Carlos Morales-Schechinger ingresó al IHS, el Instituto de Estudios sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano de la Universidad Erasmus en Rotterdam, Holanda, en el año 2008. Dicho instituto internacional atrae estudiantes de todo el mundo, en su mayoría de los países en vías de desarrollo. Algunos programas del IHS están organizados conjuntamente con el Instituto Lincoln.

Anteriormente, Morales se desempeñó como profesor a tiempo parcial en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En los últimos 12 años, ha colaborado en forma regular en seminarios y cursos organizados por el Instituto Lincoln en toda América Latina. Su labor docente se centra principalmente en temas tales como instrumentos de recuperación de plusvalías del suelo, tributación sobre suelo e inmuebles, y políticas preventivas basadas en el suelo como alternativas a los asentamientos informales.

Morales ha ocupado diferentes puestos gubernamentales: se desempeñó como Director de Políticas e Instrumentos de Suelo en la Secretaría de Desarrollo Urbano de México, donde diseñó e implementó un ambicioso programa de reservas territoriales, y como director de política catastral del gobierno de la Ciudad de México, donde manejó una extensa reforma fiscal de los impuestos sobre la propiedad. También ocupó puestos en bancos públicos y privados en México, donde se ocupó de valuaciones inmobiliarias, hipotecas, administración de propiedades y préstamos para grandes desarrollos urbanos y para gobiernos municipales.

Morales obtuvo el título de grado en Arquitectura por la UNAM, un diploma en Financiamiento de Gobiernos Locales por la Universidad de Birmingham, Reino Unido, y una maestría en Estudios Urbanos por la Universidad de Edimburgo, Reino Unido.

Land Lines: ¿Cómo se involucró usted con el Instituto Lincoln?

Carlos Morales: Mi primer contacto fue a principios de la década de 1980, cuando asistí a una conferencia internacional patrocinada por el Instituto que tuvo lugar en Cambridge y que estaba relacionada con mi trabajo para el gobierno sobre políticas de suelo urbano. Las ideas que aprendí allí pude ponerlas directamente en práctica dos años más tarde cuando trabajaba en una reforma para aumentar la oferta de suelos con servicios en ciudades de tamaño mediano y logré subsidio cruzado para lotes con servicios para las familias de bajos recursos en México. A principios de la década de 1990, al estar trabajando para el gobierno de la Ciudad de México en una ambiciosa reforma del impuesto sobre la propiedad, asistí a otra conferencia del Instituto sobre tributación sobre la propiedad.

A partir del año 2000, participé en varias actividades educativas organizadas por Martim Smolka a través del Programa para América Latina y el Caribe. Alrededor del año 2004, el Instituto creó una iniciativa conjunta con el IHS y me contrató como uno de los conferencistas invitados por el Instituto para dictar clases en estos programas. Más adelante, me invitaron a ser parte del IHS a tiempo completo para manejar esta iniciativa conjunta.

Land Lines: ¿Cómo compara usted la efectividad de instituciones como el IHS y el Instituto Lincoln?

Carlos Morales: Creo que son complementarios. El Instituto Lincoln es líder en investigación y educación sobre políticas de suelo, con un enfoque internacional en América Latina y China. El IHS es reconocido por su tarea educativa y de formación de capacidades en temas de gestión y desarrollo urbano para una audiencia mundial, particularmente los países en vías de desarrollo y en transición. Los cursos del IHS se encuentran abiertos a estudiantes de todas las regiones, aunque la mayoría proviene de países de África, Asia, Europa Central y Europa Oriental. Mediante la iniciativa conjunta con el IHS, el Instituto Lincoln tiene la posibilidad de alcanzar a estudiantes de muchos más países de manera eficiente.

Land Lines: La tarea de transmitir conocimientos fundamentales sobre políticas de suelo y gestión urbana a profesionales no es fácil. En su opinión, ¿cuál es el enfoque más efectivo para lograrlo?

Carlos Morales: Es importante la combinación de dos factores: el perfil del profesor y una pedagogía adecuada. Los profesores deben tener experiencia tanto en lo práctico como en lo académico, para poder así responder las preguntas que resultan relevantes para los técnicos profesionales, especialmente cuando las respuestas impliquen alejarlos de su zona de confort y enfrentar algún tipo de desafío.

El objetivo último de las ciencias sociales es precisamente el de cambiar la realidad, no sólo entenderla. La consultoría acerca a los académicos a la práctica, pero no los confronta con el compromiso moral de implementar una política o con la responsabilidad ética de hacer que la política funcione en la realidad. La experiencia en la práctica directa es fundamental. Los programas del Instituto en América Latina emplean profesores con este perfil, quienes han probado ser efectivos al tratar cuestiones tales como el impacto de la tributación y las regulaciones en los mercados inmobiliarios y al escoger instrumentos de recuperación de plusvalías del suelo, ambos temas candentes en la región.

En cuanto a la pedagogía, los técnicos profesionales tienden a ser escépticos acerca de la teoría, ya que la consideran poco práctica y desean probarla para convencerse. El uso de ejemplos de políticas implementadas en otras ciudades resulta muy útil. Algunos estudiantes de países en vías de desarrollo no aceptan casos de países más desarrollados, ya que sostienen que sus estructuras de gobernanza son demasiado diferentes. Otros estudiantes prefieren casos de situaciones diversas, ya que, a pesar de las diferencias contextuales, aspiran a lograr mejores oportunidades de desarrollo para sus propios países. Un profesor debe tener un arsenal de casos diferentes para examinarlos cuando surjan las preguntas.

Los juegos de simulación también resultan una técnica muy efectiva. Los juegos de roles en los que los participantes compiten entre sí son los más útiles para comprender los mercados inmobiliarios y ayudar a resolver problemas. Los juegos de roles son muy reveladores, aunque los participantes no logren resolver los problemas, puesto que los motiva a preguntarse qué ocurrió. He visto cómo los participantes que experimentaron el fracaso en un juego comienzan a cooperar y a diseñar reglamentaciones ingeniosas por su propia cuenta. Otra estrategia es la de asignar a los participantes un rol que sea contrario a sus creencias o experiencias. Por ejemplo, los funcionarios gubernamentales que representan el papel de desarrolladores piratas descubren las grandes cantidades de dinero que tienen que gastar los pobres sólo para tener acceso a los terrenos.

Jugar al abogado del diablo funciona bien cuando se debaten conceptos controvertidos, como si los participantes estuvieran en un tribunal de tierras. Esta no es una técnica nueva, a menos que se juegue con algunas variaciones. Un ejemplo sería determinar los criterios para la compensación por expropiaciones. En este juego, un equipo sostiene ideas a favor de los valores de uso actual, y otro equipo, los valores de uso futuro. Se brinda literatura de apoyo e información práctica para que cada equipo pueda elaborar sus argumentos. Los profesionales de diferentes países pueden referirse a ejemplos de expropiaciones normativas, ya sean las expropiaciones ocurridas en China, las restituciones de terrenos en Europa Oriental o la venta de derechos de construcción en Brasil.

