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espués de un año de una sequía intensa, incendios e inundaciones, los dirigentes del movimiento ecologista aprovechan la preocupación general sobre el cambio climático para enfatizar el papel fundamental que tienen los bosques, las sabanas, los parques y las turberas en la absorción de carbono y la generación de resiliencia.

El otoño pasado, científicos de The Nature Conservancy (TNC) publicaron una lista de bosques desde Washington hasta Georgia que, si se protegieran como se debe, cada año podrían quitar millones de toneladas métricas de dióxido de carbono del aire. Al mismo tiempo, una coalición de grupos de conservación y organizaciones empresariales sostenibles llamada US Nature4Climate lanzó una campaña con el lema “La conservación ES una acción climática”. Unos días después, Cities4Forests, un grupo de 73 ciudades comprometidas con la conservación y la restauración de los bosques, alentó a los dirigentes urbanos a tomar medidas y adoptar soluciones climáticas fundadas en la naturaleza.

Ahora que la amenaza existencial del cambio climático se encuentra en la cima de la jerarquía de problemas globales, los conservacionistas hacen cada vez más hincapié en la importancia del suelo, desde bosques rurales y paisajes funcionales hasta árboles en calles urbanas, para enfrentar ese desafío. Un gran trabajo constante para proteger el suelo y preservar la biodiversidad forma parte de las soluciones climáticas naturales, lo que TNC define como “medidas administrativas para la conservación, la restauración y la mejora del suelo que aumentan el almacenamiento de carbono o evitan la emisión de gases de efecto invernadero en paisajes y humedales en todo el mundo” (TNCa).

“Cuando se trata de mantener el carbono en la tierra y extraerlo del aire, no hay nada mejor que proteger los bosques”, dice Mark Anderson, director del Centro de Ciencias de la Conservación Resiliente de TNC, que hace poco agregó el almacenamiento de carbono a la lista de criterios de búsqueda de la popular herramienta en línea Resilient Land Mapping (TNCb). “Nuestro aliado más importante es el suelo vivo”. 

Jim Levitt, director de la Red Internacional de Conservación del Suelo (ILCN, por su sigla en inglés), dijo que la conservación del suelo puede brindar muchos beneficios de gran importancia en esta era. Además de la captura de carbono, “las costas conservadas pueden protegernos de la subida del nivel del mar. Los espacios verdes en las ciudades pueden mitigar los efectos de las islas de calor. Las tierras agrícolas con vegetación pueden reducir, en gran medida, la contaminación del agua. Las tierras altas protegidas proporcionan agua limpia a centros urbanos densamente poblados”, dice Levitt, coautor de un Enfoque en Políticas de Suelo sobre las soluciones climáticas que brindan los grupos de conservación cívica (ver extracto en la página 30). “La lista continúa”.

En noviembre, se dio especial atención a la conservación en la cumbre sobre el clima COP26 en Glasgow, donde los dirigentes de más de 140 países se comprometieron a acabar con la deforestación y la degradación del suelo para el 2030, lo que amplió el compromiso que habían asumido 39 países en el 2014. Mediante la promesa hecha en Glasgow, 50 países acordaron proteger el 30 por ciento del suelo y los océanos del mundo para el 2030. El compromiso del gobierno de Biden con la campaña 30×30, America the Beautiful, buscará proteger 291.000.000 hectáreas durante la próxima década, en parte para abordar “la necesidad de combatir el cambio climático con las soluciones naturales que brindan nuestros bosques, tierras agrícolas y océanos” (Departamento del Interior de los Estados Unidos, 2021).

El suelo no es una panacea para el cambio climático, que es una crisis que debe abordarse de manera activa desde varios sectores, pero las ventajas climáticas de proteger el suelo son “irrefutables”, dice Anderson, que es el miembro Kingsbury Browne actual del Instituto Lincoln. Es una conexión que resuena desde lo emocional: en un boletín reciente de la Land Trust Alliance (LTA), que representa a más de 1.000 fideicomisos de suelo y afiliados de todo el país, se sugiere que el suelo es “la respuesta a la desesperación climática”.

Para Fernando Lloveras San Miguel, director ejecutivo del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y ex miembro Kingsbury Browne, este momento en la conservación del suelo representa una vuelta al punto de partida. “El cambio climático es el resultado de la falta de conservación del suelo”, dice, y adjudica la crisis global a las prácticas insostenibles de consumo voraz y de desarrollo urbano que ignoraron la funcionalidad de los ecosistemas. Su mensaje: “Debemos cuidar los sistemas básicos que permiten la vida”.

Esos sistemas cuentan con lo necesario para ayudar a combatir el cambio climático. Estudios recientes sugieren que los ecosistemas de bosques, pastizales y turberas pueden absorber y almacenar más carbono de lo que se pensaba, tanto sobre el suelo como debajo de él (Gardner et al., 2021; Griscom 2021). Pueden crear microclimas que combaten las temperaturas cada vez más cálidas e incluso adaptarse a las necesidades de los animales, lo que modifica los hábitats, ya que las especies silvestres, por necesidad, cambian sus características para sobrevivir al cambio climático radical.

En un mundo cada vez más cálido, con ciclos de retroalimentación aterradores cada vez más comunes, un ecosistema sano, protegido y administrado de forma sostenible, fomenta un círculo virtuoso de biodiversidad, una funcionalidad que mejora constantemente y es más eficiente.

Hay un contraste muy obvio entre los beneficios de proteger el suelo y lo que sucede, literalmente, en el suelo. La deforestación se acelera a fin de liberar suelo para la urbanización o la agricultura, o por la acción de incendios, sequías e inundaciones que causan avalanchas de lodo. Esa destrucción tiene resultados negativos, a la vez que elimina grandes sumideros de carbono y libera nuevas emisiones a la atmósfera. Los incendios liberan el carbono acumulado en la vegetación y la tierra, que se suma a las emisiones generadas por la urbanización y la agricultura intensivas, incluido el metano de las vacas y los suelos destinados al pastoreo. Por esta razón, en 2021, el bosque amazónico empezó a emitir más CO₂ del que absorbe.

Se observan patrones similares en todo el mundo, incluido el noreste de los Estados Unidos. Investigadores de la Universidad Clark descubrieron que los seis estados de Nueva Inglaterra en conjunto con Nueva York liberan a la atmósfera el equivalente a alrededor de 4,9  millones de toneladas métricas de dióxido de carbono cada año por la pérdida de bosques. La pérdida de la capacidad de almacenar carbono implica que la región no captura el equivalente a 1,2 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono cada año.

“La deforestación es una fuente directa de este tipo de emisiones, ya que se libera el carbono almacenado en los árboles y las raíces como dióxido de carbono. También destruye una de las mejores herramientas que tenemos para quitar dióxido de carbono de la atmósfera”, escribe el equipo de investigación de Clark. “Por eso, un instrumento importante para combatir el cambio climático es la disminución de la pérdida de los bosques” (Williams, Hasler y Xi 2021).

El poder de mitigación climática del suelo es tal que los economistas y otras personas sostienen que el valor de los ecosistemas naturales debería incorporarse a la economía internacional: ponerle un precio a los beneficios climáticos del suelo. Esta perspectiva se incluyó recientemente en la revisión independiente sobre Economics of Biodiversity de Sir Partha Dasgupta, profesor de economía en Cambridge y miembro de St John’s College (Dasgupta 2021).

En el informe, que algunos ven como la versión sobre el suelo del informe sobre cuencas de Sir Nicholas Stern del 2006 sobre el alto costo de la inacción en cuestiones climáticas, Dasgupta destaca a la naturaleza como “nuestro recurso más valioso” que la humanidad administró mal. “Mi objetivo general es la reconstrucción de la economía para incluir a la naturaleza como un ingrediente”, dice.

Algunos dicen que el papel del suelo en la crisis climática tiene sus límites. “No hay suficientes árboles en el mundo para contrarrestar las emisiones de carbono de la sociedad, y nunca los habrá”, escribe Bonnie Waring, una ecologista de Imperial College London (Waring 2021). “Si maximizáramos la cantidad de vegetación que podría plantarse en el suelo de toda la Tierra, capturaríamos suficiente carbono para contrarrestar alrededor de diez años de emisiones de gases de efecto invernadero con la tasa actual. Pero luego la captura de carbono no aumentaría”.

Plantar y proteger árboles es importante, dicen los activistas, pero no debería distraernos de otros pasos importantes y necesarios para progresar en la batalla climática: reducir las emisiones de los medios de transporte, las construcciones y el sector energético, y acabar con los subsidios gubernamentales a los combustibles fósiles y el apoyo de instituciones financieras privadas para descarbonizar la economía.

A medida que la crisis climática aumenta el ritmo, los conservacionistas también deben enfrentar problemas emergentes. Por un lado, los inversionistas y los especuladores inmobiliarios están comprando grandes áreas de suelo en terrenos altos que serán más productivas por las temperaturas más cálidas y los nuevos patrones de precipitaciones. Además, hay un debate sobre las compensaciones del carbono mediante el suelo, que permiten que quienes contaminan contrarresten sus emisiones mediante un pago para quitar gases de efecto invernadero de la atmósfera en otro lugar. Los críticos dicen que las compensaciones hacen que quienes contaminan no sufran consecuencias y les permiten seguir emitiendo gases de efecto invernadero mientras apoyan funciones de captura que se llevarían a cabo de todas formas en áreas protegidas (Elgin 2020, Song y Temple 2021). No debería sorprendernos que la importancia del suelo en el cambio climático sea tan compleja como el problema mismo.

Conservación del suelo y el Instituto Lincoln 

El Instituto Lincoln agregó la conservación a su cartera mediante la investigación sobre la tributación y la valuación del suelo. En 1976, la ley federal permitió la deducción de impuestos por regalar servidumbres de conservación, es decir, donar derechos de desarrollo en terrenos de propiedad privada. Pero la legislación que reconocía este instrumento nuevo no tuvo en cuenta las consecuencias de las servidumbres en los impuestos territoriales, y los asesores no sabían cómo valuar la propiedad que tenía un estado legal nuevo pero características físicas idénticas a las anteriores. El Instituto Lincoln, en respuesta a pedidos de ayuda de asesores y grupos medioambientales, desarrolló cursos sobre esta situación entre las servidumbres y los impuestos a la propiedad. 

Durante la década de 1980, aumentó el interés de la organización en la administración del suelo, y se sumaron miembros del personal y grupos de estudio para especializarse en el tema. En 1981, un abogado de Boston que se había tomado un período sabático para estudiar la conservación voluntaria, Kingsbury Browne, organizó una reunión nacional en la sede del Instituto Lincoln. Los participantes, afiliados a alrededor de 40 fideicomisos de suelo y grupos relacionados de áreas desde Maine hasta California, acordaron crear el Land Trust Exchange, que luego se convirtió en la Land Trust Alliance (LTA). La LTA, una gran catalizadora para la conservación, cuenta con más de 1.000 organizaciones miembro y afiliados que protegen 24.685.824 hectáreas en todo el país. El legado de Browne perdura a través de un premio anual de la LTA que lleva su nombre y una beca de investigación en el Instituto Lincoln.

En la actualidad, el Instituto Lincoln señaló a los “recursos hídricos y terrestres administrados de forma sostenible” como una de las seis metas principales. La Red Internacional de Conservación del Suelo, creada en el 2014, brinda capacitaciones sobre la conservación en todo el mundo. El Centro Babbitt para Políticas de Suelo y Agua, fundado en el 2017, fomenta la integración de la planificación del suelo y el agua, principalmente en el oeste de los EE.UU.

“No se puede mitigar el cambio climático sin el suelo”, expresa Andrew Bowman, presidente de la LTA. Bowman dice que la mayoría de los miembros del grupo le dan gran importancia al cambio climático en sus prácticas administrativas, la gestión del suelo y las actividades de restauración. Pero eso no es lo único que influye en las acciones de conservación actuales: “Hay una interconexión entre la crisis climática, de biodiversidad y de igualdad”.

A eso hay que sumarle la salud pública. La pandemia demostró la necesidad de entender mejor la biodiversidad, la pérdida de los hábitats y la interacción de los humanos con la vida silvestre. En un anuncio de investigación de una Fundación Nacional para la Ciencia, se usó la frase “Restaurar y proteger la naturaleza es fundamental para evitar pandemias futuras” (NSF 2021).

