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Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 7 del CD-ROM Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.
Un mecanismo creciente de producción de suelo y vivienda en los Estados Unidos lo constituyen las subdivisiones comunitarias automanejadas de bajos recursos, denominadas “colonias” en Texas. En un estudio reciente financiado por el Instituto Lincoln, el autor de este artículo analiza los aspectos disfuncionales de estos mercados de suelo, destacados por un alto índice de propietarios absentistas, discretos niveles de transacción y rotación de terrenos y propiedades, y una falta de valorización (incremento del valor) significativa conforme se lleva a cabo la construcción y el mejoramiento de los asentamientos.
Subdivisiones comunitarias
Las colonias son emplazamientos con infraestructuras inadecuadas (o simplemente inexistentes) que se identificaron inicialmente en los condados más pobres de Texas a lo largo de la frontera mexicana. Sus pobladores compran terrenos sobre los cuales colocan casas-remolque o las menos móviles “casas prefabricadas”. En algunos casos las familias mismas construyen sus casas, comenzando con chozas endebles o remolques de segunda mano que van arreglando con el paso del tiempo.
Ciertamente las colonias no son un fenómeno de escala menor. Según el Consejo de Desarrollo de Agua de Texas, hay aproximadamente 1500 de estos asentamientos poblados por unas 400 mil personas, principalmente en las regiones fronterizas de los Estados Unidos. Los datos del Consejo y los resultados de nuestro propio estudio demuestran que existen muchas subdivisiones similares en otras localidades texanas, por lo cual estos estimados de población probablemente aumenten conforme se vayan incorporando nuevos datos. Muchos condados de Texas y de otros estados están comenzando a reconocer los problemas de estas subdivisiones no incorporadas que ofrecen unas de las pocas opciones de acceso a vivienda a las familias de bajos recursos.
Por “bajos recursos” nos referimos a ingresos familiares anuales que oscilan entre $12 000 y $25 000, aunque en realidad muchas familias de las colonias perciben entradas muy inferiores (véase la tabla 1). Estas familias residen en áreas de mercados laborales pobres, bien sea en regiones que experimentan polarización salarial y laboral entre trabajadores, o bien donde hay un predominio de empleos mal remunerados del sector de servicios. En la mayoría de las ciudades, los costos de vivienda están fuera del alcance de los habitantes pobres, quienes entonces recurren al extremo inferior del mercado de alquiler, en apartamentos o en terrenos para remolques (trailer parks). Aun así, muchas de estas familias aspiran a ser propietarias de viviendas porque reconocen las ventajas de escapar del modo habitacional de alquiler, carente de equidad. Muchas de ellas prefieren optar por estas subdivisiones rurales con infraestructuras inadecuadas, donde al menos pueden ser dueñas de propiedades que pueden valorizarse a través de ayudas mutuas y esfuerzos propios.
No obstante, las colonias no son homogéneas, sino que presentan fuertes variaciones en cuanto a su tamaño, disposición, modo de desarrollo, mezclas de tipos de viviendas, dimensiones de las parcelas, ocupación del terreno y tasas de rotación residencial, niveles de servicio, composición étnica, niveles de ingresos, y niveles de pobreza relativa. En Texas no existen colonias típicas, sino más bien una variedad de ellas, con diferencias de condado a condado.
Estos asentamientos son similares a los emplazamientos irregulares de países menos desarrollados, y su existencia se explica por un raciocinio similar, o sea: una economía de salarios bajos, el aumento en la demanda de vivienda, la falta de sistemas estatales de abastecimiento de viviendas capaces de satisfacer la demanda, y un sector privado desinteresado o incapaz de producir soluciones habitacionales económicas. Al igual que sus equivalentes en México y América Latina, las colonias ofrecen terrenos económicos carentes de servicios en los márgenes de áreas urbanizadas, terrenos que son costeables y accesibles a los grupos de ingresos más bajos de la sociedad. La mayoría de sus habitantes tienen que desplazarse largas distancias para llegar a sus trabajos en ciudades adyacentes.
Si bien las colonias en Texas son raramente ilegales, muchos aspectos del proceso de desarrollo son informales o cuasi-formales, especialmente:
Hace justamente una década, Texas identificó la existencia y proliferación de estas subdivisiones tipo colonias, y a través de sesiones legislativas bienales se iniciaron un conjunto de acciones destinadas tanto a detener su crecimiento como a simular su modernización. A continuación se exponen algunos ejemplos de las acciones legislativas tomadas al respecto en la última década:
Una debilidad subyacente de todas estas iniciativas es su aplicación exclusiva a la región fronteriza, únicamente a condados especialmente designados que forman parte del Programa de Áreas Empobrecidas (EDAP, por su sigla en inglés). En otras partes, el crecimiento de las colonias continúa impertérrito.
Parcelas vacantes y propietarios absentistas
Un indicador principal de la disfunción en los mercados de suelo es la falta de ocupación y desarrollo de las parcelas después de su venta. Se ha demostrado que entre el 15 y el 80 por ciento de los terrenos de las colonias pueden estar vacantes. Incluso en los asentamientos más grandes (y a menudo dotados plenamente de servicios), entre una cuarta y una sexta parte de los terrenos está vacante y pertenece a propietarios absentistas. Más aún, la existencia de terrenos relativamente grandes de 500 a 2000 metros cuadrados (o más), aunada a las prohibiciones de subdivisión y compartimento de los mismos, llevan a muy bajas densidades de población, entre 25 y 30 personas por hectárea. Esta característica exacerba el costo unitario de la provisión de servicios, reduce la recuperación de los costos, y debilita la cohesión de la comunidad y la ayuda mutua. Nuestros cálculos indican que hay más de 26.000 parcelas vacantes en Texas, lo cual equivale a más de 2800 hectáreas de suelo residencial desocupado. Si estas parcelas estuvieran totalmente ocupadas, incluso a las bajas densidades de población que caracterizan a las colonias, se podría alojar a otras 100 000 personas sólo en los asentamientos ya existentes.
Por tanto, la pregunta obligatoria aquí es, ¿cuál es la razón de que tantas familias pobres no ocupen sus parcelas? En términos de pura lógica uno podría pensar que la falta de servicios desanima a los pobladores potenciales, y que un catalizador para la ocupación de los solares sería la provisión de los servicios públicos básicos. No obstante, es de destacar que muchas personas sí ocupan sus parcelas desde el principio. Si bien es posible preguntarles directamente sus motivos y la razón de sus decisiones, ciertamente es difícil hacer lo mismo con los numerosos propietarios absentistas con paradero desconocido. ¿Quiénes son estas personas? ¿dónde están? ¿qué quieren de sus tierras?
A pesar de los obstáculos metodológicos derivados de la ausencia de documentos claros que detallen registros de compraventa de propiedades y títulos de las parcelas, nosotros pudimos utilizar registros de impuestos y de tasación de propiedades para rastrear algunos de estos propietarios absentistas. Sin embargo, determinamos que entre el 8 y el 10 por ciento de estos registros aparecen con direcciones “equivocadas”, con la consiguiente probabilidad de que el verdadero número de propietarios absentistas con paradero desconocido sea dos veces mayor. Al haber abandonado el suelo que compraron, estas personas están en efecto impidiendo que sus propiedades participen en futuras transacciones del mercado de suelo.
Lugar de residencia actual de los propietarios absentistas Mediante los registros tributarios de unos 2713 propietarios absentistas de 16 asentamientos (en condados fronterizos y no fronterizos), nos fue posible averiguar el paradero actual de los mismos.
Alrededor de un 75 % de ellos vive en los alrededores, bien sea en la ciudad adyacente o bien a distancias no mayores de 30 km. El resto de los absentistas se divide equitativamente entre aquéllos que viven en otras regiones de Texas y los que viven fuera del estado. En el primer grupo, si bien se observó una amplia dispersión de domicilios a lo largo y ancho del estado, la mayoría vive en Houston (26 %), Dallas (15 %) y San Antonio (12 %) -las tres áreas metropolitanas principales de Texas. De los absentistas que viven fuera del estado, el 35 % vive en California, seguido por un 14 % en Nuevo México y finalmente un 12 % en la región de Chicago (Illinois e Indiana).
Características de los ocupantes y de los propietarios absentistas
Esta investigación reveló que los ocupantes de las colonias y los propietarios absentistas son poblaciones bastante diferentes (véase la tabla 1). Dos tercios de los residentes de las colonias, en comparación con la mitad de los propietarios absentistas, son nacidos en México. Los propietarios absentistas exhiben una mayor diversidad étnica, y a pesar de ser pobres, están en mejor situación que los habitantes de las colonias; en su mayoría, adquirieron sus parcelas con anterioridad, y por tal motivo pagaron menos en términos reales.
Las diferencias más significativas entre los grupos se evidencian en sus patrones habitacionales y en los motivos de sus compras. Las familias absentistas no están esperando mudarse a sus parcelas tan pronto las equipen con servicios públicos. La mayoría de ellas (81 %) son ya propietarias de viviendas y parecen estar muy cómodas en sus residencias actuales. Aún más, un 49 % de los absentistas indicaron no haber comprado los terrenos para ellos, sino más como inversión, seguridad, o como herencia futura para sus hijos. Menos del 25 % declaró que la falta de servicios fuera el problema. Más de la mitad expresó no tener intenciones de mudarse a las parcelas en el futuro. De aquellos que sí han pensado en ocuparlos, muy pocos planean hacerlo en los próximos 5 a 10 años. En nuestra opinión, muy pocos terminarán mudándose. Algunos incluso dijeron que venderían sus parcelas en cualquier momento si se les ofreciera un buen precio.
Durante las últimas dos décadas, el mercado del suelo para ambas poblaciones ha sido totalmente diferente al de otros mercados residenciales. En términos reales, el valor del suelo de las colonias ha permanecido estancado y la tasa de recuperación ha sido baja, especialmente cuando se la compara con otros sectores del mercado de suelo y vivienda. Tal realidad sugiere que los pobres realmente no se están beneficiando ni de su inversión inmobiliaria, ni tampoco -en el caso de los residentes- del valor añadido a sus propiedades por mejoras realizadas por ellos mismos. Aunque sigue habiendo un nivel discreto de ventas (mayor que el anticipado), los mercados de suelo de las colonias no están experimentando una valorización significativa.
Políticas de mejoramiento del mercado
Los terrenos vacantes son, al mismo tiempo, la causa y el efecto de este bajo rendimiento del mercado. Es importante destacar aquí la errónea interpretación que se le da a la filosofía “constrúyalo y ellos vendrán”. Si bien es cierto que las políticas de desarrollo de los servicios urbanos pueden ayudar a acelerar la ocupación de los terrenos y la densificación de las colonias, también es cierto que se requieren otras intervenciones para mejorar la eficiencia de los mercados de suelo en las colonias. Entre dichas intervenciones podría figurar una revisión de las leyes para aumentar la productividad urbana, p. ej., otorgar permisos para el uso no residencial del suelo (a fin de generar ingresos), o para subdivisiones y alquileres. En efecto, una de las razones detrás de la falta de valorización de la tierra es la restricción impuesta sobre usos aprobados. Otro limitante del desarrollo es la moratoria de 1995 impuesta sobre las ventas de parcelas. Si bien es cierto que la ley se infringe constantemente, este hecho desinfla los precios, distorsiona la rotación de los terrenos y alienta las ventas clandestinas. La prohibición de las subdivisiones de parcelas internas (especialmente las de parcelas grandes) inhibe los alquileres y el compartimento de costos entre parientes.
También se plantea la necesidad de sacar al mercado las tierras que pertenezcan a personas con paradero desconocido. Al respecto, se podría llevar a cabo un secuestro de las parcelas que tengan imposiciones morosas, especialmente si tal abordaje se combinara con la creación de una empresa de tenencia pública o de fideicomiso de tierras que se dedique posteriormente a promover el suministro y la redistribución de solares a través de mecanismos tales como la socialización y el reajuste de la tierra. Al menos en Texas, atacar el “problema” de los propietarios absentistas ofrece la posibilidad de soluciones y resultados positivos.
Al trabajar por entender y proporcionar nuestro análisis de las subdivisiones comunitarias de Texas y otros estados, podremos suministrar más información a los legisladores, y posiblemente promover políticas del suelo más adaptadas y apropiadas para atacar el problema. Así, quizás pueda haber un aumento significativo de oportunidades habitacionales para los grupos más pobres de la sociedad estadounidense.
Referencias
Peter M. Ward. 1999. Colonias and Public Policy in Texas and Mexico: Urbanization by Stealth. Austin, TX: University of Texas Press.
______. 2000. Residential Land Market Dynamics, Absentee Lot Owners and Densification Policies for Texas Colonias. Artículo del Instituto Lincoln. WP00PW1. 160 páginas.
Peter M. Ward tiene el cargo del C.B. Smith Sr. Centennial Chair in US-Mexico Relations en la Universidad de Texas-Austin, donde también es profesor en el Departmento de Sociología y en la Escuela de Asuntos Públicos Lyndon B. Johnson.
Call for Research and Conference Papers
The documented proliferation of colonias in Texas suggests that similar types of quasi-formal homestead subdivisions exist across much of the U.S. to provide access to home ownership for urban households earning less than $20,000 a year. While there are significant private transport costs associated with living in poorly serviced communities several miles beyond the urban fringe, families of all ethnicities are quick to recognize the advantages of self-managed home ownership on relatively large lots compared to renting a trailer or apartment.
To investigate this phenomenon further, the Lincoln Institute is inviting researchers interested in quasi-formal homesteading to form a network to facilitate the collection and sharing of data. In addition, the Institute is sponsoring a conference to be held in Cambridge, Massachusetts, in Fall 2001 to pursue these three goals:
1) to develop a comparative research agenda to analyze quasi-formal homestead subdivisions;
2) to develop methodologies and data gathering strategies about the development of these subdivisions and land market performance; and
3) to develop policy instruments and approaches suitable for application in the U.S. and to learn from best practices in other countries.
The target audience for the conference includes scholars and researchers, county officials or their equivalents, and legislators or their senior aides with an interest in land policy for self-help homesteading among the poor. The conference planners are seeking participants to prepare papers on the following issues:
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Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 2 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.
Durante varios años, el Instituto Lincoln ha patrocinado programas de investigación y capacitación en colaboración con funcionarios de Porto Alegre, Brasil. El experimento de política del suelo descrito en este artículo representa un avance de alto potencial pedagógico porque recalca la importancia de los factores de procedimiento (gestión, negociación, transparencia, legitimidad pública) en la provisión de tierras urbanizadas para los pobres, por encima del enfoque tradicional en las necesidades de financiamiento y otros recursos.
