La alcaldesa Yvonne Denise Aki-Sawyerr asumió su cargo en Freetown, Sierra Leona, en mayo de 2018, después de desempeñarse como jefa del Ayuntamiento de la ciudad de Freetown. La profesional de las finanzas con más de 25 años de experiencia en los sectores público y privado, previamente había participado en la campaña contra los “diamantes de sangre” y tuvo un papel fundamental en la respuesta a la crisis del ébola en 2014. Presentó dos charlas TED sobre cómo transformar la insatisfacción en acción y sobre la iniciativa de la ciudad capital para plantar un millón de árboles, y recibió nominaciones para la lista Time100 Next de líderes emergentes y la lista 100 Women de la BBC.

Como líder en la red mundial C40 Cities, Aki-Sawyerr lanzó la iniciativa Transform Freetown y nombró al primer director de calor de África. Se graduó en la Facultad de Economía de Londres y en la universidad Fourah Bay College de Freetown. En otoño, habló con el miembro sénior Anthony Flint. La conversación, que se editó por motivos de espacio y claridad.

Anthony Flint: ¿Podría hablar sobre la iniciativa Transform Freetown como una planificación urbana y un marco de acción, y contarnos qué opina sobre cómo progresó? 

Yvonne Aki-Sawyerr: Me postulé para el cargo en 2018, motivada por mis preocupaciones en torno al medioambiente y el saneamiento. Mi mensaje para la campaña, “por la comunidad, por el progreso, por Freetown”, se tradujo en Transform Freetown. La iniciativa se centra en cuatro categorías: resiliencia, desarrollo humano, ciudad saludable y movilidad urbana.  

La resiliencia incluye la gestión medioambiental; además incluye el planeamiento urbano, porque no es posible separar las dos cosas, y la organización de la renta, porque la sostenibilidad solo se logrará si la ciudad es capaz de mantener y generar una renta por sí misma. El punto sobre la ciudad saludable incluye el saneamiento, que está estrechamente relacionado con la gestión medioambiental para Freetown y muchas ciudades de África. Si pensamos en el cambio climático, en nuestro aporte diminuto al cambio climático, gran parte de este proviene del metano, del vertido de basura a cielo abierto, pero, a su vez, esto tiene implicaciones inmensas para la salud. Así que, en la categoría de ciudad saludable se incluyó el saneamiento, la salud y el agua.

Lo que hicimos fue, habiendo asumido el cargo con esos focos prioritarios de preocupación, organizar 322  grupos de sondeo con alrededor de 15.000 residentes, para escuchar sus opiniones sobre la capacidad de pago, la accesibilidad y la disponibilidad de servicios en esos sectores. Invitamos al sector público, al sector privado y a la comunidad internacional, por medio de socios de desarrollo y ONG, a participar en debates.

De ese proceso surgieron 19 objetivos específicos y mensurables en los que estamos trabajando en el marco de Transform Freetown. Todo los años informamos sobre la situación de los objetivos a la ciudad, a nuestros residentes. Fue una forma de generar un mayor grado de responsabilidad, de ponernos a prueba, y existe un fuerte sentido de propiedad por parte de la comunidad que es quien impulsa la iniciativa. 

AF: Entre todas las amenazas climáticas que la ciudad enfrenta, usted nombró un director de calor. ¿Por qué se necesitó un director de calor, y qué resultados se observaron hasta ahora? 

YA: A menudo me preguntan: ¿cómo logras que la gente común se interese en el cambio climático? En nuestro caso, no es difícil, porque, en estos pagos, las consecuencias del cambio climático se sienten con intensidad, y sufrimos intensas inundaciones y derrumbes. A esto se debe mi preocupación por el medioambiente y nuestra habilidad para mitigar esos impactos. 

El [Arsht-Rockefeller Foundation Resilience Center] nos hizo pensar de verdad sobre el hecho de que muere más gente a causa del calor extremo que de los desastres tangibles y visibles como las inundaciones y los derrumbes. El calor extremo, sobre todo en lugares donde el agua escasea, es un efecto importantísimo del calentamiento climático.  

En nuestro caso, las personas vulnerables son, principalmente, aquellas que viven en asentamientos informales. Estas representan el 35 por ciento de la población de nuestra ciudad, y en esos asentamientos urbanos, las estructuras de las viviendas son, por lo general, de chapa corrugada. Con el aumento de la temperatura, viven, literalmente, en un horno. Otro aspecto relacionado con esto es que tenemos una economía informal. Alrededor del 60 por ciento de las mujeres de nuestra ciudad están involucradas en el comercio. La mayoría de nuestros mercados están al aire libre, por lo que te la pasas todo el día sentada al rayo del sol. Si a esto le sumamos el calor intenso, se exacerban otras consecuencias negativas para la salud.

Ahora, con el director de calor, vamos a poder emprender algunas investigaciones y recopilar datos para identificar las islas de calor. Según nuestra experiencia, tenemos una idea de dónde se encuentran, sobre todo en los asentamientos informales, pero es posible que también se encuentren en el medio de la ciudad. Tenemos que ser capaces de generar argumentos para desafiar lo que está sucediendo respecto a la falta de permisos para la construcción, y la delegación de la planificación del uso del suelo a la ciudad y la deforestación masiva que continúa sin amainar.

El director de calor trabajó con las mujeres del mercado y obtuvo financiamiento de la Arsht-Rockefeller [y el Atlantic Council] para instalar toldos que generen sombra en tres de nuestros mercados al aire libre. Es maravilloso ver el entusiasmo de las mujeres y oírlas decir: “¿Esto se va a extender a todo el mercado? Podemos ver donde empieza, dónde termina, pero también lo necesitamos”.

AF: ¿Qué esperanzas tiene para los otros proyectos de mitigación climática, incluida la iniciativa para plantar un millón de árboles? ¿Cómo tuvo lugar y en qué situación se encuentra? 

YA: Bien, el proyecto surgió porque observamos que estamos perdiendo nuestra vegetación, y eso [agrava] los fenómenos meteorológicos extremos, [como cuando las lluvias fuertes generaron avalanchas de lodo en 2017]. La falta de forestación es uno de los principales motivos de eso. El objetivo es aumentar la cobertura de vegetación en un 50 por ciento.

