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Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 4 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.
Uno de los aspectos más importantes del estudio de políticas de suelo en América Latina es la falta de tierra urbanizada al alcance de los habitantes de bajos recursos1. Esta carencia, y la consiguiente ocupación ilegal de terrenos carentes de infraestructuras, son características de las ciudades latinoamericanas, especialmente en las periferias urbanas y en áreas no aptas para el mercado inmobiliario (o excluidas del mismo) debido a sus condiciones topográficas o ambientales.
Una consecuencia inmediata de esta escasez es la sobrevaloración de la tierra urbanizada. En efecto, usualmente la provisión de servicios aumenta el precio de la tierra en una cantidad superior al costo de los servicios. Típicamente, los solares designados como urbanos se cotizan en US$ 5-10 por metro cuadrado. La provisión de todos los servicios cuesta alrededor de US$ 20-30 por metro cuadrado, pero el precio de mercado puede llegar hasta US$ 50-100 por metro cuadrado. Así, el precio de un lote de tierra urbanizada de 150 metros cuadrados equivale como mínimo al triple del ingreso anual de la mayoría de las familias de escasos recursos. En la mayoría de las ciudades latinoamericanas, al menos el 25 por ciento de la población por debajo del umbral de pobreza puede escasamente sobrevivir, y mucho menos pagar el precio de tierra sobrevalorada.
Esta población pobre que vive en asentamientos ilegales termina pagando un precio superior por el suelo que los habitantes de otras partes de la ciudad, y pagan más por servicios tales como agua, los cuales deben obtener de empresas privadas, así como también por alimentos, materiales de construcción y otros artículos de consumo. Lo que es peor, su riesgo de contraer enfermedades es mayor debido a las deficientes condiciones higiénicas de sus entornos habitacionales y a su limitado acceso a servicios médicos.
El problema de la ocupación irregular
No es sorpresivo que entre un 60 y un 70 por ciento de las tierras de las ciudades latinoamericanas estén ocupadas de manera irregular, ilegal o incluso clandestina, y que la mayor parte del inventario de viviendas consista en edificaciones autoconstruidas que incrementan con el paso del tiempo. En México, la irregularidad de la tenencia de la tierra es una forma de vida dado su importante contexto político e incluso cultural. Para las familias de bajos ingresos, la única manera de vivir en las ciudades es adquiriendo o invadiendo predios ilegales o irregulares.
El mensaje está muy claro para las generaciones más jóvenes: “Instálense donde quieran y sin preocuparse, porque algún día el Estado regularizará sus lotes”2. Esta actitud cultural refuerza lo perverso del círculo vicioso: mientras más expectativas existen sobre la eventual regularización de los asentamientos irregulares, mayor es el precio cobrado por subdivisores o gestores inmobiliarios por la venta de terrenos parcialmente urbanizados o carentes de servicios. El simple acto de parcelar la tierra dobla o triplica su precio, de manera que nuevamente, el pobre paga más por la tierra que los compradores del mercado formal.
Esta anticipación de la revalorización del suelo como resultado de la regularización futura se relaciona con dos corolarios importantes: Primero , las acciones públicas para regularizar la tierra no han resuelto el problema del acceso a la tierra para la población urbana de pocos ingresos; en cambio, la regularización es parte del problema porque alimenta la “industria de la irregularización”. Es fundamental pensar seriamente en reestructurar o incluso acabar con esta política perversa, y crear otras formas de ofrecer tierra urbanizada a quienes la necesitan.
Segundo, este proceso expone también una falacia referente a la (in)capacidad de los pobres de pagar por algunos servicios urbanos. Ellos ya están pagando al menos por una parte de sus servicios, aunque los están pagando al propietario de la tierra/gestor inmobiliario como un “tributo territorial” que, en otras circunstancias, se hubiera recaudado públicamente. La discusión no está bien encaminada: el problema no es tanto si el pobre debe pagar o no, sino más bien cómo debe pagar y cuáles deben ser los límites de tales pagos. Por ejemplo, ¿deberían las familias de bajos ingresos, beneficiadas por los programas de regularización, pagar directamente por los servicios? o ¿debería capturarse el incremento del valor del suelo generado por las mejoras, y pechar al propietario de la tierra por dicho aumento mediante impuestos y otras políticas tributarias? Este último punto arroja una nueva luz sobre los problemas resultantes de algunos esquemas convencionales de subsidio.
Problemas de los programas de regularización actuales
Es necesario reevaluar los marcos tradicionales del estudio del fenómeno de la irregularidad-regularización de la tenencia de la tierra en colonias urbanas de bajos ingresos en México (al igual que en el resto de América Latina). Con esta idea en mente, en marzo de 1999 se celebró un seminario del Instituto Lincoln en cooperación con el Colegio Mexiquense AC en Toluca, México. Aunque el seminario no pudo resolver el enigma indicado anteriormente ¾ni siquiera proporcionar los medios para romper el círculo vicioso¾, sí generó algunas conclusiones importantes.
Primero que todo, es importante reconocer que el problema de suministro de tierra a los pobres de América Latina no puede resolverse a fuerza de los programas de regularización imperantes. Además de los efectos dañinos de los mismos, existen serias inquietudes sobre su capacidad de sustentación financiera. Los programas de regularización tienden a ser “más cura que prevención”, y a menudo dependen de asignaciones gubernamentales extrapresupuestarias, a excepción de cuando los fondos provienen de agencias multilaterales, organismos no gubernamentales u otros medios.
En México, CORETT, una comisión federal para la regularización de la tenencia de la tierra de predios ejidales, y CRESEM, una comisión estatal para la regularización de la tenencia de la tierra y la regularización de la tierra privada, se han dedicado principalmente al aspecto legal del problema. Ninguna de las dos comisiones ha logrado sus objetivos de proporcionar tierra urbanizada para los estratos bajos de la población o de crear reservas de tierras. En vez de dedicarse al problema básico de la irregularidad de la tierra, ambas se han concentrado en una de sus manifestaciones o consecuencias: la tenencia ilegal.
Segundo, los programas de regularización vigentes adolecen de las fallas resultantes de desvincularlos de una política tributaria amplia, particularmente de la tributación de la tierra (con sus implicaciones obvias para un mercado de suelos más saludable). Como se indicó en el seminario, el manejo exitoso de la tierra urbana requiere, más que métodos regulativos, una mayor disciplina fiscal de los mercados de suelos, principalmente en el ámbito municipal. Esta disciplina debería ser una precondición para captar eficazmente los incrementos del valor de la tierra a fin de generar tierra urbanizada, en vez de ser el sustituto de un tributo más completo sobre el valor de la tierra. Las mismas dificultades en obtener tasaciones adecuadas del valor de la tierra, registros del suelo actualizados, y otras informaciones usualmente atribuidas a la aplicación de impuestos sobre el valor de la tierra, se aplican también (y en ocasiones de manera más dramática) a la mayoría de los instrumentos de captura de plusvalía.
En tercer lugar, los instrumentos fiscales por los cuales se rige la tierra en México, si bien se caracterizan por su diversidad y rigurosidad, son también bastante sensibles desde el punto de vista político y por tanto, tienen una utilidad escasa. Por ejemplo, los impuestos a la propiedad inmobiliaria (principalmente el impuesto predial) se enfrentan a serias limitaciones prácticas para capturar los incrementos del valor de la tierra, sencillamente porque no fueron diseñados para tal fin. Sin embargo, es posible que una reforma fiscal no sea un obstáculo tan insuperable como antes se creía… después de todo se han instituido cambios en otras áreas controversiales, tales como la privatización de activos del estado o de tierras de ejido.
Más allá de estas restricciones técnicas y políticas, no debemos olvidarnos de la importancia de los obstáculos culturales y gerenciales. Es necesario que los planificadores trabajen en cooperación con los administradores fiscales para solventar el problema de la falta de comunicación que desde siempre ha caracterizado a estos dos grupos. Ya se han dado ciertos pasos promisorios, y muchos empleados públicos están conscientes de la urgente necesidad de integrar las políticas fiscales y la planificación urbana dentro del marco de una estrategia global.
