Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 5 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

Los cambios en la economía global, las telecomunicaciones y los sistemas de transporte obligan a las ciudades de todo el mundo a pensar en proyectos de desarrollo urbano a gran escala como una manera de reestructurar el uso de la tierra y de estimular la economía local. Por ejemplo, extensas áreas con buena ubicación que anteriormente han estado ocupadas por instalaciones ferroviarias y otros usos industriales o relacionados con el transporte han quedado abandonadas en muchas ciudades de medianas dimensiones a medida que el transporte de bienes se hace cada vez más en contenedores desde un número reducido de puertos principales y terminales.

Las restricciones reglamentarias sobre las empresas del estado han limitado las opciones para abrir estas tierras subutilizadas al mercado privado o para desarrollarlas como proyectos públicos. Con una mayor privatización y la eliminación de restricciones, estas propiedades se convertirían en la ubicación ideal para exitosas asociaciones públicas y privadas de desarrollo urbano. Sin embargo, aunque los desarrollos urbanos monumentales tal vez parezcan una panacea, también plantean numerosas inquietudes sobre la implementación y los efectos imprevistos en otros barrios de la ciudad, así como la competencia con otras ciudades.

Córdoba es un ejemplo representativo de las ciudades que han adoptado la planificación estratégica a fin de reestructurar los usos de las tierras locales en un contexto macroeconómico e institucional cambiante. Una de las preguntas clave que se hacen estas ciudades es hasta qué punto puede un nuevo desarrollo de gran magnitud, en este caso un telepuerto, estimular efectivamente la diversidad económica y reactivar una zona marginada.

Condiciones en Córdoba

La ciudad de Córdoba, con una población aproximada de 1,3 millones de habitantes, está estratégicamente ubicada en el centro geográfico de Argentina y tiene vínculos bien establecidos con la capital Buenos Aires y ciudades importantes de Chile, Brasil y Uruguay. Por mucho tiempo Córdoba ha sido un centro industrial donde se concentraba la producción de automóviles, aviones, trenes y maquinaria, al igual que de bienes de consumo como alimentos, calzado, ropa y artículos de cuero. Más recientemente, la ciudad ha extendido su sector de servicios para cubrir necesidades locales y regionales.

Puesto que Argentina ha pasado por una estabilización y reestructuración de su economía, Córdoba ha adquirido un mayor potencial para convertirse en un núcleo floreciente del Mercosur, el distrito de negocios de la región centro-sur de Suramérica. No obstante, uno de los obstáculos más perturbadores para la ciudad sigue siendo la competencia con Buenos Aires.

Al igual que muchas otras ciudades de América Latina, Córdoba está atravesando por un período de mayor descentralización, de transición hacia una estructura urbana multipolar y de otros problemas socioeconómicos. Hace varios años la ciudad emprendió un proceso de planificación estratégica que incorporaba un grupo muy representativo de circunscripciones y que desembocó en un plan en 1996 en el cual se identificaban algunas necesidades inmediatas de desarrollo económico y otros aspectos que exigían mayor análisis e implementación.

Como parte de la colaboración continua entre los funcionarios municipales y el Instituto Lincoln, en un seminario realizado en Córdoba en abril de 1997 se examinó la regulación y promoción del mercado inmobiliario. (1) Una idea de gran prioridad que surgió de aquellas discusiones se refería al desarrollo de un telepuerto en terrenos urbanos subutilizados en el centro de la ciudad. Se creó un comité para abordar la planificación y la implementación de dicha obra, el cual estaba integrado por funcionarios municipales, representantes del sector empresarial privado y miembros de la comunidad universitaria local.

El telepuerto concebido para Córdoba es una obra para usos combinados que ofrecerá edificios de oficinas, centros de convenciones y hoteles, además de otros usos secundarios de la tierra. La oferta de edificios de oficinas con tecnología de punta es considerada un objetivo clave para satisfacer las necesidades que tiene la ciudad como centro regional y sede nacional para algunas empresas. Estas instalaciones tendrán una sofisticada infraestructura de telecomunicaciones y se construirán con una inversión combinada de los sectores público y privado. Uno de los primeros proyectos es un hotel que la municipalidad construirá dentro de una edificación histórica.

La ubicación propuesta para el telepuerto es un terreno de 40 hectáreas en el centro de la ciudad, en las márgenes del río Suquía. El terreno incluye antiguas líneas ferroviarias y tiene buen acceso a las principales carreteras que comunican la región de Mercosur. Actualmente los predios están en manos de propietarios públicos y privados y se prevé que serán necesarios algunos traspasos de tierras para poder emprender el proyecto.

Observaciones y recomendaciones

Para ayudar al comité a terminar sus planes del telepuerto, la ciudad de Córdoba y el Instituto Lincoln organizaron un segundo seminario en abril de 1998 para discutir las inquietudes acerca de la implementación del proyecto. Los estudios comparativos de casos de proyectos de desarrollo a gran escala de entidades públicas y privadas en Toronto, Canadá y en Sao Paulo, Brasil sirvieron como valiosas referencias de los problemas y desafíos enfrentados por esas ciudades y aportaron una base para analizar el diseño y las posibles perspectivas para la propuesta del telepuerto.

Una consideración fundamental es la dimensión a gran escala del telepuerto en relación con el mercado local existente, lo que supone que, como mínimo, el proyecto debe realizarse por etapas para garantizar que el desarrollo urbano sea ordenado. Igualmente tienen que ver con la dimensión los efectos que tendrá el proyecto sobre otros terrenos de la ciudad, entre los que se encuentran predios con un potencial para obras de desarrollo de carácter similar. El atractivo relativo de los terrenos escogidos puede traer consecuencias negativas para el desarrollo de tierras no residenciales en otras zonas específicas de crecimiento de la ciudad. Paralelamente es importante entender la intensidad y fuerza del mercado para los usos específicos que tendría el terreno propuesto para el telepuerto.

Otra preocupación es el posible efecto negativo del proyecto sobre los barrios residenciales existentes y en crecimiento de la zona. Por otra parte, el éxito del telepuerto podría beneficiar a los barrios si los residentes se integran al proceso de planificación e implementación.

Entre las lecciones que faltan por aprender de la experiencia que han tenido otras ciudades está la importancia de fijar objetivos manejables; algunos participantes del seminario expresaron su temor de que el comité de Córdoba estuviese siendo demasiado ambicioso. Una segunda lección se refiere a la necesidad de actuar con sumo cuidado al seleccionar la ubicación de una nueva obra de desarrollo de gran magnitud. Si bien la ubicación propuesta para el telepuerto no se consideraba desfavorable en ningún sentido, su selección no había sido el resultado de un análisis sistemático. Más bien se trata de un caso en que la ciudad busca aprovechar una oportunidad para llevar a cabo un plan de desarrollo en un terreno disponible que urge reutilizar.

Una tercera observación la hizo el sector privado, que tiene necesidades especiales en cuanto al acceso, infraestructura y costos. Mediante un estudio de mercado idóneo se podrá identificar un sinnúmero de aspectos por considerar, incluida la capacidad que tendría Córdoba para competir con Buenos Aires como sede local o regional de empresas nacionales e internacionales. Está claro que los supuestos beneficiarios del sector privado deben participar directamente en el desarrollo conceptual y la planificación del proyecto.

Varias semanas después del seminario, la ciudad encargó un estudio para facilitar la estrategia de implementación del telepuerto con base en estas inquietudes y recomendaciones. El estudio también investigará posibles instrumentos para efectuar la captura de plusvalías que permitan obtener el financiamiento necesario para la infraestructura y los mecanismos para formular los tipos de asociaciones entre los sectores público y privado que parecen indispensables para el éxito del proyecto del telepuerto.

Como observación general de cierre hay que agregar que los funcionarios de Córdoba, o cualquier otra ciudad que esté considerando obras de desarrollo urbano a gran escala, precisan actuar con celeridad más allá de la fase de estudio y brindar capacitación y otros mecanismos de apoyo para que los dirigentes locales y los profesionales puedan mejorar su capacidad para manejar el proyecto. Se requieren destrezas y experiencia para evaluar el funcionamiento de los mercados inmobiliarios, definir la competencia técnica requerida, negociar con el sector privado y vigilar la gestión financiera, la regulación de los servicios públicos, el impuesto a la propiedad, las regulaciones de la tierra y la compleja interacción de todos estos elementos. El desafío de una tarea así es lograr el equilibrio entre una cuota suficiente de planificación e investigación y la necesidad de aprovechar las oportunidades de desarrollo a medida que surgen y de aprender con la evolución del proceso.

David Amborski es profesor de la Escuela de Planificación Urbana y Regional en la Universidad Politécnica de Ryerson en Toronto. Douglas Keare, miembro principal del Instituto Lincoln, cuenta con experiencia en planificación estratégica en grandes ciudades de países en vías de desarrollo.

Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 1 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

El proceso de globalización de las inversiones, las nuevas tecnologías de comunicación y la generalizada movilidad corporativa y personal están provocando una verdadera transformación de las “ciudades-región” del mundo entero. Desde hace muchos años los estudiosos de asuntos urbanos han advertido sobre la emergencia de una nueva clase de asentamiento humano, con estructuras económicas y sociales particulares y sus formas físicas asociadas.

Estas fuerzas globales fueron el tema central de la Conferencia realizada en el Instituto Lincoln, Cambridge, en septiembre de 1995. Este consorcio estuvo organizado por los investigadores David Barkin, Gary Hack y Roger Simmonds, quienes estudiaron doce grandes ciudades-región de Europa, Asia y las Américas. Si bien cada una de las ciudades del estudio exhibe sus propias características y patrones exclusivos, todas cumplen con los siguientes criterios:

• Una gran población, pero no necesariamente de la categoría de mega ciudad;
• Una economía de mercado diversificada, más que una economía planificada
• Una dominada por una sola industria;
• Patrones particulares de crecimiento y cambio desde 1960; y
• Antecedentes de intentos gubernamentales (exitosos o no) de moldear la forma regional.

Las doce ciudades del estudio son:

Ankara, Turquía
Bangkok, Tailandia
Yakarta, Indonesia
Lyon, Francia
Madrid, España
Randstad, Países Bajos
San Diego, Estados Unidos
Santiago, Chile
São Paulo, Brasil
Taipei, Taiwan
Tokio, Japón
Toronto, Canadá

Tomando las doce ciudades anteriores como casos de estudio, se diseño una investigación en varios niveles a fin de construir un modelo que representara a las ciudades-región y los motivos de sus características. El primer objetivo fue examinar los efectos de la economía política global en el crecimiento y desarrollo de las ciudades a lo largo del tiempo. ¿Qué efecto ha tenido la pérdida de la agricultura tradicional o han tenido las economías industriales y la introducción de nuevos capitales de inversión en el funcionamiento de las ciudades? ¿Cómo han respondido las ciudades ante estas poderosas fuerzas externas?

Un segundo objetivo de la investigación fue entender las relaciones entre la cambiante forma urbana y las inversiones en infraestructuras regionales tales como sistemas de transporte y nuevos centros tecnológicos. ¿Cómo se ha distribuido la población en torno a los nuevos centros económicos y redes de transporte? ¿Qué influencia tienen las labores de planificación regional en los cambios de la forma espacial y en el efecto sobre el medio ambiente?

En tercer lugar se exploraron las consecuencias de la dinámica de la globalización sobre la calidad de la vida urbana. ¿Qué problemas sociales y económicos enfrenta hoy la población urbana? ¿Qué están haciendo los gobiernos municipales y nacionales para resolverlos?

Previo a la conferencia, los equipos de investigación de todas las ciudades-región recopilaron datos para mapear el crecimiento y el movimiento de la población, los cambios en la infraestructura y el desarrollo económico e industrial a lo largo de las últimas tres décadas. A fin de que los datos fueran comparables más alláa de las fronteras nacionales, elaboraron planos de la evolución física de las doce ciudades-región en 1960, 1970, 1980 y 1990, y correlacionaron estos planos con cambios en los indicadores económicos y sociales fundamentales durante el mismo período. Asimismo, cada grupo elaboró un informe sobre los problemas especiales que enfrentan sus gobiernos y las acciones de los legisladores para conformar la forma espacial cambiante de la región.

Un retrato de las ciudades-región

Si bien las doce ciudades-región estudiadas presentan variaciones sustanciales, también tienen muchos patrones comunes en cuanto a crecimiento y cambio. Sus poblaciones oscilan entre unos 2 millones de habitantes, en Lyon, más de 32 millones en Tokio, la ciudad más grande del mundo y también una de las más ricas.

En todas estas ciudades el modelo predominante de crecimiento físico ha sido la dispersión desde el centro histórico y los anillos interiores adyacentes hacia espacios abiertos distantes y tierra agrícola. Esta dispersión implica desarrollo residencial y comercial —aunque a veces en direcciones diferentes— y se ha facilitado gracias al vertiginoso aumento en el uso y la disponibilidad del automóvil en todo el mundo. El ejemplo más notable es el de Taipei, en donde el número de automóviles aumentó desde aproximadamente 11 mil en 1960 a más de 1 millón en 1990; en ese mismo periodo, el número de personas por automóvil disminuyó de 127 a 5. Por otra parte, las ciudades de Ankara y Santiago, con 13 personas por automóvil en 1990, han sido las menos afectadas por el “síndrome automotor” hasta la fecha.

Incluso al mismo tiempo en que la mayoría de las ciudades se están dispersando hacia las afueras, ciertos núcleos interiores han visto aumentar su población gracias a la migración de clases adineradas y de empleos del sector de servicios hacia los centros nuevamente pujantes. La construcción de obras monumentales como estadios deportivos, centros de convenciones, hoteles de lujo y condominios residenciales han contribuido a avivar el turismo y la vida cultural de estos núcleos urbanos. La otra cara de la moneda, sin embargo, es el creciente deterioro que se observa fuera de los centros debido al desplazamiento de grandes números de pobres urbanos a zonas carentes de servicios.