La plantación de un millón de árboles es un plan a largo plazo, pero en el ínterin, la escorrentía de las montañas sigue llenando los drenajes de lodo. A través de nuestro trabajo anual de mitigación de las inundaciones, identificamos cuáles son las peores áreas en este sentido y limpiamos el lodo para que cuando llegue la lluvia, el agua siga corriendo. A una escala menor, también pudimos construir alrededor de 2.000 metros de drenaje en comunidades más pequeñas. Aparte de eso, hicimos inversiones importantes en formaciones y capacitaciones sobre gestión de desastres.

El problema con los efectos del cambio climático es que son profundos. Si las personas están teniendo malas cosechas a las afueras de Freetown, con el tiempo, se producirá una migración del campo a la ciudad porque no pueden mantener sus medios de subsistencia y vendrán en busca de alguna forma de sustento.

Esa presión del crecimiento demográfico en la ciudad es algo más con lo que tenemos que lidiar, ya sea introduciendo el teleférico para mejorar el transporte y reducir la emisión de gases de efecto invernadero [o alentando] al gobierno para que delegue la planificación del uso del suelo y las funciones de los permisos para la construcción a fin de que podamos implementar medidas de gestión del suelo, que salvan vidas y salvan propiedades, pero además protegen el medioambiente y evitan que las personas construyan sus propiedades en vías fluviales, arroyos y canales, que es lo que ocurre hoy en día. Todo esto empeora porque no se utilizan herramientas legislativas y de gestión urbana, como la planificación del uso del suelo y los permisos para la construcción, de forma superadora.

AF: ¿Podría describir los proyectos de reforma del impuesto a la propiedad de Freetown y los resultados que observó en el contexto general de la salud fiscal del municipio? 

YA: Empezamos a trabajar con esta reforma del impuesto a la propiedad en 37.000 propiedades de la base de datos de una ciudad que es la ciudad capital y tiene al menos entre 1,2 y 1,5 millones de personas, 37.000 propiedades. Cuando asumí, estaba claro que esas cifras no reflejaban la realidad, pero, además, el sistema manual que se utilizaba, literalmente un libro de registro, no era apropiado para la tarea en pleno s. XXI.

Uno de nuestros 19 objetivos es quintuplicar el ingreso del impuesto a la propiedad para el 2022. Para lograrlo, nos aseguramos un financiamiento y sociedades a fin de implementar una digitalización. Pasamos de un sistema basado en superficies a un sistema de representaciones puntuales. Nuestro trabajo consistió en tomar imágenes satelitales de toda la ciudad y crear un algoritmo para ponderar características [como los techos, las ventanas y la ubicación], y luego comparar eso con una base de datos de 3.000 propiedades cuyos valores fueron determinados por tasadores inmobiliarios. Logramos implementar la forma antigua de avalúo. Pudimos identificar casos atípicos y perfeccionar el modelo y, con el tiempo, construir un modelo que ahora utilizamos como nuestra base de propiedades.

Durante ese proceso, pasamos de 37.000 propiedades a 120.000. De esta manera, alcanzamos nuestro objetivo de aumentar la renta por impuestos a la propiedad de [US$ 425.000 a más de US$ 2 millones]. Ese es, en sí mismo, el camino hacia la sostenibilidad, al igual que tener la capacidad de invertir. Una gran parte de la salud fiscal se basa en esa sostenibilidad, pero . . . lamentablemente, el Ministerio de Gobierno Local [detuvo la recaudación mientras desarrollaba pautas para la reforma tributaria nacional]. Estuvimos sin recaudar rentas durante casi un año. Empezamos a recaudar otra vez, pero como se imaginará, nos llevará bastante tiempo recuperar los niveles de cumplimiento.

AF: ¿Dónde encuentra inspiración frente a tantos desafíos? 

YA: En el hecho de que fuimos capaces de marcar una diferencia en las vidas de las personas de Freetown. Pudimos evaluar y comprobar cuánto se puede lograr si se nos da el espacio para hacerlo. Sabemos que hay mucho por hacer, así que seguimos adelante. 

 
Anthony Flint es miembro sénior del Instituto Lincoln, conduce el ciclo de pódcasts Land Matters y es editor colaborador de Land Lines. 

Imagen: La alcaldesa Yvonne Aki-Sawyerr.

E

n octubre del 2019, Claudia López fue elegida alcaldesa de Bogotá tras una campaña como candidata de la Alianza Verde, enfocada en el cambio climático y otros problemas medioambientales. Es la primera alcaldesa mujer de la ciudad y la primera persona abiertamente homosexual en ocupar el cargo.

La alcaldesa López fue senadora de la República de Colombia entre el 2014 y el 2018, y ganó popularidad por participar en la lucha contra la corrupción. En las elecciones presidenciales del 2018, fue candidata a vicepresidenta por el partido Alianza Verde.

Antes de iniciarse en la política, López trabajó como periodista, investigadora y politóloga. Estudió Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia y, viajó a los Estados Unidos para especializarse: obtuvo un título de maestría en Administración Pública y Política Urbana en la Universidad de Columbia y de doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Northwestern.

Mientras viajaba a la cumbre sobre el clima COP26 en Glasgow, López habló por videollamada con el miembro sénior Anthony Flint y con Martim Smolka, director del Programa para América Latina y el Caribe del Instituto Lincoln.

Esta entrevista, editada por motivos de duración y claridad, es la última edición de una serie especial de El escritorio del alcalde producida para conmemorar el 75.º aniversario del Instituto Lincoln. También está disponible como parte del pódcast Land Matters. 

Anthony Flint: Su victoria sugiere que los residentes están listos para que se tomen medidas importantes sobre el medioambiente y el cambio climático. ¿Siente que tiene una responsabilidad con relación a este tema? ¿Cuáles son sus prioridades en cuanto al clima?

Claudia López: Sin lugar a dudas, tengo una gran responsabilidad con la gente de Bogotá. Durante la campaña, me comprometí públicamente con los problemas medioambientales y del cambio climático. Hay una gran deuda social y medioambiental que debemos pagar. Luego de la pandemia, la deuda social será incluso más difícil de abordar que la medioambiental porque, en este tiempo, el desempleo y la pobreza en la ciudad se duplicaron. Por otro lado, me siento bastante optimista en cuanto a los problemas medioambientales. Creo que las oportunidades aumentarán tras la pandemia.