También podría ser crucial para sobrevivir a estas. “La conservación y la restauración del suelo son fundamentales para el abordaje de la crisis climática, pero también para la salud de las comunidades, junto con un espectro que abarca desde parques urbanos hasta entornos silvestres remotos”, dice Jamie Williams, presidente de The Wilderness Society y miembro Kingsbury Browne de 2009. “La pandemia nos demostró lo importante que es pasar tiempo en la naturaleza para la resiliencia y la salud emocional, física y mental. Los estudios lo corroboran. Por eso nos enfocamos en crear una distribución más pareja de parques en áreas urbanas y en garantizar la igualdad de acceso a la naturaleza”.

La igualdad es una parte fundamental del debate sobre el clima y la conservación. Al resaltar su papel en esta campaña internacional simultánea para abordar la crisis climática, los dirigentes ecologistas pueden extender su alcance, diversificar sus equipos y llegar a personas que, de otra forma, quizás no asociarían el clima y el suelo. Poner más atención en la igualdad climática, a partir de campañas para garantizar la igualdad de acceso a parques urbanos, asociaciones con pueblos tribales soberanos y otras acciones similares, tiene el potencial de expandir el alcance y el impacto del movimiento.

Datos sobre el clima y la conservación 

Total de toneladas de dióxido de carbono que producen los humanos cada año: 11.000 millones

Cantidad producida por la quema de combustibles fósiles: 9.500 millones 

Cantidad producida por la deforestación: 1.500 millones 

Porcentaje de dióxido de carbono que producen las personas y que absorben la tierra y el agua: 50

Porcentaje en el que aumentó la cantidad de dióxido de carbono que producen las personas desde 1750: 50

Toneladas métricas de dióxido de carbono que puede absorber por año un bosque típico de 404 hectáreas en el este de los Estados Unidos: 180

Hectáreas de suelo protegido por conservación cívica en los Estados Unidos: 24.685.824

Porcentaje de océanos bajo protección legal en todo el mundo: 7

Porcentaje de suelo bajo protección legal en todo el mundo: 15

Porcentaje de suelo y océanos que se están intentando proteger para el 2030: 30

Fuentes: Climate.gov, The Nature Conservancy, Land Trust Alliance, International Union for Conservation of Nature. 

Las comunidades indígenas están preparadas para brindar soluciones creativas y basadas en la naturaleza (Jones 2020). En los Estados Unidos, alrededor de 50 tribus desarrollaron planes de acción climática basados en la naturaleza y con gran alcance en tierras indígenas de todo el país, que incluyen actividades desde restauración de las costas hasta quemas controladas. Las tribus “usan el conocimiento tradicional a la vez que aprovechan la ciencia y los datos”, dice Nikki Cooley, codirectora del Programa de Tribus y Cambio Climático del Institute for Tribal Environmental Professionals en Flagstaff, Arizona. Este enfoque refleja la perspectiva cultural de los pueblos indígenas, dice, “tienen un compromiso, una relación, con la Tierra . . . que conecta a las personas con el suelo”.

En Gowanus, Brooklyn, los arquitectos urbanos comparten una causa común con las organizaciones ecologistas tradicionales; trabajan codo a codo para proteger la biodiversidad y crear resiliencia ante el cambio climático en corredores urbanos densamente desarrollados. “Las redes de infraestructura verde en las ciudades crean un refugio para la vida silvestre”, dice Susannah Drake, profesora adjunta en The Cooper Union for the Advancement of Science and Art. “El cielo oscuro, los cinturones verdes y los corredores adaptados para el derecho de paso unen [áreas rurales] con centros urbanos”. Esa unión, dice ella, “revive los grandes paisajes productivos de las regiones” . . . Si no podemos recuperar todo el suelo [para la conservación], sabemos lo suficiente sobre la ecología del paisaje para hacer que haya más biodiversidad en el transecto entre las áreas urbanas, suburbanas y rurales”.

A mayor escala, el programa America the Beautiful del gobierno de Biden “presenta una gran oportunidad para alinear el programa climático y el de conservación, o incluso vincularlos”, dice Sacha Spector, director del programa de medioambiente en la fundación Doris Duke Charitable Foundation, que advirtió una antigua división entre los financiadores de la conservación y del clima, incluso en las mismas fundaciones. “Eso implica comprometer a todo tipo de partes interesadas y financiadores en esta comprensión más holística de la conservación y la administración del suelo, desde los defensores de los espacios verdes y la reforestación urbana hasta los grandes financiadores del clima, y las partes interesadas en la salud y la resiliencia. Para la biodiversidad y el clima, este es el momento de poner manos a la obra”.

En 2019, como parte de una iniciativa para obtener apoyo para la campaña 30×30, el Center for American Progress publicó un informe sobre el estado de las áreas naturales de los Estados Unidos (Lee-Ashley 2019). En el informe, se sugiere que el dilema de cuánta naturaleza conservar (en un esfuerzo para “frenar la extinción de vida silvestre, combatir el cambio climático, reducir la contaminación tóxica y proteger los sistemas naturales sanos de los que dependerán las generaciones futuras”) debería debatirse a nivel nacional con urgencia.

“No puede haber una respuesta única y simple a un dilema que es moral, económico, religioso, histórico, cultural, científico y, para muchas personas, profundamente personal”, dice el informe. “El debate de cuánta naturaleza proteger (y cómo, dónde y para quién) debe tener en cuenta y respetar las perspectivas de todas las personas, incluidas las comunidades muy afectadas por la degradación de los sistemas naturales, aquellas que no tienen igualdad de acceso al aire libre y los pueblos tribales con derechos sobre el suelo, el agua y la vida silvestre, las comunidades de color y otras”. Solo pasaron dos años desde que se publicó el informe, pero ahora ese debate es más urgente que nunca debido a la pandemia, los reclamos por la injusticia racial y los efectos cada vez más visibles del cambio climático.

A fin de cuentas, el clima y la biodiversidad están “entrelazados”, dice Levitt. Para lograr un abordaje significativo del cambio climático, se requiere una comprensión de esas conexiones y de nuestro papel en la naturaleza de las cosas.

“Los bosques son . . .  redes verdes complejas que unen el destino de millones de especies y que albergan otros millones aún desconocidas”, escribe Waring, profesor de ecología en Imperial College (Waring 2021). “Para sobrevivir y prosperar en un futuro con un cambio internacional drástico, tenemos que respetar esta red entrelazada y nuestro lugar en ella”.

Anthony Flint es miembro sénior del Instituto Lincoln, conduce el ciclo de pódcasts Land Matters y es editor colaborador de Land Lines. 

Imagen: turberas de indonesia. Crédito: Rifky/CIFOR via Flickr.

Referencias

Dasgupta, P. 2021. The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review. Londres, Inglaterra: Tesorería de Su Majestad. https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review.

Elgin, Ben. 2020. “These Trees Are Not What They Seem”. Bloomberg Green. 9 de diciembre. https://www.bloomberg.com/features/2020-nature-conservancy-carbon-offsets-trees.

Gardner, A., D.S. Ellsworth, K.Y. Crous, J. Pritchard y A.R. MacKenzie. 2021. “Is Photosynthetic Enhancement Sustained Through Three Years of Elevated CO2 Exposure in 175-Year-Old Quercus Robur?” Tree Physiology (tpab090). https://doi.org/10.1093/treephys/tpab090.

Griscom, Bronson. 2021. “The Most Promising—and Proven—Carbon Capture Technology Is Nature”. Noticias de la Fundación Thomson Reuters. 17 de septiembre. https://news.trust.org/item/20210917123229-wm4fc.

Jones, Nicola. 2020. “How Native Tribes Are Taking the Lead on Planning for Climate Change”. Yale Environment 360. 11 de febrero. New Haven, CT: Universidad de Yale. https://e360.yale.edu/features/how-native-tribes-are-taking-the-lead-on-planning-for-climate-change.

Lee-Ashley, Matt. 2019. “How Much Nature Should America Keep?” Washington, DC: Center for American Progress. https://cf.americanprogress.org/wp-content/uploads/2019/08/NatureAmerica-report.pdf.

Fundación Nacional para la Ciencia (NSF). 2021. “A Diversity of Wildlife Is Good for Human Health”. Comunicado de prensa. 20 de abril. https://www.nsf.gov/discoveries/disc_summ.jsp?org=NSF&cntn_id=302530.

Song, Lisa y James Temple. 2021. “The Climate Solution Actually Adding Millions of Tons of CO2 Into the Atmosphere”. Pro Publica. 29 de abril. https://www.propublica.org/article/the-climate-solution-actually-adding-millions-of-tons-of-co2-into-the-atmosphere.

TNCa (The Nature Conservancy). “Perspectives: Natural Climate Solutions”. https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/natural-climate-solutions.

TNCb (The Nature Conservancy). Herramienta Resilient Land Mapping. https://maps.tnc.org/resilientland.

Departamento del Interior de los Estados Unidos. 2021. “Conserving and Restoring America the Beautiful”. Informe preliminar. Washington, DC: Departamento del Interior de los Estados Unidos. https://www.doi.gov/sites/doi.gov/files/report-conserving-and-restoring-america-the-beautiful-2021.pdf.

Waring, Bonnie. 2021. “There Aren’t Enough Trees in the World to Offset Society’s Emissions—and There Never Will Be”. The Conversation. 23 de abril. https://theconversation.com/there-arent-enough-trees-in-the-world-to-offset-societys-carbon-emissions-and-there-never-will-be-158181.

Williams, Christopher A., Natalia Hasler y Li Xi. 2021. “Avoided Deforestation: A Climate Mitigation Opportunity in New England and New York”. Informe preparado para la United States Climate Alliance. https://tnc.app.box.com/s/apncszy7yrsknlk0hix9n2bt7n6n3f9k.

I

En la provincia china de Sichuan, un rincón dominado por peñascos y neblina de la cordillera Min ocupa un lugar legendario en la historia de la conservación del suelo del país. Esta área protegida abarca más de 14.000 hectáreas y se la conoce como Laohegou. Es el hogar de más de una decena de pandas gigantes, además de monos dorados de Sichuan, ciervos almizcleros y takines. También funciona como vínculo entre dos reservas naturales nacionales vecinas y garantiza la continuidad de una parte del hábitat del panda gigante de gran importancia ecológica.

A diferencia de las reservas que conecta, Laohegou no cuenta con protección gubernamental. Es una reserva natural administrada por una organización de conservación cívica, la primera de este tipo en China. Además de ser importante para la ecología, también permite ver el papel que pueden tener las iniciativas cívicas para la conservación del suelo como complemento del antiguo sistema de protección gubernamental del suelo, que se expande con rapidez.

Desde la creación de Laohegou en el 2013, los movimientos de conservación cívica del suelo en China no han hecho más que florecer. En la actualidad, más de 20 organizaciones, con el apoyo financiero de fundaciones afiliadas a algunas de las empresas chinas más grandes, trabajan a una escala nacional. Gracias a sus iniciativas, se agregaron más de 10.000 kilómetros cuadrados de suelos protegidos en más de 50 lugares del país. Esta área se suma a un sistema gubernamental de suelo protegido que hace poco se extendió para incluir el primer parque nacional oficial.

Estos esfuerzos cívicos florecientes reciben el apoyo de la Red Internacional de Conservación del Suelo (ILCN, por su sigla en inglés) del Instituto Lincoln y del Centro de Desarrollo Urbano y Políticas de Suelo de la Universidad de Pekín y el Instituto Lincoln (PLC, por su sigla en inglés), que buscan conectar a profesionales de la conservación en China y en todo el mundo, y ayudar a moldear la política nacional de protección del suelo.

En la Conferencia de Biodiversidad de las Naciones Unidas que tuvo lugar en Kunming en el 2021, el presidente chino Xi Jinping anunció la fundación de cinco parques nacionales, los primeros del país, aunque cuenta con un sistema de reservas naturales que se remonta a la década de 1950 (ver nota de recuadro). Los parques nuevos, en lugares que van desde lo alto de la meseta tibetana hasta las verdes montañas que albergan pandas en la provincia de Sichuan, y desde los bosques tropicales insulares del sur hasta un paraíso para tigres y leopardos en el noreste de China, son una oportunidad única para conocer la variedad de hábitats del país, a la vez que funcionan como un bastión frente al creciente desarrollo. El anunció de Xi fue la muestra más reciente del gran compromiso del gobierno con la protección del suelo, tan importante para la ecología.

