En el Instituto Lincoln ya estamos en el sector de políticas de suelo desde hace un tiempo largo. Un par de años atrás celebramos el 75.º aniversario de este emprendimiento que se inició como la Fundación Lincoln y evolucionó hasta convertirse en el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. El año que viene celebraremos el 50.º aniversario de la fundación del Instituto Lincoln propiamente dicho, la “pequeña escuela roja” inicial constituida por David Lincoln en 1974. El instituto se creó para ofrecer capacitaciones y realizar investigaciones sin intermediarios, en lugar de invertir esfuerzos efímeros para perseguir a las universidades a fin de que incorporen la formación e investigación en políticas de suelo en sus planes de estudio. Sé que David estaría muy emocionado por el hecho de que en nuestro 50.º aniversario tenemos pensado incorporar el primer Máster en Políticas de Suelo (Masters in Land Policy, MLP) disponible en los Estados Unidos, gracias a nuestra afiliación con la Claremont Lincoln University, que se formalizó hace poco.

Durante varias décadas, hemos consolidado un cuerpo extraordinario de académicos que presentarán el programa del MLP con un contenido singular. El estudiantado aprenderá sobre las herramientas nuevas que puede usar para abordar desafíos mundiales apremiantes, como la crisis climática, las extinciones masivas o la falta de solvencia financiera pública. También aprenderá cómo la planificación del uso del suelo puede ayudar a minimizar el impacto climático de las ciudades o colaborar en la descarbonización de las redes eléctricas; cómo conservar, para la perpetuidad, las posesiones privadas de suelo que conectan las tierras protegidas por el estado, al apoyar la creación de los grandes hábitats necesarios para la supervivencia de las especies en extinción; o cómo movilizar la renta que proviene del suelo para respaldar las operaciones de los gobiernos locales y nacionales.

Pero, por mucho que sepamos sobre políticas de suelo, algunos elementos fundamentales se nos siguen escapando. Por ejemplo, si bien sabemos que el valor del suelo se determina según una multiplicidad de factores (y que las acciones públicas, como las inversiones en infraestructura y las reformas de zonificación tienen una influencia importante sobre los precios del suelo), aún resulta embarazosamente difícil predecir los valores del suelo con algún grado de precisión. Dicho esto, puedo afirmar con confianza que el Instituto Lincoln sabe tanto sobre los factores determinantes del valor del suelo como cualquier otra persona del planeta. Todos los años aprendemos un poco más sobre cómo medir y predecir los precios del suelo con mayor exactitud. Las tecnologías nuevas son un gran aliado en el proceso de descubrimiento de nuevos métodos para determinar los valores del suelo. La tecnología está acelerando todos los avances en las economías del suelo. Estense atentos.

Por increíble que parezca, existe una brecha incluso más embarazosa y más fundamental en nuestra habilidad para hablar sobre las políticas de suelo. Recientemente, durante una revisión habitual de la misión y la visión del Instituto Lincoln en una reunión de la junta directiva, debimos enfrentar el hecho alarmante de no tener una definición adecuada del término “políticas de suelo”. Esto genera graves problemas para la comunicación y la estrategia de marca. Si bien “suelo” y “política” evocan asociaciones para nuestras audiencias casi de inmediato, combinadas siempre resultan un dolor de cabeza y generan confusión.

Tengo que lidiar con este desafío de comunicación desde que llegué al Instituto Lincoln nueve años atrás. El desafío es particularmente difícil en las bodas y vacaciones cuando familiares o amigos me preguntan a qué me dedico. La conversación suele darse de la siguiente forma:

“Mac, ¿en qué estás trabajando ahora?”

“Dirijo un think-tank de políticas de suelo en Cambridge”.

“¿Y qué hacen?”

“Encomendamos investigaciones, brindamos capacitaciones y ayudamos a los gobiernos a aplicar políticas de suelo para abordar asuntos como la crisis de vivienda asequible, o los ayudamos a prepararse para el cambio climático”.

“¿Qué significa políticas de suelo?”

“Serían las reglas del juego que definen la relación entre las personas y los lugares”.

“¿Eh?”

“Es la forma en la que reconciliamos los intereses en la propiedad de los bienes inmobiliarios con nuestra necesidad de gestionarla para el bien público”.

“¿Te refieres a la zonificación?”

“Claro, pero es más que zonificación. Son muchas cosas. Es el uso generalizado de las servidumbres de conservación para preservar el suelo privado y ayudar a las especies en extinción o capturar carbono. Es la coordinación de la planificación del uso del suelo y la gestión del agua para que todas las comunidades puedan sobrevivir en el sudoeste árido. Es ayudar a los gobiernos a movilizar la renta del suelo para financiar escuelas y arreglar rutas. Es usar la detección remota para identificar qué personas están en riesgo ante el aumento del nivel del mar y encontrar nuevos lugares donde puedan vivir. Es ayudar a las ciudades del mundo en desarrollo a gestionar los asentamientos informales que las asfixian. Es ayudar a las nuevas coaliciones cívicas a invertir en el suelo y la vivienda de forma inteligente para mejorar los resultados de la salud comunitaria. Es descifrar formas automatizadas para que los valuadores de impuestos estimen los valores de los bienes inmobiliarios para las facturas de cobro”.

“Es muy complejo. ¿No puedes describir las políticas de suelo de manera más simple, como si me las tuvieras que vender?”

“Nos suelen faltar argumentos”.

Por alguna razón, a las personas les resulta más fácil entender las profesiones relacionadas con la no proliferación nuclear o los anticuerpos monoclonales que las políticas de suelo. Sin embargo, si hay algo que la junta y la gestión del Instituto Lincoln saben hacer, es resolver problemas. Decidimos enfocar nuestro intelecto colectivo en forjar una explicación simple de políticas de suelo. Tras un día y medio sin ningún indicio de progreso, decidimos hacer lo que haría cualquier estudiante universitario con un bloqueo para escribir una tarea: preguntarle a la inteligencia artificial. Pero en lugar de empezar por una descripción sencilla tipo argumento de venta, decidimos convocar a la mayor autoridad de la lengua inglesa. Le pedimos al ChatGPT que escribiera un soneto sobre políticas de suelo con el estilo de William Shakespeare.

Quince segundos más tarde, obtuvimos algo sorprendente y aterrador:

En campos lozanos donde el trigo se alza
y cosechas abundantes traen riqueza sin par,
solemos olvidar de aquellos con desdicha y afán,
quienes luchan por un rayo de luz en su andanza.

Mas la tierra es más que suelo y crecer el grano,
es donde se alzan hogares y se forja el amor.
Su uso y custodia cargan con un valor,
que no se puede dejar en manos de lo insano.

No avancemos con prisa y codicia sin mesura,
pensemos en los demás, sus necesidades iguales,
y dejemos que el suelo provea a quien lo procura.

Cuando equilibremos el uso y el resguardo con tino,
veremos que la tierra florece justa y noble,
y todos prosperarán en su abrazo divino.

Este soneto es un argumento de venta para la eternidad. Con mucho ingenio y de forma concisa describe el desafío de reconciliar los intereses individuales con las necesidades colectivas. Además, en pocas palabras, aborda la sostenibilidad haciendo referencia a la economía (riqueza sin par), la equidad (los demás y sus necesidades iguales) y el medioambiente (el equilibrio entre el uso y el resguardo). Captura la misión del Instituto Lincoln con una sutiliza y una creatividad que yo jamás habría logrado.

No obstante, el soneto tiene un estilo shakespeariano, por ende, resulta un tanto inaccesible para la mayoría de los mortales. Así que, mientras escribía esta columna, le pedí al ChatGPT que me diera su explicación más simple de “políticas de suelo”. Esto es lo que obtuve:

Las políticas de suelo se refieren a las normas y regulaciones que rigen el uso, la propiedad y la gestión del suelo. Implican una toma decisiones sobre cómo debe utilizarse el suelo, quién debe tener acceso a él y qué actividades se permiten en él. Las políticas de suelo pueden concernir una amplia gama de temas, desde la urbanización y la conservación medioambiental hasta los derechos de propiedad y la equidad social. Su objetivo es equilibrar los intereses de diferentes partes interesadas y garantizar que el suelo se utilice de maneras que beneficien a toda la sociedad.

Sí, un gran argumento de venta. Mi ludita interior quiere prohibir el uso de estas máquinas demoníacas.

Por otro lado, este es un claro ejemplo de cómo la tecnología acelera nuestros avances lingüísticos en políticas de suelo del mismo modo que impulsa nuestra habilidad para calcular y predecir el valor del suelo. Pero, para acelerar nuestro progreso, es necesario que sigamos avanzando desde aquí. Quizás el soneto y el argumento de venta del bot no son perfectos. Quizás las personas podemos hacerlo mejor. Así que les delego este desafío, mis queridos lectores: yo ya les compartí mi definición de “políticas de suelo”. Compártannos las suyas, siguiendo las pautas a continuación. Daré a conocer las que más me gusten en la próxima columna.

Entonces, ¿qué son exactamente las políticas de suelo?

Envíenos su mejor explicación, en poesía o en prosa, a publications@lincolninst.edu. Las postulaciones no deben exceder las 100 palabras ni realizarse con la ayuda de ChatGPT o cualquier otra herramienta similar. La persona que envíe la mejor respuesta* ganará el reconocimiento de la comunidad del sector de políticas de suelo, una mención en esta columna y la oportunidad de elegir cinco libros del catálogo del Instituto Lincoln.

*Según determinación de un panel compuesto por el presidente del Instituto Lincoln, George W. McCarthy

Imagen: El Bardo refleja las complejidades de las políticas de suelo. Crédito: claudiodivizia vía iStock/Getty Images Plus.

The Lincoln Institute of Land Policy is delighted to announce the addition of two new board members, land economics professor Tzuchin Lin and water policy expert Peter Culp.

“I am pleased that two luminaries in their respective fields have come forward to assist us as we continue to develop our strategic vision for the future,” said Kathryn J. Lincoln, board chair and chief investment officer for the Lincoln Institute. “Tzuchin Lin, a former David C. Lincoln Fellow, brings a depth of experience in land taxation and will provide a window into our work in Asia. One of the foremost experts on the nexus of land and water, Peter Culp brings valuable insight into this area of focus for the Lincoln Institute.”

Tzuchin Lin is professor of land economics and associate dean of the College of Social Sciences at National Chengchi University, Taiwan. He served as department chair from 2014 to 2017 and as the founding director of the Lab for Integrated Socio-Spatial Science and Information since 2020. His doctoral research was completed in 1999 at the University of Reading, England. In addition to his university teaching, Lin has been a lecturer since 2003 at the International Center for Land Policy Studies and Training (ICLPST) in Taiwan, a nonprofit organization jointly supported by the government of Taiwan and the Lincoln Institute of Land Policy. He and Dr. Chimei Lin from ICLPST were joint recipients of the David C. Lincoln Fellowship in Land Value Taxation in 2005. In the same year, he was acknowledged by the Ministry of the Interior, Taiwan with a special award for his contribution to Land Economics. He was a visiting professor at Helsinki University of Technology, Finland (2008, 2009) and at University of Bremen, Germany (2010), delivering a series of lectures on land economics and policies. He was also a contributor to a chapter on the split-rate property tax in Taiwan in the book Property Tax in Asia: Policy and Practice, published in 2022 by the Lincoln Institute. Lin’s primary teaching and research interest lies in the nature of land markets and associated policies.

