Medida drástica

El impuesto sobre la propiedad es un tema tan contencioso en Pensilvania que los residentes de por lo menos 84 grupos de base distintos se han unido para presionar por cambios que incluyen la eliminación del impuesto escolar sobre la propiedad, aunque ello signifique transferir el financiamiento de la educación a otras fuentes que quizá no sean tan confiables.

Una década de reforma fracasada

Especialmente en los últimos años, los residentes y otros propietarios del sexto estado más poblado de los Estados Unidos han acudido a reuniones, han escrito a sus legisladores y han alzado la voz en contra del tributo que los gobiernos locales imponen sobre sus casas, suelo y otras propiedades. Los ciudadanos de Pensilvania soportan una de las cargas tributarias más fuertes del país, y muchos propietarios frustrados se quejan de que el impuesto sobre la propiedad es demasiado alto. Las tasas del impuesto sobre la propiedad han seguido aumentando, a pesar de que la mediana de ingresos de los hogares se ha estancado o reducido en la mayoría de las ciudades del estado. Mientras tanto, la legislatura estatal aprobó una reforma del impuesto sobre la propiedad en 2006 que no ha dado los resultados esperados, en parte por no ceder a los residentes el control que querían sobre la porción más grande de su factura de impuesto sobre la propiedad: la parte que financia las escuelas públicas, que en algunas comunidades supera la mitad de todo el impuesto. Bajo la Ley de Alivio al Contribuyente, cada junta escolar tiene que obtener la aprobación de los electores antes de poder adoptar una tasa tributaria que exceda un cierto límite, actualizado con la inflación. Durante años, sin embargo, docenas de distritos escolares han eludido un referendo electoral mediante la solicitud de exenciones especiales al Departamento de Educación de Pensilvania.

Estas inquietudes son prioritarias para los legisladores. Pero los dirigentes estatales reconocen que un cambio en el sistema del impuesto sobre la propiedad es mucho más complejo de lo que parece. Si se recorta el impuesto a algunos grupos de personas, habrá que aumentarlo a otros, a menos que los líderes puedan encontrar nuevas fuentes de ingresos para generar por lo menos la misma cantidad de dinero necesario para la educación pública, la protección policial, la recolección de basura y otros servicios gubernamentales locales. Hoy en día, los distritos escolares, los condados y las municipalidades de Pensilvania dependen en gran parte del impuesto sobre la propiedad. De hecho, las escuelas estatales dependen del impuesto sobre la propiedad más que las escuelas de la mayor parte del resto del país. Alrededor del 45 por ciento de los fondos que pagan por las escuelas públicas en la mancomunidad de Pensilvania provienen del impuesto sobre la propiedad, según datos de la Oficina del Censo de los EE.UU. para el año fiscal 2013. En todo el país, alrededor del 37 por ciento de los ingresos de los distritos escolares provino del impuesto sobre la propiedad ese año.

Si bien los legisladores de Pensilvania reconocen la necesidad de hacer reformas, no han elaborado aún un plan que cuente con el acuerdo de residentes, gobiernos locales, comunidad de negocios y otras partes interesadas.

Ley de Independencia del Impuesto sobre la Propiedad

En los últimos años han surgido múltiples propuestas que fueron rechazadas una a una. Un proyecto de ley controvertido introducido en 2015 propone unos de los cambios más drásticos de cualquier reforma del impuesto sobre la propiedad en los últimos años. El proyecto de ley 76 del Senado de Pensilvania, también conocido como Ley de Independencia del Impuesto sobre la Propiedad, se propone recortar significativamente el impuesto sobre la propiedad al eliminar la porción destinada a las escuelas. Por una diferencia mínima, la medida no obtuvo los votos suficientes el año pasado para ser aprobado por el Senado de Pensilvania, pero sus patrocinadores quieren forzar otra votación este año. El proyecto cuenta con el respaldo de ambos partidos y también de la Asociación de Corredores Inmobiliarios de Pensilvania, además de grupos como la Campaña Tricondado para la Libertad y la Asociación de Contribuyentes del Condado de Lower Bucks. Bajo el proyecto de ley 76 del Senado, los impuestos escolares sobre la propiedad se irían abandonando paulatinamente. Los distritos con deudas podrían seguir recaudando una pequeña cantidad, pero sólo lo suficiente para financiar los pagos anuales de su deuda, y sólo hasta que la deuda existente se termine de pagar. La legislación permite a los distritos recaudar un impuesto local sobre el ingreso del trabajo o sobre el ingreso personal para programas y proyectos específicos, pero estos planes requerirían la aprobación de los electores.