Excepciones notables de este patrón son los centros urbanos deprimidos y los opulentos suburbios de baja densidad poblacional de los Estados Unidos. Ciudades como Bangkok y Taipei exhiben mayor integración vecinal de ricos y pobres que otras, pero su patrón predominante continúa mostrando zonas opulentas segmentadas y mayor definición de pobreza con el paso del tiempo.

Irónicamente, en esta nueva era de globalización los patrones residenciales están perdiendo importancia frente a los patrones de interacción, conforme los participantes de la economía global se comunican más a menudo con sus semejantes de otras ciudades u otros países —bien sea electrónicamente o en persona— que con sus propios vecinos.

Los cambiantes patrones demográficos han disminuido las tasas de crecimiento urbano a un 3 por ciento, en comparación con 6 a 8 por ciento en la década de 1960. La mayoría de las ciudades han experimentado una reducción en sus tasas de natalidad y de migración desde zonas rurales del interior del país o de las regiones inmediatas. No obstante, la turbulencia política y las cambiantes oportunidades laborales también están dando pie a nuevas olas de migración transnacional. Muchos nuevos inmigrantes se asientan en áreas de la ciudad separadas del sector pobre indígena, y presentan un nuevo grupo de problemas sociales y económicos para los gobiernos nacionales y municipales. En San Diego, por ejemplo, inmigrantes de México y Centroamérica contribuyen al crecimiento poblacional y a la mayor segmentación dentro de la región. Por otra parte, São Paulo ha experimentado una emigración neta, dado que las nuevas políticas y programas brasileños fomentan la descentralización hacia nuevas comunidades de ese vasto país.

Según los datos de 1990, los sectores económicos tienen una composición similar entre países. Por lo general, menos del 5 por ciento de la fuerza laboral se dedica a la agricultura y a la extracción de recursos, mientras que el 20 al 30 por ciento trabaja en el sector manufacturero y el 65 al 75 por ciento en el sector de servicios. Como interesantes excepciones en estas tendencias laborales son los casos de Yakarta, con una tasa de participación en el sector agrícola de casi el 16 por ciento en 1990, y San Diego, con un 83 por ciento de tasa actual en el sector de servicios. Bangkok y Taipei muestran los mayores declives en agricultura, desde un 20 por ciento en 1960 a menos del 2 por ciento en 1990. En ese mismo año, ambas ciudades mantenían tasas relativamente altas en el sector manufacturero; 32 y 36 por ciento respectivamente.

En cuanto a la distribución del ingreso en las regiones, se observan patrones similares: el 20 por ciento más pobre de la población suele recibir apenas un 5 a 7 por ciento de los ingresos totales, en comparación con un 40 a 50 por ciento de dichos ingresos que llega al 20 por ciento más rico de la población. Santiago, São Paulo y Yakarta exhiben las mayores concentraciones de riqueza en los niveles superiores, mientras que Tokio y Taipei, seguidos cercanamente por Randstad y Madrid, exhiben la menor desigualdad entre los niveles de ingresos. San Diego, a pesar de su ingreso per cápita relativamente alto, muestra una distribución de ingreso de rango medio del 44 por ciento para el extremo superior, pero apenas un 4 por ciento del ingreso ganado para el 20 por ciento más pobre de su población.

Una economía mundial llena de cambios y contradicciones

Durante la conferencia se revelaron varias realidades nuevas sobre el mundo en que vivimos. Quizás la más importante sea la dificultad que enfrentan las autoridades municipales y nacionales para diseñar políticas eficaces que modifiquen las poderosas fuerzas económicas que moldean las nuevas estructuras productivas de sus regiones.

Un tema recurrente en los análisis regionales fue la contradicción existente entre las inversiones privadas altamente centralizadas y los cambios arrolladores que surgen con la inserción de la ciudad-región en la economía internacional. En la mayoría de las regiones, los “corredores de élite” de la globalización presentan un agudo contraste con la precaria “ciudad residual”. Dichos enclaves adinerados, receptores de las inversiones de corporaciones transnacionales productoras para mercados mundiales, están redicadas cerca de las zonas donde viven y compran los participantes de esta economía. En estos centros financieros y comerciales, prósperas empresas de profesionales capacitados realizan operaciones de producción y marketing mundial para garantizar retornos atractivos a los inversionistas internacionales, casi siempre haciendo caso omiso de la economía local.

Paralelamente con el declive poblacional, las oportunidades de empleo también se han estancado. En cada una de las ciudades-región se observa el desplazamiento acelerado de la fuerza laboral hacia empleos a tiempo parcial de baja paga en el sector de servicios, con un concomitante desequilibrio de oportunidades económicas que condena a un segmento creciente de la población a la pobreza.

Esta amenaza está acompañada por cambios en el sector agrícola. Gran parte de los productores rurales de pequeña escala no pueden competir en los mercados internacionales con productores agrícolas de gran escala, quienes tienen acceso a un capital que les permite equiparse con las más modernas maquinarias para aumentar su producción. El proceso inexorable de expansión global también está provocando la salida del mercado de plantas manufactureras de pequeña y mediana escala.

La mayoría de los participantes de la conferencia aceptaron y adoptaron de buena gana la nueva dinámica de la globalización. Sus gobiernos trabajan activamente para reposicionar sus regiones a fin de atraer inversionistas extranjeros y promotores de bienes raíces que prometen la modernización, esperando poder convertir sus ciudades en guías que conduzcan a sus naciones hacia el proceso de integración mundial. Casi todos consideran que su tarea principal será la de desenmarañar los obstáculos —normativos y otros— de las épocas anteriores, y facilitar la iniciativa privada mediante el ofrecimiento, a veces gratuito, del suelo y de la infraestructura requeridos para las nuevas instalaciones.

Muchas de las ciudades están específicamente orientando sus estrategias de inversión en infraestructura para expandir la economía de servicios. Bangkok, Taipei y Tokio están esforzándose para convertirse en los centros financieros de Asia, esperando la caída de Hong Kong como primer competidor. Bangkok, en particular, está invirtiendo en redes sustanciales de transporte y comunicaciones y en la capacitación de su fuerza laboral. En Europa, Madrid está aprovechando su papel como centro mundial de la cultura española para mejorar sus servicios de comunicación; Randstad está promoviendo sus instalaciones de soporte aeroportuario; y Lyon se está convirtiendo en un novedoso centro de industrias tecnológicas emergentes.

Impactos en el desarrollo regional

Los casos estudiados y las discusiones durante la conferencia pusieron en evidencia numerosos problemas de ese entusiasmo por la globalización. El complejo y preocupante fenómeno de la expansión urbana se está generalizando en el mundo entero conforme el automóvil facilita la distribución de la población a centros de empleo satélites y suele reducir la densidad de las ciudades regionales. Dos excepciones interesantes de este patrón son Tokio, cuyo sistema de tránsito masivo contribuye a mantener centralizada la actividad económica, y Taipei, donde la geografía montañosa restringe el desarrollo hacia las afueras. Por otra parte, en Randstad se está observando el desarrollo acelerado de espacios vacantes que existían entre antiguos asentamientos, aun cuando la tasa de crecimiento general ha sido bastante lenta.

Parte de esta descentralización proviene de los esfuerzos gubernamentales para hacer frente a asuntos como el alto precio del suelo, el congestionamiento vehicular o la protección ambiental. En las afueras de Santiago, Lyon, Randstad, Taipei, Tokio y Yakarta se están construyendo nuevos pueblos o “tecnópolis”, mientras que en Bangkok se está construyendo un nuevo puerto a unos cuantos kilómetros del centro de la ciudad. En São Paulo, estrictos reglamentos de protección de las zonas de cuenca están forzando el desplazamiento de nuevos desarrollos a sitios distantes.

Más que moldear el desarrollo, la infraestructura suele seguirle los pasos a éste. Los inversionistas privados tienen capacidad de responder con mayor rapidez a planes de crecimiento dentro de sus regiones, de lo que pueden las agencias públicas responsabilizarse por implementar grandes proyectos de infraestructura. De esa manera el desarrollo privado presiona al sector público para que dote de servicios a zonas que ya están siendo urbanizadas. Este proceso tiene serias implicaciones para la planificación regional a largo plazo, si ésta continúa siendo impulsada por el desarrollo mientras que el gobierno le sigue los pasos para no quedarse atrás.

Otro tema que emergió durante la conferencia fue el de una mayor conciencia sobre los problemas ambientales. En la mayoría de las ciudades-región, la acumulación de riqueza y el consiguiente aumento de consumo están imponiendo enormes presiones sobre el medio ambiente. Con el paso acelerado de la integración regional y la desregulación de la economía, las corporaciones transnacionales pueden funcionar como les plazca en la economía internacional. Los participantes señalaron repetidamente las dificultades de controlar estos retos de manera constructiva en cada una de sus ciudades-región. Así y todo, la preocupación por el ambiente fue vista también como el principal factor de motivación de la planificación regional estratégica considerada.

Calidad de vida

La globalización promete un mundo de mayor prosperidad. La mayoría de las ciudades representadas en la conferencia experimentaron aumentos relativos en varios índices promedio de calidad de vida entre 1960 y 1990: ingreso per cápita, esperanza de vida y nivel de educación. Estas entradas crecientes, junto con los avances tecnológicos que incrementan la productividad y la mayor diseminación de información sobre bienes disponibles en los mercados mundiales, han permitido que habitantes urbanos de todas partes satisfagan sus necesidades con nuevos productos. No obstante, modelos globales poderosos de organización y producción están también imponiendo nuevos patrones homogéneos de consumo que amenazan con acabar la extraordinaria variedad de estilos de vida que caracteriza a la mayoría de las regiones urbanas.

El aumento en movilidad física resultante del automóvil particular ha abierto las puertas a un mundo de lugares donde vivir, comprar y trabajar. Al mismo tiempo, los viajes diarios entre la casa y el trabajo duran unos 45 minutos en promedio, desde menos de 30 minutos en San Diego a más de hora y media en Bangkok.

Los participantes de la conferencia estuvieron de acuerdo en que este aumento de movilidad ha minado el sentido de comunidad del pasado, conforme los seres humanos comienzan a identificarse con lugares urbanos más dispersos o a desarrollar identidades “sin tierra”. Prácticamente todos los representantes de las ciudades hicieron mención de la “McDonaldnización” de la cultura mundial, que abarca expresiones como la música, la ropa, la arquitectura y la comida. Igualmente, a medida que los mercados de bienes de consumo se globalizan, los habitantes de muchas ciudades-región están comenzando a depender de esos mercados para que suministren servicios que solían ser semipúblicos, tales como educación y recreación.

Los cambios en la función económica de grandes ciudades —de manufactura y transporte a finanzas y turismo— han causado también pérdidas importantes. Muchos centros históricos han sido modificados para fines de turismo cultural. Edificios o ciudades que en el pasado fueron fábricas o almacenes son ahora tiendas o museos. Los trabajadores u obreros portuarios de antaño que solían vivir cerca de sus trabajos, han desaparecido para dar lugar a visitantes que se desplazan por automóvil o avión desde otras ciudades o incluso otros países para admirar edificios que han sido restaurados en forma, pero cuya función ha sido completamente transformada. Nuevos rascacielos, centros de convención, estadios y hoteles de lujo son impuestos sobre el paisaje urbano, generalmente sin tomar en cuenta el contexto espacial y social.

Ciertos puntos del proceso de globalización son alentadores, especialmente si se consideran las contribuciones de la ciencia médica y aspectos básicos de educación y sanidad que pueden ofrecerse con inversiones públicas de relativo bajo costo. Sin embargo, el estándar de vida y las oportunidades de empleo se están deteriorando para números crecientes de la población mundial.

La mayoría de los nuevos trabajadores urbanos viven en un mundo de mercados laborales más flexibles y menos seguridad laboral, diferente al mundo en que laboraron sus padres como granjeros u obreros de plantaciones. Las nuevas tecnologías informáticas y financieras globales facilitan a las empresas buscar los sitios y mano de obra más baratos del mundo y cambiar los empleos de un país a otro en cuestión de semanas, de ser necesario.

Los mismos nuevos medios de información y de transporte, que permiten a consumidores y trabajadores elegir entre una amplia variedad de artículos o empleos, también permiten que los criminales elijan de entre una amplia variedad de potenciales blancos. Algunos participantes de la conferencia argumentaron que la actual percepción de menor seguridad física es algo más imaginario que real, especialmente en los Estados Unidos. Lo cierto es que la percepción de por sí está claramente alentando la demanda mundial de urbanizaciones enrejadas o viviendas más seguras.

Los efectos positivos y negativos de la globalización en la calidad de vida, más que concesiones, son las dos caras de la moneda. Las mismas tecnologías de información y organización de mercados que difunden nuevos bienes de consumo alrededor del mundo en cuestión de semanas, también transmiten malas noticias, como el sida. Los mismos automóviles que facilitan el acceso a oportunidades de recreación en el campo para los habitantes urbanos, también dan lugar a ciudades que se expanden y ocupan tierras de la periferia que se convierten en patios privados en vez de vistas escénicas de granjas o bosques.

Debido a estas contradicciones, es de menester buscar otros modelos de producción y consumo, modelos que permitan a los habitantes fortalecer sus comunidades y proteger sus ambientes, que ofrezcan la posibilidad de crear empleos productivos para toda la población, y que restrinja el acelerado proceso de polarización.