Peter Culp is the managing partner and co-founder of Culp & Kelly, LLP, a specialty water and natural resources law and policy firm. Based in Phoenix, Arizona, he is a nationally recognized expert in Western water law and water policy. He has served on a variety of boards and commissions related to water and natural resource issues, including serving by repeated gubernatorial appointment to the Arizona Colorado River Advisory Commission and participating in a series of binational working groups under the U.S. Department of State, International Boundary and Water Commission. Culp has been twice awarded the Partners in Conservation Award by the U.S. Department of Interior and was a recipient of The Nature Conservancy of Arizona’s 2013 Outstanding Conservation Achievement Award and the Arizona Capitol Times Leader of the Year Award in Public Policy. Prior to founding Culp & Kelly, LLP, Peter was a partner in the Phoenix office of Squire Patton Boggs, LLP, where he managed the firm’s Western water and natural resources practice. Peter also worked as a law clerk in the Indian Resources Section of the U.S. Department of Justice, Environment and Natural Resources Division, and as in-house counsel for the Sonoran Institute, a nonprofit organization that works on land and water policy issues throughout the intermountain West. Prior to embarking on his legal career, Culp managed a nonprofit public health technology enterprise for C. Everett Koop, the former U.S. Surgeon General, managed forest fires in the Northern Rockies as part of an Incident Management Team, and drove long-haul refrigerated freight in the United States and Canada.

In addition to Kathryn J. Lincoln and the newly appointed members, the other members of the Lincoln Institute board of directors include Thomas M. Becker, president emeritus of the Chautauqua Institution; Jane Campbell, president and CEO at the U.S. Capitol Historical Society and former mayor of Cleveland; Lourdes Germán, assistant professor at the Boston College Carroll School of Management and Boston College Law School; Nancy Gibbs, Lombard director and professor of practice at the Shorenstein Center on Media, Politics, and Public Policy at the Harvard Kennedy School of Government; William R. Goodell, principal at Powderhorn Advisory Services, LLP; Bruce Lincoln, president of Innervizion Surf Company; John G. Lincoln III, former senior engineer at CH2M-Hill; George W. McCarthy, president and CEO of the Lincoln Institute of Land Policy; Constance Mitchell Ford, visiting professor at the Philip Merrill College of Journalism at the University of Maryland; Thomas Nechyba, professor of economics and public policy studies at Duke University; Kevyn Orr, partner with Jones Day; Timothy Renjilian, senior managing director for FTI Consulting; Scott Smith, former CEO of the Valley Metro Regional Public Transportation Authority and former mayor of Mesa, Arizona; and Adriana Soto, environmental policy and financing consultant based in Bogotá, Colombia.

Image: Tzuchin Lin, left, and Peter Culp, right. Credit: Courtesy photos.

It makes so much sense, at least on paper: A lasting shift in workplace norms has left many downtown office buildings half empty for much of the week, along with the surrounding delis, drugstores, and coffee shops that long relied on daily commuter dollars. As vacancies mount, commercial property values will drop, which could affect property tax revenues. Meanwhile, in the more residential neighborhoods outside of those drowsy downtown districts, a severe shortage of housing has pushed prices past tenable levels for homebuyers and renters alike.

So why not convert some of those empty offices into homes, creating much-needed new housing and bringing more people (and spending) downtown, while at the same time capturing the climate and sustainability benefits of building reuse and dense urban living?

That’s a question being raised in cities all over the world, as remote and hybrid work schedules evolve from exception to rule for a sizable portion of the workforce. But while office-to-residential adaptive reuse appears to be a promising solution, the reality is more complicated.

There’s No Going Back

More than half of American workers—some 70 million people—can perform their jobs remotely, according to a June 2022 Gallup analysis, and a mere 6 percent of them ever want to return to working full-time in an office; most say they would look for a different job if their employer forced the issue. Gallup forecasts that more than half of those remote-capable employees will work a hybrid schedule going forward, and 22 percent will work entirely offsite in the years to come.  

As remote and hybrid work arrangements become not just accepted but expected, companies are consolidating the amount of office space they lease while trying to make commuting worth the effort for employees. Often that translates to renting less square footage in a pricier building with new, high-end finishes and state-of-the-art amenities—what’s known in commercial real estate as “Class A” space.  

That leaves older, less attractive Class B or C offices—which comprise the majority of built workspace—struggling to find or keep tenants. Nationwide, the office vacancy rate surpassed 17 percent in the fourth quarter of 2022, up from 12.1 percent in late 2019, according to the commercial real estate company CBRE.  

It’s a trend that shows no signs of easing, and some cities are faring worse than others. CBRE estimated San Francisco’s commercial vacancy rate to be 27.3 percent at the end of 2022; it was just 4.8 percent before the pandemic. Phoenix finished the year with nearly 24 percent of its offices unleased, up from 14.4 percent in late 2019.  

And central business districts, in particular, are reeling. For the third straight quarter, downtown offices had higher vacancy levels (17.6 percent) than suburban ones (17.2 percent), flipping the historical trend. The vacancy rate for downtown office buildings was 10.2 percent in late 2019. 

In Denver’s Upper Downtown, the office vacancy rate was already increasing before the pandemic, and had reached 21 percent by mid-2022, says Laura E. Aldrete, executive director of Community Planning and Development. But city leaders are choosing to see it as an opportunity. “We have an affordable housing crisis integrated into that,” Aldrete says. “So how can we take two negatives and make it a positive?”  

Mixing It Up

Late in the pandemic, Aldrete noticed something as she walked around Querétaro City, Mexico: At a time when many American downtowns still felt eerily empty due to lingering office closures, Querétaro City was alive. Plenty of workplaces had shut down in Mexico, too, but the city center was still abuzz with people, including families with young children. “It’s a city from the 1500s that has a series of public realm plazas, with pedestrian-oriented streets and residential, office, and retail [spaces], and it was thriving,” Aldrete says.  

She saw a similar pattern emerging in sections of downtown Denver. The city’s central business district, Upper Downtown, is a throwback to the urban renewal era—concrete office buildings, one-way streets, parking lots—and has yet to wake up from its COVID-induced slumber. But Lower Downtown (“LoDo”), a historical, mixed-use neighborhood whose once-empty warehouses were converted to lofts and restaurants in the 1980s and ‘90s, stayed relatively active through the pandemic. So did the Union Station neighborhood, which experienced its own mixed-use renaissance in the past decade, with the high-profile renovation of the city’s train station sparking a greater focus on parks and mixed-income housing. “Today, in comparison to Upper Downtown, those two downtown neighborhoods continue to thrive,” Aldrete says.  

Even before the pandemic, Aldrete could see that Upper Downtown’s 9-to-5 vibe lacked the vitality 21st-century employers wanted. “Historically, all the banks, oil, and gas companies have scrambled to have their address on 17th Street,” Aldrete says—a stretch of Upper Downtown nicknamed “The Wall Street of the Rockies.” But when British Petroleum was looking for a regional headquarters seven years ago, the company bypassed 17th Street in favor of a Union Station location. Then COVID hit, “and it became very apparent that we did not have a neighborhood [in Upper Downtown] . . . no one was there,” she says. That raised the question: “How could we think about transforming our central business district to a central neighborhood district?”  

Denver is now piloting a program that will invite up to five property owners to work with the city to convert their underused office buildings into residences. Aldrete has encouraged the owners of the historical but half-vacant Petroleum Building, among others, to participate, since they already had plans to convert the office tower into more than 100 apartments; she hopes a few successful pilot projects can pave a path for others to follow. 

“In real estate, it’s the first ones who take the highest risk,” Aldrete says. “One of the roles city government can play is working with the private sector . . . how do we show up as good partners to move them through the process?”  

The neighborhood already has entertainment venues and perhaps the best transit access in the city, including buses and light rail, Aldrete says, but it lacks other amenities that would draw full-time residents—“the heart of any community.” So at the same time, Denver is working with community partners to find other ways of creating “a complete neighborhood” downtown, from attracting more childcare facilities, to increasing the tree canopy outside of residential conversions, to activating ground-floor retail spaces through programs like PopUp Denver, which provides local entrepreneurs a rent-free storefront for three months.  

Sustaining Downtown

Adaptive reuse presents logistical challenges, but also possibilities—including the potential to revive struggling downtowns and sustain them in a new way, says Amy Cotter, director of climate strategies at the Lincoln Institute of Land Policy. “There’s a lot of hand-wringing about the evolution of office space being a death knell for our city centers,” says Cotter, a former planner who focuses on urban policy and climate resilience. But converting excess workspace to housing offers the prospect of a 24/7 population keeping a city vibrant and economically healthy. “Just differently than when we had central business districts with a 9-to-5 daytime population and suburbanites commuting in,” she explains. 

The urban routines of the last few decades had become predictable and unsustainable, Cotter says: “During the day, you’ve got office workers parking and eating at restaurants, and then at night, you’ve got condo owners or apartment dwellers parking and eating out in restaurants,” she says. “Well—what if there wasn’t that switchover? What if it was the same population there, not only working, living, eating, and recreating in the same space, but not putting those miles on a car, and maybe even avoiding ownership of a car entirely?”  

That sounds a bit utopian, Cotter admits, and yet it’s not unrealistic. After all, adaptive reuse is nothing new. As domestic manufacturing waned in the late 20th century, vacant textile mills and factories in the Northeast and Midwest were repurposed into sought-after artist studios and residential lofts. Dwindling church attendance has given rise to converted condos with literal cathedral ceilings. And in Lower Manhattan, revitalization efforts that started in the mid-1990s and accelerated after 9/11 have led to roughly 20 million square feet of office space being converted into about 17,000 homes, according to a study published by New York City’s Office Adaptive Reuse Task Force in January.  

Repurposing a structure, instead of demolishing it and rebuilding, keeps carbon out of the atmosphere and construction waste out of landfills. The US generated 600 million tons of construction and demolition debris in 2018, according to the Environmental Protection Agency—more than double the amount of all our municipal solid waste—and 90 percent of it came from the demolition of existing buildings. Meanwhile, conventional building materials are extremely carbon-intensive; concrete and steel production each account for at least 8 percent of global greenhouse gas emissions. 

That’s why adaptive reuse “almost always offers environmental savings over demolition and new construction,” according to the National Trust for Historic Preservation Research and Policy Lab, which notes that it takes 20 to 30 years of high-efficiency operation for most new buildings to finally offset the initial climate impact of their construction. Keeping a building’s foundation and framing intact while giving its facade a face lift and updating its heating, cooling, insulation, and other systems has the added benefit of drastically improving the energy efficiency of the building’s operations, reducing energy consumption by up to 40 percent.   

It can also be economical. While office conversions can get complicated, says Robert Fuller, New York–based principal and studio director at the global architecture firm Gensler, “compared to demolishing and building brand new, they generally come in at a lower cost per unit than new construction would.” CBRE estimates the cost of retrofitting one office building to apartments in Alexandria, Virginia, would be $213 per square foot, compared to $275 per square foot if it were built new. The process can be quicker, too: Developers told the Urban Land Institute that reuse can shave six to 12 months off the construction timeline.  

