programa Urbanizador Social de Porto Alegre incorpora lecciones aprendidas de problemas reales como también oportunidades de acción pública aún sin explotar, y se inspira en varias ideas específicas. Primero que todo, reconoce que los parceladores que suministran tierras urbanizadas al sector de bajos ingresos —si bien a través de actividades ilegales, irregulares, informales y clandestinas— poseen una experiencia y familiaridad con dicho sector que definitivamente no tienen las autoridades públicas. Por eso, en vez de condenar a estos agentes, posiblemente sea más beneficioso para el interés público darles incentivos apropiados (como también sanciones) para que puedan desempeñarse dentro del marco legal. Además, aunque es ampliamente sabido que los parceladores suelen ganar más dinero si se mantienen al margen de la ley (porque tienen menos costos generales, no pagan tarifas de permisos, etc.) menos conocido es el hecho de que, si se les diera la opción, muchos de ellos preferirían trabajar legalmente, incluso si ello redujera sus ganancias.

En segundo lugar, las plusvalías generadas por las transacciones del suelo podrían convertirse en una fuente de ingresos para el proyecto. En la práctica, este valor agregado debería ser distribuido directamente por el propietario —como una contribución de tierra que exceda lo exigido por la ley para los fraccionamientos de terrenos para el sector de bajos recursos—, e indirectamente por el parcelador en forma de menores precios del suelo para los compradores de bajos ingresos. En la mayoría de los casos de urbanización irregular, el público no percibe los beneficios de estos aumentos en el valor del suelo.

En tercer lugar, al dar transparencia a los términos de las negociaciones directas, y en consecuencia propiciar acuerdos que benefician a todas las partes interesadas (propietarios, promotores, autoridades públicas, compradores), el proceso del Urbanizador Social crea vías que facilitan el cumplimiento de las normas establecidas para el proyecto. Otro componente del proceso de negociación está relacionado con el programa de inversión acordado y su efecto en eliminar la especulación.

En cuarto lugar, para que este nuevo modo de urbanización pueda tener éxito, es necesario que pueda ofrecer un suministro adecuado de tierra urbanizada que satisfaga las necesidades sociales bajo condiciones de mercado competitivas (es decir, más costeables que las condiciones de los parceladores que normalmente serían informales). Un ingrediente básico del programa es que establece nuevas reglas para la urbanización social en general. Para los agentes privados debe estar muy claro que el proceso del Urbanizador Social es la única vía de participación del gobierno en el desarrollo de asentamientos costeables y aprobados.

El Urbanizador Social como un tercer camino

Desde el punto de vista del interés público, la meta principal de esta nueva estrategia es establecer, antes de la ocupación de los terrenos, la base o al menos un programa urbanizador que permita reducir o controlar los costos de la urbanización (fig. 2).

Por lo general, los gobiernos de las ciudades del tercer mundo responden a la incapacidad del sector pobre para tener acceso al mercado formal mediante dos modelos o paradigmas. Bajo el modelo del subsidio, el público interviene para facilitar tierra urbanizada bien sea directamente a través de asentamientos públicos desarrollados como respuesta a situaciones de emergencia, o indirectamente mediante préstamos a tasas inferiores del mercado para los promotores inmobiliarios que se desenvuelven en ese sector del mercado. En el otro extremo, el llamado “modelo de tolerancia del 100 por ciento” reconoce que el gobierno no tiene la capacidad de suministrar toda la tierra urbanizada requerida, y en consecuencia tolera arreglos irregulares e informales que pueden a la larga mejorarse mediante varias clases de programas de regularización.

Ninguna de estas dos maneras de enfrentar el problema afectan las condiciones del mercado y ambas contribuyen al círculo vicioso de la informalidad. En el primero de los casos, los subsidios se transforman en mayores precios del suelo, mientras que en el segundo caso los parceladores imponen una recargo basado en las expectativas de una regularización futura: mientras mayor es la expectativa, mayor es el recargo.

El Urbanizador Social representa una tercera vía que reconoce tanto el papel y la experiencia de los parceladores informales que trabajan en el segmento de bajos recursos, como la función indispensable de los agentes públicos, quienes prestan su apoyo a la población pobre para que participe en un mercado que, de otra manera, sería inaccesible. En otras palabras, este programa representa un esfuerzo para “formalizar lo informal” e “informalizar lo formal”, facilitando y proporcionando incentivos para que los promotores inmobiliarios puedan desenvolverse con más flexibilidad en ese sector poco rentable que es el mercado de bajos ingresos. Es un instrumento diseñado para estimular tanto a los empresarios que operan en el mercado inmobiliario clandestino como aquéllos que lo hacen en el segmento mercantil formal de mayores recursos, a fin de que urbanicen la tierra bajo las normas regulares existentes.

En el mundo entero se ha establecido una gran variedad de asociaciones público-privadas. Aunque es posible que el Urbanizador Social pueda ser visto como otro más de estos arreglos, consideramos importante establecerlo claramente y darle amplia difusión a fin de incrementar las posibilidades de este tipo de asociaciones.

La promulgación de la Ley del Urbanizador Social constituye un intento de cambiar la manera tradicional de responder a las necesidades de vivienda del sector de bajos recursos, porque da una señal clara a los agentes privados que gestionan en el mercado del suelo y protege al público de las acciones arbitrarias de los desarrollos privados. El Urbanizador Social ha demostrado ser una herramienta indispensable para la gestión pública. Sin embargo, dado que rompe con las prácticas de “siempre”, su puesta en práctica enfrenta todavía una multiplicidad de desafíos:

1. Desde un punto de vista institucional, debe superar el modelo tradicional de desarrollo urbano del municipio, que se ha limitado a los aspectos de regulación e inspección. Esta tradición puede interferir en las funciones de la autoridad pública como gerente, líder de los procesos de urbanización y regulador de relaciones que normalmente quedan a la merced de las reglas del mercado.

2. Desde el punto de vista de la administración municipal, la meta es coordinar sus muchas agencias, sucursales y entidades para estimular actividades que gocen de viabilidad económica y atractivo para los promotores inmobiliarios. El problema es que dicha meta pareciera estar reñida con los objetivos típicos del sector público.

3. Para poder atraer a grandes empresas inmobiliarias que forjen mejores asociaciones con las autoridades públicas, es fundamental que el instrumento ofrezca grandes atractivos dado que estas empresas ya tienen suficientes oportunidades lucrativas en el mercado de altos recursos.

4. Asimismo, el programa deberá poder aumentar la viabilidad de asociaciones con pequeñas empresas inmobiliarias, quienes por lo general carecen de la infraestructura interna y de los recursos financieros para poder desenvolverse en este tipo de mercado.

5. Finalmente, el Urbanizador Social debe procurar su estabilidad y función como elemento estructural de política urbana de acuerdo con el principio de acceso democrático a la tierra. Como nota interesante, tras 16 años con el mismo grupo político progresista en poder, Porto Alegre está actualmente pasando por una serie de cambios políticos acompañados de incertidumbre. A la larga, el Urbanizador Social no podrá crear resultados importantes si los gobiernos municipales no incorporan sus principios de manera estratégica a largo plazo.

Actualmente Porto Alegre tiene cinco proyectos pilotos de Urbanizador Social en diferentes etapas de desarrollo. Para que puedan funcionar como verdaderos experimentos, en ellos participan diferentes clases de promotores inmobiliarios tales como empresas urbanizadoras pequeñas, urbanizadoras ya establecidas en el mercado y cooperativas de viviendas. Una de estas áreas piloto ha demostrado la posibilidad de producir 125 m2 de tierras completamente urbanizadas a precios que van desde US$25 a US$28 por m2, en contraste con los precios del mercado formal, de US$42 a US$57 por m2 , por la misma cantidad de tierra. Los precios más bajos citados demuestran la buena disposición que tienen los promotores inmobiliarios a ceder en sus contratos con las autoridades municipales para ofrecer sus servicios dentro del marco del Urbanizador Social.

La municipalidad también intentó adquirir financiamiento para actividades de urbanización social a través de la entidad Caixa Econômica Federal (CEF), organización federal responsable por el financiamiento del desarrollo urbano y de la vivienda. La agencia está creando una nueva línea de financiamiento dentro de su programa de asociaciones, mediante el cual se otorga crédito a un comprador para la compra de una parcela. Hasta ahora, esta opción financiera había estado disponible únicamente para la adquisición de unidades habitacionales antes de su construcción. La idea de una línea de crédito para financiar el desarrollo de tierra urbanizada es una novedad. Otro aspecto digno de mencionarse son las intenciones de la administración municipal para anular los requisitos de análisis de riesgo para los promotores inmobiliarios; esto representa un ingrediente fundamental para abrir el campo a los pequeños promotores inmobiliarios.

Los elementos innovadores del instrumento del Urbanizador Social, en comparación con los métodos públicos tradicionales de enfrentar la irregularidad urbana, han captado la atención de muchas organizaciones y otras municipalidades. En el ámbito federal, el Urbanizador Social se considera totalmente integrado con los principios del Estatuto de la Ciudad, por lo que ha ganado el apoyo del Ministerio de las Ciudades de Brasil. Actualmente el Congreso nacional brasileño está debatiendo sobre otra ley federal que trata de la subdivisión de la tierra urbana, y el Urbanizador Social es parte de la discusión. Si se aprueba, esta legislación sobre subdivisiones será un paso importante para cambiar el deficiente proceso tradicional de suministro de acceso a la tierra para la población urbana pobre de otras ciudades brasileñas.

Bibliografía

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Smolka, Martim O. 2003. Informalidad, Pobreza Urbana y Precios de la Tierra. Land Lines 15(1): 4–7.

UN-HABITAT. 2003. The Challenge Of Slums: Global Report On Human Settlements. Nairobi, Kenya: UN-HABITAT. http://hq.unhabitat.org/register/item.asp?ID=1156

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Faculty profile of John Emmeus Davis.