El papel del gobierno

¿Hasta qué punto los ciudadanos de las ciudades-región piden a sus gobiernos municipales, metropolitanos o nacionales encontrar formas de eliminar los efectos negativos de la globalización? Como un ejemplo, los representantes de San Diego, Ankara y Tokio apuntaron al hecho de que las elecciones municipales se centran ahora en torno a quién se beneficia de la globalización. Los ciudadanos que se identifican más con la economía global que con la municipal exigen que los gobiernos inviertan en infraestructura de alta tecnología, construyan centros de convención o estadios y fomenten las oportunidades de educación con el fin de atraer empleos futuros.

En contraste, la mayoría de los peones y trabajadores de poca formación educativa ven la globalización como una amenaza más que una oportunidad, y les interesa más invertir los limitados recursos municipales en servicios públicos como escuelas y clínicas comunitarias. En cualquier caso, es posible que aquellos gobiernos que se concentran en los servicios municipales para no tener que tomar decisiones políticas impopulares, están únicamente postergando los impactos inevitables de la globalización, entre ellos sus efectos potencialmente beneficiosos a largo plazo.

A la larga, quizás la capacidad de gobiernos de cualquier nivel para manejar las fuerzas globales sea limitada. Existe una discrepancia inherente entre la economía global y el gobierno, no sólo en el sentido espacial de gobiernos municipales o fragmentados que están luchando para dominar las fuerzas económicas regionales o globales, sino en los modos operativos contrastantes de los mercados y los gobiernos.

La globalización ha dificultado cada vez más definir tanto “la región” que debería planificarse como “la comunidad” que debería participar en dichos planes. Los gobiernos municipales —e incluso la mayoría de los gobiernos nacionales— no tienen muchos recursos para proteger los negocios locales contra la competencia global. En casi todas las ciudades-región representadas en la conferencia se han multiplicado los grupos de interés especializados y las organizaciones no gubernamentales, al mismo tiempo que los gobiernos omnipresentes han comenzado a dar pasos hacia la fragmentación y descentralización. La devolución política, bastante avanzada en los Estados Unidos, está comenzando a sonar fuerte en otras partes.

La tendencia actual de los gobiernos de las ciudades-región es prescindir de técnicas de planificación espacial complicadas, y en cambio ajustarse a lo que uno de los planificadores de la conferencia denominó como “las nuevas reglas de la propiedad y la política”. Sin embargo, esta filosofía deja una herencia de muchas contradicciones: entre las oportunidades para las élites y los pobres; entre los defensores de una mayor autonomía municipal y aquellos comprometidos a patrones regionales emergentes de interdependencia; y entre políticas que favorecen el crecimiento en vez de la redistribución de recursos. Sin un sistema gubernamental eficaz, todas estas dicotomías tienen gran potencial para la confrontación.

Francisco Sabatini, a sociologist and urban planner, is a professor at the Catholic University of Chile in Santiago, where he lectures on urban studies and planning and conducts research on residential segregation, value capture and environmental conflicts. He combines his academic work with involvement in NGO-based research and action projects in low-income neighborhoods and villages. He served as an advisor to the Chilean Minister of Housing and Urban Affairs after democracy was restored in 1990, and as a member of the National Advisory Committee on the Environment in the subsequent democratic governments. Sabatini has published extensively in books and journals, and has taught in several countries, mainly in Latin America. He is a long-standing collaborator in the Lincoln Institute’s Program on Latin America and the Caribbean, as a course developer, instructor and researcher.

Land Lines: Why is the topic of residential segregation so important for land policy and urban planning in general?

Francisco Sabatini: Zoning, the centerpiece of urban planning, consists of segregating or separating activities and consolidating homogeneous urban areas, for either exclusionary or inclusionary purposes. At the city level, this planning tool was introduced in Frankfurt, Germany, in 1891 and was adopted elsewhere to address environmental and social problems due to rapid urbanization and industrialization. In modern cities the widespread practice of zoning to separate different activities and groups has aggravated these and other problems. It affects traffic and air pollution because more car trips are needed to move around the city, and it contributes to environmental decay and urban ghettos characterized by symptoms of social disintegration, such as increasing rates of school dropouts, teenage pregnancy and drug addiction.

It is indisputable that the desire for social segregation has long been a component of exclusionary zoning, along with concerns related to the environment and health. The influx of working-class families and immigrants is often considered undesirable and politically threatening, and zoning has been used to segregate such groups. Ethnic and religious discrimination are the most negative forms of social segregation. When a national government defines itself in religious, ethnic or racial terms, residential segregation usually remains entrenched as a severe form of discrimination, intolerance and human exploitation, as in Ireland, South Africa and Israel. Segregation can be positive, however, as in many cities around the world that become socially enriched with the proliferation of ethnic enclaves.

LL: What are the economic impacts of segregation?

FS: Besides its urban and social effects, residential segregation is an important aspect of land policy because it is closely connected to the functioning of land markets and is a factor in motivating households to pursue economic security and the formation of intergenerational assets. Fast-growing cities in unstable and historically inflationary economies convert land price increments into an opportunity for households at every social level to achieve their goals. It is no coincidence that the percentage of home ownership is comparatively high in Latin American cities, including among its poor groups. Land valuation seems to be an important motivation behind the self-segregating processes of the upper and middle classes. And, the increase in land prices is a factor in limiting access to serviced land and contributing to spatial segregation. In fact, the scarcity of serviced land at affordable prices, rather than the absolute scarcity of land, is considered the main land problem in Latin American cities, according to research conducted at the Lincoln Institute.

LL: What makes residential segregation so important in Latin America?

FS: Two of the most salient features of Latin America are its socioeconomic inequality and its urban residential segregation. There is an obvious connection between the two phenomena, though one is not a simple reflection of the other. For example, changes in income inequality in Brazilian cities are not necessarily accompanied by equivalent changes in spatial segregation. Residential segregation is closely related to the processes of social differentiation, however, and in that sense is deeply entrenched in the region’s economically diverse cities.

The rapidly increasing rate of crime and related social problems in spatially segregated low-income neighborhoods makes segregation a critical policy issue. These areas seem to be devolving from the “hopeful poverty” that predominated before the economic reforms of the 1980s to an atmosphere of hopelessness distinctive of urban ghettos. How much of this change can be attributed to residential segregation is an open question, on which little research is being done. I believe that in the current context of “flexible” labor regimes (no contracts, no enforcement of labor regulations, etc.) and alienation of civil society from formal politics, residential segregation adds a new component to social exclusion and desolation. In the past, spatial agglomeration of the poor tended to support grassroots organizations and empower them within a predominantly elitist political system.

LL: What features are characteristic of residential segregation in Latin America, as contrasted to the rest of the world?

FS: Compared to societies with strong social mobility, such as the United States, spatial segregation as a means of asserting social and ethnic identities is used less frequently in Latin America. Brazil shares with the U.S. a history of slavery and high levels of immigration, and it is one of the most unequal societies in the world; however, there is apparently much less ethnic or income segregation in residential neighborhoods in Brazil than in the U.S.

At the same time, there is a high degree of spatial concentration of elites and the rising middle class in wealthy areas of Latin American cities, although in many cases these areas are also the most socially diverse. Lower-income groups easily move into these neighborhoods, in contrast with the tradition of the wealthy Anglo-American suburb, which tends to remain socially and economically homogeneous over time.

Another noteworthy spatial pattern is that the segregated poor neighborhoods in Latin America are located predominantly on the periphery of cities, more like the pattern of continental Europe than that of many Anglo-American cities, where high concentrations of poverty are found in the center. The powerful upper classes in Latin America have crafted urban rules and regulations and influenced public investment in order to exclude the “informal” poor from some of the more modern zones, thus making the underdevelopment of their cities and countries less visible.

Finally, the existence of a civic culture of social integration in Latin America is manifested in a socially mixed physical environment. This widespread social mingling could be linked to the Catholic cultural ethos and the phenomenon of a cultural mestizo, or melting pot. The mestizo is an important figure in Latin American history, and it is telling that in English there is no word for mestizo. Anglo-American, Protestant cities seem to demonstrate more reluctance to encourage social and spatial mixing. Expanding this Latin American cultural heritage should be a basic goal of land policies aiming to deter the formation of poor urban ghettos, and it could influence residential segregation elsewhere.

LL: What trends do you perceive in residential segregation in Latin America?

FS: Two trends are relevant, both stimulated by the economic reforms of the 1980s: the spatial dispersal of upper-class gated communities and other mega-projects into low-income fringe areas; and the proliferation of the ghetto effect in deprived neighborhoods. The invasion of the urban periphery by large real estate projects triggers the gentrification of areas otherwise likely to become low-income settlements, giving way to huge profits for some. It also shortens the physical distance between the poor and other social groups, despite the fact that this new form of residential segregation is more intense because gated communities are highly homogeneous and walls or fences reinforce exclusion. Due to the peripheral location of these new developments, the processes of gentrification must be supported by modern regional infrastructures, mainly roads. Widespread private land ownership by the poor residents could help to prevent their complete expulsion from these gentrified areas and achieve a greater degree of social diversity.

The second trend consists of the social disintegration in those low-income neighborhoods where economic and political exclusion have been added to traditional spatial segregation, as mentioned earlier.

LL: What should land policy officials, in Latin America and elsewhere, know about residential segregation, and why?

FS: Residential segregation is not a necessary by-product of public housing programs or of the functioning of land markets, nor is it a necessary spatial reflection of social inequality. Thus, land policies aimed at controlling residential segregation could contribute to deterring the current expansion of the ghetto effect. In addition, officials should consider measures aimed at democratizing the city, most notably with regard to the distribution of investments in urban infrastructure. Policies such as participatory budgeting, as implemented in Porto Alegre and other Brazilian cities, could be indispensable in helping to undermine one of the mainstays of residential segregation in Latin American cities: public investments biased toward affluent areas.

LL: How is your work with the Lincoln Institute addressing these problems?

FS: Residential segregation is widely recognized as a relevant urban topic, but it has been scarcely researched by academics and to a large extent has been neglected by land policy officials. With the Institute’s support I have been lecturing on the topic in several Latin American universities over the past year, to promote discussion among faculty and students in urban planning and land development departments. I also lead a network of scholars that has recently prepared an eight-session course on residential segregation and land markets in Latin America cities. It is available in CD-ROM format for public officials and educators to support teaching, research and debate on the topic.

LL: Please expand on your new role as a Lincoln Institute partner in Chile.

FS: This year we inaugurated the Program on Support for the Design of Urban Policies at the Catholic University of Chile in Santiago. The program’s advisory board includes members of parliament, senior public officials, business leaders, researchers, consultants and NGO representatives. With its focus on land policy, particularly actions related to the financing of urban development and residential social integration, this board will identify relevant national land policy objectives and adequate strategies to reach them, including activities in the areas of training, applied policy research and dissemination of the results.

The board’s first task is to promote broad discussion of the draft reform of major urban laws and policies that the government recently sent to the Chilean Parliament. Since the late 1970s, when the urban and land market liberalization policies were applied under the military dictatorship, the debate on urban policies has fallen nearly silent, and Chile has lost its regional leadership position on these issues. Overly simplistic notions about the operation and potential of land markets, and especially about the origins of residential segregation (due in part to ideological bias), have contributed to this lack of discussion. Both land markets and the processes of residential segregation must be seen as arenas of critical social and urban importance. We want to reintroduce Chile into this debate, which has been facilitated by the Lincoln Institute’s Program on Latin America and the Caribbean and its networks of experts over the past 10 years.

References and Resources

Sabatini, Francisco, and Gonzalo Cáceres. 2004. Barrios cerrados: Entre la exclusión y la integración residencial (Gated communities: Between exclusion and residential integration). Santiago: Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile.

———. Forthcoming. Recuperación de plusvalías en Santiago de Chile: Experiencias del Siglo XX. (Value capture in Santiago, Chile: Experiences from the 20th century). Santiago: Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Sabatini, Francisco, Gonzalo Cáceres and Gabriela Muñoz. 2004. Segregación residencial y mercados de suelo en la ciudad latinoamericana. (Residential segregation and land markets in Latin American cities). CD-ROM.

Espaço e debates. 2004. Segregações urbanas 24(45).

In October 2007 Peking University Provost Lin Jianhua and I signed an agreement to establish the joint Lincoln Institute of Land Policy–Peking University Center for Urban Developmentand Land Policy. Lincoln Institute and Peking University established this joint center to provide support for education, training, and research in urban economics, land policy and management, property taxation, local government finance, and urban and regional planning. The mission of the center is to study land, urban, and fiscal policies; to disseminate results from its studies and research; and to facilitate education, training, policy analysis, and research involving scholars, policy makers, and practitioners.

Daniel McMillen has a joint appointment in the Department of Economics and the Institute of Government and Public Affairs at the University of Illinois. He is also a visiting fellow in the Department of Valuation and Taxation at the Lincoln Institute of Land Policy. Before moving to Urbana-Champaign, he was a member of the economics departments at the University of Illinois at Chicago, University of Oregon, Santa Clara University, and Tulane University. McMillen received his Ph.D. in economics from Northwestern University in 1987.

Since 2005, McMillen has worked on a number of Lincoln Institute projects, including two David C. Lincoln Fellowships with Rachel Weber, a member of the Urban Planning and Policy Department at the University of Illinois at Chicago. He has also collaborated with Richard F. Dye of the University of Illinois on a series of Lincoln-sponsored projects on land valuation and assessment limitation measures.

McMillen has been co-editor of Regional Science and Urban Economics since 2007. He also serves on the editorial boards of other leading journals in urban economics, real estate, and regional science, and as a consultant for the Federal Reserve Bank of Chicago. He directed the Center for Urban Real Estate at the University of Illinois at Chicago from 1999 to 2005, and has served on the board of the American Real Estate and Urban Economics Association.