Mid-Century Meh

What makes the present reuse movement more challenging than converting historic mills and churches is the type of office buildings that need to be converted. A lot of the commercial space sitting vacant now is in the unglamorous, blocky towers of the 1960s, ‘70s, and ‘80s.  

“They’re not really thought of as historic buildings just yet,” Fuller says. Along with aging systems, those mid-century monoliths often have sprawling, block-deep footprints, placing the core of the building upwards of 40 or 50 feet from the nearest (inoperable) window—and drab, unwelcoming facades.  

Many of the Lower Manhattan buildings that got converted after 9/11 were pre-war buildings with smaller floor plates and traditional framed window openings, Fuller says. “I don’t want to say they were easy conversions, but they made a lot of sense. Some of these 1960s and ‘70s buildings . . . definitely have their challenges.”  

Architects can still overcome those issues—it’s usually just a matter of financial feasibility. For example, Fuller says, “If the building has a large enough floorplate, you can actually create a lightwell down the center,” drawing daylight deep into the building core. 

Such space can be repurposed in other ways, too. When Gensler was converting Philadelphia’s Franklin Tower from offices to apartments a few years ago, the company decided to stack the building’s new amenities—including a Peloton cycle studio, fitness center, and theater—through the center of the building on different floors, making use of otherwise dead space deep within the building’s core. “Rather than doing one amenity floor, which is quite common in a residential building,” Fuller says, “you can imagine this vertical spine of amenities that runs up through the building.”  

Another challenge in adapting older office buildings is updating the curtain wall, or nonstructural exterior facade. This isn’t just to modernize the aesthetic and improve energy efficiency, but also to install operable windows, which most office buildings lack—and most cities require of residential units. 

Despite these barriers, unremarkable office buildings can still be a good foundation for attractive housing, offering enviable locations and luxurious structural features like high ceilings. A 12-foot floor-to-floor height isn’t considered Class A standard for modern office space, Fuller says, “but it’s very generous for a residential building.”  

To help cities identify potential reuse candidates, Gensler developed a proprietary scorecard that awards points for a building’s location, configuration, elevator service, and other factors. “It’s a way to kind of quickly look at a broad swath of buildings and identify the best contenders,” Fuller says—because not every vacant office tower will make a sensible conversion project.  

Only 10 of 84 buildings Gensler evaluated in Boston’s financial district, for example, ranked high enough to merit consideration as reuse targets. That may not sound like a lot. But even if most mid-century office towers don’t ultimately pencil out for residential reuse, converting just a few can create hundreds or even thousands of new homes in housing-starved cities. “Given the millions of square feet of underutilized office space, even a small percentage of that could really move the needle from a housing standpoint,” Fuller says.  

That’s one reason New York’s Office Adaptive Reuse Task Force is recommending 11 policy changes that would allow for and encourage the conversion of more office buildings in more neighborhoods. “We want to ensure that outdated office buildings can be converted to more in-demand uses, such as desperately needed homes for New Yorkers,” planning director Dan Garodnick writes. Among the Task Force’s recommendations, which followed a five-month study: loosening rules to allow the conversion of most office buildings built prior to 1991 and offering property tax incentives to support the creation of affordable housing and childcare facilities in repurposed buildings.   

And in Washington, DC, where some 20 million square feet of office space sit vacant and mayor Muriel Bowser has pledged to bring 15,000 new residents to downtown in the next five years, the city will offer 20 years of tax relief to developers who convert office buildings to residences, as long as 15 percent of the homes are designated affordable to those earning 60 percent or less of area median income. 

Converting Calgary

For better or worse, Calgary, Alberta, has a head start on many cities that are just starting to explore office conversions. A city of 1.3 million, Calgary has seen its share of booms and busts as the corporate capital of Canada’s oil and gas industry. But when crude oil prices started sinking in 2014, they took the city’s commercial property market down with them. Office buildings in downtown Calgary have lost about $16 billion in property value since 2015, resulting in a loss of tax revenue that impacts the entire city.   

“The conversations around our office vacancy issue started around 2015,” says Natalie Marchut, program manager for Calgary’s downtown strategy team. “Office vacancy had started climbing, we weren’t seeing any reabsorption, and it started to become quite alarming.” By the time COVID closures hit in 2020, there weren’t a whole lot of downtown office workers left to send home.    

So city officials worked with developers, businesses, and other partners to come up with a plan. With about a third of the office space downtown sitting vacant—some 14 million square feet—the city set a goal of removing six million square feet of office inventory over the next 10 years, ideally through residential conversions.  

But as Isaac Newton would say, an object at rest tends to stay at rest, unless acted upon by an outside force. Even though converting a half-vacant office building to homes typically costs less than demolishing it and rebuilding from scratch, many property owners don’t have the capacity or desire to take on such a big project, and instead succumb to inertia, letting buildings sit idle. “A big thing we realized was that most building owners weren’t taking the initiative on their own to repurpose those vacant office towers,” Marchut says.  

So Calgary decided to offer financial incentives to kickstart the process. The city council approved an initial $100 million in municipal funding in 2021—and another $53 million in late 2022—to support adaptive reuse projects downtown, allowing the city to reimburse developers at $75 per square foot of office space converted.   

Even at that generous rate, which was calculated to cover about a third of the estimated $225-per-square-foot cost of such conversions at the program’s outset, some developers find it hard to make the numbers square, Marchut says, given rising interest rates and inflation. But the first two rounds of the program garnered far more project proposals than there was funding. The first 10 approved projects will subtract over 1 million square feet of office space from the downtown commercial market by converting it into some 1,200 new homes. 

One concern that came up often in early discussions is that commercial properties are typically taxed at a higher rate than residential ones. “That was a big one that we had to get our heads around, but also help our council get their heads around: When you convert these to residential, they’re going to be taxed at a lower rate, so we’re not going to be getting what we could if they were fully occupied commercial spaces,” Marchut says. “Yes. But we will not see the absorption of 14 million square feet of office space. We just will never get there.”   

The situation is so dire right now that some downtown buildings are assessed for their land value only, she adds. “Of course you need commercial property downtown, and of course they will always pay more to the city in tax revenue—but not if they’re all empty,” Marchut says. Meanwhile, removing excess inventory should reduce the vacancy rate, helping to stabilize and even restore the value of the remaining office space. 

To accelerate conversions and attract as many applicants as possible, the city intentionally kept the program simple, without specific affordable housing requirements, for example. Marchut says that has allowed the city to prioritize projects that best align with its equity, climate, and planning goals.   

“Every project that is coming online through this program is doing more than just converting office to residential,” Marchut says. “We’ve got a few that are going to be doing affordable housing . . . we have others that are doing additional public realm improvements—and this is all optional. We don’t require it, but applicants are coming to the table with really solid proposals, because they know the program is so competitive, and so they’re kind of bringing their A game.” 

The program’s first conversion project—The Cornerstone by Peoplefirst Developments, slated for completion later this year—is creating 112 family-oriented units, 40 percent of which will be priced at affordable rates, Marchut says. “They’re also building three-bedroom units, which we don’t have much of at all in the downtown,” she notes. Another project, the 176-unit Palliser One by Aspen, plans to put in a public park and skating rink at ground level.  

The city is also investing $163 million in placemaking and public realm projects, like revamping key pedestrian streets and extending its RiverWalk into the West End. “The other thing we’re really looking at is how to get more park space,” Marchut says. “Downtown, and particularly the West End, is starved for open public space, and if we’re looking to bring in new residents and families and children and all the rest, they’re going to need a place to go outside and play.”  

One option that remains on the table for creating more parks downtown while reducing the glut of commercial space is the demolition of vacant office buildings that can’t be converted into something more useful. (An upcoming phase of the program will subsidize other types of office conversions as well, such as retail or arts venues.) “We are exploring incentivizing demolition for very specific properties,” Marchut says. “There are Class C buildings built in the ‘70s that are full of asbestos, and also probably cannot actually be upgraded to meet new building code—they’re just simply at end of life.”   

Calgary doesn’t have the kind of housing crisis facing larger cities like Toronto or Vancouver, but Alberta is still projected to gain 2 million new and mostly urban-dwelling residents by 2046. “With those numbers,” Marchut says, “we need to build more affordable housing, and we need to build more central housing . . . and these conversion projects will provide rental rates that are lower than new builds.” That’s something that will help both current and future Calgarians. “We’re going to see a finished product really soon,” Marchut says. “I’m super excited to finally see one open their doors and invite new residents in.” 

It’s Not (Just) About the Money

Beyond the financial incentives, Calgary is taking other steps to encourage conversions. Most properties downtown, for example, are exempt from change-of-use permitting requirements. “That saves, on average, six months,” Marchut notes, and removes the risk that projects could be bogged down or blocked altogether. 

Since developers need to invest an enormous amount of time and money in a project even before proposing it to the city, simply indicating general support for conversions provides an important boost in confidence, Marchut said. “Obviously, you can’t guarantee an approval until you have a plan set in front of you that you can review against the rules. But a notional, ‘Yes, the city is supportive of what you’re trying to achieve on this site,’ goes a long way in giving comfort to developers.”   

Back in Denver, Aldrete doesn’t have incentive dollars to encourage investment, so she’s hoping that a “higher-touch” review and approval process, led by an in-house coordinator dedicated to office conversions, will drastically reduce the time it takes for developers to get projects moving. “You essentially cut off two to three months for every review cycle you can reduce, to get them out the door and under construction. So that is real money to the developer,” she says. “That’s how we’re trying to win them over.”  

Fuller says that, even as some cities embrace reuse, others are lagging behind. “The time is ripe to change some of our zoning and our legislative policies that could help catalyze this type of conversion,” he says, while emphasizing that quality and safety should not be sacrificed. “We’ve come around to realize that having a mix of uses in the same location is actually healthy for cities, in terms of generating 24/7 activity and eyes on the streets and all those things that we know are good. So I’m optimistic that good things will come of this.”  

Cotter is also optimistic that this surge in post-pandemic interest in office conversions will create a lasting trend. “There’s all sorts of creative adaptive reuse that’s happening that is going to give architects, construction firms, and city code officers experience with how this can be done, and lay the groundwork for it to be done more readily,” Cotter says. “And wouldn’t we all be well served if our buildings, once constructed, could evolve with us?”  

Jon Gorey is a staff writer for the Lincoln Institute of Land Policy.

Lead image: Franklin Tower in Philadelphia was transformed from a drab commercial building into a glass-clad, mixed-use space that includes retail and residences. Credit: Robert Deitchler, courtesy of Gensler.

Todos los años, la junta directiva de Port of Greater Cincinnati Development Authority formula decenas de resoluciones. La mayoría se relacionan con la compra o la renovación de propiedades específicas, la aprobación de presupuestos, la creación de comités y otros asuntos relacionados con el orden del día. Sin embargo, en diciembre de 2021, la junta emitió otro tipo de decisión. La resolución 2021-34 autorizó a la agencia, comúnmente llamada The Port, a avanzar con un plan ambicioso y sin precedentes: garantizar y gastar hasta US$ 16,25 millones para comprar y rehabilitar una cartera de 194 inmuebles unifamiliares en un puñado de barrios, en gran parte, de ingresos moderados y bajos de Cincinnati y alrededores.