Según la State Forest and Grassland Administration, el suelo bajo protección gubernamental ahora representa el 18 por ciento de la superficie terrestre de China e incluye 2.750 reservas naturales y miles de otras áreas protegidas de distintas maneras.

En el 2015, el gobierno dio los primeros pasos hacia un sistema integral que mejoraría la administración del suelo, aumentaría la superficie protegida e integraría joyas como parques nacionales, reservas naturales y otros suelos protegidos en un todo uniforme y ecológico.

Los nuevos parques nacionales de China

En octubre del 2021, el presidente de China, Xi Jinping, anunció la fundación oficial de los primeros cinco parques nacionales de China: el enorme Parque Nacional Sanjiangyuan en Qinghai, una provincia remota al noroeste del país; el Parque Nacional Wuyi Mountains, en la provincia costera de Fujian; el Parque Nacional del Panda Gigante, que abarca las provincias de Sichuan, Shanxi y Gansu al oeste; el Parque Nacional para Tigres y Leopardos en el noreste de China, en las provincias de Jilin y Heilongjiang; y el Parque Nacional de la Selva Tropical de Hainan en la provincia insular al sur del país.

Previo al anuncio de Xi, en el 2015, el gobierno chino inició el desarrollo de un sistema de parques nacionales: fundó diez parques nacionales piloto, y tres años más tarde, fundó la Administración de Parques Nacionales. Además de los cinco parques nacionales anunciados en octubre, hay otros cinco en evaluación: Qianjiangyuan-Baishanzu en la provincia de Zhejiang, Pudacuo en la provincia de Yunnan, Shennongjia en la provincia de Hubei, Nanshan en la provincia de Hunan y el Parque Nacional Qilianshan en las provincias de Gansu y Qinghai.

Las medidas del gobierno representan un cambio importante en la protección de la ecología en China. Pero hay otra dimensión prometedora en esta revolución discreta. Las iniciativas de las organizaciones para la conservación del suelo nacional, que surgieron, en parte, de ideas adoptadas de otros países (como los Estados Unidos), están cobrando fuerza y convirtiéndose en un movimiento característico de China.

La realidad del sistema de administración del suelo en China exige un enfoque diferente en cuanto a la conservación. La mayor parte del suelo chino es de propiedad gubernamental o colectiva, las personas físicas y las organizaciones, ya sean cívicas o privadas, no pueden poseer tierras por sí mismas. Por esta razón, estas tampoco pueden usar la herramienta más distintiva de los EE.UU. para la conservación privada del suelo: la servidumbre de conservación. Estos convenios permiten que un organismo gubernamental o una entidad como un fideicomiso de suelo restrinjan el desarrollo, la extracción de recursos naturales y otras actividades en un sector de suelo a fin de conservar su integridad ecológica. Sin embargo, las organizaciones chinas han sido pacientes y han probado enfoques para trabajar incluso con las restricciones particulares del sistema de administración del suelo que rigen en el país. En el 2008, encontraron una oportunidad.

Como parte de un esfuerzo más ampliopara revivir la economía centralizada con una sacudida de las fuerzas mercantiles y la competencia, el gobierno central otorgó “derechos de uso” de tierras forestales de propiedad colectiva, que representan casi el 60 por ciento de los bosques de China, para su arrendamiento a entidades no gubernamentales. Esto representó un gran cambio en la política y posibilitó que las organizaciones no gubernamentales actúen, básicamente, como fideicomisos de suelo, que conservan la tierra mediante la adquisición de bienes inmobiliarios o servidumbres de conservación, o la administración de propiedades de otras personas. En este caso, el programa para China de The Nature Conservancy (TNC China) notó que el cambio en la regulación podría darle la oportunidad a los grupos de conservación para arrendar derechos de uso de las tierras forestales y no usar ese suelo.

“Al principio, no veíamos ninguna posibilidad de copiar el modelo de fideicomisos de suelo en China”, dice Jin Tong, director de ciencia de TNC China. “Pero [los cambios del 2008] nos dieron una oportunidad”.

En el 2009, TNC China y la State Forestry Administration firmaron un convenio de colaboración para estudiar los fideicomisos de suelo como nuevo modelo de conservación en China. Luego de una búsqueda exhaustiva para encontrar una ubicación piloto ideal, TNC China dio con Laohegou y ayudó a crear una entidad independiente llamada la Fundación de Conservación de la Naturaleza Sichuan, el primer fideicomiso de suelo privado en China. La fundación negoció un “alquiler de conservación” de 50 años en Laohegou con el gobierno del condado.

Ese resultó ser solo el comienzo. Los esfuerzos para establecer Laohegou pronto dieron lugar a la creación de la primera organización nacional para la conservación del suelo privado en China. Hacía tiempo que la junta directiva de TNC China tenía gran influencia en el país. En el 2015, volvieron a imaginar la Fundación de Conservación de la Naturaleza Sichuan como un medio para llevar el concepto del fideicomiso de suelo más allá de Laohegou, y cambiaron su nombre a Paradise Foundation. Transfirieron a varios empleados de TNC China a la organización.

En los años siguientes, la fundación Paradise Foundation se convirtió en la organización para la conservación del suelo privado con mayor influencia en China. Hoy administra cinco proyectos, además de Laohegou, en todo el país, incluidas 25.500 hectáreas de reservas naturales en Sichuan que protegen el hábitat natural del panda, 10.500 hectáreas para aves migratorias en la provincia de Jilin (noreste de China) y reservas naturales en las provincias de Anhui, Zhejiang y Hubei.

El trabajo de la fundación forma parte de una iniciativa para aprovechar de manera más eficaz los esfuerzos de conservación del gobierno. “Esperamos que las áreas que protege Paradise Foundation demuestren una administración eficaz y ayuden a lograr un equilibrio entre los objetivos de conservación y las necesidades de desarrollo de la comunidad”, dice Ma Jian, un ex director adjunto de TNC que ahora es vice-presidente de Paradise Foundation.

Muchas de esas áreas protegidas eran reservas naturales administradas por el gobierno de las que la Paradise Foundation se hizo cargo después de lograr convenios con los gobiernos locales. Con frecuencia, China se ve agobiada por el problema denominado “parques de papel”, sobre todo en los condados y provincias, en el que las áreas protegidas por gobiernos locales tienen dificultades para financiar las tareas continuas de administración y funcionamiento, incluido el control de la caza furtiva y la tala ilegal.

“En muchas de las áreas protegidas de China, la experiencia del personal y el apoyo financiero no son suficientes”, dice Ma Jian. “Las organizaciones civiles buscan ayudar a organizar y administrar las áreas protegidas, no solo en términos de asistencia financiera, sino también en cuanto al personal y la experiencia, ya que están listas para comprometerse a largo plazo”.

“Los fideicomisos de suelo”, agrega, “son una forma de convertir esto en una realidad”.

A medida que Paradise Foundation creció, también aumentó considerablemente la cantidad de organizaciones cívicas para la conservación del suelo que trabajan en China (ver nota de recuadro en página 21). “Las organizaciones no gubernamentales cobran cada vez más fuerza, tanto en términos económicos como de eficacia”, dice Jin Tong de TNC China. “En general, las personas le están dando más prioridad a la protección ecológica, y la financiación nacional filantrópica es cada vez más frecuente”. Este movimiento de conservación cívica cuenta con el apoyo financiero de gigantes tecnológicos chinos como Alibaba y Tencent, así como de empresas inmobiliarias.

Las organizaciones cívicas también tomaron a la Land Trust Alliance (LTA) de los Estados Unidos como inspiración para aprovechar su eficacia (consultar la página 26 para ver cómo el Instituto Lincoln ayudó a establecer la LTA). En el 2017, Paradise Foundation, TNC China y otras 21 organizaciones y fundaciones no gubernamentales presentaron la Alianza cívica de conservación territorial de China (CCLCA, por su sigla en inglés).

“Esperamos que funcione como catalizador, al igual que la Land Trust Alliance”, dice Jin Tong. “Se trata de una plataforma para compartir experiencias y buenas prácticas, y una forma de unir nuestras voces para difundir nuestro mensaje”.

La alianza cívica de conservación territorial de China

En China, cada vez hay más organizaciones cívicas para la conservación del suelo de todos los tamaños. El instituto Heyi Institute, de Beijing estima que actualmente son más de 3.000. La Alianza cívica de conservación territorial de China está formada por 26 de esos grupos: The Nature Conservancy China, Paradise Foundation, Heyi Institute, Centro de Conservación Shanshui, SEE Foundation, Alibaba Foundation, Shenzhen Mangrove Conservation Foundation, Conservation International, Fondo Mundial para la Naturaleza, Wildlife Conservation Society, Fundación Lao Niu, Guangxi Biodiversity Research and Conservation Association, Global Protected Area Friendly System, Global Environmental Institute, Shenzhen One Planet Foundation, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, International Crane Foundation, Tencent Foundation, Yintai Foundation, China Green Foundation, China Green Carbon Foundation, China Environmental Protection Foundation, Friends of Nature, Beijing Cihai Biodiversity Conservation Foundation, Qiaonyu Foundation y Yunnan Green Environment Development Foundation.

La Red Internacional de Conservación del Suelo colaboró con esta iniciativa. “La ILCN es una red que conecta a personas de todo el mundo que se preocupan por la conservación cívica o privada del suelo, y les ofrece un canal para compartir experiencias”, dice Shenmin Liu, que actualmente se encuentra en el PLC en Beijing como representante de la ILCN en Asia y referente para la CCLCA.

En los comienzos de la CCLCA, explica Liu, la ILCN trajo a varios conservacionistas de China a los Estados Unidos para que asistieran a la conferencia anual de la Land Trust Alliance en Pittsburgh y para que recorrieran Nueva Inglaterra y aprendieran sobre la industria forestal sostenible y las servidumbres de conservación. Ese intercambio incentivó una nueva forma de pensar sobre lo que podía lograr la CCLCA, dice: “Durante ese viaje, los participantes hicieron una lista de lo que querían lograr cuando volviesen a China”.

Entre esos objetivos, estaba la creación de un conjunto de estándares para las áreas bajo protección cívica en el 2019. La LTA registró esos estándares y los adaptó a partir de los lineamientos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por su sigla en inglés).En septiembre de 2020, 51 áreas con protección cívica cumplían los criterios de la CCLCA. Estos espacios abarcan casi 10.400 kilómetros cuadrados en 22 de las 34 provincias de China. La alianza, que ahora cuenta con 26 miembros, tiene como meta proteger el uno por ciento del suelo total de China (unos 96.000 kilómetros cuadrados) para el 2030.

En los últimos años, un equipo de conservacionistas de la CCLCA de TNC China participó en una iniciativa para lograr nuevos convenios de conservación (una denominación china similar a una servidumbre de conservación en los Estados Unidos) en terrenos adyacentes a un parque nacional que está en vías de creación en Baishanzu, al suroeste de Shanghái. Si lo logran, sumarán suelo protegido que tendrá al parque nacional en el centro, lo que creará un mosaico de suelo conservado interrelacionado. Este equipo del sector cívico chino está participando en la Large Landscape Peer Learning Initiative (Iniciativa de Aprendizaje entre Iguales sobre Grandes Paisajes) de la ILCN, donde trabaja con organizaciones pares de los Estados Unidos, Canadá y Rumania para mejorar constantemente la calidad de los esfuerzos de creación e implementación de estrategias.

Las organizaciones cívicas de China siempre mantuvieron una relación delicada con el gobierno, que, en los últimos años, puso bajo la lupa a todas las ONG. En 2017, entraron en vigencia nuevas regulaciones para ONG con afiliaciones extranjeras que las obliga a revelar las listas de miembros y las fuentes de financiación, y a afiliarse con un socio del gobierno que actuará como unidad de supervisión y operaciones. Estas ONG deben enviar planes anuales de trabajo para que el socio del gobierno y la Oficina de Seguridad Pública local los aprueben.

