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La vivienda es un componente importante tanto del patrimonio neto de un hogar como de la riqueza nacional agregada o el inventario de capital residencial. La riqueza residencial agregada es la suma de los valores de todas las unidades de vivienda. En Brasil, las estructuras residenciales representan alrededor de un tercio de los activos netos totales, de manera que su valor es importante para la política económica y social. El presente análisis se hace las siguientes preguntas: ¿Qué variables determinan los valores del inventario de la propiedad residencial? ¿Cómo afectan a estos valores la ubicación de las viviendas y las condiciones del barrio? ¿Cuál es la riqueza residencial agregada en la Región Metropolitana de Rio de Janeiro (Metro Rio)? ¿Cuál es su distribución entre los grupos de ingresos familiares y valores inmobiliarios? En otras palabras, ¿qué genera la riqueza residencial? ¿Cuánta riqueza residencial existe? ¿Quién la tiene? ¿Dónde está ubicada? (Vetter, Beltrão y Massena 2013.)
Metodología para estimar la riqueza residencial
Para responder a estas preguntas, primero calibramos un modelo hedónico de renta residencial con microdatos de muestra del censo de población de 2010 realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Las unidades de análisis son las familias que viven en unidades de vivienda privadas permanentes en áreas urbanas de Metro Rio. La cantidad total de hogares en 2010 era 3,9 millones, y nuestra muestra fue de 223.534 (5,7 por ciento). Usamos los 41.396 inquilinos en la muestra para calibrar nuestro modelo y después estimar la renta para los propietarios de vivienda y los propietarios de unidades exentas de alquiler. Finalmente transformamos las rentas reales e imputadas en valores de vivienda dividiéndolas por la tasa de descuento mensual de 0,75 por ciento (9,38 por ciento de tasa anual), según la práctica estándar para estudios de riqueza residencial en Brasil (Cruz y Morais 2000, Reiff y Barbosa 2005, y Tafner y Carvalho 2007).
La suposición subyacente en estos estudios es que los precios hedónicos de las características en el modelo y la tasa de descuento son similares para unidades de alquiler y exentas de alquiler. Estas son suposiciones importantes pero necesarias para aplicar la metodología con los microdatos de censo existentes. La suma de los valores estimados de las viviendas es nuestra medida de riqueza residencial. El objetivo es estimar el valor agregado de todas las unidades de vivienda y sus valores promedio.
Al calcular los precios promedio de las viviendas para estos grupos, no controlamos por tamaño de vivienda u otras características, como se haría para los índices hedónicos de precios de viviendas. Con el uso de microdatos del censo, también podemos estimar la riqueza residencial por ingresos familiares así como para unidades espaciales más pequeñas dentro de las municipalidades, como barrios o distritos. Si bien la muestra de unidades de alquiler es relativamente grande, el tamaño de la muestra cae rápidamente a medida que los alquileres y los ingresos familiares aumentan, y las varianzas son particularmente altas para el grupo abierto en el extremo superior de la distribución de ingresos. Como no tenemos datos sobre el valor de las hipotecas, nuestra medida es de riqueza residencial bruta en vez de neta.
El uso de los valores de alquiler del censo o una encuesta de hogares se compara favorablemente con otros métodos usados comúnmente para estimar riqueza residencial para las cuentas nacionales de Brasil y estudios asociados (Garner 2004), tales como pedirles a los propietarios que estimen el precio de venta o el alquiler mensual de sus casas, usar los precios de oferta de viviendas a la venta o usar los registrados cuando se efectúa la venta propiamente dicha. Si bien los inquilinos saben cuánto pagan mensualmente de alquiler, los encuestados quizás tengan muy poca información sobre las tendencias vigentes en los precios de las viviendas, y el precio de oferta inicial es frecuentemente más alto que el precio de venta final. En Rio de Janeiro, el gobierno municipal usa sus propias estimaciones de los precios de venta en función de los precios de oferta, en vez del valor registrado utilizado en el cálculo del impuesto de transferencia inmobiliaria, porque los vendedores y compradores muchas veces registran la venta a un valor más bajo.
En nuestro modelo hedónico de renta residencial, la variable dependiente es un vector de rentas residenciales, y las variables independientes son las matrices de las características estructurales de la unidad de vivienda, el acceso a empleo y las características del barrio, incluyendo indicadores de acceso a infraestructura y servicios urbanos. Las variables utilizadas son para el hogar propiamente dicho y también para el área del censo en que está ubicado. La figura 1 muestra las 336 áreas del censo de Metro Rio y los límites municipales más amplios, agrupados en seis subregiones de acuerdo a los indicadores analizados en este estudio y en estudios previos (Lago 2010).
El indicador de acceso al empleo mide el tiempo promedio de viaje al trabajo para los residentes de cada área del censo. La figura 2 muestra que el tiempo promedio de viaje al trabajo aumenta con la distancia al centro, pero no tanto como era de esperar, parcialmente debido a una mayor congestión de tráfico en todas las áreas y a que Metro Rio es policéntrico, con muchos centros subordinados.
Los indicadores de la calidad de la infraestructura y los servicios del barrio incluyen el acceso del hogar al sistema público de alcantarillado y agua, recolección de basura y condiciones de la manzana (por ejemplo, si las calles están pavimentadas y tienen bocas de alcantarillado). Como estos indicadores están altamente correlacionados, los resultados de componente de un análisis de componentes principales se utilizan como las variables independientes en el modelo hedónico. El primer componente principal explica el 46,6 por ciento de la varianza y muestra cargas altamente positivas sobre las condiciones e infraestructura adecuada de la manzana, y cargas altamente negativas sobre condiciones de manzana inadecuadas (por ejemplo, basura en las calles y alcantarillado abierto), identificando aquellas áreas que tienen un alto nivel de atractivo o deseabilidad (figura 3). Si bien los resultados más bajos están claramente concentrados en las áreas periféricas, los patrones de atractivo varían considerablemente. Como con los tiempos de viaje al trabajo, el patrón de distribución de los resultados de atractivo revela la complejidad de la estructura espacial de Metro Rio.
Nuestro modelo hedónico explica el 73 por ciento de la varianza de la renta residencial. Las variables independientes clave son estadísticamente significativas; la calidad del barrio y el acceso al empleo explican casi dos tercios de la varianza, mientras que las características estructurales de la vivienda explican sólo alrededor de un tercio de la varianza. En otras palabras, gran parte del valor de la vivienda es el valor capitalizado del acceso al empleo y a infraestructura y servicios del barrio, todos los cuales están determinados en gran medida por los gastos públicos. La figura 4 (pág. 20) muestra la distribución de los valores promedio estimados de la vivienda para las áreas del censo en dólares estadounidenses, de acuerdo a la determinación de nuestra metodología. (La tasa de cambio promedio para 2010 es de US$1=R$1,76). Estos valores tienden a ser más altos en áreas donde el viaje al trabajo es relativamente corto y hay buen acceso a infraestructura y servicios urbanos.
Distribución de la riqueza residencial
¿Qué parte de la riqueza residencial les corresponde a los propietarios de viviendas y qué parte les corresponde a los propietarios de unidades de alquiler y unidades exentas de alquiler utilizadas por empleadores, familiares u otros? Nuestra estimación de la riqueza residencial agregada de Metro Rio, tanto en unidades ocupadas como desocupadas en 2010, es de alrededor de US$155.100 millones (94,2 por ciento del PIB de Metro Rio de 2010 de US$164.100 millones) y US$140.200 millones solamente para unidades ocupadas (84,2 por ciento del PIB de Metro Rio). Del total de unidades ocupadas, el 74,8 por ciento de esta riqueza residencial (alrededor de US$105.000 millones) corresponde a unidades ocupadas por sus dueños, y el resto pertenece a propietarios de unidades de alquiler o que no cobran alquiler. En el caso de hogares de menores ingresos, los propietarios podrían ser otra familia de menores ingresos.
La tabla 1 muestra que el porcentaje de propietarios es bastante similar para todos los grupos de ingresos familiares. Por ejemplo, los propietarios abarcan casi tres cuartas partes de los hogares en el grupo de familias de menores ingresos (con menos de dos salarios mínimos o un ingreso promedio anual de solamente US$4.407). Una razón clave para este alto porcentaje de propiedad de la vivienda es que aquellos que viven en favelas u otros tipos de viviendas informales se pueden declarar propietarios, aunque no tengan derecho legal al suelo donde se encuentra ubicada su casa. El censo de 2010 identificó más de 520.000 hogares (más del 15 por ciento de todas las viviendas urbanas privadas permanentes) en estos tipos de asentamientos en Metro Rio. La propiedad del suelo en estos asentamientos es una cuestión legal compleja, sobre la cual ni siquiera los abogados se pueden poner de acuerdo, ya que la probabilidad de desalojo (o por lo menos de desalojo sin compensación) es bastante baja, y, según la ley brasileña, aquellos que viven en suelos sin título legal pueden adquirir derechos de ocupación después de cinco años.
Si bien el 25,3 por ciento de todos los hogares ingresaba menos de dos salarios mínimos (US$6.960 por año), los propietarios de este grupo tenían solamente el 15,3 por ciento de la riqueza residencial agregada de todos los propietarios. En contraste, sólo el 15,6 por ciento de los hogares ganaba 10 o más salarios mínimos (US$34.800 por año), pero los propietarios de este grupo de ingresos tenía el 34,5 por ciento de la riqueza residencial agregada. De todas maneras, los hogares de menores ingresos tienen más riqueza residencial de lo que uno podría esperar, en parte debido a que frecuentemente son propietarios en asentamientos informales.
La figura 5 muestra la curva de Lorenz para la distribución de riqueza residencial agregada de los propietarios, por grupos de valor inmobiliario. Esta distribución es bastante desigual, porque casi el 23,7 por ciento que no son propietarios no tienen esa riqueza (tal como se ve donde la curva de Lorenz corre a lo largo de la parte inferior del eje) y porque aquellos que viven en viviendas de mayor precio tienen mayor riqueza residencial.
Distribución de riqueza residencial por subregiones
Gran parte de la riqueza residencial agregada está en manos de aquellos que viven en los suburbios y la periferia de Metro Rio, si bien el valor promedio de sus unidades de vivienda es menor. La tabla 2 muestra que esas subregiones (4 y 6) representan en su conjunto el 79 por ciento del total de hogares en Metro Rio (3,1 millones) y el 58,1 por ciento de la riqueza residencial agregada (US$80.900 millones). La subregión 2 (los barrios de altos ingresos más antiguos a lo largo de la bahía y la costa) representa solamente el 6,3 por ciento de los hogares de Metro Rio (alrededor de 242.000), pero el 19,0 por ciento de su riqueza residencial.
El porcentaje de inquilinos, 28,6 por ciento, es mayor en los grandes asentamientos informales (subregión 5), con un 2,7 por ciento adicional de unidades exentas de alquiler. Las tasas de propiedad de la vivienda son mayores (80,4 por ciento) en la periferia (subregión 6), donde muchos propietarios viven en suelos sobre los que no tienen un título legal pleno, si bien estas áreas generalmente no son asentamientos informales de acuerdo a la definición del IBGE.