Debido a que los participantes deben defender una postura con la que no están de acuerdo, les resulta necesario estudiar y trabajar con más ahínco. En muchos casos, terminan cambiando de opinión o, al menos, identificando nuevos argumentos para su uso posterior en los debates con sus oponentes en la vida real. Al finalizar el juego del tribunal de tierras, el grupo que actúa como jurado vota dos veces en secreto: primero sobre al desempeño del equipo cuyos miembros actuaban como defensores; segundo, sobre los argumentos conceptuales. Cuando un equipo recibe más votos que la posición que defendían, queda claro que se necesita investigar el tema con mayor profundidad. Lo que más me gusta es que el juego no impone una posición a los participantes, sino que eleva el nivel de debate.

Land Lines: ¿Cuáles son los principales tipos de resistencia que existen en torno a los conceptos e ideas relacionadas con las políticas de suelo?

Carlos Morales: El concepto que con mayor frecuencia suscita resistencia tal vez sea la forma en que los impuestos y las normas se capitalizan en el precio del suelo. La resistencia puede provenir de un punto de vista ideológico (tanto la izquierda como la derecha tienen sus argumentos), del interés personal (los propietarios no aceptan fácilmente sacrificar sus ganancias) o de la ignorancia acerca de la forma en que funciona el concepto de capitalización. Como educador, es mi función tratar el tema de este último desafío.

Aunque a los profesionales se les explique la teoría, permanecen escépticos si su experiencia contradice la teoría. El malentendido puede surgir del hecho de referirse a un impuesto sobre un bien de consumo que no es tan escaso como el suelo, aunque también puede derivarse de la experiencia que tengan con los mercados inmobiliarios en sí. Esto ocurre cuando se presentan de forma conjunta dos políticas con efectos opuestos, como por ejemplo el aumento de las densidades y el aumento de los impuestos. El efecto combinado de estas medidas dificulta la comprensión del impacto que tiene cada una de ellas. Un juego de simulación puede ayudar a aislar cada impacto. Los profesionales deben experimentar con cada medida para poder entender mejor ambas políticas. He notado que a veces asienten con escepticismo cuando uno dicta la teoría, pero que luego sonríen con cara de “eureka” cuando logran comprenderla después de participar en un juego.

Land Lines: ¿Cómo supera usted la resistencia hacia temas tales como la recuperación de plusvalías?

Carlos Morales: Toda tarifa relacionada con el aumento de las densidades es una forma de recuperar la plusvalía del suelo, así como también una fuente de financiamiento de infraestructura, tal como lo está llevando a cabo la ciudad de São Paulo al cobrar por derechos de construcción adicionales. El debate sobre la forma en que esta política tiene un impacto sobre los precios de mercado es controvertido. Los propietarios no están de acuerdo, ya que esta política reduce sus expectativas de precios; por otro lado, los desarrolladores están a favor, ya que esta política reduce los precios del suelo y los pagos que se realizan a la ciudad vuelven en forma de obras públicas. Una situación similar se dio en Bogotá, cuando se creó un impuesto sobre la plusvalía del suelo.

Ambos casos resultan referencias útiles cuando se quiere explicar la recuperación de plusvalías del suelo en los países en vías de desarrollo, aunque es necesario documentar y divulgar más casos de ciudades, y algunos profesionales quieren ejemplos de países desarrollados. Esto no es fácil, ya que la recuperación de plusvalías del suelo es un término de moda en los círculos de América Latina, no así en la mayoría de los países desarrollados. Y esto no quiere decir que el concepto de recuperación de plusvalías no se utilice en los Estados Unidos u otros lugares, sino que se asume como parte del funcionamiento del mercado inmobiliario. Por lo tanto, los profesores tienen la función de resaltar esta cuestión y dar lugar a la posibilidad de compartir experiencias entre los profesionales provenientes tanto de países desarrollados como en vías de desarrollo.

Land Lines: ¿Qué podría comentarnos acerca de las dificultades que existen al tratar de transmitir conceptos sobre tributación a los planificadores?

Carlos Morales: Los planificadores aprenden acerca de los impuestos sobre la propiedad si estos son lo suficientemente altos como para tener un impacto sobre las decisiones que toman los propietarios, los desarrolladores y los usuarios del suelo, tal como ocurre en los Estados Unidos. En los países en vías de desarrollo, estos impuestos son, por lo general, tan bajos que no tienen un impacto sobre las decisiones del mercado, por lo que los planificadores no se interesan en ellos. Cuando participamos en juegos que ilustran el funcionamiento de los mercados de suelo a los arquitectos (quienes, con frecuencia, también son planificadores) y estos se dan cuenta de que la ciudad no está yendo hacia donde ellos esperan, su reacción más frecuente es la de sugerir más impuestos y mercados inmobiliarios más eficientes. Casi nunca proponen un plan de uso del suelo tradicional.

Land Lines: En su opinión, ¿cuáles son los conceptos o ideas fundamentales que podrían marcar la diferencia en el debate internacional sobre los mercados inmobiliarios urbanos?

Carlos Morales: Resaltar el hecho de que la recuperación de plusvalías del suelo es una fuente importante de financiamiento de infraestructura y prevención de asentamientos informales puede generar la participación de más partes interesadas en un debate serio. Las ideas relacionadas con la seguridad de la tenencia, el registro de inmuebles y los títulos de propiedad a fin de aumentar el acceso a préstamos han estado dominando las políticas, aunque los resultados no han sido tan positivos como se esperaba. Los asentamientos informales siguen desarrollándose y la prestación de servicios continúa bastante atrasada.

Aquellas políticas que tienen que ver con la tributación del suelo y las obligaciones —no solamente con los derechos de propiedad— tienen mayores posibilidades de mejorar el funcionamiento de los mercados inmobiliarios urbanos. UN-Habitat y el Banco Mundial adoptaron las primeras nociones de seguridad de la tenencia como una solución, pero ahora están comenzando a mostrar interés en los instrumentos de desarrollo urbano basados en el suelo. Las políticas de recuperación de plusvalías del suelo tendrán un efecto mañana, aunque su costo político se produce hoy, ya que entregar títulos de propiedad es barato y atractivo para los políticos de corto plazo. Este es el desafío que debemos enfrentar en el debate internacional con el fin de asegurar una reforma del mercado inmobiliario más efectiva y a largo plazo.

The proliferation of informal and illegal forms of access to urban land and housing has been one of the main consequences of the processes of social exclusion and spatial segregation that have characterized intensive urban growth in developing countries. Given the absence of adequate housing policies and the failure of the land market to offer sufficient, suitable and accessible housing options, millions of urban poor have to create their own shelter, either by invading private or public land or by buying land illegally and constructing their own housing. This phenomenon has attracted the attention of many researchers, policy makers and others worried about the grave socioeconomic, environmental and political implications for the urban poor and society at large.

Peruvian economist Hernando de Soto is one of the most influential contemporary ideologues addressing this complex issue. His ideas and proposals regarding large-scale regularization programs, most recently presented in his book, The Mystery of Capital, have received extensive media coverage and have raised the level of public debate. His influence can be measured by the fact that an increasing number of countries and cities, in Latin America and elsewhere, have introduced regularization policies based on his ideas, and these programs have already had a significant impact on international and institutional approaches to property reform and good governance. In many countries, politicians who were never particularly interested in urban development concerns have now become vigorous defenders of de Soto’s ideas. Why?