En el mundo de hoy, aproximadamente mil millones de personas viven en tugurios de barrios marginales con infraestructura precaria y sin seguridad de tenencia, y se espera que la situación empeore en el futuro (UN-HABITAT 2003). Desde las perspectivas del orden urbano y del ambiente, las ocupaciones ilegales del suelo suelen causar daños irreversibles e imponer altos costos de urbanización para los gobiernos municipales y para la sociedad como un todo.
La irregularidad es un fenómeno multidimensional que involucra cuestiones de tenencia (derechos de ocupación legal, registro de títulos, etc.); cumplimiento de normas y regulaciones urbanas (tamaños de lotes, tolerancias para espacios públicos, disposición de calles, etc.); cantidad y calidad de servicios suministrados; tipo de área donde se produce el asentamiento (áreas con riesgos ecológicos, laderas, zonas industriales abandonadas contaminadas, etc.); y por encima de todo, el proceso de ocupación en sí, que suele ser diametralmente opuesto al de la urbanización formal. En el mundo “formal”, la ocupación representa la última fase de una secuencia legal y reglamentada que empieza con la titulación y continúa con el planeamiento y la dotación de servicios.
Si bien las áreas irregulares suelen disponer de infraestructura básica, lo cierto es que la instalan los parceladores o las autoridades municipales después de la ocupación y frecuentemente como medida de emergencia. Por ejemplo, algunas veces existen redes troncales de agua y sistemas de alcantarillado cerca de las áreas donde se están formando los asentamientos irregulares, y el parcelador o incluso los ocupantes se limitan a improvisar conexiones clandestinas a las tuberías principales. Esta clase de intervención, si bien no es desastrosa en asentamientos pequeños, conlleva la extensión de los servicios a áreas no aptas para la ocupación humana. En otros casos, compañías de servicios públicos o privados extienden sus servicios a nuevos asentamientos sin tener en cuenta su condición legal y a menudo sin consultar con las autoridades municipales.
Procesos de ocupación típicos
Hoy en día, la manera más común de crear asentamientos irregulares consiste en ocupar parcelas mediante una compleja sucesión de transacciones comerciales en las que participan el propietario, el promotor inmobiliario o parcelador (fraccionador de terrenos) y, frecuentemente, los futuros ocupantes. Los propietarios buscan maneras de sacarle rentabilidad a la tierra; los parceladores hacen caso omiso a los códigos municipales y producen subdivisiones de bajo costo y alta rentabilidad; y los ocupantes pobres adquieren estos terrenos ilegales simplemente porque no tienen otra opción y quizás ni siquiera conocimiento de la legalidad de la situación. Por lo general, estas personas carecen de fuentes regulares de ingresos y de ahorros que les permitan aspirar a créditos o satisfacer las estrictas normas de construcción y otras condiciones exigidas para la adquisición y ocupación formal.
Los ocupantes compran el “derecho de ocupación” a través de un contrato de adquisición de la parcela (sin importar el estatus legal del terreno) y proceden a organizar la disposición de las calles y a construir viviendas sencillas. Cuando se realiza una inspección oficial, ya es demasiado tarde: las casas ya se construyeron y la comunidad está organizada para resistirse a cualquier intento de cambio. Las autoridades públicas no tienen capacidad para ir al ritmo de este ciclo de complicidad y terminan limitando su función a una mínima inspección, lo que no sólo esconde un modelo de gestión tolerante de la informalidad sino que pone en evidencia la carencia de otras opciones habitacionales para ese segmento de la población.
Muchas ciudades están aplicando medidas curativas de alto costo para introducir mejoras urbanas y programas de regularización de títulos, pero su eficacia ha sido limitada hasta la fecha (Smolka 2003). Lo más grave y paradójico es que las expectativas creadas por estos programas tienden a aumentar el número de personas que recurren a la irregularidad. Para decirlo en pocas palabras: el proceso típico de acceso a tierra urbanizada por parte de los pobres urbanos es injusto e ineficaz, y a la larga termina en un círculo vicioso de irregularidad porque contribuye a la pobreza en vez de mitigarla. El problema no es tanto definir el tipo, el proveedor y la escala de los servicios suministrados sino más bien cómo, cuándo y dónde funciona el proceso de dotación de dichos servicios.
El caso de Porto Alegre, Brasil
Porto Alegre, capital del estado más meridional de Brasil, es centro de un área metropolitana formada por 31 municipalidades. Con una población de 1.360.590 habitantes (año 2000), esta ciudad ha ganado reconocimiento mundial gracias a sus programas de reducción de la pobreza e inclusión social y sus muy aclamados procesos de gestión participativa que han mejorado la calidad de vida de sus habitantes (Getúlio Vargas Foundation 2004; Jones Lang Lasalle 2003; UNDP 2003; UN/UMP 2003). Cabe mencionar el alto alcance de los servicios de infraestructura, ejemplificado en el hecho de que el 84 por ciento de las viviendas de la ciudad están conectadas al sistema de alcantarillado; el 99,5 por ciento recibe suministro de agua tratada; el 98 por ciento recibe electricidad; y el 100 por ciento de los sectores goza de servicios de recolección selectiva de desechos (municipalidad de Porto Alegre, 2003).
A pesar de estas cifras impresionantes, el 25,5 por ciento de la población vive en los 727 asentamientos irregulares de la ciudad (Green, 2004) y el crecimiento anual estimado de la población de estas áreas marginales es del 4 por ciento, en comparación con sólo 1,35 por ciento para la ciudad en conjunto. Esta situación plantea la interrogante de cómo explicar el aumento paradójico de irregularidad ante la provisión generalizada de servicios básicos en un periodo de gestión participativa exitosa y popular.
A pesar de que el proceso decisorio de inversiones públicas en Porto Alegre ha mejorado desde 1989 (fecha de la introducción del sistema de presupuesto participativo descentralizado), también es cierto que el proceso sigue aquejado de fallas tales como ineficacia del sistema económico, técnicas poco apropiadas, caos medioambiental, injusticia fiscal (porque el dinero que debería beneficiar al público termina en los bolsillos de los parceladores) e insostenibilidad política. Muchas de las zonas están plagadas de problemas serios como calles deficientes sin drenaje ni pavimentación, inestabilidad geológica, susceptibilidad a inundaciones y falta de titulación legal, lo cual se traduce, por ejemplo, en la carencia de domicilio postal para poder recibir correspondencia. Así y todo, el caso de Porto Alegre es muy interesante porque constituye una vívida demostración de que el problema de confrontar la irregularidad no se refiere tanto a la provisión de servicios sino a cambiar el proceso de prestación de los mismos. Se trata de una cuestión de procedimientos, un cambio en las reglas del juego.
Un innovador instrumento de política urbana
El Urbanizador Social fue desarrollado en Porto Alegre como un instrumento, y más generalmente un programa, para superar el proceso insostenible de provisión de servicios urbanos pese a una larga historia de legislación reglamentaria (fig. 1). Promulgada en julio de 2003, poco después de la aprobación del innovador decreto brasileño Estatuto de la Ciudad, la Ley del Urbanizador Social fue el fruto de intenso diálogo entre sindicatos de la industria de la construcción, pequeños parceladores, cooperativas de vivienda, agentes financieros y la municipalidad.
Un “urbanizador social” es un promotor inmobiliario inscrito en el municipio, que tiene interés en construir viviendas de interés social en áreas identificadas por el gobierno y conviene en hacerlo bajo ciertos términos negociados tales como ofrecer parcelas urbanizadas a precios accesibles. Se trata de una asociación público-privada a través de la cual la municipalidad se compromete a aumentar la flexibilidad de ciertas normas y reglamentos urbanos, agilizar el proceso de obtención de licencias, reducir los requisitos jurídicos y reconocer la urbanización progresiva en etapas. También se prevé la transferencia de los derechos de urbanización como estímulo para los urbanizadores privados. Otros incentivos pueden presentarse en forma de acceso a líneas de crédito específicas o ciertas inversiones públicas directas en infraestructura urbana, de manera que los costos no terminen saliendo de los bolsillos del comprador final. Entre los posibles “urbanizadores sociales” figuran promotores inmobiliarios debidamente certificados, contratistas que ya están trabajando en el mercado informal, propietarios y cooperativas autogestionadas.
El programa Urbanizador Social de Porto Alegre incorpora lecciones aprendidas de problemas reales como también oportunidades de acción pública aún sin explotar, y se inspira en varias ideas específicas. Primero que todo, reconoce que los parceladores que suministran tierras urbanizadas al sector de bajos ingresos —si bien a través de actividades ilegales, irregulares, informales y clandestinas— poseen una experiencia y familiaridad con dicho sector que definitivamente no tienen las autoridades públicas. Por eso, en vez de condenar a estos agentes, posiblemente sea más beneficioso para el interés público darles incentivos apropiados (como también sanciones) para que puedan desempeñarse dentro del marco legal. Además, aunque es ampliamente sabido que los parceladores suelen ganar más dinero si se mantienen al margen de la ley (porque tienen menos costos generales, no pagan tarifas de permisos, etc.) menos conocido es el hecho de que, si se les diera la opción, muchos de ellos preferirían trabajar legalmente, incluso si ello redujera sus ganancias.
En segundo lugar, las plusvalías generadas por las transacciones del suelo podrían convertirse en una fuente de ingresos para el proyecto. En la práctica, este valor agregado debería ser distribuido directamente por el propietario —como una contribución de tierra que exceda lo exigido por la ley para los fraccionamientos de terrenos para el sector de bajos recursos—, e indirectamente por el parcelador en forma de menores precios del suelo para los compradores de bajos ingresos. En la mayoría de los casos de urbanización irregular, el público no percibe los beneficios de estos aumentos en el valor del suelo.
En tercer lugar, al dar transparencia a los términos de las negociaciones directas, y en consecuencia propiciar acuerdos que benefician a todas las partes interesadas (propietarios, promotores, autoridades públicas, compradores), el proceso del Urbanizador Social crea vías que facilitan el cumplimiento de las normas establecidas para el proyecto. Otro componente del proceso de negociación está relacionado con el programa de inversión acordado y su efecto en eliminar la especulación.
En cuarto lugar, para que este nuevo modo de urbanización pueda tener éxito, es necesario que pueda ofrecer un suministro adecuado de tierra urbanizada que satisfaga las necesidades sociales bajo condiciones de mercado competitivas (es decir, más costeables que las condiciones de los parceladores que normalmente serían informales). Un ingrediente básico del programa es que establece nuevas reglas para la urbanización social en general. Para los agentes privados debe estar muy claro que el proceso del Urbanizador Social es la única vía de participación del gobierno en el desarrollo de asentamientos costeables y aprobados.
El Urbanizador Social como un tercer camino
Desde el punto de vista del interés público, la meta principal de esta nueva estrategia es establecer, antes de la ocupación de los terrenos, la base o al menos un programa urbanizador que permita reducir o controlar los costos de la urbanización (fig. 2).
Por lo general, los gobiernos de las ciudades del tercer mundo responden a la incapacidad del sector pobre para tener acceso al mercado formal mediante dos modelos o paradigmas. Bajo el modelo del subsidio, el público interviene para facilitar tierra urbanizada bien sea directamente a través de asentamientos públicos desarrollados como respuesta a situaciones de emergencia, o indirectamente mediante préstamos a tasas inferiores del mercado para los promotores inmobiliarios que se desenvuelven en ese sector del mercado. En el otro extremo, el llamado “modelo de tolerancia del 100 por ciento” reconoce que el gobierno no tiene la capacidad de suministrar toda la tierra urbanizada requerida, y en consecuencia tolera arreglos irregulares e informales que pueden a la larga mejorarse mediante varias clases de programas de regularización.
Ninguna de estas dos maneras de enfrentar el problema afectan las condiciones del mercado y ambas contribuyen al círculo vicioso de la informalidad. En el primero de los casos, los subsidios se transforman en mayores precios del suelo, mientras que en el segundo caso los parceladores imponen una recargo basado en las expectativas de una regularización futura: mientras mayor es la expectativa, mayor es el recargo.
El Urbanizador Social representa una tercera vía que reconoce tanto el papel y la experiencia de los parceladores informales que trabajan en el segmento de bajos recursos, como la función indispensable de los agentes públicos, quienes prestan su apoyo a la población pobre para que participe en un mercado que, de otra manera, sería inaccesible. En otras palabras, este programa representa un esfuerzo para “formalizar lo informal” e “informalizar lo formal”, facilitando y proporcionando incentivos para que los promotores inmobiliarios puedan desenvolverse con más flexibilidad en ese sector poco rentable que es el mercado de bajos ingresos. Es un instrumento diseñado para estimular tanto a los empresarios que operan en el mercado inmobiliario clandestino como aquéllos que lo hacen en el segmento mercantil formal de mayores recursos, a fin de que urbanicen la tierra bajo las normas regulares existentes.
En el mundo entero se ha establecido una gran variedad de asociaciones público-privadas. Aunque es posible que el Urbanizador Social pueda ser visto como otro más de estos arreglos, consideramos importante establecerlo claramente y darle amplia difusión a fin de incrementar las posibilidades de este tipo de asociaciones.
La promulgación de la Ley del Urbanizador Social constituye un intento de cambiar la manera tradicional de responder a las necesidades de vivienda del sector de bajos recursos, porque da una señal clara a los agentes privados que gestionan en el mercado del suelo y protege al público de las acciones arbitrarias de los desarrollos privados. El Urbanizador Social ha demostrado ser una herramienta indispensable para la gestión pública. Sin embargo, dado que rompe con las prácticas de “siempre”, su puesta en práctica enfrenta todavía una multiplicidad de desafíos:
1. Desde un punto de vista institucional, debe superar el modelo tradicional de desarrollo urbano del municipio, que se ha limitado a los aspectos de regulación e inspección. Esta tradición puede interferir en las funciones de la autoridad pública como gerente, líder de los procesos de urbanización y regulador de relaciones que normalmente quedan a la merced de las reglas del mercado.
2. Desde el punto de vista de la administración municipal, la meta es coordinar sus muchas agencias, sucursales y entidades para estimular actividades que gocen de viabilidad económica y atractivo para los promotores inmobiliarios. El problema es que dicha meta pareciera estar reñida con los objetivos típicos del sector público.
3. Para poder atraer a grandes empresas inmobiliarias que forjen mejores asociaciones con las autoridades públicas, es fundamental que el instrumento ofrezca grandes atractivos dado que estas empresas ya tienen suficientes oportunidades lucrativas en el mercado de altos recursos.
4. Asimismo, el programa deberá poder aumentar la viabilidad de asociaciones con pequeñas empresas inmobiliarias, quienes por lo general carecen de la infraestructura interna y de los recursos financieros para poder desenvolverse en este tipo de mercado.
5. Finalmente, el Urbanizador Social debe procurar su estabilidad y función como elemento estructural de política urbana de acuerdo con el principio de acceso democrático a la tierra. Como nota interesante, tras 16 años con el mismo grupo político progresista en poder, Porto Alegre está actualmente pasando por una serie de cambios políticos acompañados de incertidumbre. A la larga, el Urbanizador Social no podrá crear resultados importantes si los gobiernos municipales no incorporan sus principios de manera estratégica a largo plazo.
