Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 4 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

Estudiosos y funcionarios públicos preocupados por la justicia social consideran que la redistribución de los valores de la tierra es un objetivo especialmente importante de política urbana en los países latinoamericanos, donde las enormes diferencias de acceso a los escasos servicios e infraestructura urbana llevan a una injusta distribución de los valores del suelo. Sin embargo, las políticas e instrumentos de captura de plusvalías, utilizados en principio para “redistribuir la valorización del suelo” o para “promover la redistribución de los incrementos en el valor de la tierra”, son rechazados por algunos sectores progresistas que argumentan que, en la práctica, dichos instrumentos no están realmente destinados para la redistribución.1 Este artículo explora un número de interrogantes que deben analizarse a fin de mejorar el entendimiento del concepto de captura de plusvalías y de su potencial para desempeñar un papel verdaderamente redistributivo en América Latina.

El principio distributivo y la meta redistributiva

El principio básico de la captura de plusvalías2 es devolver a la comunidad los incrementos de valor de la tierra que resultan de la acción comunitaria. La manera más común de definir tales incrementos es enfocándose en aquellos aumentos particulares resultantes de acciones públicas específicas y fechadas. Así, los correspondientes instrumentos de captura de plusvalías podrían ser definidos como herramientas para recuperar para la población el incremento en el valor de la tierra asociado con acciones públicas, aumento que de otra manera sería capturado por entidades privadas. El objetivo de esta política distributiva es restablecer un estado previo de distribución que, en esencia, se considera como propio o como dado.

Una interpretación alterna se basa en el principio establecido por Henry George, de que todo valor de la tierra, sin importar su origen, es producto del esfuerzo de la comunidad. Bajo este punto de vista, la idea de la captura de plusvalías puede adquirir una perspectiva verdaderamente redistributiva únicamente si se considera todo el valor de la tierra, y si se introduce la meta de alterar el estado presente de la distribución de dicho valor.

La redistribución de los valores de la tierra es apenas una de varias metas posibles de la política de suelo urbano. Otras son el aumento de los ingresos públicos para financiar servicios urbanos, la regulación y el manejo de los usos del suelo urbano, y el control de manifestaciones indeseables que resulten del funcionamiento de los mercados de suelo urbano. Es decir, la redistribución puede ser una guía para políticas distributivas más progresivas, pero no es necesariamente el principio básico de la captura de plusvalías.

De esta manera, podemos distinguir entre el principio distributivo de las políticas de captura de plusvalías -para restablecer un cierto grado de distribución- y una meta redistributiva de políticas de suelo urbano -para alterar un cierto estado de distribución. Esta distinción nos permite aclarar la confusión existente entre la distribución y la redistribución, cuando aplicadas a los valores del suelo y a la idea de la captura de plusvalías.

La práctica de la captura de plusvalías en América Latina

En un sentido genérico, la idea de la captura de plusvalías se aplica a cualquier imposición o herramienta de planificación que tenga como finalidad distribuir los aumentos del valor del suelo. Casi todos los países latinoamericanos han experimentado con el impuesto predial, y muchos emplean otras herramientas de planificación tales como la donación obligatoria de tierras para propósitos públicos en proyectos de parcelación o subdivisión de terrenos. Históricamente el desarrollo de la idea de la captura de plusvalías ha estado asociado con un instrumento específico conocido como Contribución de Valorización/Contribución de Mejoras. Este mecanismo especial de tasación o valorización, incorporado en la legislación de la mayoría de los países latinoamericanos, tiene el objetivo de capturar una porción de los beneficios especiales (valorización del suelo) que resulten de las inversiones públicas en infraestructura y servicios públicos, para financiar tales inversiones.

Incluso bajo esta estrecha definición, la aplicación de la captura de plusvalías ha estado plagada por limitaciones y polémicas. Tanto la influencia política de los propietarios como las deficiencias técnicas -y a menudo también legales- para poder hacer avalúos adecuados de los valores del suelo, han sido identificadas por estudiosos y funcionarios públicos como entorpecedoras de su aplicación en muchos países. Colombia es quizás el único país que se destaca por su tradición establecida de uso del instrumento, pero incluso allí su aplicación ha tropezado con serias limitaciones. Algunos observadores defienden el argumento de la incapacidad del instrumento para la redistribución, mientras que otros señalan que frecuentemente pierde su vínculo con el principio distributivo, convirtiéndose simplemente en una forma práctica de pagar a la comunidad para subsanar los costos de una acción pública que genera beneficios sólo para ciertos individuos.

Una mirada más cercana a la experiencia latinoamericana en la aplicación de instrumentos de captura de plusvalías lleva a una conclusión inquietante: en vez de desarrollarse a partir del principio ético de justicia, según el cual el incremento del valor del suelo resultante de acciones comunitarias debe retornar a la comunidad, pareciera que la idea de captura de plusvalías ha sido adoptada en América Latina como un mecanismo pragmático de recuperación de costos para resolver la escasez crónica de ingresos públicos y poder financiar proyectos de infraestructura urbana. A la larga, la meta principal de tales instrumentos ha sido aumentar las rentas públicas, sin importar si se basan o no en un principio distributivo.

Vinculación entre la captura de plusvalías y la redistribución

Incluso si el principio distributivo está asegurado, la meta de aumentar los ingresos públicos puede diferir de, o incluso contradecir, otras metas de la política de suelo urbano, incluyendo la importante meta redistributiva. Por ejemplo, cuando aumenta el valor del suelo de una región muy valorizada debido a una inversión pública en infraestructura urbana, y entonces el ingreso derivado de la captura de plusvalía se reinvierte en la misma región, el resultado no sólo no es redistributivo, sino que puede llegar a ser regresivo.

A fin de poder entender las contradicciones que surgen entre el uso tradicional de los instrumentos de captura de plusvalía para aumentar los ingresos fiscales, y la necesidad de incorporar las metas de redistribución en tales políticas, debemos contemplar el concepto de la captura de plusvalía con una visión mucho más amplia. Aun limitándonos a su usual definición centrada en incrementos específicos del valor del suelo, es preciso que al menos tres acciones o decisiones públicas no autónomas estén asociadas con el principio distributivo de captura de plusvalía:

1. una acción pública original (regulación, inversión, etc.) que genere incrementos en el valor del suelo;
2. una segunda acción para capturar (parcialmente) este valor; y
3. una tercera acción relacionada con el destino o uso de los recursos recolectados.

Si bien la segunda acción implica el uso de un instrumento general o específico de captura de plusvalía, la primera y la tercera, aunque están relacionadas a decisiones específicas, están inexorablemente ligadas a dos preguntas básicas referentes a las decisiones públicas como un todo: ¿Cómo se asignan obras públicas en el espacio? y ¿Cómo se distribuyen los ingresos fiscales generales?

Asignación de las obras públicas

Cuando el sistema tiene las metas concurrentes de aumentar los ingresos y fomentar la redistribución, la segunda no sigue necesariamente a la primera. De hecho, en Latinoamérica estas metas son frecuentemente contradictorias. Dadas las enormes diferencias en la distribución de la riqueza y la escasez de fondos para financiar las obras públicas, habitualmente es más fácil garantizar el aumento de los ingresos si los recursos para obras públicas se asignan (acción original) a regiones en donde se puedan recaudar más entradas absolutas. Incluso con el uso de un instrumento de captura de plusvalía, cuando la decisión subsiguiente (destino de los recursos) mantiene el mismo estado de distribución de la riqueza, la acción pública entera se vuelve más regresiva.

Por otra parte, el rechazo de los instrumentos de captura de plusvalía tampoco combate la asignación inadecuada de las obras públicas, y de hecho sólo contribuye a mantener el status quo. Por ejemplo, los trabajos de renovación de Copacabana en Rio de Janeiro, con plantación de árboles nuevos y modernización de aceras, fueron financiados por el presupuesto general y no por un dispositivo específico de captura de plusvalías. Sin embargo, muchas de las zonas pobres de la ciudad carecen de aceras y no tienen un solo árbol en sus calles. Esta ironía impone la necesidad de establecer una nueva estructura de análisis para las políticas de captura de plusvalía, de manera que pueda hacerse una asignación más equitativa de las obras públicas.