Distribución espacial de los ingresos de los hogares
Un resultado de la interacción de las fuerzas de mercado que conforman los precios de alquiler y de viviendas residenciales es que la distribución de los ingresos agregados de los hogares tiende a reflejar la distribución de riqueza residencial agregada. En otras palabras, hay un nivel de segregación relativamente alto por grupo de ingresos, con las familias de menores ingresos concentradas en los grandes asentamientos informales, y en los suburbios y la periferia (subregiones 4, 5 y 6). La alta concentración espacial de hogares de mayores ingresos genera un ingreso agregado y demanda mayores en áreas que ofrecen servicios de mayor nivel, lo cual a su vez hace que estas áreas sean más atractivas para propietarios e inquilinos de mayores ingresos. La figura 6 (pág. 22) muestra que los ingresos anuales promedio de los hogares en las áreas del censo de 2010 reflejan en gran medida la distribución de los valores promedio de las viviendas (figura 4), los tiempos de viaje (figura 2) y el atractivo del barrio (figura 3).
En 2010, el área de altos ingresos de Barra de Tijuca (subregión 3) abarcaba solamente el 2,1 por ciento de todos los hogares de Metro Rio, pero generaba el 8,1 por ciento de los ingresos agregados de los hogares y el 7,6 por ciento de la riqueza residencial agregada. En comparación, los cuatro grandes asentamientos informales de la subregión 5 abarcaban el 2,5 por ciento de todos los hogares pero generaban sólo el 1,0 por ciento de los ingresos agregados de los hogares y el 1,4 por ciento de la riqueza residencial. De todas maneras, el valor residencial agregado de estos cuatro grandes asentamientos informales fue de casi US$2.000 millones, y el valor promedio de la vivienda fue de casi US$21.000. Estos resultados muestran una concentración espacial relativamente alta tanto de ingresos agregados de los hogares como de riqueza residencial, lo cual está ligeramente atenuado por el porcentaje de propietarios de vivienda en asentamientos informales.
Implicaciones para la metodología y las decisiones políticas
La metodología usada en este análisis brinda un panorama interesante sobre la importancia macroeconómica y social de la riqueza residencial; las variables que la genera; su distribución en función de la tenencia de la vivienda, los ingresos familiares y grupos de valor inmobiliario; y su distribución en las distintas subregiones, desde los barrios de ingresos más altos hasta los asentamientos informales. Se deben tener en cuenta las importantes suposiciones requeridas para el uso de esta metodología al interpretar sus resultados. Se podrían usar más adelante datos de registros de propiedades u otras fuentes con información más detallada sobre el tamaño de las unidades para complementar esta metodología.
Los servicios, las inversiones y las acciones reguladoras del gobierno pueden generar beneficios (por ejemplo, acceso al empleo, servicios urbanos y equipamientos) y costos (por ejemplo, impuestos, aranceles e impactos medioambientales negativos) que se capitalizan en el valor de las viviendas de los barrios afectados. Para los propietarios, los beneficios netos positivos de las acciones gubernamentales aumentan su riqueza residencial, porque se capitalizan en el valor de su vivienda. No obstante, para inquilinos y nuevos propietarios, estas mismas acciones gubernamentales pueden hacer aumentar los alquileres y los precios de las viviendas, junto con los beneficios netos mencionados anteriormente. Algunos hogares, especialmente los inquilinos y compradores de vivienda de menores ingresos, quizás tengan que dejar el área beneficiada, y otros nuevos propietarios potenciales quizás no puedan asentarse en el área. Por lo tanto, la tenencia de la vivienda es importante para determinar si un hogar recibe o no los beneficios netos de las inversiones y acciones reguladoras del gobierno.
La capitalización de los beneficios netos de las acciones gubernamentales sería claramente un problema para más del 30 por ciento de los hogares que viven en los cuatro grandes asentamientos informales y que no son propietarios, y también para aquellos que están accediendo al mercado de la vivienda. Si bien no hay datos confiables sobre la rotación de viviendas, sabemos que el número total de hogares urbanos en Metro Rio aumentó más del 20 por ciento, o 657.000 unidades, entre 2000 y 2010. Este incremento fue un 14 por ciento mayor que el número total de hogares en la Municipalidad de Curitiba (la capital del estado de Paraná) en 2010 y bastante más que el doble de Washington, D.C. Todos estos nuevos hogares, más todos los inquilinos (alrededor de un quinto del total de hogares) y los propietarios que se quieran mudar deberán pagar mayores alquileres y precios de viviendas debido a los beneficios netos de las acciones gubernamentales.
Estos resultados demuestran la necesidad de contar con políticas que aseguren que el aumento de los alquileres y los precios de las viviendas no excluyan a ciertos hogares en áreas donde se están mejorando los servicios públicos y la infraestructura. Por ejemplo, parte del programa de mejoras se podría destinar a ayuda económica para la compra de una vivienda. Una manera de financiar estos programas de inversión y viviendas de interés social sería recuperar parte de la plusvalía generada por las inversiones de infraestructura de los hogares de mayores ingresos. La recuperación de parte de la plusvalía generada por las inversiones urbanas podría ayudar a financiar subsidios de vivienda adicionales para familias de menores ingresos y también inversiones adicionales, generando una especie de multiplicador de inversiones.
Sobre los autores
David M. Vetter (Ph.D., Universidad de California) ha trabajado por más de cuatro décadas en financiamiento urbano y temas económicos en América Latina para entidades brasileñas, en el Banco Mundial y en Dexia Credit Local, y también como consultor.
Kaizô I. Beltrão (Ph.D., Universidad de Princeton) fue decano e investigador senior en la Escuela Nacional de Estadística (perteneciente al IBGE) y es ahora profesor titular e investigador senior en la Fundación Getulio Vargas.
Rosa M. R. Massena (Doctorado, Universidad de Burdeos) fue investigadora principal en IBGE durante 23 años y desde entonces ha trabajado como consultora en programas de indicadores sociales para Hábitat, el Banco Mundial, PNUD y otras entidades.
Recursos
Cruz, Bruno. O. y Maria P. Morais. 2000. Demand for Housing and Urban Services in Brazil: A Hedonic Approach. Paper presented at the European Network for Housing Research Conference, Gavle, Sweden (Junio).
Garner, Thesia I. 2004. Incorporating the Value of Owner-Occupied Housing in Poverty Measurement. Prepared for the Workshop on Experimental Poverty Measures, Committee on National Statistics. Washington, D.C.: The National Academies.
Lago, Luciana C. 2010. Olhares Sobre a Metrópole do Rio de Janeiro: Economia, Sociedade e Território. Rio de Janeiro, Brazil: Observatório das Metrópoles, FASE, IPPUR/UFRJ.
Reiff, Luis. O. y Ana L. Barbosa. 2005. Housing Stock in Brazil: Estimation Based on a Hedonic Price Model. Paper No. 21. Basel, Switzerland: Bank for International Settlements. Tafner, Paulo y Marcia Carvalho. 2007. Evolução da Distribuição Familiar da Riqueza Imobiliária no Brasil: 1995–2004. Revista de Economia 33(2) (Julho-Dezembro): 7–40.
Vetter, David M., Kaizô I. Beltrão, y Rosa R. Massena. 2013. The Determinants of Residential Wealth and Its Distribution in Space and Among Household Income Groups in the Rio de Janeiro Metropolitan Region: A Hedonic Analysis of the 2010 Census Data. Working Paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.
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“Como trabajador migrante durante 13 años, siempre he querido ser dueño de mi casa y tener una vida familiar normal aquí en Shenzhen” dijo el Sr. Wang, un exagricultor de la provincia de Sichuan que ahora gana 3.100 yuan (US$500) al mes en una fábrica de esta ciudad inmensa ciudad al sur de China. Wang compró recientemente lo que se conoce como una vivienda de “derechos de propiedad pequeños” (small property rights o SPR), un tipo de emprendimiento residencial ilegal pero muy difundido construido por los habitantes de las aldeas en su suelo de propiedad colectiva ubicado en áreas periurbanas y poblaciones urbanas. Estos son asentamientos rurales rodeados de emprendimientos modernos que se encuentran en muchas ciudades de China. Si bien no hay estadísticas oficiales disponibles, se estima que hay unos 70 millones de unidades SPR, quizá un cuarto de todas las unidades de vivienda urbana en China (Shen y Tu 2014). “La vivienda de derechos de propiedad pequeños satisface mis necesidades”, señaló el Sr. Wang. “Está al alcance de mi bolsillo. Es la mejor opción para mí”, dice.
La vivienda SPR, que se vende principalmente a individuos sin domicilio registrado, o hukou, local (recuadro 1), viola las leyes de administración de suelo de China, que estipulan que sólo el Estado, representado por las municipalidades, tiene el poder de recalificar el suelo rural para uso urbano. A diferencia de los compradores de casas construidas legalmente, los compradores de viviendas SPR no reciben un certificado de derecho de propiedad de la agencia de administración de viviendas del gobierno municipal; sólo firman un contrato de compra de la propiedad con el comité de la aldea. Como la población china de escasa formación frecuentemente considera que el estado es la institución “grande”, las unidades de vivienda compradas a los comités de las aldeas se llaman popularmente viviendas de derechos de propiedad “pequeños”.
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Recuadro 1: El sistema de hukou de China
China está dejando de usar paulatinamente el sistema de registro de hogares llamado hukou, instaurado en la década de 1950. El hukou identifica a un ciudadano como residente de una localidad en particular, y le da derecho a la seguridad social, las escuelas públicas, una vivienda al alcance de su bolsillo y otros servicios públicos proporcionados por su distrito, pueblo o aldea. Muchos servicios públicos urbanos sólo están disponibles para los titulares de hukou urbanos. Como la mayoría de los inmigrantes internos tienen un hukou rural, no tienen derecho a recibir muchos de los servicios públicos en las ciudades donde trabajan y viven. Más aún, tienen que volver a los lugares donde están registrados para solicitar los certificados de matrimonio o pasaportes y para renovar su documento de identidad personal y otros documentos, lo cual produce inconvenientes e importantes costos.
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El desarrollo extendido de viviendas SPR presenta una serie de preocupaciones legales, políticas, sociales y económicas en el mundo académico y ha generado encendidos debates de política pública (Shen y Tu 2014; Sun y Ho 2015). ¿Por qué ha surgido la vivienda SPR en China, donde el control administrativo generalmente se considera estricto? ¿Qué llevó a los comités de villa a construir viviendas SPR en contravención de las leyes de administración de suelo? ¿Los compradores de viviendas SPR están preocupados por la seguridad de su tenencia? ¿Por qué ha tolerado el gobierno hasta ahora la propiedad de viviendas SPR? Para encontrar las respuestas a estas preguntas, hay que considerar una serie de factores que han contribuido a la creación de viviendas SPR, tales como el sistema de gestión de suelo de China, las finanzas municipales y las actitudes públicas hacia las leyes y regulaciones.
El surgimiento de las viviendas de derechos de propiedad pequeños
El ritmo de urbanización en China no tiene precedente. Entre 1978, cuando comenzó la reforma económica, y 2014, la población urbana más que se cuadruplicó, de 173 millones a 749 millones de habitantes, con un crecimiento promedio anual de 16 millones de habitantes. En el recuento oficial, la población urbana incluye a los residentes con hukou y, en años recientes, a los migrantes que permanecen en una ciudad durante más de seis meses. Con este crecimiento explosivo, la capacidad institucional del gobierno para gestionar la urbanización frecuentemente se ha retrasado, y en el mejor de los casos responde mínimamente a los problemas emergentes.
“El desarrollo informal de viviendas SPR se considera una práctica extralegal y un tipo de urbanización espontánea”, escribió el Dr. Liu Shouying, investigador senior del Centro de Investigación del Desarrollo del Consejo Estatal, en su libro recientemente publicado Land Issues in the Transitional China (Temas del suelo en la China de la transición) (Liu 2014).