Land Lines: How did you become associated with the Lincoln Institute of Land Policy?

Daniel McMillen: I first came to the Lincoln Institute in 1989 for a conference on “Growth Management and Land Use Controls.” It was an honor to be invited there as a relatively new assistant professor and to have the chance to meet many leading urban and public finance economists. I returned for another conference in 1996. I was impressed by the quality of the research being conducted by and for the Lincoln Institute on land use, land and property taxation, and the regulation of land markets. When I had a sabbatical in 2005–2006, the Lincoln Institute seemed like an ideal place to work. I spent much of that year in Cambridge, and have been involved regularly ever since.

Land Lines: What was the first project you conducted for the Lincoln Institute?

Daniel McMillen: I began working with Richard F. Dye on a study of teardowns and land values in the Chicago metropolitan area. A teardown is a property that is purchased solely to replace the existing structure with a new one. Teardowns have been remarkably controversial because they drastically alter the character of long-established neighborhoods. In 2006 the National Trust for Historic Preservation declared Chicago to be the “epicenter” of teardown activity, so the city offered an ideal setting for such a study.

We collected data on sales and demolition permits for homes in Chicago and several suburbs. An assessment file including the structural characteristics of each home allowed us to test a key prediction of theoretical models of demolitions—that is, when a home is purchased as a teardown, it is valued only for the land on which it rests. Our results supported this theory by showing that structural characteristics did not influence the sale prices of teardown properties.

This study has important practical implications because it suggests that teardowns can be used to estimate land values in areas where many homes are being demolished and replaced by new structures. One of the impediments to a land tax is the difficulty of estimating land values in built-up areas where there are few sales of vacant land. Teardowns may help make land taxation feasible in large urban areas that are undergoing redevelopment.

Land Lines: What other research topics have you investigated?

Dan McMillen: I have worked on a series of projects with Rachel Weber analyzing property assessments in Chicago. In a paper published in the National Tax Journal, titled Thin Markets and Property Tax Inequities: A Multinomial Logit Approach, we developed a new approach for determining whether property assessments are regressive in the sense that assessment ratios tend to be lower for higher-priced properties. We use a statistical (logit) model to estimate the probability that a property will have an assessment ratio in the upper or lower end of the distribution rather than in the middle. Although we do find evidence of regressivity, we also find that assessments tend to be much more accurate in neighborhoods with a large number of sales. Thin markets—areas with few sales—have a much higher probability of both unusually high and unusually low assessment ratios.

In subsequent work to be published in the Public Finance Review, titled Ask and Ye Shall Receive? Predicting the Successful Appeal of Property Tax Assessments, we develop an empirical model of the appeals process for property assessments. We find that thin markets have many more appeals and a higher proportion of successful appeals than areas with many sales. Taxpayers who appeal their assessments tend to live in moderate-income neighborhoods in newer, larger homes with assessments that increased significantly since the previous reassessment year. In contrast, successful applicants tend to live in smaller, older homes and in neighborhoods that have experienced relatively slower rates of property appreciation.

Land Lines: What conferences have you organized for the Lincoln Institute?

Daniel McMillen: For several years, I have helped organize the conference “Recent Advances in Urban Economics and Public Finance,” at which many of the leading researchers in urban economics and public finance present new work. The conference provides the opportunity for authors to summarize their papers and receive useful feedback from an enthusiastic, knowledgeable audience.

The conference includes both established and emerging scholars. It was very important to me to meet recognized scholars when I was an assistant professor at the University of Oregon, and I want to return the favor by using these conferences to help junior scholars meet more established researchers.

This year Daphne Kenyon, another Lincoln Institute visiting fellow, and I formalized this mentoring goal by introducing a junior scholars program that matched young assistant professors with the editors of key urban economics and public finance journals, including Regional Science and Urban Economics, Public Finance Review, the Journal of Regional Science, Real Estate Economics, and the National Tax Journal. After a session with the full panel of editors, each junior scholar met individually with one of the editors, who provided comments on a working paper the scholar had prepared. The junior scholars came from a variety of universities and organizations, including the University of Michigan, the University of Southern California, the University of Oklahoma, Georgia State University, the University of Georgia, Winthrop University, Washington University, and the Federal Reserve Board.

Land Lines: How has your association with the Lincoln Institute influenced your research?

Daniel McMillen: I have published many papers that deal directly with issues of land use, land and property taxation, and land policies. My association with the Lincoln Institute has encouraged me to think more about the policy implications of my research and to expand its potential audience beyond academic economists.

For example, I wrote a paper on the costs and benefits of teardowns for Land Lines (July 2006) as a direct result of a presentation for the Lincoln Lecture Series. A surprising number of people in the audience were convinced that teardowns should be heavily regulated because they could never generate any benefits. However, teardowns may also offer new tax revenues, an improved housing stock, and perhaps even reduced urban sprawl. Economists become so used to thinking in terms of costs and benefits that they tend to take it for granted that others use the same framework to analyze issues. Although I think a strong case can be made for regulating teardowns, this kind of experience helps me realize how vital an economist’s perspective can be in shaping policies that lead to good outcomes.

The Lincoln Institute has also encouraged me to think about the implications of my research for assessment practices. When I presented my work on teardowns in an Institute-sponsored session at the International Association of Assessing Officers (IAAO) conference in 2005, the participants were very interested in using teardowns to improve land assessments. They wanted to know what data would be required and what statistical procedures to use. This conference and subsequent contact with IAAO members provided inspiration and background for my work on assessment regressivity and assessment appeals.

My Lincoln Institute affiliation has also led to contacts with legislators and other policy makers. Richard Dye, David Merriman, and I produced a study for the Illinois Department of Revenue that analyzed the effects of Cook County’s cap on the growth rate of residential property assessments. This work motivated a 2007 conference on assessment limits held at the Institute where academics, local government officials, and state legislators heard presentations about the experience with assessment limits in Colorado, Idaho, Illinois, and Minnesota.

One lesson from the conference was that assessment limits have important distributional effects that transfer taxes from fast-growing areas to those with low rates of appreciation, or from residences to commercial or industrial properties. This conclusion surprised many people who thought that assessment limits simply lowered property taxes for everyone. To share this work with a broader audience, Richard Dye and I wrote a Land Lines article (July 2007), titled Surprise! An Unintended Consequence of Assessment Limitations, in which we presented the algebra and explanations behind such policies.

Land Lines: What are your current projects for the Lincoln Institute?

Daniel McMillen: I am returning to my work on teardowns. I am working with Arthur O’Sullivan, professor of economics at Lewis & Clark College, to develop the implications of an options model of teardown investments. The basic implication is that the sales price of a property can be decomposed into the value of the land and the value of the structure, with the weights to each component depending on the probability that the structure will be demolished. Whereas land accounts for the entire value of a property when the structure will be demolished immediately, structural characteristics have more influence on the sales price when the owner is likely to live in the home for some time. We are now testing these implications using updated data on property sales in the Chicago area.

I am also extending my work on assessment practices by developing new statistical procedures to analyze the distribution of assessment ratios. My preliminary results suggest that the variance of assessment ratios is much higher at very low sales prices and that assessments tend to be more accurate for relatively high-priced properties. I am working to develop a set of computer programs that will make the analysis of assessment ratio distributions readily accessible to assessors and other practitioners.

We plan to continue our junior scholars program as a companion to the Urban Economics and Public Finance conference. These conferences play an important role in mentoring young scholars and in helping to introduce the Lincoln Institute to academic researchers, which my own experience shows can be a formative intellectual experience.

La reciente recesión ha sido reconocida como la peor de que hayamos tenido memoria, y sus efectos todavía se están sintiendo. Lo que no se comprende tan bien es que esta recesión ha sido mucho peor para los gobiernos estatales de lo que se podría inferir por la caída en el producto interno bruto (PIB). Si bien las finanzas de los gobiernos estatales han dejado de desplomarse, siguen estando más cerca del fondo del precipicio que de su cima. Las recaudaciones de impuestos no han recobrado sus niveles previos a la recesión, y la demanda de nuevos ingresos puede llegar a abrumar cualquier mejora provisional en las cobranzas. Aun cuando los estados puedan superar estos desafíos, el camino hacia la recuperación fiscal será largo y lento, con varios y grandes riesgos en la andadura.

Los gobiernos estatales y locales juegan un papel importante en la economía y en nuestra vida cotidiana. Financian más del 90 por ciento de la educación primaria y secundaria, y proporcionan casi toda ella. Las universidades públicas educan a tres cuartos de los estudiantes inscritos en instituciones académicas. Los gobiernos estatales y locales supervisan, diseñan y construyen más del 90 por ciento de la infraestructura pública del país. Financian gran parte de la red de seguridad social de la nación y también implementan gran parte de ella. De hecho, los gobiernos estatales y locales gastan más en la implementación directa de políticas internas que el gobierno federal.

Los servicios financiados y proporcionados por los gobiernos estatales y locales tienden a tener una demanda estable y generalmente creciente. Cuando llega una recesión, no se reduce la cantidad de niños en la escuela o de ancianos en residencias para la tercera edad –dos de las áreas de gasto más importantes para los gobiernos estatales y locales– ni la cantidad de incendios o delitos. Para programas como Medicaid o educación universitaria, por ejemplo, la demanda de los tipos de servicios proporcionados por los gobiernos estatales y locales aumenta precisamente durante las recesiones. A menos que los estados puedan corregir las estructuras de ingresos o desarrollar las reservas adecuadas, la política pública seguirá sufriendo los vaivenes de cada giro de la economía.

La disminución en la recaudación de impuestos estatales

La Gran Recesión que comenzó en diciembre de 2007 fue la recesión más profunda y prolongada desde la Gran Depresión de la década de 1930. La tasa de desempleo subió al 10,1 por ciento y sigue siendo obstinadamente alta, cayendo sólo al 9,1 por ciento después de dos años de recuperación. Las recaudaciones de impuestos estatales se desplomaron, cayendo por cinco trimestres consecutivos desde el último trimestre de 2008 hasta finales de 2009. Las recaudaciones de impuestos cayeron vertiginosamente un 16,8 por ciento en el segundo trimestre de 2009, y en los años siguientes disminuyeron aún más, y más rápidamente, que en cualquier otra recesión habida desde la Segunda Guerra Mundial (figura 1).

La reciente caída en el PIB ha sido significativa en comparación con recesiones pasadas, pero las caídas en el consumo tributable y en los ingresos personales, dos componentes que constituyen la base tributaria de los gobiernos estatales y locales, han sido mucho peores. El consumo tributable cayó alrededor del 11 por ciento, mientras que el PIB cayó alrededor del 5 por ciento. Los componentes tributables de los ingresos personales también cayeron mucho más que la economía en general, y siguen languideciendo más del 5 por ciento por debajo del auge previo a la recesión, lo cual refleja que no ha habido recuperación en el empleo.

Si bien esta ha sido la peor recesión desde la posguerra según los patrones económicos tradicionales, estas formas de medir no cuentan toda la historia. Las ganancias de capital, un componente importante de las bases tributarias de los estados, no forman parte de los ingresos personales en las cuentas económicas de la nación. Estas ganancias han aumentado en importancia y son una de las causas principales de la mayor volatilidad de las finanzas estatales. Las ganancias de capital cayeron más del 55 por ciento, impulsando la caída de la recaudación de impuestos en el trimestre final del año fiscal 2009, cuando se presentaron las declaraciones de impuestos que correspondían al colapso de la bolsa en 2008.

El resultado neto de estas y otras fuerzas fue una enorme disminución en los impuestos estatales sobre los ingresos, las ventas y las corporaciones. La figura 2 ilustra cómo los impuestos anuales sobre los ingresos cayeron más del 15 por ciento cuando se los ajusta por la inflación; los impuestos sobre las ventas cayeron más del 10 por ciento; y los impuestos corporativos cayeron más del 25 por ciento. Los impuestos sobre la propiedad, que son cruciales para los gobiernos locales pero, en general, no son una fuente significativa de ingresos para los estados, permanecieron bastante estables durante todo el período, si bien están comenzando a debilitarse y en algunas partes del país han caído significativamente.

Una lenta recuperación

La recesión terminó en junio de 2009 y la economía se ha estado recuperando lentamente. La recaudación de impuestos estatales creció en cada trimestre del año natural 2010, y el carácter de este crecimiento ha mejorado con el tiempo. En los primeros dos trimestres de 2010, los incrementos en las tasas tributarias compensaron con creces las caídas causadas por la debilidad económica subyacente, pero en los últimos dos trimestres el crecimiento de los ingresos tributarios ha sido impulsado principalmente por una mejoría en la economía. En el cuarto trimestre, los ingresos tributarios crecieron un 7,8 por ciento, pero incluso sin los aumentos en las tasas tributarias hubieran crecido un 7,0 por ciento. Los ingresos tributarios del trimestre de enero a marzo de 2011 crecieron un 9,3 por ciento en comparación con el año anterior, y 21 estados tuvieron un crecimiento mayor del 10 por ciento. Los datos preliminares para el trimestre de abril a junio muestran que las recaudaciones tributarias aumentaron un 11,4 por ciento.

Los ingresos tributarios estatales con inflación ajustada para el país en general en los últimos cuatro trimestres (que finalizan en el primer trimestre del año natural 2011) fueron un 7,7 por ciento menores que el pico alcanzado en 2007. El considerable crecimiento observado en los primeros dos trimestres de 2011 probablemente no se podrá sostener mucho más porque parece haber sido impulsado por las ganancias en la bolsa del año fiscal 2010, inflando las declaraciones de impuestos en el segundo trimestre. Casi con seguridad estas ganancias no se repetirán en 2011.