Distribución del ingreso general

América Latina presenta diferencias extremas relativas y absolutas en la provisión de infraestructura pública, por lo cual se exigen criterios de equidad para evaluar las políticas distributivas. Pero los criterios de equidad son subjetivos y existen diversos criterios sobre lo que es o no justo. En vista de las disparidades en riqueza y acceso a suelos urbanizados, es importante considerar no sólo las diferencias relativas sino también las diferencias absolutas entre los niveles más altos y los más bajos.

Para ilustrar este punto podemos aplicar el clásico argumento redistributivo a la distribución de valores del suelo en una sociedad que tiene 10 unidades de riqueza (es decir, valor del suelo) distribuidas entre dos grupos: el grupo más alto posee 8 unidades u 80 por ciento de la riqueza, mientras que el más bajo posee 2 unidades (véase la tabla 1). Este ejemplo puede representar las típicas diferencias entre las áreas urbanizadas ocupadas por unos pocos ricos y las cuantiosas áreas desprovistas de servicios ocupadas por los pobres en las ciudades latinoamericanas. Un aumento del 50 por ciento en esta riqueza (5 unidades en total), si se distribuye en la misma relación, no cambiaría las diferencias relativas, pero la diferencia absoluta entre los dos grupos aumentaría en un 50 por ciento, de 6 a 9 unidades.

TABLA 1: Políticas distributivas de captura de plusvalía Riqueza total Grupo inferior Grupo superior Diferencias relativas Diferencia absoluta

Original: 10 unidades 2 unidades 8 unidades 1:4 6 unidades

Aumentada: 15 unidades 3 unidades

(2+1) 12 unidades

(8+4) 1:4 9 unidades

Otra consideración importante es el nivel del grupo en la posición inferior. Los instrumentos de captura de plusvalía se justifican como herramientas distributivas para devolver a la comunidad los beneficios especiales resultantes de una acción pública que sólo algunos individuos reciben. Pero esta justificación, a su vez, plantea la necesidad de separar claramente los beneficios especiales de las necesidades básicas. Si consideramos el acceso a la infraestructura urbana como una necesidad básica, la sociedad debe decidir sobre el nivel mínimo de acceso para el grupo inferior. Es necesario dar prioridad a las acciones que conduzcan a esos niveles mínimos antes de que el grupo superior acumule otros beneficios. Si esta sociedad decide que el nivel mínimo de riqueza debería ser de 6 unidades para el grupo inferior, entonces el aumento de 5 unidades de valor del suelo sería distribuido de tal manera que disminuya tanto las diferencias relativas como las absolutas (véase la tabla 2).

TABLA 2: Vinculación de la captura de plusvalía y la redistribución

Riqueza total Grupo inferior Grupo superior Diferencias relativas Diferencia absoluta

Original: 10 unidades 2 unidades 8 unidades 1:4 6 unidades

Aumentada: 15 unidades 6 unidades

(2+4) 9 unidades

(8+1) 2:3 3 unidades

Captura de plusvalía y equidad socioespacial

Las decisiones sobre planificación urbana, tales como las normas y los reglamentos sobre el uso del suelo y los derechos de desarrollo, afectan también la distribución de los valores del suelo urbano y deben integrarse a las políticas de captura de plusvalía. En América Latina, donde las diferencias de acceso a la infraestructura pública y servicios urbanos están marcadas por una acentuada segregación social y exclusión, esta integración trae consigo una dimensión socioespacial que puede hacer frente a las disparidades entre los centros urbanizados adinerados (para unos pocos) y las periferias pobres carentes de servicios (para la mayoría). Por tanto, las políticas de redistribución del valor de la tierra adquieren un contexto político particular en el cual la generación de incrementos en el valor del suelo y el destino de los fondos correspondientes se asignan a diferentes áreas socioeconómicas de la ciudad.

Sin embargo, incluso cuando se incorpora esta dimensión socioespacial, la mayoría de los instrumentos redistributivos de captura de plusvalía reúnen condiciones necesarias, pero no suficientes, para una mejor distribución de los valores del suelo. Mientras que la redistribución desde áreas ricas a todas las áreas involucra alterar la distribución del presupuesto general para lograr su objetivo de equidad, la redistribución de todas las áreas hacia las áreas pobres implica alterar la asignación de obras públicas y/o de los derechos de desarrollo del suelo para llegar a una mejor distribución de los valores del suelo.

Debido a que estos enfoques implican mayores cambios institucionales, surge una tercera opción que busca estimular la generación de incrementos en el valor del suelo de los sectores adinerados a fin de generar ingresos que puedan redistribuirse a los sectores pobres. Estas “políticas de Robin Hood” (como algunos las llaman) están siendo contempladas para tratar las necesidades urgentes de zonas necesitadas, en combinación con oportunidades y demandas específicas de las zonas pudientes. Un ejemplo son las “Operaciones Interligadas” recientemente popularizadas en muchas grandes ciudades brasileñas, donde la negociación de excepciones legales para el desarrollo genera pagos que se destinan para la construcción de viviendas de interés social. Sin embargo, un análisis detenido de esta herramienta de transferencia muestra que la estimulación de los incrementos en el valor del suelo de los sectores ricos, en realidad termina aumentando la diferenciación intraurbana y por ende puede ahondar la brecha entre las áreas pobres y ricas.

Éste y otros efectos negativos imprevistos evidencian que el desarrollo de políticas e instrumentos de captura de plusvalía para los países latinoamericanos no puede ser considerado independientemente de una política urbana orientada a reducir las desigualdades socioespaciales. Para lograr esa reducción de la inequidad, es fundamental emprender acciones directas orientadas a alterar la presente distribución de los valores del suelo. Esto significa que, aunque no está necesariamente involucrada en la idea de la captura de plusvalía, la redistribución debe ser incorporada deliberadamente en el desarrollo de políticas distributivas de captura de plusvalías en América Latina.

Pautas para la implementación de políticas de captura de plusvalías

Esta discusión refuerza el argumento de que, en América Latina, las políticas de captura de plusvalía deben estar precedidas por cambios en el proceso de distribución de los valores del suelo en el más amplio sentido, especialmente cuando se busca la redistribución como una meta prioritaria de la política urbana. Esta perspectiva ayudaría a considerar de manera integrada, en cada decisión pública asociada a la distribución de valor del suelo, las varias otras formas mediante las cuales el sector público contribuye a esa distribución, incluyendo:

• El diseño y la recaudación de los impuestos sobre la tierra;
• La asignación de los ingresos públicos para las obras públicas;
• La aplicación (o no) de instrumentos específicos de captura de plusvalía;
• La repartición de los recursos recaudados; y
• La definición de los usos y los derechos de desarrollo del suelo.

El potencial y los límites de instrumentos específicos de captura de plusvalía están condicionados por dichas acciones y decisiones públicas de distribución. Cuando los instrumentos de captura de plusvalía específicos se utilizan sin tomar en cuenta estas consideraciones, se puede arruinar el proceso entero debido a que: 1) usualmente se descuida la recaudación de los impuestos tributarios; 2) se hacen asignaciones injustas de las inversiones públicas; 3) abundan los impedimentos políticos para el uso de los instrumentos de captura de plusvalía; 4) los ingresos no se distribuyen de una manera socialmente equitativa; 5) los derechos de desarrollo se incorporan en los derechos de propiedad, etc. En consecuencia, no se puede conseguir la redistribución y se compromete el principio distributivo.

El desafío latinoamericano, por lo tanto, consiste en analizar las precondiciones para el uso mejorado de la idea de la captura de plusvalía, en vez de simplemente concentrarse en vencer las dificultades operacionales para la aplicación de los instrumentos existentes, o de rechazar aquellos instrumentos en favor de nuevas herramientas usualmente sujetas a problemas similares. Para que se pueda hablar de una verdadera redistribución, estas decisiones distributivas deben considerar todos los componentes del valor del suelo, incluyendo los incrementos acumulados, potenciales y específicos, y no sólo los incrementos de valor en el sentido más estricto. Los esfuerzos que se hagan en esta área contribuirá a una perspectiva redistributiva de las políticas de captura de plusvalía.