“No hay una ley que contemple explícitamente los problemas emergentes de la vivienda SPR”, dijo el profesor Zhou Qiren de la Universidad de Pekín, reconocido académico en temas de derechos de la propiedad en China (Zhou 2014).
Factores legales y económicos
Bajo el sistema dual de gestión de suelo de China, el suelo urbano es propiedad del estado y el suelo rural es propiedad colectiva de las aldeas (figura 1). No hay propiedad privada. Sólo el estado tiene el poder legal para expropiar suelo rural y recalificarlo para uso urbano. Las aldeas no tienen el derecho de desarrollar el suelo. La compensación otorgada a las aldeas por el suelo rural expropiado se basa en el valor de producción agrícola del suelo y no en su valor de mercado, que es mayor.
Cuando el estado expropia suelo rural para uso urbano, asigna los usos residenciales y comerciales por medio de concesiones a emprendedores inmobiliarios, quienes pagan un arancel por el derecho del uso del suelo. Este sistema permite a los gobiernos municipales expropiar suelo rural para el desarrollo industrial y urbano a bajo costo, y generar pingües beneficios por las concesiones de suelo.
La capacidad de los gobiernos municipales para expandir la oferta de suelo urbano está muy limitada, sin embargo, por los estrictos requisitos de preservación de suelo agrícola de China. Bajo esta política, se deben preservar 1.800 millones de mu (que equivalen a 1,2 millones de km2) de suelos agrícolas de alta calidad en todo el país para garantizar el aprovisionamiento de alimentos. El Ministerio de Suelo y Recursos aprueba anualmente el monto de suelo urbano para cada ciudad, y el gobierno municipal destina entonces esta cantidad para distintos propósitos, dejando una pequeña fracción (en general alrededor del 30 por ciento) para desarrollo residencial. Dada la oferta limitada de suelo residencial en las principales ciudades, su precio de mercado es muy alto.
En contraste, la mayoría de las ciudades ofrece suelo industrial a las firmas de manufactura a precios muy bajos y subsidiados, para poder obtener inversión y hacer crecer el empleo. Esperan que estas firmas creen puestos trabajo, crecimiento económico e ingresos tributarios para la municipalidad, y que a su vez estos nuevos puestos de empleo aumenten la demanda de vivienda y servicios, generando así más trabajo, crecimiento económico e ingresos tributarios. Como resultado, el precio del suelo residencial es hasta 15 veces mayor que el precio del suelo industrial (figura 2).
En los últimos años, los aranceles de concesión de suelo comercial y residencial constituyeron normalmente del 40 al 60 por ciento de los ingresos tributarios municipales. Con estos ingresos, los gobiernos municipales no sólo subsidian el suelo industrial, sino que también financian la inversión pública en infraestructura y otros servicios. Como la compensación a los agricultores era sólo una pequeña fracción del valor creado por los derechos de desarrollo monopolizados por el gobierno, aquellos buscaron maneras de compartir estos ingresos estatales, preparando el terreno para las viviendas SPR.
Hay tres tipos de suelo rural en China. Uno se usa para agricultura, otro para construcción y el tercero permanece sin utilizar. Las unidades de vivienda SPR suelen edificarse en suelo rural para construcción, que se puede usar para los lotes residenciales de los pobladores de las aldeas y para instalaciones públicas. Si bien la política nacional de preservación de suelo agrícola prohíbe generalmente la conversión de suelo rural en suelo para construcción, esta prohibición no se extiende explícitamente al uso del suelo edificable para industrias, restaurantes, hoteles, almacenes, plantas para alquilar y viviendas de alquiler en las aldeas. Es más, la actividad de alquiler de propiedades ha existido en las áreas rurales desde hace muchos años. Por ejemplo, las familias de origen rural que viven en aldeas urbanas y en los límites urbanos de rápido crecimiento han construido viviendas de varios pisos en sus lotes residenciales y alquilado las unidades a trabajadores migrantes.
Cuando los precios de la vivienda urbana comenzaron a crecer desmesuradamente a mediados de la década de 2000, las aldeas vieron la oportunidad de obtener jugosas ganancias construyendo y vendiendo casas. Entre 2006 y 2014, los precios de la vivienda aumentaron alrededor del 20 por ciento anual en Beijing, 18 por ciento anual en Shanghái, 17 por ciento anual en Shenzhen y 11 por ciento anual en Chengdu (PLC-HLCRE 2014). Estos crecimientos se debieron en parte al rápido incremento de los precios del suelo residencial.
La demanda de compra de viviendas en China sigue siendo alta, debido al crecimiento de la población urbana, de los ingresos de los hogares, las altas tasas de ahorro de los hogares urbanos, y a la falta de inversiones alternativas para los hogares. Y las unidades de vivienda SPR son mucho menos costosas, cuando se las compara con las unidades de vivienda formal en la misma ubicación. Sus precios son normalmente un 40 a 60 por ciento menor, porque las poblaciones no pagan aranceles de concesión del suelo como los emprendedores inmobiliarios urbanos, y los gastos administrativos de las viviendas SPR son también menores. Por lo tanto, las unidades SPR son la opción de vivienda más racional para los hogares de migrantes, e incluso para algunos hogares urbanos con hukou en su ciudad de residencia.
Factores sociales y culturales
Los comités de las poblaciones sabían que construir y vender viviendas SPR violaba la ley de administración de suelo y las regulaciones locales de suelo asociadas, pero la atracción de las ganancias los llevó a exceder los límites legales. Y una vez que unas cuantas poblaciones comenzaron a vender viviendas SPR, las demás no se hicieron esperar. El gobierno central respondió emitiendo una serie de circulares administrativas para detener esta actividad, pero tomó muy pocas acciones concretas, debido a la falta de medidas legalmente efectivas y socialmente aceptables para poner fin a esta práctica.
Mientras tanto, dada la falta de protecciones legales, uno se puede preguntar por qué los compradores de viviendas SPR no optan por viviendas de alquiler. La respuesta es que el mercado de alquileres urbanos en China no está bien regulado, y el cumplimiento de contratos es débil. Los alquileres suben inesperadamente para los inquilinos, y los contratos pueden cancelarse prematuramente. Además, la mayoría de los trabajadores migrantes no pueden participar en los programas de vivienda social de los gobiernos municipales porque no tienen un hukou urbano local.
Al mismo tiempo, las familias chinas tienen una fuerte preferencia por la propiedad de la vivienda, por una serie de razones sociales y culturales. La mayoría de las familias considera que una vivienda estable es esencial en sus vidas. Como dijo el Dr. Sun Yet Sen (1866–1925): “Todo hogar debería tener una casa”. La palabra “familia” (jia) en chino es literalmente la misma palabra que “casa”, tanto en su forma escrita como en su pronunciación. La mayoría de los chinos cree que una casa ideal es un lugar seguro para la familia, y la casa más segura es aquella de la que uno es dueño. Un comprador de vivienda SPR en Shenzhen dijo: “Con mi nueva unidad de vivienda SPR, ya no me tengo que preocupar por los desalojos, y mi lugar para vivir es una casa de verdad”.
Como la atención sanitaria y las oportunidades educativas son mejores en las ciudades que en las áreas rurales, muchos trabajadores migrantes compran unidades de vivienda SPR para que sus familias puedan beneficiarse de estos servicios. Para los hombres jóvenes, la compra de unidades de vivienda SPR es una manera de aumentar sus posibilidades en un mercado matrimonial altamente competitivo, donde hay 34 millones más de hombres que de mujeres, según la Oficina Nacional de Estadísticas. Además, el comportamiento gregario —todos quieren tener lo que tienen los demás— es un factor importante, y la compra de viviendas por algunos compradores influye mucho sobre la decisión de compra de los demás.
Tal como revelan algunas entrevistas en periódicos y encuestas por Internet, a los compradores en general no les preocupa que puedan procesarlos por vivir en viviendas SPR. No creen que el gobierno intente hacer cumplir la ley en contra de millones de ciudadanos. Hay un dicho popular sobre la tradición de cumplimiento legal en China: fa bu ze zhong (la ley no castiga a todos). Si muchas personas contravienen una ley o regulación en China, la gente frecuentemente considera que la ley es defectuosa.
De hecho, si uno analiza la historia de las reformas económicas en China, hay casos célebres en que una violación masiva de una ley produjo su cambio, legalizando así actividades que antes estaban prohibidas. Debido a ello, muchos compradores de viviendas SPR se mostraron confiados en que el gobierno no los iba a desalojar de sus casas. Esta confianza se pone en evidencia por el hecho de que los dueños de viviendas SPR gastan una cantidad sustancial de sus ingresos, ahorros o dinero prestado en mejoras de sus casas, como decoración interior o mobiliario.
Muchos dueños de viviendas SPR creen que constituyen ya un grupo suficientemente numeroso como para desafiar las acciones de penalización gubernamentales. Es muy poco probable que haya desalojos, dado que la prioridad más alta del gobierno es mantener la estabilidad social. El proprietario de una vivienda SPR en Beijing dijo: “Estoy seguro de que el gobierno no nos va a desalojar de nuestras casas. Si lo hiciera, ¿dónde viviríamos? ¿Frente a la alcaldía?”
Un desafío importante para el gobierno
Hacer cumplir la ley contra los millones de hogares que viven en unidades SPR sería realmente poco prudente políticamente. Ello generaría descontento social, que es lo último que el gobierno quiere que ocurra. No obstante, no es fácil enmendar la ley, y el gobierno central no ha podido encontrar desde hace tiempo un sistema de gestión de suelo adecuado para una China urbanizada. Sin una solución clara, el gobierno central ha decidido por ahora tolerar las viviendas SPR.
Los gobiernos locales, sin embargo, se sienten más incómodos con la creciente cantidad de unidades de vivienda SPR, porque reducen su demanda de suelo residencial gubernamental y por lo tanto sus ingresos por concesiones de suelo. Pero debido a su temor al descontento social, la mayoría de los gobiernos locales se limita a repetir la retórica del gobierno central sobre la ilegalidad de las viviendas SPR. La tolerancia del gobierno también es un indicio de que las viviendas SPR ofrecen albergue a muchos grupos de ingresos bajos y medios a los que tanto el gobierno como el mercado no han podido proporcionar. En el debate público, el argumento a favor de las viviendas SPR es que cumple una importante función social, al albergar a la gran cantidad de trabajadores migrantes que China necesita para continuar con su rápido crecimiento económico urbano.
Quizá la mayor preocupación para el gobierno sea el impacto de las unidades SPR sobre los mercados inmobiliarios, las finanzas municipales y las formas urbanas futuras. En la actualidad, ya hay un exceso de oferta en el mercado formal de viviendas urbanas. Una oferta adicional de viviendas SPR debilitaría aún más la demanda en el mercado formal y aumentaría el riesgo de los créditos bancarios. Además, los esfuerzos de planificación de China no cubren el suelo rural fuera de las áreas de planificación designadas. El crecimiento de viviendas SPR en estas áreas podría dar lugar, por lo tanto, a patrones de desarrollo urbano indeseados.
Reformas recomendadas
En reconocimiento de las causas que dieron lugar al desarrollo de viviendas SPR, la Tercera Sesión Plenaria del Partido Comunista del decimoctavo Comité Central de China publicó un documento en noviembre de 2013 que sugiere pautas para realizar reformas directamente relacionadas con el suelo, el hukou y las finanzas municipales.
Sobre el suelo: Integrar los mercados de suelo para construcción urbanos y rurales. Permitir la venta, alquiler y toma de acciones de suelo de construcción rural de propiedad colectiva, siempre y cuando cumplan con las normas de planificación. Reducir la expropiación de suelo que no promueva el bienestar público.