A Review of Urban Settlement Trends

Before addressing de Soto’s work directly, a brief summary of the current situation is in order. In Latin America, the urbanization process has been especially significant: 380 million people, some 75 percent of the total population, lived in urban areas in 2000, making it the most urbanized region in the world. While the globalization of urban land markets has intensified in Latin America, the region has also seen poverty escalate. It is estimated that between 40 and 80 percent of the population lives illegally because they can neither afford nor gain legal access to land near employment centers. As a result, illegal tenure arrangements have become the main form of urban land development.

The violent evictions and forced removals of the 1970s have been gradually replaced by a relative tolerance of illegal occupations, culminating in some cases with the official recognition of such settlements. Responding to growing social mobilization, public administrators and policy makers in several countries have struggled to formulate regularization programs aimed at both upgrading informal areas and recognizing the land and housing rights of the dwellers, thus legalizing their status.

Most land tenure regularization programs have been structured around two intertwined objectives: to recognize security of tenure and to promote the sociospatial integration of informal communities within the broader urban structure and society. The definition of what constitutes security of tenure has varied in both theory and practice. The UN Global Campaign for Securing Tenure for the Urban Poor, for example, seeks to protect dwellers against eviction and achieve other basic objectives, such as contributing to sustainable livelihoods; improving access to basic services; securing urban citizenship; producing certainty and incentives for investment; mobilizing disparate communities; and empowering women.

Generally speaking, regularization programs in Latin America have been more successful in upgrading settlements through public investments in urban infrastructure and service provision than in legalization programs. The definition of the nature of the rights to be attributed to dwellers has varied greatly, ranging from titles (such as freehold and leasehold) to contracts (such as social rent and other rental mechanisms) and precarious administrative permits (such as temporary licenses and certificates of occupancy). Experiences based on the transfer of individual freehold titles have been largely unsuccessful, given the many existing legal, technical and financial obstacles.

de Soto’s Contributions to the Debate

Although he has claimed that he initiated the debate, de Soto instead has made an undeniably important contribution to a long-standing discussion of the need to confront the phenomenon of urban informality and illegality through public policies aimed at legalizing informal settlements and other extralegal economic activities. Since the 1970s, this debate increasingly has involved planners and policy makers, but de Soto has repackaged the discussion and, to some extent, contributed to widening its scope and reach.

What makes de Soto’s ideas so appealing is that, perhaps better than anyone else, he has been able to emphasize the economic dimension and implications of urban illegality. Most of the academic research, social mobilization and policy-making on the matter of informal settlements and land regularization have been supported by a combination of humanitarian, ethical, religious, sociopolitical and environmental arguments. de Soto’s approach, on the other hand, has stressed the significant impact that comprehensive regularization programs could have on the overall urban economy by linking the growing informal extralegal economy into the formal economy. Moreover, he has argued that such public policies can be instrumental in reducing social poverty.

In his view, small informal businesses and precarious shanty homes are essentially economic assets, “dead capital,” that should be revived by the official legal system and turned into liquid capital so people could gain access to formal credit, invest in their homes and businesses, and thus reinvigorate the economy as a whole. He has estimated the amount of dead capital in the developing world at about US$9.3 trillion, a staggering figure that has drawn the attention of many influential politicians, land developers, government officials and financial organizations (Bourbeau 2001). His argument has been summarized as follows:

“Most of the poor already possess the assets they need to make a success of capitalism…But they hold these resources in defective forms…They lack the process to represent their property and create capital…They have houses, but not titles…. It is the representation of assets in legal property documents that gives them the power to create surplus value” (Mammen 2001).

In his first book, The Other Path, de Soto advocated the formalization of informal settlements. In his new book, The Mystery of Capital, he has taken this argument one step further, advocating that property ownership is the reason “why capitalism triumphs in the West and fails everywhere else,” which is also the subtitle of the book. de Soto offers a three-part argument:

• People need to feel secure of their legal tenure status so they can start investing in housing and business improvements;
• Security of tenure and resulting access to credit can only be provided by the legalization of informal settlements and businesses;
• The way to proceed is to provide universal title ownership through individual freehold titles, with clear titles and enforceable rights, to enable third world countries to leverage themselves and thus eradicate poverty.

The recognition of property ownership in de Soto’s proposal is important because it would entail access to credit and finance. He argues that European countries and the U.S. improved their property systems, allowing economic actors to discover and realize the potential of their assets and thus to be in a position to produce the kind of noninflationary money necessary to finance and generate production. Following that logic, national and international organizations have proposed, and even imposed, the full legalization of businesses and the unqualified recognition of individual freehold titles for urban dwellers in some informal settlements as the “radical” way to transform decaying urban economies.

Critiques of de Soto’s Assumptions

Appealing as his ideas are, there are many flaws in de Soto’s arguments. Now that the dust raised by the initial media attention to his book has started to settle down, the debate has become increasingly critical. Such an appraisal is especially important because the regularization programs inspired by his ideas have had a significant impact on the daily lives of millions of people.

To begin with, there has been increasing criticism of de Soto’s methodological approach that led to the highly unlikely estimated figure of existing dead capital. Some analysts have pointed out that his grasp of the role and social construction of individual property ownership in European and U.S. economic history is not entirely correct (Payne 2001). Others have criticized de Soto for oversimplifying, if not totally misunderstanding, the complex dynamics of both informal and formal urban land markets (Bourbeau 2001). I have stressed the specific, perhaps unique, role of land ownership in developing countries, especially in Latin America, where historically the combination of weak capital markets, highly inflationary economies and deficient social security systems has turned land value appreciation into a fundamental capitalization mechanism, thus generating a culture of speculation that has long supported a heritage of patrimonialism and political clientilism. This process has, in its turn, deeply affected the conditions of access to urban land and housing and the spatial distribution of public equipment and services, as well as generating urban illegality.

Another related critical argument is that de Soto has failed to recognize that the poor, despite their poverty, have already amassed assets through access to credit, albeit not from formal institutions. In fact, de Soto has failed to provide evidence that banks and other official financial and credit institutions would be prepared to give systematic credit to the poor, even though there is historical evidence to the contrary. For example, in de Soto’s country of Peru very few people have been able to access official credit following a massive regularization program (Riofrio 1998; Calderon 2001). Moreover, existing research in Colombia and other Latin American countries has indicated that the poor would not even be interested or willing to obtain official credit, given the socioeconomic and fiscal implications of this process (Gilbert 2001). Recent studies also have questioned the urban and socioeconomic sustainability of settlements in Mexico, Peru, El Salvador and elsewhere that have been legalized by programs inspired by de Soto’s ideas (Duhau 2001; Kagawa 2001; Zeledon 2001). Such programs have focused exclusively, and artificially, on the formal legalization of informal settlements and have not included adequate upgrading and other socioeconomic programs, thus failing to promote any sociospatial integration.

From my perspective as a legal scholar, I see three main flaws in de Soto’s argument. First, while discussing the importance of legalizing informal settlements, he has failed to question the very nature of the legal system that has generated urban illegality in the first place. I believe that the discussion of laws and legal institutions has to be supported by a critical understanding of the nature of the law-making process, the conditions for law enforcement, and the dynamics of the process of social construction of urban illegality. In particular, I have argued that the legal treatment of property rights should be taken out of the narrow, individualistic context of civil law so the matter can be interpreted from the socially oriented criteria of redefined public urban law (Fernandes 2001).