Comprar tantas propiedades de una vez significaría un movimiento audaz para cualquier autoridad gubernamental local, pero especialmente para una agencia sin experiencia en la posesión de viviendas ocupadas. The Port, constituida en el año 2000 de manera conjunta por la ciudad de Cincinnati y el condado de Hamilton para promover el desarrollo económico en el área metropolitana, opera un banco de tierras que gestiona cientos de propiedades en todo momento, redesarrollándolas y restituyéndoles su función productiva. Además invierte en la construcción y renovación de viviendas unifamiliares y de propiedades comerciales e industriales. Pero esto sería algo totalmente diferente. La gran mayoría de estas viviendas llegarían con inquilinos.

Sin embargo, una vez más, ese era el punto: intentar algo diferente para defenderse de los inversionistas institucionales que han estado acaparando todo el parque de viviendas asequibles del área. Hoy en día, los inversionistas de afuera compran alrededor de una de cada cinco viviendas unifamiliares en Cincinnati. Esto refleja una tendencia nacional: en 2021, los inversionistas institucionales alcanzaron un 24 por ciento de las compras de viviendas unifamiliares. Los resultados de esta apropiación de inmuebles son los mismos en Cincinnati y en todo el país: alquileres más altos, tasas más bajas de propiedad individual de la vivienda y menos barrios asequibles.

The Port tomó riendas en el asunto porque quería evitar que estas 194 propiedades (que se encuentran a lo largo de la ciudad y el condado, con una mayor concentración en los barrios de Price Hill, Westwood y Springfield Township) quedaran en manos de compradores corporativos. Además, la agencia quería preservar las vías hacia una propiedad asequible de la vivienda que estos inmuebles podían ofrecerles a sus inquilinos y a otros residentes locales.

Había una docena de inversionistas privados haciendo ofertas por la cartera, y a The Port le preocupaba que la mayoría intentara continuar con el modelo de negocio de los dueños anteriores, de propietarios ausentes, mantenimiento mínimo, alquileres a precio de mercado y prácticas de desalojo hostiles, un abordaje de gran rendimiento para los inversionistas que causan estragos en los mercados de viviendas locales. El equipo de The Port sabía que debía actuar con rapidez y de forma agresiva para ganar la puja.

Esta es la historia de cómo una agencia local cuasi pública obtuvo un pequeño triunfo contra las poderosas fuerzas del mercado; de lo que sucede luego, cuando dicha agencia, de repente, se convierte en propietaria; y de la lección que la experiencia de The Port podría transmitir a otras ciudades que le hacen frente al aumento de la propiedad corporativa de los limitados recursos de viviendas asequibles del país.

Inversionistas predadores en las antiguas ciudades industriales

Para comprender cómo The Port llegó a poseer estas propiedades, es importante tener en cuenta qué estaba sucediendo en Cincinnati cuando la cartera se habilitó. El mercado local de viviendas se caracterizaba por tener propiedades de precio relativamente bajo, y sigue siendo así. En octubre de 2021, en Cincinnati, el precio de venta promedio de una vivienda era de US$ 213.000, en comparación con US$ 378.000 a nivel nacional (Redfin 2022).

Esto genera las condiciones de mercado perfectas para que los inversionistas institucionales se lancen en picada, dice Alison Goebel, directora ejecutiva del Greater Ohio Policy Center. “Los inversionistas piensan que aquí tendrán un buen retorno, sobre todo aquellos que vienen de fuera de Ohio y están acostumbrados a ver precios de viviendas más altos”, afirma Goebel. “Ven que los precios de las viviendas aquí son lo suficientemente bajos como para comprar un puñado de propiedades y generar dinero de los alquileres, pero los precios no son tan bajos como para alertarlos. Lo ven como un buen negocio”.

Estas condiciones de mercado no son exclusivas de Cincinnati, añade Goebel, que ha sido coautora de dos Enfoques en políticas de suelo del Instituto Lincoln sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentan las ciudades posindustriales en los Estados Unidos (Hollingsworth y Goebel, 2017; Patras, Goebel, y Elam, 2021). Estos lugares, también conocidos como antiguas ciudades industriales, experimentaron un deterioro poblacional y económico en la segunda mitad del s. XX. La mayoría de estas expotencias económicas se encuentran en las regiones centro oeste y noreste de los Estados Unidos; y su tamaño varía de forma significativa, desde ciudades muy amplias como Detroit y Baltimore hasta ciudades más pequeñas como Gary, Indiana y Worcester, Massachusetts. Unos 17 millones de personas viven en las antiguas ciudades industriales, con ingresos per cápita y por hogar que tienden a ser más bajos que los de otras ciudades. Como consecuencia, el acceso a la propiedad de la vivienda asequible es más crítico e inalcanzable.

Tanto The Port como el Greater Ohio Policy Center son miembros de la primera comunidad de práctica nacional constituida por la iniciativa Accelerating Community Investment (Fomento para la Inversión Comunitaria o ACI, por su sigla en inglés) del Instituto Lincoln, que busca movilizar la inversión en comunidades de ingresos bajos y moderados, y atraer nuevos socios al ecosistema de inversión comunitaria (ver nota de recuadro). “Construir ecosistemas de inversión comunitaria más fuertes es esencial para lograr redesarrollos más equitativos en todo el país”, afirma Robert J. “R.J.” McGrail, miembro de investigación sénior en el Instituto Lincoln y director de la iniciativa ACI. “Este trabajo es particularmente importante ahora que las comunidades de ingresos moderados y bajos están enfrentando nuevos desafíos que presentan los inversionistas institucionales con un alto poder adquisitivo”.

Hace tiempo que el personal de The Port es consciente de la presencia cada vez más fuerte de los inversionistas en el mercado local de viviendas. A principios de 2021, decidieron investigar un poco. Al analizar los registros de las propiedades de la oficina del Hamilton County Auditor (Auditor del Condado de Hamilton), The Port descubrió que inversionistas institucionales poseían más de 4.000 viviendas en el área. Al igual que ocurrió en ciudades de todo el país, muchas viviendas unifamiliares que se habían registrado como ocupadas por sus propietarios una década antes ahora estaban registradas como propiedades para alquilar.

Investigaciones posteriores también confirmaron una sospecha preocupante: parecía existir una conexión difusa entre los propietarios de inmuebles más negligentes. El equipo de The Port pudo mapear redes de corporaciones de responsabilidad limitada (SRL), muchas de las cuales se relacionaban con solo unas pocas entidades centrales. En algunos casos, las propiedades se transferían entre las SRL muchas veces al año. Estos bienes inmuebles propiedad de los inversionistas se concentraban, principalmente, en los barrios de ingresos bajos y moderados.

El personal de The Port aún estaba digiriendo esta información cuando recibieron una llamada de Colliers, que estaba gestionando una cartera de viviendas para alquiler embargadas. El último propietario de los inmuebles había sido Raineth Housing, un inversionista institucional con sede en Los Ángeles y mala reputación local por mora en los impuestos a la propiedad e incumplimiento en el mantenimiento, al punto de que sus propiedades se habían convertido, citando una demanda presentada por el municipio en 2019, en un “perjuicio público”. Ahora estaban saliendo a la venta. ¿A The Port le interesaba presentar una oferta?

“Estoy profundamente convencida de que deberíamos usar los poderes y la experiencia de esta agencia para provocar el impacto positivo más grande que podamos”, expresó Laura Brunner, presidenta y directora ejecutiva de The Port. “Así que, cuando, de pronto, se nos presentó la oportunidad de hacer algo que era posible y para lo que sentíamos, en este caso, una obligación moral de actuar, no existió la remota posibilidad de decir que no”.

Elaborar un plan juntos

Ni el presupuesto de The Port ni su plan estratégico contemplaban la adquisición de cerca de 200 viviendas unifamiliares ocupadas, así que el personal tuvo que moverse con rapidez para hacer una oferta conjunta. Después de asegurar el apoyo informal de la junta de The Port, Brunner y su equipo se reunieron con más de una decena de organizaciones del área activas en el sector de vivienda para confirmar que lo que querían hacer tenía sentido desde sus respectivas posiciones en la comunidad. Entre estos grupos se encontraban Legal Aid Society of Greater Cincinnati, la corporación de desarrollo comunitario sin fines de lucro Price Hill Will, Cincinnati Metropolitan Housing Authority, Home Ownership Center of Greater Cincinnati y Working in Neighborhoods, una organización sin fines de lucro fundada por la congregación católica Hermanas de la Caridad.

The Port prometió que mantendría los alquileres conforme a las tasas actuales por un año (el alquiler promedio para las viviendas era de US$ 750) y que trabajaría con los inquilinos que estaban atrasados en sus pagos, en lugar de desalojarlos. El personal de The Port también les reafirmó a las organizaciones que su compromiso con el apoyo a los inquilinos y su intención de fomentar la propiedad de la vivienda eran sinceros. La compra es un paso importante en la iniciativa de The Port para reducir la brecha racial en la propiedad de la vivienda en Cincinnati, donde cerca del 33 por ciento de las familias de personas de color son propietarias de sus viviendas, en comparación con el 73 por ciento de las de personas blancas.

“La brecha racial en la riqueza es el mayor problema que tenemos en este país”, afirmó Brunner. “Creemos que el mercado inmobiliario ofrece la vía más rápida para resolverla”.

Con el apoyo de las organizaciones sin fines de lucro y luego de confirmar que la cartera, que incluía miles de viviendas en St. Louis, Kansas City y Cincinnati, podría dividirse para que The Port ofertara solo por las 194 del área de Cincinnati, Brunner se dirigió a su junta directiva para obtener una aprobación formal. Brunner dice que la junta, integrada por 12 miembros que representan al sector de negocios, mitad de los cuales fueron nombrados por el municipio y mitad, por el condado, “brindó un apoyo enorme desde el principio”. Una de las grandes preguntas, no obstante, fue cómo financiar el trato.

“Sabíamos que no podíamos aspirar a todas las viviendas”. Pero obtuvimos parte del historial de las finanzas, que nos dio una idea de con qué estábamos lidiando”, explicó Todd Castellini, el vicepresidente de financiamiento público y desarrollo industrial de The Port. Castellini estima que el personal de The Port alcanzó a inspeccionar alrededor de 30 de las propiedades. “Sabíamos que las viviendas no estaban en las condiciones ideales, así que hicimos cálculos muy prudentes respecto a qué necesitarían. A algunas les hacía falta mucho trabajo, a otras muy poco, y otras estaban en un estado intermedio. Luego, hicimos algunos análisis de movimiento de efectivo, y después, ajustamos esas estimaciones con mayor prudencia, hasta que nos sentimos a gusto con el trato. Abordamos el acuerdo sin pretensiones de ganar dinero con él, pero sí de cubrir los costos, y estamos seguros de que podemos hacerlo”.