¿Cuánta captura de plusvalía es “suficiente”? La respuesta a esa pregunta puede variar según el país, pero desde un punto de vista general, las políticas deberían basarse en las siguientes directrices básicas:

• El mejoramiento y fortalecimiento del impuesto predial, especialmente de su componente “suelo”, basado en el valor total de la tierra (en vez de basarse en incrementos específicos de dicho valor);
• La universalización de la provisión de infraestructura pública y servicios urbanos (es decir, necesidades básicas en contraposición a beneficios especiales); y
• Las respuestas socialmente responsables a la definición y la reglamentación de los derechos de propiedad y desarrollo del suelo.

Estas directrices tienen una sólida asociación a los incrementos en el valor de la tierra urbana en el sentido más amplio, y pueden utilizarse para reducir las diferencias socioespaciales absolutas y relativas. Si continuamos descuidando estas diferencias y seguimos confinando la captura de plusvalía a los incrementos específicos en el valor de la tierra, fracasarán los intentos de redistribución en los países latinoamericanos. Además, la aplicación de los instrumentos de captura de plusvalía continuará sirviendo como un mecanismo antisocial que sólo exacerba el abismo ya existente entre ricos y pobres.

Fernanda Furtado, fellow del Instituto Lincoln, recibió una beca del Instituto para finalizar su tesis doctoral “La recuperación de plusvalías urbanas en América Latina”, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo, Brasil.

Notas

1 Ver Donald Shoup, “Is under-investment in public infrastructure an anomaly?”, en: Gareth A. Jones y Peter Ward, editores, Methodology for Land and Housing Market Analysis. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy (1994). El artículo de Shoup contiene un análisis del debate efectuado en el “Fitzwilliam Workshop on Land Values and Land Valorization in Developing Countries” realizado en la Universidad de Cambridge en 1991. Allí se debatió sobre si los instrumentos de captura de plusvalías están destinados a redistribuir la valorización del suelo, o si son un simple mecanismo para fortalecer las finanzas gubernamentales.

2 Un término más preciso sería recuperación de plusvalías, porque además de representar mejor las intervenciones públicas a fin de devolver a la comunidad la plusvalía del suelo capturada inmerecidamente por entidades privadas, el término se refiere a la redistribución como una manera específica de desarrollar tales políticas. Sin embargo, en este artículo se utiliza el término más genérico captura de plusvalías.

Proposition 13, adopted by a referendum in California in 1978, was the most notable in a series of relatively recent actions to limit the property tax in the United States, and many experts view it as a watershed in state and local public finance. The property tax in virtually every state is now limited to some degree by statutorily or constitutionally imposed base restrictions, rate limits or revenue limits. These limits have influenced the use of the property tax, and there is substantial evidence that the rate of growth of the property tax has declined. The mix of funding for local expenditures also has changed, as cities, towns, counties, school districts and special districts are relying more and more on user charges, special fees, franchise fees and local option sales and use taxes.

The limits on the property tax also have many policy and expenditure implications. There is evidence, significant in some cases and simply indicative in others, that the property tax restrictions have fostered a variety of policy outcomes in the delivery of services to citizens. Some of these tax limits have affected educational outcomes: reduced the number of teachers in classrooms, reduced the qualifications of individuals entering the teaching profession, and reduced student performance in math, reading and science.

The literature detailing the possible effects of property tax limits on local government also reports the following changes: reduced infrastructure investment by local governments, reduction in the rate of salary increases for public employees, and a shift to state-controlled revenue sources that has led to the centralization of power toward state governments (Sokolow 2000). In this context, property tax limits may reduce intergovernmental competition and the discipline on the growth in government that results. Few observers would disagree that Proposition 13 and its imitators in other states have resulted in substantial nonuniformity in the property tax system (O’Sullivan, Sexton and Sheffrin 1995).

These outcomes illustrate the competing tradeoffs that accompany property tax limits. Depending on individual perspectives these consequences could be considered a plus or a minus. Supporters of Prop 13 and its derivatives want lower property taxes and less government (at least for others), but it is unlikely they also want less government for themselves. David Sears and Jack Citrin (1982) have labeled this behavior the “something for nothing” syndrome.

Therese McGuire (1999) notes that among public finance economists the advantages of the property tax for funding local governments approach “dogma.” In an opinion survey of more than 1300 Canadian and U.S. members of the National Tax Association, 93 percent of the respondents with training in economics favored the property tax as a major source of revenue for local governments (Slemrod 1995). This result probably explains why the World Bank and other international advisory groups are spending significant sums of money and offering assistance to improve and implement the property tax in developing and transitional countries. However, it also presents an interesting dilemma: experts support the property tax but voters want to limit it. Why the conflict?

Advantages of the Property Tax

The property tax provides local governments with a revenue source that they can control and avoids the strings that normally accompany fiscal transfers from a regional, state or national government. The result is local autonomy that allows local governments to select the level and quality of services demanded by local citizens. The property tax is relatively stable over the normal business cycle and provides a dependable funding source to local governments that must balance their budgets. Stability is important for certainty in operating budgets and is critical in the financing of long-term debt obligations.

The importance of a stable revenue source has been painfully exposed during the recent economic downturn in the U.S. State governments that are funded by less stable revenue sources are scrambling to balance their current and future budgets by cutting services and increasing taxes and fees. The fact that the property tax is imposed on an immobile base and is difficult to evade also makes it an attractive source of revenue for smaller governments.

Political accountability is another important element of the property tax. A noted function of a responsive tax system is one that provides price signals, or political accountability, on the cost of government to citizens. Compared to almost all other taxes, the direct and visible nature of the property tax suggests that it scores relatively high in this regard. The case for political accountability becomes even stronger when zoning for land use is included in the discussion. Bruce Hamilton (1975) has demonstrated that the property tax, when coupled with local zoning, becomes a benefit tax that leads to efficient outcomes. The combination of property taxation and zoning is the way many public finance scholars describe the characteristics of local finance in the U.S.

Disadvantages of the Property Tax

On the other hand, the property tax is difficult to administer. It requires substantial administrative effort on the part of public officials to discover and maintain the property records of every land parcel. Even with effective methods to discover property, determining its taxable value has always been a challenge to public assessors. Unlike other sales taxes and income taxes, there is no annually occurring event to place a market value on unsold properties. Assessors must value property as if it had sold. Assessors also confront limited budgets and a finite number of trained experts.

Nevertheless, we want public assessors to value property, land and the improvements to land accurately, and to do so as inexpensively as possible. Fortunately, progress has been made in the technical area of property valuation. It is now common to find large and small taxing jurisdictions using statistically driven valuation processes to estimate property values based on carefully designed hedonic models. The technical advantages of statistically driven appraisal systems in terms of efficiency and effectiveness are substantial.

However, the advantage of accurate and timely property appraisals highlights what I believe is a fundamental problem with the property tax and why it receives such low marks from taxpayers and elected officials. When an assessor conducts a reappraisal, the outcome is likely to increase assessed property values. If there is no reduction in the tax rate that was applied to the old tax base, the local government that relies on the property tax receives a potential windfall. It is not surprising, then, that in such situations the assessor and the assessor’s office are quickly identified as the villains of the tax increase. More importantly, these circumstances are powerful incentives to not reassess property regularly and thus avoid the angry backlash of property owners and voters.

Public finance experts have an expectation that the assessor will follow the legal and professional requirements and value property according to state law and professional practice. But, because of the uncertain political outcome when property is revalued, the assessor may act in self-interest, understandably being more concerned about reelection or reappointment than in ensuring that property is revalued properly. A system has been created that requires a reappraisal process and penalizes any assessor foolish enough to ignore it, but over time such avoidance behavior can foster nonuniformity in the property tax.

Political Challenges and Full Disclosure

We have solved many of the technical problems of property appraisal but not the political problems. Nevertheless, I believe there is at least one viable response to the political challenges: states and assessors can adopt a process of truth-in-taxation or full disclosure. The logic of full disclosure design is simple. A chilling effect on property tax growth is posited to occur when the “real” causes of increased property taxes are exposed to property owners. Helen Ladd (1991) states that full disclosure laws “tighten the link between taxpayer voter demand and local budgetary decisions.”