En su mayor parte, incluso con estos requisitos, las ONG para la conservación pueden continuar sus operaciones como de costumbre. A diferencia de otros temas más sensibles, como los derechos humanos y el trabajo, “en el mundo de la protección medioambiental, la política no tiene tanto peso, por lo que hubo menos restricciones”, dice Lin Jiabin, un asesor del PLC y ex miembro sénior del Consejo de Investigación de Desarrollo, que hace recomendaciones de políticas al Consejo Estatal y el Comité Central del Partido Comunista Chino.

De hecho, las metas de las organizaciones cívicas para la conservación van de la mano con el plan del gobierno nacional. La sostenibilidad ecológica es uno de los bastiones principales en la política y la ideología del gobierno.

En 2007, el antecesor de Xi Jinping, Hu Jintao, fomentó la búsqueda de una “civilización ecológica”. El concepto engloba un enfoque nacional en la sostenibilidad ecológica, pero también sirve como un título para la iniciativa de China de crear un modelo de desarrollo alternativo único para otros países. Finalmente se incorporó en la constitución china como una de las cinco misiones principales del Partido Comunista Chino, y Xi Jinping, que intenta posicionar a China como un líder medioambiental internacional, la respalda con fervor.

Según Jin Tong, el énfasis del gobierno en la civilización ecológica ayuda a centrar la atención en la protección de la biodiversidad y brinda un espacio para que las ONG desarrollen sus actividades.

El gobierno nacional también remarcó que espera que las personas y empresas más pudientes tengan un mayor papel filantrópico en la sociedad china. Como parte de la iniciativa “Prosperidad Común”, Xi Jinping alienta a las personas y empresas más pudientes a aumentar sus aportes filantrópicos, en un esfuerzo por disminuir las diferencias sociales. Las donaciones corporativas alcanzaron los 4.000 millones de dólares en 2020 e iban camino a superar ese monto en 2021.

“El énfasis actual en la construcción de una civilización ecológica es de gran ayuda para las organizaciones cívicas”, dice Ma Jian. “No solo eso, sino que el gobierno chino está enfatizando las ‘tres distribuciones’, y su implementación concreta es mediante instituciones filantrópicas. Creo que una serie de políticas diversas están propiciando el desarrollo de este tipo de instituciones”.

Si bien su relación con el gobierno a veces es ambigua, las organizaciones cívicas para la protección del suelo lograron establecer varias alianzas informales con ministerios y think-tanks afiliados al gobierno. Esto les da la posibilidad de ayudar al gobierno a identificar las prioridades de conservación y a participar en la reforma de políticas.

Al principio, TNC China prestó su propia experiencia y el conocimiento más amplio de TNC para identificar áreas de gran valor de conservación. La evaluación se incorporó en el Plan de Acción y Estrategia de Biodiversidad Nacional de China, que se publicó en 2010. Recientemente, el Ministerio de Recursos Naturales le encargó al PLC que lleve a cabo una investigación exhaustiva de las políticas sobre administración de recursos naturales, con el objetivo de apoyar la creación y la implementación de una planificación espacial nacional y provincial. El PLC también busca explorar la aplicación de técnicas precisas de conservación mediante teledetección del Centro de Soluciones Geoespaciales del Instituto Lincoln para el control de la calidad del agua en lagos grandes que involucran a distintas jurisdicciones de China.

Por su parte, Paradise Foundation se esforzó para alentar al gobierno a probar las servidumbres de conservación. En 2019, Guojun Shen, miembro de la junta directiva de Paradise Foundation y de la Conferencia de Consulta Política del Pueblo Chino (un cuerpo asesor del gobierno central de gran peso), envió una propuesta a favor del desarrollo y del uso de servidumbres de conservación en China. Las servidumbres son una forma de abordar las complicaciones que surgen cuando el suelo protegido incluye tierras agrícolas u otros emprendimientos de propiedad colectiva, como empresas forestales pequeñas, dentro de los límites.

“La tenencia es un gran desafío en las áreas protegidas, y aprendimos que dejar en claro la tenencia y las responsabilidades administrativas es un requisito para lograr una administración eficaz en estas regiones”, dice Ma Jian de Paradise Foundation. “Creemos que las servidumbres de conservación son clave para resolver este problema, así que esperamos poder probarlas”.

“Las servidumbres son una forma de aligerar la carga. El propietario no pierde los derechos de propiedad, sino que se separan los derechos de protección ecológica, lo que puede reducir el costo de protección”, agrega. “Al mismo tiempo, si la servidumbre se registra en la propiedad del suelo, brinda protección ecológica a largo plazo para esa área”.

Las servidumbres de conservación están en evaluación como una forma de ayudar a proteger los recursos ecológicos en “inholdings” o participaciones colectivas (terrenos de propiedad privada dentro del límite de un área protegida) en el Parque Nacional piloto Qianjiangyuan-Baishanzu, en la provincia de Zhejiang, y el Parque Nacional Wuyishan, en la provincia de Fujian.

En china, la frase shehui liliang hace referencia al sector no gubernamental. Sin embargo, la traducción literal es “el poder de la sociedad”. Queda claro que, incluso mientras las organizaciones de conservación cívica entablan una relación con el gobierno, se han convertido en una potencia para la protección del suelo en China.

Ahora las organizaciones cívicas intentan encontrar maneras de ampliar su eficacia y, en particular, maneras de que el suelo que tanto les costó rescatar pueda integrarse al gran mosaico de tierras bajo protección gubernamental.

“Estamos trabajando en ello desde diferentes ángulos”, dice Jin Tong, de TNC China. “Intentamos explorar cómo podría institucionalizarse una administración más inclusiva en la reforma en curso del sistema de áreas protegidas. ¿Cómo pueden contribuir los actores no gubernamentales, incluidas las ONG, con el sistema de áreas protegidas? La participación de muchas partes interesadas podría ser el vínculo que complete los vacíos en la conservación y mejore la administración en las áreas protegidas y los parques nacionales existentes”.

TNC China y Paradise Foundation están trabajando con los Institutos de Ciencia y Desarrollo, un think-tank nacional de alto nivel afiliado a la Academia China de las Ciencias, para explorar cómo las partes interesadas no gubernamentales, incluidas las comunidades locales, las ONG, el sector empresarial y el público, pueden tener una mayor participación en la planificación y la administración de las áreas protegidas.

En líneas más generales, Jing Tong dice: “Incluso desde la perspectiva internacional, cada vez hay un mayor reconocimiento del papel que los actores no estatales van a jugar para llevar adelante los planes sobre biodiversidad”. Esto se vio claramente reflejado en la previa a la conferencia del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP15) que tuvo lugar en Kunming en octubre de 2021, el mismo evento en el que Xi Jinping anunció la creación de los primeros cinco parques nacionales de China, cuando el Ministerio de Ecología y Medioambiente fue la sede de un foro de dos días para ONG internacionales sobre biodiversidad organizado por una red de organizaciones civiles, incluido el PLC.

Entre los asistentes presenciales y virtuales, participaron más de 400 personas de más de 30 países, en representación de gobiernos, empresas, ONG, comunidades locales e indígenas, y el público en general. El foro, cuya transmisión en vivo tuvo más de 500.000 visualizaciones, dio como resultado una propuesta conjunta para invertir en la biodiversidad y protegerla. Además, el ministro de Ecología y Medioambiente de China, Huang Runqiu, buscó acercarse al sector no gubernamental: “Convoco a todos los actores no estatales para que contribuyan con el éxito del COP15 y demos inicio a un capítulo nuevo en la administración de la biodiversidad”. Este nuevo capítulo habla sobre la importancia cada vez mayor que tienen las organizaciones cívicas y privadas en la protección del suelo en China, y el poder de permanencia que tiene el movimiento.

Matt Jenkins, que ha trabajado como editor de la revista Nature Conservancy, es un escritor autónomo que colaboró con The New York Times, Smithsonian, Men’s Journal y muchas otras publicaciones.

Imagen principal: Parque Nacional piloto Qianjiangyuan-Baishanzu, en la provincia de Zhejiang. Crédito: TNC China.

E

n la actualidad, solemos esperar que la tecnología nos brinde datos cada vez más sofisticados y en mayor cantidad. Esto aplica tanto a quienes usan las herramientas tecnológicas a diario como a ejecutivos responsables de tomas de decisiones que recurren a las herramientas más modernas y complejas para enfrentar grandes desafíos como la conservación y el cambio climático. Pero, a veces, la prioridad principal es aprovechar al máximo los datos y la tecnología que ya existen. 

Esa idea fue la que orientó los primeros trabajos del Centro de Soluciones Geoespaciales (CGS), creado por el Instituto Lincoln en el 2020. El CGS, una entidad sin fines de lucro comprometida con la misión de organizar datos y diseñar herramientas para apoyar la toma de decisiones sobre el uso del suelo, trabaja con una variedad de socios internacionales grandes y pequeños a fin de implementar nuevas tecnologías y ayudar a las organizaciones a aprovechar las herramientas y la información con la que ya cuentan.

Es como un centro de datos, experiencias y servicios. “Hay muchísimos datos, plataformas y herramientas”, dice Anne Scott, directora ejecutiva del CGS. “Estar en el campo, intentando hacer algo por tu comunidad, puede ser muy abrumador. Estamos aquí para ayudar con esa tarea”.

Uno de los proyectos iniciales más ambiciosos del CGS fue la colaboración con la Nature Conservancy of Canada (NCC), una organización privada sin fines de lucro que se enfoca en la conservación. La NCC es una organización grande, que crece con rapidez y que cuenta con una larga trayectoria. En la actualidad, protege una superficie equivalente a Florida, dividida en varias provincias. El interés en organizar una estrategia de varios años para aprovechar al máximo el mapeo y otras tecnologías que ya usaba la llevó a recurrir al CGS en busca de ayuda. El trabajo resultante, que aún está en curso, es un ejemplo ilustrativo de cómo el CGS puede tener un papel fundamental para brindar información y dar forma a estrategias a corto y largo plazo. 

Por supuesto, la NCC ya estaba implementando muchas herramientas geoespaciales avanzadas, pero, como dice la directora general de conservación Marie-Michèle Rousseau-Clair, la NCC es un fideicomiso de suelo, no una organización especializada en tecnología: “Nuestra misión es conservar”. Con ese principio en mente, el CGS realizó una investigación profunda sobre la tecnología de la organización y recopiló información de alrededor de 125 empleados de la NCC en toda Canadá. 

“Buscábamos oportunidades, lagunas y bloqueos”, dice Jeff Allenby, director de tecnología geoespacial del CGS. Según Allenby, este análisis inicial tenía como objetivo encontrar formas en las que la NCC pudiese ahorrar tiempo y optimizar el trabajo, por ejemplo, mediante la creación de un método estándar para la recopilación de datos y la manera en que estos se comparten entre las oficinas regionales. O, por ejemplo, si determinados miembros del personal envían correos electrónicos diarios a varios colegas para recopilar información específica, quizás hay una forma de automatizar el proceso. El CGS creó una serie de recomendaciones que se implementarán en un período de 18 meses, con el objetivo de mejorar la tecnología y los procesos de datos de la NCC.

El comienzo de la relación entre las dos organizaciones coincidió con el inicio de la pandemia, cuando las regulaciones impedían que los trabajadores de campo de la NCC recopilaran datos en persona. “Había una sensación de urgencia por aprovechar la tecnología”, dice Rousseau-Clair, y por “lograr los mismos resultados con métodos nuevos”. El CGS aportó formas nuevas y creativas de pensar, y conexiones con firmas privadas que recopilan datos satelitales. Esto podría reemplazar a la recopilación de datos en el campo a corto plazo, además de ser un complemento útil a largo plazo.  

Como resultado, la NCC estableció un comité de tecnología para supervisar los esfuerzos tecnológicos de la organización y asegurarse de que todos comprendan cómo la Iniciativa A afecta al Departamento B. “Quizás no sea la historia más interesante sobre tecnología”, dice Rousseau-Clair, “pero establece una base fundamental que fomenta la innovación a largo plazo”. “A veces, el deseo de innovar es mayor que la velocidad a la que puede cambiar la organización”, explica, “pero el plan del CGS propone una adaptación a esa realidad”.