¿Cómo se correlacionan las percepciones de los moradores de asentamientos informales sobre la seguridad de la tenencia con las decisiones de invertir en mejoras para sus viviendas? ¿Es necesario poseer un título de propiedad para sentirse seguro o aumentar la inversión? ¿Y cómo se relacionan los ingresos y el crédito con la inversión? ¿El morador promedio aspira en realidad a la legalización de su tenencia? Y en ese caso, ¿qué se puede esperar? Este artículo trata de responder a estas preguntas en base a una investigación realizada sobre dos invasiones de terrenos en Buenos Aires, Argentina, y se concentra en dos temas en particular: el concepto de seguridad en la tenencia y la medición empírica de las percepciones de seguridad relacionadas con la inversión en mejoras de viviendas (Van Gelder 2009b).

La seguridad de la tenencia como un concepto tripartito

En la década de 1970, ante un rápido aumento de la informalidad urbana, ciertas organizaciones, como el Banco Mundial, comenzaron a experimentar con programas que proporcionaban servicios básicos de asentamiento y concedían el título de propiedad a sus moradores. La hipótesis era que, con la seguridad de la tenencia, los moradores movilizarían recursos para la construcción de viviendas más eficientemente que con programas de vivienda pública. La vivienda autoconstruida, por lo tanto, se interpretaba como una fuente de seguridad económica y movilidad social ascendente.

A comienzos de la década de 1990, las dimensiones económicas de la legalización de la tenencia cobraron nueva importancia en algunos círculos políticos (Bromley 1990; World Bank 1993). Se comenzó a creer que la mera concesión de derechos de propiedad privada sería una condición suficiente y necesaria para el desarrollo de los asentamientos. La hipótesis era que, al brindar un incentivo a la inversión y la posibilidad de acceder al crédito formal, los derechos de propiedad harían las veces de catalizador para el desarrollo.

Los críticos de esta idea argumentaron que, para establecer la seguridad de la tenencia y promover la inversión, sería mejor concentrarse en detalles más prácticos. El reconocimiento oficial de un asentamiento, la introducción de infraestructura y servicios, y otros factores podían aportar más a la seguridad de facto de la tenencia que el hecho de tener un documento legal que certificara la propiedad de una parcela (p.ej., Gilbert 2002).

Un tercer punto de vista sobre la inversión en viviendas argumenta que el factor más importante es la percepción de la por parte de los moradores. En vez de la seguridad legal, representada por la titulación, el mecanismo propulsor de la inversión es la percepción de seguridad. Se argumenta que los residentes invierten en sus moradas independiente de su estado legal, en la medida que crean que no van a ser desalojados y que las autoridades van a permitir que permanezcan en sus casas (Broegaard 2005; Varley 1987).

El concepto de la seguridad de la tenencia se puede analizar, por lo tanto, desde tres puntos de vista: como un instrumento legal, que frecuentemente toma la forma de título de propiedad; como una seguridad de facto, basada en la situación real; y como una percepción de los moradores. No obstante, estos puntos de vista frecuentemente se confunden, o simplemente se consideran indistintamente en la literatura de investigación o por los políticos, de manera que es importante distinguir entre ellos para poder responder a las preguntas que formulamos al principio.

La seguridad legal de la tenencia es un concepto formal, que se refiere a un documento oficial que identifica al propietario de un bien, y que es reconocido por la autoridad del estado, pero la seguridad de facto y percibida de la tenencia son conceptos empíricos. Para comprender la situación de facto de la tenencia, tenemos que estudiar lo que ocurre in situ y responder a preguntas tales como: ¿ Los desalojos forzados han sido hechos frecuentes o infrecuentes en una determinada ciudad o área? La actitud general de las autoridades hacia la ocupación ilegal, ¿ha sido benigna o estricta? La seguridad percibida de la tenencia, por otro lado, reside en la mente del morador, y su medición exige métodos refinados.

Los distintos tipos de seguridad de la tenencia se pueden superponer. Por ejemplo, la posesión de un título puede implicar que un morador también tenga seguridad de facto, ya que puede percibir que su situación es segura, pero no existe necesariamente una conexión entre estos tipos de seguridad. Los derechos de propiedad no siempre influyen sobre todos los tipos de hechos empíricos, ni tienen que ser reconocidos como algo significativo a los ojos de los moradores (Van Gelder 2010). Por el contrario, las ciudades con informalidad extensa se caracterizan precisamente por una ausencia de dichas correlaciones.

Un problema con el enfoque sobre la titulación es que postula que los derechos de propiedad equivalen a la seguridad de la tenencia. Esto puede ser cierto en situaciones donde la realidad de un asentamiento refleja las normas del sistema legal, pero no necesariamente será cierto cuando no se produce esta correlación. Más aún, es importante recordar que si la seguridad de la tenencia, ya sea de naturaleza legal o de facto, influye sobre la inversión, tiene que hacerlo a través de mecanismos psicológicos.

El lado psicológico de la seguridad de la tenencia

La literatura revela tres puntos críticos con respecto a la medición de la seguridad de la tenencia. Primero, la interpretación de la seguridad de la tenencia, ya sea legal, de facto o percibida, es frecuentemente binaria: uno la tiene o no la tiene. Segundo, y relacionado con el primer punto, los estudios raramente indican el grado en el que la seguridad de la tenencia contribuye a (mayor) inversión en la vivienda, en comparación con otros factores que probablemente también influyen en la inversión, como el nivel de ingreso o la disponibilidad de crédito. Tercero, la seguridad percibida de la tenencia casi siempre se interpreta como la probabilidad percibida de desalojo por parte del morador.

Estos tres puntos descubren una serie de limitaciones importantes en cada caso. Primero, la idea de interpretar la seguridad de la tenencia como una dicotomía no se corresponde con la realidad de los países en vías de desarrollo, donde la seguridad de la tenencia se concibe más bien como una gradación. La mayoría de los asentamientos de bajos ingresos se encuentran en algún punto entre la inseguridad completa y la seguridad completa. Segundo, para comprender la influencia de la seguridad de la tenencia sobre la inversión, es necesario cuantificar esta relación y examinarla junto con otros factores que probablemente también influyan en la inversión, tales como los ingresos del hogar.

Con respecto al tercer punto, la investigación psicológica social ha demostrado crecientemente que las decisiones de las personas están influenciadas frecuentemente por lo que sienten acerca de una situación en vez de, o además de, cómo piensan sobre ella (Hsee y Rottenstreich 2004; Kahneman 2003; Van Gelder, De Vries y Van der Pligt 2009). Estos descubrimientos se pueden aplicar al estudio de las viviendas informales, si consideramos que la inversión de un morador es una forma de tomar decisiones en un entorno de incertidumbre. Es decir, además de operacionalizar la seguridad percibida solamente como la probabilidad percibida de desalojo, lo cual se refiere a un estado cognitivo o de pensamiento, también podemos examinar los sentimientos o las preocupaciones, la inseguridad y el miedo que experimentan los moradores. A este componente de la seguridad de la tenencia lo denominamos miedo al desalojo.

¿Podemos comprender mejor las estimaciones de probabilidad de desalojo si examinamos los sentimientos? En el contexto de la tenencia informal, se ha sugerido frecuentemente que los moradores informales piensan que la probabilidad de un desalojo forzado es muy baja, en particular cuando el asentamiento está relativamente consolidado. En estos casos, el usar solamente la probabilidad percibida de desalojo como indicador de seguridad de la tenencia limita su valor predictivo, porque es invariablemente baja. No obstante, la posibilidad de desalojo, aunque sea muy pequeña, puede aún causar suficientes sentimientos negativos de preocupación y estrés en los moradores como para influir en sus decisiones, independientemente de que se la perciba como probable o no (Van Gelder 2007; 2009a).

Para no tener que considerar (las percepciones de) la seguridad de la tenencia como una dicotomía, podemos cuantificar la probabilidad y el miedo al desalojo usando técnicas de escalas psicométricas. En mi investigación, se presentaron a los moradores varias declaraciones sobre su situación de tenencia, y se les pidió que indicaran hasta qué punto estaban de acuerdo con dichas declaraciones, usando escalas de cinco puntos, desde “completamente en desacuerdo” hasta “completamente de acuerdo”. Por ejemplo: “A veces me preocupa la posibilidad de un desalojo” o “Siempre está presente la posibilidad de que nos desalojen de este barrio”. Ambas declaraciones se refieren a la posibilidad de desalojo. Sin embargo, la segunda, que mide la probabilidad percibida de desalojo, se refiere a una estimación de probabilidades – un estado pensante – mientras que la primera trata de dilucidar los sentimientos.

Medimos así la probabilidad percibida de desalojo y el miedo al desalojo usando escalas compuestas separadas, cada una con múltiples declaraciones. También se preguntó a los encuestados, todos ellos jefes de familia, sobre los ingresos del hogar y si habían sacado un préstamo en los años anteriores. Para medir la inversión en mejoras de viviendas, los encuestadores calificaron las moradas de los participantes de acuerdo a tres elementos distintivos: el piso, las paredes y el techo. Estas calificaciones se combinaron más adelante en un índice de mejora o consolidación de vivienda, la variable dependiente. Para aislar los efectos de la seguridad percibida de la tenencia sobre la inversión, la encuesta fue administrada solamente a aquellos jefes de hogar que habían vivido en el asentamiento desde su origen y fueron responsables por la construcción de la vivienda.

Asentamientos del caso de estudio

Una invasión de suelo típicamente involucra a varios centenares de personas, que obtienen acceso al suelo al invadirlo en forma colectiva y construyen inmediatamente en el mismo. Los residentes intentan cumplir con la legislación sobre el uso del suelo y otros requisitos, lo que permite más tarde subdividir el suelo legal y técnicamente. Esta participación activa de los residentes distingue a estos asentamientos de aquellos más irregulares (las villas miserias).

El estudio consistió en una encuesta estructurada y también en entrevistas semiestructuradas y grupos de enfoque con moradores en dos invasiones de suelo distintas en el cono sur del Gran Buenos Aires, reconocido por su urbanización popular en gran escala y altas concentraciones de pobreza (tabla 1: ver anexo).

Los asentamientos eran muy similares en tamaño, pero tenían distintas edades y por lo tanto distintos grados de consolidación; El Tala fue una de las primeras invasiones de la ciudad, mientras que San Cayetano había existido por sólo dos años antes de la encuesta, realizada en 2008. Sólo la mitad de los moradores de El Tala recibieron el título legal, creando las condiciones para una comparación válida de hogares titulados y no titulados en este asentamiento.