Además, las turbulencias en los mercados de deuda europeos y la reciente rebaja de la deuda a largo plazo de los Estados Unidos por parte de Standard & Poor’s han contribuido al temor de que se produzca una segunda recesión. Existen señales de que el crecimiento económico será más lento de lo que la mayoría de estados había supuesto en sus presupuestos actuales. Los estados están más cerca del fondo del precipicio que de su cima, y corren el riesgo de volver a caerse. Mientras tanto, hay algunos signos de que los ingresos tributarios de los gobiernos locales también están comenzando a debilitarse.

Si bien los ingresos tributarios están creciendo ahora en la mayoría de los estados en comparación con las bajas tasas de recaudación del año anterior, no han alcanzado todavía los niveles previos a la recesión. Después de ajustarlos a la inflación, los ingresos tributarios para los últimos cuatro trimestres están por debajo del nivel del año natural 2007 en 43 estados, y los ingresos son por lo menos 10 por ciento menores que dicho nivel en 20 de estos estados. Entre los siete estados que muestran un giro positivo en la recaudación de impuestos, sólo Oregón (8,9 por ciento), Delaware (13 por ciento) y Dakota del Norte (62,9 por ciento) muestran niveles superiores al 2 por ciento.

Reacciones de los gobiernos estatales y locales

Los estados que han sufrido una reducción en sus ingresos también han visto subir el costo de sus programas sociales, debido en gran parte a la inscripción en Medicaid, que siempre aumenta después de que los trabajadores desempleados agotan sus prestaciones de seguro de salud. Según la Asociación Nacional de Funcionarios Presupuestarios Estatales (2011, ix), la inscripción en Medicaid aumentó un 8,1 por ciento en el año fiscal 2010, y se estima que aumentará un 5,4 por ciento en el año fiscal 2011; los estados proyectan un incremento adicional del 3,8 por ciento en el año fiscal 2012. Estos y otros tipos de gastos necesarios producen aún más tensiones en las actividades cotidianas de los gobiernos estatales y locales.

Es difícil medir el impacto de los recortes de gastos sobre los programas estatales y locales, pero sí se pueden medir los cambios en el nivel de empleo de los gobiernos estatales y locales. Si bien en el sector privado el empleo cayó significativamente desde el comienzo de la recesión, el empleo en los gobiernos estatales y locales siguió creciendo modestamente durante alrededor de un año y medio. Poco antes de que el empleo en el sector privado alcanzara su nadir, el empleo en los gobiernos estatales y locales comenzó a disminuir, y han tenido que recortar el empleo de manera agresiva. El nivel de empleo en los gobiernos locales es ahora un 3 por ciento menor que el pico, y el empleo en los gobiernos estatales es alrededor del 2 por ciento menor que el pico.

Los puestos de trabajo en educación en la mayoría de los estados están relacionados principalmente con la educación superior –universidades comunitarias, universidades de licenciatura y universidades con cursos de posgrado– si bien parte de ellos corresponden a la burocracia administrativa de la educación primaria y secundaria, y en algunos estados incluye parte de la fuerza de trabajo de ese sector educativo. El empleo en educación de los gobiernos estatales ha seguido creciendo significativamente durante la recesión y la recuperación, reflejando en parte el aumento en la demanda de educación terciaria que normalmente se produce en las recesiones (figura 3). Cuando es difícil encontrar trabajo, muchas personas deciden aumentar su nivel de destrezas y conocimientos inscribiéndose en un programa educativo o prolongando su estadía en la universidad (Betts y McFarland, 1995).

Mientras tanto, los gobiernos estatales han estado recortando el empleo no relacionado con la educación a pasos acelerados, de tal manera que ha bajado ahora casi un 5 por ciento desde su pico a mediados de 2008, casi comparable con lasituación actual de recuperación leve del empleo en el sector privado. En cada una de las nueve recesiones previas, el empleo no relacionado con la educación en los gobiernos estatales no disminuyó en absoluto o lo hizo en mucha menor medida, como fue el caso, por ejemplo, en la recesión de 2001.

La figura 4 muestra los mismos datos de empleo para los gobiernos locales, que están sufriendo cada vez más por la disminución de los impuestos sobre la propiedad y los recortes de ayuda estatal. El empleo en educación es ahora un 3,5 por ciento menor que el pico producido a finales de 2008, y el sector no relacionado con la educación ha caído un porcentaje similar con respecto al pico. No hay señales de que estos recortes se estén frenando, y hay pocas razones para pensar que vayan a remitir a corto plazo.

Las presiones fiscales continúan

La reciente mejoría de los ingresos tributarios estatales es bienvenida, pero siguen quedando varios desafíos. Los estados tienen problemas fiscales por cuatro razones principales. Primero, los ingresos totales siguen estando muy por debajo de su pico. Segundo, la recesión ha provocado efectos fiscales demorados, aumentando la demanda de muchos servicios gubernamentales, sobre todo Medicaid, otros programas de la red de seguridad, y la educación superior. La recesión también ha creado otras presiones y problemas para los estados al vaciar los fondos de fideicomiso del seguro de desempleo, lo cual puede llevar a imponer impuestos mayores para los seguros de desempleo con el fin de poder pagar los préstamos federales.

Tercero, los ajustes estatales cíclicos no se han completado aún, porque tienen que contabilizar las pérdidas del estímulo federal de más de US$50.000 millones en el año fiscal 2011–12 y el vencimiento de las medidas temporales de aumento de ingresos que se promulgaron en respuesta a la recesión. Cuarto, aun después de que este ciclo se estabilice por completo, los estados tendrán que enfrentarse con grandes aumentos en contribuciones de pensiones y pagos para la salud de los jubilados –una presión que probablemente se irá acumulando en los años venideros por varias razones como el aumento en la cantidad de jubilados debido al envejecimiento de la fuerza de trabajo; la probabilidad de que los costos de salud aumenten más rápidamente que la economía en general (Keehan et al. 2011); y, en el caso de algunos sistemas de pensiones y la mayoría de los planes de salud para jubilados, muchos años de subfinanciamiento crónico.

Los estados financian estos servicios con fuentes de ingresos inestables, y los ingresos tributarios se han hecho mucho menos confiables en las últimas dos décadas, reflejando en gran parte la participación cada vez mayor de los impuestos volátiles sobre la ganancia de capital. A menos que los estados puedan ampliar sus bases tributarias para que sus estructuras de ingresos sean menos volátiles, o desarrollar reservas adecuadas, la política pública seguirá sufriendo los vaivenes de cada giro en la economía.

Sobre El Autor

Donald Boyd es el director ejecutivo del Comité de Tareas Nacional sobre la Crisis en los Presupuestos Estatales, cuyos presidentes son el expresidente de la Junta de la Reserva Federal, Paul Volcker, y el exvicegobernador de Nueva York, Richard Ravitch. Boyd se encuentra actualmente bajo licencia de sus responsabilidades como senior fellow en el Instituto de Gobierno Rockefeller, donde realiza investigaciones sobre temas fiscales de los gobiernos estatales y locales.

Referencias

Betts, Julian R., and Laurel L. McFarland. 1995. Safe port in a storm: The impact of labor market conditions on community college enrollments. Journal of Human Resources 30(4):741–765.

Boyd, Donald. 2011. Recession, recovery, and state and local finances. Working Paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Keehan, Sean P., Andrea M. Sisko, Christopher J. Truffer, John A. Poisal, Gigi A. Cuckler, Andrew J. Madison, Joseph M. Lizonitz, and Sheila D. Smith. 2011. National health spending projections through 2020: Economic recovery and reform drive faster spending growth. Health Affairs 30(8): 1594–1605.

National Association of State Budget Officers. 2011. The fiscal survey of states. Washington, DC. http://nasbo.org/Publications/FiscalSurvey/ tabid/65/Default.aspx

More than two decades have passed since a government-led megaproject set out to transform Puerto Madero, the oldest sector of the port district at the mouth of the River Plate in Buenos Aires, Argentina. Once a center of decay that was hastening decline in the adjacent downtown, Puerto Madero is now a tourist icon and hub of progress, drawing in residents and visitors alike to its park and cultural amenities, housing approximately 5,000 new inhabitants, and generating 45,000 service jobs. Home to a number of new architectural landmarks—including Santiago Calatrava’s Woman’s Bridge (Puente de la Mujer) and César Pelli’s YPF headquarters—the redeveloped port has contributed to the reactivation of the city center, influencing development trends throughout the Argentinean capital.

Encompassing 170 hectares near the downtown presidential palace (Casa Rosada), Puerto Madero was one of Latin America’s first urban brownfield renewal projects of this scale and complexity. The project was conceived as part of a wider strategy for city-center development that also included changes in land use regulations, building refurbishments, and social housing in heritage areas. This article draws on two decades’ worth of evidence and experience with the project to examine the extent to which Puerto Madero has achieved its central objectives: to contribute to the reversal of undesirable development patterns in the city, assert the downtown as the eminent center of Buenos Aires, stimulate the local economy, and improve the living conditions of all porteños.

The Port in Crisis

Puerto Madero was abandoned as a port at the beginning of the 20th century, when operations transferred to Puerto Nuevo. By the late 1980s, Puerto Madero had suffered several decades of neglect and underutilization. The federal General Administration of Ports owned the land, but the city and national governments both had jurisdiction over planning. Similarly, greater Buenos Aires—home to 35 percent of Argentina’s population and producer of 46 percent of its GDP—is governed by an overlapping set of institutions that often have trouble coordinating. To simplify this inter-jurisdictional governance, a public limited corporation, with shares divided equally between the national and city governments, was formed to manage the project. In 1989, the federal government transferred ownership of this sector of the port to the new corporation, CAPM (Corporación Antiguo Puerto Madero).

After receiving the federal land transfer, the role of CAPM was to develop the site plan, define a self-funded financial model, undertake the site improvements associated with the project, commercialize the land, and supervise the development process in accordance with the established time frames and guidelines of the master plan. Unlike similar ventures elsewhere in the world, which generally rely on substantial public financing or access to credit, CAPM by decree would receive no public resources besides the land transfer and would generate its own revenue to cover operating costs. The port redevelopment could not have happened otherwise, as the federal government was focused on fiscal recovery and job creation amidst a nationwide economic crisis.

Context and Chronology of the Megaproject

As in most Latin American cities, the displacement of activities from Buenos Aires’s traditional downtown had curtailed use of the public transit system and led to the slow decline of historical buildings, many of which had lapsed into substandard housing. The proposed redevelopment of Puerto Madero was part of the city’s broader strategy to protect heritage, promote downtown development, stimulate the local economy, and contribute to the reversal of these undesirable settlement patterns.

Development took place in four stages. During the first phase (1989–1992), CAPM sold the old docklands on the western end of the port, initiating the redevelopment process and covering initial project costs. In 1991, the city and Society of Architects signed an agreement to facilitate the Puerto Madero National Ideas Competition. In 1992, the three winning teams collaborated to create the Draft Urban Project for Puerto Madero. The redevelopment required a new subdivision geometry that would allow for construction without requiring the demolition of valuable landmark structures. Many of the historical port buildings, such as the warehouses, would be restored with new functions, thereby combining valuable historic patrimony with new development.

During the second phase (1993–1995), the winners of the Ideas Competition were awarded the master plan contract. The original proposal called for the development of 1.5 million square meters of floor area concentrated in a central location to help revive the downtown. With a 20-year horizon, the plan comprised commercial activities, cultural and recreational facilities, cafes, restaurants, amenities, professional studios, and medium-sized commercial activities (e.g. printing, packaging, and storage companies), which the 16 renovated former port warehouses could adequately accommodate. Provisions for green space, to compensate for an observed deficit in the extended city center, included a metropolitan central park, ecological reserve, and rehabilitated southern esplanade. Given the original assumption that office buildings would predominate, the number of anticipated dwelling units was to be fewer than 3,000. (Residential use experienced higher demand, however, leading to approximately 11,000 dwellings units today.)

During the third phase (1996–2000), most of the public works were built, and project expenditures peaked along with land sales. Throughout this phase, the cost per square meter of construction did not vary significantly, oscillating from around $150 to $300 per square meter up to the end of the decade. (Note: All prices are in U.S. dollars.) By this third phase, the investor profile had evolved from an initial pioneer group of small and medium firms that faced high levels of risk (1989–1993) to large firms that invested in proven products. By 2001, there was little public land left to sell, and the public corporation had enough liquid assets to complete the public works required by the project.

The fourth phase of development includes two segments, from 2001 to 2003 and from 2004 to today. Initially, the project suffered from the economic, financial, and political turmoil associated with the 2001 fiscal crisis propelled by the government’s default on its external debt payments. Throughout that period, CAPM faced high levels of governmental uncertainty, and land sales stalled. After the 2003 presidential elections, however, the country resumed international negotiations, restructured its external debt, and significantly improved economic conditions. Simultaneously, CAPM was able to resolve litigation on some parcels, which it then proceeded to sell, using the revenues to complete the public works on site.

As the land in Puerto Madero became scarce, developers looked to the surrounding downtown areas as alternative investment locations. The scale and complexity of the port redevelopment attracted investors with closer links to national and international financial markets. Many developers chose to invest downtown instead of in the suburbs. Thus the project succeeded in redirecting market trends to align with urban policy priorities—a shift that would not have happened without state intervention.

Project Achievements

Now the project is almost complete, with approximately 1.5 million square meters of floor area as planned. From start to finish, project funds were derived entirely from land sales and concessions.

By 2011, CAPM had sold approximately $257.7 million worth of property and invested $113 million in public works, with an overhead of about $92 million, including management fees and other operating expenses. Land prices escalated from $150 in the early 1990s to $1,200 per square meter today, and the project has attracted considerable private investment in addition to the state’s land transfer.