Actualmente Porto Alegre tiene cinco proyectos pilotos de Urbanizador Social en diferentes etapas de desarrollo. Para que puedan funcionar como verdaderos experimentos, en ellos participan diferentes clases de promotores inmobiliarios tales como empresas urbanizadoras pequeñas, urbanizadoras ya establecidas en el mercado y cooperativas de viviendas. Una de estas áreas piloto ha demostrado la posibilidad de producir 125 m2 de tierras completamente urbanizadas a precios que van desde US$25 a US$28 por m2, en contraste con los precios del mercado formal, de US$42 a US$57 por m2 , por la misma cantidad de tierra. Los precios más bajos citados demuestran la buena disposición que tienen los promotores inmobiliarios a ceder en sus contratos con las autoridades municipales para ofrecer sus servicios dentro del marco del Urbanizador Social.
La municipalidad también intentó adquirir financiamiento para actividades de urbanización social a través de la entidad Caixa Econômica Federal (CEF), organización federal responsable por el financiamiento del desarrollo urbano y de la vivienda. La agencia está creando una nueva línea de financiamiento dentro de su programa de asociaciones, mediante el cual se otorga crédito a un comprador para la compra de una parcela. Hasta ahora, esta opción financiera había estado disponible únicamente para la adquisición de unidades habitacionales antes de su construcción. La idea de una línea de crédito para financiar el desarrollo de tierra urbanizada es una novedad. Otro aspecto digno de mencionarse son las intenciones de la administración municipal para anular los requisitos de análisis de riesgo para los promotores inmobiliarios; esto representa un ingrediente fundamental para abrir el campo a los pequeños promotores inmobiliarios.
Los elementos innovadores del instrumento del Urbanizador Social, en comparación con los métodos públicos tradicionales de enfrentar la irregularidad urbana, han captado la atención de muchas organizaciones y otras municipalidades. En el ámbito federal, el Urbanizador Social se considera totalmente integrado con los principios del Estatuto de la Ciudad, por lo que ha ganado el apoyo del Ministerio de las Ciudades de Brasil. Actualmente el Congreso nacional brasileño está debatiendo sobre otra ley federal que trata de la subdivisión de la tierra urbana, y el Urbanizador Social es parte de la discusión. Si se aprueba, esta legislación sobre subdivisiones será un paso importante para cambiar el deficiente proceso tradicional de suministro de acceso a la tierra para la población urbana pobre de otras ciudades brasileñas.
Bibliografía
Getúlio Vargas Foundation. 2004. Revista Você S/A.Editora Abril. August 10. São Paulo, Brasil
Green, Eliane D’Arrigo, ed. 2004. Irregularidade fundiária em Porto Alegre por região de planejamento (Irregularidad del suelo en Porto Alegre por regiones de planificación) Municipalidad de Porto Alegre, Secretaría de Planificación Municipal. www.portoalegre.rs.gov.br/spm/
Jones Lang Lasalle. 2003. World Winning Cities II. http://www.joneslanglasalle.com/research/index.asp
Municipalidad of Porto Alegre. 2003. Informaçöes a cidade: Títulos e Conquistas (Información sobre la ciudad: Títulos y logros). www.portoalegre.rs.gov.br
Smolka, Martim O. 2003. Informalidad, Pobreza Urbana y Precios de la Tierra. Land Lines 15(1): 4–7.
UN-HABITAT. 2003. The Challenge Of Slums: Global Report On Human Settlements. Nairobi, Kenya: UN-HABITAT. http://hq.unhabitat.org/register/item.asp?ID=1156
United Nations Development Programme (UNDP). 2003. Human Development Report 2003. New York: Oxford University Press. http://www.undp.org/
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Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 7 del CD-ROM Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.
En las ciudades de América Latina, y especialmente en las más grandes, la ubicación de las viviendas es crítica para los grupos más vulnerables. En Buenos Aires, la población de las villas miseria en el área del centro se duplicó en el último período intercenso (1991-2001), si bien la población total declinó aproximadamente el 8 por ciento. En Rio de Janeiro, durante la misma década, los asentamientos informales de mayor crecimiento fueron los que se percibían como mejor ubicados, generalmente cerca de la costa en los barrios de clase media y alta, si bien éstos eran ya los barrios más hacinados y congestionados.
También se observa esta tendencia en Chile, no obstante el problema de los asentamientos informales es mucho menor que en el resto de América Latina. Sólo alrededor de 28.600 familias (el 1 por ciento de la población total de Chile) viven en 533 asentamientos precarios identificados (los cuales son denominados campamentos). Los catastros sucesivos demuestran que al mismo tiempo que los campamentos más antiguos se van reordenando, se continúan creando campamentos nuevos. Más de la mitad de los campamentos existentes fueron establecidos entre 1991 y 2007 (Fundación un Techo para Chile, 2007).
Hay varias explicaciones para esta persistencia de campamentos, aun en Chile, donde la política de vivienda se considera más desarrollada que en otros países, y donde ya queda poca tierra urbana disponible para ser invadida. Algunas familias que viven en campamentos pueden representar un grupo residual en transición entre su llegada a la ciudad y su reubicación en viviendas de interés social u otro tipo de vivienda formal. Otros pueden tener preferencia por tener su propia casa en un campamento en vez de tener que compartir cuartos con otra familia o parientes en una vivienda más formal.
Vivir en un campamento también puede ser comparable a anotarse en una lista de espera para poder acceder a un programa de vivienda de interés social, ya que el programa del gobierno que se concentra en este tipo de familias (Chile Barrio) tiene por finalidad atender a sus necesidades y facilitar su acceso a la vivienda de interés social. Como algunas de las familias que viven en campamentos aún no cumplen con las condiciones necesarias para participar en el programa de viviendas de interés social, siguen allí hasta poder encontrar otras opciones.
Por otro lado, la continua existencia de campamentos no se puede atribuir a altos niveles de pobreza o a una política débil de regularización de asentamientos. Por el contrario, en los últimos 20 años la pobreza en Chile se redujo a la mitad, y ahora se estima que alcanza al 13,7 por ciento de la población (CASEN, 2006). Al mismo tiempo, el gobierno implementó una política de vivienda que entrega bonos a las familias para comprar una casa. Este programa ha sido respaldado por sucesivas administraciones de gobierno y ha beneficiado hasta ahora a dos millones de familias, a un promedio de 100.000 familias por año, o casi el 3 por ciento de los 3,6 millones de hogares urbanos de Chile en 2002.
Independientemente de su éxito en términos de cobertura, los programas de vivienda han generado una concentración de viviendas de interés social en la periferia de Santiago y otras ciudades principales. Históricamente, los proyectos de viviendas de interés social han creado grandes zonas socialmente homogéneas que han producido la segregación de familias de bajos ingresos, con consecuencias negativas. Algunas de estas zonas ahora sufren de serios problemas sociales, como un alto nivel de desempleo y deserción escolar, como también sentimientos generalizados de falta de esperanza y inversión de los valores sociales entre sus residentes (Sabatini, Cáceres y Cerda, 2004).
También hay mayor inestabilidad e inseguridad laboral en la economía chilena en la actualidad que en el pasado, y una transformación radical del sistema político ha desestabilizado las relaciones cotidianas entre las clases populares y los líderes de los partidos políticos. A medida que estas formas tradicionales de cohesión social se van debilitando, ciertos factores, como la ubicación de una casa en la ciudad, se hacen más relevantes, ya que una buena ubicación puede brindar acceso a una mejor “geografía de oportunidades”, o sea a lugares que se perciben como de mayor y mejor acceso a servicios públicos y privados, como escuelas, mercados, parques y redes de transporte, como también acceso a mejores trabajos y proximidad a redes sociales y familiares.
En este contexto, examinaremos algunos de los factores que influyen en el continuo desarrollo y persistencia de los campamentos, a pesar de la disponibilidad de programas gubernamentales masivos de vivienda, como también un sistema legal que protege los derechos de propiedad.
Una encuesta de preferencias de localización de vivienda
Usando datos de la Región Metropolitana de Santiago, diseñamos tres conjuntos de muestras con un total de 1.588 unidades familiares: familias que viven en campamentos (812); familias que viven en viviendas de interés social y que se mudaron de campamentos que fueron erradicados (510); y familias que viven en viviendas de interés social pero que no se mudaron de un campamento (266). Las tres muestras fueron tomadas, respectivamente, de un inventario de moradores de campamentos preparado en 2007; y el registro del programa Chile Barrio, que identifica a familias que vivían en campamentos y que adquirieron viviendas de interés social entre 1999 y 2005; y familias del mismo proyecto de viviendas de interés social que no provenían de un campamento. Las encuestas en los campamentos fueron efectuadas de puerta en puerta en agosto de 2008, y en los barrios de proyectos de vivienda de interés social en diciembre de 2008.
Los resultados de la encuesta muestran que al vivir en campamentos, las familias logran optimizar las preferencias de localización de su vivienda con una mayor probabilidad de éxito, entendiendo dichas preferencias fundamentalmente como la proximidad a una buena geografía de oportunidades. Casi el 70 por ciento de las familias que antes vivían en campamentos y ahora viven en viviendas de interés social se quedaron en el mismo distrito, comparado con el 51,7 por ciento de las familias que viven en viviendas de interés social y que no vinieron de campamentos (ver Cuadro 1). Por lo tanto, sin alterar radicalmente la ubicación de su vivienda, las familias que antes vivían en campamentos pudieron acceder a subsidios de vivienda que les permitieron mejorar su estándar de vida y obtener un título legal.
Ver Cuadro 1 en anexo: Origen de las muestras de hogares en la Región Metropolitana (RM) de Santiago (porcentajes)
Las familias que viven en campamentos también perciben que tienen mayor prioridad que otras familias similares para acceder a viviendas de interés social, y una mayor probabilidad de acceder a viviendas de interés social en su localización preferida. Alrededor del 63 por ciento de las familias que viven actualmente en campamentos reportaron tener ventaja en el acceso a viviendas de interés social en comparación con otras familias. Esta percepción coincide con la realidad, ya que entre 1996 y 2007 la cantidad de campamentos en Chile declinó de 972 (105.888 familias) a 533 (alrededor de 28.600 familias) y el déficit de viviendas asociado con campamentos se redujo en un 75 por ciento.
Para examinar el precio del suelo como factor en la selección de vivienda, utilizamos la tasación fiscal en zonas de características similares (ZCS) y, como referencia, el valor máximo obtenido por cada distrito. En este análisis, el 71,4 por ciento de las familias que se mudaron de un campamento a una vivienda de interés social se transfirieron a una localización mejor o equivalente (ver Cuadro 2).
Ver Cuadro 2 en anexo: Valor actual del suelo comparado con el valor en el distrito de origen
La encuesta también muestra que la mayoría de las familias de campamentos (60,6 por ciento) llegó entre 2000 y 2008, un período de gran expansión en la oferta de viviendas para familias de menores ingresos, indicando una preferencia por vivir en un campamento bien ubicado antes que en una vivienda de interés social en otro lado (ver Cuadro 3).
Ver Cuadro 3 en anexo: Año de llegada de la muestra de familias que viven en campamentos
Los resultados de la encuesta se deben interpretar teniendo en cuenta los siguientes factores contextuales.
Interacciones entre pobreza y los valores del suelo
La mitad de las familias que viven en campamentos (51 por ciento) no son pobres, de acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN). En nuestra muestra, la mayoría de las familias que vivían en campamentos tienen un mayor porcentaje de jefes de familia masculinos, menor tamaño familiar, y un ingreso per cápita casi el doble de la mayoría de las familias de bajos ingresos de la Región Metropolitana. Este resultado contradice la creencia convencional de que las familias más pobres viven en los campamentos. Lo que parece estar ocurriendo es la expresión de una estrategia por parte de familias de menores ingresos para superar su vulnerabilidad y aprovechar al máximo las oportunidades para mejorar su situación, usando para ello la ubicación de su vivienda como un recurso en el proceso de movilidad social.
La incidencia de pobreza en los campamentos varía en función del precio promedio del suelo en el distrito donde se encuentra el barrio. Menos de la mitad de las familias que viven en campamentos ubicados en distritos de valor bajo y alto del suelo son pobres, mientras que aquéllas que viven en distritos de valor medio del suelo tienen niveles de pobreza mucho mayores (ver Cuadro 4). Las familias que viven en distritos de valores bajos y altos del suelo también tienen una mayor proporción de trabajadores en los sectores de servicios privados y domésticos, y menos empleados por cuenta propia.
Ver Cuadro 4 en anexo: Pobreza y empleo en las familias que viven en campamentos, por valor del suelo en el distrito
Los residentes perciben que la localización objetiva de los campamentos es mejor que el de las viviendas de interés social, porque es más probable que los campamentos se encuentren en los distritos de mayor valor del suelo, en comparación con las viviendas de interés social: 27 por ciento, comparado con 7,9 por ciento (ver Cuadro 5). Al mismo tiempo, las familias que viven en campamentos tienen una percepción mucho mejor de su proximidad a los servicios y puestos de empleo, y encuentran que su distrito es socialmente más diverso que el de las familias que viven en viviendas de interés social (ver Cuadro 6).
Ver Cuadro 5 en anexo: Distribución de familias por valor del suelo en sus distritos respectivos (porcentajes)
Ver Cuadro 6 en anexo: Percepciones de localización de la vivienda
Si se usan los valores del suelo como indicador de acceso a servicios, queda claro cuán significativa es la localización para las familias. Los campamentos ubicados en distritos donde los valores del suelo son altos exhiben ventajas significativas sobre aquellos en distritos de precio del suelo bajo, sobre todo con respecto a la ubicación del trabajo del jefe de familia y su cónyuge (ver Cuadro 7).
Ver Cuadro 7 en anexo: Percepciones de localización por valor del suelo en el distrito entre las familias que viven en campamentos (porcentaje)
Preferencias declaradas de localización
Las familias que viven en campamentos valoran su localización. Al preguntar: “Si tuviera la oportunidad de mudarse a otra casa, ¿qué elegiría?”, el 28,8 por ciento declaró que preferiría quedarse en el mismo lugar y el 57,6 por ciento se mudaría a otra ubicación dentro del mismo distrito. La tercera opción, mudarse a otro distrito, fue seleccionada sólo por el 13,6 por ciento de las familias.
Con respecto a sus expectativas para el futuro, la mayoría de las familias que viven en campamentos declaran que esperan vivir en una vivienda de interés social dentro de cinco años. El sesenta y siete por ciento cree que vivirá en una vivienda de interés social dentro del mismo distrito y el 25 por ciento de ese grupo cree que vivirá en una vivienda de interés social construida en el mismo lugar donde se encuentra el campamento donde vive ahora.