Sobre el hukou: Acelerar la reforma del sistema de hukou para ayudar a que los agricultores se conviertan en residentes urbanos. Los esfuerzos deben dirigirse a poner los servicios públicos urbanos básicos (como las viviendas económicas y la red de seguridad social) al alcance de todos los residentes permanentes de las ciudades, incluidos los residentes rurales que han migrado a las ciudades.
Sobre las finanzas municipales: Mejorar el sistema tributario y ampliar la base tributaria local aumentando gradualmente la proporción de impuestos directos (sobre todo el impuesto sobre los ingresos personales y el impuesto sobre la propiedad). Acelerar la legislación de impuestos sobre la propiedad.
Estas reformas se proponen desmantelar el sistema dual de gestión de suelo, permitiendo que los pueblos participen de los beneficios del desarrollo del suelo y aumentando los costos de transacción de la expropiación de suelo. El sistema de hukou se irá dejando de lado gradualmente, comenzando en las ciudades más pequeñas. Si bien las acciones específicas en estos dos frentes de reformas se están estableciendo y ensayando actualmente en programas piloto, la reforma a las finanzas municipales sigue siendo motivo de gran preocupación. Si se reduce el alcance de las concesiones de suelo y se desmantela el sistema de hokou, las ciudades verán reducciones significativas en sus ingresos por venta de suelo y los gastos públicos aumentarán para proporcionar servicios a los trabajadores migrantes y sus familias.
Si bien los impuestos sobre la propiedad residencial serán una nueva fuente de ingresos municipales, este cambio no ocurrirá de inmediato. El gobierno central está escribiendo ahora la ley de impuestos sobre la propiedad, y pueden pasar por lo menos dos años antes de que sea promulgada por la Asamblea Nacional Popular China. Como también las ciudades tardarán unos años en establecer sistemas de avalúo, el impuesto sobre la propiedad residencial no financiará los presupuestos municipales durante un tiempo. De todas maneras, se espera que este nuevo ciclo de reformas políticas resolverá apropiadamente el crítico problema de las viviendas SPR.
Li Sun es investigadora posdoctoral en la Universidad Tecnológica de Delft, Países Bajos, e investigadora afiliada del Centro de Desarrollo Urbano y Política del Suelo de la Universidad de Pekín-Instituto Lincoln.
Zhi Liu es senior fellow y director del Programa de China del Instituto Lincoln, y también director del Centro de Desarrollo Urbano y Política del Suelo de la Universidad de Pekín-Instituto Lincoln.
Referencias
Liu, Shouying. 2014. Land Issues in the Transitional China. Beijing: China Development Press.
Liu, Zhi, y Jinke Wang. 2014. “An Analysis of China’s Urbanization, Land and Housing Problems.” En Annual Report on the Development of China’s New Urbanization, Li Wei, Song Min, y Shen Tiyan, eds. Beijing: Social Sciences Academic Press (China).
PLC-HLCRE. 2014. “Report on the China Quality-Controlled Urban Housing Price Indices (CQCHPI).” Beijing: Peking University–Lincoln Institute Center for Urban Development and Land Policy (PLC) y Hang Lung Center for Real Estate (HLCRE), Tsinghua University.
Shen, Xiaofang, y Fan Tu. 2014. “Dealing with ‘Small Property Rights’ in China’s Land Market Development: What Can China Learn from Its Past Reforms and the World Experience?” Documento de Trabajo. Cambridge, Massachusetts: Lincoln Institute of Land Policy.
Sun, Li, y Peter Ho. 2015. “An Emerging Phenomenon of Informal Settlement in China: Small Property Rights Housing in Urban Villages and Peri-urban Areas.” [Ponencia presentada en la Conferencia anual del Banco Mundial sobre suelo y pobreza (23-27 de marzo).
Zhou, Qiren. 2014. “The Reform Should Not Be Self-limited” (en chino).
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The state of Bosnia and Herzegovina continues its long process of reconstruction and reconciliation, four years after the November 1995 signing of the Dayton Peace Accords, which marked the end of a three-and-one-half-year war. Under the terms of the Accords, the state was set up within the original borders of what had been the Yugoslav Republic of Bosnia and Herzegovina, but was divided into two largely independent entities: the Federation of Bosnia and Herzegovina (Federation) and the Serb Republic (Republika Srpska). Sub-entity levels of government include cantons and municipalities in the Federation and municipalities in the Republika Srpska.
The task of rebuilding a country ravaged by war is never an easy one. International donor organizations have dedicated large amounts of human and financial resources to the cause, greatly assisting in the development of new government institutions and rebuilding the economy. One of the many challenges facing the country is ensuring that there are sufficient resources available to carry out necessary governmental functions. Of particular concern are service responsibilities and infrastructure needs, including reconstruction, which are straining the already limited budgets of the municipalities.
The Lincoln Institute, the World Bank and the United States Treasury have been involved in a joint project that provides assistance to cantonal and municipal governments in Bosnia and Herzegovina as they explore ways to enhance existing revenues and identify new revenue sources. A number of revenue-generating ideas have been discussed, and one option under serious consideration is an area-based property tax.
Ad Valorem vs. Area-based Tax Systems
Ideally, a property tax system should be ad valorem based in order to promote vertical and horizontal equity in the overall tax system. However, an ad valorem system has a number of administrative complexities that limit its full adoption, especially in developing and transitional economies. An efficient and effective ad valorem property tax system requires a functioning market for property, a network of professional appraisers, substantial amounts of exogenous data, and a sophisticated administrative infrastructure. Because Bosnia and Herzegovina is both a transitional and a post-war economy, these necessary elements are not readily available.
The country does not have a robust market for property, although a real estate market is beginning to emerge around the capital city of Sarajevo. A weekly gazette advertises available properties, but the number is limited and the transactions that do occur tend to be cash or barter-based. An initiative to privatize residences and businesses promises to stimulate the supply of privately held property, ultimately increasing the pool of available properties for real estate transactions. However, the privatization effort does not involve “arms-length” transactions because prices are being established by administrative fiat.
Currently no professional appraisal training is available in the country, but it is a necessary condition for a properly functioning ad valorem system of property taxation. Even if such a system is not adopted, training is still needed, as tax authorities administer the tax on non-movables that has been adopted recently in a few cantons. This tax is similar to the property transaction tax used in various states in the U.S. To assure that the sales price being reported by the seller is reasonable, an appointed committee of citizens is asked to validate it. Ideally these citizens would receive training in appraisal techniques before embarking on their duties.
Efficient and effective administration of an ad valorem property tax system requires an extensive administrative infrastructure and substantial amounts of exogenous data. Neither the infrastructure nor the data, such as financial information, cost of construction and mortgage information, are readily available. Therefore, instituting an ad valorem property tax system in Bosnia and Herzegovina would be very costly and would require a substantial amount of lead time to begin collecting the necessary data and to build the required infrastructure.
However, there are at least three property-based alternatives that are appropriate for developing and transitional economies and are worthy of consideration in this case. The first alternative is a flat fee on occupiers/owners of land and/or improvements with no adjustments for size, value or use of the property. A second alternative is an area-based tax that takes into account the size or area of the property, including both land and improvements. The physical area of the land and improvements provides the base for the tax, and the base is multiplied times the rate of the tax, which is generally low. The third alternative is to adjust the aforementioned area-based tax for such factors as the location of the property, its use, and the quality of the improvements on the land.
A hybrid of alternatives two and three-an area-based tax with adjustments for the location and use of the property-seems to make the most sense for Bosnia and Herzegovina, for several reasons:
The Process of “Discovering” Property
For an area-based property tax system to work properly, all property must be discovered. Ideally, discovery would be accomplished by reading digitized cadastral records. However, such information is limited and technological constraints make this approach infeasible at this time.
Both the Federation of Bosnia and Herzegovina and the Republika Srpska have reasonably good cadastral records considering their 40 years of socialism, the nationalization of property, and the effects of war. The legal cadastral records contain data on legal ownership of property, while the land cadastral records document the size of land. Two key missing components are complete information on improvements to the land and accurate property ownership information, due to the mass dislocations of citizens during the war.
It will take a substantial amount of work to update the cadastral records sufficiently to support an area-based property tax system. In the meantime, it makes sense to use existing information to assist in the identification and discovery of property. Public housing records, which are quite complete and in some instances are computerized, are one source. For example, the Sarajevo Housing Authority has detailed information on the size, quality, amenities and location of publicly owned residential apartments, and its rent collection system is computerized.
Other sources are the gas and electric utilities that must possess information about their customers in order to efficiently and effectively bill them for service. Sarajevo Gas appears to have fairly complete customer records and it makes a serious effort to keep these data files up-to-date. The largest of three electric utilities operating in Bosnia and Herzegovina, Public Enterprise Elektoprivreda BiH, also maintains very good customer records on approximately 560,000 customers, including approximately 60,000 businesses.
These housing, gas and electric records contain a lot of information on property and its owner/occupier, yet no single set of records appears to be sufficient for the level of detail necessary for an efficiently operating property tax system. Given the incomplete information contained in the cadastral records, tax administration officials in Bosnia and Herzegovina are faced with the challenge of developing a data discovery process that can best utilize these existing databases.
An active approach to discovery would require occupants to provide the necessary information to the taxing authorities. The reason that occupants rather than owners should be enlisted in this task is because land and property ownership records are incomplete and inaccurate in many parts of the country. The first step would be to develop a form that asks for the name of the occupant, a cadastral identification number, the location of the property, the area of the land, the size of improvements to the land, and the use of the land. In the Federation, it makes sense for the cantons, in cooperation with the municipalities, to develop these records, whereas in the Republika Srpska, municipalities most likely would do this with assistance from the entity-level government.
The second step would involve collecting this information. Asking occupants to fill out the form voluntarily would require a public information campaign explaining why the information is needed, how to comply with the request, and the penalties associated with non-compliance. Occupants would be encouraged to pick up the forms from the local cadastral office, complete them, and return them. A second approach would be to prepare a list of known properties using existing cadastral, housing, and gas and electric utility records, and then either hand deliver or mail the property record form to the occupants.
Once the municipalities have compiled the property information, it should be audited for accuracy and completeness by comparing information on the forms with similar information contained in the records of the electric and gas utilities. In many cases this comparison could be performed electronically. Then a manual comparison could be done with housing and cadastral records. The result will be a list of properties and occupants who have failed to comply with the request for property record information. Non-compliers could be sent a reminder of their responsibility to comply, and in extreme cases of non-compliance, individual visits to the property can be conducted.
Revenue Potential and Administrative Challenges
Despite the presence of property-based taxes in Bosnia and Herzegovina, officials at the cantonal and municipal levels of government do not fully appreciate the revenue potential of area-based property taxes. However, these taxes have the potential to generate sizable amounts of revenue, relative to current local budgets, and eventually produce more than one percent of gross domestic product (See Table 1).
There also are sizable administrative challenges associated with the implementation of such a tax. Foremost is the development of a legal and administrative framework that will ensure uniformity, an important criterion for any property tax system. Fortunately, the current government system is designed to promote uniformity because the Constitution of the Federation of Bosnia and Herzegovina grants sole responsibility for fiscal policy to the Federation. Therefore, a framework law, outlining the methodology for determining the property tax base and the range of allowable tax rates, and authorizing cantons to pass enabling legislation for municipalities to levy the tax, should be prepared at the Federation level. Similarly, a framework law would be prepared at the entity level in the Republika Srpska authorizing municipalities to pass enabling legislation.