Tenemos que adaptarnos, esa es nuestra responsabilidad. Colombia tiene tres problemas principales. Uno de ellos es la deforestación, el factor que más contribuye para el cambio climático. Es un problema de las zonas rurales principalmente, y el que más incidencia tiene sobre la crisis medioambiental y la emergencia climática de Colombia. El segundo son los combustibles fósiles. El transporte es el segundo factor con mayor incidencia sobre la emergencia climática.

El tercero es la gestión de residuos. Bogotá tiene un gran impacto sobre el transporte y la gestión de residuos.

¿Qué medidas estamos tomando? Estamos migrando de un sistema monodependiente de autobuses diésel a un sistema multimodal con subterráneos, un sistema de trenes regionales, un sistema de metrocables y también autobuses . . . [y] transformamos la gestión de residuos en una economía circular, ecológica y de reciclaje para convertir los residuos en energía limpia. Queremos una ciudad más ecológica.

Básicamente, la construcción de ciudades se basa en el “endurecimiento” de zonas rurales y verdes. Creo que en el s. XXI debemos hacer lo opuesto. Tenemos que aprovechar todos los espacios públicos disponibles y esforzarnos lo más posible, no solo para plantar árboles y jardines, sino para transformar las áreas urbanas, áreas grises, existentes en áreas verdes.

Por suerte, tenemos la obligación de proponer un nuevo plan de ordenamiento territorial, el POT. No podemos incluir estos cambios e inversiones en un plan de un gobierno de cuatro años, sino que es necesario un plan de 14 años para la ciudad. Estamos intentando aprovechar este momento.

AF: Este año, la contribución de valorización, herramienta colombiana de recuperación de plusvalías, cumple 100 años. ¿Cuál es su plan para continuar esa tradición?

CL: Creo que es fundamental. La recuperación de plusvalías es la herramienta financiera más importante que tenemos para el desarrollo sostenible. En nuestro POT, incluimos no solo la contribución por mejoras tradicional, sino también muchas otras formas de aprovechar la recuperación de plusvalías. [Nota de edición: Las contribuciones por mejoras son tasas que pagan los propietarios o los emprendedores inmobiliarios para cubrir el costo de mejoras o servicios públicos que los benefician].

Contamos con al menos siete herramientas de financiación diferentes, todas relacionadas. Básicamente, determinamos el valor que generará una transformación del uso del suelo y nos ponemos de acuerdo con el emprendedor inmobiliario para que este no pague en efectivo, como en la contribución por mejoras, sino con la construcción de la infraestructura y el equipamiento urbano y social que necesitará el desarrollo nuevo.

No se trata de tener mapas bonitos con planes maravillosos, sino de tener el dinero para redistribuir el costo y el beneficio de compartir y recibir. Creo que, en realidad, el urbanismo consiste en eso: garantizar que, mediante inversiones públicas o privadas, o la recuperación de plusvalías, podamos distribuir el costo y los beneficios de construir la ciudad de forma equitativa y sostenible. Esa es la función del gobierno y es lo que estamos tratando de lograr.

AF: Me gustaría pasar al tema de la delincuencia y preguntarle de qué manera afecta este problema a la percepción de la ciudad y el espacio público en ella.

CL: Tiene un gran impacto, desde luego. Cuantos más delitos hay en los espacios públicos, ya sean reales o percibidos, menos bienestar hay en la ciudad. ¿Qué hace que una ciudad sea más segura? En primer lugar, que la ciudad sea sostenible, y para eso, debe ser más ecológica y equitativa.

Mi prioridad para hacer que Bogotá sea más segura no es agregar cámaras y dispositivos tecnológicos. Quiero asegurarme de que Bogotá pueda proporcionar oportunidades laborales justas y legales a la población, en especial a la juventud. Creo que la raíz social de la seguridad es más importante.

Algo que me entusiasma y enorgullece es que, en el POT y en el plan de desarrollo del uso del suelo, incluimos criterios para mujeres y cuidadoras como criterios para la urbanización en nuestra ciudad. Si podemos lograr que la ciudad sea más segura para las mujeres y los niños, entonces será más segura para todas las personas.

En segundo lugar, está la infraestructura, que es igual de importante que el transporte, y en el s. XXI, la infraestructura social es digital. Vamos a extender la fibra óptica, que es la conexión a Internet más rápida y de mejor calidad, a todos los barrios y las escuelas de la ciudad. Esto es muy importante para que la ciudad sea más sostenible, equitativa y segura. En este momento de pospandemia, se observa un gran aumento de inseguridad en las ciudades. No solo en Bogotá, en todo el mundo. Lamentablemente, el aumento del desempleo y la pobreza siempre van de la mano con un mayor índice de inseguridad.

AF: ¿Qué políticas están funcionando para la mejora de la vida en los asentamientos informales, por ejemplo, la mejora de la infraestructura, y qué cree que debe cambiar?

CL: Nuestro plan de uso del suelo incluye al menos tres innovaciones de las que estoy muy orgullosa. Como sabe, en América Latina, aproximadamente la mitad de las ciudades se construyeron informalmente. Este plan de desarrollo del uso del suelo es el primer plan que asume ese dato expresamente y lo acepta. En lugar de elaborar un plan de uso del suelo que solo es útil para la ciudad formal, es decir, la mitad de la ciudad, este reconoce que el 45 por ciento de Bogotá es informal. Crea una norma, reglas y una institución urbanas para ayudar a las personas a mejorar sus viviendas en la ciudad informal y los barrios. Este plan de desarrollo del uso del suelo incluye a todas las personas.

En Bogotá hay una institución llamada curaduría, que otorga licencias urbanas y de construcción. Estamos creando una curaduría pública para la ciudad informal. No se le puede imponer a media ciudad un estándar urbano que les es imposible cumplir.

[También] tenemos el Plan Terrazas, que establece que, después de que mejoremos el primer piso como corresponde, la persona puede construirse el segundo, por ejemplo, o puede instalar un [espacio para] negocio. La gente mejorará su vivienda y [también] sus ingresos. Para las personas en situación de pobreza, la vivienda no es solo el lugar donde viven, sino también donde producen y generan un ingreso.