The standard annual tax notice, common in thousands of local tax jurisdictions, does not create a similar chilling effect. A typical tax notice informs property owners about the assessed value of the property, often a modest percentage of market value, tax rates listed in mills, and the total taxes due. If any increases in the assessed value of properties are not offset by reduced tax rates, the new assessed values create additional revenue for the taxing authority. In fact, elected officials can honestly boast that property tax rates have not changed and thus avoid most of the responsibility for any tax increase. An analysis of the behavior of elected officials in Massachusetts found precisely this type of behavior following several cycles of increases in assessed value due to revaluations (Bloom and Ladd 1982).

A property tax full disclosure law generally proceeds in the following manner. Local taxing districts are required to calculate a rate that, when applied to the tax base, produces property tax revenue that is identical in amount to the property tax revenue generated during the previous year. The rate to accomplish this is often referred to as the certified rate; it is calculated by dividing the new assessed value into the property tax revenue from the previous year. The resulting rate is the rate that, when applied to the taxable value of the taxing jurisdiction, will generate the same amount of revenue as the previous year.

This process forces elected officials to reduce the property tax rate—or at least acknowledge that any increase is their choice. If the elected officials choose not to reduce the rate, a public notice must be given that a tax rate increase is anticipated. The public notice is generally carried in a newspaper with specific requirements about the size, placement and language of the notice. In some states a preliminary tax notice is also sent to the taxpayers before that actual budget is adopted, to announce when and where the particular budget hearings on the issue will be held.

Full disclosure laws are intended to create a system with opportunities for input on property tax rate changes and the subsequent size and mix of government, but not at the expense of informed outcomes (Council of State Governments 1977). Full disclosure laws have the aim of a process to inform citizens and limit the rate of growth in property taxes. Nevertheless, like the property tax, full disclosure laws have not enjoyed universal or even modest acclaim. Researchers hold full disclosure laws in such subdued regard that when studying the implications of property tax limitations they commonly classify states having full disclosure laws among the states having no property tax limits.

It is not surprising that many observers suspect that full disclosure laws have little influence on policy outcomes. In states with full disclosure laws, the property tax increases more rapidly than in states with legally binding limits. This suggests that, because full disclosure laws cannot prevent all growth in the property tax, the strongest antagonists of the property tax and the often single-minded opponents to any growth in government will never find the approach acceptable.

However, I believe that full disclosure laws, like property tax limits, have other positive unintended outcomes. They may facilitate improvements in the administration of the property tax because they create a climate that fosters more frequent property tax appraisals by elected county assessors and more thorough and rigorous intervention on property tax matters by state revenue departments. If I am correct, the result is improvement in property tax uniformity. If this posited outcome is validated, then full disclosure laws can and should be judged beyond their immediate role in controlling the rate of increase in the property tax.

Gary C. Cornia is a visiting senior fellow of the Lincoln Institute this year and a member of the Institute’s board of directors. He is also professor in the Romney Institute of Public Management at Brigham Young University and president of the National Tax Association.

References

Bloom, H.S. and Helen F. Ladd. 1982. Property tax revaluation and tax levy growth. Journal of Urban Economics 11: 73-84.

Council of State Governments. 1977. 1978 Suggested State Legislation 37. Lexington, KY: Council of State Governments, 125-28.

Hamilton, Bruce. 1975. Zoning and property taxation in a system of local governments. Urban Studies 12 (June): 205-211.

Ladd, Helen F. 1991. Property tax revaluation and the tax levy growth revisited. Journal of Urban Economics 30: 83-99.

McGuire, Therese J. 1999. Proposition 13 and its offspring: For good or evil. National Tax Journal 52 (March): 129-138.

O’Sullivan, Arthur, Terri A. Sexton, and Steven M. Sheffrin. 1995. Property taxes and tax revolts: The legacy of Proposition 13. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Sears, David O. and Jack Citrin. 1982. Tax revolt: Something for nothing in California. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Slemrod, Joel. 1995. Professional opinions about tax policy. National Tax Journal 48: 121-148.

Sokolow, Alvin D. 2000. The changing property tax in the West: State centralization of local finances. Public Budgeting and Finance 20 (Spring): 85-102.

The Institute’s June 2007 Land Policy Conference focused on decentralization—the degree to which local and provincial governments exercise power, make decisions about their revenues and expenditures, and are held accountable for outcomes. Because the services,regulatory constraints, and institutional environments provided by local governments are major factors in the location decisions of households and firms in urban areas, decentralization is a key determinant of policies that affect land and property taxation.

Las ciudades enfrentan grandes dificultades a la hora de intentar introducir un sistema del impuesto a la propiedad más eficiente. Uno de los desafíos consiste en controlar la alta volatilidad política relacionada con los impuestos que gravan en forma directa los activos, como por ejemplo el impuesto a la propiedad, que posee un alto nivel de visibilidad. La estrecha proximidad entre las autoridades fiscales y los contribuyentes se traduce en una presión política para reducir los impuestos y evitar la actualización de los avalúos inmobiliarios. Los funcionarios municipales se convierten en blancos fáciles para la crítica, a la vez que pueden experimentar consecuencias electorales.

Aunque el impuesto a la propiedad es reconocido internacionalmente como un instrumento preferido para financiar los servicios públicos urbanos, en la mayoría de los países latinoamericanos este impuesto tiene una importancia limitada como fuente de recaudación, representando en promedio un 0,32 por ciento del PIB (De Cesare 2010). Las ciudades brasileñas recaudan un promedio de cerca de US$ 46,50 per cápita en impuestos a la propiedad por año. Sin embargo, la mayoría de las ciudades no alcanzan el promedio nacional. En más de la mitad de los municipios, los ingresos no exceden los US$ 5,00 per cápita (Afonso et al. 2010).

El modelo brasileño del impuesto a la propiedad

El impuesto a la propiedad (IPTU: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) es un impuesto directo tributado al municipio en base a una estimación del justo valor de mercado de las propiedades inmuebles. En Brasil se ha perdido gran parte del potencial de recaudación de este impuesto debido a que las autoridades municipales no logran administrar dicho impuesto en forma correcta y efectiva. El tratamiento de la revisión legislativa del IPTU siempre termina en debates acalorados y una respuesta política intensa que, en muchos casos, lleva a los alcaldes y otros funcionarios a evitar su participación en el proceso.

Un problema adicional es el estricto requisito legal mediante el cual los criterios de valuación deben ser aprobados por ley antes de poder actualizar la base impositiva. Entre estos criterios se encuentran las características de la propiedad y sus componentes, así como también el valor monetario asignado a cada uno de dichos componentes. En otras palabras, para los legisladores brasileños, no es suficiente establecer criterios para determinar que una propiedad tiene mayor valor que otra y que, por lo tanto, está sujeta a un impuesto más alto. La misma ley debe aclarar de qué manera una propiedad que posee determinadas características se valuará en términos monetarios.

Después de años de debate, el Tribunal Superior de Brasil estableció, en el año 1996, que se requiere una norma municipal para actualizar la base impositiva del IPTU, siempre que el ajuste sea mayor a la variación del Indice de Precios al Consumidor oficial (Declaración 160). Con anterioridad a esa sentencia, las ciudades solían actualizar los valores inmobiliarios a los fines impositivos mediante actos ejecutivos (decretos), en forma independiente de la legislatura municipal. A partir de la introducción de este requisito legal en 1996, muchos gobiernos municipales decidieron no enviar los proyectos de ley necesarios a la legislatura municipal para realizar las tan necesarias actualizaciones en la valuación inmobiliaria.

En algunos casos, los desastres políticos resultantes de esta situación sirvieron como un alarmante factor de inhibición ante cualquier nuevo intento por revisar la base impositiva. Con el fin de resolver este dilema, varias ciudades optaron, en cambio, por aumentar las alícuotas del IPTU para compensar su reticencia a revaluar las propiedades. Además, por cada nueva ley que aprueba una actualización en la valuación, se suelen crear nuevos tipos de exenciones o reducciones impositivas, lo que frecuentemente cancela los esfuerzos tendientes a mejorar el rendimiento del IPTU.

Como resultado de la resistencia política, el IPTU, por lo general, no se tuvo mucho en cuenta como fuente de ingresos para las finanzas municipales en Brasil. Las ciudades más grandes (con más de 500.000 habitantes) comenzaron a concentrar sus esfuerzos en el impuesto a los servicios (ISS: Imposto Sobre Serviços) mientras que las ciudades más pequeñas dependían en mayor medida de las transferencias realizadas por el gobierno estatal y federal a través del fondo municipal de participación en los ingresos (FPM: Fundo de Participação dos Municípios) (ver tabla 1 en anexo).