Resultados del análisis

Se emplearon análisis de regresión y de correlación para examinar la intensidad tanto de la probabilidad percibida de desalojo y el miedo al desalojo como pronosticadores de mejoras a las viviendas. Para tener una mejor idea de su importancia comparativa, también analizamos los ingresos del hogar. La tabla 2 (ver anexo) muestra que tanto la probabilidad como el miedo estaban significativamente correlacionados con las mejoras en ambos asentamientos. En otras palabras, tanto el pensar en la probabilidad de desalojo como los sentimientos provocados por el desalojo influyeron sobre la probabilidad de que la gente estuviera dispuesta a invertir en su morada. Cuanto mayor la probabilidad percibida y el miedo al desalojo, menos mejoraban su morada.

Los ingresos del hogar tuvieron una fuerte correlación con las mejoras de las viviendas en San Cayetano, pero no en El Tala. Una explicación probable de estos resultados es que las inversiones más visibles en vivienda ocurren en los primeros años de desarrollo del asentamiento. Recuérdese que San Cayetano tenía sólo dos años de existencia cuando se realizó la encuesta, mientras que El Tala se fundó a principios de la década de 1980. Otra explicación, relacionada con la anterior, es que los ingresos actuales de los hogares medidos por la encuesta no necesariamente reflejan los ingresos en las décadas precedentes. Esta fluctuación de ingresos hace más difícil evaluar la relación válida entre ingresos e inversiones en asentamientos más antiguos como El Tala.

El análisis de regresión de la tabla 3 (ver anexo) ensaya simultáneamente la probabilidad, el miedo y los ingresos como pronosticadores de inversión, analizando su contribución única. La intensidad de la relación para cada variable separada es indicada por el símbolo β, que puede oscilar entre -1 y +1 (indicando una relación lineal perfectamente negativa y positiva, respectivamente).

En El Tala, el efecto de la probabilidad de desalojo se explica en gran medida por el miedo al desalojo. Esto parece confirmar la hipótesis señalada anteriormente, de que en los casos en que el desalojo es muy poco probable, como en los asentamientos consolidados, el miedo al desalojo es el mejor pronosticador de mejoras a las viviendas. Dicho de otra manera, al decidir si invertir o no, y cuánto, en sus viviendas, los individuos tienen más en cuenta cómo se sienten sobre su situación y los posibles riesgos involucrados, que cómo piensan. Estos resultados constituyen un argumento convincente para alterar nuestra interpretación de la seguridad percibida de la tenencia como meramente una percepción de la probabilidad de desalojo. Si queremos predecir la conducta, también tenemos que comprender cómo se siente la gente.

En San Cayetano, sin embargo, la situación es distinta. Si bien tanto la probabilidad percibida y el miedo al desalojo están correlacionados negativamente con la inversión en mejoras a las viviendas, los resultados del análisis de regresión muestran que los ingresos del hogar explican la mayor parte de la varianza. En otras palabras, la inversión fue dictada más por los ingresos del hogar que por las percepciones de seguridad, ya sea la probabilidad percibida de desalojo o el miedo al desalojo. Mi hipótesis es que, una vez más, estos resultados se pueden atribuir a la corta edad del asentamiento, porque la probabilidad de que la gente invierta en su vivienda, en las primeras fases de consolidación de un asentamiento, está dada más que nada por su capacidad financiera.

Virtualmente todos los residentes encuestados y entrevistados en ambos asentamientos declararon que para ellos era importante tener un título de la propiedad, y expresaron un fuerte deseo de ser legalizados. Este resultado presenta una paradoja intrigante: si bien el desalojo forzado rara vez es considerado probable o aun posible por los residentes, aproximadamente la mitad de ellos declaró que la razón más importante para tener un título de la propiedad era la seguridad de la tenencia. Un residente de El Tala comentó sobre las distintas motivaciones para invertir: “Yo creo que hay dos momentos. Uno es al comienzo, cuando la construcción es una manera de asegurarse que nadie te va a echar. Hoy en día, creo que la situación es al revés. No creo que valga la pena invertir mucho dinero en la casa si no se tiene un título”.

Esto quiere decir que aun en situaciones con una seguridad de tenencia de facto muy alta, como en El Tala, los residentes siguen deseando un título de propiedad, principalmente por la seguridad adicional que ello confiere. Este resultado se corresponde con el argumento dado anteriormente sobre la importancia de incluir el miedo al desalojo, junto con la probabilidad, como indicador de seguridad percibida de la tenencia. La posibilidad de un desalojo, aunque sea pequeña, todavía puede crear una sensación de preocupación y miedo que influye en las decisiones de los residentes, casi independientemente de la probabilidad percibida (Van Gelder, 2007).

Otras motivaciones frecuentemente mencionadas para desear un título de propiedad son “dejarles algo a mis hijos” y “ser o sentir que soy el dueño de mi casa”. Sorprendentemente, muy pocos moradores en ambos asentamientos mencionaron razones comerciales (como el mayor valor de la vivienda o el acceso al crédito) como motivo para desear ser propietarios. En ambos asentamientos, más del 80 por ciento de los encuestados pensaba que tener un título aumentaría su seguridad. Más de la mitad de los residentes declaró que invertirían más después de tener el título, y más de la mitad de los residentes con título indicó que, en efecto, habían invertido más después de que se legalizó su tenencia.

Con respecto al acceso al crédito, los dueños con título no sacaron un préstamo bancario con mayor frecuencia que los residentes sin título. En El Tala, sólo tres personas con título de propiedad habían sacado un préstamo hipotecario en los cinco años anteriores, en contraposición con dos personas en la parte no titulada de dicho asentamiento. Más personas – ocho en las áreas tituladas y cinco en las no tituladas – habían sacado préstamos en instituciones prestamistas que cobran intereses altos pero que no exigen una propiedad como garantía. En otras palabras, los propietarios no comprometían sus moradas como garantía para obtener los préstamos.

La mayoría de los encuestados que habían sacado un préstamo lo habían hecho para mejorar o reparar su morada. Los pequeños montos de dinero prestados y los muy pocos préstamos para inversiones comerciales generan dudas sobre hasta qué punto el mayor acceso al crédito funciona como motor del crecimiento económico, tal como se ha sugerido a veces como justificativo para los programas de titulación del suelo.

Conclusiones

Estos resultados esclarecen un poco el debate sobre la seguridad de la tenencia y la discusión entre los defensores y críticos de la legalización. Por ejemplo, si bien el título legal no es una condición necesaria para invertir en mejoras a las viviendas, probablemente sea un factor contribuyente en ciertas situaciones. Más aún, casi sin excepción, todos los moradores aspiran a ser los dueños legales de sus casas. No obstante, los efectos sociales y psicológicos parecen ser mucho mayores que los factores económicos para valorar la tenencia legal.

Si bien las políticas han formulado crecientemente argumentos mercantilistas para respaldar la titulación (por ejemplo, el acceso al crédito y a los mercados del suelo), los encuestados tienden a enfatizar las razones sociales. Además de la seguridad de la tenencia, la posibilidad de dejar algo “seguro” para los hijos y la simple sensación de ser el dueño (legal) de su vivienda fueron citadas como las motivaciones más fundamentales para desear ser un propietario. La propiedad formal es vista por muchos, sea en forma realista o no, como una manera de escaparse de la marginalidad y como un sustituto de un sistema de seguridad social en gran medida deficiente.

Una manera de mejorar la política y de anticipar más precisamente las consecuencias de intervenciones específicas, que con demasiada frecuencia adoptan un enfoque verticalista, de arriba hacia abajo, es prestar más atención a las perspectivas de los moradores y utilizar métodos y perspectivas de otras disciplinas, como la psicología y la sociología. Estas disciplinas ofrecen medidas refinadas de diverso tipo que los académicos del desarrollo, los dirigentes políticos y los expertos del suelo deberían tener en cuenta en sus investigaciones futuras y programas concretos para los desarrollos informales.

Sobre el autor

Jean-Louis van Gelder es un investigador del Instituto de Estudios sobre la Delincuencia y el Cumplimiento de la Ley de los Países Bajos (NSCR). Estudió tanto psicología organizacional como derecho en la Universidad de Ámsterdam, y combinó ambas disciplinas en un doctorado sobre la seguridad de la tenencia y la informalidad realizado en Buenos Aires. Otros de sus intereses de investigación incluyen el rol del valor afectivo y la personalidad en las decisiones riesgosas y criminales.

Referencias

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World Bank. 1993. Housing: Enabling markets to work. World Bank Policy Paper. Washington DC: World Bank.

La vivienda es un componente importante tanto del patrimonio neto de un hogar como de la riqueza nacional agregada o el inventario de capital residencial. La riqueza residencial agregada es la suma de los valores de todas las unidades de vivienda. En Brasil, las estructuras residenciales representan alrededor de un tercio de los activos netos totales, de manera que su valor es importante para la política económica y social. El presente análisis se hace las siguientes preguntas: ¿Qué variables determinan los valores del inventario de la propiedad residencial? ¿Cómo afectan a estos valores la ubicación de las viviendas y las condiciones del barrio? ¿Cuál es la riqueza residencial agregada en la Región Metropolitana de Rio de Janeiro (Metro Rio)? ¿Cuál es su distribución entre los grupos de ingresos familiares y valores inmobiliarios? En otras palabras, ¿qué genera la riqueza residencial? ¿Cuánta riqueza residencial existe? ¿Quién la tiene? ¿Dónde está ubicada? (Vetter, Beltrão y Massena 2013.)

Metodología para estimar la riqueza residencial

Para responder a estas preguntas, primero calibramos un modelo hedónico de renta residencial con microdatos de muestra del censo de población de 2010 realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Las unidades de análisis son las familias que viven en unidades de vivienda privadas permanentes en áreas urbanas de Metro Rio. La cantidad total de hogares en 2010 era 3,9 millones, y nuestra muestra fue de 223.534 (5,7 por ciento). Usamos los 41.396 inquilinos en la muestra para calibrar nuestro modelo y después estimar la renta para los propietarios de vivienda y los propietarios de unidades exentas de alquiler. Finalmente transformamos las rentas reales e imputadas en valores de vivienda dividiéndolas por la tasa de descuento mensual de 0,75 por ciento (9,38 por ciento de tasa anual), según la práctica estándar para estudios de riqueza residencial en Brasil (Cruz y Morais 2000, Reiff y Barbosa 2005, y Tafner y Carvalho 2007).