Otro aspecto que me parece muy importante es que creamos un sistema de cuidado, especialmente pensado para las mujeres. La mitad de la economía es informal. Los trabajos no incluyen jubilaciones y obra social. Las personas no pueden recibir atención médica si se enferman o cuando son [mayores]. ¿Quién cuida a los enfermos y las personas mayores? Se hacen cargo las mujeres, y no reciben ninguna compensación económica: en Bogotá, 1,2 millones de mujeres no tienen trabajo, educación ni tiempo para sí mismas porque son cuidadoras. Por primera vez en Bogotá, estamos reservando suelo para destinarlo a infraestructura social a fin de brindar atención médica institucional a niños, mujeres, personas mayores y personas con discapacidades, para que las mujeres tengan tiempo y puedan descansar. Jamás tienen una semana libre.

Estamos buscando un equilibrio. Creo que el desarrollo en Bogotá se dio de forma muy despareja, con [gran parte de la] ventaja del lado de los emprendedores inmobiliarios. Por supuesto, estos deben obtener una ganancia, por eso estamos buscando el punto de equilibrio.

AF: El trabajo del Instituto Lincoln en América Latina, incluida Colombia, ha representado una gran parte de nuestro alcance global. Con motivo de nuestro 75.º aniversario, ¿podría reflexionar sobre el impacto que tuvo esa presencia en el área?

CL: Creo que fue de muchísima ayuda. Trabajé con las Naciones Unidas y otras organizaciones, y con distintos gobiernos en América Latina. Siempre hay un especialista, académico o profesional que se capacitó en el Instituto Lincoln. Hay una gran red de personas pensando, investigando, innovando y promoviendo estos debates, lo que es muy importante.

En mi experiencia personal, no puedo poner en palabras lo útil que me resultaron todas las cosas que aprendí con ustedes, por ejemplo, sobre la recuperación de plusvalías, el desarrollo del uso del suelo, el conocimiento sobre cómo se crea el valor urbano y del suelo. Por qué es una creación pública y por qué tenemos que usar todos los instrumentos que tenemos para recuperar esas plusvalías y redistribuirlas de forma más equitativa entre todos los habitantes de la ciudad. No podría estar más agradecida con Martim Smolka, Maria Mercedes y todos los que conforman el Instituto Lincoln. La red de profesionales, aprendices y académicos, y la investigación que llevan a cabo sobre este tema, en especial en América Latina, es increíblemente útil.

Anthony Flint es miembro sénior del Instituto Lincoln, conduce el ciclo de pódcasts Land Matters y es editor colaborador de Land Lines. 

Imagen: El alcalde López habla en un evento climático en la cumbre COP26 en Glasgow. Crédito: Oficina del Alcalde.

Having impact at a nonprofit research organization requires being both determined and nimble, according to three scholars who retired last year from the Lincoln Institute of Land Policy after decades of service.

The three scholars—geographer and urbanist Armando Carbonell, who led programs in urban planning and land conservation; Daphne Kenyon, an economist studying the property tax and municipal finance; and economist Martim Smolka, director of the organization’s Latin America program—share reflections about their work and the Lincoln Institute in a special edition of the Land Matters podcast.

Though they pursued different areas of inquiry during their time at the organization, they found common themes, like the central task of assembling and convening a network of practitioners, and continually inviting feedback to keep up to date on the challenges and emerging issues in their fields.

One such network formed in the 1980s when Boston attorney Kingsbury Browne brought together a handful of people who were establishing conservation easements to safeguard ecosystems across the United States. The value of exchanging information about tax laws and land conservation was deemed to be so great, the group ended up forming the Land Trust Alliance, which now represents nearly 1,000 land trusts with some 60 million acres in conservation.

Another area of critical importance: communicating in plain terms and being attentive to different audiences, whether the topic is climate migration or informal settlements or the way the property tax pays for essential local services including schools. The interviewees cite Lincoln Institute projects like the State-by-State Property Tax At a Glance website, the Making Sense of Place film series, and a role-playing game that leads participants through the steps of functioning land markets as successful examples of this approach.

The three scholars (bios below) also recall how they first discovered and interacted with the Lincoln Institute—all of them starting more than 30 years ago—and share their experiences putting together extensive programming over that time. They also look ahead to the daunting challenges awaiting future generations working in the nonprofit realm.

Martim O. Smolka, former senior fellow and director of the Program on Latin America and the Caribbean, is an economist. His areas of expertise include land markets and land policy, access to land by the urban poor, the structuring of property markets in Latin America and property tax systems, including the use of land value increment charges to finance urban development and infrastructure. A graduate of the University of Pennsylvania (MA/PhD), he is co-founder and former president of the Brazilian National Association for Research and Graduate Studies on Urban and Regional Planning.

Daphne A. Kenyon, PhD, is a former resident fellow in tax policy at the Lincoln Institute of Land Policy. Her specialty is state and local public finance, with an emphasis on the property tax. She serves as the president of the National Tax Association. Kenyon’s prior positions include principal of D.A. Kenyon & Associates, a public finance consulting firm; professor and chair of the economics department at Simmons College; senior economist with the U.S. Department of the Treasury and the Urban Institute; and assistant professor at Dartmouth College. Kenyon earned her BA in economics from Michigan State University and her MA and PhD in economics from the University of Michigan. She has published numerous reports, articles, and three books. Her research has been cited in The New York Times and The Economist, among other publications. Her latest work was writing a major revision of the 2007 report The Property Tax-School Funding Dilemma with co-authors Bethany Paquin and Andrew Reschovsky.

Armando Carbonell served as head of the Lincoln Institute’s urban planning program. After attending Clark University and the Johns Hopkins University, Carbonell spent the early part of his career as an academic geographer. He went on to initiate a new planning system for Cape Cod, Massachusetts, as the founding Executive Director of the Cape Cod Commission. In 1992 he was awarded a Loeb Fellowship at the Graduate School of Design at Harvard University. Carbonell later taught urban planning at Harvard and the University of Pennsylvania and served as an editor of the British journal Town Planning Review. He has consulted on master plans in Houston, Texas, and Fujian Province, China, and is the author or editor of numerous works on city and regional planning and planning for climate change, including Nature and Cities: The Ecological Imperative in Urban Design and Planning. Carbonell is a Fellow of the American Institute of Certified Planners, Fellow of the Academy of Social Sciences (UK), and Lifetime Honorary Member of the Royal Town Planning Institute (UK).