To overcome any misconceptions regarding the revenue potential from or the administrative challenges posed by the implementation of an area-based system of property taxation, the cosponsors of this research are planning a short training conference in Sarajevo in the late fall. It will provide a common foundation of knowledge about property taxes to officials for both the Federation and the Republika Srpska and foster discussion about the best way to implement an area-based system.
Three pilot studies will then be launched to test whether sufficient property information can be obtained at a reasonable level of effort and cost. In addition, these studies will help determine the roles that various participants at the entity and sub-entity levels of government should play in the discovery phase. If the pilot studies prove successful, a significant step will have been taken toward the introduction of an area-based property tax and diversification of the local government tax base in Bosnia and Herzegovina.
C. Kurt Zorn is professor of Public and Environmental Affairs at Indiana University in Bloomington. Jean Tesche is resident tax advisor for Bosnia and Herzegovina for the United States Treasury, Office of Technical Assistance, in Arlington, Virginia. Gary Cornia is professor at the Romney Institute of Public Management at Brigham Young University in Provo, Utah.
The authors have prepared a Lincoln Institute Working Paper available for free on the web titled “The Potential for a Property Tax in Bosnia and Herzegovina.”
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Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 3 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.
La inversión de fondos públicos en áreas urbanas suele traer como resultado un aumento en el valor de la tierra que solamente beneficia a un grupo pequeño de propietarios privados. En una iniciativa sin precedentes, la ciudad brasileña de Porto Alegre está usando el impuesto a la propiedad como un instrumento para recuperar la plusvalía de los bienes raíces, con lo cual logran frenar la especulación en el mercado inmobiliario y promueven el desarrollo urbano racional.
Contexto económico y social
Porto Alegre es la capital y la ciudad más grande del estado brasileño de Río Grande do Sul, el más meridional del país. Con una población de 1,5 millones de habitantes y aproximadamente 450.000 unidades inmobiliarias en 1994, las autoridades de la ciudad estimaron una escasez de más de 50.000 unidades residenciales. No obstante, los mayores problemas económicos y sociales limitaban la capacidad que tenía la ciudad para proporcionar viviendas a las familias de ingresos bajos y medianos.
Al igual que en muchos países en desarrollo con ciclos económicos inestables, la tierra es uno de los principales medios para acumular riqueza en Brasil. En Porto Alegre, la existencia de grandes predios sin urbanizar cerca del centro de la ciudad propicia la propagación urbana en la periferia. El principal factor causante de esta situación es la especulación con las tierras por parte de propietarios adinerados que poseen grandes extensiones de terreno baldío y esperan un momento favorable para realizar inversiones o vender los terrenos con enormes ganancias.
A medida que las familias de ingresos bajos son empujadas hacia la periferia, su segregación lleva a una exclusión social más acentuada y mayores demandas de servicios. No obstante, la dotación de infraestructura básica, como los servicios de transporte público en rutas largas entre la periferia y los núcleos de comercio, industria o entretenimiento, exige que el gobierno haga inversiones considerables.
Las autoridades de la ciudad de Porto Alegre se habían fijado una meta fundamental de proveer servicios urbanos de calidad para la comunidad de las afueras, entre ellos una infraestructura básica, educación, transporte público, limpieza de calles y seguridad. Sin embargo, un diagnóstico financiero de los ingresos de la ciudad hizo que las autoridades se percataran de la escasez de recursos para tal inversión. En contraste, muchos distritos en áreas más centrales estaban bien dotados de infraestructura, equipos y servicios, y su densidad de población era menor a la prevista en el plan de desarrollo urbano de la ciudad.
Era obvio que la especulación obstaculizaba el desarrollo de la tierra, pero las autoridades gobernantes creían que el ambiente político era favorable para un cambio. Después de un período en el que el gobierno se enfrentó a una inflación crónica en Brasil, se introdujo un programa de estabilización económica en julio de 1994. Antes del plan económico, la inflación anual llegó a alcanzar el asombroso nivel del 7.000 por ciento. A partir de la aplicación del plan, el índice promedio de la inflación mensual osciló entre el 0,7 y el 1,7 por ciento. La medición de la economía en términos del producto interno bruto (PIB) arrojó índices positivos de crecimiento anual a partir de 1993. El gobierno local tenía confianza en que el momento era ideal para recuperar la inversión y las actividades productivas que se habían paralizado durante el anterior período de inflación alta.
En resumen, los siguientes factores fomentaron la iniciativa de Porto Alegre de usar el impuesto a la propiedad como instrumento para simultáneamente recuperar la plusvalía de la tierra, refrenar la especulación en el mercado inmobiliario y promover la justicia social y el crecimiento económico:
Medidas gubernamentales
La constitución de Brasil (1988) define el impuesto a la propiedad como un tributo aplicado a la tierra e inmuebles urbanos y especifica que puede utilizarse como un instrumento de las políticas urbanas a fin de promover un uso racional de la tierra que genere beneficios sociales para toda la comunidad. Esta disposición permitió que Porto Alegre emprendiera las siguientes acciones:
Efectividad de la iniciativa
La legislación fue promulgada a finales de 1993 y el gobierno comenzó a aplicarla en 1994. La propuesta contó con el apoyo de los miembros del Ayuntamiento, tanto los pertenecientes al partido de gobierno como los de la oposición; esta instancia tiene la responsabilidad de aprobar las decisiones en materia de legislación municipal.
A la fecha de octubre de 1997 la iniciativa no ha dado los resultados esperados. Sólo se han desarrollado cinco de los 120 predios vacantes. Los propietarios de 50 inmuebles están pagando el impuesto a la propiedad con una tasa de aumento progresivo. Tres de las propiedades fueron eliminadas de la lista porque habían sido incluidas incorrectamente desde un principio debido a registros inexactos sobre sus características físicas.
No se ha descrito el estado de desarrollo de las 62 propiedades restantes. Algunas pertenecen a terratenientes acaudalados y políticamente influyentes que apelaron ante el Tribunal Supremo contra la constitucionalidad de las medidas aplicadas por el gobierno de la ciudad. De hecho, dos terratenientes (A y B) que poseen casi el 44 por ciento de los terrenos baldíos están apelando y otros terratenientes aparentemente están a la espera de la decisión judicial para tomar sus propias decisiones. (Véase el cuadro.)
Solamente será posible evaluar la efectividad que ha tenido la iniciativa del impuesto a la propiedad en Porto Alegre después de que se conozcan las decisiones judiciales sobre la materia, pero otros beneficios cruciales derivados de la experiencia ya han garantizado su éxito. La legislación ha dado lugar a un debate intenso en el ámbito nacional y local sobre los derechos políticos y privados, los derechos de propiedad y los intereses públicos. La experiencia también ha servido como ejemplo para que otras autoridades gobernantes tomen conciencia de la responsabilidad que tienen de fomentar el uso racional de las tierras urbanas.
En Brasil, los factores culturales y económicos parecen seguir propiciando la especulación con la tierra, en detrimento de las actividades productivas, y la dificultad para establecer límites entre los intereses públicos y los derechos privados es, sin duda, compleja. No obstante, los esfuerzos iniciales realizados en Porto Alegre representan un paso decisivo hacia el control de la especulación privada y el fomento del desarrollo urbano responsable. Otras iniciativas similares en otros lugares ahora tienen mayores posibilidades de convertirse en alternativas viables para lograr justicia en la distribución de los recursos públicos con ventajas sociales para la comunidad.
Claudia M. De Cesare trabaja para la Municipalidad de Porto Alegre y está postulada para cursar un doctorado en el Centre for the Built and Human Environment, de la Universidad de Salford, Inglaterra.
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Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 1 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.
En los últimos años, el Instituto Lincoln ha venido colaborando con el programa de becas Loeb, el cual tiene sede en la Escuela de Posgrado en Diseño de la Universidad de Harvard. Este programa se inició en 1970 gracias a la generosidad de John L. Loeb, egresado de Harvard, con la finalidad de permitir que profesionales de mediana trayectoria cursaran estudios independientes y adquirieran herramientas adicionales dirigidas a la reactivación del medio ambiente natural y urbano. Los becarios de Loeb para el período 2001-2002 hicieron un viaje de fin de año a Cuba a mediados de junio, que incluía una estancia de dos días en Santiago de Cuba, cuatro en La Habana y un recorrido adicional desde esta última hasta Trinidad, con paradas en algunos destinos intermedios.
Con sus fachadas neoclásicas, adoquines blancos, nubes caribeñas y tonos pasteles, Trinidad se ha detenido en el tiempo como una postal de acuarela. Puesto que el patrimonio arquitectónico de Cuba es el núcleo de un creciente interés internacional y no está amenazado por las oleadas de nuevas construcciones, el futuro del pasado parece estar a salvo. Por su parte, el futuro en sí mismo es mucho más difícil de hallar. Mientras nuestro grupo de becarios de Loeb buscaba indicios en tres ciudades y localidades de la provincia, descubrimos que pese al estancamiento económico y la tensión política internacional los cubanos trabajan con esmero por un futuro que sólo pertenece a ellos.
La afluencia de dólares provenientes del turismo y una férrea campaña de preservación cubana han comenzado a rescatar las riquezas de La Habana Vieja de las garras del descuido no intencionado. Después de por lo menos una experiencia negativa con una nueva construcción, la Oficina del Historiador de la Ciudad –encargada de coordinar la impresionante restauración y renovación mayor de La Habana Vieja– todavía trata de resolver el problema de integrar lo nuevo con lo histórico. Una manera de abordar el problema es estudiar minuciosamente el diseño de edificaciones que ocupan una manzana. Caminamos por un estacionamiento grande de estructura moderna dentro de La Habana Vieja que será reconstruido para convertirlo en un edificio de uso múltiple, con un estacionamiento adyacente, según un diseño que busca reproducir la escala y algunos rasgos monumentales del convento colonial que una vez ocupaba el lugar.
Aunque se está reubicando a algunos residentes en la misma zona y otras partes, muchos regresan a sus hogares después de que los barrios son rehabilitados.
Considerado ahora como un modelo para otras iniciativas dirigidas a financiar la rehabilitación de otros distritos de la ciudad, la renovación de La Habana Vieja se fundamenta en un sistema de impuestos y empresas conjuntas que comprende ingresos provenientes de empresas privadas que se benefician del turismo generado por la restauración. La Oficina del Historiador maneja un presupuesto anual de 50 millones de dólares que se divide entre la construcción y la asistencia social a los cubanos que residen dentro de los límites de la zona de rehabilitación. Esto podría interpretarse como un sistema de “recuperación de plusvalías”, tema que suscita gran interés en el Instituto Lincoln.
Julio César Pérez, arquitecto cubano, urbanista y defensor de la planificación con base en la comunidad, era uno de los integrantes del grupo de becarios de Loeb. Gracias a la perspectiva particular que tiene por ser profesional local, mostró a nuestro grupo algunos de sus ejemplos favoritos del rico legado de la arquitectura prerrevolucionaria art deco y moderna de La Habana. Joyas de cinco pisos de altura se destacan en medio del variopinto paisaje urbano de La Habana central, que también incluye el Edificio Focsa de 28 pisos, con sus 375 unidades de apartamentos, construido en el ocaso del gobierno de Batista.