El personal de The Port concluyó que tenían que pedir prestado US$ 16,25 millones, US$ 15,5 millones para comprar las viviendas y US$ 750.000 para reparaciones y mejoras, a pesar de que The Port planificó cubrir la mayor parte de dichos gastos de mantenimiento diferidos con el ingreso de los alquileres. Para el financiamiento, The Port emitió bonos con un plazo de 30 meses, lo que le concedería tiempo suficiente para evaluar, subir de categoría y, en un futuro, empezar a vender las propiedades.

The Port pudo vender los bonos con rapidez: una entidad local que ha estado comprando bonos emitidos por The Port durante los últimos años compró la totalidad de la emisión. Esta relación de larga trayectoria fue crucial, afirma Castellini: “Ellos nos entienden. Han visto nuestras finanzas. Saben cómo trabajamos. Así que para ellos fue fácil analizarnos, a nosotros y al acuerdo, y actuar con inmediatez”.

Una vez que se había asegurado el comprador para los bonos, Brunner y su equipo presentaron una oferta para comprar la cartera por US$ 15 millones. La mañana de la oferta final, por sugerencia de la junta, aumentaron la oferta US$ 500.000 para hacerla más competitiva. Un punto decisivo que le jugó a favor a The Port fue ofrecer un margen de tiempo breve para cerrar el acuerdo. A pesar de que tres empresas de capital de inversión también ofrecieron US$ 15,5 millones cada una, esos interesados necesitaron un período de diligencia debida más amplio, lo que posicionó la oferta de The Port como la más alta y la mejor. No solo The Port había ganado la venta, sino que esta agencia cuasi pública frustró los planes de una docena de inversionistas institucionales, una derrota casi sin precedentes en el universo de las inversiones inmobiliarias.

“Honestamente, creo que la adquisición, en realidad, la totalidad del proyecto, es emblemática entre muchas cosas que hemos hecho”, añadió Brunner. “Me carcomería la culpa si tan solo hubiésemos dicho que era demasiado difícil o demasiado riesgoso o cualquier otra suposición. Tenemos años de historia de ejemplos más pequeños, y este es uno más, solo que más drástico”.

Apropiación

Desde el cierre en el acuerdo, el personal de The Port ha aprendido mucho sobre la cartera. El número de viviendas vacantes era mucho mayor que el representado, lo que generó tanto una oportunidad, ya que fue más fácil arreglar viviendas vacías, como un desafío, porque el ingreso de los alquileres se había incluido en la fórmula financiera. Y el estado de muchas de las viviendas ocupadas es peor del esperado. Como consecuencia, Brunner estima que es probable que los costos para las mejoras de The Port serán, al menos, el doble de lo que anticiparon en una primera instancia, lo que acerca el total del proyecto a US$ 17 millones.

LyDonna Turner, que vive con sus hijos y su nieto en una de las viviendas que ahora es de The Port, confirmó que les había avisado a los propietarios anteriores que la puerta del garaje estaba rota, un armario debajo de la fregadera de la cocina se había desplomado y había ratones, pero nunca se hicieron cargo. Su situación es solo un ejemplo de una lista de 160 problemas de mantenimiento que esperaban solución cuando The Port tomó posesión.

“Por un lado, es un desafío financiero”, reconoce Brunner. “Por otro lado, esas condiciones reafirman que debíamos ser el comprador”. No podemos simplemente dejar que todas estas casas en estos barrios literalmente se sigan deteriorando”.

Para conservar la transparencia y obtener orientación sobre un sinfín de temas, desde la prevención de desalojos hasta capacitaciones para propietarios y aprovisionamiento de inquilinos potenciales, The Port estableció un comité de asesoramiento. Además la agencia contrató un gestor de propiedades experimentado que manejará las operaciones y brindará a los residentes el tipo de atención y apoyo que no han recibido en el pasado. “Nos llevó un largo tiempo encontrar un gestor de propiedades que estuviese dispuesto a ser tan empático y receptivo como nosotros”, comenta Brunner.

The Port también se asoció con organizaciones locales para ofrecerles a los inquilinos asesoramiento sobre créditos e iniciativas de preparación para la propiedad de la vivienda. Goebel indica que la ciudad tiene un sector sin fines de lucro particularmente fuerte, y dice que el ecosistema de socios será esencial para ayudar a los inquilinos actuales a convertirse en propietarios de las viviendas o encontrar nuevos compradores.

Cuando The Port tomó el control de la cartera, al menos el 80 por ciento de las propiedades ocupadas estaban atrasadas con los pagos del alquiler, y cerca del 20 por ciento debía, por lo menos, un año. The Port pudo brindar asistencia para el alquiler a fin de reducir las deudas, gracias a los fondos de US$ 600.000 de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, por su sigla en inglés) proporcionados por medio de la Agencia de Acción Comunitaria del condado.

Si bien es posible que las viviendas terminen vendiéndose por cerca de US$ 130.000 en lugar de por el precio estimado inicialmente de US$ 120.000, aun así, costarán significativamente menos que la vivienda unifamiliar promedio de Cincinnati en la actualidad, ya que los precios no han parado de aumentar y llegaron a US$ 230.000 para fines de 2022 (Redin 2022). Y todo esto sucederá sin subsidios, agregó Brunner enseguida.

“Hemos tenido que subsidiar una de cada dos de las viviendas que vendimos”, explicó. “Por lo general, esa es la forma que siempre conocimos”. Pero nuestro modelo de acción muestra que podemos saldar nuestra deuda con una combinación de ingresos de alquiler y de venta de viviendas. Sinceramente, nos costó bastante entender que 200 viviendas puedan pasar a ser propiedad de los inquilinos sin subsidios públicos. Pero se puede”.

Sin embargo, el personal de The Port está analizando la posibilidad de obtener becas de la Ciudad de Cincinnati y del condado de Hamilton para obtener asistencia para anticipar el pago de las cuotas y para ayudar a disminuir el precio para los compradores de viviendas.

Sin dudas, existe una demanda, afirma Turner, quien tiene la esperanza de comprarse su propia vivienda un día. “Tengo un par de amigos que han estado buscando viviendas para comprar pero no tuvieron éxito. Así que creo que es una buena idea que The Port compre esas viviendas y se las ofrezca primero a los inquilinos”.

Expandir la cartera

Desde que la noticia de la compra de The Port se dio a conocer (y se difundió masivamente, con cobertura en medios de comunicación nacionales como NPR y el Wall Street Journal), la agencia se enteró de receptores y propietarios de viviendas interesados en debatir acuerdos similares. Al cierre de la edición, el equipo estaba trabajando para adquirir una segunda cartera de viviendas embargadas, y está dispuesto a expandir el modelo tanto como lo permitan las circunstancias del financiamiento.

Con un gestor de propiedades en el equipo y un plan de asesoramiento para los inquilinos establecido, “[en términos de logística, sería] fácil para nosotros sumar propiedades a nuestra cartera”, añade Brunner. “Sinceramente, nada me gustaría más que comprar las 4.000 propiedades de nuestro condado que hoy pertenecen a inversionistas, y quitárselas. Puede que aún no estemos en esa posición, pero la oportunidad de sumar ese gran número de viviendas nuevas a nuestro mercado es significativa”.

Sin embargo, expandir nuestra cartera de forma coherente requerirá participación filantrópica o corporativa, explica Brunner. El año pasado, Brunner y su equipo participaron en un Desafío de Inversión Local de ACI, en el que expresaron su idea de un fondo que pudiera financiar más inversiones oportunistas y, según Brunner, entablaron conexiones que podrían ayudar a concretarlo.

Incluso a medida que la agencia explora la posibilidad de expansión, siguen teniendo preguntas con respecto a la cartera actual. Por ejemplo, ¿cómo puede la agencia asegurarse de que las propiedades sigan siendo asequibles a largo plazo? De acuerdo con Brunner, The Port está considerando restricciones en los títulos de propiedad del inmueble, pero no estableció la mejor estrategia para garantizar la capacidad de pago (y, quizás más importante, para fomentar la posibilidad de que los residentes se conviertan en propietarios). “No nos preocupa tanto el tiempo que el comprador permanece en la vivienda, sino a quién se la vende”, dice. “No queremos que estas casas luego se vendan a inversionistas”.

Además, The Port está reanalizando la mejor forma de financiar hipotecas cuando llegue el momento. En primera instancia, el personal de The Port asumió que las organizaciones asociadas generarían y administrarían los préstamos hipotecarios. Ahora están considerando la posibilidad de no tercerizar dichas actividades para permitir pautas de suscripción más flexibles y recaudaciones más “compasivas”, dice Brunner. Al administrar nosotros mismos las hipotecas, The Port podría ayudar a los titulares de hipotecas individuales a establecer un historial de préstamo y reembolso, y podría, eventualmente, emitir bonos de renta hipotecaria para liquidar la deuda de la adquisición de la vivienda. Al reemplazar el financiamiento de la adquisición por una estructura más tradicional de títulos respaldados por hipotecas, The Port podría llegar a un mercado potencial más amplio de compradores con una misión determinada.

Ese tipo de cambio podría generar un modelo de negocio más sostenible para The Port y otras instituciones interesadas en seguir los pasos de la agencia, dice McGrail de ACI. “Si The Port logra desplazar el financiamiento fuera del sector público y dentro de los mercados de capitales sin riesgos para los titulares de hipotecas, la estrategia se convierte en una solución de mercado en su totalidad que me parece completamente transformadora en términos de un panorama más global”, señala. “Esta parece ser una solución demostrable, comprobable y viable para cambiar el tipo incorrecto de propietarios de bienes inmuebles por el correcto”.

¿Replicar el modelo?

Aun con todo su entusiasmo, Brunner es consciente de la dinámica de Goliat y David que respalda el proyecto, y lo que esto podría significar para su capacidad de expandirse o replicarse. “Por un lado, nuestra adquisición de esta cartera es un gran negocio. Por el otro, estamos hablando de unas 200 viviendas y US$ 15,5 millones. No son números significativos en el gran esquema de este desafío nacional. Y el hecho de que la compra se destaque de forma tan drástica hace que me pregunte cuáles son las entidades que realmente pueden hacer algo para resolver este problema”.

Brett Theodos, miembro sénior y director de Community Economic Development Hub en el Urban Institute, tiene algunas ideas en este sentido. “Existen bancos de tierras y corporaciones de desarrollo comunitario complejas, así como algunas agencias de financiamiento para el desarrollo que podrían cumplir esa función”, comenta. “Actores diferentes implican restricciones diferentes. La mayoría puede emitir bonos, pero la pregunta es si trabajarían para sacar a adelante este tipo de proyectos. Para estas agencias, no se trata tanto de una nueva combinación de sabores, sino de una voluntad de decir ‘Sí, también tenemos este objetivo y estamos dispuestos a hacer lo necesario para concretarlo’”.

En otras palabras, es probable que la adquisición por parte de The Port no sea ni la historia de un triunfo excepcional para el bien público ni una fórmula fácil que otras ciudades pueden reproducir para facilitar estos tipos de adquisiciones. Pero los expertos en viviendas concuerdan en que, si bien algunas de las circunstancias de Cincinnati pueden ser excepcionales, la estrategia fundamental es replicable.