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And for the first time, this episode of Land Matters can also be viewed as a video on YouTube.

Further Reading

Implementing Value Capture in Latin America

Seven Need-to-Know Trends for Planners in 2023

Rethinking the Property Tax-School Funding Dilemma
 

Anthony Flint is a senior fellow at the Lincoln Institute of Land Policy, host of the Land Matters podcast, and a contributing editor of Land Lines.

Image: (Left to Right): Daphne Kenyon, Martim Smolka, Armando Carbonell, and Anthony Flint.

Assessing all the climate threats that rain down on West Africa, the mayor of Freetown, Sierra Leone, Yvonne Aki-Sawyerr, was convinced that extreme heat needed to be a top priority.

“There are more deaths from extreme heat than there are from the more visible and tangible disasters,” she said on the latest episode of the Land Matters podcast. “In our case, the vulnerable are mainly those living in informal settlements. That’s 35 percent of our city’s population, and in those informal settlements, the housing structures are typically made from corrugated iron. With increased temperatures, you’re effectively living in an oven.”

The concern led Aki-Sawyerr to appoint Africa’s first chief heat officer, with the support of the Arsht-Rockefeller Foundation Resilience Center. One of the first practical interventions was to provide shade covers at the city’s open-air markets, where primarily women sit in the sun for long hours.

In a wide-ranging interview, also available at Land Lines magazine as the latest installment of the Mayor’s Desk feature, Aki-Sawyerr said the aim is to build resilience for impacts being felt now, but also plan for long-range sustainability. She detailed the promise to plant a million trees and the planning initiative she launched after being elected in 2018, Transform Freetown.

Aki-Sawyerr, who previously served as head of the Freetown City Council, built her career as a finance professional. She was part of the campaign against blood diamonds and was instrumental in the response to the Ebola crisis in 2014. She has delivered two TED talks, including one about turning dissatisfaction into action. Named to the Time100 Next list of emerging leaders, she has been active in the C40 Cities global network.

As part of an effort to maintain not only environmental but fiscal sustainability, she also explained how the city overhauled its property tax assessment and collection practices.

The Lincoln Institute has been active in Africa, working with governments, scholars, and practitioners on issues like climate change, the property tax, and the fiscal health of local governments, and on using value capture to fund affordable housing and many other priorities.

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Further Reading

Africa’s first “chief heat officer” says Freetown could be a data-driven climate model (Quartz)

Meet the 7 chief heat officers who are making their cities more resilient (Fast Company)

Collaborating to reform Freetown’s property tax system (Institute of Development Studies)

Anthony Flint is a senior fellow at the Lincoln Institute of Land Policy, host of the Land Matters podcast, and a contributing editor of Land Lines.

Image: Mayor Yvonne Aki-Sawyerr, center, celebrates the installation of marketplace shades designed to combat extreme heat. Credit: City of Freetown.

Mayor Yvonne Denise Aki-Sawyerr took office in Freetown, Sierra Leone, in May 2018, after serving as head of the Freetown City Council. A finance professional with over 25 years of experience in the public and private sectors, she had previously been involved with the campaign against blood diamonds and was instrumental in the response to the Ebola crisis in 2014. She has delivered two TED talks, about turning dissatisfaction into action and the capital city’s initiative to plant a million trees, and was named to the Time 100 Next list of emerging leaders and the BBC’s 100 Women list.

A leader in the C40 Cities global network, Aki-Sawyerr launched the Transform Freetown planning initiative and appointed Africa’s first chief heat officer, to confront the impacts of climate change. She holds degrees from the London School of Economics and Freetown’s Fourah Bay College, and is married with two children. She spoke with Senior Fellow Anthony Flint in the fall. Their conversation has been edited for length and clarity.

Anthony Flint: Could you talk about the Transform Freetown initiative as a planning and action framework, and your assessment of its progress?

Yvonne Aki-Sawyerr: I ran for office in 2018, motivated by concerns around the environment and sanitation. My campaign message, “for community, for progress, for Freetown,” translated into Transform Freetown. It focuses on four categories: resilience, human development, healthy city, and urban mobility.

Resilience includes environmental management; it also includes urban planning, because you cannot separate the two, and revenue organization, because sustainability will only come from the city’s ability to sustain and generate revenue itself. The healthy city cluster includes sanitation, which goes very closely with environmental management for Freetown and many African cities. If you think about climate change, our teeny-weeny contribution to climate change, a lot of it actually comes from methane, from open dumping, but it also has huge health implications. So in the healthy city category was sanitation, health, and water.

What we did was, having come into office with those high-level areas of concern, we had 322 focus groups with about 15,000 residents to get their views on affordability, accessibility, and availability of services across those sectors. We invited the public sector, private sector, and the international community via development partners and NGOs to participate in roundtable discussions.

Out of that process came 19 specific, measurable targets that we’re working toward under Transform Freetown. We report against them every year back to the city, back to our residents. It really has been a way of introducing greater accountability, of holding our own feet to the fire, and it’s very much community owned and community driven.

AF: Among all the climate threats the city faces, you appointed a chief heat officer. Why was a chief heat officer necessary and what have been the results thus far?

YA: I’m asked often, how do you get ordinary people interested in climate change? In our case it’s not hard, because the consequences of climate change are intensely felt in our parts of the world. We suffer greatly from flooding and landslides, hence my concern with the environment and being able to mitigate those impacts.

The [Atlantic Council’s Adrienne Arsht-Rockefeller Foundation Resilience Center] really got us thinking about the fact that there are more deaths from extreme heat than there are from the more visible and tangible disasters like the floods and landslides. Extreme heat, particularly where water is in short supply, is a major impact of the warming climate.

In our case, the vulnerable are mainly those living in informal settlements. That’s 35 percent of our city’s population, and in those informal settlements, the housing structures are typically made from corrugated iron. With increased temperatures, you’re effectively living in an oven. The other aspect of that is we have an informal economy. Around 60 percent of women in our city are involved in trading. Most of our markets are outdoors, so you’re sitting in the sun all day long. Doing that under the intense heat means that [other] negative health consequences are exacerbated.