El resultado más interesante es que el 51,8 por ciento de las familias que viven en campamentos dicen que prefieren quedarse en el barrio (bajo las mismas condiciones) que mudarse a una vivienda de interés social lejos de su distrito actual, Esta preferencia también es expresada por el 58.7 por ciento de las unidades familiares que declararon estar dispuestas a ahorrar más de los aproximadamente 400 dólares estadounidenses que el estado exige actualmente como pago para participar en el programa; un pago más alto aumentaría aún más la probabilidad de quedarse en la misma localización.
Conclusión
Este estudio ofrece una nueva perspectiva sobre los patrones y preferencias de localización de las familias que viven en asentamientos precarios. Subyacente en la decisión familiar de vivir en un campamento está el interés de aumentar la probabilidad de obtener una vivienda de interés social en un período más corto y en el distrito de su preferencia. No parece haber ningún conflicto entre obtener una mejor localización y obtener un subsidio residencial de una vivienda formal. Por el contrario, el vivir en un campamento constituye una estrategia racional para alcanzar ambos objetivos.
Las familias que han seguido esta estrategia tienen un perfil un tanto distinto a la típica familia pobre de Santiago. La mayoría tiene un jefe de familia masculino y un nivel de ingresos que, si bien es bajo, se encuentra significativamente por encima de la línea de pobreza tal como se define en Chile. La localización del campamento parece cumplir un rol importante en favorecer la proximidad al trabajo tanto para el jefe de familia como para su cónyuge.
Los programas de vivienda de interés social en Chile se han guiado fuertemente por la noción del déficit de viviendas, donde las familias pasan a ser un número de una lista para obtener un subsidio de manera independiente, sin considerar aspectos tales como el mantenimiento de las redes sociales o las preferencias de localización. Esta política, basada en subsidiar la demanda y dar por sentado el valor del suelo, llevó a una segregación a gran escala en la periferia, donde los precios del suelo tienden a ser menores.
Este estudio demuestra que las familias optarán por una mejor localización, frecuentemente en la ciudad central, aunque ello signifique vivir en un campamentos o un lote más pequeño, demostrando los límites de la vivienda de interés social basada en los precios más bajos del suelo en la periferia. El programa Chile Barrio, creado en 1996, ha reemplazado el énfasis en el déficit de viviendas por un enfoque territorial que hace del campamento la unidad de intervención, y este nuevo enfoque parece haber mejorado las opciones de vivienda. La lección de política pública aprendida para programas de vivienda futuros es la necesidad de concentrarse en la calidad de la localización y en la inclusión social.
Referencias
CASEN. 2006. Ministerio de Planificación. www.mideplan.cl
Fundación un Techo para Chile. 2007. Informe catastro de campamentos. www.untechoparachile.cl/cis
Instituto de la Vivienda (INVI). 2001. Diagnóstico de medición de satisfacción de beneficiarios de vivienda básica. Santiago: Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
Sabatini, F., G. Cáceres, y J. Cerda. 2001. Segregación residencial en las principales ciudades chilenas: Tendencias de las tres últimas décadas y posibles cursos de acción”. EURE 27 (82) Diciembre.
Sobre los autores
Isabel Brain es socióloga y coordinadora del Programa de Apoyo a las Políticas Urbanas y de Suelo (ProUrbana) de la Universidad Católica de Chile Sus investigaciones se concentran en el desarrollo urbano, viviendas económicas, segregación residencial, mercados de suelos y asentamientos informales.
Pablo Celhay es economista e investigador de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago, Chile. Recibió una maestría en políticas públicas de la Universidad de Chicago. En la actualidad está cursando la carrera de maestría en políticas públicas en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
José Joaquín Prieto es director del Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago, Chile. Sus investigaciones se concentran en políticas sociales y metodología de las investigaciones aplicadas.
Francisco Sabatini es sociólogo y profesor de planeamiento urbano en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile. Se especializa en segregación social, conflictos medioambientales y participación ciudadana.
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Low-income, self-managed homestead subdivisions, called colonias in Texas, are a rapidly expanding form of land and housing production in the United States. In a recently completed Lincoln Institute-supported study, I have analyzed the dysfunctional aspects of these land markets as measured by a high level of absentee lot ownership, modest lot and property transactions and turnover, and a lack of significant valorization (value increment) as settlements are built through and improved.
Homestead Subdivisions
Colonias, the Spanish word for neighborhoods, were first identified in the poorest Texas counties along the border with Mexico. They comprise unserviced or poorly serviced settlements in which homesteaders have bought a lot upon which they place either a trailer-type dwelling, or its up-market and less mobile or portable form, the “manufactured home.” In some cases, families build their homes through self-help efforts, beginning residence in a shack, camper or second-hand trailer and later consolidating the home over time.
Colonias are not a small-scale phenomenon. According to the Texas Water Development Board, there are approximately 1,500 such settlements housing around 400,000 people, mostly in the border region. The Board’s data and my own survey results show that many similar types of homestead subdivisions exist elsewhere in Texas, so these population estimates are likely to increase as we learn more. Indeed, counties throughout Texas, and in other states as well, are beginning to recognize the problems of unregulated substandard subdivisions that offer one of the few affordable homestead options for low-income households.
Low income here refers to households earning between $12,000 and $25,000 a year, although many colonia households actually earn much less (see Table 1). These households are in poor labor market areas: either regions experiencing wage and labor polarization among workers, or where low-paid service sector jobs predominate. Housing costs in most cities place home ownership beyond the reach of households that seek accommodation within the lower end of the rental housing market, in apartments or in trailer parks. Yet, many of these households aspire to homeownership, recognizing the advantages of moving out of rental housing where they have no equity. Many of them favor homesteading in poorly serviced rural subdivisions where they can own and valorize property through mutual aid and self-help efforts.
Colonias are not homogeneous, however. They vary markedly in size, layout, mode of development, mix of housing types, lot dimensions, lot occupancy and residential turnover rates, level of servicing, ethnic composition, income levels, and levels of relative poverty. In Texas, there is no typical colonia, but rather a range of types that vary among counties.
These settlements are akin to so-called irregular settlements in less developed countries, and they have a similar rationality to explain their existence: a low-wage economy, a rising demand for housing, a lack of state housing supply systems capable of meeting demand, and a private sector uninterested or unable to produce housing at levels that people can afford. Like their counterparts in Mexico and Latin America, colonias offer low-cost unserviced land on the fringes of urbanized areas that is affordable and accessible to very low-income groups. Most residents must commute substantial distances into the adjacent cities for work.
While colonias in Texas are rarely illegal, many aspects of the development process are informal or quasi-formal, most notably:
Just over a decade ago, Texas became aware of the existence and proliferation of colonia-type subdivisions, and in biennial legislative sessions began to take action to stop their growth on the one hand, and to simulate upgrading on the other. Following are some examples of legislative action over the past decade:
An underlying weakness in all these initiatives is that they apply only in the border region and in specially designated counties that form part of the state’s Economically Depressed Areas Program (EDAP). Elsewhere, the process continues essentially unabated.
Vacant Lots and Absentee Ownership
A major indicator of land market dysfunction is the failure to occupy and develop a lot after it has been sold. The data show that between 15 and 80 percent of colonia lots may be vacant. Even in the largest and now often fully serviced settlements, as many as one-quarter to one-sixth of lots are held vacant by absentee lot owners. Moreover, relatively large lot sizes of one-eighth to one-half acre or more, together with prohibitions on lot subdivision and sharing, create very low densities of 10 to 12 persons per acre. This exacerbates the unit cost of providing services, reduces cost recovery, and weakens community cohesion and mutual aid. Weestimate that there are over 26,000 vacant lots in Texas comprising more than 7,000 acres of unoccupied residential land. If these lots were fully populated, even at the prevailing low densities generally found in colonias, an additional 100,000 people could be housed in existing settlements alone.
A key question, then, is why so many low-income households do not occupy their lots? Conventional wisdom argues that the lack of services discourages potential residents, and that providing basic utilities would be a catalyst to lot occupancy. However, this argument begs the question why many people do occupy their lots from the outset. They can be asked about their motives and decision-making process, but it is more problematic to question absentee lot owners who are difficult to trace. Who are they? Where are they? What do they want from their land?
In spite of the methodological conundrum caused by the lack of a clear paper trail from property conveyance records and lot titles, we were able to develop a research strategy using property appraisal and tax records to track down some of these absentee lot owners. However, an estimated 8 to 10 percent of these records were discovered to be “bad” addresses, with the probability that the actual number of untraceable lot owners may be twice as high. Having walked away from the land they bought, these lot owners are in effect locking their property out of future land market transactions.
Current Place of Residence of Absentee Owners
By using tax record data for some 2,713 absentee lot owners across 16 survey settlements (in border and non-border counties), it was possible to identify the current location of absentee owners.
Around three-quarters live locally, i.e., in the adjacent city or within 20 miles. The rest are non-local, split equally between those living elsewhere in Texas and those living out-of-state. While there was a broad spread of addresses across the state, most absentee lot owners lived in Houston (26 percent), Dallas (15 percent) and San Antonio (12 percent)-the three principal metropolitan areas of Texas. California, with 35 percent of all out-of-state absentee addresses, was the most frequently identified state, followed by New Mexico (14 percent), and the Chicago region (Illinois and Indiana with 12 percent).
Characteristics of Occupants and Absentee Owners
This research reveals that colonia occupants and absentee lot owners are substantially different populations (see Table 1). Absentee owners are more likely to be Mexican-American, and are more ethnically diverse. While poor, they are considerably better off than colonia residents. Generally, the absentee owners purchased their lots earlier, and therefore paid less in real terms.
The most dramatic differences between the groups emerge in their residential search behavior and their motives for purchase. Absentee lot owner households are not waiting in the wings to move onto their lots once servicing has been provided. Quite the opposite: most of them (81 percent) are homeowners already and appear to be quite comfortable in their current residence. Moreover, some 49 percent indicated they bought their lot not for themselves but as an investment, as security, or as a future gift or inheritance for their children. Less than one quarter stated that the lack of existing services was an issue. More than half expressed no future intention to move onto the lot, and of those who do intend to move, very few plan to do so in the next 5 to 10 years. In reality I anticipate that few will ever move. Some even said they would sell at any time if the price was right.
Land market performance for both populations during the past two decades is unlike other residential land markets. Land value trends in colonias have remained “flat” in real terms, and the rate of return has been low, especially compared with other sectors of the land and housing market. This suggests that the poor are not benefiting significantly either from their land purchase investment or from their sweat equity (in the case of residents). Although a modest level of market sales continues to take place (more than was anticipated), colonia land markets are not being valorized significantly.
Policies for Fixing the Market
Vacant lots are both a cause and an effect of this poor market performance. It is important to note that the “build-it-and-they-will come” notion is badly misconstrued. Policies to develop urban services in order to catalyze lot occupancy and densification may be helpful, but other land market interventions are also required to make land markets in colonias operate more efficiently. These might include revising legislation to facilitate urban productivity, such as allowing for some nonresidential land use for income production, or for subdivision and rental. Indeed, one reason why land is not being valorized is the restriction placed upon approved land uses. The 1995 moratorium on lot sales also limits development. Although the law is widely breached, doing so deflates prices, distorts turnover and drives sales underground. The prohibition upon internal lot subdivision (especially of large lots) inhibits rent-seeking and cost-sharing among kin.
Another need is to free up the land-locked areas that belong to owners who can no longer be traced. Sequestration of lots for nonpayment of taxes could be one approach, especially if tied to the creation of a public holding company or land trust that would subsequently promote the supply and redistribution of lots through mechanisms such as land pooling and land readjustment. In Texas, at least, tackling the “problem” of large-scale absentee lot ownership would offer a number of positive outcomes and solutions.
Understanding and widening our analysis of homestead subdivisions in Texas and elsewhere offers the potential that policy makers will be better informed, and that we may begin to develop more sensitive and appropriate land policies to address the issue. In so doing, we may substantially increase the supply of homesteading opportunities to the most disadvantaged income groups in U.S. society.
References
Peter M. Ward. 1999. Colonias and Public Policy in Texas and Mexico: Urbanization by Stealth. Austin, TX: University of Texas Press.
______. 2000. Residential Land Market Dynamics, Absentee Lot Owners and Densification Policies for Texas Colonias. Lincoln Institute Working Paper. WP00PW1. 160 pages. $18.
Peter M. Ward holds the C.B. Smith Sr. Centennial Chair in US-Mexico Relations at the University of Texas-Austin, where he also is a professor in the Department of Sociology and at the Lyndon B. Johnson School of Public Affairs.
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The Lincoln Institute has been cosponsoring research and training programs with public officials in Porto Alegre, Brazil, for several years. The land policy experiment described in this article represents an innovation with much pedagogical potential because it brings attention to the importance of procedural factors (e.g., management, negotiation, transparency, public legitimacy) in the provision of serviced land for the poor, over and above the conventional attention given to funding and other resources.
Approximately one billion people around the world currently live in slums with precarious infrastructure and without basic services or secure land title, and this situation is expected to worsen in the future (UN-HABITAT 2003). From the perspectives of both the urban order and the environment, irregular land occupations often cause irreversible damage and impose high urbanization costs for the local government and the society as a whole.
Irregularity is a multidimensional phenomenon involving tenure issues (e.g., legal rights of occupation, title registration); compliance with urban norms and regulations (e.g., lot sizes, allowance for public spaces, street layouts); the number and quality of services provided; the type of area where settlement occurs (e.g., ecologically risky areas, hillsides, contaminated brownfields); and above all the occupation process itself, which is usually the opposite of formal development, whereby occupation is the culmination of a legal and regulated sequence from titling to planning to servicing.
Basic infrastructure is frequently available in irregular areas, but it is installed either by unregulated subdividers or after occupation by public agencies, often as an emergency measure. For example, sometimes the main trunk networks for water and sewer systems exist close to areas where irregular settlements are forming, so the subdivider or occupants simply improvise clandestine connections to tap into the main line. For small settlements this kind of intervention is not disastrous, yet it implies that services may be extended into areas that are unsuitable for occupation. Private or public utility companies also extend their services to new settlements irrespective of their legal status and often without consulting the local authorities.
Typical Occupation Processes
The most common current practice for creating irregular settlements involves the occupation of a parcel of land through a complex series of commercial transactions involving the landowner, the developer or land subdivider, and often the future occupants. Landowners seek a way to extract profits from the land; subdividers ignore the need to comply with municipal codes and produce a low-cost, high-profit subdivision; and the poor occupants purchase these illegal plots because they have no other option and may be unaware of the legal status. They usually lack a regular income source and savings to apply for credit and meet the stringent building codes and other conditions required for formal purchase and occupation.