La suposición subyacente en estos estudios es que los precios hedónicos de las características en el modelo y la tasa de descuento son similares para unidades de alquiler y exentas de alquiler. Estas son suposiciones importantes pero necesarias para aplicar la metodología con los microdatos de censo existentes. La suma de los valores estimados de las viviendas es nuestra medida de riqueza residencial. El objetivo es estimar el valor agregado de todas las unidades de vivienda y sus valores promedio.

Al calcular los precios promedio de las viviendas para estos grupos, no controlamos por tamaño de vivienda u otras características, como se haría para los índices hedónicos de precios de viviendas. Con el uso de microdatos del censo, también podemos estimar la riqueza residencial por ingresos familiares así como para unidades espaciales más pequeñas dentro de las municipalidades, como barrios o distritos. Si bien la muestra de unidades de alquiler es relativamente grande, el tamaño de la muestra cae rápidamente a medida que los alquileres y los ingresos familiares aumentan, y las varianzas son particularmente altas para el grupo abierto en el extremo superior de la distribución de ingresos. Como no tenemos datos sobre el valor de las hipotecas, nuestra medida es de riqueza residencial bruta en vez de neta.

El uso de los valores de alquiler del censo o una encuesta de hogares se compara favorablemente con otros métodos usados comúnmente para estimar riqueza residencial para las cuentas nacionales de Brasil y estudios asociados (Garner 2004), tales como pedirles a los propietarios que estimen el precio de venta o el alquiler mensual de sus casas, usar los precios de oferta de viviendas a la venta o usar los registrados cuando se efectúa la venta propiamente dicha. Si bien los inquilinos saben cuánto pagan mensualmente de alquiler, los encuestados quizás tengan muy poca información sobre las tendencias vigentes en los precios de las viviendas, y el precio de oferta inicial es frecuentemente más alto que el precio de venta final. En Rio de Janeiro, el gobierno municipal usa sus propias estimaciones de los precios de venta en función de los precios de oferta, en vez del valor registrado utilizado en el cálculo del impuesto de transferencia inmobiliaria, porque los vendedores y compradores muchas veces registran la venta a un valor más bajo.

En nuestro modelo hedónico de renta residencial, la variable dependiente es un vector de rentas residenciales, y las variables independientes son las matrices de las características estructurales de la unidad de vivienda, el acceso a empleo y las características del barrio, incluyendo indicadores de acceso a infraestructura y servicios urbanos. Las variables utilizadas son para el hogar propiamente dicho y también para el área del censo en que está ubicado. La figura 1 muestra las 336 áreas del censo de Metro Rio y los límites municipales más amplios, agrupados en seis subregiones de acuerdo a los indicadores analizados en este estudio y en estudios previos (Lago 2010).

El indicador de acceso al empleo mide el tiempo promedio de viaje al trabajo para los residentes de cada área del censo. La figura 2 muestra que el tiempo promedio de viaje al trabajo aumenta con la distancia al centro, pero no tanto como era de esperar, parcialmente debido a una mayor congestión de tráfico en todas las áreas y a que Metro Rio es policéntrico, con muchos centros subordinados.

Los indicadores de la calidad de la infraestructura y los servicios del barrio incluyen el acceso del hogar al sistema público de alcantarillado y agua, recolección de basura y condiciones de la manzana (por ejemplo, si las calles están pavimentadas y tienen bocas de alcantarillado). Como estos indicadores están altamente correlacionados, los resultados de componente de un análisis de componentes principales se utilizan como las variables independientes en el modelo hedónico. El primer componente principal explica el 46,6 por ciento de la varianza y muestra cargas altamente positivas sobre las condiciones e infraestructura adecuada de la manzana, y cargas altamente negativas sobre condiciones de manzana inadecuadas (por ejemplo, basura en las calles y alcantarillado abierto), identificando aquellas áreas que tienen un alto nivel de atractivo o deseabilidad (figura 3). Si bien los resultados más bajos están claramente concentrados en las áreas periféricas, los patrones de atractivo varían considerablemente. Como con los tiempos de viaje al trabajo, el patrón de distribución de los resultados de atractivo revela la complejidad de la estructura espacial de Metro Rio.

Nuestro modelo hedónico explica el 73 por ciento de la varianza de la renta residencial. Las variables independientes clave son estadísticamente significativas; la calidad del barrio y el acceso al empleo explican casi dos tercios de la varianza, mientras que las características estructurales de la vivienda explican sólo alrededor de un tercio de la varianza. En otras palabras, gran parte del valor de la vivienda es el valor capitalizado del acceso al empleo y a infraestructura y servicios del barrio, todos los cuales están determinados en gran medida por los gastos públicos. La figura 4 (pág. 20) muestra la distribución de los valores promedio estimados de la vivienda para las áreas del censo en dólares estadounidenses, de acuerdo a la determinación de nuestra metodología. (La tasa de cambio promedio para 2010 es de US$1=R$1,76). Estos valores tienden a ser más altos en áreas donde el viaje al trabajo es relativamente corto y hay buen acceso a infraestructura y servicios urbanos.

Distribución de la riqueza residencial

¿Qué parte de la riqueza residencial les corresponde a los propietarios de viviendas y qué parte les corresponde a los propietarios de unidades de alquiler y unidades exentas de alquiler utilizadas por empleadores, familiares u otros? Nuestra estimación de la riqueza residencial agregada de Metro Rio, tanto en unidades ocupadas como desocupadas en 2010, es de alrededor de US$155.100 millones (94,2 por ciento del PIB de Metro Rio de 2010 de US$164.100 millones) y US$140.200 millones solamente para unidades ocupadas (84,2 por ciento del PIB de Metro Rio). Del total de unidades ocupadas, el 74,8 por ciento de esta riqueza residencial (alrededor de US$105.000 millones) corresponde a unidades ocupadas por sus dueños, y el resto pertenece a propietarios de unidades de alquiler o que no cobran alquiler. En el caso de hogares de menores ingresos, los propietarios podrían ser otra familia de menores ingresos.

La tabla 1 muestra que el porcentaje de propietarios es bastante similar para todos los grupos de ingresos familiares. Por ejemplo, los propietarios abarcan casi tres cuartas partes de los hogares en el grupo de familias de menores ingresos (con menos de dos salarios mínimos o un ingreso promedio anual de solamente US$4.407). Una razón clave para este alto porcentaje de propiedad de la vivienda es que aquellos que viven en favelas u otros tipos de viviendas informales se pueden declarar propietarios, aunque no tengan derecho legal al suelo donde se encuentra ubicada su casa. El censo de 2010 identificó más de 520.000 hogares (más del 15 por ciento de todas las viviendas urbanas privadas permanentes) en estos tipos de asentamientos en Metro Rio. La propiedad del suelo en estos asentamientos es una cuestión legal compleja, sobre la cual ni siquiera los abogados se pueden poner de acuerdo, ya que la probabilidad de desalojo (o por lo menos de desalojo sin compensación) es bastante baja, y, según la ley brasileña, aquellos que viven en suelos sin título legal pueden adquirir derechos de ocupación después de cinco años.

Si bien el 25,3 por ciento de todos los hogares ingresaba menos de dos salarios mínimos (US$6.960 por año), los propietarios de este grupo tenían solamente el 15,3 por ciento de la riqueza residencial agregada de todos los propietarios. En contraste, sólo el 15,6 por ciento de los hogares ganaba 10 o más salarios mínimos (US$34.800 por año), pero los propietarios de este grupo de ingresos tenía el 34,5 por ciento de la riqueza residencial agregada. De todas maneras, los hogares de menores ingresos tienen más riqueza residencial de lo que uno podría esperar, en parte debido a que frecuentemente son propietarios en asentamientos informales.

La figura 5 muestra la curva de Lorenz para la distribución de riqueza residencial agregada de los propietarios, por grupos de valor inmobiliario. Esta distribución es bastante desigual, porque casi el 23,7 por ciento que no son propietarios no tienen esa riqueza (tal como se ve donde la curva de Lorenz corre a lo largo de la parte inferior del eje) y porque aquellos que viven en viviendas de mayor precio tienen mayor riqueza residencial.

Distribución de riqueza residencial por subregiones

Gran parte de la riqueza residencial agregada está en manos de aquellos que viven en los suburbios y la periferia de Metro Rio, si bien el valor promedio de sus unidades de vivienda es menor. La tabla 2 muestra que esas subregiones (4 y 6) representan en su conjunto el 79 por ciento del total de hogares en Metro Rio (3,1 millones) y el 58,1 por ciento de la riqueza residencial agregada (US$80.900 millones). La subregión 2 (los barrios de altos ingresos más antiguos a lo largo de la bahía y la costa) representa solamente el 6,3 por ciento de los hogares de Metro Rio (alrededor de 242.000), pero el 19,0 por ciento de su riqueza residencial.

El porcentaje de inquilinos, 28,6 por ciento, es mayor en los grandes asentamientos informales (subregión 5), con un 2,7 por ciento adicional de unidades exentas de alquiler. Las tasas de propiedad de la vivienda son mayores (80,4 por ciento) en la periferia (subregión 6), donde muchos propietarios viven en suelos sobre los que no tienen un título legal pleno, si bien estas áreas generalmente no son asentamientos informales de acuerdo a la definición del IBGE.

Distribución espacial de los ingresos de los hogares

Un resultado de la interacción de las fuerzas de mercado que conforman los precios de alquiler y de viviendas residenciales es que la distribución de los ingresos agregados de los hogares tiende a reflejar la distribución de riqueza residencial agregada. En otras palabras, hay un nivel de segregación relativamente alto por grupo de ingresos, con las familias de menores ingresos concentradas en los grandes asentamientos informales, y en los suburbios y la periferia (subregiones 4, 5 y 6). La alta concentración espacial de hogares de mayores ingresos genera un ingreso agregado y demanda mayores en áreas que ofrecen servicios de mayor nivel, lo cual a su vez hace que estas áreas sean más atractivas para propietarios e inquilinos de mayores ingresos. La figura 6 (pág. 22) muestra que los ingresos anuales promedio de los hogares en las áreas del censo de 2010 reflejan en gran medida la distribución de los valores promedio de las viviendas (figura 4), los tiempos de viaje (figura 2) y el atractivo del barrio (figura 3).