In this context, far from being radical, de Soto’s argument is a very conservative one. His work has failed to qualify the discussion on property rights, and he seems to assume that there is a universal, a-historical, “natural” legal definition of such rights. However, in Latin American countries and elsewhere in the developing world, the state has treated differently the different forms of property rights (financial, industrial, intellectual, etc.) and the social relations around them, allowing for varying degrees of state intervention in the domain of economic property relations. It is only for a very specific form of property rights, land and real estate, that the state has failed to affirm the notion of the social function of property versus the dominant individualistic approach given to such rights by anachronistic civil legislation (Fernandes 1999). The historical and political factors that have allowed classical legal liberalism to survive in Latin America have to be addressed before any comprehensive legal reform, such as that proposed by de Soto, can be implemented. The intimate though dialectically contradictory relationship between legality and illegality cannot be ignored (Fernandes and Varley 1998). Such a critical approach to law would certainly serve to dismiss de Soto’s claim that formal, unqualified individual ownership can be used against crime and terrorism.

A second flaw is that research in many developing countries has indicated that, given a combination of certain social, political and institutional conditions, residents in informal settlements can share an effective perception of security of tenure, have access to informal (and sometimes formal) credit and public services, and invest in housing improvement, even without having legal titles (Payne et al. forthcoming).

Third, and more important, existing research has shown that while the recognition of individual freehold titles can promote individual security of legal tenure it does not necessarily entail sociospatial integration. Unless titling is undertaken within the context of a broader set of public policies that address urban, politico-institutional and socioeconomic conditions, legalization programs may actually aggravate the processes of exclusion and segregation. As a result, the original beneficiaries of the programs might not be able to remain on the legalized land, although that should be the ultimate objective of regularization programs, especially on public land.

Moreover, regularization programs have had little impact on social poverty, in part because the traditional banking and financial mechanisms have not embraced them, as de Soto has claimed. The root of the problem runs deeper because regularization programs have a remedial nature. They can only have a more direct impact on urban poverty if they are part of a broader set of preventive public policies aimed at promoting overall urban reform and supported by socioeconomic policies aimed at generating job opportunities and income. There is a fundamental role for the market economy in this process, but it also requires systematic intergovernmental relations, public-private partnerships, and above all renewed social mobilization. Furthermore, de Soto has failed to consider the essential gender and environmental implications of land legalization.

To prevent the production of these perverse effects, we must identify and understand the factors that have contributed to the phenomenon of urban illegality. These include not only the combination of land markets and political systems but also the elitist and exclusionary legal systems still prevailing in Latin America. To legalize the illegal requires the introduction of innovative legal-political strategies to promote the articulation of individual land tenure with the recognition of social housing rights compatible with keeping dwellers in their existing settlements. Housing rights cannot be reduced to individual property rights.

New tenure policies need to integrate four main factors: legal instruments that create effective rights; socially oriented urban planning laws; political-institutional agencies and mechanisms for democratic urban management; and inclusionary macro-socioeconomic policies. The search for innovative legal-political solutions also includes the incorporation of a long-neglected gender dimension and a clear attempt to minimize the impacts such policies have on the land market. The benefits of public investment should be captured by the urban poor, not by traditional and new private land developers, as has happened frequently in settlements regularized according to de Soto’s proposals.

In conclusion, I would argue that regularization programs should be group specific, taking into account the local historical, cultural and political contexts as well as the existing forms of tenure arrangements, both legal and customary and formal and informal. Public administrators and lawmakers should refuse the pressure to homogenize land and property laws. Individual property ownership will always be an attractive option that should be considered, but there are many other legal-political alternatives.

Hernando de Soto is absolutely right when he questions the legitimacy of exclusionary legal systems. However, while he has uncritically assumed that legitimacy would result from the widespread recognition of individual ownership, other research has proved that this is not necessarily the case. He is generally right when he says that lawyers lack an understanding of the economic process. However, many observers believe that his own understanding of the economic process may be deeply flawed, and that he could also learn a thing or two about the legal process.

Edesio Fernandes is an attorney, urban planner and lecturer in the Development Planning Unit of University College London. He is also coordinator of IRGLUS-International Research Group on Law and Urban Space. This article is based in part on his ongoing research and a lecture he presented at the Lincoln Institute in October 2001.

References

Bourbeau, Heather. 2001. Property wrongs: How weak ideas gain strong appeal in the world of development economics. Foreign Policy (November/December):78-79.

Calderon Cockburn, Julio A. 2001. Comparative analysis of the benefited and non-benefited population by the national formalization plan, in Has the well-being of the population improved?: A balance of the main social policies and programs. Lima: National Institute of Statistics and Information (INEI): 65-92.

Duhau, Emilio. 2001. Impacts of regularization programs: Notes on the Mexican experience. Paper presented at the Lincoln Institute workshop on Informal Land Markets: Land Tenure Regularization and Urban Upgrading Programs (October).

de Soto, Hernando. 1986. The Other Path. London: I.B. Tauris & Co Ltd.

_____. 2001. The Mystery of Capital. London: Bantam Press.

Fernandes, Edesio. 1999. Redefining property rights in the age of liberalization and privatization. Land Lines (November) 11(6):4-5.

_____. 2001. Law and the production of urban illegality. Land Lines (May) 13 (3):1-4.

Fernandes, Edesio and Ann Varley, eds. 1998. Illegal Cities: Law and Urban Change in Developing Countries. London: Zed.

Gilbert, Alan. 2001. On the mystery of capital and the myths of Hernando de Soto: What difference does legal title make? Paper presented at the N-AERUS Workshop in Leuven, Belgium (June).

Kagawa, Ayako. 2001. Policy effects and tenure security perceptions of Peruvian urban land tenure regularization policy in the 1990s. Paper presented at the N-AERUS Workshop in Leuven, Belgium (June).

Mammen, David. 2001. Roundtable discussion for the International Division of the American Planning Association. Interplan (June):2-9.

Payne, Geoffrey. 2001. The mystery of capital: Why capitalism triumphs in the west and fails everywhere else. Habitat Debate (September) 7 (3):23.

Payne, Geoffrey, et al. Forthcoming 2002. Land, Rights and Innovations: Secure Land for the Urban Poor. London: International Technology Development Group (ITDG).

Riofrio, Gustavo. 1998. Why have families mortgaged so little? Paper presented at the Lincoln Institute workshop on Comparative Policy Perspectives on Urban Land Market Reform in Latin America, Southern Africa and Eastern Europe (July).

Zeledon, Aida. 2001. De facto and legal regularization programs in El Salvador. Paper presented at the Lincoln Institute workshop on Informal Land Markets: Land Tenure Regularization and Urban Upgrading Programs (October).

Universities are involved in the development of their immediate neighborhoods for a variety of reasons. For some, it is a matter of self-preservation and marketing, as neighborhood deterioration and disinvestment can negatively affect student enrollments. Other institutions are driven primarily by the need for new or updated facilities, such as laboratories, classrooms, student housing or athletic fields, which require expansion beyond existing campus boundaries, or by a long-standing commitment to neighborhood redevelopment. However, in tight urban real estate markets, where renters and low-income households already feel the threat of displacement, university expansion plans can serve to intensify residents’ apprehensions and lead to complicated land use disputes.