Finalmente, hay que visualizar este dilema dentro de un contexto más amplio. Es necesario que tanto el gobierno como el sector privado entiendan que la tierra se ha convertido en el asunto estratégico del dinámico proceso de urbanización. La cuestión principal es la necesidad de regularizar los mercados de tierra, no sólo para satisfacer de otras maneras la enorme demanda por tierra urbanizada, sino también para instituir cambios profundos en la prioridad que tiene este asunto dentro de la política y las normativas urbanas mexicanas.
En suma, el seminario expuso la necesidad multifacética de instaurar políticas eficaces que faciliten tierras urbanizadas a los estratos bajos de la población, y de poner en marcha una mejor coordinación de las políticas existentes relacionadas con los aspectos de finanzas, reservas territoriales, regularización y dinámicas del mercado del suelo. Durante el seminario se demostró que aunque muchos instrumentos fiscales y regulativos son adecuados en teoría, no lo son en la práctica. El problema no es tanto la falta de recursos, sino más bien la capacidad de movilizar los recursos existentes y encaminarlos hacia un programa extenso que enlace la regularización con la política fiscal, así como con la exploración de mecanismos de captura de valores.
Si bien se han estudiado varias propuestas y ofrecido alternativas para futuras agendas de trabajo en el tema, es preciso analizar varias cuestiones para comenzar a entender el fenómeno de una manera diferente. Una pregunta clave es, si la dotación de infraestructuras aumenta el valor de la tierra de una manera tan explosiva, ¿por qué es tan difícil encontrar agentes o gestores privados del mercado formal que estén dispuestos a invertir en el mercado informal? ¿por qué, a pesar de los aspectos atractivos mencionados, se considera que el mercado informal es improductivo?
Hay un cúmulo de respuestas, pero ninguna es fácil: la incertidumbre sobre los riesgos asociados a los problemas judiciales y legales, las confusas reglas del juego, el alto costo de las licencias de aprobación, la falta de información sobre los procedimientos, y las inquietudes sobre la baja rentabilidad a lo largo del tiempo. Debido a los complejos asuntos institucionales involucrados en este dilema, el mismo continuará siendo el centro de atención de los esfuerzos del Instituto Lincoln y de sus copatrocinadores en México y en otros países de América Latina.
Martim O. Smolka es Senior Fellow y Director del Programa para América Latina del Instituto Lincoln. Alfonso Iracheta Cenecorta es presidente del Colegio Mexiquense AC, una institución de investigación y educación de postgrado en ciencias sociales y humanidades, en México.
Notas
1. El término “tierra urbanizada” se aplica a suelos designados para uso urbano, dotados de servicios públicos básicos (aguas, alcantarillado, caminos pavimentados, electricidad y teléfonos, etc.), y con acceso a funciones municipales tales como empleo, educación y transporte público.
2. Por regularización se entiende no sólo la entrega de títulos de propiedad, sino aún más importante, la dotación de infraestructura urbana, servicios y otros cambios necesarios para integrar el asentamiento “informal/ilegal pero al mismo tiempo real” en la red de la ciudad “legal”.
Algunas definiciones
Ilegal. Ocupación de la tierra que contradice expresamente las normas existentes, los códigos civiles y la autorización pública.
Informal. Actividad económica que no se adhiere a las reglas institucionales (ni está protegida por ellas), en oposición a la actividad formal que opera dentro de los procedimientos establecidos.
Irregular. Subdivisión que está aprobada oficialmente pero que no ha sido ejecutada de acuerdo con la ley.
Clandestina. Subdivisión establecida sin reconocimiento oficial.
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Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 4 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.
En muchas ciudades brasileñas, los impuestos a la tierra y las edificaciones son muy poco utilizados. Según datos del Instituto Brasileño de Administración Municipal (IBAM), por ejemplo, en la mitad de los municipios de más de 50.000 habitantes el impuesto a la propiedad representa menos del 30% del total de los recursos tributarios. Considerando que para la mayoría de estos municipios los ingresos a cuenta de impuestos locales representan menos del 30% de los recursos totales, los impuestos a la propiedad no sobrepasan al 10% de los recursos financieros de los municipios (incluyendo transferencias intergubernamentales). Tales porcentajes resultan incluso menores en los municipios más pequeños. Otros impuestos basados en la tierra, tales como el impuesto a la transferencia de bienes raíces y el impuesto a las mejoras a la propiedad presentan un patrón de resultados igualmente desalentadores.
Especialmente a partir de la nueva Constitución brasileña de 1998, cuando la responsabilidad principal de planificación del uso de la tierra fue transferida al nivel local, los municipios se han vuelto cada vez más conscientes de que la regulación del uso de la tierra y las inversiones públicas en infraestructura introducen cambios en el valor de la tierra. Muchos empleados oficiales públicos están actualmente tratando de desarrollar estrategias de planificación para capturar parte de los beneficios “gratuitos” resultantes. A la vez, los gobiernos locales están encontrando problemas en la aplicación de instrumentos tradicionales de planificación tales como el Plano Diretor, una medida constitucional que requiere que las ciudades con poblaciones mayores de 20.000 habitantes desarrollen un plan maestro. Estas ciudades se encuentran cada vez más involucradas en el debate sobre la flexibilidad del marco regulativo del uso de la tierra. Consecuentemente, la idea de una zonificación flexible a cambio de contribuciones de los promotores se ha vuelto también popular.
Para investigar los aspectos económicos, financieros y de planificación urbana de estos cambios negociados en el uso de la tierra, el Instituto Lincoln y la Municipalidad de Santo André (Estado de São Paulo) organizaron un programa de tres días sobre “Instrumentos y Técnicas de Financiamiento del Desarrollo Urbano en base a la Tierra” en mayo de 1998. Durante los dos primeros días, empleados municipales de Santo André se reunieron con conferencistas invitados para compartir sus experiencias en instrumentos de zonificación, captura del valor y desarrollo económico local en lugares tan diversos como Nueva York, Ciudad de México y Colombia. Las discusiones abarcaron tres temas generales: la captura del valor y el financiamiento urbano; la planificación urbana y el mercado de la tierra; y las negociaciones y asociaciones público-privadas.
El programa finalizó con un debate público que incluyó a una audiencia regional de aproximadamente 200 planificadores, promotores y representantes de organizaciones no gubernamentales, del sector privado y de las comunidades locales dentro de la región del Gran ABC (siete municipios alrededor de São Paulo, incluyendo a Santo André, que en conjunto constituyen el área industrial más densa de Latinoamérica). Un grupo de discusión sobre la efectividad de las negociaciones en base a la tierra y las asociaciones público-privadas en el contexto brasileño contó con la participación de conferencistas de la Universidad de São Paulo, del sector de bienes raíces y de los gobiernos locales.
Numerosas conclusiones se derivaron del programa. Primero, los cambios negociados del uso de la tierra típicamente se producen en ambientes donde los impuestos a la propiedad no funcionan bien. En Santo André, por ejemplo, las restricciones operativas y legales existentes dificultan el reacondicionamiento del sistema de impuestos a la propiedad (ver Figura 1).
Segundo, los cambios negociados del uso de la tierra en Santo André parecen acompañar un cambio continuo de usos industriales a usos asociados con el moderno sector terciario de servicios. A través del proceso de negociación, se introduce una mayor flexibilidad dentro del existente marco legal, como se ha observado en las recientes negociaciones entre el centro comercial Plaza ABC y Pirelli, la empresa multinacional de fabricación de neumáticos. Tercero, aun cuando las negociaciones del uso de la tierra aparentemente satisfacen expectativas en lo que se refiere a complementar la dinámica de la economía local, no hay una metodología ni un marco bien establecidos que permitan definir reglas claras y estables basadas en un análisis sólido de costo y beneficios. En comparación con experiencias internacionales como la de Nueva York, resulta difícil prever las compensaciones monetarias que se pueden esperar en las ciudades brasileñas y si dichas compensaciones son realmente eficientes (en términos de Pareto) vis-a-vis situaciones en las que el permiso de desarrollo se hubiese negado.