Los impuestos escolares sobre la propiedad serían reemplazados por un impuesto más alto sobre las ventas, un impuesto sobre el ingreso personal más alto y otros cambios. Los promotores de la ley esperan que estas nuevas fuentes de financiamiento generen los miles de millones de dólares al año necesarios para ayudar a pagar a los maestros y al personal escolar, manteniendo así en funcionamiento los 500 distritos escolares públicos del estado. Este año académico se estima que los impuestos escolares sobre la propiedad recaudarán $13.700 millones de dólares en todo el estado, según proyecciones de la Oficina del Procurador Independiente de la Legislatura publicadas a fines de 2014.

El senador estatal Mike Folmer, que tiene dos hijos y siete nietos, es uno de los más activos defensores de esta ley. Folmer ha dicho que hace falta un cambio drástico porque los impuestos han subido significativamente en partes de Pensilvania, dejando a algunos residentes con dificultades para pagar sus facturas. Las familias quieren ayuda. “Cuando voy a una casa, llamo a la puerta de un residente cualquiera y digo ‘¡Hola! He venido a informarle sobre el proyecto de ley 76 del Senado’, y me hacen pasar a su casa. . . Me dicen, ‘¿Sabe qué? Estoy de acuerdo con usted. Me parece bien’”, dice Folmer, que vive en Lebanon City. “Están abrumadoramente a favor. Pensándolo bien, no recuerdo que nadie me haya dicho que está en contra”.

Los ciudadanos de Pensilvania han expresado su preocupación por el impuesto sobre la propiedad. Una encuesta realizada en la primavera de 2015 por Franklin & Marshall College en Lancaster indicó que el 77 por ciento de los electores cree que hay que reformar el sistema tributario. La mayoría de los participantes de esa encuesta —el 60 por ciento— dijo que favorecería un plan para aumentar el impuesto estatal sobre el ingreso del 3,07 por ciento al 3,7 por ciento, si con eso se redujera su impuesto sobre la propiedad en US$1.000.

Entre los que defienden este tema firmemente está Kelly Sharp, de Grantville, quien dice que casi perdió su casa hace algunos años porque estaba desempleada y no podía pagar su impuesto sobre la propiedad. En ese momento tenía dinero suficiente para cubrir el pago de su hipoteca, pero no para cubrir también su impuesto sobre la propiedad. Después de batallar con el banco por varios meses, finalmente pudo negociar pagos mensuales al alcance de su bolsillo. Actualmente, esta madre de cinco hijos es gerente de la cantina de base local de veteranos de guerra. Si bien ella y su esposo ahora tienen trabajos de tiempo completo, seguirá siendo un problema conseguir los US$6.814,80 dólares que tienen que pagar de impuesto sobre la propiedad este año por su casa de cinco dormitorios. Sharp dice que se quiere mudar a un estado menos caro. “Simplemente ya no podemos quedarnos”, dice. “Este impuesto es una locura a muchos niveles. No sólo por la cantidad, sino por el poder y la autoridad que la gente tiene para destruirnos con estos impuestos”.