Universities have responded to disinvestment and dilapidation in their neighborhoods by using a variety of strategies. These include the acquisition and rehabilitation of abandoned buildings or vacant properties; support of faculty and staff home ownership in the area; improvement of local public services, including public schools and public safety programs; redevelopment of key nonresidential and commercial properties; and, at times, the encouragement of community involvement in the redevelopment process. New development often requires a fresh approach to architecture and urban design, since historically many institutions deliberately cut themselves off from their neighbors. Steve Cottingham, of Marquette University in Milwaukee, refers to this new approach as “weaving in, rather than walling out.”

Even when universities succeed in securing new development sites, they have to balance many competing demands. For example, donors favor signature buildings; the city requires regulatory compliance; neighborhood activists call for input into the school’s expansion plans, as well as benefits from that expansion; parents want a safe environment for their children; and students desire retail and entertainment options, as well as housing and security. Meeting all of these demands is difficult and none of the possible responses speaks directly to furthering the core educational mission of a university.

Roles and Responsibilities of Urban Universities

Last February, the Lincoln Institute, the Great Cities Institute of the University of Illinois at Chicago and the Urban Land Institute convened a group of executive-level university administrators involved in real estate decision making to address these issues. The seminar participants discussed specific real estate development cases as well as general concerns, such as finance and taxation, internal organizational structures, working with developers, and community involvement. Participants were interested in the technical aspects of urban development, but also in the expectations and accompanying responsibilities placed on universities in an urban context.

Universities remain one of the few examples of long-established, place-based institutions in urban areas, and they typically have a significant physical presence in their communities. While their faculty, staff and students place many demands on local public and private services, from increased traffic and police protection to escalating housing costs, universities also provide considerable cultural, social, intellectual and economic benefits. The well-known identity of most universities contrasts with that of private-sector corporations that frequently merge and relocate to suit their changing needs and to respond to the highly competitive, globalized economy. Universities typically do not have this option, so they depend on (and contribute to) the health and vitality of their local communities to protect their vested interests. The quality of the surrounding environment directly affects the competitive advantage of a university, which is crucial to attracting and retaining the best students and faculty. In turn, communities increasingly look to universities to fill the gaps left by departed corporate leadership.

Broad Street Development in Columbus, Ohio, exemplifies this kind of university-community interdependence. Campus Partners, a nonprofit redevelopment corporation started by Ohio State University, has secured the purchase option for this 1,400-unit, scattered-site public housing project. Broad Street’s Section 8 contracts from the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) have expired or are about to expire. Typically, when the federal government restructures or extends these contracts there is a significant reduction in the rent subsidy available to low-income households and little or no money available for rehabilitation of the properties. Campus Partners is working with local organizations to implement a better level of management and structural rehabilitation than is typical for Section 8 projects. Although this housing redevelopment is unrelated to Ohio State’s mission, and the university was initially reluctant to take on the responsibility, when faced with the likelihood of continued physical decline near the campus, the university decided there was no other option than to pursue the project.

As universities expend resources on local revitalization projects, they often set other forces in motion that may alter or threaten the cultural and demographic identity of the neighborhood. Real estate development can contribute to increases in the value of the land and community amenities, but it can also displace existing residents and businesses that cannot compete in tighter and more expensive land and housing markets. Seminar participants debated the responsibility of universities to address neighborhood gentrification and housing shortages due to rising land markets in the same way they previously responded to neighborhood decline. The University of Chicago, for example, has long invested in making its neighborhood an attractive residential community. Now, that strategy is being challenged because many long-term residents, both university employees and other urban dwellers, can no longer afford to live there.

Universities also face challenges from falling land markets. For example, some universities are surrounded by privately owned housing that caters to students, and those landlords often engage in short-term management practices to maximize their profits. Substandard property maintenance, coupled with high turnover of rental units, can lead to rapid deterioration in the housing stock. This behavior can either start or reinforce the process of declining property values and neighborhood deterioration-a process that fails to benefit either the university community or the neighborhood. Such a situation recently motivated the University of Pennsylvania to enter into a partnership with the Fannie Mae Corporation, First Union Bank and Trammell Crow Company to preserve and develop moderate-cost rental housing options for the broader community, and to provide high-quality management of the units.

Employer-assisted housing (EAH) strategies have also been used by the University of Pennsylvania and other universities to promote home ownership for their faculty and staff. Jim Gimpel, of the University of Illinois at Chicago, underscored the value of developing housing for staff, including the custodial, clerical and food service workers who are crucial to a university’s operation yet are among the lowest paid employees. With EAH, a university provides financial incentives, such as down-payment assistance, forgivable loans or a mortgage guarantee, to help employees purchase existing local homes. In some cases, a university may even develop the housing, but will rarely manage it. Sandra Lier, now at the University of Washington, drew on her experiences at the University of California at Irvine, which developed a faculty housing complex. After it was completed, an intermediary took over the management of the housing so that applications and complaints would be handled by the management firm rather than the university itself.

Town-Gown Tensions

Increasingly, communities are holding universities accountable for their development actions that affect the surrounding neighborhood. Historical town-gown antagonisms, coupled with the high expectations that communities hold for universities, mean that good will is more easily eroded than earned. For example, in the mid-1990s, without public input or consultation, Marquette University decided to close a major thoroughfare to traffic and create new green space for the campus. Although the plan was never carried out, the university lost much of the good will it had gained through earlier, highly successful development projects.

Openly discussing university plans with the community can help keep a project on track and avoid compromising situations when unforeseen obstacles arise, according to Terry Foegler of Campus Partners in Ohio. For example, the University of Minnesota, Twin Cities recently implemented a mandatory Neighborhood Impact Assessment that makes the university’s planning vision accessible to the public and requires the university to consider alternatives to its master plan, including the option to stop building in certain locations.. However, while community groups want universities to make their plans known, university real estate developers are generally averse to publicizing their acquisition plans, and they commonly establish a 501(c)(3) nonprofit corporation when purchasing land or properties. By buying “blind” (i.e., blind to the seller), the university is protected from the likely premium that sellers would demand were the buyer (and its presumed deep pockets) known. This is an example of how universities are often held to higher standards of development, and it is one area where the university and the community will likely continue to disagree, according to seminar participants.

The contentious issue of tax-exempt status for nonprofit educational institutions was addressed at the seminar by Joan Youngman, senior fellow and director of the Lincoln Institute’s taxation program, and Bill Stafford, finance director for the City of Evanston, Illinois, the home of Northwestern University. After churches, universities are in the strongest legal position with respect to their tax-exempt status. Still, the issue is confusing because vested interests are clear, yet are clearly in opposition. In practice, the property tax is a hybrid consisting of a user charge for services and a wealth charge based on the property’s value. Many municipalities favor user charges or fees-for-services, as opposed to property taxes, to obtain revenue from a university, and the race for revenue can lead municipalities to creative ideas. For example, one California city wanted to charge a university for its scenic view. Universities, on the other hand, feel there is some ambiguity with respect to what benefits they actually receive from municipalities, since universities provide many of their own services, such as street plowing and campus police protection.

Despite the controversial negotiations between universities and municipalities around property taxes and payments in lieu of taxes (PILOT), the actual payments may be relatively small, according to Youngman. Depending on the size of the city and the diversity of its local economy, the university payment may not be a meaningful share of local revenues, and several seminar participants confirmed this observation. Smaller cities tend to look to their universities as a more important source of revenue than do large cities, and controversy over tax-exempt status tends to escalate when universities expand their activities beyond their traditional and clearly academic roles. For example, when a university owns property that contains not only research offices and laboratories but also a bookstore, a Starbucks and a Kinko’s, should it be tax-exempt? Frank Mares, of DePaul University in Chicago, described a mixed-use project in which specific university uses are tax-exempt while the parking garage and retail spaces are taxed, essentially creating separate taxing districts.