Prospective occupants buy the “right to occupy” through a plot acquisition contract and proceed to organize plot boundaries, street layouts and the construction of simple houses. When an official inspection is made it’s already too late; houses have been built and the community is organized to resist. Public authorities cannot keep up with this cycle of complicity, and thus restrict their role to minimal inspection activities that both conceal a management model tolerant of informality and expose the absence of other housing options for that segment of the population.
High-cost curative actions to introduce urban improvements and title regularization programs are being established in many cities, but their effectiveness to date has been limited (Smolka 2003). More seriously and paradoxically, the expectation created by these programs has tended to increase the number of people resorting to irregularity. In sum, the typical process by which the urban poor access serviced land is inefficient and unfair, and ultimately feeds into a vicious cycle of irregularity by contributing to poverty rather than mitigating it. The problem is not so much what services are provided, by whom and at what scale, but how, when and where the process operates to provide those services in the first place.
The Case of Porto Alegre
Porto Alegre (population 1,360,590 in 2000) is the capital of the southernmost state in Brazil and the center of a metropolitan area of 31 municipalities (see Figure 1, page 12). The city’s quality of life improvements have gained worldwide recognition, largely as a result of its poverty reduction and social inclusion programs and its widely acclaimed participatory administration processes (Getúlio Vargas Foundation 2004; Jones Lang Lasalle 2003; UNDP 2003; UN/UMP 2003). For example, the level of infrastructure services is very high: 84 percent of the city’s houses are connected to the sewerage system; 99.5 percent receive treated water; 98 percent receive electricity; and 100 percent of suburbs are serviced by selective waste collection (Municipality of Porto Alegre 2003).
In spite of these impressive figures, 25.5 percent of the population lives in the city’s 727 irregular settlements (Green 2004). It is estimated that the annual population growth in these areas is 4 percent compared to 1.35 percent for the city as a whole. These facts present an apparent paradox and conundrum: How to reconcile widespread provision of basic services with the increase of irregularity in a period of successful, popular and participatory administration?
Since the introduction of decentralized participatory budgeting in 1989, public investment decision making in Porto Alegre has improved, but the process remains economically ineffective, technically inappropriate, environmentally disastrous, fiscally unfair (because land subdividers pocket monies that should benefit the public) and politically unsustainable. Many areas still have serious problems: poor quality streets without drainage or paving; geological instability and susceptibility to flooding; and a lack of legal titling, which means, for example, no address for postal delivery. Nevertheless, the Porto Alegre case is interesting because it vividly demonstrates that the problem of confronting irregularity is less one of providing services than of changing the process by which the services are provided. It’s a procedural process, a change in the rules of the game.
An Innovative Urban Policy Instrument
The Social Urbanizer concept was developed in Porto Alegre as an instrument, and more generally a program, to overcome the existing unsustainable process of providing urban services in spite of a long history of regulatory legislation (see Figure 2). Enacted in July 2003 shortly after approval of Brazil’s innovative City Statute Act, the Social Urbanizer Act was the result of significant dialogue involving the building industry unions, small land subdividers, housing cooperatives, financial agents and the City Council.
A Social Urbanizer is a real estate developer registered with the municipality who is interested in developing in areas identified by the government as suitable for low-income housing, and who agrees to operate according to certain negotiated terms, including the affordability of the serviced plots. The process contemplates a public-private partnership through which the municipality commits to make certain urban norms and regulations more flexible, to speed up the licensing process, reduce the legal requirements, and recognize progressive, step-by-step urbanization. It also anticipates using the transfer of development rights as a stimulating mechanism for private developers. Other incentives may take the form of access to specific lines of credit or certain direct public investments in urban infrastructure so the costs are not passed on to the final buyer. Eligible Social Urbanizer applicants include duly registered real estate developers, contractors already working in the informal market, landowners and self-managed cooperatives.
Porto Alegre’s Social Urbanizer program incorporates lessons learned from both real challenges and untapped opportunities for public action, and it is inspired by several specific ideas. First, land subdividers operating to provide access to urban land by the low-income sector (albeit through illegal activities) have an expertise and familiarity with that sector that public authorities do not have. Thus, rather than demonize or punish these agents, the Social Urbanizer approach takes a new attitude toward attracting them with appropriate incentives (and sanctions) so they can operate legally. Furthermore, while it is common knowledge that a subdivider can usually operate more profitably at the margin of the law, because of lower overhead costs, avoidance of legal approvals, and so forth, it is less well known that, given the option, many of these subdividers would rather operate legally, even if it means a lower profit margin.
Second, the land value increments generated by land transactions could be converted into a source of revenue for the development. In practice this share of value should be distributed both directly by the landowner (as an in-kind contribution of land beyond what is legally required in land subdivisions for low-income occupations) and indirectly by the subdivider through negotiated lower land prices for the low-income buyers. In most cases of irregular development the public is not able to capture and benefit from this increase in land value.
Third, by giving public transparency to the terms of direct negotiations and the resulting win-win agreement among all the interested parties (i.e., landowners, developers, public authorities, prospective buyers), the Social Urbanizer process creates adequate sanctions for compliance with the norms established for the development. Another component of the negotiation process has to do with the agreed investment schedule and its effect in diffusing speculative pricing.
Fourth, to have any chance of success this new mode of urbanization should be able to provide an adequate supply of serviced plots to meet social needs under competitive market conditions (i.e., more affordable than the conditions of otherwise informal subdividers). In effect an essential ingredient of the program’s rationale is that it establishes new rules for social urbanization in general. The signal should be clear to private agents that the Social Urbanizer process is the only way for the government to participate in the development of socially approved and affordable settlements.
The Social Urbanizer as a Third Path
For the public interest, the primary goal of this strategy is to establish the basis for development before occupation takes place, or at least according to a schedule allowing for significant reduction or control of urbanization costs (see Figure 3).
Public administrations in third-world cities typically respond to the inability of the poor to access formal land markets through two models or paradigms. Under the subsidy model the public intervenes to provide serviced land either directly through publicly developed settlements on an emergency basis, or indirectly through below-market interest for developers operating in that segment of the market. At the other extreme, the 100-percent tolerance model recognizes that the government does not have the capacity to provide all the serviced land needed, and thus tolerates irregular and informal arrangements that may eventually be improved with various regularization programs.
Both approaches keep land market conditions untouched and feed into the vicious cycle of informality. In the first case the subsidies are capitalized into higher land prices, and in the second case they allow land subdividers to charge a premium based on the expectation of future regularization: the higher the expectation, the higher the premium.
The Social Urbanizer represents a third path that recognizes both the role and expertise of informal land subdividers who operate in the low-income segment of the market and the indispensable role of public agents in supporting the poor to participate in otherwise inaccessible market conditions. In other words, this program represents an effort to “formalize the informal” and “informalize the formal” by facilitating and providing incentives for developers to operate with more flexibility in the normally unprofitable low-income market. It is an instrument designed to encourage both entrepreneurs operating in the clandestine real estate market and those operating in the formal, higher-income market segment to develop land under the existing regular standards.
The Social Urbanizer Act represents an attempt to change the rules on how low-income housing needs are to be addressed. It gives a clear signal to the private agents operating in the land market and protects the public from arbitrariness in private development actions. The Social Urbanizer has proven to be an indispensable tool for public management. As a break with current practices, however, the program still faces many challenges in implementation.
Early Stages of Implementation
Porto Alegre has five Social Urbanizer pilot projects at different stages of development. They involve different types of developers so they can function as true experiments: small developers, developers already established in the market, and housing cooperatives. One of these pilot areas has demonstrated that 125 square metres (m2) of fully serviced land can be produced at a price ranging from US$25 to US$28 per m2 in contrast with the formal market price of US$42 to US$57 per m2 for the same amount of land. The first price range represents how much a developer is actually willing to contract with the local administration to operate under the Social Urbanizer framework.
The municipality also attempted to gain financial support for social urbanization activities from Caixa Econômica Federal (CEF), the federal organization responsible for financing housing and urban development. The agency is creating a new financial line within its partnership program in which credit is given to the buyer, who will knowingly use it to purchase a plot of land. Until now this financial option was only available for the acquisition of a housing unit before construction. Thus the idea of a credit line to ultimately finance the development of serviced land is a novelty. Another related improvement is the willingness of the local administration to void requirements on developers’ risk analysis, an essential ingredient to open the field to small developers.
The innovation of the Social Urbanizer instrument, as compared to traditional public methods of dealing with urban irregularity, has attracted the attention of many organizations and other municipalities. At a federal level the Social Urbanizer is considered fully integrated with the principles of the City Statute, which has brought support from Brazil’s Ministry for Cities. Another federal law that deals with the subdivision of urban land is now being discussed in the Brazilian National Congress, and the Social Urbanizer is part of that debate as well. If adopted, this subdivision legislation will be an important step toward changing the traditional and perverse process of providing access to land for the urban poor in other Brazilian cities.
Chronology of Urban Policies in Porto Alegre
1979 – Approval of the Federal Subdivision Law (6766/1979) and the First Development Master Plan for Porto Alegre
1990 – Establishment of the Urban Regularization Program
1996 – Creation of the Urban Regularization Center
1998 – Announcement of Land Title Regularization Year
1999 – Approval of the Environmental Development Master Plan
2001 – Implementation of a pilot plan of a differentiated taxation model, based on preventive action, operating in the region of the city that suffers the highest number of irregular settlements
2001 – Enactment of Brazil’s City Statute Act on Urban Development (Law 10.257/2001)
2003 – Enactment of the Social Urbanizer Act (Law 9162/2003)
2005 – Implementation of the Social Urbanizer pilot projects
2005 – Implementation of the Social Urbanizer pilot projects
Martim O. Smolka is senior fellow at the Lincoln Institute, director of the Program on Latin America and the Caribbean, and co-chairman of the Department of International Studies. Cláudia Damasio is an architect and former under-secretary of planning for the Municipality of Porto Alegre. She now serves as coordinator of the Social Urbanizer project. .
References
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Green, Eliane D’Arrigo, ed. 2004. Irregularidade fundiária em Porto Alegre por região de planejamento (Land irregularity in Porto Alegre by planning regions) Municipality of Porto Alegre, Secretary of Municipal Planning, http://www.portoalegre.rs.gov.br/spm/
Jones Lang Lasalle. 2003. World Winning Cities II, http://www.joneslanglasalle.com/research/index.asp
Municipality of Porto Alegre. 2003. Informaçöes a cidade: Títulos e Conquistas (Information about the city: Titles and achievements), http://www.portoalegre.rs.gov.br
Smolka, Martim O. 2003. Informality, urban poverty and land market prices. Land Lines 15(1): 4–7.
UN-HABITAT. 2003. The Challenge Of Slums: Global Report On Human Settlements. Nairobi, Kenya: UN-HABITAT, http://hq.unhabitat.org/register/item.asp?ID=1156
United Nations Development Programme (UNDP). 2003. Human Development Report 2003. New York: Oxford University Press, http://www.undp.org/
United Nations Urban Management Program (UN/UMP). 2003. Report of the Urban Management Program of UN-HABITAT 2003. Nairobi, Kenya: UN-HABITAT, http://hq.unhabitat.org/programmes/ump/publications.asp
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In Latin American cities, especially in the larger ones, location is critical for vulnerable groups. In Buenos Aires, the population of shantytowns in the central area doubled in the last inter-census period (1991–2001), even though total population declined by approximately 8 percent. In Rio de Janeiro during the same decade, the fastest growing informal settlements were those considered to be in the best locations, generally near the beach in middle- and upper-income neighborhoods, although they were already the most crowded and congested slums.
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Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 2 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.
Muchos gobiernos latinoamericanos han mejorado el proceso de legalización de los asentamientos periféricos, y han reconocido el derecho a la vivienda y la postura de las Naciones Unidas que condena los desalojos forzosos como violaciones de los derechos humanos. Así y todo la práctica del desalojo persiste, con repercusiones devastadoras para familias, vecindades, y para con los esfuerzos de mejoramiento de grandes áreas urbanas. Al perpetuar un clima de miedo e incertidumbre, esta amenaza hace a la gente perder las ganas de invertir recursos y mano de obra en sus hogares y barrios.
Los desalojos en América Latina surgen del fenómeno de ocupación ilegal, el cual a su vez resulta de factores como la urbanización incontrolada, la falta de recursos financieros por parte de la población pobre y de los gobiernos municipales, y la carencia de títulos de propiedad legales o debidamente registrados. En tales circunstancias, la necesidad de supervivencia impulsa al pobre urbano a valerse de una variedad de mecanismos -incluyendo subdivisiones ilegales, invasiones y viviendas autoconstruidas- a fin de satisfacer sus necesidades de alojamiento y de comunidad.
Los moradores de Chapinero Alto, al noreste de Bogotá (Colombia), han enfrentado 30 años de intentos de desplazamiento y desalojo. Muchas de las familias que viven en esta periferia urbana montañosa son descendientes de los trabajadores de haciendas situadas en la región de la sabana (altos llanos). Conforme las haciendas se fueron cerrando y vendiendo para dar paso a la expansión urbana, los trabajadores no tuvieron más alternativa que quedarse a vivir en las colinas, cuyo valor era considerado despreciable por los promotores de mediados del siglo XX.
A principios de la década de 1970, los anuncios del plan de construcción de una autopista generaron una oleada especulativa y varios intentos de expulsión. Los moradores y sus aliados en universidades e instituciones religiosas formaron un frente social masivo que impidió varios desalojos, pero que no pudo detener la especulación. Para la época de finalización del proyecto (mediados de los ’80) pocas familias habían tenido que salir para dar paso a la carretera, pero los barrios tuvieron que volver a hacer frente a otra oleada de intentos de desalojo.
A principios de los ’90 la amenaza surgió nuevamente, esta vez en nombre de proyectos de desarrollo sostenible y de las denuncias hechas por el gobierno y varios grupos privados, que afirmaban que los barrios pobres atentaban contra el frágil medio ambiente circundante. Desde ese entonces los ocupantes se han visto obligados a luchar de mil maneras para defenderse contra los intentos de desalojo, y tal clima de inestabilidad ha desalentado cualquier proyecto de mejora bien sea por parte de los moradores como por parte del gobierno.
Refugiados del desarrollo
Las causas de los desalojos son variadas, pero típicamente se atribuyen directa o indirectamente a proyectos de renovación urbana. Debido a la creciente escasez de terrenos urbanizados, la competencia y las evicciones obligan a los moradores de los asentamientos informales a trasladarse a la periferia. En Bogotá, la expansión de la ciudad ha convertido a Chapinero Alto en uno de los predios más codiciados de la ciudad. A las víctimas de los desalojos (llamadas también “refugiados del desarrollo”) se les suele acusar de obstaculizar el progreso cuando protestan, y raramente se les ofrece una indemnización o participación en programas de reubicación. En los casos de especulación, a menudo las familias se ven obligadas a pasar el trago amargo de ser despojadas de sus hogares prácticamente sin previo aviso.