Hay muchas razones por las que el proyecto de ley 76 del Senado ha obtenido el respaldo de decenas de miles de propietarios en todo el estado, dice David Baldinger, vocero de la Coalición de Asociaciones de Contribuyentes de Pensilvania, una organización que representa los grupos de base que están luchando contra los impuestos para la educación. Si bien muchas personas mencionan su frustración por el aumento del impuesto sobre la propiedad y el miedo a perder sus casas, otras creen que es más justo financiar las escuelas usando impuestos sobre las ventas y el ingreso, porque hay una mayor proporción de gente que paga esos impuestos, dice Baldinger. Señala que los residentes pueden controlar lo que pagan en impuestos sobre las ventas, que también pagan decenas de millones de visitantes que viajan a Pensilvania todos los años.

“Sin lugar a dudas, [los propietarios] saben que ahorrarán dinero si se libran del impuesto escolar sobre la propiedad”, dice Baldinger, un jubilado de Reading cuya factura del impuesto sobre la propiedad asciende a alrededor de US$8.000 por año, de los cuales alrededor de US$6.500 corresponde al distrito escolar local. Sin embargo, no se ha efectuado ningún análisis legislativo reciente para calcular si los propietarios ahorrarían dinero en caso de que el estado reemplazase el impuesto escolar sobre la propiedad con un mayor impuesto sobre las ventas y sobre el ingreso, y cuánto ahorrarían.

Oposición al proyecto de ley 76 del Senado

A pesar del apoyo de muchos propietarios, el gobernador de Pensilvania Tom Wolf se opone al proyecto de ley 76 del Senado, y docenas de organizaciones se han movilizado también en contra de la medida. Entre ellas están los grupos de defensa de los niños y los pobres, como la Asociación de Educación Estatal de Pensilvania, Ciudadanos Públicos para los Niños y la Juventud, el Consejo Eclesiástico de Pensilvania y la Coalición contra el Hambre. Algunos opositores objetan porque la ley aumentaría el impuesto sobre el ingreso personal del 3,07 por ciento actual al 4,34 por ciento. El proyecto de ley propone aumentar el impuesto sobre las ventas del 6 al 7 por ciento, así como también ampliar la lista de bienes tributables para incluir algunas prendas de vestir, ciertos tipos de comida, servicios de guardería y medicamentos de venta libre.

La comunidad empresarial también se ha manifestado en contra de la medida. La Cámara de Negocio e Industria de Pensilvania ha expresado su preocupación de que un mayor impuesto sobre las ventas afectaría a las empresas locales, sobre todo a las tiendas minoristas en comunidades que limitan con Delaware, que no tiene impuesto sobre las ventas, y Maryland, donde la tasa es del 6 por ciento.

Kathy Swope, presidenta de la Asociación de Juntas Escolares de Pensilvania, criticó el proyecto de ley porque permite que las grandes corporaciones y otras empresas dejen de pagar el impuesto escolar sobre la propiedad. Una porción significativa de los impuestos escolares sobre la propiedad se recauda de propiedades comerciales e industriales del estado. En el distrito escolar de la ciudad de Filadelfia, por ejemplo, más del 44 por ciento de la propiedad se clasificó como comercial o industrial en 2012, según un análisis del Centro de Presupuesto y Política de Pensilvania. “La tributación funciona mejor cuando se distribuye entre muchos contribuyentes”, dice Swope. “No estoy seguro de que la mejor manera de resolver este problema sea eximir a las empresas de su obligación de contribuir”.

En noviembre de 2015, se realizó una votación preliminar sobre el proyecto de ley 76 del Senado y casi fue aprobado. Después de más de una hora de debate, el voto de los legisladores terminó empatado 24 a 24. El vicegobernador estatal, Mike Stack, como presidente del Senado, emitió un voto de desempate en contra, hecho que ocupó la primera página de los periódicos en todo el estado. Pero los patrocinadores del proyecto van a intentarlo de nuevo. El senador David G. Argall, que es el patrocinador principal, ha dicho que un resultado tan estrecho de la votación demuestra la importancia de recortar los impuestos en Pensilvania.