En 2010, el área de altos ingresos de Barra de Tijuca (subregión 3) abarcaba solamente el 2,1 por ciento de todos los hogares de Metro Rio, pero generaba el 8,1 por ciento de los ingresos agregados de los hogares y el 7,6 por ciento de la riqueza residencial agregada. En comparación, los cuatro grandes asentamientos informales de la subregión 5 abarcaban el 2,5 por ciento de todos los hogares pero generaban sólo el 1,0 por ciento de los ingresos agregados de los hogares y el 1,4 por ciento de la riqueza residencial. De todas maneras, el valor residencial agregado de estos cuatro grandes asentamientos informales fue de casi US$2.000 millones, y el valor promedio de la vivienda fue de casi US$21.000. Estos resultados muestran una concentración espacial relativamente alta tanto de ingresos agregados de los hogares como de riqueza residencial, lo cual está ligeramente atenuado por el porcentaje de propietarios de vivienda en asentamientos informales.

Implicaciones para la metodología y las decisiones políticas

La metodología usada en este análisis brinda un panorama interesante sobre la importancia macroeconómica y social de la riqueza residencial; las variables que la genera; su distribución en función de la tenencia de la vivienda, los ingresos familiares y grupos de valor inmobiliario; y su distribución en las distintas subregiones, desde los barrios de ingresos más altos hasta los asentamientos informales. Se deben tener en cuenta las importantes suposiciones requeridas para el uso de esta metodología al interpretar sus resultados. Se podrían usar más adelante datos de registros de propiedades u otras fuentes con información más detallada sobre el tamaño de las unidades para complementar esta metodología.

Los servicios, las inversiones y las acciones reguladoras del gobierno pueden generar beneficios (por ejemplo, acceso al empleo, servicios urbanos y equipamientos) y costos (por ejemplo, impuestos, aranceles e impactos medioambientales negativos) que se capitalizan en el valor de las viviendas de los barrios afectados. Para los propietarios, los beneficios netos positivos de las acciones gubernamentales aumentan su riqueza residencial, porque se capitalizan en el valor de su vivienda. No obstante, para inquilinos y nuevos propietarios, estas mismas acciones gubernamentales pueden hacer aumentar los alquileres y los precios de las viviendas, junto con los beneficios netos mencionados anteriormente. Algunos hogares, especialmente los inquilinos y compradores de vivienda de menores ingresos, quizás tengan que dejar el área beneficiada, y otros nuevos propietarios potenciales quizás no puedan asentarse en el área. Por lo tanto, la tenencia de la vivienda es importante para determinar si un hogar recibe o no los beneficios netos de las inversiones y acciones reguladoras del gobierno.

La capitalización de los beneficios netos de las acciones gubernamentales sería claramente un problema para más del 30 por ciento de los hogares que viven en los cuatro grandes asentamientos informales y que no son propietarios, y también para aquellos que están accediendo al mercado de la vivienda. Si bien no hay datos confiables sobre la rotación de viviendas, sabemos que el número total de hogares urbanos en Metro Rio aumentó más del 20 por ciento, o 657.000 unidades, entre 2000 y 2010. Este incremento fue un 14 por ciento mayor que el número total de hogares en la Municipalidad de Curitiba (la capital del estado de Paraná) en 2010 y bastante más que el doble de Washington, D.C. Todos estos nuevos hogares, más todos los inquilinos (alrededor de un quinto del total de hogares) y los propietarios que se quieran mudar deberán pagar mayores alquileres y precios de viviendas debido a los beneficios netos de las acciones gubernamentales.

Estos resultados demuestran la necesidad de contar con políticas que aseguren que el aumento de los alquileres y los precios de las viviendas no excluyan a ciertos hogares en áreas donde se están mejorando los servicios públicos y la infraestructura. Por ejemplo, parte del programa de mejoras se podría destinar a ayuda económica para la compra de una vivienda. Una manera de financiar estos programas de inversión y viviendas de interés social sería recuperar parte de la plusvalía generada por las inversiones de infraestructura de los hogares de mayores ingresos. La recuperación de parte de la plusvalía generada por las inversiones urbanas podría ayudar a financiar subsidios de vivienda adicionales para familias de menores ingresos y también inversiones adicionales, generando una especie de multiplicador de inversiones.

Sobre los autores

David M. Vetter (Ph.D., Universidad de California) ha trabajado por más de cuatro décadas en financiamiento urbano y temas económicos en América Latina para entidades brasileñas, en el Banco Mundial y en Dexia Credit Local, y también como consultor.

Kaizô I. Beltrão (Ph.D., Universidad de Princeton) fue decano e investigador senior en la Escuela Nacional de Estadística (perteneciente al IBGE) y es ahora profesor titular e investigador senior en la Fundación Getulio Vargas.

Rosa M. R. Massena (Doctorado, Universidad de Burdeos) fue investigadora principal en IBGE durante 23 años y desde entonces ha trabajado como consultora en programas de indicadores sociales para Hábitat, el Banco Mundial, PNUD y otras entidades.

Recursos

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Inclusionary Housing: Creating and Maintaining Equitable Communities

By Rick Jacobus

From Seattle to San Francisco to Chicago to Portland, Maine, debates are raging over inclusionary housing—the requirement that developers reserve a percentage of new residential development as affordable. Some say the policy discourages development—or, in an argument that could reach the Supreme Court, that it threatens property rights. Meanwhile, New York City Mayor Bill de Blasio faces dual criticisms that his inclusionary housing proposal goes too far, or not far enough.

This new report by Rick Jacobus, Inclusionary Housing: Creating and Maintaining Equitable Communities, separates myth from fact, charting a path forward for policy makers and showing how inclusionary housing can be used effectively to reduce economic segregation.

“In hot-market cities, skyrocketing housing prices push middle-class and low-income residents far away from well-paying jobs, reliable transportation, good schools, and safe neighborhoods,” says Lincoln Institute President and CEO George W. McCarthy. “Inclusionary housing alone will not solve our housing crisis, but it is one of the few bulwarks we have against the effects of gentrification—and only if we preserve the units that we work so hard to create.”

Through a review of the literature and case studies, author Rick Jacobus of Street Level Urban Impact Advisors offers solutions for overcoming the major political, technical, legal, and practical barriers to successful inclusionary housing programs.

“More than 500 communities have used inclusionary housing policies to help maintain the vibrancy and diversity of neighborhoods in transition, and we’ve learned much along the way,” Jacobus says. “Research shows that if programs are thoughtfully designed and implemented, they can be a valuable tool at a time when affordable housing is desperately needed.”

In particular, the report addresses the concern that inclusionary housing can impede new construction by making development less profitable. According to the report, many cities have avoided such impacts by allowing flexibility in how developers comply and offering incentives, such as the ability to build at greater densities.

Other key findings and recommendations in the report include:

• Rapid construction of market-rate housing actually fuels the need for more affordable housing by changing the character of neighborhoods.
• Inclusionary housing programs have been challenged in court, but programs can be thoughtfully designed to minimize legal risks.
• Follow-up in the form of enforcement and stewardship is critical. Some communities have created thousands of affordable homes, only to see them disappear after subsequent sales.

The Lincoln Institute has for many years developed strategies to support permanently affordable housing, including the establishment of community land trusts and other shared-equity arrangements. The effort is in recognition of the ongoing housing affordability crisis in many cities. Stratospheric rents and home prices in hot real estate markets are displacing longtime residents and changing the character of cities and neighborhoods.

To order, visit http://www.lincolninst.edu/pubs/3583_Inclusionary-Housing.

Rick Jacobus, a national expert in inclusionary housing and affordable home ownership, is the principal of Street Level Urban Impact Advisors (StreetLevelAdvisors.com). He was the founder of Cornerstone Partnership, and he currently serves as a strategic advisor to Cornerstone.

Few low-income urban settlements in Venezuela are located on land owned by their occupants. As a result, the occupants cannot register the structures they have built and are entitled to only a substitute title (“título supletorio”) granting them limited rights. A legal interpretation handed down by the Supreme Court in the early 1970s has been upheld by repeated court decisions: transactions involving structures on land not owned by the builder cannot be registered without the landowner’s express consent (Pérez Perdomo and Nikken 1979, 38). This is a general legal principle, applicable not only to urban shacks but to all structures.

It could be said, however, that the inhabitants of houses built in the country’s squatter settlements enjoy possession of the land they occupy, though strictly speaking it is what former Venezuelan President Rafael Caldera and others have called a “precarious possession.” These settlements have considerable stability in some cases, less stability in others, and in certain cases there is no stability at all; occupants are evicted and their structures are demolished.

Peaceful occupations of land, and occasionally more aggressive invasions, are by no means a new development in Venezuela; such settlements have been prevalent since the 19th century. As a result, Venezuelan cities are characterized by their physical and social diversity:

• varied materials and structures that reflect the country’s rapid urbanization (especially in the 20th century);
• the lack of access to standard housing for lower-income families arriving in the major cities;
• forms of urban government that have accepted unauthorized occupation of land de facto though not de jure;
• extreme socioeconomic inequality; and
• the Venezuelan people’s talent for building.

Changing Conditions

Many observers wonder, when considering the legal status of the squatter settlements, why it has become “normal,” and to a substantial extent accepted, for Venezuelans to build houses or take up residence on lands assumed to be owned by others. Reactions to this complex situation can vary. It is striking that, in many instances, neither the presumed landowners nor the occupiers of these lands have taken the extreme responses available to each party-demands for eviction or expropriation by the owners or purchase of the land and legalization of its ownership by the occupiers. The presence of a parallel official law has permitted the establishment of settlements and improvement of housing conditions on “invaded” lands (Ontiveros & Bolívar 2000, 128-139). Furthermore, this pattern has become a chronic condition whose end is not demanded by any of the parties involved.

However, this tacit understanding has broken down in recent years, chiefly due to new requirements by banks, which refuse to lend to anyone who does not have registered ownership of the land. The World Bank’s involvement as a co-financier of urban renewal projects has also changed the status of the urban squatter settlements. The national Housing Policy Act (Article 14) now provides for the legalization of land holdings in the squatter settlements, and a team of specialists, mainly lawyers, is drafting a bill that would help make it possible to end the illegal status of Venezuelan urban squatter settlements. Some lower-income neighborhoods with commercially built housing would also be legalized by this action.