Finalmente, los cambios negociados del uso de la tierra deben ser vistos como un elemento esencial de la estrategia general de desarrollo económico local. En la región del Gran ABC, las asociaciones estratégicas entre inversionistas de los sectores público y privado son cada vez más importantes en vista del proceso constante de reestructuración local y regional que ha tenido dramáticos efectos negativos en los niveles de ingreso y de empleo.
Entre las lecciones que nos ofrece el programa de Santo André está la necesidad de desarrollar mejores medidas para calcular los aumentos del valor de la tierra causados por los cambios de zonificación, a fin de poder desarrollar medios para capturar esos valores a través de sistemas más eficaces de tasación. Además, la experiencia de Nueva York muestra que es mejor recolectar impuestos a tasas más bajas por medio de un sistema universal y estable, que en base a una negociación arbitraria caso por caso, la cual puede prestarse al abuso y a la corrupción.
Jeroen Klink, economista urbano, es consejero del alcalde de Santo André. Anteriormente fue Dissertation Fellow del Instituto Lincoln, y se encuentra completando su tesis de doctorado sobre “Fuentes de Financiamiento Urbano: la Aplicabilidad del Modelo Estándar Económico al Caso Brasileño” en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo, Brasil. Luis Carlos Afonso, economista, es Secretario de Finanzas de Santo André. Irineu Bagnariolli Jr., sociólogo urbano, es Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Santo André.
Figura 1: Limitaciones a la Revisión del Impuesto a la Propiedad
En 1993, la administración de la ciudad de Santo André aprobó una ley otorgando un descuento del 40% en el impuesto a la propiedad. Dicho descuento iba a ser válido solamente durante ese año. Sin embargo, la reducción ha sido mantenida como resultado de varias cláusulas legales que determinan que el valor del impuesto en el año en curso no puede exceder el valor del año anterior, estableciendo así un límite al impuesto.
Otra restricción al uso más agresivo del impuesto, especialmente a fin de promover una tasación más equitativa, es la interpretación dada por la Corte Suprema de que el impuesto no puede ser progresivo. La única excepción permitida es la aplicación penal por desuso o falta de uso de la propiedad, cláusula que en sí misma depende de la emisión de nuevas leyes federales y que ni siquiera ha sido discutida por el Congreso. (Claudia M. De Cesare, “Usando el Impuesto a la Propiedad para la Captura del Valor: el Caso de Brasil”, Land Lines, enero de 1998).
Durante 1990 y 1991, una administración previa en Santo André trató de otorgar descuentos al impuesto a la propiedad basados en las características físicas, el uso actual y el tamaño de la propiedad, pero la iniciativa fue rechazada posteriormente por dictamen de la Corte a causa de su supuesto carácter progresivo oculto. Así, el límite a los impuestos a la propiedad, a pesar de ser revocado formalmente por una ley posterior, permanece básicamente inalterado, ya que si los impuestos fueran aumentados los sectores más pobres de la población serían los más afectados en forma negativa.
Finalmente, en Santo André y en todas las ciudades brasileñas, el valor del metro cuadrado de tierra está fijado por ley, lo cual impide la capacidad de la administración urbana de aplicar impuestos a la propiedad de bienes raíces de acuerdo con su valor en el mercado.
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In Santo Andre and all Brazilian cities, the value per square meter of land is fixed by law, thus hindering the capacity of the city administration to tax real estate property according to its market value. In 1993 the Santo Andre city administration passed a law to grant a 40 percent discount on the property tax, which was to be valid only for that year. However, this reduction has been maintained as a result of several legal clauses that determined that the value of the tax in the current year could not exceed its value in the previous year, thus establishing a tax cap.
Value capture in Santo Andre
The Lincoln Institute of Land Policy and the Municipality of Santo Andre in Sao Paulo State organized a three-day program on “Instruments and Techniques for Land-based Finance for Urban Development” in May 1998 where organizers and participants shared their expertise on zoning instruments, value capture, and local economic development in such diverse settings as New York City, Mexico City and Colombia. Their discussions addressed three broad topics: value capture and urban finance; urban planning and the land market; and negotiations and public/private partnerships.
This article explores the lessons learned from the Santo Andre program and the need to develop better measurements of land value increments resulting from zoning changes to promote value capture through more efficient taxation systems.
In many Brazilian cities, land and building taxes are significantly underutilized. According to data from the Brazilian Institute of Municipal Administration (IBAM), for example, in half of the municipalities with more than 50,000 inhabitants the property tax represents less than 30 percent of total tax resources. Considering that for most of these municipalities, local tax revenues represent less than 30 percent of total resources, the property tax does not amount to more than 10 percent of financial resources (including intergovernmental transfers). These percentages are even less in smaller municipalities. Other land-based taxes, such as the real estate transfer tax and betterment tax, show a similarly disappointing pattern.
Especially since Brazil’s new constitution of 1988, when the major responsibility for land use planning was transferred to the local level, municipalities have become increasingly aware that land use regulation and public investments in infrastructure create changes in land values. Many public officials are now looking for planning strategies aimed at capturing part of the “unearned” benefits that may result. In addition, local governments are facing problems with traditional planning instruments such as the Plano Diretor, a constitutional provision that requires cities with a population of 20,000 or more to develop a master plan. These cities have become increasingly involved in the debate about the flexibility of the regulatory framework on land use. Consequently, the idea of flexible zoning in exchange for developers’ contributions has also become popular.
To investigate the economic, financial and urban planning aspects of these negotiated land use changes, the Lincoln Institute and the Municipality of Santo Andre in Sao Paulo State organized a three-day program on “Instruments and Techniques for Land-based Finance for Urban Development” in May 1998. During the first two days, municipal officials from Santo Andre met with invited guest speakers who shared their expertise on zoning instruments, value capture and local economic development in such diverse settings as New York City, Mexico City and Colombia. Their discussions addressed three broad topics: value capture and urban finance; urban planning and the land market; and negotiations and public/private partnerships.
The program ended with a public debate involving a regional audience of some 200 planners, developers, and representatives from non-governmental organizations, the private sector and local communities within the Greater ABC region-(seven municipalities around Sao Paulo, including Santo Andre, which constitute the densest industrial core area in Latin America). A panel discussion on the effectiveness of land-based negotiations and public/private partnerships in the Brazilian context included the participation of guest speakers from the University of Sao Paulo, the real estate sector and the local governments.
A number of conclusions were drawn from this program. First, negotiated land use changes typically proliferate in an environment where property taxes do not work well. In Santo Andre, for example, existing legal and operational restrictions make it difficult to overhaul the property tax system. (See Figure 1.)
Second, negotiated land use changes in Santo Andre seem to accompany the ongoing shift from industrial land uses toward uses associated with the tertiary and modern service sector. Through the negotiation process more flexibility is brought to the existing legal framework, as is seen in recently completed negotiations between the Plaza ABC shopping center and Pirelli, the multinational tire company.
Third, although land use negotiations apparently fulfill expectations in terms of complementing the dynamics of the local economy, there is no well-established methodology and framework to allow transparent and stable rules based on solid cost-benefit analysis. Compared with international experiences, for example in New York, it remains difficult to predict what monetary compensations can be expected in Brazilian cities and whether these compensations are really Pareto efficient compared to situations where the development permit would have been denied.
Finally, negotiated land use changes should be seen as an essential element of the overall local economic development strategy. In the Greater ABC region, various strategic partnerships among key stakeholders from the private and public sectors are increasingly important in light of the ongoing process of local and regional economic restructuring that has had dramatic negative effects on employment and income levels.
Among the lessons to be learned from the Santo Andre program is the need to develop better measurements of land value increments resulting from zoning changes in order to then develop the means to capture those values through more efficient taxation systems. The New York experience further shows that it is better to collect taxes at a lower rate through a universal and stable system rather than on an arbitrary, case-by-case negotiated basis that can be susceptible to abuse and corruption.
Jeroen Klink, an urban economist, is the adviser to the mayor of Santo Andre. He is a former Lincoln Institute Dissertation Fellow who is completing his Ph.D. thesis on “Sources of Urban Finance: The Applicability of the Standard Economic Model to the Brazilian Case” at the School of Architecture and Urbanism, University of Sao Paulo, Brazil. Luis Carlos Afonso, an economist, is the secretary for finance in Santo Andre. Irineu Bagnariolli Jr., an urban sociologist, is the secretary for housing and urban development in Santo Andre.