Un vocero de Argall dice que el Senador piensa presentar la medida a consideración de sus pares en los próximos meses. Y el proyecto de ley 76 del Senado puede tener una mayor posibilidad de ser aprobado esta vez. Uno de los copatrocinadores estuvo ausente en la última votación, y también faltó un senador recién electo que probablemente esté a favor de la ley, según las noticias locales. “En cada sesión seguimos recibiendo respaldo de todos los rincones del estado”, dijo Argall, un republicano que representa a 95 municipalidades en los condados de Berks y Schuylkill, en una declaración preparada de antemano. “Tengo noticias para el gobernador y para el vicegobernador que votó en contra de nosotros: No nos vamos a dar por vencidos”.

No se sabe bien cuánto apoyo tiene el proyecto de ley 76 del Senado en la Cámara de Representantes. Pero el gobernador Tom Wolf ha dicho que está preocupado por que el proyecto de ley 76 del Senado no recaudaría el dinero suficiente, dijo su secretario de prensa, Jeffrey Sheridan. Si bien Wolf quiere ofrecer a los residentes alivio en el pago del impuesto sobre la propiedad, también quiere mejorar el financiamiento de las escuelas, más allá de lo recaudado por medio del impuesto sobre la propiedad. El gobernador ha pasado el último año tratando de aumentar el financiamiento de la educación, en un esfuerzo por revertir el recorte de mil millones de dólares que se hizo en el presupuesto escolar cuando asumió sus funciones a comienzos de 2015. Sheridan dice que estos recortes del presupuesto fueron en gran medida la razón por la que los distritos escolares tuvieron que aumentar las tasas del impuesto sobre la propiedad, además de aumentar el tamaño de las clases y reducir los puestos docentes.

En marzo del año pasado, Wolf presentó una propuesta de presupuesto para 2015–2016 que aumentaba la participación del financiamiento estatal de las escuelas públicas al 50 por ciento por primera vez desde la década de 1970, según un comunicado de prensa de su oficina. Hoy el estado paga mucho menos, alrededor del 36 por ciento, según los datos recopilados en el año fiscal 2013, los más recientes disponibles del Centro Nacional de Estadísticas Educativas. Un informe conjunto publicado el verano pasado por la Asociación de Administradores Escolares de Pensilvania y la Asociación de Funcionarios de Empresas Escolares de Pensilvania indica que la participación del estado en el financiamiento de la educación se ha reducido desde 2008–2009, a pesar de que los distritos escolares tienen que cubrir aumentos en el costo de la educación especial, las pensiones de los empleados y las prestaciones de salud, entre otros rubros. “La razón por la cual no podríamos simplemente eliminar el impuesto sobre la propiedad en Pensilvania es que la participación estatal es inadecuada”, dice el vocero del gobernador. “Esto es algo que hemos heredado. Es desafortunado que los distritos se vean obligados a aumentar el impuesto sobre la propiedad, y eso es lo que estamos tratando de arreglar”.

El plan de gastos original para 2015–2016 de Wolf incluía cambios en el impuesto sobre la propiedad que hubiera recortado la tasa específicamente para los propietarios residenciales. Proponía reducir el impuesto sobre la propiedad en US$3,8 millones en todo el estado y reducir el impuesto escolar sobre la propiedad para el propietario promedio en más de la mitad. Casi 300.000 hogares de personas de la tercera edad no tendrían que pagar el impuesto escolar sobre la propiedad. Como el proyecto de ley 76 del Senado, la propuesta de Wolf se hubiera basado en un aumento del impuesto sobre las ventas y sobre el ingreso para cubrir el costo del cambio. Ese plan de gastos, sin embargo, fue descartado en medio de las tensas negociaciones presupuestarias en curso con la legislatura. Wolf introdujo un segundo presupuesto estatal en febrero que no incluía cambios en el impuesto sobre la propiedad.