Obstacles to Legalization

In spite of these recent developments, procedures and mechanisms relating to urban squatter settlements have been created and modified over many years. The state’s inability to legalize these entrenched settlements can be attributed to a number of interacting factors.

Unclear Land Ownership

Former President Caldera has argued that the main reason for the continuing illegal status of squatter settlements is a lack of clarity as to who actually owns the invaded lands. He argues that, given this prevailing doubt and uncertainty about land ownership, the most important and urgent need is to provide public utilities and other basic public services to the occupiers. Legalization has not been a top priority in the process of consolidating squatter settlements. Nevertheless, there are other causes for the continuing absence of legalization, causes that are deeper and less visible.

Acceptance of the Status Quo

Since the expansion of urban squatter settlements in the 1940s and 1950s, it has been commonly assumed that eventually they would be controlled and demolished, though that has not occurred; they have simply been banished from city maps. The replacement of self-built settlements with standard housing developments has not gone beyond political rhetoric or electoral promises. Proof of this assertion is that half the residents of Venezuelan cities continue to live in these informal settlements.

A kind of official but informal law has emerged for the squatter settlements. Pérez Perdomo & Nikken explain “… how the State itself has contributed to the creation of a kind of informal legal order to meet the squatter settlements’ legal needs in relation to the ownership of housing” (1979, 2). This is a de facto, but not a de jure, acceptance of squatter settlements.

Does this mean that the residents of these settlements do not want legalization of ownership? We know that is not entirely true because they treat the land they possess as if it were their own. When the owner appears and wants to evict them, they fight back until the eviction order is stopped. As long as mere possession poses no risk of eviction, the residents remain satisfied and make no effective distinction between ownership and possession in their settlements. Furthermore, some are afraid of having to pay taxes and accept other obligations that would come with legalization of their status.

Provision of Services and Infrastructure

Further evidence of this acceptance of squatter settlements is the provision of public utilities, services and infrastructure by state agencies, though in most cases the services are considered “precarious” investments. This official attention to the settlements is convincingly illustrated in the work of Josefina Baldó (1996), although it is well known that such attention is provided only to a minimal degree and only in exchange for votes.

Researchers and policy makers from other countries, especially in Latin America, express surprise at the range of public services provided in Venezuelan urban squatter settlements that do not have legal recognition. Even more surprising is the progressive improvement of housing units as they are transformed from shacks into solid houses and even multistory buildings made of appropriate materials (Bolívar et al. 1994). This pattern is not unique to Venezuela, but it reflects the path chosen by the country’s leadership decades ago: a consistent policy of providing “precarious” public services for settlements whose occupation has been accepted, rather than first settling the issue of ownership. This policy has prevented, or at least slowed down, the legalization of the squatter settlements. In addition, improvements built by the residents are paid for by the government if the land is ever expropriated.

Bureaucratic and Legal Procedures

Venezuela is a country characterized by unequal access to the legal and administrative systems. Bureaucratic procedures consume a great deal of energy and are very costly. Accordingly, until a legal deed to property is required of them, most occupants appear content without it, and may even forget that such an option exists. It should also be noted that technical experts are not always available to determine ownership status and that incorrect diagnoses are not unusual.

Furthermore, legalization initiatives run up against the need to identify the true owners. It is necessary to specify the legal tradition of ownership and resolve questions of legally undivided plots (“tierras indivisas”), which traditionally have been dispersed among multiple owners by inheritance. However, there is a prevailing lack of sensitivity and ignorance of the law among court employees and the professionals retained resolve these cases. The laws are very strict, and hence very difficult to apply. The situation is further complicated by unprepared and sometimes corrupt bureaucrats, who may be prejudiced against and resent the “beneficiaries” of land cases, especially when they are illegal occupants of self-built neighborhoods.

Still another obstacle expressed by government officials has to do with the diverse sizes and shapes of land plots in the squatter settlements (Bolívar et al. 1994, 53-100). Some plots may be only 20 m2 in size, while others may cover thousands of square meters, making legalization extremely complicated. A land survey of each settlement would have to be taken, and in many cases their maps would have to be redrawn, implying a highly detailed and difficult challenge to city or state agencies.

Conclusions

Peaceful struggles by settlement residents to occupy land are seldom publicized, although some fights have resulted in the loss of human lives. Most of these battles are not recorded officially, but for those who work in this field they comprise indispensable documentation for the study of the legalization issue.

Given these obstacles and other factors, the political will to launch a legalization process is also lacking in many Venezuelan cities. The politicians who depend on patronage to remain in office have no interest in “resolving” the problem, since that would “kill the goose that lays the golden egg.” To date the occupation of land and subsequent acceptance of possession has been the prevailing pattern, but many observers believe it is imperative to overcome that pattern. To continue relying on the ambiguous position that only possession counts and that ownership is irrelevant is to condemn both the possessors and the owners to a permanent legal vacuum. In time this posture leads to urban chaos and a daily life for the inhabitants characterized by uncertainty, fear and violence.

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Teolinda Bolívar Barreto is an architect and professor in the Department of Architecture, Central University of Venezuela, Caracas. The Lincoln Institute is supporting her research and educational programs on this topic. Translator Richard Melman contributed to this article.

Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 2 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

En el área metropolitana de Lima, el acceso a la tierra urbana por parte de los sectores populares presenta un historial de problemas que son resultado de la combinación de una ocupación irregular y espontánea de la tierra con políticas de corto alcance para regularizar la tenencia de las tierras. Estas políticas diseñadas para resolver o mitigar la ocupación irregular, en vez de contribuir a una solución, han aumentado el problema.

El seminario, “Los gobiernos locales y el manejo de la tierra urbana: Perú y América Latina”, llevado a cabo en Lima en febrero, reunió representantes municipales, expertos de América Latina y líderes de la comunidad para responder a la siguiente pregunta: ¿Asegura el actual marco regulatorio el crecimiento ordenado y equitativo de Lima y de las otras ciudades peruanas?. El programa fue organizado por el Instituto Lincoln; el Instituto de Desarrollo Urbano CENCA, una organización no gubernamental que basa su trabaja con las comunidades; la Asociación de Municipalidades del Perú, y la Red de Políticas de Suelo de la Coalición Internacional del Habitat (HIC).

Políticas de Regularización

Por regularización de la tierra se entiende en general el proceso de intervención pública en zonas ocupadas ilegalmente, a fin de proveer mejoras de infraestructura urbana y reconocer títulos de propiedad u otros derechos de ocupación. En muchos países en desarrollo se necesitan políticas de regularización para contrarrestar los patrones irregulares, y a veces ilegales, de desarrollo de la tierra, en que la ocupación del terreno e incluso la construcción de viviendas precede la instalación de obras de infraestructura y la documentación legal.

Desde 1961, el gobierno central de Perú ha apoyado políticas que permitieron que la población de bajos ingresos ocupara las tierras públicas vacantes, consideradas como un recurso natural de “banco de tierras”. La mayor parte de estos terrenos eran arenosos, casi desérticos, ubicados en los alrededores de Lima y de poco valor comercial. Un 34% de la población de Lima vivía en “barriadas” o asentamientos irregulares para 1993.

Ante la ausencia de políticas efectivas para asegurar el acceso legal y organizado a la tenencia de la tierra, la permisividad que llevó al desarrollo irregular de estas áreas periféricas ha llevado a una crisis que domina actualmente la discusión de las políticas relativas a la tierra urbana (Figura 1). Muchos funcionarios gubernamentales y otros observadores reconocen que el sistema en sí mismo fomenta y permite el crecimiento informal e irregular, y que algunas de las políticas diseñadas para regularizar la tierra han contribuido en la práctica a crear más irregularidades.

Problemas del Manejo de la Tierra Urbana

El manejo de las políticas de la tierra urbana en Perú está siendo reexaminado a causa de tensiones entre el gobierno central y el gobierno local. Entre 1981 y 1995, las municipalidades administraron los procedimientos, autorizaciones y políticas relacionados con la regularización de la tierra. En 1996, el gobierno peruano centralizó la administración de los recursos económicos sobre la vivienda y el desarrollo urbano, retomando los temas de regularización. Esta centralización política, administrativa y fiscal ha creado serias ineficacias e ineficiencias, puesto que aún las agencias de los gobiernos locales tienen que responder a las demandas diarias de la población con respecto a tierra y vivienda, y no tiene ya un control integral de esta problemática.

También existen tensiones a causa de las contradicciones entre el marco legal y el mercado informal de las transacciones cotidianas. Esta falta de relación se refleja en la falta de comprensión y desconfianza que existe entre las autoridades y los agentes privados e individuos que operan fuera del marco de las políticas formales.

A pesar de los intentos por parte de municipalidades y organizaciones no gubernamentales por mejorar la coordinación e implementación de las políticas de la tierra que afectan a los mecanismos formales e informales del mercado formal e informal, los líderes políticos todavía toman la decisión final. Esta situación se ve sujeta a la politización de la administración pública, por ejemplo, a través de políticas creadas para satisfacer a los políticos en vez de la comunidad. Al mismo tiempo, esta situación fomenta las perspectivas a corto plazo, puesto que la autoridad gobernante está más interesada en el trabajo inmediato que en el seguimiento detallado de planes de desarrollo que requieren de un plazo más largo para su ejecución. Como resultado, los problemas graves de crecimiento de Lima no reciben una respuesta adecuada por el marco regulador, legal y político actual.

Problemas Comunes

Un resultado importante de este seminario en Perú fue el intercambio de experiencias con otras ciudades latinoamericanas y asiáticas, en las cuales los gobiernos locales pueden utilizar recursos públicos para promover ciudades urbano más ordenadas. Aún cuando los problemas del manejo de la tierra son amplios y complejos, ciertos problemas comunes fueron identificados para ser discutidos en programas futuros:

• El desarrollo de políticas públicas e iniciativas a nivel de la comunidad para capturar el valor de la tierra “intermedia” que se encuentra en proceso de desarrollo y es frecuentemente la más vulnerable a la especulación.
• Programas municipales de vivienda que utilicen el marco legal existente para fomentar la ocupación ordenada del espacio. Específicamente, hay una necesidad de promover la coordinación entre los diversos agentes públicos y privados; así como mecanismos que apoyen créditos financieros para la población de bajos ingresos, la construcción de vivienda, los servicios básicos de infraestructura y las estrategias de participación del vecindario.
• Las políticas de regularización de la tierra y su articulación con políticas de acceso a la tierra, a fin de romper el círculo vicioso de irregularidades que causa los problemas actuales de manejo y de crecimiento urbano.
• Una mayor comprensión de la dinámica de los mercados formales e informales de la tierra, por aquellos encargados de desarrollar e implementar las políticas apropiadas para dirigir las complejas actividades vinculadas al mercado de tierras.