With the chief heat officer, we now are going to be able to embark on some research, collecting data to identify the heat islands; anecdotally, we have a sense of where those are, mainly in the informal settlements, but potentially also in the middle of the city. We need to be able to make arguments to challenge what’s going on with the lack of building permits, and land use planning being devolved to the city, and the massive deforestation that continues unabated.

The chief heat officer has worked with market women and gotten funding from Arsht-Rock to install market shade covers in three of our open markets. It’s great to see the enthusiasm of the women and them saying, “Are we going to get this all the way along the market? We can see where it’s starting, where it stops, but we need it too.”

AF: What are your hopes for other climate mitigation projects, including the initiative to plant a million trees? How did that come about, and how is it going?

YA: Well, it came about because there’s an appreciation that we were losing our vegetation and that [worsens] the effect of extreme weather events, [as when heavy rains led to massive mudslides in 2017]. The lack of forestation is a major part of that. The goal is to increase vegetation cover by 50 percent.

Planting the million trees is the long-term plan, but in the meantime, you still have the runoff from the mountains filling the drains with silt. Our annual flood mitigation work identifies the worst of these areas and clears the silt so that when the rains come, the water can still flow. On a smaller scale, we’ve also been able to build something like 2,000 meters of drainage in smaller communities. Beyond that, we’ve invested heavily in disaster management training and capacity building.

The thing about climate change impacts is they are really pervasive. If people are experiencing crop failure outside of Freetown, it will eventually drive a rural-urban migration because they’re unable to sustain their livelihoods and they’re going to come to the city looking for some means of making a living.

That pressure of population growth in the city is something else that we have to deal with—whether it’s introducing the cable car to improve transportation and reduce greenhouse gas emissions [or encouraging] the government to devolve land use planning and building permit functions so that we can actually introduce land management actions, which save life and save property but also protect the environment and prevent people from building properties in waterways and streams and canals, which currently happens. All of this is made worse by not using legislation and urban management tools such as land use planning and building permitting in a constructive manner.

AF: Could you describe Freetown’s property tax reform efforts, and the outcomes you’ve seen, in the overall context of municipal fiscal health?

YA: We worked on this property tax reform moving from 37,000 properties in the database of a city that’s a capital city with at least 1.2 to 1.5 million people—37,000 properties. When I came in, it was clear that that was not reflective of reality, but also the manual system that they operated, literally with a ledger book, was not really fit for purpose in the 21st century.

One of our 19 targets is to increase property tax income fivefold. To go about doing that, we secured funding and partnerships to digitize. We changed from an area-based system to a point-based system. We worked on that by taking a satellite image of the entire city and building an algorithm to give weightings to features [like roofs, windows, and location], then comparing that against a database of 3,000 properties whose values were determined by real charter surveyors. We got the old-type assessment done. We were able to identify outliers and refine the model and eventually build a model which we now use as our property base.

Through that process, we moved from 37,000 properties to over 120,000 properties. That meant we were able to meet our target of increasing our property tax revenue from [$425,000 to over $2 million]. That in itself is the pathway to sustainability and being able to invest.

A big part of fiscal health is that sustainability, but . . . unfortunately, the Ministry of Local Government [halted collections while developing national tax reform guidelines]. We were without revenue for about a year. We have started re-collecting, but as you can imagine, compliance levels will take a long time to recover.

AF: Where do you find inspiration in the face of so many challenges?

YA: From the fact that we have been able to make a difference in the lives of Freetonians. We’ve been able to test and to see how much can be achieved if one is given the space to do so. We know that so much is possible and so we keep going.

Anthony Flint is a senior fellow at the Lincoln Institute, host of the Land Matters podcast, and a contributing editor to Land Lines.

Lead image: Mayor Yvonne Aki-Sawyerr. Credit: Courtesy photo.

El Instituto Lincoln de Políticas de Suelo ha trabajado en América Latina y el Caribe por 29 años, 27 de los cuales estuvieron bajo el liderazgo del economista urbano Martim Smolka. El Instituto comenzó su trabajo en la región con el objetivo de ayudar a los líderes a enfrentar el desafío de los asentamientos informales en tiempos de rápida urbanización.

Desde entonces, el Instituto Lincoln ha trabajado con miles de planificadores urbanos, funcionarios de gobiernos locales, y otros gestores de políticas y profesionales a lo largo de América Latina y el Caribe para la creación de nuevas políticas que fomenten la equidad social y la sostenibilidad a través del uso efectivo del suelo y del financiamiento con base en el suelo.

El Instituto Lincoln ha contribuido a la adopción de la recuperación de plusvalías como método para la distribución equitativa de los beneficios y cargas de la urbanización, así como al financiamiento de infraestructura y otras inversiones en áreas marginales. El Instituto publicó el reporte de Smolka “Implementación de la recuperación de plusvalías en América Latina” en 2013, considerado una referencia en el tema. Dos años antes había publicado el reporte fundamental sobre el mejoramiento de los asentamientos informales “Regularización de asentamientos informales en América Latina”.

Con la jubilación de Smolka a principios de este año, el Instituto Lincoln tiene una nueva cara en la región, la economista Anacláudia Rossbach, quien asumió como directora para América Latina y el Caribe en agosto. Rossbach se desempeñó hasta hace poco como gerenta regional de Cities Alliance, donde contribuyó a la transferencia de conocimiento y mejores prácticas entre líderes en políticas urbanas y de vivienda. Anteriormente, fue coordinadora de proyectos para el mejoramiento de asentamientos informales en Brasil, fundó una organización no gubernamental, y también fue parte del Banco Mundial como especialista sénior para vivienda.  

En esta entrevista editada, Anacláudia Rossbach habla sobre el trabajo del Instituto Lincoln en América Latina y el Caribe, y los desarrollos que pueden esperarse para la región en los próximos años.

Will Jason: ¿Conocía al Instituto Lincoln antes de enterarse de este cargo?

Anacláudia Rossbach: El Instituto Lincoln me era bastante familiar porque tiene una gran reputación en América Latina. Entre las entidades que trabajan en temas urbanos, el Instituto Lincoln es muy conocido y cuenta con una red muy fuerte. Y yo entendía el gran impacto: no es difícil encontrar a alguien que trabaje en un municipio, en un gobierno nacional, que haya sido parte de los programas educacionales del Instituto.