Figure 1: Restraints on Revising the Property Tax
In 1993 the Santo Andre city administration passed a law to grant a 40 percent discount on the property tax, which was to be valid only for that year. However, this reduction has been maintained as a result of several legal clauses that determined that the value of the tax in the current year could not exceed its value in the previous year, thus establishing a tax cap.
Another restriction on a more aggressive use of the tax, especially as a way to promote more equity, is the interpretation given by the Supreme Court that the tax cannot be progressive. The only exception is its application as punishment for unused or underutilized property, a clause that itself depends on additional federal lawmaking and has not even been discussed by Congress. (See Claudia M. De Cesare, “Using the Property Tax for Value Capture: A Case Study from Brazil,” Land Lines, January 1998.)
During 1990 and 1991, a previous Santo Andre administration had tried to give discounts on the property tax based on the physical characteristics, current use and size of the property, but that effort was subsequently rejected by Court rulings because of its supposed hidden progressive character. Thus, the cap on the property tax, despite being formally revoked by a subsequent law, remains basically unchanged because if taxes were increased the poorer segments of the population would be most negatively affected.
Finally, in Santo Andre and all Brazilian cities, the value per square meter of land is fixed by law, thus hindering the capacity of the city administration to tax real estate property according to its market value.
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Rapid urban growth, concentrated land ownership, and land use regulations often contribute to a scarcity of land serviced by public infrastructure, which facilitates huge increases in land prices and incredible speculative gains. When the legal and administrative framework cannot be changed easily to let markets operate gradual price adjustments that can be taxed via existing property and capital gains taxes, value capture is a suitable approach to attain equity, efficiency and sustainable urban development.
Value capture in Colombia
This article examines the implementation of value capture in the Colombian cities of Bogota and Cali. In the early 1990s these two cities adopted land use regulations aimed at expanding their supplies of residential land and needed a way to capture most of the increases in land values that may be attributed primarily to authorized changes in land use. Implementation of the new value capture instrument poses formidable challenges to Colombian city administrators, who must identify those increases in value that are due primarily to administrative decisions.
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Under conditions of rapid urban growth, concentrated land ownership and land use regulations often contribute to a scarcity of land serviced by public infrastructure. This scarcity in turn facilitates huge increases in land prices and incredible speculative gains. When the legal and administrative framework cannot be changed easily to let markets operate gradual price adjustments that can be taxed via existing property and capital gains taxes, value capture is a suitable approach to attain equity, efficiency and sustainable urban development.
In the early 1990s two Colombian cities, Bogota and Cali, adopted land use regulations aimed at expanding their supplies of residential land. Bogota released an attractive reserved site in the middle of the city known as “El Salitre,” with the intention of providing additional infrastructure and establishing special regulations to ensure low- to middle-income housing. Cali expanded its urban perimeter to include a substantial piece of swampland known as “Ciudadela Desepaz,” which needed extensive infrastructure investment. The city planned to provide basic infrastructure to encourage both its own housing department and private developers to build low-income housing.
The very announcement that the respective city councils were about to promote development raised the land prices significantly. In the case of Cali, registered land transactions in Ciudadela Desepaz reflected price increases of more than 300 percent even before the City Council made its formal decision. Land quickly changed hands from a scattered group of relatively unknown cattle ranchers (and, it was documented later, some foreign and domestic drug traffickers) to land speculators and land developers. A series of administrative decisions over a 30-month period pushed land with virtually no market value to a price of more than 14,000 Colombian pesos per square meter (about US$18 in 1995). These decisions resulted in overall gains of more than 1,000 times the original land price after accounting for inflation.
El Salitre in Bogota followed a similar path of decisions by the city administration that raised the price of land substantially. Needless to say, residential housing is being occupied in both cases by middle- to high-income people, not the intended lower-income sectors.
Since cases like Desepaz and El Salitre occur regularly in major Colombian cities, the national government prepared a bill to allow cities to capture most of the increases in land values that may be attributed primarily to authorized changes in land use. Such changes include zoning, density allowances or the conversion of land from agricultural to urban uses. The bill, inspired by similar yet less stringent measures in Spanish and Brazilian laws, was passed by the Colombian Congress as Law 388 of 1997.
Colombian income tax laws, including the successfully applied Contribution de Valorizacion, a betterment levy limited to the cost recovery of public investments, are not effective in capturing the kind of extreme capital gains as seen in Desepaz or El Salitre. Law 388 of 1997, known as the Law for Territorial Development, offers several options for how local authorities may “participate in the plus-valias” through payment of the new “contribution for territorial development.” Cities and property owners may negotiate payment in cash, in kind (through a transfer of part of the land), or through a combination of payment in kind (land) plus the formation of an urban development partnership, for instance, between the owners, the city and developers.
Implementation of this new value capture instrument poses formidable challenges to Colombian city administrators, who must identify those increases in value that are due primarily to administrative decisions. The challenges include measuring the relevant increase in the value of the land, negotiating the forms of payment and establishing partnerships for urban development purposes.
As part of its research and education program in Latin America, the Lincoln Institute has been working with Colombian officials since 1994 to provide training and technical support during the successive stages of preparing the regulations and implementing Law 388 of 1997. The Institute plans to work with other countries experiencing land pricing problems so they may consider value capture measures similar to the Colombian law.
Fernando Rojas, a lawyer from Colombia, is a visiting fellow of the Lincoln Institute this year. He and Victor M. Moncayo, currently president of the National University of Colombia, drafted the bill that later became Law 388. They also worked with Carolina Barco de Botero, a member of the Lincoln Institute Board of Directors, who at the time was head of the United Nations Development Program, which oversaw preparation of the bill for the national government. Martim Smolka is senior fellow for Latin America and Caribbean Programs at the Institute.
* Value capture refers to fiscal and other measures used by governments to earmark the portion of land value increments attributed to community effort rather than to actions of the landowner. In Latin America, these land value increments are often referred to as plus-valias.
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Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 4 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.
Bajo condiciones de rápido crecimiento urbano, la concentración de la propiedad de la tierra y las leyes que regulan su uso contribuyen con frecuencia a la escasez de tierras dotadas de servicios públicos. Esta escasez, a su vez, lleva a grandes aumentos de los precios de la tierra e increíbles ganancias especulativas. Cuando los marcos legales y administrativos no se pueden cambiar fácilmente (para permitir que los mercados operen ajustes graduales del precio que puedan ser tasados por medio de los impuestos existentes a la propiedad y las ganacias de capital) la captura de la plusvalía es una intervención apropiada para obtener un desarrollo urbano sostenible, eficiente y equitativo.
A principios de la década de 1990, dos ciudades colombianas, Bogotá y Cali, adoptaron reglamentos del uso de la tierra orientados a la expansión de la oferta de tierras para el uso residencial. Bogotá abrió al mercado el acceso a una zona reservada en el medio de la ciudad, llamada “El Salitre”, con el propósito de proveer servicios urbanos y establecer normas especiales para asegurar el desarrollo de viviendas para la población de bajos y medianos ingresos. Cali extendió su perímetro urbano para incluir un área de tierras pantanosas conocida como la “Ciudadela Desepaz”, la cual necesitaba grandes inversiones en servicios públicos. La ciudad planeaba suministrar los servicios básicos como incentivo para que su propio departamento de vivienda y los promotores privados construyeran viviendas para grupos de bajos ingresos.
El simple anuncio de que los respectivos concejos estaban a punto de promover desarrollos aumentó significativamente los precios de las tierras. En el caso de Cali, las transacciones registradas en la Ciudadela Desepaz reflejaron aumentos de los precios de más del 300 por ciento, aun antes de que el Concejo Municipal tomara una decisión formal. La tierra pasó rápidamente de manos de un grupo disperso de hacendados de ganado relativamente desconocidos (y, según fue documentado posteriormente, algunos traficantes de drogas extranjeros y locales) a manos de especuladores y promotores urbanos. Una serie de decisiones administrativas durante un período de 30 meses impulsó el valor prácticamente nulo en el mercado de ciertas tierras a precios de más de 14.000 pesos colombianos por metro cuadrado (aproximadamente 18 dólares estadounidenses en 1995). Tales decisiones dieron como resultado ganancias generales de más de 1.000 veces el precio original de la tierra, una vez considerada la inflación.