“Es importante recordar que esta fue una cartera que estaba [en] ejecución hipotecaria, así que era básicamente una ganga”, explica Goebel. “Estos tipos de ventas suceden, ya sea debido a una ejecución hipotecaria o porque el propietario quiere retirarse, pero no son confiables. Diría que en Ohio oímos sobre estos tipos de carteras de propiedades unifamiliares para alquiler que quedan disponibles para la venta cada 12 a 18 meses”. Cuando, efectivamente, están disponibles, no suele suceder que el corredor u otros involucrados piensen en alertar a una agencia cuasi pública.

Otro elemento relativamente singular de la historia es la estructura estatutaria de The Port, dice MacGrail. “El estatuto de las autoridades portuarias de Ohio tiene uno de los poderes más sólidos que he visto en una entidad de financiamiento pública”, explica. “Además de concederles a las autoridades portuarias los típicos poderes de financiamiento público necesarios para emitir bonos, la legislatura de Ohio les ha otorgado poderes fiscales amplios, les permitió operar como bancos de tierras, y les brindó los recursos para que puedan adquirir y redesarrollar un abanico de bienes inmuebles en una variedad de clases de activos que incluyen propiedades residenciales y comerciales”.

No tardó en agregar que dichos poderes cobran más sentido por la forma en que Brunner y su equipo de liderazgo sénior los usan. “Son un equipo dinámico, con múltiples capacidades, que adoptó una visión que prioriza a la comunidad de un modo que creo que es un poco peculiar para una agencia cuasi pública, porque se toman el tiempo para hacer preguntas y escuchar antes de actuar, y ese entendimiento de las necesidades locales genera más tolerancia para perseguir metas que se ajusten a los riesgos”.

La junta directiva de The Port también merece un reconocimiento, expresa Goebel. Podrían haber detenido el proyecto en sus inicios con facilidad. Por el contrario, no solo lo aprobaron, sino que además brindaron una orientación crucial sobre la estructura de la oferta de The Port. “Se merecen todo el reconocimiento que puedan recibir por eso”, indica Goebel.

Mientras este experimento se sigue desarrollando en Cincinnati, Theodos incita a otras ciudades e inversionistas a que consideren tomar cartas en el asunto, dado que muchos mercados de viviendas necesitan este tipo de inversiones. “La marea (estos inversionistas) está llegando rápido, y estamos nadando contra la corriente”, dice. “The Port está reaccionando en tiempo real para enfrentar el problema de forma directa; y eso es lo que realmente necesitamos. Lo necesitamos una y otra vez, todos los días del mes y en todas las ciudades”.

Acerca de la iniciativa Accelerating Community Investment

En 2021, el Instituto Lincoln lanzó la iniciativa Accelerating Community Investment (Fomento para la Inversión Comunitaria o ACI, por su sigla en inglés) para movilizar la inversión en comunidades de ingresos bajos y moderados, en especial, aquellas que no tuvieron acceso a los recursos financieros dominantes y los recursos para la generación de riqueza. Para empezar, ACI convocó a una comunidad nacional de práctica, con la participación de más de 40 agencias e instituciones de 14 estados. El grupo se ha reunido en modalidad virtual y presencial para crear asociaciones, identificar nuevas oportunidades de inversión y compartir experiencias y consejos.

Además, la iniciativa organizó tres Desafíos de Inversión Locales, para detectar oportunidades de inversión comunitaria en Cincinnati, Nueva Orleans y Texas. Estas sesiones les ofrecen a los participantes de la comunidad de práctica la oportunidad de presentar proyectos de inversión inmediata a la comunidad de inversión local y recibir una devolución directa de los potenciales inversionistas sobre la presentación y los proyectos. “La cumbre de inversionistas que celebró ACI en Cincinnati propició muchas relaciones que podrían permitirnos escalar nuestra inversión de forma mucho más significativa”, comenta Laura Brunner, directora ejecutiva de Port of Greater Cincinnati Development Authority. “Las relaciones que he entablado a través de ellos son invaluables”.

Este año, ACI completará el ciclo inicial de ocho sesiones de su comunidad de práctica y compartirá los resultados, organizará más Desafíos de Inversión Locales y planificará actividades nuevas que respalden su objetivo de fomentar la inversión comunitaria en todo el país.

Para obtener más información acerca de ACI, comuníquese con el director del programa, Robert “R. J.” McGrail: ACI@lincolninst.edu.

Loren Berlin es escritora y consultora en comunicaciones, y se especializa en oportunidades económicas y de vivienda.

Imagen: Centro de Cincinnati desde el barrio East Price Hill, donde se encuentran muchas de las viviendas compradas por The Port. Crédito: Cortesía de East Price Hill Improvement Association.

Referencias

Hollingsworth, Torey, y Alison Goebel. 2017. Revitalizing America’s Smaller Legacy Cities: Strategies for Post-industrial Success from Gary to Lowell. Enfoque en políticas de suelo. Cambridge, MA: Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. https://www.lincolninst.edu/publications/policy-focus-reports/revitalizing-americas-smaller-legacy-cities.

Patras, Erica Spaid, Allison Goebel, y Lindsay Elam. 2021. Equitably Developing America’s Smaller Legacy Cities: Investing in Residents from South Bend to Worcester. Enfoque en políticas de suelo. Cambridge, MA: Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. https://www.lincolninst.edu/publications/policy-focus-reports/equitably-developing-americas-smaller-legacy-cities.

Redfin. 2022. “United States Housing Market”. Website. https://www.redfin.com/us-housing-market.

En ediciones anteriores, más de una vez lamenté nuestra afinidad cultural con las soluciones simples a los problemas complejos y les recordé a los lectores que no existe un camino fácil para resolver la crisis de accesibilidad a la vivienda. Pero, para aprovechar el espíritu de las resoluciones de Año Nuevo, y a sabiendas de que es fácil poner en ridículo soluciones que son una tendencia pasajera y más difícil proponer alternativas viables, haré el intento de describir un enfoque a la vivienda que creo que puede ser eficaz.

Los problemas complejos deben abordarse desde varios frentes. Para afrontar la crisis de vivienda asequible, tenemos que hacer tres cosas, como mínimo. Primero, debemos defender y preservar nuestra reserva actual de viviendas asequibles. Segundo, debemos identificar y resolver problemas sistémicos que nos impiden producir viviendas nuevas. Tercero, necesitamos identificar y cultivar oportunidades, incentivos y enfoques nuevos que expandan nuestro potencial productivo y faciliten la producción.

Debemos crear una cartera de soluciones con numerosas políticas en cada una de estas categorías. En este número de Land Lines se documentan algunas maneras en que los gestores de políticas están haciendo eso. A su vez, se incluye un artículo destacado de Anthony Flint sobre el interés cada vez mayor en reformas de zonificación a nivel estatal, y la resistencia local a esas iniciativas. Loren Berlin aporta una historia sobre un proyecto descomunal a cargo del Port of Cincinnati, destinado a que el parque de viviendas unifamiliares de la ciudad siga estando disponible para la compra por parte de las familias locales y fuera del alcance de inversionistas externos. Jon Gorey examina iniciativas para preservar y expandir las viviendas prefabricadas, un componente crítico que suele subestimarse de la oferta de viviendas asequibles del país. Por mi parte, ofreceré una contribución a la tercera categoría, un abordaje centrado en el suelo con un gran potencial para expandir la producción: la reutilización adaptativa de edificios comerciales.

Según la asociación de la industria del comercio, el Consejo Internacional de Centros Comerciales (ICSC, por su sigla en inglés), en los Estados Unidos existen 115.857 centros comerciales. Esto incluye 1.220 centros comerciales grandes (con un promedio de alrededor de 83.500 metros cuadrados destinados a locales comerciales minoristas y 28 hectáreas de tierra) 68.936 franjas comerciales de locales (en promedio, 4.000 metros destinados a locales minoristas y cerca de una hectárea de suelo); y miles de otras tiendas de descuento, tiendas de fábricas y centros comerciales barriales (que suman más de 370.000 millones de metros cuadrados destinados al comercio minorista y 160.000 hectáreas de suelo). Incluso antes de la pandemia, una parte significativa de estos centros se vieron amenazados por el comercio en línea. Hace ya tiempo que los conocedores del mercado inmobiliario predijeron que un cuarto de los centros comerciales más grandes de los Estados Unidos corrían riesgo de cerrar. La pandemia solo intensificó este declive. A pesar de que los centros comerciales vacantes pasaron a ser lugares convenientes para el testeo y la vacunación masivos de la COVID, los expertos empezaron a predecir que más de un tercio de los grandes centros comerciales quedarían vacantes o abandonados en los próximos años.

Las crisis y las oportunidades suelen ser buenas aliadas. La crisis de los comercios minoristas nos ofrece lo que podría ser nuestra mejor oportunidad para resolver la crisis de las viviendas. Por ejemplo, en el Área de la Bahía de San Francisco, uno de los mercados de viviendas más complicados del país, Peter Calthorpe estima que podríamos construir 250.000 unidades de vivienda nuevas mediante la reconversión de espacios minoristas infrautilizados a lo largo de una sola ruta, El Camino Real, que se extiende unos 65 kilómetros desde San José hasta San Francisco y atraviesa 16 municipios. Esto podría aliviar la grave escasez de viviendas en la región, y generaría suficiente densidad residencial para apoyar el transporte público, lo que contribuiría con los esfuerzos del estado y la nación para mitigar la crisis climática. Además, el crecimiento demográfico podría generar suficiente tráfico a pie para apoyar múltiples actividades comerciales. Con esta triada, la gran pregunta es: ¿por qué aún no comenzó el redesarrollo de El Camino Real? Principalmente, debido a diversos factores causados por las personas que complican la situación.

Como ya observé en otras oportunidades, el redesarrollo es más difícil que la urbanización de lugares sin desarrollo previo.  Implica deshacer lo que ya se hizo en el lugar, mientras se intenta que múltiples partes involucradas con diferentes intereses converjan en una visión compartida. Y lo que es mucho peor, surgen complejos obstáculos generados por las personas. Primero, los estímulos fiscales adversos interfieren con la disposición de las jurisdicciones a considerar el cambio del uso del suelo. Las propiedades comerciales generan una gran parte de la renta local, no solo por medio de los impuestos a la propiedad, sino también a través del porcentaje local de los impuestos sobre las ventas y otras comisiones y cargos. El redesarrollo residencial podría reemplazar solo una pequeña parte de la renta perdida. Segundo, los proyectos de redesarrollo son difíciles de financiar. Proyectos nuevos y visionarios podrían entusiasmar a los emprendedores inmobiliarios; son señales de incertidumbre y riesgo para las entidades crediticias y las aseguradoras. Tercero, el redesarrollo de un corredor comercial para convertirlo en un espacio residencial o de uso mixto implica cambios de zonificación, un tema que genera mucha tensión. En el caso de El Camino Real, haría falta que 16 consejos de zonificación aprobaran la rezonificación para que el proyecto avance. Si bien, probablemente, no sería necesaria una participación unánime de las 16 ciudades y pueblos, se requeriría una masa importante para que el redesarrollo manifestara su potencial.