The project added four major bodies of water totaling 39 hectares and 28 hectares of green space to the city’s parks system. It also facilitated the opening of the ecological reserve and enabled renewed access to the southern esplanade, the Costanera Sur, designed at the beginning of the 20th century by Jean-Claude Nicolas Forestier, who designed Paseo de Prado in Havana, Cuba. The adjacent downtown again serves as the undisputed reference point for public office and high-level administrative, financial, and commercial activity.

Puerto Madero spurred local economic growth, which has ultimately translated into higher tax revenues. As a state initiative, it triggered more than $2.5 billion of private investment, with a present value exceeding $6 billion. Although a full accounting is not available, revenues from corporate income taxes are estimated at $158 million, and taxes paid by the public corporation are $19.86 million. The new property owners pay approximately $12.4 million per year in property taxes to the city government. Once construction is complete, property tax revenues are expected to reach $24.3 million per year.

The project also stimulated job market growth. To date, private construction in Puerto Madero involved about $450 million in labor costs—the equivalent of 900,000 months of work or 3,750 jobs per year distributed over 20 years. The project investments in public works created 313 jobs per year for 20 years plus 26,777 administrative jobs as of 2006 and 45,281 services jobs by 2010. These figures demonstrate the vital role the project has played in stimulating the local economy.

Diminished Returns

Despite the overall success of Puerto Madero, its social outcomes are considered unsatisfactory by many observers. Largely to blame was the fast sale of big land parcels during the most dynamic sales period, from 1996 to 1999. Some of these parcels were the size of an entire city block and are now occupied by towers that function in some ways like vertical gated communities. Furthermore, large, fully equipped firms were needed to perform the tremendous volume of construction, which excluded smaller and medium-sized companies. Thus, the morphology of large land parcels essentially defined the types of businesses and products being offered as well as the social profile of prospective buyers.

Moreover, the marketing strategy of private developers colored the general project discourse, diluting socially inclusive public policy objectives in favor of creating an exclusive neighborhood. Wealthy citizens and high-end entrepreneurs covet Puerto Madero’s residential and commercial spaces. CAPM has difficulty protecting the public character of even the district’s new open spaces, such as the ecological reserve, as affluent port district residents strongly discourage entertainment and sport activities that would appeal to all porteños citywide. In this regard, CAPM limited itself to articulating the interests of private entrepreneurs and current residents and ignored policies designed to benefit many inhabitants of the city. Affordable housing and other elements that would have ensured diversity in the residential demographics were not part of CAPM’s mandate. Several social programs with this objective were planned as part of the broader downtown strategy, but they did not materialize, isolating Puerto Madero as an elite development area.

The project scale of Puerto Madero, which would have been risky and unmanageable for private investors at the time, proves that the public sector can assume a leading role in developing the city. It also demonstrates, however, that socially progressive standards are difficult to maintain once a project becomes prestigious and rising land values increase the pressure from private developers. Puerto Madero’s ability to self-finance was a double-edged sword. On the one hand, it enabled a state-led development process without incurring government costs. Because the public corporation could defer the payment of dividends to shareholders, it was able to capitalize on the proceeds of land sales and reinvest in site works and public amenities. The open and accessible neighborhood, dotted with public infrastructure and open space, largely protected the public interest. Furthermore, the project stimulated economic activity and contributed to a more efficient overall development pattern citywide, fulfilling two important public policy objectives.

Outcomes would have improved if financial support from multilateral agency loans had been available, to better pace the rhythm of sales and enable long-term decisions that would enhance the public benefit of the project. Flexible bidding requirements on large plots in the second half of the 1990s increased sales but ensured that the majority of the incremental land value from the last increase in real estate prices accrued to the large investors who commited early.

In 2011, CAPM transferred the maintenance of all developed areas to the city and determined to complete the remaining public works by 2013. Today, CAPM’s income and expenditure are balanced; income is limited to rents from the piers and the parking lots. Corporate assets include several properties (offices, lots) whose proceeds constitute the company profit and whose market value is estimated at $50 million. These profits could seed new capital ventures or be transferred to shareholders when they decide to dissolve CAPM. The soundness of CAPM’s financial statements is verified, though the criticism it inspired during the development of Puerto Madero may cost it access to new ventures from the government.

The initial public investment in Puerto Madero was $120 million, including the land (originally assessed at $60 million) and a set of intangible services such as project design, expertise, and consulting. Total land sales amounted to $257.7 million with a general cost (administration, taxes) of around $92 million (excluding start-up costs, which did not involve monetary transactions), which leaves a modest rate of return. Although prices should have been promotional during the initial stage of development, sale values could have increased over time, if sales had been timed to take advantage of increased market prices. Higher rates of return would have required higher average sales value, better paced land sales, and more modest public works commitments, such as infrastructure, public space, and parks. CAPM could have saved considerably if construction of bridges and walkways had not extended beyond the project perimeter, under municipal jurisdiction.

The results of the project would have differed greatly had the land been sold unimproved or had it landed in the hands of private developers. In this regard, it is important to note that at the time of project inception the risk was generally considered high, and the scale of investment surpassed the capacity of local private investors. Similarly, international investors would have been unwilling to take on such a high level of risk without major concessions on the part of the government. Furthermore, private developers were interested in promoting large projects with access restricted almost exclusively to owners. A number of final project attributes, such as the public space contributions and holistic character of the development, were guaranteed by the control exercised by the government via the public corporation to ensure benefits for the community.

Conclusion

The original objectives of the project—to stimulate economic activity, affirm the role of the city center, contribute to the reversal of undesirable development patterns, and improve living conditions—have arguably been met. Puerto Madero created jobs, stimulated the local economy, and brought higher levels of investment and complexity downtown, contributing to its supremacy and leading to improvements in the surrounding area. It created high-quality open space, enhanced the metropolitan park system, and improved the overall development pattern in Buenos Aires.

However, the relaxation of quality controls, wide scope of the projects, and rapid pace of land sales at certain times reduced potential project revenues accruing to the public sector and reduced the initiative’s redistributive capacity. Access to credit would have strengthened CAPM’s position and allowed the careful staging of land sales and site improvements. It is encouraging that residential occupancy has greatly exceeded original projections, consolidating a trend to repopulate the city center, though the project should have included a percentage of affordable housing.

These results reveal the complexity of undertaking multiple initiatives to achieve a balanced social outcome. Puerto Madero fell short of incorporating a greater social mix, because other strategies for the downtown, including the rehabilitation of heritage buildings, were unrealized. Future urban project management initiatives should contemplate factors that would ensure the continuity of policies. Within this framework, it is important to encourage participation among the beneficiaries of specific interventions, such as affordable housing, as their involvement and commitment is the strongest guarantor of policy continuity.

Finally, Puerto Madero indicates the state’s capacity to proactively lead the urban development process. In this case, the state stepped out of a regulatory role and took charge of a significant redevelopment initiative. CAPM demonstrated a capacity to sustain a complex urban regeneration project over a long period of time and stay afloat through a turbulent political climate and severe economic crisis. The creation of the public corporation represents a creative innovation in urban management, as it offers an example of how to achieve project self-financing and interjurisdictional cooperation in urban governance. In this regard, the Puerto Madero experience serves as a convincing model for interjurisdictional urban management and reaffirms the positive role that the state can play in city planning initiatives.

About the Authors

Alfredo Garay was secretary of planning in Buenos Aires when the Puerto Madero megaproject began, and he still serves on the board of CAPM. An architect and chair professor at the University of Buenos Aires, he has received numerous national and international awards for urban management and the assembly of large interventions.

Laura Wainer is an architect and urban planner in Buenos Aires. In 2012, she received a Fulbright Scholarship, the Delta Kappa Gamma International Fellowship, and the President’s Scholarship from the New School in New York. Contact: wainer.laura@gmail.com

Hayley Henderson has worked as an urban planner in Buenos Aires and Brisbane, Australia. She is now a PhD candidate in urban planning at The University of Melbourne, Australia. Contact: hayleyhen@gmail.com

Demian Rotbart is an architect, urban planner, and assistant professor of urban planning at the University of Buenos Aires. Contact: demian.rotbart@gmail.com

Shaping the Future of the American West

Summer Waters is the third director of Western Lands and Communities—a joint program established in 2003 by the Lincoln Institute of Land Policy and the Sonoran Institute to inform policy related to the use of land and natural resources in the Intermountain West. Summer has a B.S. in biology from the University of South Florida and an M.S. in civil engineering, with concentrations in environmental and water resources engineering, from the University of Colorado at Boulder. Before joining the Sonoran Institute, she spent 15 years working in urban planning and natural resources for government entities including the University of Arizona Cooperative Extension and the County of San Diego, where she won an Emmy award for coproducing an educational video.

LAND LINES: What attracted you to the challenge of directing this joint program between the Lincoln Institute and the Sonoran Institute?

SUMMER WATERS: The chance to help shape the future of the American West. The Lincoln Institute of Land Policy is a thought leader in this realm, and the Sonoran Institute is well known throughout the region for its dedication to collaborative work with local communities and other organizations. Our shared mission is ambitious, but each organization has complementary attributes that make it successful. Our mutual, longstanding commitment gives the joint program depth and flexibility.

LL: Why is this job the right one at the right time for you?

SW: My interest in the natural world led me to study biology as an undergraduate, and my desire for a solutions-oriented career led me back to school for engineering. After graduation, I gravitated toward planning, because it allowed me to work with both the natural and built environments. After gaining professional experience, I began to recognize how the use of land, water, and energy interconnects with economics and community development. And I appreciated Western Lands and Communities’ holistic approach to the challenges facing the region.

LL: Both the Lincoln Institute and the Sonoran Institute have recently undergone leadership changes. What challenges and opportunities does this transition afford you?

SW: Both Stephanie Sklar, the new CEO of the Sonoran Institute, and Lincoln Institute President and CEO George McCarthy are motivated leaders who inspire me personally and professionally. Stephanie is ambitiously embarking on a strategic planning process that will guide the Sonoran Institute through its 25th anniversary as an organization. Her breadth and depth of knowledge inform the process and ensure that we both celebrate and evaluate our work. George McCarthy is a courageous and visionary leader guiding the Lincoln Institute through a similar transition. His appreciation for the West was obvious when he recently visited our Phoenix office. He comprehends the challenges we are facing and the importance of demonstration projects, such as our Colorado River Delta Restoration effort, in shaping the future of this region.

LL: How is Western Lands and Communities contributing to the Sonoran Institute’s effort to restore the ecology and economy of the Colorado River Delta?

SW: Western Lands and Communities supports the implementation of Minute 319, the binational agreement between the United States and Mexico that guides the sharing and delivery of water on the Colorado River under the 1944 treaty through 2017. Perhaps the most significant event resulting from this agreement was the release of a “pulse flow” of 105,000 acre-feet of water into Mexico in the spring of 2014. This intervention was designed to mimic what would have been the Colorado River’s natural flow cycles under spring conditions, when snowmelt from the mountains once ran through what is now seven U.S. states and two countries, ultimately to the Sea of Cortez. This historic effort breathed life into the desiccated delta, and in May 2014 the river reached the sea for the first time in years. In the spring of 2015, we will convene a group of NGO representatives, academic professionals, and agency scientists at the one-year anniversary of this event. Participants will discuss the impact of renewed flows on critical ecosystem functions in the region and evaluate the implications of this temporary agreement between the U.S. and Mexico. Through this process, we hope to inform future policies related to the allocation of this precious resource to the natural environment.

LL: I understand this project fits into your broader agenda to conserve large landscapes. Tell us more about that effort.

SW: Public land ownership in the Intermountain West is vast. At first glance, a map of the region depicts a disconnected pattern of various land agencies and managers with very different missions and approaches. Working lands and tribal lands further complicate that scenario. Landscape-scale conservation relies heavily on the full range of people who live within this picture; in order to avoid “random acts of conservation,” and to achieve more coordinated and meaningful results, collaboration among public entities, individual land owners, and tribes is key. Fortunately, Westerners—regardless of political viewpoints, upbringing, or economic status—typically unite around a shared goal of preserving a way of life that is intertwined with the landscapes they inhabit. The way forward involves capitalizing on this shared vision, engaging communities in shaping their own future, and connecting practitioners with stakeholders in a meaningful manner.

LL: How does Western Lands and Communities help communities respond better to the major challenges for the future of the Intermountain West?

SW: The West faces essentially the same challenges as other areas of the United States, but under a unique set of circumstances. We have a growing population, which triggers changing economies and demographics. Both urban and rural areas struggle to balance growth with natural resource protection. Given the sheer scale and grandeur of the natural environment in the West, it is easy to view our vast natural resources as infinite—a misperception that can lead to sprawl and other issues associated with natural resource extraction. Our expansive landscapes also create specific challenges related to transportation, which contributes to climate change—a force that exacerbates all other problems. The joint program assists communities through the development of planning tools, webinars on smart growth and sustainable development topics, and compilations of successful case studies from communities across the West.

LL: Western Lands and Communities is engaged in exploratory scenario planning—a unique approach to long-range planning that explicitly challenges communities to evaluate their proposals against an uncertain future. How is exploratory scenario planning different from traditional planning, and how is it being applied in the West?