Los gobiernos locales desempeñan un papel principal en los procesos de desalojo, junto con propietarios de tierras, empresas urbanizadoras, cuerpos policiales y fuerzas armadas. Sacar a los pobres de los predios deseables no sólo facilita emprender proyectos de infraestructura e inmuebles de lujo, sino que también libera al rico del contacto diario con el pobre. Gobernantes y promotores suelen defender sus acciones en aras del embellecimiento y mejoramiento de la ciudad, o aseveran que las barriadas pobres son un caldo de cultivo de problemas sociales. Además, cada vez más se justifican los desalojos tras el escudo de la protección ambiental y el desarrollo sostenible. Todas estas razones han sido utilizadas por funcionarios gubernamentales y propietarios de títulos para eliminar los barrios pobres de Chapinero Alto.
Cuando las familias se ven obligadas a salir de sus predios, no sólo pierden sus tierras y sus hogares, sino también sus vecinos, comunidades y círculos sociales. El estrés sicológico y los daños a la salud causados por meses de incertidumbre pueden ser terribles. Frecuentemente los niños pierden meses de escuela, y sus padres deben viajar distancias considerables para llegar a sus trabajos. Los resultados de estudios antropológicos han demostrado que al dispersarse la población, se desmantelan las redes de ayuda mutua y los círculos sociales, los cuales son herramientas críticas de supervivencia para los pobres urbanos, quienes a menudo afrontan problemas económicos e incertidumbre. Estas redes de protección son irremplazables, incluso en los casos en que las familias reciben una indemnización. Por último, el desalojo entraña un alto riesgo de empobrecimiento, especialmente para las personas carentes de títulos de propiedad, puesto que generalmente no reciben indemnización.
En 1992 el gobierno de Bogotá desalojó a un grupo de 30 familias tras una violenta disputa con un propietario. La ciudad trasladó a las familias a una escuela abandonada, donde vivieron durante varios meses esperando las viviendas de interés social prometidas por el alcalde. A medida que pasaron los meses y se evaporó la promesa de las viviendas, los problemas de estrés, salud y pérdida de ingresos y educación ocasionaron efectos graves en las familias. Varios de los hombres abandonaron sus familias; hubo incidentes de violencia doméstica; y se desintegraron las relaciones sociales. Para el año 1997 las familias se habían dispersado y estaban viviendo dondequiera que pudieron conseguir dónde vivir en la ciudad.
Una de las consecuencias más dolorosas del desalojo es la repercusión negativa que tiene esa permanente inseguridad sobre todos los asentamientos irregulares. Sin importar si al final se hace o no realidad, la amenaza constante del desahucio afecta vastas zonas de ciudades en desarrollo y frena las inversiones en viviendas y servicios, tan necesarias para resolver los problemas de las barriadas. Ésta es una de las razones que imponen estudiar la práctica de los desalojos forzosos dentro del marco de los derechos humanos. El problema continuará hasta tanto la seguridad de tenencia y de una vivienda adecuada no sean protegidas como derechos humanos.
Desalojos y derechos humanos
Dadas las consecuencias sociales de amplio efecto que tienen los desalojos forzosos, no es de sorprender que los mismos quebranten un buen número de derechos humanos. Para empezar, obviamente comprometen el derecho a la vivienda, defendido por el derecho internacional en forma cada vez más explícita. El derecho a la vivienda fue establecido por vez primera en el artículo 25 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de 1948. La Declaración sobre el Progreso Social y el Desarrollo, la Declaración de los Derechos del Niño, la Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos y otros congresos también afirman el derecho a la vivienda, así como lo hacen más de 50 constituciones, entre ellas la Constitución Colombiana de 1991.
Además del derecho a la vivienda, el desalojo forzoso entraña comúnmente una violación al derecho a la libertad de movimiento. La violencia o el asesinato de líderes o miembros de la comunidad que protestan los desahucios constituyen claras violaciones al derecho a la vida y a la seguridad de las personas, así como también a la libertad de expresión y de afiliación. Cuando un niño es retirado de su escuela debido a un desalojo forzoso, se quebranta su derecho a la educación. Cuando los cuerpos policiales o militares irrumpen en los hogares a la fuerza, las familias pierden sus derechos a la vida privada. El derecho al trabajo es una de las violaciones más frecuentes del desahucio. Finalmente, las repercusiones psicológicas y físicas que acarrean los desalojos forzosos infringen el derecho a la salud.
Incluso en aquellas regiones donde los gobiernos han ratificado las declaraciones de las Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda, se siguen cometiendo violaciones. Las Naciones Unidas y muchos otros organismos observadores responsabilizan claramente al Estado como ente encargado de prevenir los desalojos, y han declarado que si un gobierno fracasa en sus intentos de garantizar la disponibilidad de viviendas adecuadas, tampoco puede aseverar que la eliminación de los asentamientos ilegales cumpla con las normas de derecho internacional. Dado que prácticamente todos los desalojos forzosos son planeados, y dado que existe un conjunto de estipulaciones reconocidas internacionalmente que condenan la práctica, tales desplazamientos deberían efectuarse en seguimiento a políticas sociales y dentro de un marco de trabajo centrado en los derechos humanos.
Consideraciones de política
Basado en varios estudios sobre desalojos forzosos y en nuestro propio estudio de investigación realizado en Bogotá, seguidamente expondremos varias sugerencias para mejorar las políticas de vivienda y de prevención de la violencia mediante el cumplimiento de las normas de derechos humanos. Los puntos siguientes deben ser el objetivo de las políticas que se proponen eliminar los desalojos forzosos:
Los problemas asociados al desalojo forzoso -violencia, empobrecimiento y estancamiento del desarrollo urbano- podrán prevenirse con más eficacia únicamente implementando mecanismos eficaces para extender los derechos de tenencia a la población urbana pobre. El mejoramiento de las actuales directrices de los derechos humanos requiere extender los derechos de protección contra desalojos forzosos y los derechos al reasentamiento adecuado. Aunque las directrices actuales se cumplen con más eficacia en los proyectos de desarrollo que cuentan con financiamiento internacional, los estados deberían valerse de directrices similares para aplicarlas a toda forma de desplazamiento. Al extender las directrices de los derechos humanos y mejorar los mecanismos de ejecución y cumplimiento, los organismos nacionales e internacionales podrán cumplir mejor con las necesidades de la población pobre urbana.
Margaret Everett es profesora asistente de antropología y estudios internacionales en Portland State University en Portland, Oregon. Su estudio de investigación para este artículo fue parcialmente financiado por el Instituto Lincoln. El informe completo, “Desalojos y derechos humanos: un estudio etnográfico de disputas de desarrollo y tierras en Bogotá, Colombia”, está publicado en la sección de América Latina del sitio Web del Instituto Lincoln (www.lincolninst.edu).
Leyendas de las fotos
Una vivienda del barrio Bosque Calderón de Bogotá muestra los mensajes ‘Respeten nuestros derechos de posesión y vivamos en paz’ y ‘Más de 30 años de posesión es una razón’. Sus habitantes se enfrentaron a intentos de desalojo desde principios de los años ’70, y finalmente recibieron los títulos legales a principio de los ’90.
Los moradores de Bosque Calderón participan en un proyecto de vivienda comunitaria tras finalmente adquirir el permiso de tenencia legal.
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Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 7 del CD-ROM Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.
Diego Alfonso Erba es un profesor invitado del Lincoln Institute of Land Policy (Instituto Lincoln de Políticas de Suelo), con licencia de su cargo de profesor del Programa de Graduados de Geología de la Universidade do Vale do Río dos Sinos (UNISINOS) de Brasil. Se graduó de ingeniero agrimensor en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y después obtuvo dos títulos de maestría en ciencias y enseñó en varias universidades de Brasil. Su experiencia profesional inicial fue en la regularización de los asentamientos informales de Santa Fe, Argentina, y encabezó el Departamento de Sistemas de Información Geológica (SIG) de una cooperativa agrícola del sur de Brasil. También obtuvo un doctorado en agrimensura de la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina, e hizo investigaciones posdoctorales en SIG para cuerpos de agua en el Centro de Recursos Naturales de la Universidad Shiga de Otsu, Japón; y en SIG para aplicaciones urbanas en los Laboratorios Clark-IDRISI de la Universidad Clark de Worcester, Massachusetts.
Land Lines: ¿Qué es un catastro territorial?
Diego Erba: La institución del catastro territorial no existe en los Estados Unidos, por lo menos no de la misma forma que en muchos otros países del mundo. Si bien el término “catastro” tiene más de un significado, en general hay consenso de que proviene del griego catastichon, que se puede traducir como “una lista de parcelas tributarias”.
Este tipo de lista existe en los Estados Unidos, pero el perfil de las instituciones que manejan estos datos no es el mismo que en América Latina y muchos otros países europeos y africanos, donde el catastro territorial incluye datos económicos, geométricos y legales de las parcelas de tierra, además de datos sobre sus dueños u ocupantes. Las instituciones que manejan estos datos, con frecuencia también llamadas catastros territoriales, están estrechamente conectadas con los registros de títulos o los registros de propiedades, porque sus datos se complementan y garantizan el derecho a la tenencia de la tierra. Estas conexiones tradicionales reflejan la herencia catastral histórica de los sistemas legales romano y napoleónico.
Land Lines: ¿Por qué los administradores públicos urbanos necesitan saber sobre los catastros territoriales?
DE: El catastro y el registro de propiedades deberían estar conectados por razones legales − y además con fines prácticos − y hay muchos modelos que demuestran cómo los catastros podrían o deberían estar relacionados con las instituciones públicas. Desafortunadamente, en general los catastros de las distintas regiones están aislados o no están integrados, lo cual reduce mucho su utilidad potencial como herramienta para la planificación urbana y las políticas de suelo.
Por ejemplo, los asentamientos irregulares en general se construyen en áreas públicas o de protección ambiental, o incluso en parcelas privadas, y no pagan impuestos ni están inscritos en las bases de datos de los catastros territoriales. Estas áreas se representan en la cartografía catastral como “polígonos en blanco”, como si no existiera nada dentro de ellos. La paradoja es que en general se poseen datos e información cartográfica sobre estos asentamientos irregulares, pero la información se encuentra frecuentemente en instituciones que no están relacionadas con el catastro, y por lo tanto estos asentamientos no están oficialmente registrados.
Hay una percepción creciente de la importancia del catastro como sistema de información multifinalitario: que sirve no sólo a los sectores legales y financieros de una ciudad, sino también a todas las instituciones que conforman la “realidad urbana”, como las agencias de servicios públicos, las compañías de servicios públicos e incluso ciertos proveedores privados de servicios urbanos. No obstante, esta evolución hacia un concepto nuevo, y hacia sistemas de información urbana mejorados, no ha sido sencilla, y se ha topado con resistencias en los países en desarrollo.
Land Lines: ¿Por qué es tan difícil establecer y usar un catastro multifinalitario?
DE: La implementación de un catastro multifinalitario exige en general un mayor intercambio horizontal de información entre las instituciones gubernamentales. A menudo, también exige una modificación del marco legal y el establecimiento de relaciones más fluidas entre agentes públicos y privados, para poder compartir datos estandarizados y asegurar las inversiones constantes necesarias para mantener actualizadas las bases de datos y la cartografía.
Esto parece ser un proceso sencillo, pero en la práctica no lo es, porque muchos administradores todavía consideran que “esos datos son míos” y no están dispuestos a colaborar con otros. Al mismo tiempo, algunos administradores demasiado entusiastas, convencidos del valor potencial de un catastro multifinalitario, a veces se saltan etapas y pasan de un catastro tradicional a un modelo multifinalitario, sin prestar demasiada atención a la implementación efectiva de los intercambios de información.
Aun cuando operen en forma privada, los catastros territoriales se consideran como un servicio público, así que dependen del financiamiento público y de decisiones políticas para aprobar un nuevo sistema de valuación de la tierra o la cartografía. Al mismo tiempo, este tipo de servicio público no es visible y por lo tanto no es tan interesante para los políticos, que quieren demostrar sus logros por medio de proyectos más tangibles, como un puente o una escuela nueva.
La actualización de los datos catastrales afecta el valor de la tierra y consecuentemente el monto de los impuestos sobre la propiedad, un tema que no es popular con los votantes. No obstante, los administradores gubernamentales que desean mejorar el estado tributario de su jurisdicción pueden decidir al principio de su mandato que quieren actualizar el catastro para tratar de aumentar los ingresos provenientes de los impuestos sobre la propiedad. Esto tiene un impacto político significativo al comenzar su mandato, pero es posible que de allí en más no se alteren los datos del valor de la propiedad por muchos años, resultando cada vez menos precisos en comparación con su valor real de mercado. En muchas jurisdicciones latinoamericanas, la legislación impone la obligación de actualizar el catastro en forma periódica, aunque el nivel de cumplimiento no es homogéneo.
Otro error frecuente es considerar que la solución estriba en crear un sistema de información geográfica (SIG) para manejar los datos catastrales. En el caso ideal, nos gustaría ver sistemas integrados que usan bases de datos coordinadas y estandarizadas. Sin embargo, algunas municipalidades no tienen los recursos suficientes, y aquéllas que los tienen no cuentan con empleados con la preparación suficiente como para realizar la tarea. La noción de que se puede arribar a una manera única de implementar catastros no es realmente práctica en regiones donde las diferencias entre jurisdicciones son tan significativas. Yo siempre digo que el problema con las instituciones catastrales no es de recursos físicos ni de recursos de software, sino de recursos humanos. Aun cuando existan los recursos financieros, la falta de profesionales y técnicos capacitados presenta un obstáculo significativo.
Land Lines: En este contexto, ¿es posible considerar un catastro multifinalitario para América Latina?
DE: Es posible, pero el concepto es todavía nuevo y no se comprende por completo. Hay muchos buenos catastros en América Latina, por ejemplo en algunas municipalidades de Colombia y Brasil y en algunos estados de México y Argentina. En algunas jurisdicciones, la fusión de catastros territoriales con instituciones públicas y sistemas geotecnológicos genera institutos catastrales que están mejor estructurados en términos de presupuesto y personal técnico, y por lo tanto pueden identificar mejor los asentamientos ilegales y controlar el aumento del valor de la tierra usando herramientas modernas.
No obstante, desde mi punto de vista, la región aún no cuenta con un catastro multifinalitario en plena operación. Una suposición común es que la implementación de un catastro multifinalitario exige el agregado de datos sociales y ambientales a las bases de datos alfanuméricas existentes de los catastros territoriales tradicionales, para tener en cuenta los aspectos económicos, geométricos y legales de la parcela y después conectar todos los datos con un mapa de parcela en SIG. Si bien esto es muy importante, no es esencial, porque la implementación no es tanto un problema tecnológico como filosófico. La mayoría de las administraciones municipales se resisten a combinar instituciones que tradicionalmente manejan bases de datos sociales (educación y salud), del medio ambiente y territoriales (catastros) bajo el mismo techo.