El Instituto Federal de Investigación Económica Aplicada (IPEA 2009) informa que el IPTU ha perdido importancia en cuanto a su participación en la recaudación municipal directa a nivel nacional y que se registró un aumento de los ingresos provenientes del impuesto a los servicios, un impuesto indirecto que tiende a ser regresivo. La participación del IPTU en la recaudación municipal directa se redujo del 38 por ciento al 28 por ciento entre 1991 y 2007, resultando en la pérdida de su posición ante el ISS como fuente principal de recaudación municipal directa (ver tabla 2 en anexo).

Un importante cambio que afectó directamente al IPTU ocurrió en diciembre de 2009, cuando el Ministerio de Ciudades publicó la Resolución Nº 511, mediante la cual se establecían directrices nacionales para el Catastro Técnico Multifinalitario (CTM: Cadastro Técnico Multifinalitário). Esta resolución les otorgó a los gobiernos municipales un valioso instrumento estándar sobre el cual basar sus propuestas legislativas con el fin de actualizar la base impositiva del IPTU. El Instituto Lincoln desempeñó un papel fundamental al apoyar el desarrollo de los aspectos técnicos de dicha legislación.

La Resolución Nº 511 establece que la valuación de propiedades con fines fiscales es un proceso técnico que debe realizarse siguiendo las pautas establecidas por la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT) para reflejar el justo valor de mercado. También establece que un IPTU efectivo promueve la justicia fiscal y social al garantizar un tratamiento equitativo para los contribuyentes. Se recomienda la actualización de la base impositiva del IPTU en alguno de los siguientes casos: (1) cada cuatro años, en las ciudades con más de 20.000 habitantes (las ciudades más pequeñas podrán adoptar ciclos más extensos); (2) cuando la tasa de valuación sea menor al 70 por ciento o mayor al 100 por ciento comparada con el valor de mercado; o (3) en casos en que los valores inmobiliarios cumulativos resulten en un coeficiente de dispersión mayor al 30 por ciento, de lo cual se infiere que no estén distribuidas equitativamente.

¿Qué inspiró la reforma del impuesto a la propiedad?

Junto con el fortalecimiento de un marco institucional, otros dos factores contribuyeron a colocar al IPTU en el centro del debate actual sobre las fuentes de financiamiento municipal en Brasil. El primero de ellos fue el aumento acelerado de los valores de los terrenos urbanos, tanto en ciudades grandes como medianas. Este aumento se debió principalmente al crecimiento económico, a la explosión de los créditos para vivienda, a los bajos impuestos y al bajo riesgo comparado con la inversión en activos financieros desde 2003 hasta 2007 (Carvalho Júnior 2010). La expansión del sector inmobiliario expuso las discrepancias que existían entre la recaudación potencial y el flujo real de fondos hacia la tesorería pública derivado del impuesto a la propiedad.

El segundo factor que desató el debate acerca de la actualización de las valuaciones impositivas para mejorar el rendimiento del IPTU fue la crisis económica mundial que comenzó en el año 2008 y alcanzó al Brasil en 2009. A medida que se reducía la actividad económica, situación que reflejaba menores niveles de consumo y de producción y una contracción crediticia, las transferencias federales hacia los municipios también se redujeron. Las ciudades que experimentaron esta pérdida de ingresos no tuvieron otra alternativa que resucitar al IPTU, el impuesto municipal más antiguo y tradicional.

En este contexto, algunas de las ciudades brasileñas más grandes actualizaron sus mapas de valores inmobiliarios utilizando estimaciones revisadas de los valores de los terrenos, así como también elaborando cuadros de costos de construcción con el fin de valuar las mejoras, ya que tanto los terrenos como las propiedades tenían una valuación extremadamente baja. Belo Horizonte, São Paulo y Salvador se encuentran entre las ciudades que tomaron medidas para mejorar su recaudación mediante la actualización de la base impositiva del IPTU. Estas ciudades introdujeron, además, nuevas políticas para orientar la implementación del impuesto a la propiedad.

Cabe hacer notar que mantener desactualizada la base impositiva del IPTU supone un riesgo. Una de las principales fuentes de injusticia fiscal, además del problema de las omisiones al inscribir terrenos o áreas de desarrollo urbano, es la utilización de avalúos desactualizados para el cálculo del IPTU (Smolka y De Cesare 2009).

El caso de Belo Horizonte

Belo Horizonte es la capital, y la ciudad más grande, del estado de Minas Gerais, ubicada en la región sudeste de Brasil. Con una población de 2,4 millones de habitantes, es la quinta ciudad más grande de Brasil y el centro de un área metropolitana que contiene una población de aproximadamente 5 millones de habitantes.

El gobierno municipal tiene un largo historial de innovación y buena gobernabilidad. La ciudad fue pionera en introducir el proceso de presupuesto participativo en el año 1993, en adoptar aplicaciones del SIG (Sistema de Información Geográfica) para mejorar la gestión municipal, y en llevar a cabo una exitosa campaña para erradicar el hambre, entre otras iniciativas notables. Belo Horizonte recaudó aproximadamente $332 en impuestos a la propiedad per cápita en el año 2007, antes de la reforma, y alcanzó el séptimo puesto en el ranking de las ciudades capitales más grandes de Brasil (Afonso et al. 2010).

La reforma del impuesto a la propiedad comenzó en Belo Horizonte mediante una revisión de la base impositiva, con la doble intención de eliminar las distorsiones creadas por el modelo anticuado e introducir una nueva cultura fiscal que apoyaría un proceso permanente de actualización de las valuaciones inmobiliarias con el fin de reflejar las variaciones del mercado.

La necesidad de obtener ingresos adicionales, sumada a la experiencia de la crisis financiera del año 2009, también influenciaron las decisiones tomadas por el alcalde. Las subsecuentes reducciones en la actividad económica y en las transferencias federales convencieron al gobierno municipal de que se debían establecer condiciones financieras más sustentables para poder mantener la autonomía administrativa. El primer paso en el camino para actualizar la base impositiva del IPTU fue intensificar la utilización de este impuesto y convencer a los legisladores acerca de esta necesidad.

A la hora de elaborar una estrategia para la reforma tributaria, el gobierno municipal llegó a la conclusión de que el cambio no podría presentarse simplemente como una revisión de la valuación de las propiedades debido a la necesidad de aumentar la recaudación. También debería incluir otros aspectos, tales como medidas para mitigar el impacto del aumento impositivo y brindar incentivos para que los contribuyentes cumplieran con el pago del impuesto. Smolka y De Cesare (2009) mencionan que, a pesar de la precisión de las estimaciones de las valuaciones, si el ajuste provoca grandes diferencias en el monto de impuestos a pagar, se generará una reacción por parte de los contribuyentes que se verían sustantivamente recargados. En este caso, deberían ofrecerse planes para aliviar dicho impacto.

El proceso legislativo

Una vez diseñada la reforma e identificadas sus virtudes y vulnerabilidades, el proyecto fue remitido, primero, al concejo deliberante municipal, con el fin de mantener el enfoque en aquellas personas facultadas para votar y aprobar el proyecto de ley. Es un error común buscar el apoyo popular antes o durante el proceso de votación, ya que el poder ejecutivo, por lo general, pierde la batalla si intenta actuar en dos frentes al mismo tiempo.

Los procesos de votación en el caso del IPTU se establecen mediante ley municipal. No obstante, poseer un conocimiento profundo del proceso legislativo es muy necesario y, muchas veces, resulta un as bajo la manga. En Belo Horizonte, resultaba muy importante evitar tanto un proceso prolongado que pudiera dar lugar a un debate extendido como un proceso demasiado breve, ya que cualquier hecho inesperado podría posponer la votación indefinidamente.