SW: Exploratory scenario planning is a process that encourages imagination in the planning process. Through the engagement of stakeholders, community members, and experts, we develop a variety of plausible scenarios and acknowledge the complex forces, such as climate change, that could lead to a significantly different future. We help participants to view their particular issues in terms of the broader social, political, economic, and natural forces that shape communities in general. While some scenarios currently seem more probable or desirable than others, each receives equal consideration throughout the workshops. Most importantly, this process is more flexible, engaging, and dynamic than traditional planning, requiring participants to develop multiple strategies in response to a spectrum of future uncertainties. Western Lands and Communities has helped communities across the West apply this approach to General Plan updates, watershed plan development, and preparation for the economic impacts of changing climate and weather conditions. Ultimately, exploratory scenario planning is designed to help communities adapt to change better by addressing complex issues that are embedded in great uncertainties. The foresight and strategies generated through this process prepare leaders to guide their communities toward a more sustainable future.

LL: What are the special challenges of planning for climate change in the Intermountain West and how have WLC’s approaches recognized those issues?

SW: In the West, climate change affects ecosystems that are predominately arid and often exhibit high variability, compounding problems. In the past, we have built large reservoirs to cope with fluctuating water supplies due to cycles of drought. But that solution is no longer sufficient, as we are seeing droughts of unprecedented severity punctuated by extreme floods. Communities must now tackle issues that could once be left to the federal government. They must determine for themselves how to cope with diminishing water resources, increasing temperatures, migrating ecosystems, and extreme weather. The approach that Western Lands and Communities takes is to help communities identify priorities and develop policies to create resilience.

We have to be cognizant of the fact that neighboring communities can be very polarized when it comes to climate change. While some communities have embraced the reality of it, others hold onto a past way of life that is essential to the character of the region, yet leaves little room for adaptation. The West has large populations of American Indians and Latinos who are particularly vulnerable to climate change impacts. We recently began working with urban Latino communities in Arizona to address their disproportionate exposure to the effects of global warming. We do this by convening leaders, crafting messages that resonate with Latino communities, and working with organizations to train community members to educate others on this topic. Every community is a little different, so we blend replicable methods with adaptive management.

LL: The scope of Western Lands and Communities’ work has widened considerably since it started with an exclusive focus on the needs, challenges, and opportunities for state trust lands. What is the significance of that original mission and the resulting relationship, built over time, with state trust land managers?

SW: Historically, state trust lands have been poorly understood by the general public and natural resource professionals alike, particularly with respect to their fiduciary responsibilities. People rely on state trust lands for their livelihoods, as do children and young adults who need access to quality public education. Here in Arizona, we have seen unprecedented cuts to funding for public schools and universities in recent years. Our work has brought greater understanding of state trust lands as a source of funding for public schools and as natural systems with important biological functions that need to be protected. Mitigation banking and land exchanges help to integrate state trust lands into the broader context of large landscape conservation and sustainable development. But most state trust lands managers face regulatory challenges when they try to implement conservation practices. Reform is necessary to remove barriers that hinder implementation of the full array of practices that provide for both conservation and profit.

The economic and environmental benefits of state trust lands will continue to be significant. Ultimately, our commitment to western communities through our work with state trust lands will remain intact. Although the focus of the program may change as states encounter new and different challenges, the need to educate people about the state trust land mandate to create value for the trust beneficiaries will remain constant in the years to come.

Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 4 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

Los instrumentos de captura de plusvalía, aunque difíciles de aplicar, son ampliamente reconocidos como mecanismos beneficiosos de planificación fiscal. En América Latina, Colombia se ha destacado por su larga y particular tradición de institucionalización de la captura de plusvalías mediante la contribución de valorización (una especie de tasación especial) y la contribución de desarrollo municipal (Ley 9 de 1989), la cual antecedió al actual instrumento de participación en plusvalías.

Desde 1921, año de introducción de la primera de estas leyes, Colombia ha desarrollado una cultura fiscal en la cual los ciudadanos están conscientes de los instrumentos de captura de plusvalía, y los aceptan como un mecanismo legítimo de recaudación de ingresos. Como ejemplo, en 1968 (en su época de mayor uso), la contribución de valorización representó el 16 por ciento de los ingresos municipales en Bogotá y aproximadamente el 45 por ciento en Medellín; a principio de la década de 1980 recaudó un 30 por ciento de los ingresos totales en Cali. No obstante, debido a que el suelo aún desempeña un papel importante como defensa contra la inflación en países como Colombia -donde los mercados de capital no están muy desarrollados-la puesta en práctica de tales instrumentos sigue enfrentando una fuerte resistencia política por parte de muchos y variados grupos de interés, desde propietarios y promotores poderosos hasta familias de bajos y medianos recursos para quienes la tierra es una importante fuente de ahorros.

Sobre la base de esta experiencia, la Ley 388 de 1997 que creó la participación en plusvalías decreta que todas las municipalidades deben diseñar y aprobar un plan maestro de diez años (el Plan de Ordenamiento Territorial o “POT”) y adoptar la plusvalía como una de las fuentes principales de ingresos del plan. Las entradas recaudadas por las plusvalías deberán utilizarse principalmente para la provisión de infraestructura y viviendas sociales a vecindades pobremente dotadas de servicios públicos, así como también para obras públicas de interés general. La ley establece tres condiciones administrativas para poder aplicar las plusvalías como parte del POT, a saber:

1. cambio de categoría de la tierra, especialmente cuando la tierra rural con bajo potencial de desarrollo es incluida dentro de los límites de crecimiento del plan maestro (y por consiguiente se designa como tierra para expansión urbana o como tierra suburbana);
2. autorización de derechos adicionales de desarrollo en un sector determinado; o
3. conversión del uso de un sector, especialmente de uso residencial a uso comercial.

La participación en plusvalías se basa en el derecho público y legítimo de participar en la captación de los aumentos del valor de la tierra generados por acciones administrativas tales como cambios en zonificación o densidad, que pueden generar ganancias sustanciales para el propietario de la tierra.Es importante notar que este instrumento no es un impuesto ni tampoco una contribución o tarifa, sino más bien un derecho de la comunidad a “participar” en los beneficios resultantes de las funciones gubernamentales orientadas a mejorar el desarrollo urbano. La Ley 388 y sus decretos acompañantes definen los parámetros generales para utilizar las plusvalías, pero se requiere que las municipalidades determinen sus procedimientos específicos. Sin embargo, a muchos alcaldes y funcionarios públicos les preocupan las ambigüedades de la ley, y les está costando el proceso de su aplicación, así como la del instrumento de plusvalías.

Con el objeto de abrir un espacio de debate sobre este problema entre funcionarios públicos y otros expertos, el Instituto Lincoln y el Departamento de Planeación de Bogotá organizaron un seminario en diciembre de 1999, antes de la fecha límite de aprobación del plan maestro legal (POT) (31 de diciembre). El seminario reunió a representantes de entidades y participantes activos en el proceso de ejecución, entre ellos directores de planificación de ciudades importantes, representantes de ministerios y organismos públicos nacionales, representantes de instituciones encargadas del avalúo inmobiliario, abogados y especialistas participantes en el diseño del instrumento. Un resultado inmediato del seminario fue la formación de un grupo de presión que logró cambiar la fecha límite al 30 de junio de 2000, alargando así el tiempo disponible para revisar las estipulaciones problemáticas del POT.

Aspectos claves de la implementación de la ley

Aplicación de plusvalías a diferentes situaciones.

La mayoría de los representantes municipales que asistieron al seminario coincidieron en que las plusvalías deben ser utilizadas únicamente en situaciones que redunden en ganancias claras y sustanciales, a fin de procurar una mayor aprobación por parte de los ciudadanos y de simplificar el proceso administrativo durante la primera fase de la ejecución. El consenso general es que los propietarios han aceptado la contribución de valorización y han estado dispuestos a pagar porque han entendido claramente que el aumento en el valor del suelo se debe a la inversión pública. En Bogotá, por ejemplo, la contribución de valorización ha sido una de las principales fuentes de financiamiento para la construcción de calles nuevas desde 1969.

En comparación, las plusvalías se aplican únicamente en situaciones en que el aumento en el valor de la tierra puede atribuirse específicamente a una decisión sobre el uso de tierra pública definida en el POT, tal como un cambio en la categoría de la tierra, su densidad o su uso. Una situación para la cual se evidencia el cambio en el precio de la tierra, es la extensión del perímetro urbano a fin de incluir suelo rural que podría desarrollarse en años subsiguientes. La mayoría de los representantes de municipalidades opinaron que este escenario es el más obvio para la aplicación de la ley, y que debe constituir el enfoque del instrumento durante su etapa inicial.

Exactitud de los avalúos del suelo.

La Ley 388 sugiere establecer la fecha de julio de 1997 (fecha de aprobación de la ley en el Congreso), como base de referencia para establecer las ganancias en el precio de la tierra. Sin embargo, aún no está claro cuándo ni por qué método los municipios podrán determinar el precio de la tierra en los años sucesivos. El problema es que el valor base inicial podría ya haberse alterado por los “rumores” que hayan corrido acerca de las designaciones de suelo en los planes maestros. En vista de ello se plantean varias interrogantes, por ejemplo: , ¿debería calcularse el valor antes de la circulación de rumores sobre los cambios urbanísticos, o justo antes de tomarse la decisión formal? ¿Cómo deberían las ciudades tratar los incrementos en el valor del suelo atribuidos a acciones ejecutadas entre esa fecha base y la aprobación del POT? ¿Cuánto tiempo dura la validez del avalúo? ¿Qué pasa después de cierto tiempo (por ejemplo, 15 ó 20 años)?

Estas preguntas adquieren aún más relevancia si consideramos que las normas del uso de la tierra establecidas recientemente en algunas ciudades ya han sido capitalizadas en precios de la tierra, y por ende han reducido sustancialmente los márgenes actuales para la aplicación de la participación en plusvalías.

Además, existen diferentes implicancias legales acerca de los valores relacionados que deben considerarse, es decir, el “uso real” versus el “mayor y mejor uso”. ¿En qué debe basarse el aumento del valor del suelo?: ¿en el uso potencial? ¿en el real? Y en lo que se refiere a la fórmula definida legalmente para hacer los avalúos, ¿debería aplicarse dicha fórmula al área potencialmente desarrollable, incluso si el constructor no está solicitando una autorización para desarrollar el sitio hasta su máxima densidad admisible? ¿Qué pasa si una propiedad avaluada en cierta fecha no se termina de construir? Aunque la ley define el concepto de zonas con características geoeconómicas similares, no está claro si el terrateniente puede solicitar legalmente que el avalúo se haga sobre la base de “propiedad a propiedad” o sobre la base de “zonas homogéneas”.

Otra fuente de preocupación la constituyen las estrictas fechas límites establecidas por la ley para calcular los precios comerciales antes del plan maestro y los nuevos precios de referencia después de la adopción del plan. Por ejemplo, la ley otorga a la alcaldía apenas cinco días después de la aprobación del nuevo POT para determinar los nuevos precios en las áreas afectadas, e impone además realizar todos los cálculos en el transcurso de los próximos 60 días. No está clara la estructura legal de adopción de procedimientos de costo simplificados que permitan efectuar los avalúos en áreas homogéneas de la ciudad, y no en lotes individuales.

Definición de categorías de suelo.

Las diferencias de las categorías de suelos para las leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 conducen a interrogantes sobre su aplicabilidad. La Ley 9 incluyó una categoría de suelo suburbano que podía ser desarrollado en densidades moderadas en la periferia de las ciudades. Por ejemplo, toda la tierra desarrollable hacia el norte de Bogotá cae ahora en esa categoría suburbana, la cual permite densidades residenciales de 160 habitantes por hectárea. La zonificación propuesta por el nuevo plan maestro permite un aumento para llegar a densidades de entre 180 y 220 habitantes por hectárea. La Ley 388 establece la posibilidad de gravar la conversión del uso rural a urbano, pero no contempla la categoría suburbana, aun cuando el suelo suburbano ya posee poderosos derechos de desarrollo. Debido a estas dificultades, y para evitar problemas adicionales de implementación, muchas ciudades prefieren tratar el suelo “suburbano” como “urbano”.

Exenciones y casos especiales.

Aunque las viviendas para la población de bajos ingresos están exentas de las plusvalías, la ley impone de todas maneras calcular los aumentos en el valor del suelo. Esto constituiría un costo adicional innecesario, considerando que el 80 por ciento de todas las viviendas a construirse en Bogotá durante los próximos diez años estarán destinadas a la población de bajos recursos. ¿Qué efecto tiene este cálculo sobre la imparcialidad de este instrumento para el 20 por ciento restante de las viviendas? ¿Qué tan eficaz es la plusvalía como un instrumento de planificación que busca disminuir la especulación en la tierra designada para viviendas populares?

Otro asunto se refiere a la designación de zonas de conservación o áreas designadas para protección ambiental mediante la transferencia de derechos de desarrollo. Las protestas de agentes privados sobre las apropiaciones hechas en contra de sus derechos de propiedad plantean importantes interrogantes de compensación. Además, para el caso de áreas ya designadas para desarrollos de alta densidad pero que aún no están totalmente desarrolladas, hay también preguntas sobre las “expectativas” de los valores del suelo.

Obstáculos políticos y operativos.

Una fuente continua de confusión y malentendidos se refiere a la eficacia del cálculo del incremento en el valor del suelo. ¿Puede o debe implementarse este cálculo en los casos en que, debido a una recesión económica generalizada, los valores del suelo estén supuestamente en declive? Si el propietario pierde dinero al vender la tierra, o si no está desarrollando sus propiedades en absoluto, entonces sencillamente no habrá plusvalías disponibles para la administración local. Teóricamente bastaría con hacer una distinción entre los efectos generadores (acciones administrativas) y las tendencias en los mercados de tierras. Sin embargo, tal como está sucediendo actualmente en Colombia, en la práctica es fácil entender que los instrumentos de captura de plusvalías son más poderosos y políticamente aceptables durante los períodos de ascenso de los ciclos de precios del suelo que durante los períodos de descenso.