Julio Calderón, investigador urbano y consultor en programas de desarrollo social, está afiliado a Red Suelo, la red de políticas de la tierra de la Coalición Internacional para el Habitat.

Figura 1: Políticas de Regularización de la Tenencia de la Tierra en Lima

Febrero 1961-1980: Se estableció la Ley 13517, responsabilizando a varias agencias del gobierno central para regularizar los procedimientos de tenencia de la tierra, pero sólo se emitieron 20.000 títulos.

1981-1995: La función de emisión de títulos fue transferida a la Municipalidad de Lima y la entrega de títulos de propiedad de la tierra aumentó a unos 200.000. En los años noventa la capacidad de entrega de títulos disminuyó gradualmente hasta generar una crisis en el mercado de la tierra.

Abril 1996: La Comisión del Estado de Formalización de la Propiedad Informal (COFROPI) asumió las responsabilidades que estaban asignadas a la municipalidad. A partir de la promesa presidencial de incorporar la población de bajos ingresos al proceso del mercado de la tierra, se entregaron cerca de 170.000 títulos de propiedad entre julio de 1996 y julio de 1997. Se espera que 300.000 títulos más sean emitidos para el año 2000. Sin embargo, COFROPI afirma que el 90% de los títulos entregados antes de 1995 presentan problemas de registro, de manera tal que muchos de los títulos entregados desde 1996 son revisión de otros entregados anteriormente. En consecuencia, es difícil reconstruir la cantidad exacta de títulos emitidos bajo cada administración.

Algunas Definiciones

Ilegal – Ocupación de la tierra que contradice expresamente las normas existentes, el código civil y la autorización pública.

Informal – Actividad económica que no se adhiere a las reglas institucionales y que no está protegida por ellas, en oposición a la actividad formal que opera dentro de los procedimientos establecidos.

Irregular – Subdivisión que está aprobada oficialmente pero que no ha sido ejecutada de acuerdo con la ley.

Clandestina – Subdivisión establecida sin reconocimiento oficial.

Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 4 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

Entre 1970 y 1989 se sometieron 17 proyectos de reforma urbana progresista al Congreso de Colombia, pero ninguno fue aprobado debido a la oposición del partido conservador apoyado por el influyente sector privado (formado, entre otros, por la industria de la construcción y promotores inmobiliarios). En 1989, luego de tres años de debates parlamentarios, se aprobó la Ley 9a de reforma urbana a pesar de la oposición de FEDELONJAS, entidad representante de los grupos de urbanización y bienes raíces. Tras la aprobación de la ley, FEDELONJAS presentó una demanda ante la Corte Constitucional por la pérdida de derechos de los propietarios de tierras que no se habían desarrollado durante el periodo definido por el plan maestro (Plan de Ordenamiento Territorial o POT). La corte ratificó la Ley 9a, y el sector de bienes raíces se dedicó a protestar a lo largo y ancho del país por lo que consideraba una expropiación injusta sin compensación. La ley fue tildada de “comunista” y peligrosa para el capital privado vinculado a la construcción y bienes raíces.

A principio de la década de 1990, la ciudad de Cali, con 2 millones y medio de habitantes y un gran déficit habitacional, aplicó la Ley 9a, con su amenaza de apropiación de propiedad, a un gran área de la ciudad cuyas tierras eran propiedad de un pequeño número de terratenientes. En anticipación de los hechos, urbanizadores y constructores de Cali sugirieron que estos propietarios se asociaran para desarrollar una gran cantidad de viviendas de interés social en sus propiedades.

Como resultado de esta experiencia positiva, la Cámara Nacional de la Construcción (CAMACOL, sindicato nacional de la industria de la construcción, incluidos urbanizadores, constructores y promotores de proyectos urbanos) brindó su apoyo a estos procesos de urbanización en otras ciudades, especialmente Bogotá y Medellín. Todo esto preparó el camino de manera tal que en 1997 el sector inmobiliario privado aceptó una modificación mejorada de la Ley 9a a la que se le dio el nombre de Ley 388. Este apoyo ha revolucionado la gestión del suelo urbano en Colombia. La nueva ley concede a las municipalidades la autoridad de gestionar el suelo urbano, promueve el plan maestro (POT), permite la recuperación de plusvalías urbanas y genera instrumentos de reglamentación del uso del suelo.

Para el año 2000, las discusiones ya no se centraban en demandas ni litigios sino más bien en las ventajas de obtener tierra para el desarrollo de proyectos a precios más bajos. Los sectores colombianos de construcción y bienes raíces han entrado al siglo XXI con una actitud proactiva hacia la recuperación pública de los incrementos del valor de la tierra (plusvalías) y otros instrumentos de gestión del suelo urbano. Ahora se entiende que esta legislación facilita tierra para desarrollo, genera arreglos para compartir tierras en grandes proyectos y estimula la producción de viviendas de interés social. Se han moderado los precios del suelo urbano y se ha vuelto más eficaz el uso del capital financiero para la construcción de viviendas en ciudades colombianas. Si bien es cierto que la oposición no ha desaparecido del todo, especialmente en las ciudades de tamaño mediano, también es cierto que ya no tiene la fuerza que tuvo en las décadas de 1970 y 1980.

Esta transformación en la actitud del sector inmobiliario privado ha orientado sus intereses a otros asuntos de índole social y colectiva. Está claro que la tierra es de su propietario, pero también que el derecho a desarrollarla pertenece al público y que puede concederse mediante instrumentos como la participación en plusvalías, la transferencia de derechos de desarrollo o la venta de derechos de construcción. Hoy por hoy las ganancias generadas por el desarrollo del suelo urbano están mejor distribuidas entre tres figuras: el inversionista, el terrateniente y la municipalidad.

Sobre el autor

Oscar Borrero Ochoa, economista y asesor urbanístico privado en Bogotá, fue presidente de FEDELONJAS desde 1981 hasta 1990.

The Lincoln Institute has been cosponsoring research and training programs with public officials in Porto Alegre, Brazil, for several years. The land policy experiment described in this article represents an innovation with much pedagogical potential because it brings attention to the importance of procedural factors (e.g., management, negotiation, transparency, public legitimacy) in the provision of serviced land for the poor, over and above the conventional attention given to funding and other resources.

Approximately one billion people around the world currently live in slums with precarious infrastructure and without basic services or secure land title, and this situation is expected to worsen in the future (UN-HABITAT 2003). From the perspectives of both the urban order and the environment, irregular land occupations often cause irreversible damage and impose high urbanization costs for the local government and the society as a whole.

Irregularity is a multidimensional phenomenon involving tenure issues (e.g., legal rights of occupation, title registration); compliance with urban norms and regulations (e.g., lot sizes, allowance for public spaces, street layouts); the number and quality of services provided; the type of area where settlement occurs (e.g., ecologically risky areas, hillsides, contaminated brownfields); and above all the occupation process itself, which is usually the opposite of formal development, whereby occupation is the culmination of a legal and regulated sequence from titling to planning to servicing.

Basic infrastructure is frequently available in irregular areas, but it is installed either by unregulated subdividers or after occupation by public agencies, often as an emergency measure. For example, sometimes the main trunk networks for water and sewer systems exist close to areas where irregular settlements are forming, so the subdivider or occupants simply improvise clandestine connections to tap into the main line. For small settlements this kind of intervention is not disastrous, yet it implies that services may be extended into areas that are unsuitable for occupation. Private or public utility companies also extend their services to new settlements irrespective of their legal status and often without consulting the local authorities.

Typical Occupation Processes

The most common current practice for creating irregular settlements involves the occupation of a parcel of land through a complex series of commercial transactions involving the landowner, the developer or land subdivider, and often the future occupants. Landowners seek a way to extract profits from the land; subdividers ignore the need to comply with municipal codes and produce a low-cost, high-profit subdivision; and the poor occupants purchase these illegal plots because they have no other option and may be unaware of the legal status. They usually lack a regular income source and savings to apply for credit and meet the stringent building codes and other conditions required for formal purchase and occupation.

Prospective occupants buy the “right to occupy” through a plot acquisition contract and proceed to organize plot boundaries, street layouts and the construction of simple houses. When an official inspection is made it’s already too late; houses have been built and the community is organized to resist. Public authorities cannot keep up with this cycle of complicity, and thus restrict their role to minimal inspection activities that both conceal a management model tolerant of informality and expose the absence of other housing options for that segment of the population.

High-cost curative actions to introduce urban improvements and title regularization programs are being established in many cities, but their effectiveness to date has been limited (Smolka 2003). More seriously and paradoxically, the expectation created by these programs has tended to increase the number of people resorting to irregularity. In sum, the typical process by which the urban poor access serviced land is inefficient and unfair, and ultimately feeds into a vicious cycle of irregularity by contributing to poverty rather than mitigating it. The problem is not so much what services are provided, by whom and at what scale, but how, when and where the process operates to provide those services in the first place.

The Case of Porto Alegre

Porto Alegre (population 1,360,590 in 2000) is the capital of the southernmost state in Brazil and the center of a metropolitan area of 31 municipalities (see Figure 1, page 12). The city’s quality of life improvements have gained worldwide recognition, largely as a result of its poverty reduction and social inclusion programs and its widely acclaimed participatory administration processes (Getúlio Vargas Foundation 2004; Jones Lang Lasalle 2003; UNDP 2003; UN/UMP 2003). For example, the level of infrastructure services is very high: 84 percent of the city’s houses are connected to the sewerage system; 99.5 percent receive treated water; 98 percent receive electricity; and 100 percent of suburbs are serviced by selective waste collection (Municipality of Porto Alegre 2003).