El CGS también ayuda a socios que trabajan directamente con tecnología de vanguardia para crear mapas de datos mejores y con mayor cantidad de información. Está ayudando a un cliente a experimentar con el uso de drones a fin de complementar el trabajo en terreno tradicional, para crear mapas más exhaustivos de especies invasivas (por ejemplo, la expansión del kudzu, que mata a otras plantas). Estos datos pueden combinarse con información sobre el terreno y la elevación, e incluso con datos recopilados mediante satélites, drones y personas, para crear mapas dinámicos. 

No obstante, Allenby destaca que, si bien la misión del CGS efectivamente incluye el hecho de mantenerse informado sobre las innovaciones, distinguir las herramientas tecnológicas útiles de las que son meramente vistosas siempre es un objetivo clave. Esto aplica tanto a organizaciones grandes como pequeñas. “Que una herramienta esté disponible no quiere decir que debamos usarla”, dice. 

Ese es el espíritu detrás de la última incorporación al CGS, el proyecto Internet of Water. Liderada por Peter Colohan, la iniciativa concluyó la fase de investigación con la sugerencia de que los datos sobre el agua deben ser exhaustivos, de fácil acceso y análogos a los datos representados en los mapas de uso del suelo.

“Supongamos que puede tomar las decisiones en una ciudad, como un urbanista”, dice Colohan, “y quiere entender las condiciones de un reservorio de agua y un río locales a lo largo del tiempo, las condiciones de la fuente, la calidad, si hay escorrentía o ciertos contaminantes. En Washington DC, por ejemplo, habría que analizar más de 45 conjuntos de datos para encontrar las respuestas a esas preguntas. Entonces, acabaría contratando a un consultor para que recopile y organice los datos. Si quiere revisar la información un año más tarde, tendrá que contratar a alguien otra vez. Todos estos datos deberían ser más accesibles”, concluye Colohan. “El futuro de la administración del agua y del suelo guardan una relación estrecha”.

La iniciativa Internet of Water reconoce que hay muchos datos sobre el agua, pero que es difícil acceder a ellos porque están bajo jurisdicciones federales, municipales, del condado, estatales o privadas. La idea es crear una red de datos en la que cualquiera pueda “publicar” datos sobre el agua de acuerdo con una serie de protocolos, de modo que la información esté disponible para todo el mundo. Eso facilitaría las cosas para el hipotético urbanista de la gran ciudad que puede contratar a un asesor, porque este puede pasar directamente a la interpretación y la creación de estrategias a partir de los datos, en lugar de tener que recopilar la información. Además, permite que accedan a los datos entidades más pequeñas que jamás habrían siquiera pensado en hacerlo. 

El proyecto Internet of Water lleva un par de años gestándose en la Universidad de Duke. La inclusión del CGS coincide con lo que Colohan denomina la fase de crecimiento, que consiste en una expansión durante los próximos cinco años, siempre teniendo en cuenta la sostenibilidad. “En Internet está repleto de herramientas que no se usan y que no cuentan con un modelo de sostenibilidad”, dice.   

Al igual que con gran parte del trabajo inicial que el CGS hizo con la NCC y otros socios, esa visión a largo plazo es, precisamente, la clave. De cierta forma, el CGS es como un asesor, ya que está atento a los últimos desarrollos en el campo. “Estar a cargo”, dice Allenby. “Buscamos la manera de saber qué están haciendo las personas y cómo eso puede aplicarse en otros lugares, e intentamos generar esas conexiones, unir a esas personas que deberían estar hablando entre sí”.

Además, el CGS no es un asesor tradicional, sino que forma parte de una organización más grande enfocada en lograr un movimiento drástico en el uso del suelo, el cambio climático y los desafíos relacionados. Allenby dice: “Lo que intentamos hacer es resolver las dificultades sistemáticas de verdad”.

Rob Walker es periodista; escribe sobre diseño, tecnología y otros temas. Es el autor de The Art of Noticing. Publica un boletín en robwalker.substack.com. 

Imagen: El Centro de Soluciones Geoespaciales tomó esta fotografía aérea de Virginia Occidental como parte de su trabajo con un socio de restauración del ecosistema a gran escala. El material que toma el dron puede complementar el trabajo en terreno para crear mapas más dinámicos. Crédito: CGS.

Tener la visión no es la solución; todo depende de la ejecución. 
—Stephen Sondheim, 1930–2021

M

ientras el mundo lucha contra las consecuencias cada vez mayores de la crisis climática y la aterradora posibilidad de una extinción masiva, dirigentes políticos de todo el mundo responden con una ambición sorprendente. En la 26.ª Conferencia de las Partes sobre el cambio climático que tuvo lugar en Glasgow a fines del 2021, 153 países renovaron su compromiso con la reducción de las emisiones a fin de evitar que las temperaturas mundiales promedio aumenten más de dos grados Celsius para el 2030, y de incrementar las posibilidades de alcanzar el objetivo de emisiones cero a nivel mundial para el 2050. En la misma reunión, más de 140 países prometieron acabar con la deforestación para el 2030.

Mientras tanto, en la 15.ª Conferencia de las Partes (COP15) sobre biodiversidad en Kunming, 70 países acordaron conservar el 30 por ciento de sus suelos y océanos para el 2030 (30×30) como parte de un esfuerzo para preservar los ecosistemas mundiales y evitar la pérdida de biodiversidad. Se espera que muchos otros países se unan al compromiso cuando finalice la COP15 (está se estructuró como un evento de dos partes debido a la pandemia, lo que demostró la complejidad de llegar a cualquier tipo de acuerdo internacional en la situación actual).

Si se logra, la meta 30×30 será una gran contribución para los esfuerzos de mitigación de la crisis climática, principalmente mediante la captura de carbono. Lamentablemente, no falta mucho para el 2030. Se necesitarán más que buenas intenciones para alcanzar esta meta ambiciosa, y las políticas de suelo tendrán un papel fundamental a la hora de pasar de la ambición a la implementación.

El Instituto Lincoln y su Centro de Soluciones Geoespaciales (CGS) desarrollaron un marco geoespacial para acelerar el progreso hacia la meta 30×30. Nuestro enfoque hace hincapié en la importancia de encarar el alcance del problema y sus soluciones desde otros puntos de vista. En especial, creemos que las partes interesadas que están trabajando en pos de la meta 30×30 deben identificar objetivos alcanzables, incorporar una responsabilidad común sobre el suelo en conservación, integrar resultados medioambientales y sociales, incluir tierras públicas y privadas en estrategias de conservación, y tomar impulso a partir de éxitos concretos.

Primero, se debe establecer una referencia que evalúe con precisión el estado actual de la conservación del suelo, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Esto es más complejo de lo que parece. Por ejemplo, en los Estados Unidos, donde los registros del suelo son bastante confiables, la Base de datos de Áreas Protegidas del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés) indica que el 13 por ciento de las tierras del país se consideran “conservadas” explícitamente para la protección de la biodiversidad. Según esa métrica, para alcanzar la meta 30×30 es necesario proteger más del doble de las tierras que ya se encuentran en conservación. Si nos centramos exclusivamente en el territorio continental de los Estados Unidos, el suelo en conservación representa solo el ocho por ciento. Esto implica que se debería casi cuadruplicar la cantidad de suelo protegido en los próximos ocho años, una tarea casi imposible.

No obstante, cambiar la forma en que se administra el suelo puede contribuir a alcanzar las metas de conservación sin necesidad de incorporar un 22 por ciento adicional del territorio nacional (178 millones de hectáreas) al suelo protegido. Por ejemplo, las tierras públicas y de tribus representan un poco más del 25 por ciento (202 millones de hectáreas) del suelo de los Estados Unidos. Esas tierras no se consideran como suelo conservado porque se permite la extracción de recursos o no se exige explícitamente la protección de la biodiversidad. Además, los parques urbanos y suburbanos, los senderos y los espacios verdes, y otros terrenos municipales que se utilizan con fines recreativos no suelen tenerse en cuenta como parte de las tierras en conservación. Las tierras protegidas en el paisaje urbano o suburbano son de gran importancia para mejorar la salud de las personas, abordar la injusticia medioambiental y crear corredores y un hábitat para otras especies. Al cambiar la forma en que se administra el suelo, desde prohibir la minería y la exploración petrolera hasta proteger explícitamente la biodiversidad, se puede contribuir para aumentar la cantidad de suelo conservado para alcanzar la meta 30×30 sin necesidad de empezar desde cero.

Las tierras privadas protegidas por la servidumbre de conservación también serán importantes para lograr los objetivos nacionales de protección del suelo. El sistema actual de control del suelo en conservación privada, la Base de datos de la Servidumbre de Conservación Nacional, está desactualizado. Se necesitan incentivos mayores para que los fideicomisos de suelo y propietarios aporten datos sobre sus propiedades que permitan construir un panorama nacional más exhaustivo y preciso sobre la conservación del suelo privado. Esto también conllevará mejores resultados en la administración y la restauración.

Si se combinan la incorporación de nuevas tierras protegidas y la mejora de la administración de las tierras públicas para alcanzar las metas de conservación, el 33 por ciento del territorio continental de los Estados Unidos podría conservarse con rapidez. Sin embargo, si no tenemos cómo identificar qué tierras hace falta proteger con mayor urgencia para respaldar las prioridades de conservación que proponemos, y no contamos con el compromiso de protegerlas y controlarlas, el progreso será muy lento.

En el Instituto Lincoln, creemos que se requiere una estrategia de prioridad equilibrada que tenga en cuenta varios objetivos de conservación (incluidas la protección de la biodiversidad, los paisajes resilientes y conectados, y la captura de carbono), y que no abandone otras metas importantes, como la protección de tierras agrícolas muy productivas o la mejora del acceso a la naturaleza para las comunidades desatendidas. Proponemos una perspectiva integrada y un enfoque exhaustivo que tenga en cuenta a la totalidad del país, analice varias prioridades de conservación, garantice el acceso equitativo al suelo y atraiga financiamiento para la conservación.

Los esfuerzos actuales para elaborar mapas de prioridades no tienen en cuenta el componente social de la conservación, la mejora y la restauración del suelo. Las decisiones sobre la conservación deben fundarse no solo en la biodiversidad y los datos medioambientales, sino también en datos sobre las personas y sus necesidades, relaciones e interacciones con el suelo. Si se tienen en cuenta esos datos, podemos proteger el suelo y obtener muchos beneficios para las personas y la naturaleza. A fin de ilustrar estas oportunidades, el CGS creó un análisis que podría servir de guía para los esfuerzos colectivos de protección de paisajes cruciales. Fieles al espíritu colaborativo característico del trabajo del CGS, estos mapas aprovechan y resumen la sabiduría colectiva de organizaciones y científicos líderes centrados en este esfuerzo, como NatureServe, The Nature Conservancy y el Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente (consulte la página 9 para obtener más información sobre el trabajo del CGS).

Si recopilamos datos completos y precisos sobre tierras públicas y privadas que están protegidas o deberían estarlo, y los ponemos a disposición de las comunidades para que accedan a estos sin restricciones, podemos lograr una conservación inclusiva y equitativa. Además, podemos integrar otros conjuntos de datos a medida que estén disponibles. Esto nos permitirá supervisar y administrar los suelos conservados, y determinar si están generando los resultados esperados. Es fundamental que se realice una supervisión rigurosa. De lo contrario, no podremos saber si redujimos la escorrentía y los contaminantes en arroyos y ríos, si creamos sumideros verdes para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, o si mejoramos la salud de la comunidad. Tampoco podremos hacer un seguimiento del progreso y celebrar los avances hacia las metas de conservación nacionales e internacionales.