WJ: ¿Cuál cree que es el mayor valor que el Instituto Lincoln ha entregado a la región?

AR: Creo que hay mucha más conciencia con respecto al rol fundamental que tiene el suelo en la planificación y el desarrollo urbano. El tema de la recuperación de plusvalías ha sido bien introducido en la región, por lo que hoy las personas, los profesionales y todos quienes trabajan en los municipios comprenden la importancia de la recuperación de plusvalías.

Si se compara el panorama de hace 20 años y el de hoy, se puede ver que actualmente en América Latina tenemos muchas ciudades que han introducido instrumentos de financiamiento con base en el suelo o instrumentos más avanzados de administración de suelos en la planificación urbana. Se ven cambios en los marcos legales nacionales de los países.

Pero por supuesto, todavía tenemos un largo camino por delante porque, bueno, la informalidad aún está muy presente en la región. Es la región más desigual del mundo. Se puede ver que las ciudades están segregadas, esto es visible.

WJ: ¿Cuál cree que es el rol más importante que el Instituto Lincoln puede continuar ejerciendo? ¿Y qué tipo de cambios las personas de la región pueden esperar del Instituto Lincoln a partir de este momento?

AR: Por supuesto que el Instituto Lincoln no cambiará la posición que ha promovido por largo tiempo, pero creo que necesitamos poner más atención a la informalidad. Notamos que durante la pandemia estos asentamientos informales, estas ocupaciones informales en nuestras ciudades sufrieron, y si bien aún no tenemos números, creo que podríamos ver alguna expansión de la informalidad del suelo en América Latina. Ya sabemos que tenemos más pobreza.

La pobreza ha aumentado durante el COVID y tenemos tasas de desempleo más altas en los países de la región. Entonces, la vivienda será menos asequible y, por lo tanto, la probabilidad de que se creen ocupaciones informales aumentará. Debemos ser inteligentes para saber combinar medidas preventivas y correctivas a través de instrumentos de administración del suelo, planificación urbana, estrategias para viviendas de bajos ingresos y mejoramiento de asentamientos informales para ser capaces de enfrentar la magnitud del problema que enfrentamos hoy y que enfrentaremos en el futuro si las condiciones actuales se mantienen.

El otro asunto es que hemos estado desarrollando capacidades en la región por un tiempo, pero necesitamos encontrar una manera para extender el alcance de lo que hemos estado haciendo. Tenemos muchas ciudades en la región, tenemos una situación clara de falta de capacidad a nivel de las ciudades, y hablo de ciudades de diferentes tamaños. Debemos pensar estratégicamente cómo podemos sacar ventaja de nuestro impacto y tener un mayor alcance en términos del aumento de capacidad.

Y luego, por supuesto, debemos ser capaces de medir de mejor manera nuestro impacto.

¿Cómo podemos encontrar maneras de generar mediciones cualitativas del impacto, o incluso mediciones cuantitativas del impacto que estamos generando en la región? Veo un gran potencial del Instituto Lincoln para aumentar el impacto en la región a través de asociaciones y alianzas. El Instituto ya ha estado trabajando a través de asociaciones, comunidades de práctica y redes, pero creo que en el futuro necesitamos reforzar y aumentar las asociaciones que hemos generado en el pasado.

Y por supuesto, necesitamos abordar al gran desafío que todos enfrentamos, que es el cambio climático. En América Latina tenemos una situación en que los más vulnerables, los más pobres de las ciudades, son los más afectados por el cambio climático. Aún tenemos muchas personas sin agua en la región. Tenemos este importante desafío bajo la gran sombra del cambio climático, que afecta a una parte importante de la región, una región que contribuye en menor medida a las emisiones globales pero que es afectada en mayor medida por los desastres y por sus consecuencias.

WJ: Volvamos a la distinción que hizo cuando estaba hablando sobre la informalidad, entre medidas correctivas y medidas preventivas. ¿Podría explayarse más sobre qué ha hecho y qué podría hacer el Instituto Lincoln en cada una de estas áreas, que son muy distintas?

AR: No sé si son tan distintas; creo que están interrelacionadas. Necesitamos reforzar la manera en que prevenimos la aparición de la informalidad. Y esto es lo básico: entregar para la construcción de viviendas suelo bien localizado y con servicios. Es más barato proveer infraestructura al comienzo que instalar servicios retroactivamente en los asentamientos informales. También necesitamos asegurar la disponibilidad de viviendas de bajos ingresos a través regulaciones para viviendas inclusivas u otras regulaciones.

Pero la informalidad ya está ahí y afecta nuestras vidas diarias. ¿Qué aspectos de las políticas de suelo el Instituto puede utilizar como medidas correcticas? Regularización del suelo, por ejemplo. En Brasil, por nombrar un caso, incluso tenemos empresas que realizan regularización del suelo. Es un mercado, es una política pública.

Pienso que podemos encontrar maneras para apoyar este tipo de iniciativas: mejorar los asentamientos informales a través de una combinación entre regularización del suelo, desarrollo de infraestructura, acceso al agua y protección de los ambientes naturales. Todas estas son áreas que pueden ser miradas holísticamente. El suelo es parte de un tejido vivo, donde todas estas cosas están sucediendo y donde la gente vive.

WJ: ¿A su juicio, qué rol jugará la recuperación de plusvalías en la regularización?

AR: La recuperación de plusvalías podría financiar la regularización, como fuente de fondos, porque es un instrumento que se desarrolla a nivel de ciudades. Usualmente, para las grandes regularizaciones o programas de mejoras, las ciudades dependen de los gobiernos nacionales o de subsidios nacionales.

Pero también al regularizar el suelo lo estamos incorporando al mercado. Estamos mejorando la capacidad de la ciudad como un todo para sacar ventaja de la recuperación de plusvalías porque estamos creando un nuevo activo en la ciudad.

WJ: En un tema más liviano, ¿qué país de América Latina tiene la mejor comida? ¿Cuál tiene la mejor música?

AR: Esa es una pregunta capciosa, porque me gustan muchos tipos de música y de comida de América Latina. Pero debo confesar mi amor eterno a México. Pienso que el país tiene comida increíble y, en general una cultura muy rica. Me gustan especialmente las voces femeninas de la escena musical mexicana actual.