Las connotaciones políticas del tema se ponen de relieve si se consideran las sustanciales carteras de tierra normalmente apartadas por los promotores para fines de planificación estratégica e incluso de especulación. En efecto, muy a menudo los planificadores urbanos se ven obligados a ser más flexibles (si no magnánimos) y a aflojar los reglamentos urbanísticos a fin de motivar a los promotores durante las épocas de recesión. Claro está que esta presión por parte de los promotores podría sencillamente ser un intento de recuperar pérdidas incurridas por las decisiones equivocadas sobre inversiones en el pasado.

Algunas veces los promotores se quejan de que la municipalidad está fijando una tarifa de plusvalía demasiado alta en tiempos de economía deficiente, cuando la recesión puede desalentar las inversiones futuras en mejoras de construcción. Sin embargo, la experiencia habida con la contribución de valorización ofrece un contraargumento, sugeriendo que si la cantidad de plusvalías generadas por el cambio en el uso de la tierra se consideran sobrevaluadas, significa que el cambio carece de una buena razón costo/eficacia y por tanto no debería proponerse. Otra posibilidad es que quizás se cometió un error en los estudios o cálculos de viabilidad.

Por encima de estas dificultades prácticas, la ley impone ciertos requisitos de aplicación que afectan su operación, tales como la necesidad de notificar directamente al propietario que su propiedad está sujeta a obligaciones por plusvalías. ¿Debería esta responsabilidad correr por cuenta de la administración pública o del propietario? Existen también dificultades legales respecto a cuándo se deben cobrar las plusvalías al propietario (¿durante la liquidación de las propiedades? ¿cuando el propietario solicite la licencia de conversión del uso del suelo?). De la misma manera, si un área que se va a densificar (o sufrir cualquier cambio de zonificación) recibió una infraestructura adicional por la cual se le impuso la contribución de valorización, el propietario estaría sujeto a una doble tributación, algo que sin duda constituiría una fuente de malestar. Tal como lo establece la nueva ley, la contribución de valorización es independiente de las plusvalías, lo cual es importante debido a la opción existente de calcular y cobrar las ‘plusvalías por las obras públicas designadas por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Ajustes propuestos por funcionarios municipales

Los funcionarios públicos presentes en el seminario realizado de diciembre en Bogotá sugirieron unas cuantas maneras de simplificar la ejecución de la Ley 388, las cuales sacrifican la precisión en el cálculo de las plusvalías a cambio de conveniencia, transparencia y cumplimiento. Esta perspectiva se basa en que la voluntad política puede ser más importante que la “exactitud” técnica, al menos en las etapas tempranas y de transición de la puesta en marcha, a fin de mejorar las posibilidades de éxito a largo plazo. Un ejemplo útil y descriptivo fue el citado por los funcionarios de la ciudad de Cartagena (500 000 habitantes), la cual desde 1992 ha estado aplicando exitosamente la contribución de desarrollo municipal. Esta experiencia demuestra que los cambios de densidad de un nuevo lote deberían tener un efecto similar en la generación de las plusvalías, al de la tasa generada por el mismo tipo de cambio de densidad observada en un área distinta pero comparable de la ciudad.

Los participantes también propusieron restringir la aplicación de las plusvalías a las áreas más estratégicas y dinámicas de la ciudad, donde el potencial de ganancias sea más evidente que en áreas con poco aumento en el valor del suelo. Además, la valoración de las plusvalías debe basarse en zonas homogéneas, y no en lotes individuales. Es necesario también que el instrumento de plusvalías pase por varias fases de desarrollo escalonado conforme las municipalidades ganan conocimiento y destrezas en técnicas de valorización y avalúos. Así, el período establecido de nueve años para la validación de los avalúos de los incrementos en el valor del suelo debería ser sujeto a revisiones peródicas más frecuentes. Igualmente, la emisión de algunas reglas prácticas de transición (ausentes en la formulación original de la ley) facilitarán la introducción de un nuevo sistema fiscal.

Se hicieron otras sugerencias respecto a la adopción de planes maestros (POT). Las municipalidades deberían utilizar tales planes, en vez de algún otro mecanismo de valoración externo al POT, para identificar áreas en donde habrá un cambio en la utilización del suelo a fin de determinar si dicho cambio trae consigo un aumento en las plusvalías. Antes de adoptar el POT, las municipalidades deberán identificar tales áreas con el fin de poder tener a tiempo las técnicas de valoración y avalúos y para mitigar la sensación de incertidumbre. Algunos participantes incluso sugirieron utilizar el POT para definir el valor “anterior”, y así poder determinar el incremento neto en el valor del suelo.

En general, los participantes coincidieron en que tanto el concepto como la orientación del plan maestro y del instrumento de plusvalías son aceptables y deseables. Muchos de los problemas y asuntos discutidos en el seminario y en todo el país se refieren a la ejecución de cualquier esquema de captura de plusvalías, o simplemente de cualquier nueva legislación normativa o fiscal. En este caso el diseño de los procedimientos de ejecución puede mejorarse, dado que siempre será más fácil cambiar los aspectos operativos que la ley en sí. Sin embargo, y por encima de todas las dificultades formales remanentes, se ha demostrado claramente que la voluntad política, la experiencia técnica acumulada y el compromiso ético de los participantes son factores críticos para perfeccionar este instrumento de política del suelo y poner en práctica los principios muy encomiables que lo inspiran.

Carolina Barco de Botero es la Directora de Planeamiento de la ciudad de Bogotá, Gerente Consultora de Ciudades, Ltda. en Bogotá y forma parte del Consejo Directivo del Instituto Lincoln. Martim Smolka es Senior Fellow y Director del Programa para América Latina del Instituto Lincoln. Fernanda Furtado, Fellow del Instituto Lincoln, también participó en la elaboración de este artículo. Recientemente terminó su tesis de Ph.D. (en portugués) sobre la captura de plusvalías en América Latina, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo, Brasil. En uno de los capítulos de su tesis se describe la situación de Colombia.

Argumentos en favor y en contra de la participación en plusvalías

A favor

• reduce la corrupción en tanto que expone los beneficios que en el pasado solían negociarse “debajo de la mesa”;
• reduce la especulación;
• genera ingresos públicos que son designados para fines redistributivos;
• reduce las distorsiones en la distribución de los incrementos en el valor del suelo urbano;
• contribuye a un mejor entendimiento de la cultura fiscal, mejorando así la recaudación de otros avalúos e impuestos.

En contra

• introduce más burocracia en la ejecución de planes maestros y en el proceso de desarrollos de licencias del ambiente construido;
• legaliza la apropiación privada de los incrementos en el valor del suelo, puesto que el propietario se queda con aproximadamente un 50 a 70 por ciento de las plusvalías;
• genera altos costos administrativos relativos a las entradas que genera.

Changes in the global economy, telecommunications and transportation systems are causing cities throughout the world to look at large-scale development projects as a way to restructure land uses and stimulate the local economy. For example, large, well-located areas previously occupied by railroad facilities and related transportation and industrial uses have been left abandoned in many mid-sized cities as more goods are now shipped in containers from a small number of major ports and terminals.

Statutory restrictions on state-owned enterprises have limited options to release these underutilized lands to the private market or to develop them as public projects. With increased privatization and the removal of restrictions, these properties would appear to be ideal locations for successful public/private development partnerships. However, while such monumental urban developments may seem like a panacea, they also raise many concerns about implementation and unanticipated impacts on other neighborhoods of the city, as well as competition with other cities.

Cordoba is representative of cities engaged in strategic planning to restructure local land uses under conditions of a changing macroeconomic and institutional environment. One of the key questions for these cities is to what extent can a major new development, in this case a teleport, effectively stimulate economic diversity and revitalize a neglected area.

Conditions in Cordoba

The City of Cordoba, with a population of approximately 1.3 million people, is strategically located in the geographic center of Argentina and has well-established linkages to the capital of Buenos Aires and to major cities in Chile, Brazil and Uruguay. Cordoba has long been an industrial center focusing on the production of cars, planes, trains and machinery, as well as consumer goods such as food, shoes, clothing and leather products. More recently, the city has expanded its service sector for both local and regional needs.

As Argentina has experienced economic stabilization and restructuring of its economy, Cordoba has gained greater potential to become a thriving center of Mercosur, the regional business district of south central South America. However, one of the city’s most vexing obstacles remains its competition with Buenos Aires.

Like many Latin American cities, Cordoba is also experiencing increased decentralization, movement toward a polycentric urban structure, and related socio-economic problems. Several years ago the city embarked on a strategic planning process that involved a broad cross-section of constituencies and resulted in a 1996 plan that identified some immediate economic development needs and other matters requiring further analysis and implementation.

As part of an ongoing collaboration between city officials and the Lincoln Institute, a seminar held in Cordoba in April 1997 examined the regulation and promotion of the land market. (1) One high-priority idea that emerged from those discussions related to the development of a teleport on underutilized central-city land. A committee formed to address the planning and implementation of such a facility included municipal officials, private sector business interests and members of the local university community.

The teleport envisioned for Cordoba is a mixed-use development comprising office space, convention facilities and hotels along with other ancillary land uses. The provision of state-of-the-art office facilities is considered a key objective to meet the city’s needs as both a regional center and a national location for some firms. These facilities will have elaborate telecommunications infrastructure and will be developed with a combination of public and private sector investment. One of the first projects is to be a hotel developed by the municipality within an historic structure.

The proposed location for the teleport is a 40-hectare site in the center of the city adjacent to the Suquia River. The site includes old railway lines and has good access to major roads linking the Mercosur region. The land is currently in both public and private ownership, and it is anticipated that some land transfers will be required to undertake the project.

Observations and Recommendations

To help the committee finalize its plans for the teleport, the city of Cordoba and the Lincoln Institute organized a second seminar in April 1998 to discuss concerns about implementation of the project. Comparative case studies of large-scale public/private developments in Toronto, Canada, and Sao Paulo, Brazil, provided useful perspectives on the problems and challenges faced by those cities and offered lessons for examining the design and likely prospects for the proposed teleport.

A key consideration is the teleport’s large scale relative to the existing local market, which suggests, at the very least, that the project needs to be phased in to ensure orderly development. Related to the project’s size are its impacts on other land in the city, including sites that have the potential for similar types of development. The relative attractiveness of the chosen site may adversely affect development of non-residential land uses in other designated growth areas of the city. At the same time, it is important to understand the depth and strength of the market for the specific uses intended for the proposed teleport site.

A related concern is the project’s potential negative impacts on existing and expanding residential neighborhoods in the area. On the other hand, the success of the teleport development could benefit the neighborhood if the residents are integrated into the planning and implementation process.

Among the lessons to be learned from other cities’ experience is the value of having a manageable set of objectives, and some seminar participants feared that the Cordoba committee was being overly ambitious. A second lesson regards the need for extreme care in selecting the location for a major new development. While the target location for the teleport was not considered deficient in any specific respect, it had not been selected as the result of a systematic analysis. Rather, this is a case where the city is trying to take advantage of an opportunity to develop a plan for an available site that urgently calls for reuse.

A third admonition came from the private sector, which has special needs in terms of access, infrastructure and costs. Some qualified market research can shed light on a host of issues including the extent to which Cordoba could hope to compete with Buenos Aires as a local or regional headquarters for domestic or international firms. Clearly the intended private sector beneficiaries must be involved directly in the conceptual development and planning of the project.

Several weeks after the seminar, the city commissioned a study to aid the implementation strategy for the teleport based on these concerns and recommendations. The study will also investigate potential instruments to effect land value capture to provide infrastructure financing and mechanisms to structure the kinds of public/private partnerships that appear to be necessary for the success of the teleport project.

A final general observation is that officials in Cordoba, or any city considering large-scale urban development, need to move rapidly beyond the study phase and establish training and other support systems for local leaders and practitioners to enhance their capacity to manage the project. Skills and experience are needed to assess the functioning of land markets, develop requisite technical capabilities, negotiate with the private sector, and oversee financial management, utility regulation, property taxation, land regulations and their complex interactions. The challenge in any such undertaking is to balance sufficient planning and research with the need to take advantage of development opportunities as they arise and to learn from the process as it evolves.

David Amborski is professor in the School of Urban and Regional Planning at Ryerson Polytechnic University in Toronto. Douglas Keare, a senior fellow of the Lincoln Institute, has experience with strategic planning for large cities in developing countries.

1. See “Strategic Planning in Cordoba,” Douglas Keare and Ricardo Vanella, Land Lines, September 1997.

Figure 1: Questions for Large-scale Developments

These topics and questions guided the seminar discussions in Cordoba, and they may be useful to other cities considering large-scale development projects on underutilized urban lands.

Understanding the Land Market: How will the local land market respond to large-scale public interventions such as the proposed teleport? What is the demand capacity for state-of-the-art office buildings in the region? What are the potential mechanisms for intervening in the land market to enhance the chances of success for this type of project?

The Urban Impacts of Large Projects on Underutilized Land: What are the impacts of this type of large-scale project on adjacent lands and competitive locations within the metropolitan area? How can infrastructure use be optimized? What alternatives could be explored to change the existing zoning structure?

Instruments of Promoting and Financing Private Investments in Urban Regeneration Projects: What financial instruments can be used in this type of development in conjunction with private sector participation? What instruments for private investments have been most successful? How can these be used with public/private partnerships? What benefits, disadvantages or complications might result from these partnerships?

Mechanisms of Redistribution and Land Value Capture: How can incremental land value be identified and estimated? How can land value capture schemes be used up front to finance the infrastructure for this project? What alternative instruments may be used for this purpose? What institutional reforms or partnerships might be necessary to implement these schemes and to serve as incentives for further development?