Land Lines: ¿Cómo ayuda su trabajo en el Instituto Lincoln a ampliar el nivel de conocimiento sobre los catastros territoriales?
DE: He estado trabajando con el Programa para América Latina y el Caribe desde 2002, para explorar la relación entre los catastros multifinalitarios y las cuatro áreas temáticas del Programa: grandes proyectos urbanos; valuación y tributación de la tierra; asentamientos informales y programas de regularización; y recuperación de plusvalías. Es siempre un desafío adaptar los programas de estudio educativos, pero creemos firmemente que es importante compartir los conocimientos de manera amplia en cada país y preparar a los funcionarios públicos y a los técnicos con distintos niveles de experiencia. Los participantes en nuestros programas académicos, que incluyen a administradores de catastro, planificadores urbanos, abogados y emprendedores inmobiliarios, adoptan un lenguaje y una visión común de las aplicaciones catastrales urbanas, y pueden iniciar un proceso para mejorar el sistema en sus propios países.
Nuestra estrategia pedagógica para este año incluye la diseminación de conocimientos por medio de una combinación de educación a distancia y cursos tradicionales en el aula a distintos niveles. Tenemos pensado desarrollar seminarios de capacitación, seguidos de un curso de educación a distancia adaptado a aquellos países que demuestren las condiciones necesarias para concretar esta nueva visión de un catastro multifinalitario. Finalmente, organizaremos una clase regional en el aula para los mejores estudiantes a distancia en tres países vecinos.
Este plan contrasta con los múltiples programas de capacitación ofrecidos por otras instituciones internacionales, que contemplan conceptos y el uso de herramientas que pueden no ser aplicables en países con distintos marcos legales y niveles tecnológicos. Comenzaremos este ciclo con seminarios en Chile y Perú, trabajando con la Asociación Chilena de Municipalidades y el Instituto de Economía Regional y Gobierno Local en Arequipa, Perú. Éstos y otros socios en América Latina se han comprometido a difundir y aumentar la capacidad local sobre estos temas.
Otro componente de nuestra estrategia es la difusión de materiales didácticos. Más adelante en 2006, publicaremos dos libros sobre conceptos e implementación de catastros que se pueden aplicar a la mayoría de los países. Uno de los libros describe en detalle el sistema catastral de cada país latinoamericano, y el otro conceptualiza los aspectos jurídicos, económicos, geométricos, ambientales y sociales del catastro multifinalitario, realzando la relación entre el catastro territorial y las cuatro áreas temáticas del Programa para América Latina y el Caribe del Instituto Lincoln.
En 2005 produjimos un DVD, que en la actualidad se ofrece en español y portugués. Incluye un documental sobre catastros multifinalitario y algunos segmentos grabados de clases y discusiones sobre las relaciones entre el catastro multifinalitario y asuntos urbanos complejos.
Land Lines: ¿Cuál es el objetivo a largo plazo del catastro multifinalitario?
DE: Los problemas que se han señalado aquí no deberían desalentar el esfuerzo de los administradores urbanos por reorganizar sus catastros y el marco legal de sus políticas de la tierra en sus respectivos ciudades y países. Por el contrario, deberían tratar de cambiar esta realidad desarrollando nuevas leyes que demuestren el espíritu de una política del suelo moderna. Los datos sobre ciudades latinoamericanas existen, pero están fragmentados y no están estandarizados.
La mejor manera de construir un catastro multifinalitario es integrando todas las instituciones públicas y privadas que están trabajando a nivel de parcela, y desarrollando un identificador único que defina las normas para las bases de datos alfanuméricas y cartográficas. El concepto es muy simple y claro, pero su ejecución no lo es. Para alcanzar este objetivo es necesario que los administradores, técnicos y ciudadanos comprendan el potencial del catastro para mejorar las prácticas de gestión de la tierra y la calidad de vida en zonas urbanas. Muchas veces hay soluciones simples que ayudan a resolver problemas complejos como los presentados por los sistemas catastrales.
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¿Cómo se correlacionan las percepciones de los moradores de asentamientos informales sobre la seguridad de la tenencia con las decisiones de invertir en mejoras para sus viviendas? ¿Es necesario poseer un título de propiedad para sentirse seguro o aumentar la inversión? ¿Y cómo se relacionan los ingresos y el crédito con la inversión? ¿El morador promedio aspira en realidad a la legalización de su tenencia? Y en ese caso, ¿qué se puede esperar? Este artículo trata de responder a estas preguntas en base a una investigación realizada sobre dos invasiones de terrenos en Buenos Aires, Argentina, y se concentra en dos temas en particular: el concepto de seguridad en la tenencia y la medición empírica de las percepciones de seguridad relacionadas con la inversión en mejoras de viviendas (Van Gelder 2009b).
La seguridad de la tenencia como un concepto tripartito
En la década de 1970, ante un rápido aumento de la informalidad urbana, ciertas organizaciones, como el Banco Mundial, comenzaron a experimentar con programas que proporcionaban servicios básicos de asentamiento y concedían el título de propiedad a sus moradores. La hipótesis era que, con la seguridad de la tenencia, los moradores movilizarían recursos para la construcción de viviendas más eficientemente que con programas de vivienda pública. La vivienda autoconstruida, por lo tanto, se interpretaba como una fuente de seguridad económica y movilidad social ascendente.
A comienzos de la década de 1990, las dimensiones económicas de la legalización de la tenencia cobraron nueva importancia en algunos círculos políticos (Bromley 1990; World Bank 1993). Se comenzó a creer que la mera concesión de derechos de propiedad privada sería una condición suficiente y necesaria para el desarrollo de los asentamientos. La hipótesis era que, al brindar un incentivo a la inversión y la posibilidad de acceder al crédito formal, los derechos de propiedad harían las veces de catalizador para el desarrollo.
Los críticos de esta idea argumentaron que, para establecer la seguridad de la tenencia y promover la inversión, sería mejor concentrarse en detalles más prácticos. El reconocimiento oficial de un asentamiento, la introducción de infraestructura y servicios, y otros factores podían aportar más a la seguridad de facto de la tenencia que el hecho de tener un documento legal que certificara la propiedad de una parcela (p.ej., Gilbert 2002).
Un tercer punto de vista sobre la inversión en viviendas argumenta que el factor más importante es la percepción de la por parte de los moradores. En vez de la seguridad legal, representada por la titulación, el mecanismo propulsor de la inversión es la percepción de seguridad. Se argumenta que los residentes invierten en sus moradas independiente de su estado legal, en la medida que crean que no van a ser desalojados y que las autoridades van a permitir que permanezcan en sus casas (Broegaard 2005; Varley 1987).
El concepto de la seguridad de la tenencia se puede analizar, por lo tanto, desde tres puntos de vista: como un instrumento legal, que frecuentemente toma la forma de título de propiedad; como una seguridad de facto, basada en la situación real; y como una percepción de los moradores. No obstante, estos puntos de vista frecuentemente se confunden, o simplemente se consideran indistintamente en la literatura de investigación o por los políticos, de manera que es importante distinguir entre ellos para poder responder a las preguntas que formulamos al principio.
La seguridad legal de la tenencia es un concepto formal, que se refiere a un documento oficial que identifica al propietario de un bien, y que es reconocido por la autoridad del estado, pero la seguridad de facto y percibida de la tenencia son conceptos empíricos. Para comprender la situación de facto de la tenencia, tenemos que estudiar lo que ocurre in situ y responder a preguntas tales como: ¿ Los desalojos forzados han sido hechos frecuentes o infrecuentes en una determinada ciudad o área? La actitud general de las autoridades hacia la ocupación ilegal, ¿ha sido benigna o estricta? La seguridad percibida de la tenencia, por otro lado, reside en la mente del morador, y su medición exige métodos refinados.
Los distintos tipos de seguridad de la tenencia se pueden superponer. Por ejemplo, la posesión de un título puede implicar que un morador también tenga seguridad de facto, ya que puede percibir que su situación es segura, pero no existe necesariamente una conexión entre estos tipos de seguridad. Los derechos de propiedad no siempre influyen sobre todos los tipos de hechos empíricos, ni tienen que ser reconocidos como algo significativo a los ojos de los moradores (Van Gelder 2010). Por el contrario, las ciudades con informalidad extensa se caracterizan precisamente por una ausencia de dichas correlaciones.
Un problema con el enfoque sobre la titulación es que postula que los derechos de propiedad equivalen a la seguridad de la tenencia. Esto puede ser cierto en situaciones donde la realidad de un asentamiento refleja las normas del sistema legal, pero no necesariamente será cierto cuando no se produce esta correlación. Más aún, es importante recordar que si la seguridad de la tenencia, ya sea de naturaleza legal o de facto, influye sobre la inversión, tiene que hacerlo a través de mecanismos psicológicos.
El lado psicológico de la seguridad de la tenencia
La literatura revela tres puntos críticos con respecto a la medición de la seguridad de la tenencia. Primero, la interpretación de la seguridad de la tenencia, ya sea legal, de facto o percibida, es frecuentemente binaria: uno la tiene o no la tiene. Segundo, y relacionado con el primer punto, los estudios raramente indican el grado en el que la seguridad de la tenencia contribuye a (mayor) inversión en la vivienda, en comparación con otros factores que probablemente también influyen en la inversión, como el nivel de ingreso o la disponibilidad de crédito. Tercero, la seguridad percibida de la tenencia casi siempre se interpreta como la probabilidad percibida de desalojo por parte del morador.
Estos tres puntos descubren una serie de limitaciones importantes en cada caso. Primero, la idea de interpretar la seguridad de la tenencia como una dicotomía no se corresponde con la realidad de los países en vías de desarrollo, donde la seguridad de la tenencia se concibe más bien como una gradación. La mayoría de los asentamientos de bajos ingresos se encuentran en algún punto entre la inseguridad completa y la seguridad completa. Segundo, para comprender la influencia de la seguridad de la tenencia sobre la inversión, es necesario cuantificar esta relación y examinarla junto con otros factores que probablemente también influyan en la inversión, tales como los ingresos del hogar.
Con respecto al tercer punto, la investigación psicológica social ha demostrado crecientemente que las decisiones de las personas están influenciadas frecuentemente por lo que sienten acerca de una situación en vez de, o además de, cómo piensan sobre ella (Hsee y Rottenstreich 2004; Kahneman 2003; Van Gelder, De Vries y Van der Pligt 2009). Estos descubrimientos se pueden aplicar al estudio de las viviendas informales, si consideramos que la inversión de un morador es una forma de tomar decisiones en un entorno de incertidumbre. Es decir, además de operacionalizar la seguridad percibida solamente como la probabilidad percibida de desalojo, lo cual se refiere a un estado cognitivo o de pensamiento, también podemos examinar los sentimientos o las preocupaciones, la inseguridad y el miedo que experimentan los moradores. A este componente de la seguridad de la tenencia lo denominamos miedo al desalojo.
¿Podemos comprender mejor las estimaciones de probabilidad de desalojo si examinamos los sentimientos? En el contexto de la tenencia informal, se ha sugerido frecuentemente que los moradores informales piensan que la probabilidad de un desalojo forzado es muy baja, en particular cuando el asentamiento está relativamente consolidado. En estos casos, el usar solamente la probabilidad percibida de desalojo como indicador de seguridad de la tenencia limita su valor predictivo, porque es invariablemente baja. No obstante, la posibilidad de desalojo, aunque sea muy pequeña, puede aún causar suficientes sentimientos negativos de preocupación y estrés en los moradores como para influir en sus decisiones, independientemente de que se la perciba como probable o no (Van Gelder 2007; 2009a).
Para no tener que considerar (las percepciones de) la seguridad de la tenencia como una dicotomía, podemos cuantificar la probabilidad y el miedo al desalojo usando técnicas de escalas psicométricas. En mi investigación, se presentaron a los moradores varias declaraciones sobre su situación de tenencia, y se les pidió que indicaran hasta qué punto estaban de acuerdo con dichas declaraciones, usando escalas de cinco puntos, desde “completamente en desacuerdo” hasta “completamente de acuerdo”. Por ejemplo: “A veces me preocupa la posibilidad de un desalojo” o “Siempre está presente la posibilidad de que nos desalojen de este barrio”. Ambas declaraciones se refieren a la posibilidad de desalojo. Sin embargo, la segunda, que mide la probabilidad percibida de desalojo, se refiere a una estimación de probabilidades – un estado pensante – mientras que la primera trata de dilucidar los sentimientos.
Medimos así la probabilidad percibida de desalojo y el miedo al desalojo usando escalas compuestas separadas, cada una con múltiples declaraciones. También se preguntó a los encuestados, todos ellos jefes de familia, sobre los ingresos del hogar y si habían sacado un préstamo en los años anteriores. Para medir la inversión en mejoras de viviendas, los encuestadores calificaron las moradas de los participantes de acuerdo a tres elementos distintivos: el piso, las paredes y el techo. Estas calificaciones se combinaron más adelante en un índice de mejora o consolidación de vivienda, la variable dependiente. Para aislar los efectos de la seguridad percibida de la tenencia sobre la inversión, la encuesta fue administrada solamente a aquellos jefes de hogar que habían vivido en el asentamiento desde su origen y fueron responsables por la construcción de la vivienda.
Asentamientos del caso de estudio
Una invasión de suelo típicamente involucra a varios centenares de personas, que obtienen acceso al suelo al invadirlo en forma colectiva y construyen inmediatamente en el mismo. Los residentes intentan cumplir con la legislación sobre el uso del suelo y otros requisitos, lo que permite más tarde subdividir el suelo legal y técnicamente. Esta participación activa de los residentes distingue a estos asentamientos de aquellos más irregulares (las villas miserias).
El estudio consistió en una encuesta estructurada y también en entrevistas semiestructuradas y grupos de enfoque con moradores en dos invasiones de suelo distintas en el cono sur del Gran Buenos Aires, reconocido por su urbanización popular en gran escala y altas concentraciones de pobreza (tabla 1: ver anexo).
Los asentamientos eran muy similares en tamaño, pero tenían distintas edades y por lo tanto distintos grados de consolidación; El Tala fue una de las primeras invasiones de la ciudad, mientras que San Cayetano había existido por sólo dos años antes de la encuesta, realizada en 2008. Sólo la mitad de los moradores de El Tala recibieron el título legal, creando las condiciones para una comparación válida de hogares titulados y no titulados en este asentamiento.