Una vez presentados a los legisladores, se aclararon completamente todos los puntos del proyecto de reforma tributaria. Cada uno de los aspectos, tanto positivos como negativos, se debatió en el concejo, y por supuesto los aspectos favorables fueron siempre antepuestos a cualquier debilidad apuntada. Los legisladores deben escudarse ante las dudas que siempre se les plantean, además de estar constantemente bien informados y comprometidos con los criterios de justicia tributaria inherentes al proyecto. Este es el papel principal que desempeña el representante del alcalde, un miembro clave del grupo principal que implementó la reforma. Tal y como se preveía, a fines de noviembre de 2009 se aprobó el proyecto en su segunda y última ronda.

El debate legislativo acerca del proyecto de ley fue tanto un fin en sí mismo como una preparación para la presentación pública del proyecto. Durante el proceso de aprobación legislativa, se generaron muchas expectativas en cuanto a la reforma, particularmente por parte de la prensa. A partir de ese momento, la estrategia consistió en promover todos los beneficios del nuevo sistema de valuación y recaudación del IPTU, con el fin de eliminar todo motivo de temor hasta que verdaderamente llegara el proyecto de ley tributaria en enero de 2010.

La campaña de información pública

Los principales instrumentos utilizados para presentar la reforma al público consistieron en el lanzamiento de una campaña de información pública y el establecimiento de mesas de información en toda la ciudad para responder a las preguntas de los ciudadanos. La siguiente fase fue implementar las medidas destinadas a mitigar el impacto de la reforma y brindar incentivos para que los contribuyentes cumplieran con el pago del impuesto.

Durante la campaña, la administración hizo hincapié en el mensaje de que toda la recaudación derivada del IPTU se utiliza en obras que transforman las vidas de las personas. El objetivo de este mensaje era hacer concretos y visibles los beneficios del IPTU, lo que logró ser una forma eficiente de demostrar a los ciudadanos la importancia práctica de este impuesto para el desarrollo de la ciudad y para el bienestar de sus habitantes. Este mensaje se repitió frecuentemente.

En enero de 2010 funcionaban diez mesas de asistencia al contribuyente en diferentes partes de la ciudad. Cerca de 200 empleados municipales participaron en forma directa prestando asistencia a más de 20.000 consultas personales de los contribuyentes, de las cuales el 26 por ciento consistieron en solicitudes de revisión del proyecto de ley tributaria. Este porcentaje resultó mayor que en el año 2009, aunque mucho menor que las expectativas pesimistas que pronosticaban una avalancha de reclamos (ver figura 1 en anexo).

La estrategia general consistía en determinar en qué medida podía controlarse la situación, lo que implicó implementar una estructura tributaria compatible con el nivel de reclamos esperado. La elaboración de dicha estructura requiere una previsión y atención extraordinarias para calmar al contribuyente y concentrar su atención en lo que realmente es importante: el cálculo correcto del impuesto y su pago dentro del plazo establecido por ley.

Sin embargo, una buena estructura tributaria no resulta suficiente. Otro aspecto importante es la capacitación del personal para brindar servicios a los contribuyentes. Una atención confiable, calma y rápida evita arruinar la calidad del proceso, la revisión de la base impositiva y las nuevas políticas tributarias. Un buen servicio al contribuyente también reduce los riesgos políticos derivados de la actualización periódica de las valuaciones inmobiliarias.

La gestión del proceso

Entre las lecciones útiles que podemos extraer del proceso de reforma tributaria en Belo Horizonte, destacamos la importancia de evitar la actualización de la base impositiva solamente en tiempos de crisis financiera con el fin de aumentar la recaudación, ya que esto socava el trabajo de establecer prácticas de valuación correctas. En cambio, resulta aconsejable adoptar y mantener una política permanente de actualización que garantice la equidad.

En segundo lugar, debería hacerse hincapié en la equidad del proceso de revaluación, en vista de un mercado tan cambiante que impone variaciones de precios que requieren ajustes impositivos. Los impuestos sobre el consumo no discriminan en cuanto a la situación económica del contribuyente y poseen un efecto regresivo, mientras que el IPTU permite aplicar alícuotas progresivas, por lo que ayuda a mejorar el nivel de equidad que, a su vez, fomenta el acceso a la vivienda, contribuye a la autonomía municipal y conduce a una planificación eficiente de la ciudad. En lugar de depender principalmente de los impuestos indirectos o de las transferencias federales, el municipio que utiliza el impuesto a la propiedad en forma eficiente puede reducir las desigualdades sociales y ordenar los espacios urbanos con mayor efectividad, a la vez que evita las especulaciones y ayuda a preservar el medio ambiente (IPEA 2009).

Un tercer punto importante consiste en establecer canales claros para debatir sobre el plan de reforma. Preferiblemente, las medidas en cuanto a las políticas deberían ser tomadas por un representante confiable del alcalde, autorizado para negociar en su nombre mediante un proceso democrático y colectivo. Belo Horizonte estableció un grupo principal al frente del cual se designó a una persona encargada de coordinar qué tipo de información se divulgaría y de qué manera se debatiría con el público.

Si el proceso no se comprende cabalmente, puede generarse una resistencia insuperable, lo que pondría en peligro todo el proyecto. Así, uno de los factores claves consiste en tener un agente de prensa que esté bien informado y que sea capaz de tratar con las críticas y preguntas que seguramente deberá enfrentar, así como también un técnico que conozca bien el proyecto de reforma y pueda ofrecer las explicaciones que requieran los diferentes protagonistas involucrados en el proceso.

Medidas de exención del impuesto a la propiedad

Belo Horizonte logró su objetivo mediante los argumentos de justicia y autonomía administrativa, que culminaron en la aprobación de una revisión completa del sistema del impuesto a la propiedad, el cual incluyó las siguientes medidas de exención:

• Reducciones de las alícuotas impositivas: Estas reducciones se introdujeron después de haber actualizado la base impositiva con el fin de evitar una carga tributaria que excediera la capacidad de pago del contribuyente.
• Ajuste del impuesto progresivo: La ciudad también introdujo categorías graduadas de al impositivas que concordaran con los valores inmobiliarios. Con esto, se reemplazó en forma efectiva lo que había sido, en la práctica, una tasa impositiva única.
• Expansión del umbral de valor de exención: Esta medida corregiría la situación que se da cuando, en un mercado inmobiliario dinámico, muchas propiedades antiguas o aquellas propiedades cuyos propietarios tienen bajos ingresos no se incluyen en la categoría de exención del IPTU una vez que se realiza la revaluación. Con el fin de evitar esta situación, se elevó el umbral para los valores inmobiliarios que se encuentran exentos del impuesto.
• Extensión del impacto de la reforma a lo largo de dos ejercicios fiscales: Aun en el caso de aquellos contribuyentes que poseen capacidad de pago, el aumento del IPTU podría generar un desequilibrio en sus presupuestos personales debido a otros compromisos financieros que pudieran haber contraído. Por lo tanto, la ciudad permitió el pago de la mitad del aumento en el año 2010 y el monto completo en 2011.
• Pago diferido: Ciertas circunstancias especiales, tales como el desempleo, una enfermedad o una deuda anterior, pueden afectar la capacidad de pago del impuesto a la propiedad por parte de un contribuyente. La reforma estableció que todo contribuyente que demuestre estar atravesando por condiciones críticas podría solicitar el aplazamiento del pago de una parte del impuesto hasta el año 2013.
• Creación de programas de descuento: Uno de los objetivos de la reforma tributaria en Belo Horizonte fue convertir al IPTU en un impuesto que promoviera la redistribución de ingresos y contribuyera a una mayor calidad de vida urbana. Por lo tanto, la ciudad ofrece descuentos impositivos a cambio de la participación de los ciudadanos en los programas sociales, educativos, de salud y de desarrollo económico que promueven el desarrollo de la ciudad.
• Descuentos por pago adelantado: El IPTU anual en Belo Horizonte puede abonarse en once cuotas iguales que vencen el día 15 de cada mes entre febrero y diciembre. Los contribuyentes que paguen un mínimo de dos cuotas hasta el 20 de enero reciben un descuento del 7 por ciento en concepto de pago por adelantado. Según los antecedentes, una gran cantidad de contribuyentes optan por esta alternativa. Dichos pagos por adelantado garantizan al municipio un fondo de ingresos suficiente para cumplir con los compromisos financieros al comienzo del ejercicio fiscal, que se computa de enero a diciembre de cada año.