El Salitre, en Bogotá, siguió un proceso similar de toma de decisiones por parte de la administración urbana que aumentó sustancialmente el precio de la tierra. No es sorprendente que los proyectos de vivienda en ambos casos se encuentren ocupados por grupos de medianos y altos ingresos, en lugar de los sectores de bajos ingresos anticipados originalmente.
Puesto que casos como los de Desepaz y El Salitre ocurren regularmente en las principales ciudades colombianas, el gobierno nacional preparó una propuesta de ley para permitir que las ciudades capturen la mayor parte de los aumentos en el precio de la tierra que puedan atribuirse primordialmente a cambios de uso autorizados. Tales cambios incluyen zonificación, variaciones de densidad o conversión del uso de la tierra de agrícola a urbano. La propuesta –inspirada por medidas de las leyes españolas y brasileñas, similares aunque menos estrictas– fue aprobada por el Congreso Colombiano como la Ley No 388 de 1997.
Las leyes colombianas del impuesto sobre la renta –incluyendo la exitosa Contribución de Valorización, una tasa a las mejoras de la propiedad limitada a la recuperación del costo de la inversión pública– no resultan eficaces para capturar el tipo de ganancias de capital extremas registradas en Desepaz o El Salitre. La Ley No 388 de 1997, conocida como la Ley de Desarrollo Territorial, ofrece varias opciones para que las autoridades locales puedan “participar de las plusvalías” a través de la recaudación de una nueva “contribución al desarrollo territorial”. Las ciudades y los propietarios pueden negociar pagos en efectivo, en especie (por medio de la transferencia de parte de las tierras), o a través de la combinación de pagos en especie (tierras) y la formación de una sociedad de desarrollo urbano entre los propietarios, la ciudad y los promotores, por ejemplo.
La implementación de este nuevo instrumento de captura de la plusvalía constituye un desafío formidable para los administradores urbanos colombianos, quienes se ven obligados a identificar los aumentos del valor que se deben primordialmente a decisiones administrativas. Entre las dificultades a superar se incluyen la medida del aumento relevante del valor de la tierra, la negociación de las formas de pago y el establecimiento de sociedades de desarrollo urbano.
Como parte de su programa de investigación y educación en Latinoamérica, el Instituto Lincoln ha estado colaborando con representantes oficiales colombianos desde 1994 a fin de suministrar el entrenamiento y apoyo técnico durante etapas sucesivas de preparación e implementación de la Ley No 388 de 1997. El Instituto contempla trabajar con otros países que experimenten problemas con los precios de la tierra y deseen considerar medidas de captura de la plus-valía similares a la ley colombiana.
Fernando Rojas, abogado de Colombia, fue visitante asociado del Instituto Lincoln en 1997-1998. Junto con Víctor M. Moncayo, actual Presidente de la Universidad Nacional de Colombia, preparó la propuesta que posteriormente se convirtió en la Ley No 338. También participó en ella Carolina Barco de Botero, miembra de la Directiva del Instituto Lincoln, quien en ese entonces se encontraba dirigiendo el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, entidad que supervisó la preparación de la propuesta de ley para el gobierno colombiano. Martim O. Smolka es Senior Fellow y director de programas Latinoamericanos y del Caribe del Instituto Lincoln.
* La captura de la plusvalía se refiere a medidas fiscales o de otro tipo utilizadas por los gobiernos para identificar y asignar la parte de los aumentos del valor de la tierra atribuíble al esfuerzo comunitario más que a las acciones de los propietarios. En Latinoamérica, estos aumentos en el valor de la tierra se denominan con frecuencia plusvalías.
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Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 3 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.
La inversión de fondos públicos en áreas urbanas suele traer como resultado un aumento en el valor de la tierra que solamente beneficia a un grupo pequeño de propietarios privados. En una iniciativa sin precedentes, la ciudad brasileña de Porto Alegre está usando el impuesto a la propiedad como un instrumento para recuperar la plusvalía de los bienes raíces, con lo cual logran frenar la especulación en el mercado inmobiliario y promueven el desarrollo urbano racional.
Contexto económico y social
Porto Alegre es la capital y la ciudad más grande del estado brasileño de Río Grande do Sul, el más meridional del país. Con una población de 1,5 millones de habitantes y aproximadamente 450.000 unidades inmobiliarias en 1994, las autoridades de la ciudad estimaron una escasez de más de 50.000 unidades residenciales. No obstante, los mayores problemas económicos y sociales limitaban la capacidad que tenía la ciudad para proporcionar viviendas a las familias de ingresos bajos y medianos.
Al igual que en muchos países en desarrollo con ciclos económicos inestables, la tierra es uno de los principales medios para acumular riqueza en Brasil. En Porto Alegre, la existencia de grandes predios sin urbanizar cerca del centro de la ciudad propicia la propagación urbana en la periferia. El principal factor causante de esta situación es la especulación con las tierras por parte de propietarios adinerados que poseen grandes extensiones de terreno baldío y esperan un momento favorable para realizar inversiones o vender los terrenos con enormes ganancias.
A medida que las familias de ingresos bajos son empujadas hacia la periferia, su segregación lleva a una exclusión social más acentuada y mayores demandas de servicios. No obstante, la dotación de infraestructura básica, como los servicios de transporte público en rutas largas entre la periferia y los núcleos de comercio, industria o entretenimiento, exige que el gobierno haga inversiones considerables.
Las autoridades de la ciudad de Porto Alegre se habían fijado una meta fundamental de proveer servicios urbanos de calidad para la comunidad de las afueras, entre ellos una infraestructura básica, educación, transporte público, limpieza de calles y seguridad. Sin embargo, un diagnóstico financiero de los ingresos de la ciudad hizo que las autoridades se percataran de la escasez de recursos para tal inversión. En contraste, muchos distritos en áreas más centrales estaban bien dotados de infraestructura, equipos y servicios, y su densidad de población era menor a la prevista en el plan de desarrollo urbano de la ciudad.
Era obvio que la especulación obstaculizaba el desarrollo de la tierra, pero las autoridades gobernantes creían que el ambiente político era favorable para un cambio. Después de un período en el que el gobierno se enfrentó a una inflación crónica en Brasil, se introdujo un programa de estabilización económica en julio de 1994. Antes del plan económico, la inflación anual llegó a alcanzar el asombroso nivel del 7.000 por ciento. A partir de la aplicación del plan, el índice promedio de la inflación mensual osciló entre el 0,7 y el 1,7 por ciento. La medición de la economía en términos del producto interno bruto (PIB) arrojó índices positivos de crecimiento anual a partir de 1993. El gobierno local tenía confianza en que el momento era ideal para recuperar la inversión y las actividades productivas que se habían paralizado durante el anterior período de inflación alta.
En resumen, los siguientes factores fomentaron la iniciativa de Porto Alegre de usar el impuesto a la propiedad como instrumento para simultáneamente recuperar la plusvalía de la tierra, refrenar la especulación en el mercado inmobiliario y promover la justicia social y el crecimiento económico:
Medidas gubernamentales
La constitución de Brasil (1988) define el impuesto a la propiedad como un tributo aplicado a la tierra e inmuebles urbanos y especifica que puede utilizarse como un instrumento de las políticas urbanas a fin de promover un uso racional de la tierra que genere beneficios sociales para toda la comunidad. Esta disposición permitió que Porto Alegre emprendiera las siguientes acciones:
Efectividad de la iniciativa
La legislación fue promulgada a finales de 1993 y el gobierno comenzó a aplicarla en 1994. La propuesta contó con el apoyo de los miembros del Ayuntamiento, tanto los pertenecientes al partido de gobierno como los de la oposición; esta instancia tiene la responsabilidad de aprobar las decisiones en materia de legislación municipal.