La confiabilidad del impuesto sobre la propiedad

Mientras los dirigentes de Pensilvania discuten sobre la mejor manera de reformar el sistema del impuesto sobre la propiedad, funcionarios de otras partes del país están lidiando con problemas similares. Por ejemplo, un comité del Senado de Texas está organizando reuniones en todo el estado para examinar opciones para aliviar la carga del impuesto sobre la propiedad antes de efectuar recomendaciones a los legisladores. El gobernador Pete Ricketts de Nebraska propuso recientemente un paquete de alivio del impuesto sobre la propiedad que, entre otras cosas, trata de limitar cuánto puede crecer el valor del suelo agrícola y hortícola. A fines del año pasado, el Comité de Finanzas e Impuestos de la Cámara de Representantes de Florida consideró brevemente un plan para reemplazar el impuesto sobre la propiedad por un impuesto mayor sobre las ventas.

A medida que sigue el debate, economistas y otros expertos se han puesto en contacto con los dirigentes estatales para ayudarles a comprender las investigaciones realizadas sobre estrategias tributarias y advertirles sobre las consecuencias de recortar el impuesto sobre la propiedad como una fuente clave de recaudación, sobre todo para las escuelas públicas. Andrew Reschovsky, economista y fellow del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, dice que el impuesto sobre la propiedad es generalmente una fuente de financiamiento mucho más estable y confiable durante una recesión que los impuestos sobre las ventas y el ingreso. Está en contra de desvincular el financiamiento de la educación del impuesto sobre la propiedad.

Reschovsky, que también es profesor emérito de la Universidad de Wisconsin–Madison, ha escrito extensamente sobre el impuesto a la propiedad. En un informe publicado en 2014 explora la dependencia de los estados del impuesto sobre la propiedad para financiar la educación pública y concluye que los datos de recaudación tributaria demuestran “la estabilidad duradera del impuesto sobre la propiedad”. Además, él y la consultora de finanzas Daphne A. Kenyon, también fellow del Instituto Lincoln, coeditaron un número especial de la revista académica Education Finance and Policy sobre el impuesto a la propiedad y el financiamiento escolar, que incluyó varios artículos enfocados en los cambios en el impuesto sobre la propiedad en estados como Michigan, Massachusetts, Nueva York y Iowa.

Por ejemplo, en 1996 Michigan reformó su sistema de finanzas escolares reduciendo su dependencia del impuesto sobre la propiedad residencial al tiempo que aumentó los ingresos estatales principalmente por medio del impuesto sobre las ventas. El nuevo sistema de financiamiento de la educación está altamente centralizado a nivel estatal, y los fondos estatales se distribuyen de forma relativamente equitativa entre los 540 distritos escolares locales del estado. En los últimos años, sin embargo, el 20 por ciento más rico de los distritos ha estado recibiendo alrededor de US$600 más por alumno en fondos del estado que otros distritos. Sigue habiendo problemas de financiamiento sustanciales. En septiembre del año pasado, un miembro principal del Consejo de Investigación Ciudadana de Michigan informó de grandes diferencias en los gastos de educación especial entre distritos, e inequidades importantes en los gastos de construcción de escuelas.

Carolina del Sur es otro estado que cambió su sistema tributario en respuesta a las demandas de los propietarios. La Ley 388, promulgada en 2006, eliminó el impuesto estatal escolar sobre las propiedades ocupadas por sus dueños y lo reemplazó por un nuevo impuesto del 1 por ciento sobre las ventas. Laura Dawson Ullrich, profesora de economía de Winthrop University, dice que el cambio no ha sido favorable para el estado. “El aumento en el impuesto sobre las ventas nunca compensó la reducción en el impuesto sobre la propiedad”, dice Ullrich. “Las jurisdicciones han aumentado los impuestos sobre las empresas y los propietarios de casas no ocupadas por sus dueños para compensar la brecha”. Según The Greenville News, los legisladores echan la culpa a una combinación de factores, como la Gran Recesión, proyecciones de ingresos excesivamente optimistas, y la dependencia de una fuente de ingresos que no es tan estable como la que reemplazó.