A los talones de las manzanas de viviendas y casinos con estilo internacional de los años 1950, la revolución implantó su propia forma de uso revisado del suelo. Julio contó la historia de un partido de golf que jugaron el Che Guevara y Fidel Castro en los vastos campos del antiguo Habana Country Club para celebrar la revolución. Según la leyenda, se preguntaron: “¿cómo podemos darle un buen uso a este terreno?” Los resultados de su conversación son las muy grandilocuentes y en su mayoría inconclusas Escuelas Nacionales de Arte diseñadas por Ricardo Porro, Vittorio Garratti y Roberto Gottardi. La postura de estas edificaciones es deliberadamente indiferente a la casa club o al plan del campo de golf; el área abierta es tratada como si fuera una enorme pradera en medio de territorio virgen. Está previsto un proyecto de restauración de los edificios, que se ha complicado más debido a la inestabilidad de las fundaciones y los problemas hidrológicos.
Julio también identificó ejemplos más recientes de construcciones de grandes dimensiones en La Habana, como son el Hotel Meliá Cohíba con su voluminoso arco incorporado y el Miramar Trade Center, un centro comercial (con transacciones en dólares) al otro lado de la calle. Además de ser fracasos de diseño, estos costosos proyectos no logran captar la relación del sitio con el mar ni la posibilidad de crear un nuevo género arquitectónico en un distrito en desarrollo.
Con el estancamiento de la economía y de las relaciones internacionales en los años 1990, el arquitecto y planificador cubano Miguel Coyula y sus colegas han utilizado el tiempo y los materiales que tienen a su alcance para adoptar un enfoque más cuidadoso del uso y desarrollo del suelo. Mientras en todo el mundo hay un surgimiento acelerado y avasallante de ciudades verticales de acero y vidrio, en La Habana se construye una de las maquetas de mayor escala en el mundo con cajas viejas de habanos. Esta asombrosa ciudad en miniatura fue concebida como herramienta para la planificación y asidero para los esfuerzos del Grupo para el Desarrollo Integral de la Capital (GDIC), que ha asesorado al gobierno municipal en asuntos de planificación urbana desde 1988.
La maqueta 1:1000 de toda La Habana ha ido creciendo por piezas exactas durante la mayor parte de la última década y actualmente ocupa 112 metros cuadrados, es decir, aproximadamente una cuarta parte de una cancha de baloncesto. Se encuentra en un pabellón especialmente diseñado iluminado con luz natural en el área de Miramar, cercano al centro de la ciudad, donde los visitantes ocasionales pueden circular cómodamente alrededor de la maqueta y verla desde los niveles superiores de acceso con rampas. En la base topográfica de madera hay colocados modelos a escala de prácticamente todas las estructuras de la ciudad. Cada edificio está codificado por un color que indica el desarrollo urbano en cada período histórico: colonial, moderno prerrevolucionario (1900 a 1958) y posrevolucionario.
Miguel describe un proyecto de construcción, un edificio alto para el Comité Estatal de Colaboración Económica (CECE), que fue cancelado porque con la maqueta se pudo ver claramente que era desproporcionado para el resto de la arquitectura del centro de La Habana. La decisión parece haber sido un hito ya que se trataba de un proyecto real y también ha sido ejemplo de la determinación de construir con conciencia por el medio ambiente –pese a las presiones para dar cabida a inversionistas foráneos en una Cuba necesitada de ingresos–.
La misión fundamental del GDIC se asemeja mucho a la que se plantean los planificadores estadounidenses para el urbanismo dentro de las grandes ciudades: comenzar por los vecindarios. El grupo ha realizado una serie de “talleres integrales de transformación del barrio” ofrecidos a los residentes locales y dirigidos por diseñadores y planificadores profesionales, preferentemente que habiten en la misma área. Estos proyectos se inscriben en la misma tendencia del movimiento internacional de diseño comunitario, una tradición vinculada a los Estados Unidos y surgida hace 45 años en la cual los diseñadores trabajan directamente para el beneficio de los residentes de un área determinada. Desde que la depresión económica sobrevenida en los años 1990 después de la disolución de la Unión Soviética y el bloqueo impuesto por los Estados Unidos comenzaron a tener efectos realmente adversos en Cuba, estos talleres han cobrado gran importancia. Han conjugado la planificación y el desarrollo económico en un nuevo contexto local, en el que los vecindarios emprenden diversos proyectos, como son los cultivos urbanos y la manufactura de materiales de construcción a partir del reciclaje de escombros.
Los talleres de transformación del barrio y otras iniciativas similares llevadas a cabo en los últimos 20 años han contribuido a crear un puente entre el precepto revolucionario cubano de igualdad de tratamiento para todos y el precepto humano básico de tomar decisiones sobre la familia, la comunidad y la vida cotidiana. Otro ejemplo lo constituye el proyecto Arquitectos de la Comunidad, una modalidad de diseño comunitario a cargo de un sector cívico nacional que participa en la construcción urbana y la planificación ambiental, además de ofrecer servicios asequibles de diseño para familias individuales. Basada en las teorías del arquitecto argentino Rodolfo Livingston, la práctica fomenta una relación directa entre el usuario y el arquitecto, a la vez que se incorpora en cada proyecto de construcción el concepto de sostenibilidad y sensibilidad contextual. Julio trabajó con el grupo durante cinco años antes de irse a Harvard y presentó una ponencia junto con Kathleen Dorgan, también becaria de Loeb, en la conferencia de la Asociación de Escuelas y Facultades de Arquitectura celebrada en la primavera pasada. Como defensor de un uso más humano y sensato del suelo y del diseño urbano en su país, Julio se cuenta entre un grupo de arquitectos cubanos preocupados por los valores tradicionales del oficio y el diseño idóneo para el medio ambiente.
Con la existencia de esfuerzos como éstos, tenemos esperanza para que en el futuro la construcción se fundamente en una calibración cuidadosa de relaciones proporcionadas y bien reflexionadas entre las edificaciones y los rasgos naturales del entorno, así como la comodidad y placer de los usuarios. El desafío radica en encontrar medios económicos y normativos para apoyar una modalidad apropiada de construcción. Hasta ahora, el estado ha mantenido el control sobre el uso del suelo gracias a su condición de propietario directo y casi exclusivo y ha hecho negociaciones de arrendamiento con algunos inversionistas privados y foráneos a través de una red delicada y sumamente frágil de fórmulas económicas y jurídicas para valorar los terrenos en cuestión. A medida que la economía se hace más dependiente de los recursos provenientes del exterior, aumenta la probabilidad de que estos arrendamientos devengan en transacciones más predecibles y transparentes. Tal vez no tardarán en llegar las ventas de tierras y la aplicación de mayores impuestos.
Con la llegada de inversiones extranjeras y las presiones para una apertura aún mayor, habrá plena oportunidad de que el futuro esté constreñido por decisiones sobre el uso del suelo impulsadas por los márgenes de ganancias de organizaciones distantes, lo que sería una lamentable añadidura a la carga histórica de Cuba. Porque, a pesar de la belleza de sus paisajes naturales y urbanos, Cuba es un mapa de victimización: a causa del colonialismo, de la flagrante explotación económica, de la confrontación revolucionaria y del brutal desarrollo al estilo soviético.
Los becarios de Loeb captaron una perspectiva general de un nacionalismo intenso construido sobre una cultura profunda y diversa, una historia cosmopolita y los logros incuestionables de los últimos 40 años. Cuba es un lugar de grandes penurias y también de enorme potencial, para los cubanos mismos y para el resto del mundo. Esperamos que el futuro no albergue solamente explotación y degradación cultural cuando finalmente caigan las barreras para el comercio y el viaje internacional. También esperamos demostrar que Cuba es un lugar para aprender de los errores del pasado –los suyos y los nuestros– y para descubrir lo que es posible cuando la gente tiene libertad para proteger, respetar y mejorar su entorno.
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Jack Huddleston is professor of urban and regional planning and is affiliated with the Gaylord Nelson Institute for Environmental Studies at the University of Wisconsin-Madison. He received his Ph.D. in economics from Oklahoma State University and worked as chief economic development planner and chief of local fiscal policy analysis for the State of Wisconsin prior to joining the university. He teaches planning methods and financial planning in the graduate planning program at Madison and is a faculty member in the land resources, water resources management, and energy analysis and policy programs within the Gaylord Nelson Institute. His recent research has focused on applied local government finance issues in the U.S. and the former Soviet Union; energy subsidy schemes in the Dominican Republic and Indonesia; and watershed management and sustainable development in western Mexico.
Land Lines: What do planners need to know about local budgeting, and why?
Jack Huddleston: Planners tend to think narrowly within the boundaries of the functional or physical areas for which they plan. For example, planners charged with preparing and implementing land use plans often are mainly concerned with forecasting land use needs, reconciling land use conflicts, and developing and administering implementation tools such as zoning ordinances. They are not overly concerned with such facts as over the last decade the city’s tax base has been growing at only one percent per year, city spending has been growing by three percent per year, and the city’s bond rating has slipped from Aa to B. The thinking is, “planners plan; others budget.”
Arguably, planners have more impact on the fiscal health of cities and regions than any other civil servant or elected official. They set the path for tax base growth and local government spending patterns far into the future. The things planners do on a daily basis—land use planning, transportation planning, environmental planning, social services planning and so forth—directly affect local government budgets.
When planners approve development on the urban fringe, for example, they have just affected economic conditions throughout the region. Decisions to approve commercial rather than industrial development have similar impacts. The final development project will determine the specific impact on local government revenues and spending, but the decisions made by planners set the direction and relative dimensions of the tax base and local government spending impacts that will occur later. Thus, it is important that planners understand what the local government budget represents, how it is composed, and how it changes over time if they are to understand how their activities affect local budgets.
LL: What kinds of direct impacts can planners have on the community budgeting process?
JH: The local budget serves both existing development, such as current residents, businesses, churches, commuters and visitors, and new development. Public revenues from property, sales and income taxes and user charges from existing activities are relatively stable over time, after adjusting for the impacts of inflation. Similar stability exists for local government spending to support existing activities.
Planners have their greatest impact on local government budgets when they adopt or approve plans for new development. It is here that the dimensions of new tax base growth are determined. It is also here that local government spending patterns are established. Residential development will require new streets and schools; commercial development will require streets, storm water management, and transportation system improvements; and industrial development will require special kinds of fire protection, major shipping services, and so forth. All types of development will involve the exhaustion of excess capacity in existing public infrastructure and require investment in new infrastructure.
LL: How do you get planning board members and planning practitioners to become concerned about and interested in these issues?
JH: There is actually very little need to get planning board members more interested in the fiscal side of planning than they already are. They feel the political pressure to keep taxes low on almost every decision they make. Their concern is largely how to measure the fiscal impacts of their decisions, in terms of both revenues and spending. In addition, they want to know how to evaluate the fiscal impact of their decisions against other goals and constraints, such as economic growth, social justice and fairness, environmental sensitivity, and so forth.
The knowledge/motivation gap for practicing planners is more significant and probably started during their graduate studies and training. Courses dealing with the fiscal side of planning, if available, are often the course taken after all the “useful and fun” courses are completed. After all, planning job listings often announce positions for “land use planners” or “transportation planners,” but few advertise for “financial planners.”
The key to getting practicing planners more interested in the fiscal side of planning is to establish the view that good planning without good finance is largely nonsustainable planning. At the University of Wisconsin-Madison we have included financial planning in the basic toolbox of skills and knowledge we think all planners should command. These skills, which we call intrinsic planning skills, include other tools such as map making, public participation, public speaking and effective communications.
LL: What current trends in local budgeting are relevant to planning goals?