Redesarrollar propiedades comerciales para proyectos de uso mixto con mayor densidad es difícil, pero no imposible. Cada uno de los obstáculos mencionados puede superarse, y de hecho, todos han sido sorteados en otros lugares. Por ejemplo, uno de los proyectos de desarrollo más grandes del país, el Tyson Partnership en Tyson, Virginia, está redesarrollando un distrito comercial de más de 1.100 hectáreas para convertirlo en un desarrollo de uso mixto con buen acceso para el transporte público. El proyecto ha estado en marcha por más de una década y ya incluye 11 edificios residenciales multifamiliares. En Partnership pretenden cuadruplicar la población residencial de la “ciudad periférica” que supo ser un prototipo y que proporcionó viviendas para 25.000 personas, pero dio empleo a alrededor de 125.000.  Están evaluando cuatro paradas nuevas en la Silver Line del metro de Washington para que esta se convierta en el centro urbano del condado de Fairfax, con la esperanza de que llegue a ser el emblema del “nuevo nuevo urbanismo”.

En Memphis, un centro de distribución de Sears que estuvo abandonado por casi tres décadas se redesarrolló y reconvirtió en una “zona urbana vertical” llamada Crosstown Concourse. El edificio de 10 pisos sobre 6.500 hectáreas de suelo ahora aloja una escuela autónoma, un centro de artes escénicas, más de 55.000 metros cuadrados de espacio comercial y 270 departamentos. Ya está impulsando desarrollos nuevos en los barrios circundantes.

Fuera de Seattle, desarrolladores están construyendo una tienda ancla nueva para el centro comercial suburbano Alderwood Mall, que cuenta con 300 departamentos y estacionamiento subterráneo. Esto compensará la pérdida de la tienda ancla anterior, Sears; hará frente a la alta demanda de viviendas en un mercado de viviendas extremadamente agobiado, y proporcionará una base de consumidores que compren en el resto de las tiendas del centro comercial, al que le está resultando difícil sobrevivir.

Si bien, probablemente, no sean tan extensos como El Camino Real, existen cientos y cientos de corredores comerciales desaprovechados a lo largo del país. Si lográramos reconvertirlos en desarrollos de uso mixto y densidad media, podríamos reducir en gran medida el déficit nacional actual de vivienda. A su vez, no escasean los edificios comerciales abandonados o infrautilizados como Sears Crosstown, los distritos comerciales ocupados a medias como Tyson, y los megacentros comerciales abandonados o en decadencia como Alderwood, que ofrecen excelentes oportunidades similares para el redesarrollo.

Según mis cálculos muy prudentes, si redesarrollamos el 20 por ciento de estos espacios comerciales para que alcancen estándares de uso mixto con una densidad de baja a media (25 viviendas por hectárea), podríamos sumar 1,1 millones de unidades de vivienda nuevas y preservar decenas de miles de metros cuadrados de espacio comercial con mayores probabilidades de prosperar. Si redesarrollamos el 25 por ciento de los lugares con 37 viviendas por hectárea, podríamos sumar 2,1 millones de unidades de vivienda. Y si pudiéramos redesarrollar el 30 por ciento de los lugares con 50 viviendas por hectárea, podríamos sumar 3,4 millones de unidades de vivienda nuevas.

Este no es un desafío técnico. Ya hace décadas que desciframos el código sobre la reutilización adaptativa. Debemos simplificar el proceso para facilitar el redesarrollo escalonado y establecer nuevas sociedades público-privadas más eficaces para poder lograrlo. El sector público debe redoblar la apuesta para eliminar el riesgo de los proyectos a través de la aceleración de los permisos, el cofinanciamiento e incentivos financieros inteligentes. El sector privado debe dejar de intentar construir en suelos vírgenes y buscar formas más creativas de redesarrollar los sitios obsoletos. Para visualizar los tipos de desarrollos posibles, basta con observar la obra maestra de Juie Campoli Made for Walking (Hecho para caminar), publicada por el Instituto Lincoln en 2012. Con miles de lugares para escoger, podemos definir cómo queremos producir y reproducir los tipos de barrios que se describen en el libro, y reducir los riesgos percibidos del desarrollo con cada proyecto exitoso.

El asediado sector comercial ofrece la mayoría de los elementos necesarios para hacer frente a la crisis actual de vivienda. Tiene suelo provisto de la infraestructura básica (agua, cloacas, electricidad) y que, por lo general, es de fácil acceso para el transporte público o, de no serlo, se encuentra rodeado de estacionamientos. En general, las ubicaciones son privilegiadas. Al mezclar los usos, ofrecemos dos beneficios enormes para el sector comercial: trabajadores y clientes. Pero los beneficios para la sociedad son aún más profundos. Así que adoptemos esta estrategia, junto con la reforma de zonificación unifamiliar y la preservación de la vivienda asequible, y veamos si podemos resolver la crisis nacional de vivienda de una vez por todas.

Imagen: La celebración inaugural de Crosstown Concourse, un proyecto de uso mixto donde antes funcionaba un centro de distribución de Sears en Memphis. Crédito: Crosstown Concourse.

We’ve been at the land policy game for a long time at the Lincoln Institute. A couple of years ago, we celebrated the 75th anniversary of this enterprise that began life as the Lincoln Foundation and evolved into the Lincoln Institute of Land Policy. Next year, we will celebrate the 50th anniversary of the founding of the Lincoln Institute itself—the original “little red schoolhouse” established by David Lincoln in 1974.

The institute was created to deliver training and research directly, rather than pursuing ephemeral efforts to persuade universities to build land policy research and training into their curricula. I know David would be thrilled that in our 50th year we plan to introduce the first Masters in Land Policy (MLP) offered in the United States, made possible through our recently formalized affiliation with Claremont Lincoln University.

Over the decades, we’ve built an impressive body of scholarship that will anchor the MLP program with unique content. We will introduce students to important new tools they can use to address pressing global challenges such as the climate crisis, mass extinctions, or public financial insolvency. Students will learn how land use planning can help minimize the climate impact of cities or assist in decarbonizing electric grids; how to conserve, in perpetuity, private land holdings that connect publicly protected lands, supporting the creation of the large habitats needed for endangered species to survive; or how to mobilize revenue from land to support the operations of local or national governments.

As much as we know about land policy, some fundamental elements continue to elude us. For example, while we know the value of land is determined by a panoply of factors—and that public actions such as investments in infrastructure and zoning reform have a strong influence on land prices—it’s still embarrassingly difficult to predict land values with any precision. That said, I can assert confidently that the Lincoln Institute knows as much about the determinants of land value as anyone on the planet. Every year we learn more and more about measuring and predicting land prices with improving accuracy. New technologies are a huge help as we push the envelope on new methods for ascertaining land values. Technology is accelerating all of our advancements in land economics. Stay tuned.

Incredibly, there is an even more fundamental, and more embarrassing, gap in our fluency on land policy. During a regular review of the mission and vision of the Lincoln Institute at a recent board meeting, we had to confront the alarming fact that we have no adequate definition of the term “land policy.” This is a big communications and branding problem. While “land” and “policy” evoke almost instant associations for our audiences, combining the two invariably results in head-scratching and confusion.

I’ve wrestled with this communications challenge since I arrived at the Lincoln Institute nine years ago. The challenge is especially acute at weddings or holidays when family or friends ask me what I do for a living. The discussion typically goes like this:

“So, Mac, what are you doing now?”

“I run a land policy think tank in Cambridge.”

“What do you do there?”

“We commission research, provide training, and help governments use land policy to address things like the affordable housing crisis or help them to prepare for climate change.”

“What do you mean by land policy?”

“I think of it as the rules of the game that define the relationship between people and place.”

“Huh?”

“It’s the way we reconcile individual interests in the ownership of property with our need to manage it for public good.”

“You mean, like zoning?”

“Yeah, but it’s more than zoning. It’s a lot of things. It’s the widespread use of conservation easements to preserve private land to support endangered species or sequester carbon. It’s coordinating land use planning and water management so that all communities can survive in the arid Southwest. It’s helping governments mobilize revenue from land to fund schools and fix the roads. It’s using remote sensing to figure out which people are at risk of sea-level rise and finding new places for them to live. It’s helping cities in the developing world deal with the slums that choke them. It’s helping new civic coalitions make smart investments in land and housing to improve community health outcomes. It’s figuring out automated ways for tax assessors to estimate property values for tax bills.”

“That’s a lot of things. Don’t you have a simpler description of land policy, like an elevator pitch?”

“We usually run out of floors.”

For some reason, people have an easier time understanding careers that involve nuclear nonproliferation or monoclonal antibodies than they do understanding land policy. But the board and management of the Lincoln Institute are nothing if not problem solvers. We decided to focus our collective intellect on forging a simple explanation of land policy. After a day and a half with no detectable progress, we decided to do what any college student with writer’s block would do: consult artificial intelligence. But instead of starting with an ordinary elevator pitch, we decided to channel the world’s greatest authority on the English language. We asked ChatGPT to write a sonnet about land policy in the style of William Shakespeare.

Fifteen seconds later, we got something both amazing and terrifying:

Upon fair fields, where crops do flourish bright,
And bounteous harvests bring forth wealth untold,
We oft forget the plight of those less bold,
Who toil and struggle for a patch of light.

But land is more than soil and crops to grow,
It’s where our homes and hearts are built with care,
And thus, its use and stewardship doth bear
A weight that none can lightly let it go.

So let us not in greed and haste proceed,
But weigh the needs of all with equal care,
And let the land provide for all in need.

For when we balance use and stewardship,
We’ll find the land will flourish and be fair,
And all shall prosper in its bounteous grip.

That sonnet is an elevator pitch for the ages. It artfully and economically describes the challenge of reconciling individual interests and collective needs. It also addresses sustainability succinctly by referencing economy (wealth untold), equity (weighing the needs of all), and the environment (the balance of use and stewardship). It captures the mission of the Lincoln Institute in far more subtle and creative ways than I ever could.

But the sonnet is Shakespearean, and therefore a tad inaccessible for the more prosaic among us. So as I was writing this column, I asked ChatGPT for its simplest explanation of “land policy.” This is what I got:

Land policy refers to the rules and regulations that govern the use, ownership, and management of land. It involves making decisions about how land should be used, who should have access to it, and what activities are permitted on it. Land policy can affect a wide range of issues, from urban development and environmental conservation to property rights and social equity. Its goal is to balance the interests of different stakeholders and ensure that land is used in ways that benefit society as a whole.

Yup, a great elevator pitch. The Luddite in me wants to ban the use of this devilish machine. On the other hand, it is a perfect example of technology accelerating our linguistic advancements in land policy in the same way that technology is advancing our ability to estimate and predict the value of land.

But to accelerate our progress, we need to advance from here. Maybe the bot’s sonnet and elevator pitch are not perfect. Maybe we humans can do better. So I put this challenge to you, dear readers: I already gave you my definition of land policy. Please give us yours, following the guidelines below. I’ll share my favorites in an upcoming column.

WHAT EXACTLY IS LAND POLICY, ANYWAY?

Send your best explanation, in poetry or prose, to publications@lincolninst.edu. Submissions should be no more than 100 words and should not rely on ChatGPT or any similar tool. The person who submits the best response* will earn the acclaim of the land policy community, a mention in this column, and the chance to select five books from the Lincoln Institute catalogue.

*as determined by a panel consisting of Lincoln Institute President George W. McCarthy

George W. McCarthy is president and CEO of the Lincoln Institute of Land Policy.