Fusibles y otras soluciones

Reschovsky dice que en vez de abandonar el impuesto escolar sobre la propiedad, los legisladores de Pensilvania deberían hacer el impuesto más atractivo para los propietarios. Una manera de hacerlo es por medio de “programas fusible”, que ofrecen reducciones impositivas a personas individuales con cargas tributarias elevadas en relación a sus ingresos. “Pensilvania tiene un modesto programa fusible que está disponible sólo para los contribuyentes mayores de 65 años de edad y los discapacitados”, dice Reschovsky (figura 1, pág. 14). “Si se pusiera el programa fusible a disposición de todos los contribuyentes que tienen una alta carga tributaria, independientemente de su edad, la oposición al impuesto sobre la propiedad probablemente se reduciría”.

La expansión de los programas fusible de Pensilvania es una de las recomendaciones del Centro de Presupuesto y Políticas de Pensilvania, un proyecto progresivo de investigación política con sede en Harrisburg que ha dicho que la eliminación del impuesto escolar sobre la propiedad es una “respuesta extrema a un problema limitado”. Ha estado urgiendo a los legisladores a que reformen el sistema tributario realizando cambios específicos que no causen daño a las escuelas. El Centro también sugiere obligar a los condados a revaluar las propiedades periódicamente.

Esto es importante porque el impuesto sobre la propiedad depende tanto de las tasas tributarias fijadas por los gobiernos locales como por la valuación del suelo, las estructuras y otros bienes sobre los que se impone el tributo. Un informe del Centro de Presupuesto y Políticas de Pensilvania publicado en 2014, cuando los legisladores estaban considerando una versión anterior de la Ley de Independencia del Impuesto sobre la Propiedad, indicó que el 43 por ciento de los condados no había actualizado las valuaciones desde hacía más de 20 años y que sólo un tercio las había revaluado en la última década.

El informe del Centro de Presupuesto y Políticas de Pensilvania también sugirió que los impuestos altos sobre la propiedad son la excepción en el estado. El análisis del Centro demuestra que en la mayoría de los condados el impuesto total sobre la propiedad es menor de US$2.000 por año, desde un mínimo de US$850 por año en el condado rural de Forest, que incluye parte del Bosque Nacional Allegheny, hasta un máximo de US$4.364 en el condado de Chester, un suburbio rico de Filadelfia. Los datos de la Encuesta Comunitaria Americana del Censo de 2014, sin embargo, indican que hay una mayor proporción de propietarios que tiene que pagar impuestos altos sobre la propiedad en Pensilvania que en el resto de los Estados Unidos. En el ámbito nacional, alrededor del 34 por ciento de los propietarios pagó US$3.000 o más en impuestos sobre la propiedad por ano. En Pensilvania, este porcentaje asciende al 41 por ciento.

Pero las facturas de cobro del impuesto no son siempre la mejor medida de la carga tributaria sobre la propiedad. Muchos economistas prefieren medir el impuesto sobre la propiedad como un porcentaje del ingreso personal. En Pensilvania, el impuesto sobre la propiedad ascendió al 3,0 por ciento del ingreso personal en 2013, apenas por debajo del promedio nacional del 3,1 por ciento, según los datos del último censo disponible. Los impuestos se consideran altos en 30 de los 500 distritos escolares del estado, donde el impuesto sobre la propiedad excede el 4 por ciento del ingreso personal tributable total del distrito. Mientras tanto, un análisis publicado en diciembre de 2015 por el Centro de Datos Estatales de Pensilvania reporta que la mediana del ingreso de los hogares se redujo o se mantuvo igual en 55 de las 57 ciudades de Pensilvania analizadas por la Oficina del Censo de los EE.UU. entre 2005–2009 y 2010–2014.