Imagen: Anacláudia Rossbach.

The Lincoln Institute of Land Policy has worked in Latin America and the Caribbean for 29 years—the past 27 of them under the leadership of urban economist Martim Smolka. The institute entered the region with the goal of helping leaders to address the challenge of informal settlements at a time of rapid urbanization.

Since then, the Lincoln Institute has worked with thousands of urban planners, local government officials, and other policy makers and practitioners throughout Latin America and the Caribbean, contributing to new policies to promote social equity and sustainability through effective land use and land-based financing.

The Lincoln Institute has contributed to the adoption of land value capture as a method to equitably distribute the benefits and burdens of urbanization, and to finance infrastructure and other investment in marginalized areas. The institute published Smolka’s authoritative report on the subject, Implementing Value Capture in Latin America, in 2013, two years after its foundational report on the upgrading of informal settlements, Regularization of Informal Settlements in Latin America.

With Smolka’s retirement earlier this year, the Lincoln Institute has a new face in the region, Anacláudia Rossbach, who took over as director for Latin America and the Caribbean in August. An economist, Rossbach joins the Lincoln Institute from Cities Alliance, where she served as the regional manager for Latin America and the Caribbean, supporting the transfer of knowledge and best practices among leaders in housing and urban policy. Previously, Rossbach oversaw major slum upgrading projects in Brazil, founded a nongovernmental organization, and served as a senior housing specialist for the World Bank.

In this edited interview, Rossbach speaks about the Lincoln Institute’s work in Latin America and the Caribbean, and potential developments in the region in the coming years.

Will Jason: How familiar were you with the Lincoln Institute before you learned about this position?

Anacláudia Rossbach: I was quite familiar because the Lincoln Institute has a strong reputation in Latin America. Among stakeholders working on urban issues, the Lincoln Institute is very well known and has a very strong network. And I understood the huge impact. It’s not difficult to find someone working in a city, in a national government, that has been part of a Lincoln Institute educational program. 

WJ: What do you see as the greatest value that the Lincoln Institute has been delivering to the region?

AR: I think there is more awareness around the key role that land plays in urban planning and development. The topic of land value capture was very well introduced in the region. Today, people, professionals, practitioners working in cities, they understand the importance of land value capture.

If you look at the big picture 20 years ago and now, you see that today in Latin America, we have many cities that have introduced land-based finance instruments or more advanced land management instruments in urban planning. You see changes in the national legal frameworks of countries.

But still, of course, we have a long way to go because, well, informality is still very prevalent in the region. The region is the most unequal in the world. You see the cities are segregated; this is visible.

WJ: What do you see as the most important role that the Lincoln Institute can continue to play? And what types of changes can people in the region expect from the Lincoln Institute now?

AR: Of course, the Lincoln Institute will not change the position that it has been advocating for a long time, but I believe that we need to pay more attention to informality. We noticed during the pandemic how these informal settlements, these informal occupations in our cities suffered, and we don’t have numbers yet, but I believe we might see some expansion in the informality of land in Latin America. We know that we have more poverty already.

Poverty has grown during COVID and we have higher unemployment rates in the countries in the region. So, housing will be less affordable and then the likelihood to create informal occupations and so on will increase. We have to really be smart on how to combine preventive and curative measures through land management instruments, urban planning, low-income housing strategies, and slum upgrading to be able to address the size of the problem that we face now, and will face in the future if the current conditions prevail.

The other thing is that we have been building capacity in the region for a while, but we need to see a way to extend the outreach of what we have been doing. We have many cities in the region, we have a clear situation of lack of capacity at the city level, and I’m talking about different sizes of cities. We need to strategically think how we can leverage our impact and have a bigger outreach in terms of building capacity. 

And then, of course, we should be able to measure our impact more. How can we find ways to go for qualitative assessments of the impact or even quantitative assessments of the impact that we are generating in the region? I see a great potential for the Lincoln Institute to increase impact in the region through partnerships and alliances. The institute has been already working through partnerships, communities of practice, and networks but I believe in the future we need to strengthen and add to some of the partnerships that we have been generating in the past.

And of course, we need to address the big challenge that we all face, which is climate change. We have, in Latin America, a situation where the most vulnerable, the poorest in the city, are most affected by climate change. We still have many people without water in the region. We have this major basic challenge in the region under this big shadow of climate change, which is affecting a lot of the region, a region that contributes less to emissions globally, but is being highly affected by disasters, by the consequences.

WJ: Let’s come back to the distinction that you made when you were talking about informality, between curative measures and preventive measures. Could you please talk a little bit more about what the Lincoln Institute has done and could do in each of these two areas, which are very distinct?

AR: I don’t know if they’re so distinct; I think they are interrelated. We need to strengthen the way we prevent informality from taking place. And this is, well, the basics: provide well located, serviced land for housing. It’s cheaper to provide infrastructure at the beginning than it is to retrofit slums with services later. We also need to make sure there are low-income housing options available through inclusionary housing or other regulations.

But informality is already there, and it’s affecting our daily lives. What are the aspects of land policy that the Institute can use as a curative measure? Land regularization, for example. In Brazil, for instance, we even have companies doing land regularization. It’s a market, it’s a public policy.

I think we can find ways to support these kinds of initiatives—improving informal settlements through a combination of regularization of land and infrastructure improvement, access to water, and protection of natural environments. These are all areas that we can look at in a more holistic manner. Land is part of a living tissue, where you have all these things happening and you have people living. 

WJ: What role do you see land value capture playing in regularization?

AR: Land value capture could finance regularization, as a source of funding, because land value capture is an instrument that is developed at city level. Usually, for big regularization or upgrading programs, cities depend on national governments, on national grants.

But also, once you regularize land, you are bringing land to the market. You are adding value to the city. You are improving the capacity of the city as a whole to leverage land value capture because you’re bringing a new asset to the city.

WJ: On a lighter note, which Latin American or Caribbean country has the best food? Which has the best music?

AR: This is a tricky question, because I am very fond of many types of Latin American music and food. But I need to confess my eternal love for Mexico. The country has amazing food, and to me a very rich culture overall. I particularly like the female voices from the Mexican contemporary musical scene.

Will Jason is the director of communications at the Lincoln Institute of Land Policy. 

Image: Anacláudia Rossbach