Finalmente, a fin de apoyar los esfuerzos nacionales e internacionales para alcanzar la meta 30×30, debemos establecer una infraestructura de administración que garantice la transparencia y la responsabilidad. La comunicación periódica sobre los esfuerzos de protección del suelo, ya sea que estén a cargo de fideicomisos pequeños o de organismos gubernamentales, creará un marco y un idioma comunes para que todas las partes interesadas comprendan qué función tienen en el panorama general y puedan ver que incluso las pequeñas oportunidades pueden contribuir con esta iniciativa mundial. Cada país deberá contar con una estructura administrativa y de moderación, así como con procesos eficaces para reunirse, tomar decisiones y monitorear el progreso de forma periódica. Las iniciativas internacionales que tuvieron éxito, desde la erradicación de la poliomielitis y la reducción a la mitad de la mortalidad infantil, hasta la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, requirieron que la comunidad internacional invirtiera y creara una infraestructura administrativa eficaz. Si se hizo antes, podemoshacerlo de nuevo.

Los Estados Unidos y muchos otros países están listos para hacer grandes inversiones en infraestructura natural y construida. Este gasto público sin precedentes podría mejorar la protección del suelo conservado o que debería conservarse, para mitigar la crisis climática y preservar la biodiversidad, o amenazarlo. Pero no se puede predecir el impacto que tendrán estas actividades sobre un suelo que no reconocemos. Debemos mejorar la administración de datos y del suelo, y poner esta información al alcance de todos los socios para posibilitar esta conversación importante lo antes posible. Si realmente queremos proteger el 30 por ciento del suelo y los recursos hídricos para el 2030, debemos pasar de la visión a la ejecución. El Centro de Soluciones Geoespaciales del Instituto Lincoln está listo para ayudar. 

George W. McCarthy es presidente y CEO del Lincoln Institute of Land Policy. 

As climate change creates ever more harm and havoc, one way governments are trying to keep people and property out of peril’s path is to steer new development away from the riskiest places. It’s a just goal whose execution is exceedingly complicated: Telling people where they can and can’t live or what they can do with their land is almost always a fraught endeavor. 

“How do you go about doing that very hard thing,” asks Margaret Walls, senior fellow at the nonprofit Resources for the Future, “when you have private property rights and so forth?” 

It turns out, a 41-year-old federal law may hold some answers to that question.  

In 1982, Congress did something that, by today’s standards, at least, seems almost unthinkable: It passed sweeping environmental legislation with overwhelming bipartisan support. The Coastal Barrier Resources Act (CBRA) had 58 cosponsors in the Senate, and sailed through the House in a 399–4 vote.  

The law initially placed some 450,000 acres of sensitive coastal areas and wildlife habitat along the Atlantic and Gulf of Mexico shorelines into the Coastal Barrier Resources System (CBRS). Congress has periodically approved the addition of more land over the years, and today the system, managed by the U.S. Fish and Wildlife Service, includes about 3.5 million acres, spanning from the Great Lakes to Puerto Rico. 

The CBRA’s purpose was twofold: to preserve some of our most delicate and dynamic coastal ecosystems, but also to discourage development—and to limit federal spending on things like flood insurance and disaster relief—in risky, storm-prone areas.  

It used a fairly simple policy mechanism to achieve those goals. The law didn’t actually prohibit development inside CBRS units, it simply withdrew some of the underlying federal supports that encourage growth, like infrastructure funding and access to federal flood insurance.  

“One thing that people talk about a lot is that we might be implicitly subsidizing people to live in [risky] places,” Walls says. For example, until recently, the National Flood Insurance Program had long offered coverage at rates that didn’t necessarily reflect the true cost of flood risk, making it less financially ruinous to roll the dice and build in a floodplain.  

It’s hard to isolate and quantify the effects of such subtle subsidies, Walls says. But by carving out designated areas “where you cannot get federal flood insurance, the federal government will not pay for infrastructure, like roads and so forth, and you will not get disaster aid if you’re hit by a disaster,” she says, “the Coastal Barrier Resources Act provides this natural experiment.” 

Four decades into that experiment, research is showing just how effective the CBRA has been at keeping homes out of harm’s way. Simply shifting the cost and risk of coastal development onto private property owners or local governments seems to have been a particularly powerful nudge—enough to prevent untold families from living in disaster areas waiting to happen, and to preserve hundreds of miles of fragile coastal ecosystems.  

In a study commissioned by the Lincoln Institute of Land Policy, researchers at Resources for the Future are using historical maps and geospatial machine learning to compare hundreds of CBRS units along the Atlantic and Gulf coasts with a matching set of “control units”—that is, areas that weren’t placed in the CBRS, but which easily could have been, because they shared similar geomorphic features and development density in the early 1980s. Among other criteria, “We looked at roads, we looked at elevation, and we looked at land cover in the ‘80s,” says environmental economist Yanjun ‘Penny’ Liao, a fellow at Resources for the Future.  

What the team has found so far, as described in the working paper, is that a CBRS designation reduced development by an astonishing 85 percent, as compared to within a control unit. That effect was consistent even in CBRS units facing high development pressure from nearby metro areas, Liao says.   

Amy Cotter, director of climate strategies at the Lincoln Institute, is hopeful this research can complement the organization’s work with the Climigration Network, to help communities that are wrestling with “incredibly difficult decision making” around rebuilding or relocating in the face of repeated flood disasters.  

“We see the way in which sea level rise and other chronic effects of climate change show no sign of abating and, in fact, show every sign of being faster and more severe than anticipated,” Cotter says. “How do we take what we know about market responses to government policies and incentives, and help develop programs that still allow people to practice self-determination and make choices, but with market signals that are actually more accurate and reflect the risk of creating a home in a particular place?”  

The Spillover Effect

Interestingly, the CBRA hasn’t just protected coastal lands, or the homes and lives of the people who might have otherwise built on them. The researchers are also studying spillover effects in communities within a two-kilometer radius of either a CBRS unit or a control unit.  

While development just about stopped inside CBRS boundaries after 1982, immediately adjacent areas saw a 20 to 30 percent boost in development density compared to communities near control units. CBRS-adjacent neighborhoods also had higher average property values.  

The RFF researchers believe they’re the first to document these spillover effects, which could offer important lessons for policymakers. For one thing, the study shows that the conservation of buildable land doesn’t have to erode a city’s property tax revenues. Liao says the increased rate and value of the development within two kilometers of CBRS units more than offset the property tax revenue the smaller, preserved areas could have generated had they been built up.  

And while there could be many reasons for the higher property values found in CBRS-adjacent areas, such as the prized proximity to a pristine piece of nature, Liao wonders if one of them could be the flood protection offered by undeveloped land. The researchers found that the intensity of flood damage, as measured by claims per $1,000 of coverage, was 25 percent lower in areas just outside a CBRS unit, as compared to communities next to control areas. 

“By conserving natural land inside the units, they can serve as a kind of buffer when there’s a storm,” Liao says, “so it can protect the land that’s right behind them.”   

Cotter says the research offers a glimpse at a more sensible approach to policy in flood-prone areas. “What alternatives could we explore that would diminish not only the expense, but the real loss and trauma associated with the kind of damage that the flood insurance program intends to fix?” she asks. “What would it look like to designate more of these areas?” 

In fact, the U.S. Fish and Wildlife Service in April sent to Congress a set of revised maps that would add about 277,000 acres to the Coastal Barrier Resources System in nine states most impacted by 2012’s Hurricane Sandy. (One of the proposed sites, it turns out, is an area RFF researchers chose as a control unit, lending extra credibility to their mapping process.)  

The revised maps will only take effect once passed by Congress, but a Senate bill introduced in December would adopt the revisions, and already has bipartisan support. 

Walls would like to investigate that same question—and whether a similar program could work in inland areas facing riverine flood risk—with additional research. “Should we be thinking about more additions to the system? There’s still a fair amount of undeveloped land in risky coastal areas,” she says. “I don’t think we feel like we could completely weigh in on that yet . . . but I think it’s an interesting next question to look at.”  

Adapting the program for use in already developed flood-prone areas would be challenging; when the sites were chosen in 1982, CBRA units were virtually empty, with no more than one structure per five acres. But since the CBRA doesn’t actually ban development outright, a CBRS designation would leave any existing property owners in control of what is typically an agonizing decision. If coupled with pro-growth policies in better-protected places nearby, Cotter wonders if the combination could encourage and support people grappling with climate migration—nudging them toward a safer alternative that’s still within proximity of their jobs, childcare, and familial support networks. 

“If you can be surgical about your identification of those CBRS units, so that they not only prevent development in an at-risk area, but they preserve important buffers to an adjacent area, that sounds like a win-win,” Cotter says. “It suggests quite an elegant approach to preserving what you need in order to reduce the risk” in nearby neighborhoods.    

Jon Gorey is a staff writer for the Lincoln Institute of Land Policy.

Image: A stretch of coast in South Kingstown, Rhode Island, that contains land protected by the Coastal Barrier Resources Act. Credit: U.S. Fish and Wildlife Service.

This is an edited excerpt from an article published by the International Land Conservation Network.

Leaders and conservationists from more than 190 countries came together in Montreal from December 7 to 19 to address urgent threats to biodiversity at the COP15 global conference. A team from the Lincoln Institute of Land Policy participated in the historic event, promoting the role that private and civic land conservation can play in the international effort to halt and reverse biodiversity loss by the end of the decade.

Formally known as the 15th meeting of the Conference of the Parties to the United Nations Convention on Biological Diversity, COP15 resulted in a historic agreement, the Kunming̵–Montreal Global Biodiversity Framework, which serves as a roadmap toward a nature-positive future in which species and ecosystems thrive. COP15 has been compared in significance to its better-known counterpart, COP21, the 2015 UN climate conference where nearly 200 parties pledged to take action to mitigate climate change by signing the Paris Agreement.

A pillar of the Kunming–Montreal Global Biodiversity Framework is the formalization of the 30×30 goal, an effort to protect at least 30 percent of the world’s lands, oceans, coastal areas, and inland waters by 2030. This goal prioritizes areas based on the value of their biodiversity and aims to create ecologically representative, well-connected, and equitably governed systems of protected areas and other effective area-based conservation measures. It also recognizes Indigenous and traditional territories and emphasizes respect for the rights of Indigenous Peoples and local communities. The Kunming–Montreal framework also addresses issues including financial support for developing countries, harmful subsidies, food waste, and corporate transparency.

Four staff members from the Lincoln Institute joined more than 18,000 participants from 196 countries at COP15: Jim Levitt, director of the International Land Conservation Network (ILCN); Chandni Navalkha, ILCN associate director of sustainably managed land and water resources; Zhi Liu, director of the Peking University–Lincoln Institute Center for Urban Development and Land Policy (PLC); and Shenmin Liu, ILCN regional representative for Asia.

On the first day of the conference, ILCN and PLC co-hosted a daylong event with the Global Environmental Institute, Africa Wildlife Foundation, and other non-governmental organizations. The event, which centered on strengthening non-state actors’ efforts to support multi-goal and multi-benefit biodiversity conservation and sustainable development initiatives, attracted more than 100 participants from civil society, academia, the business sector, youth groups, and local communities. Elizabeth Maruma Mrema, executive secretary of the UN Convention on Biological Diversity, spoke about the critical role of civil society organizations in implementing the new framework. Levitt gave a keynote presentation on leveraging international and cross-sectoral expertise to help create an effective, trusted, and connected global network for private and civic land conservation. He described successful examples of collaborative civic conservation including the FONAG water fund in Quito, Ecuador, and Tallurutiup Imanga National Marine Conservation Area in Nunavut, Canada.

At a separate event, Shenmin Liu spoke about the importance of engaging youth in the conservation movement and the power young people hold as the future stewards of the planet. The ILCN and the Nature Conservancy of Canada also hosted a gathering for ILCN network members attending COP15, with participants hailing from Canada, China, Australia, Spain, South Africa, Kenya, Liberia, and other countries.

In addition to yielding a landmark agreement among the world’s nations to protect and restore biodiversity, COP15 served as a springboard for ongoing work. For example, delegates sowed the seeds for the establishment of a multilateral fund to enable equitable benefit sharing between providers and users of emerging agricultural technology. Details of the fund are set to be finalized at COP16 in Turkey in 2024, where signatories of the Kunming-Montreal Declaration will assess progress on their efforts to address the current biodiversity crisis and ensure a sustainable future for the planet.

Shenmin Liu is a research analyst with the Lincoln Institute and ILCN representative for Asia.

Image: Lincoln Institute staff and global partners at COP15 in December 2022. Credit: Shenmin Liu.