JH: Most of the trends in local budgeting that directly affect attainment of planning goals come from external sources. For example, federal and state governments increasingly are getting out of urban development and redevelopment efforts. The need for such efforts has not diminished and, if anything, has increased, but higher levels of government have decided that such efforts are primarily of local interest. At the same time local governments are being required to fund new programs for efforts such as homeland security and environmental remediation. In general, pressures have been building for ever-increasing spending on the part of local governments.
On the revenue side of the local budget, state statutes limit the amount of revenues that local governments can raise. State governments have preferred reserving the high-yield income tax to fund state government, leaving the property tax as the primary source of funds for local governments. This reliance on the property tax has led to the property tax “revolts” and “restraint movements” that we read about across the country. In general, the sentiment to reduce property tax burdens has led local governments to find alternatives to the property tax, placing more importance on user charges and other locally based financial tools such as tax increment financing.
LL: How can planners address public resistance to property tax increases?
JH: Planners will need to become part planner and part public educator. Citizens value the public goods and services provided by local governments, but they also perceive that the costs of government are getting too high. To some extent there is a disconnect between the value of public goods and services received by local residents and businesses and the need to fund these services. Most of us appreciate the fact that citizenship has a price, but we are more willing to pay when we understand the uses to which public resources are being put and the benefits that will be generated.
This is where the planner as educator comes in. As planners, we often think of our activities as acres of land, dwelling units per acre, traffic flow per hour, or biological oxygen demand of the river [BOD is a measure of water pollution]. These same concepts can be translated into fiscal terms. We need to be able to talk about how various planning activities will affect the local budget, both in the short run and in the long term.
Comprehensive plans, for example, will affect the property tax base of a community for years into the future. Development patterns will affect how cities and regions spend their limited resources over time. Public infrastructure projects not only affect how and when development will take place, but they also place financial commitments on current and future residents. Sustainable development requires that planners be able to anticipate physical, social and financial needs and constraints, and that they are able to communicate these factors convincingly to interested citizens and decision makers.
LL: How is your work with the Lincoln Institute helping to broaden awareness about fiscal planning?
JH: I am working with Roz Greenstein, co-chair of the Institute’s Department of Planning and Development, on an effort to “train the trainers” in the fiscal dimensions of planning. The concept is to assemble leading scholars and practitioners in the fields of public finance and planning in order to develop educational materials that can be used initially in graduate planning programs and subsequently in professional continuing education programs. The materials will cover the basics of municipal budgeting and finance for planners and will stress both how the activities of planners affect local budgets and how local fiscal conditions affect the activities of planners.
The first year of this effort is producing educational materials on the legal and institutional context for local budgets, the intersection between planning and local budgets, the content and process for developing local government operating and capital budgets, property tax administration and policy, fiscal impact analysis and fiscal impacts of development. This material will be presented and discussed in a workshop at the Lincoln Institute in July 2005. Invited participants include senior and junior faculty and professionals from across the U.S. and Canada. This group will not only test the first phase of these materials, but also will develop the agenda for topics to be covered in future sets of materials.
The goal of the overall effort is to increase planners’ understanding of the fiscal dimensions of planning. In concept, participants in the July workshop will be better able to incorporate fiscal thinking into courses at their respective institutions. Educational materials will also be made available to the broader academic community for the same purposes. The Institute’s investment in this important initiative has the potential to enhance planning education in the near term, but more importantly to change the way planning practitioners think about the work they do on an everyday basis.
Related Publication
Venkatesh, Harini. 2004. Local public finance: A glossary. Working paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy. http://www.lincolninst.edu/pubs/Pub-Detail.asp?id=982
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Despite the challenges of overhauling existing policies and implementing a bold agenda for infrastructure investment, the decisive election of a new President on a platform of change presents a real opportunity and sense of momentum for action in Washington.
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From 2000 to the end of 2005, the value of U.S. residential land and dwellings increased from $14 trillion to $24 trillion. Until about 2002, housing price increases had followed the normal pattern from the mid-1980s, and housing prices grew along with household incomes. But starting in 2002 housing prices began to grow much faster than incomes in most metropolitan areas.
There were three main causes for this acceleration in housing prices. First, the interest rate for 30-year fixed rate mortgages declined from 7 percent in 2001 to 4.6 percent in 2003, buoying housing prices. Second, starting in the early 2000s mortgage originators began to reduce lending standards and to offer high-risk mortgage instruments such as no-document mortgages and other subprime mortgage instruments. Finally, the national policy to increase home ownership supported the latter trend because increased mortgage availability seemed to increase housing affordability.
These changes led to the rapid growth in mortgages with high loan-to-value ratios and to the approval of borrowers with modest financial reserves. This increasing risk of mortgages was assuaged by the belief that “housing prices could not decline,” which was based on national housing price indices dating back a few decades. Of course, in several metropolitan areas housing prices had declined from 1989 to the mid-1990s, but the national price index had only flattened out in this period.
Nationally, house prices softened in 2006 and fell 30 percent to the present time, while housing starts declined precipitously from 2.27 million in 2006 to 500,000 now, a level well below the typical low point of 1 million starts experienced in the past half dozen recessions. The reduction in housing starts eliminated millions of construction jobs and contributed significantly to the rapid increase in the unemployment rate.
The accompanying financial crisis reduced employment more broadly as part of a severe recession. Mortgage defaults and subsequent foreclosures spiked, caused by the severe housing price decline that left many homeowners “under water” with a mortgage greater than their house value, combined with the loss of household income from unemployment and the tightening of lending standards that made refinancing impossible for many households. From 2006 through 2009, 6 million homes were foreclosed, and 2010 has seen another 2.9 million foreclosure filings. Foreclosure rates are likely to have peaked, and filings in December 2010 were a quarter lower than those in December 2009. But foreclosure rates remain far above historic levels—in 2005 banks foreclosed on about 100,000 homes. The lack of recovery in housing and other construction has in turn been a factor in the slow reduction in unemployment.
House prices may now be stabilizing—national housing prices rose in the second quarter of 2010, but have declined modestly in the third and fourth quarters. This has led some analysts to forecast a possible second round of price declines. In any case, the likely slow decrease in unemployment will continue to restrain income growth and demand for home ownership. Clearly, housing will not lead the economy out of this recession. Needed now is regulatory reform to prevent the repetition of a housing bubble and an inevitable subsequent housing bust and its related financial meltdown.
While some modest steps have been taken in this direction, much remains to be done and the announced reform of Fannie Mae and Freddie Mac have increased uncertainty about the course of future mortgage finance. The realization by households that housing price appreciation is not inevitable will likely slow the shift to ownership by younger households and encourage older empty-nesters to move their assets to investments less risky than housing. The resulting growth in rental demand will focus in denser parts of metropolitan areas and give some impetus to smart growth outcomes. Housing demand will be robust only in several years, driven by long-term growth in incomes, population, and household formation.
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Infrastructure, defined to include transport, telecommunication, electric power, water, and sanitation, is high on the agenda of both industrial and developing countries. In the United States, concern has been mounting about insufficient maintenance and the resulting decline in the quality of infrastructure facilities and services, especially in transport. Additional investments in infrastructure have also figured heavily in proposals to stimulate demand, employment, and economic growth. In developing countries, infrastructure’s challenges relate more to increasing capacity to provide services to both existing urban residents and the two billion new urban residents projected to arrive by 2050. The Lincoln Institute’s seventh annual land policy conference, held in early June 2012, addressed many aspects of infrastructure including investment, maintenance, and its externalities.
Economic aspects.
Empirical work carried out over the past 25 years on the macroeconomic returns to infrastructure investment have produced a wide range of outcomes–from negative returns to those above 30 percent annually. A careful survey of more recent studies indicates that infrastructure investment in transport, power, and telecom is likely to have positive macroeconomic effects and raise productivity.
At the same time, many countries allocate only modest sums to infrastructure maintenance, even though a broad consensus of opinion and empirical evidence indicate that the returns to maintenance–particularly transport–are very high. Inadequate maintenance may result from donor preferences to fund new capacity in developing countries, but maintenance shortfalls are also common in developed countries, suggesting that other institutional factors are likely to be important.
Networked infrastructure normally is subject to scale economies, and some networks are natural monopolies. Such infrastructure must be subject to economic regulation to prevent firms from engaging in monopoly pricing. While the need for regulation is most apparent when infrastructure is provided by private firms, regulatory oversight is often necessary when provision is by a public enterprise.
Spatial aspects.
Infrastructure has a strong influence on spatial development patterns and can be used to direct growth and–along with zoning and other incentives–to encourage more dense and compact development patterns. While only a few studies are available, however, empirical work indicates that the cost of redeveloping brownfield sites exceeds the cost of greenfield development including the costs of new infrastructure service.
The de-industrialization of cities has been going on for a long time, but recently some cities, such as San Jose, California, have stopped supporting the conversion of industrial or office space to residential or commercial use. They seek to maintain appropriate space for employment when economic growth returns so that they can compete for new firms and encourage local job creation.
Externalities.
Metropolitan areas produce about three-quarters of global anthropogenic greenhouse gas emissions annually, with a large share coming from transport and electric power. The replacement of aging systems and installation of new capacity provide a major opportunity to switch to more energy- and emission-efficient systems in urban areas. System management also can be improved with congestion tolls, parking fees, and transit expansion; by ensuring that tariffs cover the costs of water and electric power; and by promoting green buildings.
Relocating households in the path of infrastructure expansion involves a large number of people displaced by new roads or the widening of existing roads, the location of new facilities such as power plants, and reservoirs that flood broad areas behind dams. Estimates indicate that between 10 and 23 million persons are resettled involuntarily in developing countries each year, and that the majority of relocations are related to infrastructure. Some of these involuntary resettlements meet the safeguard standards promulgated by the World Bank or other standards such as the Equator Principles, but most resettlement is subject to only national or provincial policies.
These topics and many others–including the impacts on infrastructure of mega-events such as the Olympics, the taxation of utilities, the locational effects of congestion tolls, the variation in quality of infrastructure services, and the remarkable impacts of mobile telephony in Africa–will be covered in the conference proceedings that will be available as a printed volume in May 2013 and later as an eBook.
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Housing is an important component of both a household’s net worth and aggregate national wealth or stock of residential capital. Aggregate residential wealth is the sum of the values of all housing units. In Brazil, residential structures represent about one-third of total net fixed capital, so their value is important for economic and social policy. This analysis asks: What variables determine the stock values of residential property? How do location and neighborhood conditions affect these values? What is the aggregate residential wealth in the Rio de Janeiro Metropolitan Region (Metro Rio)? What is its distribution among household income and housing value groups? In other words, what generates residential wealth? How much residential wealth is there? Who holds it? Where is it located? (Vetter, Beltrão, and Massena 2013.)
Methodology for Estimating Residential Wealth
To address these questions, we first calibrated a hedonic residential rent model with sample microdata from the 2010 population census conducted by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). The units of analysis are households living in private, permanent housing units in urban areas of Metro Rio. The total number of households in 2010 was 3.9 million, and our sample is 223,534 (5.7 percent). We used the 41,396 renters in the sample to calibrate our model and then estimated the rents for homeowners and the landlords of rent-free units. Finally, we transformed the actual and imputed rents into housing values by dividing them by the monthly discount rate of 0.75 percent (9.38 percent annual rate), as is standard practice for Brazilian residential wealth studies (Cruz and Morais 2000, Reiff and Barbosa 2005, and Tafner and Carvalho 2007).
The underlying assumption in these studies is that the hedonic prices of the characteristics in the model and the discount rate are similar for rental and nonrental units. These are strong but necessary assumptions for the application of the methodology with the existing census microdata. The sum of estimated housing values is our measure of residential wealth. The objective is to estimate the aggregate value of all housing units and their average values.