A la fecha de octubre de 1997 la iniciativa no ha dado los resultados esperados. Sólo se han desarrollado cinco de los 120 predios vacantes. Los propietarios de 50 inmuebles están pagando el impuesto a la propiedad con una tasa de aumento progresivo. Tres de las propiedades fueron eliminadas de la lista porque habían sido incluidas incorrectamente desde un principio debido a registros inexactos sobre sus características físicas.
No se ha descrito el estado de desarrollo de las 62 propiedades restantes. Algunas pertenecen a terratenientes acaudalados y políticamente influyentes que apelaron ante el Tribunal Supremo contra la constitucionalidad de las medidas aplicadas por el gobierno de la ciudad. De hecho, dos terratenientes (A y B) que poseen casi el 44 por ciento de los terrenos baldíos están apelando y otros terratenientes aparentemente están a la espera de la decisión judicial para tomar sus propias decisiones. (Véase el cuadro.)
Solamente será posible evaluar la efectividad que ha tenido la iniciativa del impuesto a la propiedad en Porto Alegre después de que se conozcan las decisiones judiciales sobre la materia, pero otros beneficios cruciales derivados de la experiencia ya han garantizado su éxito. La legislación ha dado lugar a un debate intenso en el ámbito nacional y local sobre los derechos políticos y privados, los derechos de propiedad y los intereses públicos. La experiencia también ha servido como ejemplo para que otras autoridades gobernantes tomen conciencia de la responsabilidad que tienen de fomentar el uso racional de las tierras urbanas.
En Brasil, los factores culturales y económicos parecen seguir propiciando la especulación con la tierra, en detrimento de las actividades productivas, y la dificultad para establecer límites entre los intereses públicos y los derechos privados es, sin duda, compleja. No obstante, los esfuerzos iniciales realizados en Porto Alegre representan un paso decisivo hacia el control de la especulación privada y el fomento del desarrollo urbano responsable. Otras iniciativas similares en otros lugares ahora tienen mayores posibilidades de convertirse en alternativas viables para lograr justicia en la distribución de los recursos públicos con ventajas sociales para la comunidad.
Claudia M. De Cesare trabaja para la Municipalidad de Porto Alegre y está postulada para cursar un doctorado en el Centre for the Built and Human Environment, de la Universidad de Salford, Inglaterra.
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Public investment in urban areas often results in increased land value that benefits only a small group of private owners. In a pioneering initiative, the city of Porto Alegre, Brazil, is using the property tax as an instrument for capturing land value increments, deterring land speculation and promoting rational urban development.
Economic and Social Context
Porto Alegre is the capital and largest city of Brazil’s southernmost state, Rio Grande do Sul. With a population of 1.5 million inhabitants and approximately 450,000 real estate units in 1994, city officials estimated a shortfall of more than 50,000 residential properties. However, major economic and social problems limited the city’s ability to provide housing for low- and middle-income families.
As in many developing countries with unstable economic cycles, land is a major means of concentrating wealth in Brazilian cities. In Porto Alegre, the existence of large undeveloped sites near the city center contributes to urban sprawl on the periphery. The major factor responsible for this situation is land speculation by wealthy landowners who hold large vacant sites and wait for a favorable moment to undertake investments or to sell their sites at huge profits.
As low-income families are pushed to the periphery, their segregation leads to increased social exclusion and demands for public services. However, the provision of basic infrastructure, such as public transport services on the long routes between the periphery and the commercial, industrial and entertainment centers, requires large investments from the government.
City officals in Porto Alegre had set a primary goal to provide high quality urban services for the outlying community, including basic infrastructure, education, public transport, street cleaning and security services. However, a financial diagnosis of the city’s revenue alerted authorities to the scarcity of resources for such investment. In contrast, many districts in more central areas were well supplied with infrastructure, equipment and services, and they had lower population densities than were called for in the city’s urban development plan.
Speculation was clearly impeding land development, but officials believed the political atmosphere seemed favorable for change. After a period in which government authorities faced chronic inflation in Brazil, an economic stabilization program was introduced in July 1994. Before the economic plan, inflation was running at astonishing annual rates of 7,000 percent. Since the introduction of the plan, average rates of inflation ranged between 0.7 and 1.7 percent a month. When the economy was measured in terms of Gross Domestic Product (GDP), it showed annual positive growth rates since 1993. Local government was confident that the moment was ideal for recovering the investment and productive activities that had been paralyzed during the previous high-inflation period.
In summary, the following factors encouraged Porto Alegre’s initiative to use the property tax as an instrument for simultaneously capturing increased land value, deterring land speculation, and promoting social fairness and economic growth:
Government Actions
The Brazilian Constitution (1988) defines the property tax as a tax on urban land and buildings and specifies that it can be used as an instrument of urban policy to promote the rational use of land to generate social benefits to the community at large. This provision allowed Porto Alegre to undertake the following actions:
Effectiveness of the Initiative
The legislation was promulgated at the end of 1993 and the government started to implement it in 1994. The proposal was supported by both ruling and opposition party members of the City Council, which is responsible for approving decisions on matters of municipal legislation.
As of October 1997, the initiative has not yet achieved its desired results. Only five of the 120 vacant sites are being developed. The landowners of 50 properties are paying the property tax at the progressive rate. Three of the properties were removed from the list because they had been incorrectly included in the first place due to inaccurate records about their physical characteristics.
The development status of the remaining 62 properties has not been defined. Some are owned by wealthy and politically powerful landowners who appealed to the Supreme Court against the constitutionality of the measures undertaken by the city government. Indeed, two landowners (A and B) who hold nearly 44 percent of the vacant land are appealing, and other landowners seem to be waiting for the judiciary outcome to make their own decisions. (See chart.)
Evaluating the effectiveness of Porto Alegre’s property tax initiative will be possible only after the judiciary decisions on the matter are pronounced, but other crucial gains derived from the experience have already guaranteed its success. The legislation has generated intense debate at the national and local level regarding political and private rights, property rights and public interest. The experience has also been used as an example to make other government authorities aware of their responsibilities to promote the rational use of urban land.
In Brazil, cultural and economic factors still seem to encourage land speculation rather than productive activities, and the difficulty in establishing boundaries between public interest and private rights is, indeed, complex. However, the pioneering actions undertaken in Porto Alegre represent an important step towards controlling private speculation and promoting responsible urban development. Similar initiatives elsewhere now have a greater potential for becoming effective alternatives to achieve fairness in the distribution of public resources with favorable social benefits to the community.
Claudia M. De Cesare works for the Porto Alegre City Council and is a Ph.D. candidate at the Centre for the Built and Human Environment, University of Salford, England.
Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 7 del CD-ROM Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.
Las regulaciones urbanas en América Latina que crean beneficios para los terratenientes en forma de mayores ganancias suelen ser bien recibidas, especialmente por los que tienen tierras donde se han concentrado más beneficios; por ejemplo, cuando los planes de zonificación autorizan la urbanización en un área pero la limitan en otra, o cuando los códigos de construcción estimulan un tipo de vivienda y perdonan la provisión de infraestructura. No obstante, las regulaciones urbanas que imponen cargas en la urbanización, como la provisión de carreteras principales, la dedicación de tierras para fines medioambientales, la inclusión de vivienda social, el reajuste de tierras con vecinos o el pago de cargas especiales, genera una fuerte resistencia.
CONFRONTANDO LA SABIDURÍA CONVENCIONAL
Uno de los argumentos más frecuentes contra la imposición de cargas en la urbanización de tierras es que dichos cargas se transferirán al consumidor mediante precios más altos. No obstante, la teoría económica de las tierras nos indica que los cargos se capitalizarán en el precio de las tierras, y que por lo tanto serán absorbidos por el terrateniente. Esto se debe a la falta de elasticidad relativa de la oferta de tierras bien localizadas, que tengan infraestructura y que estén disponibles para su urbanización. La escasez relativa de dichas tierras permite al terrateniente cobrar el precio de licitación más alto, tomando normalmente toda la capacidad de pago del lado de la demanda, ya sea del urbanizador o del usuario final de las tierras.