A

32 kilómetros río arriba de Portland, Maine, se encuentra el lago Sebago, la segunda masa de agua más profunda del estado. El lago abastece de agua potable al 16 por ciento de la población de Maine, incluidos los habitantes de Portland, la ciudad más grande del estado. Contiene casi un billón de galones de agua transparente y fría. La empresa de suministro de agua de Portland obtuvo una de las 50 exenciones federales de filtración del país, lo que significa que el agua, aunque reciba tratamiento para eliminar los microorganismos, no necesita pasar por un proceso de filtrado antes de llegar a los grifos de la ciudad.

“La razón principal por la que es tan pura es que la mayor parte de la cuenca sigue estando forestada”, dice Karen Young, directora de Sebago Clean Waters, una coalición que trabaja para proteger la zona. El 84 por ciento de la cuenca de 94.696 hectáreas está cubierto de bosques: una mezcla de pinos, robles, arces y otras especies que filtran el agua y ayudan a que este sistema funcione tan bien. Pero esos bosques están amenazados. Entre 1987 y 2009, la cuenca perdió alrededor del 3,5 por ciento de su cubierta forestal. Solo se conservó el 10 por ciento de la superficie. En 2009, 2014 y 2022, el Servicio Forestal de los EE.UU. clasificó la cuenca del Sebago como una de las más vulnerables del país debido a las amenazas del desarrollo.

En las últimas dos décadas, los grupos conservacionistas empezaron a preocuparse por el futuro de este recurso crítico, al igual que lo hizo Portland Water District (PWD). PWD, una empresa independiente que presta servicio a más de 200.000 personas en el área metropolitana de Portland, compró 688 hectáreas alrededor de la toma de agua en 2005 y adoptó una política de preservación del suelo en 2007. En 2013, estableció un programa para apoyar proyectos de conservación emprendidos por fideicomisos locales y regionales.

La mayoría de estas organizaciones trabajaron de forma independiente hasta 2015, cuando The Nature Conservancy las reunió a fin de desarrollar un plan de conservación para el afluente más importante del lago, el río Crooked. Esa reunión se convirtió en la coalición Sebago Clean Waters, que comprende nueve grupos de conservación locales y nacionales, PWD y miembros de la comunidad empresarial que brindan su apoyo. Mientras exploraban formas creativas de proteger el lago y las tierras que lo rodean, surgió la idea de crear un fondo de agua.

Los fondos de agua son asociaciones público-privadas en las que los beneficiarios río abajo, como los servicios públicos y las empresas, invierten en proyectos de conservación río arriba para proteger una fuente de agua y, por extensión, para garantizar que el suministro que llega a los usuarios sea lo más limpio y abundante posible. En 2016, Spencer Meyer, de la fundación Highstead Foundation (uno de los grupos que fundó Sebago Clean Waters), viajó a Quito, Ecuador, con The Nature Conservancy. El grupo visitó a representantes del Fondo para la Protección del Agua (FONAG), un ejemplo líder de este modelo novedoso de protección del agua de origen. Meyer encontró algunas similitudes con la situación de Maine.

“Pensamos: ‘¿Y si pudiéramos reunir a los socios en un sistema completo para acelerar el ritmo de la conservación?’”, comenta Meyer. “¿Podríamos aplicar ese modelo a una cuenca saludable para adoptar una postura proactiva y construir este modelo financiero en un lugar en el que no sea demasiado tarde?”

Un fondo de agua es una herramienta financiera, pero también es un mecanismo de gobernanza y un marco de gestión que reúne a múltiples partes interesadas. El fondo de Quito, lanzado en el año 2000, es el más antiguo del mundo. Hay proyectos similares que proliferaron en todo el mundo, en especial en América Latina y África. Según The Nature Conservancy, hay más de 43 fondos de agua en funcionamiento en 13 países, en 4 continentes y, al menos, 35 más en proceso de desarrollo.

La importancia de contar con cuencas sanas 

El agua limpia es el recurso más importante a nivel mundial. Cuando las cuencas río arriba están sanas, recogen, almacenan y filtran el agua. Esto proporciona un recurso que puede apoyar la adaptación al cambio climático, la seguridad alimentaria y la resiliencia de las comunidades, además de satisfacer las necesidades básicas de hidratación y saneamiento. Cuando las cuencas no están sanas, los sedimentos obstruyen los sistemas de filtración del agua, los contaminantes fluyen río abajo y los ecosistemas se degradan. 

Esa diferencia es crítica. Según un informe de The Nature Conservancy, es probable que más de la mitad de las ciudades del mundo y el 75 por ciento de la agricultura de regadío ya enfrenten una escasez recurrente de agua (Richter 2016). El cambio climático potencia las sequías extremas, desde el oeste de los Estados Unidos hasta Australia, y la contaminación por fuentes como el nitrógeno y el fósforo, se multiplicó por nueve en el último medio siglo. En muchas ciudades, la fuente de agua está muy lejos y bajo una jurisdicción diferente, lo que dificulta la regulación y el tratamiento. 

The Nature Conservancy también calcula que, actualmente, 1.700 millones de personas que viven en las ciudades más grandes del mundo dependen del agua que fluye de cuencas vulnerables a cientos de miles kilómetros de distancia (Abell et al., 2017). Esto pone a prueba tanto los sistemas ecológicos como la infraestructura, y la demanda no hace más que crecer. Para el año 2050, dos tercios de la población mundial vivirán en esas ciudades. Ese nivel de demanda simplemente no sería sostenible, en especial en un clima que cambia rápidamente. Los fondos de agua pueden ser soluciones creativas y de varios niveles para dos cuestiones urgentes e interrelacionadas: la calidad y la cantidad del agua. 

“Los fondos de agua se sitúan en la intersección del suelo, el agua y el cambio climático”, afirma Chandni Navalkha, codirectora de Gestión Sostenible de los Recursos Terrestres e Hídricos del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. “Son un ejemplo del tipo de gobernanza y colaboración intersectoriales y entre varias partes interesadas que se requiere para garantizar la seguridad del agua en un clima cambiante”. 

Hace poco, Navalkha supervisó el desarrollo de un caso de estudio sobre la iniciativa Sebago Clean Waters, que el Instituto Lincoln distribuirá a través de su Red Internacional de Conservación del Suelo (Sargent 2022). Cambiar la forma en que históricamente se gestionó el agua no es fácil, sobre todo porque está relacionada con cuestiones como la planificación urbana, el crecimiento económico y la salud pública. Por ello, grupos como el Instituto Lincoln y The Nature Conservancy trabajan con el objetivo de difundir el modelo de fondos de agua mostrando la ciencia que hay detrás de la protección del agua de origen, dando a las comunidades herramientas a fin de encontrar soluciones específicas para los ecosistemas y compartiendo las experiencias de lugares como Portland y Quito. 

Lecciones aprendidas de Quito 

A fines de la década de 1990, a los funcionarios del Distrito Metropolitano de Quito comenzó a preocuparles la posibilidad de quedarse sin agua suficiente para abastecer a los 2,6 millones de habitantes de la ciudad. Los ecosistemas río arriba que abastecían los acuíferos de la ciudad se estaban erosionando y ese impacto comenzaba a notarse río abajo.

El 80 por ciento del suministro de agua de la ciudad provenía de zonas protegidas dentro de su cuenca: la Reserva Ecológica Antisana, el Parque Nacional Cayambe–Coca y el Parque Nacional Cotopaxi.

“Pero solo eran parques de papel”, dice Silvia Benitez, que trabaja para The Nature Conservancy como gerente de seguridad hídrica de la región de América Latina. En lugar de estar protegidos, los páramos (pastizales de gran biodiversidad y altitud que albergan una variedad de especies endémicas poco comunes y filtran el suministro de agua río arriba) se enfrentaban a múltiples amenazas por el pastoreo de ganado, la agricultura no sostenible y la construcción. En los lugares donde la conservación era una opción posible, la falta de financiamiento dificultaba su implementación.

Benitez dice que los gestores del agua sabían que había que abordar la situación, por lo que la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito y The Nature Conservancy crearon un fondo para apoyar el ecosistema río arriba con US$ 21.000 de capital inicial. En los años siguientes, crearon una junta con participación pública, privada y de ONG de la cuenca, incluidos la Empresa Eléctrica Quito, la Cervecería Nacional, el Consorcio CAMAREN, que ofrece capacitación en política social y medioambiental, y The Tesalia Springs Company, una multinacional de bebidas. Todos esos actores tenían un interés en el agua y cada uno aportaba al fideicomiso todos los años.

En la actualidad, el FONAG está regulado por la Ley de Mercado de Valores de Ecuador y cuenta con una dotación financiera creciente de US$ 22 millones. Ese financiamiento se utiliza para apoyar proyectos medioambientales río arriba, como la capacitación agrícola y la restauración de vegetación en los páramos, lo que ayuda a limitar la sedimentación.

“Es un mecanismo financiero que aprovecha las inversiones de los sectores público y privado para proteger y restaurar los bosques y los ecosistemas”, dice Adriana Soto, directora regional de The Nature Conservancy para Colombia, Ecuador y Perú. También es una forma de gestionar el agua con visión de futuro, según Soto, que antes fue viceministra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y forma parte de la junta directiva del Instituto Lincoln. La infraestructura hídrica tradicional, a menudo llamada infraestructura gris, consiste en tuberías, sistemas de filtración de agua y tratamientos químicos diseñados para purificar el agua antes de su uso. Durante mucho tiempo se confió en la infraestructura gris para garantizar que el agua fuera potable y accesible. Pero es cara y requiere mucha energía, puede tener un impacto negativo en la vida silvestre y los ecosistemas, y se descompone con el tiempo. El cambio climático también supone una amenaza para la infraestructura gris; por ejemplo, el aumento de los incendios forestales generó un aumento de la sedimentación que ahoga las plantas de filtración existentes y los ciclos virulentos de tormentas desbordan las plantas de tratamiento de aguas y otra infraestructura clave.

Por el contrario, la infraestructura verde es un enfoque de gestión del agua que se inspira en la naturaleza. La protección de las fuentes río arriba es una forma de inversión en infraestructura verde que puede ayudar a aliviar la presión sobre los sistemas hídricos. Hay casi tantas formas de gestionar agua de origen como fuentes de agua, pero el informe “Urban Water Blueprint” de The Nature Conservancy, que estudió más de 2.000 cuencas, identifica cinco arquetipos: protección de los bosques, reforestación, buenas prácticas de gestión agrícola, restauración del área ribereña y reducción del combustible forestal (McDonald y Shemie 2014).

Por ejemplo, en los páramos de Quito, el FONAG financió proyectos para mantener el ganado alejado de los pastizales más frágiles y contrató a guardias para frenar la quema de malezas, ya que la reconstrucción del ecosistema era una prioridad absoluta. El fondo, que trabaja en casi 5.180 kilómetros cuadrados, protegió más de 28.327 hectáreas de suelo. Este esfuerzo benefició a más de 3.500 familias, ya que les brindó financiamiento para apoyar operaciones agrícolas sostenibles y rentables.

“Una de las cosas buenas de la estrategia son los resultados sociales y económicos”, dice Soto. “No solo aborda la cuestión de la regulación del agua, sino también la resiliencia ante el cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Además, fortalece a las comunidades y crea igualdad de género. La mayoría de las tierras agrícolas están a cargo de mujeres”.

El modelo de Quito inspiró a muchos otros fondos de agua, varios creados por The Nature Conservancy. Como estos ejemplos, cada uno tiene estrategias específicas según el lugar y las estructuras de financiamiento: 

• En 2021, el Fondo de Agua de Ciudad del Cabo invirtió US$ 4,25 millones en quitar vegetación invasora, como los eucaliptos y los pinos, que absorbían un estimado de 15.000 millones de galones de agua por año de una cuenca que enfrenta la sequía, el equivalente a dos meses de suministro de agua. The Nature Conservancy calculó que las soluciones con mayor nivel tecnológico, como las plantas de desalinización o los sistemas de reutilización de aguas residuales, costarían 10 veces más. 
• Desde que se creó el Fondo de Agua Alto Tana-Nairobi en 2015, los organizadores trabajaron con decenas de miles de las 300.000 granjas agrícolas pequeñas de la cuenca para evitar que el sedimento se escurra por las pendientes escarpadas de la región hasta el río Tana, que provee agua al 95 por ciento de los 4 millones de habitantes de Nairobi. El esfuerzo redujo la concentración de sedimentos en un 50 por ciento, aumentó la producción de agua anual durante la temporada seca en un 15 por ciento e incrementó el rendimiento agrícola en US$ 3 millones por año. En 2021, el fondo se convirtió en una entidad independiente registrada en Kenia. 