Evaluación de los resultados

La fase final de la reforma consiste en verificar los resultados. En Belo Horizonte, los resultados de dicha evaluación confirmaron el éxito de todo el proceso de planificación e implementación, a la vez que representa una fuente de información para las mejoras que deban realizarse en el futuro. Este éxito puede medirse, en parte, observando el aumento en los pagos del impuesto por adelantado, lo que ilustra la aceptación del modelo por parte de los contribuyentes. En la tabla 3 (en anexo) se comparan los aumentos en varias medidas desde 2009 hasta 2010. En la tabla 4 (en anexo) se comparan los aumentos en la recaudación del IPTU durante los primeros seis meses de cada uno de estos dos años.

No obstante, los logros mencionados podrían perderse a largo plazo si no se cumplen ciertas condiciones. Una de dichas condiciones consiste en institucionalizar la actualización periódica de los valores inmobiliarios utilizados para calcular el impuesto a la propiedad. Esta tarea resulta crítica, ya que la planificación estratégica utilizada en esta reforma tuvo como motivo principal precisamente el extenso período durante el cual el mapa de valores del suelo de Belo Horizonte se mantuvo sin modificaciones, lo que generó discrepancias con los precios reales del mercado y agotó los ingresos municipales.

La segunda condición consiste en crear mecanismos que garanticen la calidad técnica de las valuaciones impositivas y, a la vez, liberen al gobierno municipal de la carga política que supone realizar las actualizaciones necesarias. El objetivo es convertir al procedimiento de actualización tributaria en una obligación legal de naturaleza técnica en lugar de considerarlo una decisión política.

Otra de las opciones que consideraron fue la creación de un comité de valuación que realizara valuaciones colectivas coordinadas por las autoridades municipales. Dicho comité estaría formado por colaboradores de distintas entidades que forman parte del mercado inmobiliario, tales como agentes inmobiliarios, constructores, valuadores privados o entidades financieras. Esta medida ayudaría a apaciguar las connotaciones políticas que impregnan el sistema del impuesto a la propiedad y a desarrollar programas de revaluación inmobiliaria que dependan de los participantes del mercado en lugar de los críticos.

La exitosa experiencia de Belo Horizonte, aunque deja lugar para mejoras, puede servir de referencia para otras ciudades que deseen actualizar sus catastros inmobiliarios y sus pautas para realizar valuaciones colectivas. En la tabla 5 se delinean algunas de las cuestiones que deberán tenerse en cuenta hacia este fin.

Referencias

Afonso, José y otros. 2010. “The urban property tax (IPTU) in Brazil”. Informe de investigación sin publicar. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Carvalho Júnior, Pedro Humberto Bruno de. 2010. “Defasagens na cobrança de IPTU”. En Desafios do Desenvolvimento 61 (enero / febrero): 32.

De Cesare, Claudia M. 2010. “Overview of the property tax in Latin America”. Documento de trabajo. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

IPEA (Instituto de Investigación sobre Economía Aplicada). 2009. https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/090827_com… (27 de agosto).

Smolka, Martim y Claudia De Cesare. 2009. “Necessária, revisão requer transparência”. En Folha de São Paulo, 14 de octubre.

Sobre el autor

Omar Pinto Domingos obtuvo su título en derecho en la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y su título de postgrado en administración de impuestos municipales en el Centro de Especialización en Derecho, asociado a la Universidad Gama Filho. Domingos es auditor fiscal y gerente de impuesto inmobiliario en la Municipalidad de Belo Horizonte y ha participado en varias comisiones de reforma tributaria. Asimismo, es conferencista regular sobre temas fiscales y tributarios en los cursos patrocinados por el Programa para América Latina y el Caribe del Instituto Lincoln. El presente artículo se extrajo de su presentación en un seminario realizado en Curitiba en mayo de 2010, patrocinado en conjunto con el Ministerio de Ciudades de Brasil.

Se agradece a Mario Collado por su ayuda con la traducción de este artículo.

The recent recession has been recognized as the worst in memory, and its effects are still being felt. Less well understood is the fact that this recession has been far worse for state governments than the drop in gross domestic product (GDP) would suggest. While state government finances have stopped falling off a cliff, they are closer to the bottom of that cliff than the top. Tax receipts have not returned to their pre-recession levels, and new revenue demands may overwhelm any interim improvements in collections. Even if states can avoid these challenges, it will be a long, slow road to fiscal recovery, with several large risks along the way.

State and local governments play a major role in the economy and in our daily lives. They finance more than 90 percent of K-12 education and deliver virtually all of it. Public colleges and universities educate three-quarters of students enrolled in degree-granting institutions. State and local governments oversee, design, and build more than 90 percent of the nation’s public infrastructure. They finance much of the nation’s social safety net and implement much of it as well. In fact, state and local governments spend more on direct implementation of domestic policy than does the federal government.

The services financed and delivered by state and local governments tend to have stable and generally rising demand. When a recession hits, there is no reduction in the numbers of children in school or elderly people in nursing homes—two of the most important spending areas for state and local governments—or in the numbers of fires or crimes. For programs such as Medicaid and higher education, for example, demand for the kinds of services that state and local governments provide typically rises during recessions. Unless and until states can fix their revenue structures or develop adequate reserves, public policy will continue to gyrate with every turn in the economy.

Decline in State Tax Collections

The Great Recession that started in December 2007 was the deepest and longest recession since the Great Depression of the 1930s. The unemployment rate rose to 10.1 percent and has remained stubbornly high, falling only to 9.1 percent after two years of recovery. State tax collections plummeted, falling for five consecutive quarters beginning in the fourth quarter of 2008 and continuing through 2009. Tax revenue fell by a dizzying 16.8 percent in the second quarter of 2009, and over the next several years it declined further and more sharply than it had in any other recession since World War II (figure 1).

The recent drop in GDP has been significant in comparison to past recessions, but the declines in taxable consumption and personal income, two components that typically constitute the tax bases of state and local government, have been far worse. Taxable consumption fell by about 11 percent, while GDP fell by about 5 percent. Taxable components of personal income also fell much more sharply than the overall economy and still languish more than 5 percent below the pre-recession peak, reflecting the jobless recovery.

Even though this has been the worst post-war recession by traditional economic measures, these measures do not tell the whole story. Capital gains, an important component of state tax bases, are not included in personal income as measured in the nation’s economic accounts. These gains have increased in importance and are a major cause of increased volatility in state finances. Capital gains fell by more than 55 percent, driving down tax collections in the final quarter of the 2009 fiscal year, when tax returns reflecting the 2008 stock market collapse were filed.

The net result of these and other forces was huge declines in state income, sales, and corporate taxes. Figure 2 shows that annual income taxes fell by more than 15 percent in inflation-adjusted terms, sales taxes fell by more than 10 percent, and corporate income taxes fell by more than 25 percent. Property taxes, which are crucial to local governments but generally not a significant revenue source for states, remained quite stable through much of the period, although they are beginning to weaken and in some parts of the country have fallen significantly.

A Slow Recovery

The recession ended in June 2009 and the economy has been recovering slowly. State tax collections grew in each quarter of calendar year 2010, and the character of that growth has improved over time. In the first two quarters of 2010, increased tax rates more than offset declines caused by the weak underlying economy, but in the last two quarters tax revenue growth was driven primarily by the improving economy. By the fourth quarter, tax revenue grew by 7.8 percent, but even with-out tax rate increases it would have grown by 7.0 percent. Tax revenue in the January–March 2011 quarter grew 9.3 percent compared to the previous year, and 21 states had double-digit growth. Preliminary data for the April–June quarter show tax revenue up 11.4 percent.

Inflation-adjusted state tax revenue for the nation as a whole in the latest four quarters (ending in the first quarter of calendar year 2011) was 7.7 percent below the peak attained in 2007. The heady growth in the first two quarters of 2011 probably cannot be sustained because much of it appears to have been driven by stock market gains in tax year 2010, boosting income tax returns in the second quarter. Those gains almost certainly will not be repeated in 2011.

In addition, turmoil in European debt markets and the recent Standard & Poor’s downgrade of U.S. long-term debt have contributed to fears of a double-dip recession. There are indications that economic growth will be slower than most states have assumed in their current budgets. States are closer to the bottom of the cliff than the top, and are at risk of falling back down. Meanwhile, there are some signs that local government tax revenue also is beginning to weaken.