En América Latina, las partes interesadas involucradas expresan escepticismo acerca de estas teorías, especialmente cuando se discuten las regulaciones urbanas. Son escépticos (casi cínicos) en lo que respecta a cualquier política de suelo que imponga nuevos cargas, incluidas nuevas leyes y la implementación de otras existentes. Este tema genera un intenso debate en toda la región por tres razones :
1) ignorancia: los arquitectos, que en gran medida son responsables de la planificación urbana de la región, generalmente tienen poco o ningún conocimiento de economía, e incluso es posible que los economistas que trabajen en política fiscal no diferencien el comportamiento económico de tributos al suelo comparados con otros tipos de tributos;
2) ideología: los políticos de derecha prefieren mercados liberalizados, incluidos los mercados de suelo, pero, paradójicamente, los políticos de izquierda también favorecen la liberalización en la producción de vivienda social por razones diferentes, pero con efectos similares; e
3) interés: los terratenientes y los urbanizadores en posesión de tierras que busquen ganancias más altas a corto plazo en vez de beneficios menores pero más estables y sostenibles se resisten a los costos adicionales, asustando a los consumidores con un aumento de los precios y amenazando a los políticos con un colapso eventual del negocio.
CASO DE ESTUDIO EN BOGOTÁ
Se han hecho pocos estudios en América Latina sobre la forma en que las regulaciones ejercen un impacto en los precios del suelo, en parte porque es difícil obtener información y porque hay muchos problemas metodológicos cuando se trata de aislar los efectos sobre los precios que dependen de muchas variables. Un estudio reciente en Bogotá, Colombia, patrocinado por el Instituto lincoln, está produciendo ciertos resultados interesantes aunque preliminares. Una de las finalidades clave del estudio era medir la forma en que los beneficios y cargas reguladores establecidos recientemente están ejerciendo un impacto en los precios de las tierras sin urbanizar.
Colombia introdujo una nueva ley urbana general hace diez años, la Ley 388 de 1997. Uno de sus principios fundamentales es la “distribución equitativa de costos y beneficios de la urbanización”. Es decir, si un terrateniente desea recoger los beneficios de la tierra que se está desarrollando para fines urbanos, debe correr con parte de los costos para hacerlo.
El gobierno local de Bogotá está muy avanzado en la puesta en práctica de muchos aspectos de la ley. Entre las iniciativas de la ciudad se encuentran: un plan urbano (Plan de Ordenamiento Territorial, POT) con muchas regulaciones de zonificación específicas; un nuevo tributo sobre el aumento de la plusvalía de la tierra debido a inversiones públicas o cambios en el uso del suelo; dos regulaciones específicas que permiten una densidad adicional para parcelas sin urbanizar que paguen por carreteras principales e incluyan viviendas sociales y espacios verdes adicionales; y dos planes zonales importantes en las áreas de expansión que regularán la forma en que los terratenientes reúnen sus tierras en proyectos grandes, y cómo deben compartir costos y beneficios según un Plan Parcial con múltiples usos del suelo. La Tabla 7.4.1.1 (en archivo anexo) organiza y resume las regulaciones para cuatro grupos de parcelas en Bogotá.
El equipo de investigación definió una muestra de 30 propiedades que comprendían 335 hectáreas, o aproximadamente un 13.6 por ciento del área urbana de Bogotá. Esta área representa un 45.4 por ciento de las 737 hectáreas de suelo no urbanizado ofrecidas en el mercado desde junio de 2005 hasta marzo de 2007, y el 6.2 por ciento de las 5408 hectáreas de suelo no urbanizado regulado por los cuatro tipos de regulaciones.
Por cada parcela, el equipo de investigación hizo lo siguiente:
Se usaron los precios finales reales cuando estaban disponibles en vez de los precios negociados (hipotéticamente aceptables).
Por cada parcela, el equipo de investigación hizo lo siguiente:
Se usaron los precios finales reales cuando estaban disponibles en vez de los precios negociados (hipotéticamente aceptables).
La Figura 7.4.1.1 (en archivo anexo) muestra el comportamiento esperado en diferentes condiciones usando el valor promedio de los 30 casos estudiados, ponderado por la superficie de cada terreno. Los resultados muestran que los beneficios de regulación aumentan el valor potencial un 23.2 por ciento más que el precio original. Pero estos beneficios sólo son posibles cuando se usan teniendo en cuenta los cargos de regulación, que reducen a su vez el valor potencial en casi un 47.7 por ciento (o en un 35.6 por ciento si se comparan con el precio original). Cuando los propietarios conocen las cargas y beneficios de regulación y negocian un precio nuevo, están aceptando una reducción de sólo un 23.7 por ciento con respecto a su precio original.
Se trata de promedios ponderados, pero muestran una tendencia: en general, los precios no están subiendo como normalmente esperan los interesados escépticos en América Latina, sino que de hecho están bajando. Se puede entender muy bien que si las regulaciones sobre la tierra sólo aumentaran los beneficios, entonces los precios subirían en esas áreas que han resultado afectadas. Pero si los beneficios regulatorios se combinan con cargas adicionales, entonces el aumento podría ser anulado. Si estas cargas superan a los beneficios, entonces es probable que los precios bajen. Esto parece cierto en la mayoría de los casos estudiados, pero las excepciones también son de interés.
UNA MIRADA MÁS DETALLADA A LAS PROPIEDADES AFECTADAS
Los propietarios de 18 de las 30 propiedades del estudio aceptaron reducciones de sus precios de oferta originales a un nivel que permitiría al urbanizador absorber todas las cargas estatutarias, sin transferirlos así al consumidor. En siete casos, los propietarios acordaron reducir los precios, aunque no lo suficiente para incorporar todos las cargas; dos de estos propietarios se aproximaron a menos del 5 y 7 por ciento de cubrir todos los cargos, respectivamente. En cinco casos, los propietarios solicitaron de hecho mayores precios que originalmente, argumentando que sus expectativas eran ahora mayores, ya fuera debido a una mejor zonificación urbana o a diversas condiciones del mercado que redundarían en un cambio de las regulaciones. Por otra parte, los urbanizadores no estaban dispuestos a pagar mayores precios que los calculados por el equipo de investigación, incluso en casos en que consideraban que el terreno en cuestión fuese considerado como bien localizado.
La diferencia en los precios originales y los negociados varía de un grupo a otro; aparentemente esto depende del equilibrio entre beneficios y cargas regulatorios (vea resultados del estudio en las tablas 7.4.1.2 y 7.4.1.3 (en archivo anexo) y promedios ponderados en cada grupo).
En el Grupo A, donde las regulaciones permiten un FAR adicional, los beneficios pueden aumentar el valor a un promedio ponderado del 18.1 por ciento por encima del precio de salida original. No obstante, las cargas regulatorias como viviendas sociales y pagos para carreteras principales representan el 25.2 por ciento del valor potencial de los terrenos una vez que se hayan incorporado los nuevos beneficios regulatorios. Como los cargos son mayores que los beneficios, el resultado final es que los precios originales bajan en un 12,5 por ciento como promedio.
En el Grupo B, con beneficios de regulación similares, los valores potenciales efectivamente disminuyeron un 15.2 por ciento cuando se comparan con los precios de oferta originales, aparentemente porque las regulaciones anteriores permitían mayores densidades y casi cualquier uso del suelo, y por lo tanto las expectativas eran altas; la nueva zonificación urbana ha reducido esta intensidad de urbanización debido a limitaciones de infraestructura. Las cargas regulatorias en este grupo incluyen las del grupo anterior más espacios verdes adicionales y reajuste de las tierras con sus vecinos, representando el 28.5 por cierto del precio de oferta original. Cinco de los nueve propietarios de este grupo resistieron las reducciones de precios y de hecho aumentaron su precio original. Ésta es una posible explicación de una reducción del 14.3 por ciento del promedio ponderado del grupo, similar al primer grupo en que los cargos no eran tan altos pero los beneficios eran similares.