Stafford of Evanston pointed out that there are legitimate public policy questions regarding the uses and abuses of nonprofit organizations. The nonprofit status of universities stems from the long-held belief that they contribute to the public good. However, this privileged status was based on an implicit understanding that the university did not make a profit on its activities. There are currently numerous examples of ways universities challenge this assumption. For example, when professors market themselves as consultants, working from their university-provided offices and capitalizing on the university’s “brand name,” are they acting in the public interest? Furthermore, the endowments of many universities exceed the operating budgets of the cities and towns in which they reside. Stafford concludes, “the university, at best, is a subsidized citizen.”

Yet, from the perspective of the university, increasing competition has forced universities to walk a fine line between remaining faithful to their missions and vying with other institutions to recruit and retain students and faculty, and to meet ever-growing demands for newer athletic and academic facilities, bigger and better dorm rooms, or more sophisticated telecommunications resources. The role played by universities in their communities has altered considerably over the past few decades and, at a minimum, further clarification of public policy intent and tax law regarding tax-exempt status needs to be revisited.

While the university must address the concerns of its local community, it also faces pressures to respond to broader regional goals. Local governments increasingly view universities as engines of economic development-both programmatically and physically-and as “economic anchors” in the city. Norma Grace, of the University of New Orleans, remarked on a common expectation that universities will create jobs and help local entrepreneurs, yet due to increasing budget demands universities have few resources to support this community goal. As one participant put it, the university cannot be only a real estate developer, because there are consequences to its actions; it needs to be a community developer as well. Hank Webber, of the University of Chicago, stated, “We’re not malevolent, we’re just wrong a lot of the time.”

Best Practices for the Future

Because most universities will remain in their current locations indefinitely, their futures will continue to be intertwined with their surrounding neighborhoods. However, the inevitability of future change and persistent development pressure highlights the differences between universities and the private real estate sector. Profit and speed motivate private developers-two qualities not usually associated with universities, particularly public institutions. Furthermore, given the broader mission of a university, short-term, market-oriented thinking is not always suitable. It is clear that future prospects for university expansion remain a complex challenge, especially in urban areas where land available for development is limited and expensive.

This seminar was intended to begin a dialogue among university officials responsible for campus development, and it will reconvene next year in an effort to add to our knowledge of the ways urban universities’ real estate development activities contribute to the revitalization of their cities. Many seminar participants expressed an interest in institutionalizing community and real estate development practices, and they stated a preference for examining cases in depth, with input from city officials, community leaders and university administrators, to uncover the complexities of an individual project. Seminar cochairs David Perry and Wim Wiewel, of the University of Illinois at Chicago, have begun collecting such cases to use in future seminars and to broaden the ongoing debate on this topic.

Allegra Calder is a research assistant and Rosalind Greenstein is a senior fellow and cochairman of the Planning and Development Department at the Lincoln Institute.

Despite the growing popularity of urban agriculture, many city farms continue to face the challenge of insecure land tenure and overly restrictive public policies. Some researchers and policy makers have identified the need for an updated framework for the movement that would support urban farmers as they navigate land use, zoning, and property tax regulations. Community land trusts (CLTs) are contributing to this structure, providing a locally controlled approach to land use that fosters community activism and engagement while responding to evolving market conditions and neighborhood needs.

The State of Urban Agriculture

“Urban agriculture” refers to both commercial and noncommercial activities, within or near a city center, that produce food and non-food items to serve an urban area (Mougeot 2000). While city farms and community gardens are often the public face of urban agriculture, small-scale backyard growing spaces and edible landscapes also yield a significant portion of production.

Urban agriculture has afforded communities diverse environmental, economic, and social benefits, including improved nutrition, heightened food security, ecological restoration, the creation of open spaces, and opportunities for education and job skills training (Bellows, Brown, and Smit 2004; Kaufman and Bailkey 2000; Smit, Ratta, and Nasr 1996). City farming also has the unique ability to bring together diverse populations, build social capital, and promote empowerment through community building (Staeheli et al. 2002). In legacy cities—older industrial centers that have suffered from sustained job and population losses and ensuing financial, social, and political changes—urban agriculture has been extensively used as both an interim and a permanent development tool to strengthen social cohesion and catalyze progress in disinvested neighborhoods. The process of repurposing vacant and abandoned lots into growing spaces can be a relatively quick and inexpensive strategy that yields highly visible impacts and improves public safety.

Given these wide-ranging benefits, urban agriculture has enjoyed a renaissance as a social movement. In recent years, some cities and local governments have updated public policies to make them more supportive of urban agricultural practices. The movement is not without its challenges, however, including environmental safety concerns and insecure land tenure (Brown et al. 2002). Land insecurity in particular is frequently cited as the greatest barrier to the implementation and sustainability of city farming (Lawson 2004; Yuen 2012). A 1998 national survey of more than 6,000 urban agriculture sites found that 99.9 percent of gardeners saw land tenure as both a challenge and a vital element to the future success of the movement (ACGA 1998).

In these instances, land insecurity occurs when the cost of market-rate land exceeds the income generated from agricultural activities. Ultimately, the hidden hand of the market presses for the allocation of land according to its highest and best use. Due to this dominant conceptualization, planners and policy makers have historically viewed urban agriculture as an interim measure to keep a site active until higher and better uses can be developed. Scholars note, however, that urban agriculture sites can produce many positive spillover effects related to public health and community wellness, and these benefits are difficult to monetize (Schmelzkopf 1995). Traditional exchange valuations of land rarely reflect a community garden’s contributions to healthy food education and the physical wellness of residents. This disconnect between social worth and market values has been the impetus for both public and private interventions.

Local governments typically respond by purchasing tracts of urban agricultural land, effectively insulating them from speculative market forces while also holding them off the tax rolls. While this public sector approach has been critical, it sometimes fails to provide long-term security, especially when administrative changes in local governments lead to shifts in priorities and strategies, as when New York Mayor Rudy Giuliani proposed to auction off 850 community gardens across the city in 1999. Therefore, researchers have focused on the need for alternative strategies that can complement public sector efforts to support the security of land for urban agriculture.

CLTs as a Framework for Urban Agriculture

A CLT is a nonprofit, community-based corporation with a place-based membership, a democratically elected board, and a charitable commitment to the use and stewardship of land on behalf of the local population. CLTs typically retain permanent ownership of land and lease it to individuals or organizations that own the improvements upon the land, such as residences, commercial buildings, and agricultural or recreational facilities. The CLT model offers a way to retain ownership of land stewarded by and for the community, so that the highest or best use of property can remain community-defined, community-controlled, and adaptable to changing conditions.

Although CLTs have focused on the development and stewardship of affordable housing in recent decades, the movement originated in response to agricultural land issues in rural Georgia during the 1960s. Even earlier agricultural influences included the kibbutzim in Israel, the Gramdan villages in India, and the Garden Cities of Ebenezer Howard (Davis 2010). The strength of the CLT model lies in its ability to balance local land control and long-term, stewarded development that addresses changing community needs. Thus, CLTs are well positioned to tackle a diversity of land uses through comprehensive development strategies. Legacy cities may be especially ripe for CLT engagement, as the widespread availability of vacant land has spawned a flourishing urban agriculture movement, but with less emphasis on long-term land security.