• Los químicos que se usan en la producción convencional de bambú contaminaban la reserva Longwu de China, que provee agua potable a dos pueblos de 3.000 habitantes. Con una inversión inicial de US$ 50.000, el Fondo de Agua Longwu ayudó a los agricultores locales a adoptar métodos agrícolas orgánicos e integrales que ahora se usan en el 70 por ciento de los bosques de bambú del área. Además, fomenta el ecoturismo y brinda programas de educación medioambiental. En 2021, el servicio de agua y el gobierno local acordaron pagarle al fondo en nombre de todos los usuarios del servicio de agua. 

Medir el progreso 

A fin de crear un fondo de agua, se deben establecer sistemas de gobernanza, asegurar el financiamiento, identificar los objetivos de conservación y definir puntos de referencia para medir los progresos. “El desarrollo del argumenbto comercial es difícil: se debe calcular cuánto dinero se necesita y se debe saber dónde se va a invertir”, dice Soto.

Una parte del caso de negocio consiste en demostrar el beneficio ecológico y financiero de un fondo. Soto dice que ese es el mayor desafío, porque los beneficios de la conservación son a largo plazo y no se observan de inmediato. 

“La cuestión del agua es complicada”, dice. “El desafío no es solo el tiempo (tenemos que demostrar resultados durante muchos años), sino también el resultado general. ¿En qué medida la calidad o la cantidad del agua se deben al fondo de agua?”. Dice que al FONAG le costó encontrar una forma de cuantificar eso, pero los investigadores de la Universidad San Francisco de Quito ayudaron a establecer un sistema de supervisión que rastreaba la calidad y la cantidad del agua. Ese sistema se usó para registrar el progreso y mostrarles a los inversionistas los beneficios directos de este proyecto.

“No es fácil de vender, sobre todo cuando se trata de comprometer fondos por 50 o 70 años”, dice Benitez. “Pero ahora, 20 años después, tenemos muchas herramientas para mostrar los beneficios de las soluciones con base en la naturaleza”.

Dice que durante esos años, a medida que The Nature Conservancy introdujo fondos de agua en Colombia, Brasil y otros países, han aprendido a mostrarles a los socios potenciales resultados concretos y medibles, y han reunido herramientas y datos cientificos a para respaldar el trabajo.

Ampliación a escala 

Con los años, se consideró que el proyecto de Quito tuvo éxito, pero una cosa es la creación de un único fondo de agua y otra es la ampliación del concepto. A medida que el modelo de los fondos de agua se extendió a otros países y continentes, surgieron desafíos.

Cambiar la forma de pensar y operar de las instituciones del agua requiere tiempo y negociación. En cuanto al aspecto financiero, los costos de transacción y de establecimiento pueden ser elevados, y no hay un marco claro para comparar los costos de las soluciones con base en la naturaleza y las infraestructuras grises. Desde el punto de vista logístico, el establecimiento de un fondo nunca se realiza de la misma manera. Por ejemplo, el problema de las especies invasoras en Ciudad del Cabo es diferente al de las necesidades de protección del páramo en Quito.

Para hacer frente a estos desafíos, The Nature Conservancy, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación FEMSA, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y la International Climate Initiative, formaron la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua en 2011. El objetivo de la alianza, que se describe en From the Ground Up, un informe de enfoque en políticas del Instituto Lincoln (Levitt y Navalkha 2022), es ampliar el desarrollo de los fondos de agua en la región y proporcionar un modelo internacional sobre cómo ayudar a los centros urbanos a proteger el agua de origen.

Un año después de su puesta en marcha, la alianza publicó un manual destinado a proporcionar recursos que pudieran orientar el trabajo en todas partes, aunque cada lugar se enfrentara a desafíos específicos (TNC 2012). “Hay fondos de agua que trabajan con grupos de pueblos nativos río arriba y hay otros que trabajan con propietarios grandes o agricultores pequeños”, dice Benitez. “El objetivo común es llegar a un acuerdo con los grupos y establecer las responsabilidades del fondo”.

Es diferente en cada caso, pero hay ciertos elementos que pueden ayudar a que un fondo de agua tenga éxito, como la participación política. Por ejemplo, Soto dice que en Bogotá, Medellín y Cartagena, los organizadores del fondo se aseguraron de involucrar al Ministerio de Ambiente y al de Vivienda, que se encarga de las aguas grises. “Trabajar con ellos proporciona una plataforma que facilita el cambio de las políticas, de modo que no empezamos de cero”, dice. The Nature Conservancy también ofrece estrategias para involucrar a las empresas y mostrarles cómo apoyar a los fondos de agua reduce su riesgo a largo plazo.

En 2018, The Nature Conservancy fue un paso más allá: creó la Water Funds Toolbox, una caja de herramientas diseñada para guiar a los socios potenciales por las cinco etapas de un proyecto: la viabilidad, el diseño, la creación, la operación y la consolidación (TNC 2018). La caja de herramientas, que se basa en 20 años de conocimientos adquiridos, muestra cómo y dónde puede ayudar un fondo de agua a mantener la calidad y la disponibilidad hídricas. Además, brinda un marco para los aspectos financiero y de conservación de la planificación.

Maine adopta el modelo

En Maine, los miembros de Sebago Clean Waters implementaron esa caja de herramientas. “Desde el principio, nos esforzamos por diseñar Sebago Clean Waters como un modelo replicable del que pudieran aprender otras coaliciones, regiones y fondos de agua”, dijo Meyer, de la fundación Highstead Foundation.

La coalición evaluó la viabilidad del fondo mediante un estudio encargado a la Universidad de Maine. El estudio determinó que reducir las áreas forestales, incluso en un tres por ciento, podría aumentar notablemente los contaminantes. Según el estudio, si los bosques disminuyeran un 10 por ciento, la cuenca quedaría por debajo de las normas federales de filtración y agrega: “Proteger la exención de evitar la filtración les ahorra a PWD y a sus clientes un estimado de US$ 15 millones al año en los costos anuales adicionales previstos para una planta de filtración” (Daigneault y Strong 2018). 

El argumento económico era sólido. Los investigadores descubrieron que cada dólar invertido en la conservación de los bosques probablemente produzca entre US$ 4,8 y US$ 8,9 en beneficios, incluida la preservación de la calidad del agua. Sin embargo, si fuera necesaria una planta de filtración, PWD tendría que aumentar las tarifas del agua en aproximadamente un 84 por ciento para compensar los costos de construcción. La conservación de la cuenca también tenía beneficios ecológicos, como proporcionar un hábitat para la trucha y el salmón, reducir la erosión y controlar las inundaciones.

Sebago Clean Waters elaboró un plan para garantizar la conservación de un total del 25 por ciento de la cuenca (14.163 hectáreas) durante 15 años. Comenzaron con proyectos como el Tiger Hill Community Forest, de 566 hectáreas, en la ciudad de Sebago. Esa extensión se protegió mediante una asociación entre Loon Echo Land Trust, miembro de la coalición que trabaja para proteger la región norte del lago Sebago desde 1987, y Trust for Public Land. En 2021, Sebago Clean Waters anunció su participación en un acuerdo que protegería más de 4.856 hectáreas en el condado de Oxford, incluida la cabecera del río Crooked, el afluente principal del lago. La cantidad de suelo protegido en la cuenca aumentó del 10 al 15 por ciento.

La conservación del suelo no es barata ni sencilla, en especial en Nueva Inglaterra, donde gran parte del suelo junto al lago estuvo durante mucho tiempo en manos privadas. Lograr los objetivos del fondo de agua requerirá unos US$ 15 millones. Pero el fondo está cobrando impulso: gracias a una subvención inicial para construir capacidad de US$ 350.000 de U.S. Endowment for Forestry and Communities, el financiamiento privado y empresarial, y el compromiso de Portland Water District de aportar hasta el 25 por ciento del financiamiento de cada proyecto de conservación de cuencas que cumpla sus criterios, la coalición consiguió hace poco un premio de US$ 8 millones del Programa de Asociación de Conservación Regional del USDA.

Las empresas locales también han hecho su aporte. En 2019, Allagash Brewing, de Portland, ofreció donar US$ 0,1 de cada barril de cerveza que fabricara (un total de casi US$ 10.000 al año). Allagash fue la primera de unas 10 empresas, incluidas otras cuatro cervecerías, que se unieron a la coalición. MaineHealth, una red de hospitales del estado, también acaba de unirse.

“La cuestión del agua potable es tan apremiante que no resulta difícil convencer a la gente de protegerla, sobre todo a las cervecerías, porque la cerveza es 90 por ciento agua”, dice Young. “Las personas comprenden el beneficio como empresas y como miembros de la comunidad”. Le sorprenden las razones por las que se unieron tantos socios. Muchos no lo hacen por su cuenta de resultados; les preocupa la sostenibilidad y quieren apoyar a las comunidades donde viven sus empleados. 

Sebago Clean Waters ha logrado mucho, pero sus socios son muy conscientes de la necesidad urgente de proteger este recurso relativamente prístino. Al fin y al cabo, conservar el suelo y el agua es más fácil que restaurarlos. Una vez que una fuente de agua limpia desaparece, es difícil recuperarla. 

A medida que el modelo de fondos de agua se extiende, revela el verdadero potencial de las asociaciones río arriba y río abajo para lograr un cambio significativo. Esta labor no es sencilla ni inmediata, pero puede tener efectos positivos duraderos en las cuencas y comunidades de todo el mundo. Meyer dijo que el modelo es muy prometedor: “Es increíble ver hasta dónde puede llegar una asociación fundada en la confianza”.

Heather Hansman es una periodista de Colorado y la autora del libro Downriver. Es guía registrada en Maine y una apasionada de los ríos del estado. 

Imagen principal: El lago Sebago, Maine. Crédito: Phil Sunkel via iStock/Getty Images Plus. 

Referencias

Abell, Robin, Nigel Asquith, Giulio Boccaletti, Leah Bremer, Emily Chapin, Andrea Erickson-Quiroz, Jonathan Higgins, Justin Johnson, Shiteng Kang, Nathan Karres, Bernhard Lehner, Rob McDonald, Justus Raepple, Daniel Shemie, Emily Simmons, Aparna Sridhar, Kari Vigerstøl, Adrian Vogl y Sylvia Wood. 2017. “Beyond the Source: The Environmental, Economic, and Community Benefits of Source Water Protection”. Arlington, VA: The Nature Conservancy.

Daigneault, Adam y Aaron L. Strong. 2018. “An Economic Case for the Sebago Watershed Water & Forest Conservation Fund”. Preparado para The Nature Conservancy por el Centro para Soluciones Sostenibles Senador George J. Mitchell de la Universidad de Maine. Orono, ME: la Universidad de Maine.

Levitt, James N. y Chandni Navalkha. 2022. From the Ground Up: How Land Trusts and Conservancies Are Providing Solutions to Climate Change. Informe de enfoque en políticas. Cambridge, MA: Instituto Lincoln de Políticas de Suelo.

McDonald, Robert y Daniel Shemie. 2014. “Urban Water Blueprint: Mapping Conservation Solutions to the Global Water Challenge”. Arlington, VA: The Nature Conservancy.

Richter, Brian. 2016. Water Share: Using Water Markets and Impact Investment to Drive Sustainability. Arlington, VA: The Nature Conservancy.

Sargent, Jessica. 2022. “Sebago Source Protection: Collaboration, Conservation, and Co-Investment in a Drinking Water Supply”. Caso de estudio. Junio. Cambridge, MA: Instituto Lincoln de Políticas de Suelo.

TNC (The Nature Conservancy). 2012. “Water Funds: Conserving Green Infrastructure”. Arlington, VA: The Nature Conservancy.

TNC (The Nature Conservancy). 2018. “Water Funds Toolbox”. https://waterfundstoolbox.org.