In calculating average housing prices for these groups, we do not control for housing size or other characteristics, as would be done for hedonic housing price indices. Using census microdata, we can also estimate the residential wealth by household income as well as for smaller spatial units within municipalities, such as neighborhoods or districts. Even though the sample of rental units is relatively large, sample size drops rapidly as rents and household incomes rise, and the variances are particularly high for the open group at the top end of the distribution. Because we do not have data on the value of mortgages, our measure is of gross rather than net residential wealth.
Using rents from the census or a household survey compares favorably with other commonly used methods for estimating residential wealth for the Brazilian national accounts and related studies (Garner 2004), such as asking homeowners to estimate the selling price or monthly rent of their homes, using the asking prices for home sales, or using the prices registered when recording the sale. Whereas renters know their monthly rent payment, the informants may have little understanding of current trends in housing prices, and the original asking price is often higher than the final sale price. In Rio de Janeiro, the municipal government uses its own estimates of the sale prices based on asking prices, rather than the value registered in calculating the real estate transfer tax, because buyers and sellers often register lower prices.
In our hedonic residential rent model, the dependent variable is a vector of residential rents, and the independent variables are matrices of the structural characteristics of the housing unit, access to employment, and neighborhood characteristics, including indicators of access to urban infrastructure and services. The variables used are for the household per se and also for the census area in which it is located. Figure 1 shows Metro Rio’s 336 census areas and the larger municipal boundaries grouped into six subregions based on indicators analyzed in this and previous studies (Lago 2010).
The indicator for access to employment measures the average commute time to work for residents in each of the census areas. Figure 2 (p. 16) shows that the average commute time increases with distance from the center, but not by as much as one might expect—partly due to increased traffic congestion in all areas and to the fact that Metro Rio is polycentric with many subordinate centers.
The indicators of the quality of neighborhood infrastructure and services include the household`s access to the public sewer and water systems, garbage collection, and block conditions (e.g., street paving and drainage). As these indicators are highly intercorrelated, the component scores from a principal components analysis serve as the independent variables in the hedonic model. Component 1 explains 46.6 percent of the variance and shows high positive loadings on adequate block conditions and infrastructure, and high negative loadings on inadequate block conditions (e.g., garbage in the street and open sewers), indicating which areas have a higher level of attractiveness or desirability (figure 3). Although the lowest scores are clearly concentrated in the outlying areas, the patterns of attractiveness vary considerably. As with commute times, the distribution pattern of the attractiveness scores reveals the complexity of Metro Rio’s spatial structure.
Our hedonic model explains 73 percent of the variance of residential rent. The key independent variables are statistically significant; neighborhood quality and access to employment explain nearly two-thirds of the variance, while the structural characteristics of the housing explain only about one-third of the variance. In other words, the bulk of housing value is the capitalized value of access to employment and to neighborhood infrastructure and services, all of which are determined in large part by public expenditures. Figure 4 (p. 18) shows the distribution of average estimated housing values for census areas in US$ determined by our methodology. (The average exchange rate for 2010 is US$1=R$1.76.) These values tend to be highest in areas affording relatively low commute times and good access to urban infrastructure and services.
Distribution of Residential Wealth
How much residential wealth is the property of homeowners versus the landlords of rental properties and rent-free units used by employers, family members, or others? Our estimate of Metro Rio’s aggregate residential wealth of both occupied and unoccupied units in 2010 is US$155.1 billion (94.2 percent of Metro Rio’s 2010 GDP of US$164.4 billion) and US$140.2 billion for occupied units only (84.2 percent of Metro Rio’s GDP). Among total occupied units, 74.8 percent of this residential wealth (about US$105 billion) belongs to owner-occupied units, and the rest belongs to landlords of rented and rent-free units. In the case of lower-income households, the landlords could be another lower-income family.
Table 1 shows that the percent of homeowners is quite similar for all household income groups. For example, homeowners occupy nearly three-quarters of the households in the lowest household income group (with fewer than two minimum salaries or an average annual income of only US$4,407). A key reason for these high homeownership levels is that those living in favelas, squatter settlements, or other types of informal housing can declare themselves homeowners, even if they do not legally own the land on which their home is located. The 2010 Census showed more than 520,000 households (more than 15 percent of the total private permanent urban households) living in these types of settlements in Metro Rio. Land ownership in these settlements is a complex legal question on which even lawyers may not agree, since the chances of removal (at least removal without compensation) are quite low, and those living on land without a legal title may be eligible for squatter’s rights after five years under Brazilian law.
Although 25.3 percent of total households earned less than two minimum salaries (US$ 6,960 per year), the homeowners in this group held only 15.3 percent of the aggregate residential wealth of all homeowners. By contrast, only 15.6 percent of households earned 10 or more minimum salaries (US$34,800 per year), but homeowners in this income group held 34.5 percent of the aggregate residential wealth. Nonetheless, lower income households have more residential wealth than one might expect, in part because they are often homeowners in informal settlements.
Figure 5 (p. 19) shows the Lorenz Curve for the distribution of aggregate residential wealth of homeowners by housing value groups. This distribution is quite unequal, because the nearly 23.7 percent who are not homeowners have no such wealth (as shown where the Lorenz curve runs along the bottom of the axis) and because those living in higher-priced housing have greater residential wealth.
Distribution of Residential Wealth by Subregions
The bulk of aggregate residential wealth is held by those living in the suburbs and periphery around Metro Rio, although the average value of their housing units is lower. Table 2 shows that those subregions (4 and 6) together represent 79 percent of Metro Rio’s total households (3.1 million) and 58.1 percent of aggregate residential wealth (US$80.9 billion). Subregion 2 (the older, higher-income neighborhoods along the bay and coast) holds only 6.3 percent of Metro Rio’s households (about 242,000) and 19.0 percent of its residential wealth.
The percentage of renters is highest in the large squatter settlements (subregion 5), at 28.6 percent, with an additional 2.7 percent of rent-free units. Homeownership rates are highest (80.4 percent) in the periphery (subregion 6), where many owners live on land for which they do not have full legal title, though these areas generally are not squatter settlements as defined by IBGE.
Spatial Distribution of Household Income
One result of the interplay of market forces that shape residential rent and housing prices is that the distribution of aggregate household income tends to mirror the distribution of aggregate residential wealth. In other words, there is a relatively high residential segregation by income groups, with lower-income families concentrated in the large squatter settlements and in the suburbs and periphery (subregions 4, 5, and 6). High spatial concentration of higher-income households generates higher aggregate income and demand in areas that support higher-level services—in turn making these areas more attractive to higher-income homebuyers and renters. Figure 6 (p. 20) shows that the average annual household incomes for the census areas in 2010 reflect to a large extent the distribution of average housing values (figure 4), commute times (figure 2), and neighborhood attractiveness (figure 3).
In 2010, the high-income Barra da Tijuca area (subregion 3) held only 2.1 percent of total households in Metro Rio but 8.1 percent of aggregate household income and 7.6 percent of aggregate residential wealth. By comparison, the four large squatter settlements of subregion 5 held 2.5 percent of total households but only 1.0 percent of aggregate household income and 1.4 percent of residential wealth. Nonetheless, the aggregate residential value in these four squatter settlements was nearly US$2 billion, and the average housing value was almost US$21,000. These results show a relatively high spatial concentration of both aggregate household income and residential wealth that is tempered slightly by the home-ownership rate in squatter settlements.
Implications for Methodology and Policy Decisions
The methodology used in this analysis provides interesting insights into the macroeconomic and social importance of residential wealth; the variables that generate it; its distribution among household tenure, income, and housing value groups; and its allocation among subregions ranging from high-income neighborhoods to squatter settlements. The strong assumptions required in using the methodology must be taken into account when interpreting the results. Data from property registries or other sources with more detailed information on unit size could eventually be used to complement this methodology.
Government services, investments, and regulatory actions can result in benefits (e.g., access to employment, urban services, and amenities) and costs (e.g., taxes, fees, and negative environmental impacts) that are capitalized into the value of housing in the affected neighborhoods. For homeowners, positive net benefits from government actions increase their residential wealth, because they are capitalized in the value of their housing. However, for renters and new homebuyers, these same government actions can cause rents and housing prices to rise along with the net benefits. Some households, especially the lower-income renters and homebuyers, may have to leave the benefited area, and other potential new owners may be unable to locate in the area. Thus, housing tenure is important in determining whether or not a household receives the net benefits of government investments and regulatory actions.
Capitalization of the net benefits of government actions would clearly be an issue for the more than 30 percent of households in the four large squatter settlements that are not homeowners, as well as for those entering the housing market. Although there are no reliable data on housing turnover, we know that the total number of urban households in Metro Rio increased more than 20 percent, by almost 657,000, between 2000 and 2010. This increment was 14 percent higher than the total number of households in the Municipality of Curitiba (the state capital of Paraná) in 2010 and well over twice the number in Washington, D.C. All these new households, plus all the renters (about one-fifth of total households) and homeowners wishing to move, would be subject to increased rents and housing prices generated by the net benefits of government actions.
These results demonstrate a need for policies to ensure that rising rents and housing prices do not exclude some households from areas where public services and infrastructure are being improved. For example, financial assistance for home purchases could be part of the improvement program. One way of financing the needed lower-income housing and investment programs would be to capture part of the value being generated by infrastructure investments from higher-income households. Capturing part of the value generated by urban investments could help finance additional housing subsidies for lower-income families, as well as added investment, thereby providing a kind of investment multiplier.
About the Authors
David M. Vetter (Ph.D. University of California) has worked for more than four decades on urban finance and economics issues in Latin America for Brazilian entities, at the World Bank and Dexia Credit Local, and also as a consultant.
Kaizô I. Beltrão (Ph.D. Princeton University) was the dean and a senior researcher at the National Statistics School (an entity of IBGE) and is now a full professor and senior researcher at the Fundação Getúlio Vargas.
Rosa M. R. Massena (Doctorate, Université de Bordeaux) was a senior researcher at the IBGE for 23 years and since then has worked as a consultant on social indicators programs for Habitat, the World Bank, UNDP, and other entities.
Resources
Cruz, Bruno. O. and Maria P. Morais. 2000. Demand for Housing and Urban Services in Brazil: A Hedonic Approach. Paper presented at the European Network for Housing Research Conference, Gavle, Sweden (June).
Garner, Thesia I. 2004. Incorporating the Value of Owner-Occupied Housing in Poverty Measurement. Prepared for the Workshop on Experimental Poverty Measures, Committee on National Statistics. Washington, D.C.: The National Academies.
Lago, Luciana C. 2010. Olhares Sobre a Metrópole do Rio de Janeiro: Economia, Sociedade e Território. Rio de Janeiro, Brazil: Observatório das Metrópoles, FASE, IPPUR/UFRJ.
Reiff, Luis. O. and Ana L. Barbosa. 2005. Housing Stock in Brazil: Estimation Based on a Hedonic Price Model. Paper No. 21. Basel, Switzerland: Bank for International Settlements.
Tafner, Paulo and Marcia Carvalho. 2007. Evolução da Distribuição Familiar da Riqueza Imobiliária no Brasil: 1995–2004. Revista de Economia 33(2) (Julho-Dezembro): 7–40.
Vetter, David M., Kaizô I. Beltrão, and Rosa R. Massena. 2013. The Determinants of Residential Wealth and Its Distribution in Space and Among Household Income Groups in the Rio de Janeiro Metropolitan Region: A Hedonic Analysis of the 2010 Census Data. Working Paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.