Our research found that CLTs have supported urban agriculture projects in three distinct ways: by securing access to agricultural land, providing programmatic support, and engaging directly in food production.

Box 1: 2012 Survey of U.S. CLTs

In the fall of 2012, the National Community Land Trust Network (NCLTN), in partnership with the Lincoln Institute of Land Policy, commissioned a study of urban agricultural and commercial projects conducted by U.S. CLTs (Rosenberg and Yuen 2012). The inquiry examined the role of CLTs in implementing nonresidential projects and assessed the benefits and challenges of such ventures. Researchers distributed a web-based survey to the 224 organizations in the NCLTN database; 56 CLTs (25 percent) completed the questionnaire, and 37 CLTs reported agriculture activities. Twelve CLTs were selected for in-depth data collection, which captured a diversity of projects with varying levels of success in different locations. A case study approach was used for data collection, which included gathering organizational documents and secondary sources as well as interviewing CLT staff. The final working paper is supported by an additional project directory resource that highlights the projects and organizations in the study (Yuen and Rosenberg 2012).

This article draws on that research to examine the benefits, challenges, and considerations for urban agriculture activities by CLTs. It also explores how such interventions can support comprehensive community development efforts, particularly in legacy cities.

Securing Access to Agricultural Land

The core competencies of CLTs best lend themselves to the task of securing growing space. A central mission of CLTs is to secure land for community development opportunities. To carry out this role, CLTs have utilized diverse tenure arrangements, including fee-simple ownership, ground leases, easements, and deed restrictions (table 1). These arrangements are not mutually exclusive; organizations can employ multiple techniques to secure land both within and across agricultural projects.

Fee-Simple Ownership

Fee-simple ownership allows a CLT to hold the greatest number of sticks in the bundle of ownership rights and provides a high level of land security, as long as it meets all mortgage payments and tax obligations. For example, Dudley Neighbors Incorporated (DNI), a CLT in Roxbury, Massachusetts, redeveloped the contaminated site of a former auto garage into the 10,000-square-foot Dudley Greenhouse, which functions both as a commercial farm and a community growing space. DNI secured the land through fee-simple ownership and leases the greenhouse structure at a nominal charge to a food-based nonprofit that handles all agricultural programming and maintenance. Harry Smith, Director of Sustainability and Economic Development at DNI, notes, “Growing food is a whole different thing, and we are not looking to take that role.”

Ground Leases

While fee-simple ownership is an uncomplicated, highly secure tool, it is often prohibitively expensive for CLTs to purchase urban land outright for food production. Given this challenge, some CLTs have utilized ground leases to secure growing land. The Southside CLT (SCLT), for instance, has a 10-year ground lease with the State of Rhode Island on a 20-acre farm in Cranston. In turn, the Southside CLT manages the farm as the master tenant and subleases plots to seven start-up farmers at nominal rates. The affordability and security of the ground lease creates opportunities for young farmers to incubate new businesses and participate in the local food system. A strong ground lease, with rigorous standards for performance and conditions for renewal, can provide comparable or greater security than fee-simple ownership. However, longer-term ground leases can be challenging to draft and implement, especially when the title-holding entity desires long-term flexibility.

Conservation Easements

CLTs have also secured access to land through conservation easements, or voluntary restrictions that permanently limit the uses of the land. Most commonly, the CLT holds an easement donated by a private owner. The private owner retains title and can even sell the grounds to another party without compromising land security, as the conservation easement ensures long-term access to the agricultural space. Easements can also reduce the management burden on the titleholder, as the recipient of the easement often provides land stewardship services as part of the exchange. This strategy can financially benefit titleholders, who receive local and federal tax benefits for donating conservation easements. While easements can effectively sustain access to growing space, the relatively high legal cost may be expensive, especially for smaller tracts.

Deed Restrictions

Deed restrictions can effectively place limitations on the uses of land and are often tied to specific funding sources. While a deed restriction can ensure that land is reserved for a specific use, it does not necessarily offer secure tenure for a specific grower or farmer. Further, deed restrictions are effective only when all parties and external agents choose to enforce the contract. Each tenure arrangement has relative strengths and weaknesses and is best utilized when tailored to a project-specific context. In Wisconsin, for instance, the Madison Area CLT was required to grant a deed restriction to the City of Madison as a condition for funding the Troy Gardens mixed-use development site. A deed restriction was placed over a portion of the site, limiting uses to agricultural and conservation projects. The CLT’s failure to abide by the terms of the deed restriction, however, would trigger immediate repayment of all subsidy funds provided by the city.

Programmatic Support

As the task of securing agricultural land can be very challenging, it may not be a suitable undertaking for every organization or community. Some CLTs have supported urban agricultural efforts through other means, such as program management, technical assistance, and other agricultural services. In Georgia, for example, the Athens Land Trust is a dual-mission housing and open space land trust that has engaged in urban agriculture exclusively through program assistance. Athens Land Trust chose to take on this role because of the high holding costs associated with property taxation policies in Georgia, which assesses CLT land at the unrestricted market value. The Athens Land Trust partners with public- and private-sector landowners to provide support for local agricultural projects. For instance, the Athens Land Trust staff worked with the Hill Chapel Baptist Church congregation to design a community garden on church-owned land and provided support services, such as testing and tilling of the soil, organizing workdays, and providing plant materials and instructional gardening workshops.

Agricultural Production

Finally, some CLTs have participated in agricultural production, directly and actively farming land. For example, the Southside CLT operates a three-quarter-acre commercial farm in Providence, Rhode Island, growing greens and selling produce directly to local restaurants. Many CLTs support agricultural production indirectly as well, by providing residential properties where the residents themselves grow food in backyard gardens. Hence, many CLTs have unknowingly supported urban agriculture for years, simply by offering affordable and secure access to tillable land in cities. Some groups, such as DNI, specifically design larger home ownership lots to enable opportunities for backyard urban gardening. Harry Smith of DNI explained, “As we did our community planning, people were very clear that they wanted to see open spaces and attention paid to the residents’ quality of life. We are trying to build [agriculture] into the housing itself.” In this way, the scope of CLT agricultural production can also include innovative design features, such as edible landscapes, food forests, and other permaculture concepts that are intentionally and systematically incorporated into a development plan.

Benefits of CLT-Supported Urban Agriculture

Ultimately, the study found mutual benefits between urban agriculture and CLTs. City farms enhance the value of CLTs by helping organizations expand their development vision to include a more comprehensive set of neighborhood needs and priorities. All communities have a variety of needs beyond affordable housing, and agricultural projects can create linkages to other key issues, including food security, health education, vacant land remediation, and neighborhood safety. Agricultural projects can even be seen as neighborhood amenities, potentially increasing demand for nearby CLT properties or residences in the conventional market. For example, the Church Community Housing Corporation (CCHC) developed the Sandywoods Farm project in Tiverton, Rhode Island, to include a mix of residential, agricultural, and arts-related programming. The CCHC initially marketed the development solely as an arts community, but prospective residents expressed strong interest in the community garden and in farmland preservation. Consequently, CCHC rebranded the project as an “art and agriculture” development. Brigid Ryan, senior project manager of CCHC, explained, “The agriculture has taken off much more than we ever thought it would. The garden is actually drawing some people [to the rental housing units]. They never thought their kids would be able to grow their own food.”