Image: The Bard reflects on the intricacies of land policy. Credit: claudiodivizia via iStock/Getty Images Plus.

E

n publicaciones realizadas en la última Época Dorada, Henry George advirtió acerca de los peligros sociales y económicos de donar plus-valías a propietarios que no habían hecho nada para ganárselas. En esta nueva Época Dorada, la desigualdad económica combinada con tasas de interés persistentemente bajas conduce al empeoramiento de la redistribución de la riqueza, ya que una parte cada vez mayor va a quienes tienen recursos, mientras que a cada vez más familias les resulta imposible pagar los precios desorbitantes de las viviendas decentes. Una consecuencia positiva de la pandemia es que se hizo un llamamiento a la voluntad política para abordar dos desafíos relacionados que tienen su origen en políticas de suelo: la crisis de asequibilidad de las viviendas y las brechas de riqueza provocadas por un racismo estructural.

Entre politólogos y gestores de políticas está surgiendo un consenso sobre que ambos desafíos son el resultado de políticas de suelo excluyentes. Si bien la exclusión es el factor principal, no es el único. Lo que es más importante, no existe una única solución que logre mágicamente que las viviendas sean más asequibles y, al mismo tiempo, disminuya las brechas de riqueza.

Decenas de gobiernos locales, estatales y nacionales (incluido el de Pasco, Washington, que se perfiló en este sentido) están reformando la zonificación residencial que anteriormente solo permitía viviendas unifamiliares independientes. La lógica de esta intervención es razonable. La zonificación unifamiliar limita el desarrollo, ya que impone restricciones como tamaños mínimos de lotes. Como resultado, aumentan los costos de las viviendas, lo que impide que las familias de ingresos más bajos las compren o alquilen en barrios atractivos. Al relajar estas políticas, será posible producir más viviendas a precios más económicos, al menos en teoría.

Los fundamentalistas del mercado aducen que los incentivos financieros son tan poderosos que, si logramos construir dos, cuatro o incluso doce unidades en un predio en el que antes se podía edificar solo una, la solución de la crisis de viviendas asequibles estará garantizada, gracias al aumento de la producción. Pero existe una gran diferencia entre permitir el desarrollo de múltiples unidades y el desarrollo de estas en sí. Y no hay ninguna garantía de que sean asequibles. Se han construido muchos condominios y departamentos prohibitivos en ubicaciones de alta densidad, como la ciudad de Nueva York, donde la escasez de viviendas asequibles es crítica. Una gran cantidad de ellos están vacíos. ¿Cómo pueden lugares como Pasco evitar que suceda lo mismo?

Parte de la respuesta tiene que ver con el mercado de viviendas. Como mencioné antes, la vivienda representa dos mercancías muy diferentes que se comercializan en el mismo mercado. Cada unidad puede satisfacer la demanda de un techo para una familia o la de rendimientos para ávidos inversionistas. Muchas veces, pero no siempre, una vivienda puede satisfacer ambas, cuando es el propietario quien ocupa la unidad. Sin embargo, cada vez más a menudo vemos familias que compiten por un techo disponible con inversionistas saturados de liquidez. A excepción de una intervención innovadora realizada por el Puerto de Cincinnati que analizaré en otro momento, suelen ganar los inversionistas.

A medida que la desigualdad económica global empeora, la brecha entre la provisión de techo y la oportunidad de inversión precipita una escasez inexorable de viviendas asequibles, aunque no de viviendas en sí. En los Estados Unidos, contamos con alrededor de 20 millones más de unidades habitacionales que hogares y hay más viviendas que hogares en todos los mercados de viviendas del país. Según el censo estadounidense, incluso en un mercado reducido como el de Pasco, hay 23.126 unidades habitacionales, pero solo 22.174 hogares. El mercado metropolitano en el que se encuentra Pasco contiene 106.104 unidades habitacionales y 100.336 hogares. Si bien la sobreoferta no es grande, es un buen ejemplo: nuestro problema no es la oferta, sino el tipo de viviendas que ofrecemos (o permitimos que se ofrezca).

Además, la tierra es una mercancía que se comercializa en muchos mercados, como bien de inversión y como bien de usos múltiples: residencial, industrial, comercial y agrícola. El precio del suelo deriva de una compleja combinación de factores sociales, legales y económicos que están prácticamente fuera de la égida del propietario. Si más personas emigran a una ciudad o a un barrio, el valor del suelo sube. Si se realizan mejoras en infraestructura, como tratamiento de aguas residuales o transporte accesible, el valor del suelo sube. Si las políticas locales permiten un desarrollo más intensivo en un predio, su valor aumentará.

¿Quién gana cuando se permiten edificaciones multifamiliares en lotes que solían ser unifamiliares? Los propietarios que reciben plusvalías caídas del cielo están entre los grandes ganadores. Este aumento de la plusvalía pone a los propietarios de la zona en riesgo, ya que puede aumentar los impuestos. Si los cambios de zonificación no se diseñan como parte de una estrategia más amplia que apunte a abordar la capacidad de pago, pueden propiciar desplazamientos sin quererlo. Los urbanistas de Pasco lo saben y están elaborando un conjunto de tácticas integrales y equilibradas para que su comunidad siga siendo asequible. 

Los antecedentes de exclusión racial del país complican aún más los mercados del suelo y la vivienda, y se eluden todas las iniciativas para hacer frente a esta. Históricamente, restricciones de escritura, cláusulas legales y otras prácticas explícitas, aunque hoy en día ilegales, garantizaron la exclusión de las personas de determinados barrios en función de su color de piel, etnia o afiliación religiosa. A esto se sumaron prácticas financieras descaradamente racistas que se establecieron en los orígenes del sistema moderno de financiamiento de viviendas. Durante seis décadas, hemos intentado luchar, con poco éxito, contra estas formas de racismo estructural a través de políticas públicas. Esta historia sirve como moraleja.

A partir de la promulgación de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Vivienda Justa de 1968 y la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito de 1974, la nación prohíbe formalmente la discriminación en materia de viviendas y préstamos. La Ley de Reinversión Comunitaria de 1977 impuso más obligaciones de hacer sobre entidades crediticias reguladas a fin de satisfacer las necesidades de crédito de sus comunidades. Aun así, en 2018, el Centro de Periodismo Investigativo analizó 31 millones de hipotecas y descubrió que las entidades crediticias reguladas negaban hipotecas convencionales a personas de color, en un porcentaje significativamente más alto que a las personas blancas en 61 áreas metropolitanas, incluso después de controlar sus ingresos y otros factores socioeconómicos. La brecha racial nacional en cuanto a tasas de adquisición de viviendas es peor hoy que en 1960, cuando comenzaron las iniciativas para abordar la discriminación en materia de vivienda. 

Cerrar la brecha racial de la riqueza requerirá mucho más que nivelar el campo de juego financiero y producir más unidades habitacionales. Contar con viviendas estables y asequibles en zonas de grandes oportunidades es fundamental para el éxito económico de las familias a largo plazo. Pero al incrementar el parque de viviendas no aumenta necesariamente la disponibilidad de viviendas asequibles para familias de bajos ingresos, ni se garantiza que las poblaciones históricamente excluidas tengan acceso a oportunidades para adquirir viviendas que generen riqueza en barrios prósperos.

En casi todos los mercados de viviendas de los Estados Unidos, estamos produciendo demasiadas viviendas del tipo incorrecto y permitiendo que el parque actual quede por fuera del control local. Los alquileres cada vez más altos alientan la transformación de hogares unifamiliares en unidades para alquiler a una escala sin precedentes. Los fondos de inversión inmobiliaria en viviendas unifamiliares para alquiler se han convertido en una excelente oportunidad de inversión. Según CoreLogic, los inversionistas adquirieron más del 25 por ciento de todas las viviendas unifamiliares que se compraron en los Estados Unidos en los últimos dos trimestres de 2021. Una sola reforma de zonificación no cambiará la manera en la que funciona el mercado, y nada hará que el capital global deje de superar las ofertas de las familias que necesitan un techo en las transacciones de viviendas en barrios atractivos, a menos que se tomen otras medidas.

Al redesarrollar antiguas zonas de viviendas unifamiliares, debemos implementar fuertes requisitos de inclusión que obliguen a los propietarios a construir viviendas asequibles. Además, es necesario brindar y proteger oportunidades para que familias que históricamente quedaron excluidas compren casas asequibles y aumenten su patrimonio. En lugar de regalar derechos de desarrollo adicionales a los propietarios, estos deberían venderse. Los derechos de desarrollo se comercializan activamente en muchos mercados privados y algunos públicos de los Estados Unidos. Los municipios podrían recaudar miles de millones de dólares con la venta de estos derechos, y las ganancias se podrían utilizar para iniciativas que aborden la brecha racial de la riqueza mediante, por ejemplo, la provisión de ayudas generosas para pagar anticipos para viviendas o reducir los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria.

Una vez que hayamos establecido un suministro razonable de viviendas asequibles, debemos preservarlas. Para esto, habrá que proteger el parque de viviendas asequibles de los mercados de capital global. Esto puede lograrse fácilmente si se aplican impuestos más altos sobre las ganancias de capital obtenidas de transacciones inmobiliarias especulativas. En Taiwán, los impuestos sobre la plusvalía tuvieron un efecto paralizador sobre la especulación inmobiliaria. Además, las restricciones de escritura pueden limitar los precios de venta futuros. Acuerdos de propiedad alternativos, como cooperativas de patrimonio limitado o fideicomisos de suelo comunitarios, pueden garantizar una capacidad de pago permanente. Si no actuamos ya, en las próximas décadas enfrentaremos crisis continuas de vivienda asequible. Pero es importante advertir una cosa: limitar la ventaja financiera para preservar las viviendas asequibles obstaculizará nuestros esfuerzos para eliminar las brechas raciales de la riqueza mediante la adquisición de viviendas. Esto ilustra los desafíos de intervenir en sistemas complejos. Una vez que reconozcamos la complejidad, podremos considerar las posibles negociaciones para encontrar un compromiso práctico y aceptable. 

En el Instituto Lincoln, aplaudimos el reconocimiento de las políticas de suelo como el origen de los mayores desafíos sociales y económicos. Pero las intervenciones simplistas en sistemas de suelo y vivienda complejos no servirán para hacer frente a estos desafíos asombrosamente intrincados. No podemos confiar en el incremento de la oferta de viviendas como si fuera una solución mágica. Debemos sumar otras políticas a la reforma de zonificación y probar distintas combinaciones en un proceso iterativo. A medida que avanzamos, debemos tener presentes las palabras de H. L. Mencken: “Para todo problema humano hay siempre una solución clara, plausible y equivocada”.

Imagen: Este dúplex en Portland, Oregón, es un ejemplo de vivienda “intermedia faltante” (o missing middle), que puede ofrecer opciones más asequibles en barrios que antiguamente eran unifamiliares. Para que sean verdaderamente efectivos, los cambios de zonificación que permiten la disponibilidad de este tipo de viviendas también deben exigir que estas sean asequibles y formen parte de una estrategia de vivienda más amplia. Crédito: Biblioteca de fotos de viviendas intermedias del Instituto Sightline vía Flickr CC BY 2.0.