In spite of these impressive figures, 25.5 percent of the population lives in the city’s 727 irregular settlements (Green 2004). It is estimated that the annual population growth in these areas is 4 percent compared to 1.35 percent for the city as a whole. These facts present an apparent paradox and conundrum: How to reconcile widespread provision of basic services with the increase of irregularity in a period of successful, popular and participatory administration?

Since the introduction of decentralized participatory budgeting in 1989, public investment decision making in Porto Alegre has improved, but the process remains economically ineffective, technically inappropriate, environmentally disastrous, fiscally unfair (because land subdividers pocket monies that should benefit the public) and politically unsustainable. Many areas still have serious problems: poor quality streets without drainage or paving; geological instability and susceptibility to flooding; and a lack of legal titling, which means, for example, no address for postal delivery. Nevertheless, the Porto Alegre case is interesting because it vividly demonstrates that the problem of confronting irregularity is less one of providing services than of changing the process by which the services are provided. It’s a procedural process, a change in the rules of the game.

An Innovative Urban Policy Instrument

The Social Urbanizer concept was developed in Porto Alegre as an instrument, and more generally a program, to overcome the existing unsustainable process of providing urban services in spite of a long history of regulatory legislation (see Figure 2). Enacted in July 2003 shortly after approval of Brazil’s innovative City Statute Act, the Social Urbanizer Act was the result of significant dialogue involving the building industry unions, small land subdividers, housing cooperatives, financial agents and the City Council.

A Social Urbanizer is a real estate developer registered with the municipality who is interested in developing in areas identified by the government as suitable for low-income housing, and who agrees to operate according to certain negotiated terms, including the affordability of the serviced plots. The process contemplates a public-private partnership through which the municipality commits to make certain urban norms and regulations more flexible, to speed up the licensing process, reduce the legal requirements, and recognize progressive, step-by-step urbanization. It also anticipates using the transfer of development rights as a stimulating mechanism for private developers. Other incentives may take the form of access to specific lines of credit or certain direct public investments in urban infrastructure so the costs are not passed on to the final buyer. Eligible Social Urbanizer applicants include duly registered real estate developers, contractors already working in the informal market, landowners and self-managed cooperatives.

Porto Alegre’s Social Urbanizer program incorporates lessons learned from both real challenges and untapped opportunities for public action, and it is inspired by several specific ideas. First, land subdividers operating to provide access to urban land by the low-income sector (albeit through illegal activities) have an expertise and familiarity with that sector that public authorities do not have. Thus, rather than demonize or punish these agents, the Social Urbanizer approach takes a new attitude toward attracting them with appropriate incentives (and sanctions) so they can operate legally. Furthermore, while it is common knowledge that a subdivider can usually operate more profitably at the margin of the law, because of lower overhead costs, avoidance of legal approvals, and so forth, it is less well known that, given the option, many of these subdividers would rather operate legally, even if it means a lower profit margin.

Second, the land value increments generated by land transactions could be converted into a source of revenue for the development. In practice this share of value should be distributed both directly by the landowner (as an in-kind contribution of land beyond what is legally required in land subdivisions for low-income occupations) and indirectly by the subdivider through negotiated lower land prices for the low-income buyers. In most cases of irregular development the public is not able to capture and benefit from this increase in land value.

Third, by giving public transparency to the terms of direct negotiations and the resulting win-win agreement among all the interested parties (i.e., landowners, developers, public authorities, prospective buyers), the Social Urbanizer process creates adequate sanctions for compliance with the norms established for the development. Another component of the negotiation process has to do with the agreed investment schedule and its effect in diffusing speculative pricing.

Fourth, to have any chance of success this new mode of urbanization should be able to provide an adequate supply of serviced plots to meet social needs under competitive market conditions (i.e., more affordable than the conditions of otherwise informal subdividers). In effect an essential ingredient of the program’s rationale is that it establishes new rules for social urbanization in general. The signal should be clear to private agents that the Social Urbanizer process is the only way for the government to participate in the development of socially approved and affordable settlements.

The Social Urbanizer as a Third Path

For the public interest, the primary goal of this strategy is to establish the basis for development before occupation takes place, or at least according to a schedule allowing for significant reduction or control of urbanization costs (see Figure 3).

Public administrations in third-world cities typically respond to the inability of the poor to access formal land markets through two models or paradigms. Under the subsidy model the public intervenes to provide serviced land either directly through publicly developed settlements on an emergency basis, or indirectly through below-market interest for developers operating in that segment of the market. At the other extreme, the 100-percent tolerance model recognizes that the government does not have the capacity to provide all the serviced land needed, and thus tolerates irregular and informal arrangements that may eventually be improved with various regularization programs.

Both approaches keep land market conditions untouched and feed into the vicious cycle of informality. In the first case the subsidies are capitalized into higher land prices, and in the second case they allow land subdividers to charge a premium based on the expectation of future regularization: the higher the expectation, the higher the premium.

The Social Urbanizer represents a third path that recognizes both the role and expertise of informal land subdividers who operate in the low-income segment of the market and the indispensable role of public agents in supporting the poor to participate in otherwise inaccessible market conditions. In other words, this program represents an effort to “formalize the informal” and “informalize the formal” by facilitating and providing incentives for developers to operate with more flexibility in the normally unprofitable low-income market. It is an instrument designed to encourage both entrepreneurs operating in the clandestine real estate market and those operating in the formal, higher-income market segment to develop land under the existing regular standards.

The Social Urbanizer Act represents an attempt to change the rules on how low-income housing needs are to be addressed. It gives a clear signal to the private agents operating in the land market and protects the public from arbitrariness in private development actions. The Social Urbanizer has proven to be an indispensable tool for public management. As a break with current practices, however, the program still faces many challenges in implementation.

1. From an institutional point of view, it must overcome the city’s traditional model of urban development, which has been limited to regulation and inspection. This tradition can interfere with the public authorities’ roles as a manager, a leader of urbanization processes and a regulator of relations normally left to the market.
2. From the municipal administration’s view, the goal is to coordinate its many agencies, branches and entities to encourage activities that are economically viable and attractive for developers, but that goal may be at odds with typical public-sector concerns.
3. To attract large development companies that will be better partners for the public authorities, the instrument will have to be highly attractive, since this type of developer already has sufficiently profitable opportunities at the top end of the market.
4. The program also must be able to increase the viability of partnerships with small developers, which usually do not possess the internal infrastructure and financial resources to operate in this kind of market.
5. The Social Urbanizer must ensure its stability and role as a structural element of urban policy in accordance with the principle of democratic access to land. Porto Alegre is currently experiencing political changes that are generating uncertainty and caution after 16 years with the same progressive political group in power. Ultimately the Social Urbanizer will not create significant results unless the municipal government incorporates its principles in a strategic manner over the long term.

Early Stages of Implementation

Porto Alegre has five Social Urbanizer pilot projects at different stages of development. They involve different types of developers so they can function as true experiments: small developers, developers already established in the market, and housing cooperatives. One of these pilot areas has demonstrated that 125 square metres (m2) of fully serviced land can be produced at a price ranging from US$25 to US$28 per m2 in contrast with the formal market price of US$42 to US$57 per m2 for the same amount of land. The first price range represents how much a developer is actually willing to contract with the local administration to operate under the Social Urbanizer framework.

The municipality also attempted to gain financial support for social urbanization activities from Caixa Econômica Federal (CEF), the federal organization responsible for financing housing and urban development. The agency is creating a new financial line within its partnership program in which credit is given to the buyer, who will knowingly use it to purchase a plot of land. Until now this financial option was only available for the acquisition of a housing unit before construction. Thus the idea of a credit line to ultimately finance the development of serviced land is a novelty. Another related improvement is the willingness of the local administration to void requirements on developers’ risk analysis, an essential ingredient to open the field to small developers.

The innovation of the Social Urbanizer instrument, as compared to traditional public methods of dealing with urban irregularity, has attracted the attention of many organizations and other municipalities. At a federal level the Social Urbanizer is considered fully integrated with the principles of the City Statute, which has brought support from Brazil’s Ministry for Cities. Another federal law that deals with the subdivision of urban land is now being discussed in the Brazilian National Congress, and the Social Urbanizer is part of that debate as well. If adopted, this subdivision legislation will be an important step toward changing the traditional and perverse process of providing access to land for the urban poor in other Brazilian cities.

Chronology of Urban Policies in Porto Alegre

1979 – Approval of the Federal Subdivision Law (6766/1979) and the First Development Master Plan for Porto Alegre

1990 – Establishment of the Urban Regularization Program

1996 – Creation of the Urban Regularization Center

1998 – Announcement of Land Title Regularization Year

1999 – Approval of the Environmental Development Master Plan

2001 – Implementation of a pilot plan of a differentiated taxation model, based on preventive action, operating in the region of the city that suffers the highest number of irregular settlements

2001 – Enactment of Brazil’s City Statute Act on Urban Development (Law 10.257/2001)

2003 – Enactment of the Social Urbanizer Act (Law 9162/2003)

2005 – Implementation of the Social Urbanizer pilot projects

2005 – Implementation of the Social Urbanizer pilot projects

Martim O. Smolka is senior fellow at the Lincoln Institute, director of the Program on Latin America and the Caribbean, and co-chairman of the Department of International Studies. Cláudia Damasio is an architect and former under-secretary of planning for the Municipality of Porto Alegre. She now serves as coordinator of the Social Urbanizer project. .

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Although vast differences in standard of living exist among the native-born residents of Chinese cities, the distinction between all urban natives and rural migrants runs deeper. It is, in fact, the fundamental social division in Chinese cities for several reasons, including labor market segmentation that sees migrants doing dirty, dangerous, and low-paying work; institutional rules that favor urban residents in everything from health care access to university entrance exams; and cultural ideas about the backwardness of rural areas and rural people.

In the housing sector, it is therefore not surprising that migrants’ housing quality is quite low in an absolute sense and relative to that of other urban residents. What is less clear is the source of these differences. Research that we recently completed for the Lincoln Institute leads us to question the conventional wisdom that institutional rules linked to the hukou system are primarily responsible for the differential (Li, Duda, and Peng 2007). We believe that hukou status is only one of several factors responsible for migrants’ differential housing outcomes, and that the research literature has not spent enough time assessing the relative importance of these factors. While not definitive, our empirical results provide several reasons to question a hukou-centric modelof the sources of urban housing inequality.