Beneficial connections between agriculture and housing were also present at DNI’s Dudley Greenhouse. Harry Smith of DNI notes, “The project certainly helps the marketability of our homes. People are not just getting a house, they are getting a community, and it’s based on fresh, locally grown food.”

Challenges for CLT-Supported Urban Agriculture

Despite the benefits, CLTs implementing agricultural projects still face many challenges. In particular, financial profitability continues to be a major struggle across the entire urban agriculture sector, as revenues generated from produce sales are relatively modest, even in commercial operations. The Southside CLT covers only 8 percent of its operating expenses through commercial produce sales to local restaurants. Additional revenue sources, such as membership fees and seedling sales, bring the CLT’s earned income to only 20 percent of its expenses. CLTs continue to rely heavily on grant funding to make up the difference.

A second potential challenge is that some projects require a high level of agricultural knowledge and may test the capacity and experience of CLT staff. Even Athens Land Trust, which has staff experienced in agricultural land preservation and growing techniques, acknowledged the initial difficulties in learning the nuances of local zoning codes related to commercial agriculture. As a result, some of the CLT’s pipeline projects were delayed until workable zoning solutions could be found. The risk is compounded for commercial agricultural projects that require significant understanding of processing and distribution systems and local market conditions. At Sandywoods Farm, for example, the CCHC initially planned to use preserved farmland for livestock and cattle grazing, only to discover that the sole Rhode Island butchering facility had closed. The nearest facility was across the state line in Massachusetts, making it prohibitively expensive to process meat. Brigid Ryan, senior project manager at CCHC, noted, “When you end up having to learn these specialty niches, it becomes so important to find partners who know what they are talking about.” Given the challenges and potential pitfalls, CLTs need to consider the following issues to improve the feasibility and sustainability of agricultural projects.

Community Engagement

As community-based organizations, CLTs should always be driven by neighborhood needs and concerns. However, strong community planning processes are particularly vital to the success of urban agriculture, where CLTs often rely on local residents and partners to carry out agricultural production. Harry Smith of DNI emphasizes this point: “I would say the work of a CLT is not just to manage the properties and get more land into the trust, but to really engage the community in what they want besides housing—whether that’s commercial operations, or a greenhouse, or agricultural land.” Further, CLT engagement around agricultural projects can catalyze broader community organizing efforts and help residents push for more supportive public policies.

Organizational Assessment

CLTs can support nonresidential projects in a variety of ways, and organizations should systematically assess internal capacities as well as local stakeholders who could serve as potential partners on projects. In this way, CLTs can develop complementary collaborations and build on existing assets and capacities in the community. A CLT that lacks growing experience can support urban agriculture in alternate ways to better align with local partners, by securing land, helping to develop urban agriculture zoning codes, or serving as a fiscal agent for grant funding.

Managing Risk

CLTs should minimize their financial risk in agricultural projects, especially given the modest revenues and future uncertainties associated with food-related grant funding. In response, some CLTs have front-loaded anticipated capital expenses owing to agriculture projects. Similarly, CLTs can manage risk exposure by avoiding debt financing on agricultural projects. Several CLTs have found debt service to be extremely challenging, given the modest revenues from produce sales and the nominal lease fees that CLTs typically charge for agricultural land. For instance, DNI was able to acquire land and construct the Dudley Greenhouse without incurring long-term debt, while its local property tax–exempt status allowed for minimal holding costs. The resulting low-risk financial structure became critically important when DNI was unable to secure its initial greenhouse tenant. Even though the greenhouse was subsequently vacant for nearly five years, DNI was well positioned to absorb the unexpected vacancy loss.

Conclusion

While the urban agriculture movement has gained much momentum in recent years, it still needs coherent, long-term strategies to protect growing spaces against speculative market forces. The fundamental relationship between land and community is at stake. Within the urban agriculture movement, land insecurity highlights the pressing need for a reconceptualization of land as a finite, shared resource that should be held in stewardship to meet the requirements of present and future communities. Further, the notion of the highest and best use needs to be expanded to include nonfinancial outcomes and avenues for substantive community engagement. CLTs are ideally suited to tackle these critical issues and, in doing so, can help community development processes become more inclusive, equitable, and responsive to changing local conditions.

About the Author

Jeffrey Yuen, M.S., is a CLT researcher, practitioner, and enthusiast who serves on the board of the Essex Community Land Trust. He works as the Impact Assessment Manager at New Jersey Community Capital, in New Brunswick, New Jersey.

Resources

ACGA (American Community Gardening Association). 1998. National Community Gardening Survey: 1996. http://www.communitygarden.org/docs/learn/cgsurvey96part1.pdf

Bellows, A., K. Brown, and J. Smit. 2004. “Health Benefits of Urban Agriculture.” Community Food Security Coalition’s North American Initiative on Urban Agriculture. http://community-wealth.org/content/health-benefits-urban-agriculture

Brown, K., M. Bailkey, A. Meares-Cohen, J. Nasr, and P. Mann (eds.). 2002. “Urban Agriculture and Community Food Security in the United States: Farming from the City Center to the Urban Fringe.” Urban Agriculture Committee of the Community Food Security Coalition.

Davis, J. E. 2010. “Origins and Evolution of the Community Land Trust in the United States.” In The Community Land Trust Reader, edited by J. E. Davis, 3–47. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Kaufman, J., and M. Bailkey. 2000. “Farming Inside Cities: Entrepreneurial Urban Agriculture in the United States.” Working paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Lawson, L. 2004. “The Planner in the Garden: A Historical View of the Relationship of Planning to Community Garden Programs.” Journal of Planning History 3(2): 151–176.

Mougeot, L. 2000. “Urban Agriculture: Definition, Presence, Potentials and Risks.” In Growing Cities, Growing Food, Urban Agriculture on the Policy Agenda, edited by N. Bakker, M. Dubbeling, S. Guendel, U. Sabel Koschella, and H. de Zeeuw. DSE, Feldafing.

Rosenberg, G., and J. Yuen. 2012. “Beyond Housing: Urban Agriculture and Commercial Development by Community Land Trusts.” Working paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Schmelzkopf, K. 1995. “Urban Community Gardens as Contested Space.” Geographical Review 85(3): 364–381.

Smit, J., A. Ratta, and J. Nasr. 1996. Urban Agriculture: Food, Jobs and Sustainable Cities. New York: United Nations Development Programme. http://jacsmit.com/book.html

Staeheli, L., D. Mitchell, and K. Gibson. 2002. “Conflicting Rights to the City in New York’s Community Gardens.” Geojournal 58(2–3): 197–205.

Yuen, J. 2012. “Hybrid Vigor: An Analysis of Land Tenure Arrangements in Addressing Land Security for Urban Community Gardens.” Masters’ Thesis, Columbia University. http://academiccommons.columbia.edu/catalog/ac:147036

Yuen, J., and G. Rosenberg. 2012. National Community Land Trust Network. Non-Residential Project Directory. National Community Land Trust Network http://www.cltnetwork.org/doc_library/FINAL%20Non-residential%20project%20directory%204-26-13.pdf