Resultados del análisis
Se emplearon análisis de regresión y de correlación para examinar la intensidad tanto de la probabilidad percibida de desalojo y el miedo al desalojo como pronosticadores de mejoras a las viviendas. Para tener una mejor idea de su importancia comparativa, también analizamos los ingresos del hogar. La tabla 2 (ver anexo) muestra que tanto la probabilidad como el miedo estaban significativamente correlacionados con las mejoras en ambos asentamientos. En otras palabras, tanto el pensar en la probabilidad de desalojo como los sentimientos provocados por el desalojo influyeron sobre la probabilidad de que la gente estuviera dispuesta a invertir en su morada. Cuanto mayor la probabilidad percibida y el miedo al desalojo, menos mejoraban su morada.
Los ingresos del hogar tuvieron una fuerte correlación con las mejoras de las viviendas en San Cayetano, pero no en El Tala. Una explicación probable de estos resultados es que las inversiones más visibles en vivienda ocurren en los primeros años de desarrollo del asentamiento. Recuérdese que San Cayetano tenía sólo dos años de existencia cuando se realizó la encuesta, mientras que El Tala se fundó a principios de la década de 1980. Otra explicación, relacionada con la anterior, es que los ingresos actuales de los hogares medidos por la encuesta no necesariamente reflejan los ingresos en las décadas precedentes. Esta fluctuación de ingresos hace más difícil evaluar la relación válida entre ingresos e inversiones en asentamientos más antiguos como El Tala.
El análisis de regresión de la tabla 3 (ver anexo) ensaya simultáneamente la probabilidad, el miedo y los ingresos como pronosticadores de inversión, analizando su contribución única. La intensidad de la relación para cada variable separada es indicada por el símbolo β, que puede oscilar entre -1 y +1 (indicando una relación lineal perfectamente negativa y positiva, respectivamente).
En El Tala, el efecto de la probabilidad de desalojo se explica en gran medida por el miedo al desalojo. Esto parece confirmar la hipótesis señalada anteriormente, de que en los casos en que el desalojo es muy poco probable, como en los asentamientos consolidados, el miedo al desalojo es el mejor pronosticador de mejoras a las viviendas. Dicho de otra manera, al decidir si invertir o no, y cuánto, en sus viviendas, los individuos tienen más en cuenta cómo se sienten sobre su situación y los posibles riesgos involucrados, que cómo piensan. Estos resultados constituyen un argumento convincente para alterar nuestra interpretación de la seguridad percibida de la tenencia como meramente una percepción de la probabilidad de desalojo. Si queremos predecir la conducta, también tenemos que comprender cómo se siente la gente.
En San Cayetano, sin embargo, la situación es distinta. Si bien tanto la probabilidad percibida y el miedo al desalojo están correlacionados negativamente con la inversión en mejoras a las viviendas, los resultados del análisis de regresión muestran que los ingresos del hogar explican la mayor parte de la varianza. En otras palabras, la inversión fue dictada más por los ingresos del hogar que por las percepciones de seguridad, ya sea la probabilidad percibida de desalojo o el miedo al desalojo. Mi hipótesis es que, una vez más, estos resultados se pueden atribuir a la corta edad del asentamiento, porque la probabilidad de que la gente invierta en su vivienda, en las primeras fases de consolidación de un asentamiento, está dada más que nada por su capacidad financiera.
Virtualmente todos los residentes encuestados y entrevistados en ambos asentamientos declararon que para ellos era importante tener un título de la propiedad, y expresaron un fuerte deseo de ser legalizados. Este resultado presenta una paradoja intrigante: si bien el desalojo forzado rara vez es considerado probable o aun posible por los residentes, aproximadamente la mitad de ellos declaró que la razón más importante para tener un título de la propiedad era la seguridad de la tenencia. Un residente de El Tala comentó sobre las distintas motivaciones para invertir: “Yo creo que hay dos momentos. Uno es al comienzo, cuando la construcción es una manera de asegurarse que nadie te va a echar. Hoy en día, creo que la situación es al revés. No creo que valga la pena invertir mucho dinero en la casa si no se tiene un título”.
Esto quiere decir que aun en situaciones con una seguridad de tenencia de facto muy alta, como en El Tala, los residentes siguen deseando un título de propiedad, principalmente por la seguridad adicional que ello confiere. Este resultado se corresponde con el argumento dado anteriormente sobre la importancia de incluir el miedo al desalojo, junto con la probabilidad, como indicador de seguridad percibida de la tenencia. La posibilidad de un desalojo, aunque sea pequeña, todavía puede crear una sensación de preocupación y miedo que influye en las decisiones de los residentes, casi independientemente de la probabilidad percibida (Van Gelder, 2007).
Otras motivaciones frecuentemente mencionadas para desear un título de propiedad son “dejarles algo a mis hijos” y “ser o sentir que soy el dueño de mi casa”. Sorprendentemente, muy pocos moradores en ambos asentamientos mencionaron razones comerciales (como el mayor valor de la vivienda o el acceso al crédito) como motivo para desear ser propietarios. En ambos asentamientos, más del 80 por ciento de los encuestados pensaba que tener un título aumentaría su seguridad. Más de la mitad de los residentes declaró que invertirían más después de tener el título, y más de la mitad de los residentes con título indicó que, en efecto, habían invertido más después de que se legalizó su tenencia.
Con respecto al acceso al crédito, los dueños con título no sacaron un préstamo bancario con mayor frecuencia que los residentes sin título. En El Tala, sólo tres personas con título de propiedad habían sacado un préstamo hipotecario en los cinco años anteriores, en contraposición con dos personas en la parte no titulada de dicho asentamiento. Más personas – ocho en las áreas tituladas y cinco en las no tituladas – habían sacado préstamos en instituciones prestamistas que cobran intereses altos pero que no exigen una propiedad como garantía. En otras palabras, los propietarios no comprometían sus moradas como garantía para obtener los préstamos.
La mayoría de los encuestados que habían sacado un préstamo lo habían hecho para mejorar o reparar su morada. Los pequeños montos de dinero prestados y los muy pocos préstamos para inversiones comerciales generan dudas sobre hasta qué punto el mayor acceso al crédito funciona como motor del crecimiento económico, tal como se ha sugerido a veces como justificativo para los programas de titulación del suelo.
Conclusiones
Estos resultados esclarecen un poco el debate sobre la seguridad de la tenencia y la discusión entre los defensores y críticos de la legalización. Por ejemplo, si bien el título legal no es una condición necesaria para invertir en mejoras a las viviendas, probablemente sea un factor contribuyente en ciertas situaciones. Más aún, casi sin excepción, todos los moradores aspiran a ser los dueños legales de sus casas. No obstante, los efectos sociales y psicológicos parecen ser mucho mayores que los factores económicos para valorar la tenencia legal.
Si bien las políticas han formulado crecientemente argumentos mercantilistas para respaldar la titulación (por ejemplo, el acceso al crédito y a los mercados del suelo), los encuestados tienden a enfatizar las razones sociales. Además de la seguridad de la tenencia, la posibilidad de dejar algo “seguro” para los hijos y la simple sensación de ser el dueño (legal) de su vivienda fueron citadas como las motivaciones más fundamentales para desear ser un propietario. La propiedad formal es vista por muchos, sea en forma realista o no, como una manera de escaparse de la marginalidad y como un sustituto de un sistema de seguridad social en gran medida deficiente.
Una manera de mejorar la política y de anticipar más precisamente las consecuencias de intervenciones específicas, que con demasiada frecuencia adoptan un enfoque verticalista, de arriba hacia abajo, es prestar más atención a las perspectivas de los moradores y utilizar métodos y perspectivas de otras disciplinas, como la psicología y la sociología. Estas disciplinas ofrecen medidas refinadas de diverso tipo que los académicos del desarrollo, los dirigentes políticos y los expertos del suelo deberían tener en cuenta en sus investigaciones futuras y programas concretos para los desarrollos informales.
Sobre el autor
Jean-Louis van Gelder es un investigador del Instituto de Estudios sobre la Delincuencia y el Cumplimiento de la Ley de los Países Bajos (NSCR). Estudió tanto psicología organizacional como derecho en la Universidad de Ámsterdam, y combinó ambas disciplinas en un doctorado sobre la seguridad de la tenencia y la informalidad realizado en Buenos Aires. Otros de sus intereses de investigación incluyen el rol del valor afectivo y la personalidad en las decisiones riesgosas y criminales.
Referencias
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World Bank. 1993. Housing: Enabling markets to work. World Bank Policy Paper. Washington DC: World Bank.
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Although many governments in Latin America have improved the process of legalizing peripheral settlements, recognized the rights of housing, and acknowledged the United Nations’ position on evictions as violations of fundamental human rights, urban displacement continues. Forced evictions bring devastation to families and neighborhoods and hamper efforts to improve large areas of the city. By perpetuating a climate of fear and uncertainty, the threat of eviction makes people reluctant to invest labor and resources in their homes and barrios.
Evictions arise from the prevalence of illegal housing in Latin America, which is caused by rapid growth, the limited financial resources of the poor and municipal governments alike, and unclear or contested titles. Given this situation, the urban poor employ a number of survival mechanisms, including illegal subdivisions, invasions, and do-it-yourself housing, in order to meet their needs for shelter and community.
In the northeastern section of Bogotá, Colombia, known as Chapinero Alto, residents have faced 30 years of displacement and eviction attempts. Many of the families living in this mountainous urban periphery are related to the workers on the great estates that covered the sabana (high plain). As the estates were broken up and sold to make way for urban expansion, the workers were left to live in the hills, which at mid-century were considered worthless to developers.
In the early 1970s, a planned highway project through the area brought a wave of speculation and several eviction attempts. Residents and their allies at universities and religious institutions formed a massive social movement that blocked several evictions but could not halt speculation. When the highway was finally built in the 1980s, only a few families had to move to make way for the road, but another wave of eviction attempts threatened the barrios.
In the early 1990s, residents faced a new threat: sustainable development and claims by both government and private groups that the poor barrios were a threat to the fragile environment. Since then, continued pressure to remove squatters has tested the abilities of residents to defend against eviction. The uncertainty has also discouraged investment by both residents and the city government.
Development Refugees
The causes of evictions are varied, but typically displacement relates directly or indirectly to development. As the availability of serviceable land shrinks, competition and evictions force the residents of such informal housing settlements further into the periphery. In Bogotá, the expansion of the city has made Chapinero Alto one of the most coveted pieces of real estate in the city. The victims of evictions, so-called development refugees, are often accused of standing in the way of progress when they protest. They are rarely offered compensation or allowed to participate in resettlement. In cases of speculation, residents typically have little warning prior to eviction and experience the trauma of forced displacement.
Local governments play a central role in evictions, along with landowners, developers, police and armed forces. Clearing the poor residents from desirable lands not only makes way for luxury development and infrastructure projects but also frees the wealthy from daily contact with them. Governments and developers often cite the beautification and improvement of the city as justification, or claim that social problems proliferate in slums. Governments also increasingly cite environmental protection and sustainable development as justifications for eviction. Government officials and private title-holders hoping to evict squatters have used all of these justifications in their efforts to clear Chapinero Alto of poor barrios.
When families are forced to move, they lose not only their land and houses, but neighborhoods, communities and social networks. The psychological stress caused by months of uncertainty and the health effects alone can be devastating. Children often lose months of school and their parents often travel long distances to get to work. Anthropologists have demonstrated that relationships of mutual aid and social networks are dismantled as populations disperse. These social networks are a critical survival tool for the urban poor who must constantly weather economic fluctuations and uncertainty. Even when families receive compensation for lost homes, these social relations are virtually irreplaceable. Finally, displacement carries a very high risk of impoverishment. This is especially true for those who lack legal title to their land because they generally do not receive compensation.
In 1992, the Bogotá city government evicted a group of 30 families following a violent dispute with the title-holder. The city moved the families to an abandoned school where they lived for several months awaiting public housing promised to them by the mayor. As the months wore on and the promised housing solution evaporated, stress, health problems and lost income and education took their toll on the families. Several of the men left, rumors of domestic violence grew, and social relationships disintegrated. By 1997, the families were scattered around the city in whatever housing they could find.
One of the most distressing consequences of urban displacement is the effect that insecurity of tenure has on all irregular settlements. Whether or not residents are ever evicted, the threat of eviction affects huge areas of developing cities and prevents investment in housing and services that is necessary to solve the problem of slums in the first place. This is one of the reasons why the problem of evictions must be addressed within the framework of human rights; until security of tenure and adequate shelter are fully acknowledged and protected as human rights, the problem of urban displacement will continue.
Evictions and Human Rights
Given the far-reaching social consequences of displacement, it is not surprising that forced evictions entail the violation of a number of human rights. Evictions obviously compromise the right to housing. The right to adequate housing has been made increasing explicit in international law. Article 25 of the United Nations Declaration on Human Rights established the right to housing for the first time in 1948. The Declaration on Social Progress and Development, the Declaration on the Rights of the Child, the Vancouver Declaration on Human Settlement and other conventions all affirm the right to housing. More than 50 constitutions recognize housing as a human right, including the Colombian Constitution of 1991.
In addition to the right to housing, the right to freedom of movement is commonly violated with eviction. When community leaders and protestors are killed or subjected to violence, the right to life and security of the person are denied, as are the right of freedom of expression and association. When children are taken from school, the right to education is affected. When police or military enter homes by force, families lose their rights of privacy. The right to work is one of the most common violations associated with evictions. Finally, the psychological and physical toll wrought by eviction compromises the right to health.
Even where governments have ratified UN conventions on housing rights, evictions often occur. The United Nations, like many other observers, clearly places the responsibility for preventing evictions on the states. The United Nations has declared that when governments fail to ensure the availability of adequate housing, they must not claim that the removal of illegal settlements is consistent with international law. Since virtually all evictions are planned, and since there are a set of internationally recognized conventions in place condemning eviction, such displacements should be guided by social policies and a human rights framework.
Policy Considerations
Based on a review of several studies on eviction and my own research in Bogotá, I suggest a number of ways in which better enforcement of human rights can improve housing policies and prevent violence. The following points should be the focus of policies aimed at eliminating forced evictions.
Only when effective mechanisms for extending tenure rights to the urban poor have been created can the problems associated with forced displacement-violence, impoverishment, stagnated urban development-be adequately addressed. One major way that current human rights guidelines can be improved is to extend the rights to protection from forced eviction and the rights to adequate resettlement. Current guidelines are most effectively enforced in cases of internationally financed development projects, but similar guidelines could be used by states to govern all forms of displacement. By extending human rights guidelines and improving the mechanisms for implementation and enforcement, national and international agencies can better meet the needs of the urban poor.
Margaret Everett is assistant professor of Anthropology and International Studies at Portland State University in Portland, Oregon. Her research for this article was funded in part by the Lincoln Institute. The complete report, “Evictions and Human Rights: An Ethnographic Study of Development and Land Disputes in Bogotá, Colombia,” is posted on the Lincoln Institute website.