Sarah Cordes, una profesora de Políticas en liderazgo educativo de la Universidad Temple de Filadelfia, afirma que el problema más urgente en el financiamiento de la educación no es la fuente de financiamiento. El hecho es que Pensilvania es uno de los pocos estados que no tienen una fórmula de financiamiento educativo que asigne fondos estatales en función de las características actuales de un distrito, como su riqueza, características de los estudiantes y cambios en las distintas categorías de matriculación. Cordes dice que el sistema de Pensilvania para distribuir el dinero del estado a las escuelas es “básicamente una asignación automática” que depende principalmente de cuánto dinero recibieron las escuelas el año anterior. Un informe de 2015 del Centro para el Progreso Americano señaló que los distritos de mayor pobreza de Pensilvania reciben hasta más de un 30 por ciento menos por estudiante que los de menor pobreza. Pero cuando se compara a Pensilvania con el resto del país, el informe La calidad cuenta de Education Week de 2016 dio a Pensilvania una calificación de B en gastos de educación y equidad de financiamiento, usando una escala de A a F. Mientras tanto, le dio una calificación de C en el desempeño estudiantil desde el jardín de niños al 12° grado. Dice Cordes: “Si el objetivo es mejorar el desempeño educativo y hacerlo más equitativo para todos los niños del estado, entonces… lo más importante es que el estado encuentre una fórmula para financiar la educación”.

Kenyon, la consultora de finanzas públicas, recomienda que los dirigentes de política aborden el problema del financiamiento escolar y la reforma del impuesto sobre la propiedad como dos temas separados. Sugiere ofrecer ayuda estatal a los distritos escolares necesitados para afrontar los problemas mayores de rendimiento escolar. Mientras tanto, urge a los legisladores que brinden reducción tributaria a los propietarios que tienen una carga tributaria alta del impuesto sobre la propiedad. “El consenso entre los investigadores de finanzas públicas es que la reducción del impuesto sobre la propiedad se debe otorgar a hogares de ingresos bajos a moderados por medio de un mecanismo como un programa fusible estatal del impuesto sobre la propiedad”, escribió Kenyon en un informe de 2007 que resume algunas de las conclusiones más pertinentes sobre el impuesto a la propiedad y las finanzas escolares.

Kenyon, que integró la Junta de Educación Estatal de Nueva Hampshire y la Comisión de Educación de los Estados, urgiría a los legisladores de Pensilvania que reconsideraran el problema del impuesto sobre la propiedad. “Yo diría que piensan que tienen que eliminar el impuesto sobre la propiedad porque no han tomado la medida más prudente y precisa, que yo recomendaría con entusiasmo: expandir los programas fusible”, dice.

Denise-Marie Ordway tiene una larga trayectoria como periodista educativa y es fellow de la Fundación Nieman de Periodismo de Harvard en 2015. En la actualidad es editora de Journalist’s Resource, un proyecto del Centro Shorenstein sobre Medios, Política y Política Pública de la Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts. Se la puede contactar en denisemordway@gmail.com o vía Twitter en @DeniseOrdway.

Fotografía: Oficina del gobernador de Pensilvania, Tom Lobo

Referencias

Center for American Progress. 2015. A Fresh Look at School Funding. Mayo.

Education Week. 2016. Quality Counts 2016: Report and Rankings.

Kenyon, Daphne A., y Andrew Reschovsky. 2014. “Special Issue: Property Tax and the Financing of K–12 Education”. Education Finance and Policy 9(4). Otoño de 2014.

Kenyon, Daphne A. 2007. The Property Tax-School Funding Dilemma. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

National Center for Education Statistics. 2013. National public education financial survey.

Pennsylvania Budget and Policy Center. 2014. Reform Not Repeal: Pennsylvania Can Provide Property Tax Relief and Protect Public Schools. Octubre.

Reschovsky, Andrew. 2014. “The Future Role of the Property Tax in the Funding of K-12 Education in the United States”. Documento de trabajo. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

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