While tax revenues are now growing in most states compared to the last year’s low collection rates, they have not reached the levels prior to the recession. After adjusting for inflation, tax revenues for the latest four quarters are below the calendar year 2007 level in 43 states, and revenues are 10 percent or more below that level in 20 of those states. Among the seven states showing a positive shift in revenue collection, only Oregon (8.9 percent), Delaware (13 percent), and North Dakota (62.9 percent) are at levels above 2 percent.

State and Local Government Responses

States hit by falling revenue also face rising entitlement costs driven in large part by Medicaid enrollment, which typically increases after unemployed workers exhaust health insurance benefits. According to the National Association of State Budget Officers (2011, ix), Medicaid enrollment rose by 8.1 percent in fiscal year 2010, and by an estimated 5.4 percent in fiscal year 2011; states project a further increase of 3.8 percent in fiscal year 2012. These and other types of required expenditures cause further stress in the day-to-day operations of state and local governments.

It is difficult to measure the impact of spending cuts on state and local programs, but changes in state and local government employment can be tracked. Although private sector employment fell sharply from the beginning of the recession, state and local government employment continued to rise modestly for about a year and a half. Shortly before private sector employment reached its nadir, state and local government employment began to decline, and states and localities have been cutting employment aggressively. Local government employment is now about 3 percent below its peak, and state government employment is about 2 percent below its peak.

Education employment in most states is related primarily to higher education—community colleges, four-year colleges, and universities—although some is related to the administrative bureaucracy for elementary and secondary education, and in some states it includes part of the K-12 workforce. State government education employment has continued to rise significantly throughout the recession and recovery, reflecting in part the increased demand for higher education that usually comes with recessions (figure 3). When jobs are hard to find, many people choose to build skills and knowledge by entering an education program or extending their time in school (Betts and McFarland 1995).

Meanwhile, state governments have been cutting noneducation employment at an accelerating pace, so that it is now down almost 5 percent from its mid-2008 peak, nearly comparable to the current, slightly recovered condition for private sector employment. In each of the nine previous recessions, state government noneducation employment either did not decline at all or it declined by much less, as was the case in the 2001 recession.

Figure 4 shows the same employment data for local governments, which are being hit increasingly hard by slowing property taxes and cuts in state aid. Education employment is now down about 3.5 percent from its late-2008 peak, and the noneducation sector is down about the same percentage from its peak. There are no signs that these cuts are slowing, and little reason to believe they will abate in the near term.

Continuing Fiscal Pressures

The recent improvement in state tax revenue is welcome, but many challenges remain. States still face fiscal trouble for four main reasons. First, total revenue remains well below its peak. Second, the recession has had lagged fiscal effects, driving up the demand for many government services, especially Medicaid, other safety net programs, and higher education. The recession also has created other pressures and problems for states by depleting unemployment insurance trust funds, which may lead to higher unemployment insurances taxes in order to repay federal loans.

Third, state cyclical adjustments are not yet complete because they must contend with losses in both federal stimulus aid of more than $50 billion in fiscal year 2011–12 and the fact that temporary revenue measures put in place in response to the recession will expire soon. Fourth, even after this cycle is fully stabilized, states will have to contend with large increases in pension contributions and payments for retiree health care—a pressure that is likely to build for years to come for several reasons, including: increasing numbers of retirements by an aging workforce; the likelihood that health care costs will continue to rise more quickly than the overall rate of economic growth (Keehan et al. 2011); and, in the case of some pension systems and most retiree health plans, years of chronic underfunding.

States finance these services with unstable revenue sources, and tax revenue has become much less dependable over the last two decades, reflecting in large part the increasing role of volatile capital gains taxes. Unless and until states broaden their tax bases to make their revenue structures less volatile, or develop adequate reserves, public policy will continue to gyrate with every turn in the economy.

About the Author

Donald Boyd is the executive director of the national Task Force on the State Budget Crisis, co-chaired by former Federal Reserve Board chairman Paul Volcker and former New York lieutenant governor Richard Ravitch. Boyd is currently on leave from his responsibilities as senior fellow at the Rockefeller Institute of Government, where he conducts research on state and local government fiscal issues.

References

Betts, Julian R., and Laurel L. McFarland. 1995. Safe port in a storm: The impact of labor market conditions on community college enrollments. Journal of Human Resources 30(4):741–765.

Boyd, Donald. 2011. Recession, recovery, and state and local finances. Working Paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Keehan, Sean P., Andrea M. Sisko, Christopher J. Truffer, John A. Poisal, Gigi A. Cuckler, Andrew J. Madison, Joseph M. Lizonitz, and Sheila D. Smith. 2011. National health spending projections through 2020: Economic recovery and reform drive faster spending growth. Health Affairs 30(8): 1594–1605.

National Association of State Budget Officers. 2011. The fiscal survey of states. Washington, DC. http://nasbo.org/Publications/FiscalSurvey/tabid/65/Default.aspx

The United States is emerging from a great recession whose major hallmark has been the collapse of national housing prices, which grew by 59 percent from 2000 to 2006 and then fell 41 percent by 2011, all in constant dollars. Nationally, real house prices in 2011 were 6 percent below levels in 2000. The housing price collapse had unanticipated contagion effects that helped produce the accompanying financial crisis and the most severe economic downturn since the Great Depression. The share of U.S. mortgages that were delinquent by 90 days or more rose from about 1 percent in 2006 to over 8 percent in 2010. The economic and social costs of this house price bubble and subsequent collapse have been immense.

The benefits of preventing future house price bubbles is obviously great, but realizing such benefits will require that policy makers learn to detect price bubbles as they are forming and then implement policies that will attenuate or mitigate them. A recent Lincoln Institute policy focus report, Preventing House Price Bubbles: Lessons from the 2006–2012 Bust, by James Follain and Seth Giertz, addresses the challenges of diagnosing and treating price bubbles in the real estate market. Their report builds on extensive statistical analysis available in several Lincoln Institute working papers.

While it is common to summarize the recent housing market bust using national indicators (as in the first paragraph above), these national indicators don’t account for great variations in both the levels and changes in housing prices across metropolitan areas. For example, from 1978 to 2011, constant dollar housing prices in Dallas, Texas and Omaha, Nebraska varied by less than 20 percent from their 1978 levels; those in Stockton, California nearly tripled from 1978 to 2006, but by 2011 fell back to their 1978 levels. Local housing markets are all influenced by national economic and financial policies and conditions, but these large differences across metropolitan markets indicate that local conditions play a very important role as well.

A key element of the statistical work by Follain and Giertz is to use metropolitan housing markets as the unit of observation for their analyses, which are based on annual data (for 1980 to 2010) and quarterly data (for 1990 to 2010) for up to 380 metropolitan areas. Their econometric work indicates that house price bubbles can be detected across metropolitan areas and that price changes and the accompanying credit risk vary greatly in size. Stress tests, such as those used to evaluate mortgage credit risk, can be useful indicators of potential price bubbles at the metropolitan level.

Because the levels and changes in housing prices vary greatly across metropolitan areas—with bubble-like price increases in some and essentially stable prices in others—Follain and Giertz conclude that policy measures to mitigate housing bubbles should be tailored to target metropolitan areas or regions rather than be applied uniformly across all metropolitan areas at the national level. Thus monetary policy would be an unattractive intervention to counter house price increases in a few metropolitan areas, because it would affect financing terms across both frothy and stable housing markets. Instead, Follain and Giertz favor policy interventions that would target those metropolitan areas with high price increases. The policy they advance would raise the capital reserve ratio that banks are required to hold against mortgages that they finance in those areas. Such countercyclical capital policies would both dampen house price increases and strengthen the reserves of the issuing banks, improving their ability to withstand any unexpected financial shocks.

Applying prudential housing market policies at the metro-politan level seems to be an obvious thing to do; so why has it not been done before? A major part of the answer is that housing market analysis is benefitting from a revolution in the availability of spatially disaggregated data at the metropolitan, county, and even zip code level. The data required to inform policy interventions targeted at the metropolitan level have only recently become widely available, and such data underpin the empirical work carried out by Follain and Giertz. For more information on their analysis, see http://www.lincolninst.edu/pubs/2245_Preventing-House-Price-Bubbles.