La Tabla 7.4.1.3 muestra que para el Grupo C en el norte de Bogotá, los beneficios regulatorios aumentarán el valor de los terrenos en un promedio del 25.9 por ciento por encima del valor original, pero las cargas regulatorias serán del 49.2 por ciento. Los precios originales ya contenían algunas expectativas elevadas porque los terrenos están ubicados en la tendencia de urbanización más destacada de Bogotá y en las áreas comerciales y de alto ingreso. No obstante, en cuatro casos en que efectivamente se han cerrado las transacciones se han aceptado completamente las cargas, y en otros dos se aceptaron reducciones sustanciales, aunque no lo suficiente como para cubrir todas las cargas. La reducción ponderada promedio de los precios de oferta originales fue del 38.6 por ciento para este grupo.
El Grupo D, en el área de Nuevo Usme, al sur de Bogotá, representa una situación interesante donde el gobierno está tratando de ganar la batalla contra loteadores ilegales que suministran terrenos sin servicios a los pobres a precios comparativamente altos (Maldonado y Smolka 2003). Las intenciones del gobierno son proporcionar suelo servido alternativo a precios razonables haciendo participar a los propietarios y urbanizadores en programas de reajuste de tierras prácticamente autofinanciados. La ciudad está usando la mayoría de las herramientas de gestión de tierras proporcionadas por la nueva ley, aunque los loteadores están resistiendo las nuevas regulaciones tanto como pueden.
Para entender la forma en que la regulación afecta los precios de las tierras, el equipo de investigación pudo documentar dos casos del Grupo D: un propietario cerró el trato aceptando una reducción del precio e incorporando el costo completo de las cargas adicionales; el otro —el terreno más grande del estudio y del área— no lo había cerrado en el momento del estudio, pero había reducido sustancialmente sus expectativas. El aumento promedio de valor de estos terrenos procedente de los beneficios adicionales de usos mixtos del suelo y de una mayor densidad representa un 142.7 por ciento con respecto al valor de oferta original; así el valor potencial representa el 242.7 por ciento del precio original.
No obstante, los cargos adicionales en el Grupo D son también altos al 75 por ciento del valor potencial, o un 39.3 por ciento por debajo del valor original. El promedio ponderado muestra que los propietarios están aceptando una reducción del 10.2 por ciento comparado con su precio de oferta original. (Justo al finalizar este artículo, el propietario grande estaba negociando una reducción adicional de este precio de oferta, que convertiría el promedio ponderado al 39.3 por ciento en vez de al 10.2 por ciento reportado en el estudio, aceptando de hecho todos las cargas regulatorias).
ALGUNAS OBSERVACIONES
Uno de los resultados más importantes de estos datos, aunque sean preliminares, es que los precios del suelo individuales tienden a bajar cuando se imponen cargas regulatorias. Estas cargas claramente no se transfieren a los precios como afirmaron erróneamente algunos interesados. Se espera que otros resultados del estudio de Bogotá contribuyan a este debate, junto con otros estudios que está haciendo el Instituto lincoln en América Latina. Al mismo tiempo, es necesario hacer más preguntas.
Por ejemplo, el equipo de investigación de Bogotá encontró diversos niveles de conocimiento de la ley de 1997 y otras regulaciones entre los terratenientes, e incluso entre algunos de los corredores que actuaban en su nombre. Los avaluadores de propiedades y los urbanizadores parece que han asumido mejor las implicaciones de las regulaciones. Las autoridades locales y los gestores de política parecen tener sentimientos encontrados, aunque lentamente están poniendo en práctica la nueva ley. Los expertos de las universidades en Bogotá han desempeñado una función importante en la explicación de estas cuestiones a las partes interesadas involucradas.
Los mercados tardan en ajustarse a las nuevas regulaciones. Así, algunos casos del estudio que han mostrado poca reducción o ninguna reducción de los precios podrían tardar más en adaptarse. No sorprende que los terratenientes sean lentos en asimilar las nuevas regulaciones, porque para muchos de ellos esta transacción de tierras será una experiencia que se dará una vez en la vida. Otros interesados que representan el lado de la demanda tendrán muchas oportunidades de este tipo y tenderán a ser más conscientes del impacto de las regulaciones. Esta diferencia estimula aún una mayor información asimétrica de los lados de oferta y demanda, que es característico de los mercados de suelo latinoamericanos.
Otro punto interesante es que, excepto en lo que se refiere a la participación en plusvalía, las regulaciones detalladas que afectan los terrenos en los grupos C y D no habían entrado completamente en vigor en el momento del estudio. No obstante, los beneficios y cargos ya estaban ejerciendo un impacto en los precios. Dos de las posibles razones son que algunos de los terratenientes han estado participando en el debate sobre las nuevas regulaciones y por lo tanto son más conscientes de las futuras implicaciones, y que ha habido un mayor compromiso del gobierno local para sí implementar las regulaciones en estas áreas.
Un asunto relacionado tiene que ver con la estabilidad de las regulaciones, o al menos de la política pública, y el compromiso de los políticos y funcionarios municipales. Algunos terratenientes del estudio pidieron mayores precios originalmente, apostando a que las regulaciones cambiarían a su favor —es decir, que se eliminarían o subsidiarían los cambios de regulación— y que los beneficios se quedarían o aumentarían para reflejar usos más lucrativos de las tierras, incluso cuando la demanda no pagaría por ellos a largo plazo.
En algunos casos el precio negociado fue incluso menor que el valor potencial que ya habían sido disminuido por las cargas regulatorias. Sugerimos dos posibles explicaciones. Una es una manifestación de información asimétrica, es decir, que los propietarios podrían ser conscientes de las nuevas regulaciones, pero no pueden calcular los impactos tan bien como los urbanizadores. Otra explicación es que estos terrenos no han estado en el mercado lo suficiente para que más de un urbanizador licite la tierra y empuje el precio en un valor residual más realista. Aún se está en el proceso de hacer cumplir las regulaciones por lo que los urbanizadores se han venido comportando de modo muy precavido. Además, muchos de los precios negociados no son aún los precios finales. Aun cuando parece que hay cantidades sustanciales de tierras en el mercado, en las pocas transacciones que efectivamente se han completado, no parece que los terratenientes estén en la posición de retener sus tierras hasta que tengan una idea más clara del futuro.
Los propietarios que retienen tierras beneficiadas por regulaciones en anticipación de una ganancia mayor podrían imponer una carga a las ciudades que en consecuencia tendrían que ampliar la urbanización futura en áreas desfavorables a mayores costos. Un reparto de costos y beneficios entre la oferta y la demanda en el negocio de la tierra, un principio fundamental de la ley colombiana, parecer ser una alternativa constructiva. Uno de los beneficios para el terrateniente al retener las tierras es ejercer presión en el mercado para conseguir precios más altos.
Cuando se introdujo en Bogotá, la participación en plusvalías (un tributo sobre el incremento de calor del suelo) incluía una tasa que aumentó durante los tres primeros años, del 30 por ciento en 2004 al 50 por ciento a partir de 2006. Por ello, los terratenientes estaban deseosos de vender tan rápido como les fuera posible durante los dos primeros años para impedir que disminuyeran más sus ganancias. Una tasa del 50 por ciento en incremento neto del precio del suelo reduce el premio por la retención a la mitad, aunque no lo suficiente para evitar la retención, y es ciertamente un factor atenuador.
Los gestores de políticas de toda América Latina que están considerando opciones similares están siguiendo este caso colombiano cada vez más de cerca. Estos resultados preliminares sobre los impactos de los beneficios y cargas regulatorios en los precios del suelo ayudarán a arrojar cierta luz, sino es que en la gestión misma de política, al menos invitarán a que se hagan más investigaciones sobre terrenos y condiciones adicionales.
Referencias
Borrero, Óscar. 2007. The effects of land policies on urban land prices in Bogotá. Working Paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.
Maldonado Copello, María Mercedes. 2007. Inclusión y derecho a la ciudad: línea de gestión del ordenamiento territorial. Secretaría de Hábitat de Bogotá, Misión Hábitat Bogotá. http://www.habitatbogota.gov.co/
Maldonado Copello, María Mercedes y Martim O. Smolka. 2003. Uso de captura de plusvalías para beneficiar a los pobres: proyecto USME de Colombia. Land Lines 15(3) de julio.
