Lecciones aprendidas de la experiencia de América Latina con la recuperación de plusvalías

Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 4 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

En los últimos cinco años el Instituto Lincoln ha respaldado el estudio de las políticas e instrumentos de recuperación de plusvalías en muchos países latinoamericanos. Pese a la diversidad de enfoques y la variedad de casos específicos, hemos podido identificar siete lecciones preponderantes que pueden ayudar a aclarar parte de la confusión y los conceptos errados que se asocian con la implementación de los principios de recuperación de plusvalías. Cada lección resumida más adelante presenta uno o dos ejemplos tomados de libro Recuperación de Plusvalías en América Latina: Alternativas para el Desarrollo Urbano.

La recuperación de plusvalías se refiere al proceso por el cual el sector público recupera la totalidad o una porción de los incrementos en el valor del suelo atribuibles a los “esfuerzos comunitarios” más que a las acciones de los propietarios. La recuperación de estos “incrementos inmerecidos” puede hacerse indirectamente mediante su conversión en ingresos públicos en forma de impuestos, contribuciones, exacciones y otros mecanismos fiscales, o directamente mediante mejoras locales para beneficio de la comunidad por entero.

1. El concepto de recuperación de plusvalías no es nuevo en América Latina. La experiencia latinoamericana en este campo tiene largos años de precedentes históricos. En varios países los debates públicos sobre el uso de la recuperación de plusvalías e instrumentos asociados comenzaron a principios del siglo XX. En los años de 1920, el debate surgió por acontecimientos concretos, como el problema de la pavimentación de las calles en São Paulo, Brasil y la falta de financiamiento externo para obras públicas necesarias en Colombia. En otros casos, los factores políticos e ideológicos han motivado discusiones de alcance nacional. Los representantes del Partido Radical en Chile intentaron introducir la idea en varias ocasiones y en los años 1930 el Presidente Aguirre Cerda propuso una ley para crear un impuesto nacional sobre las plusvalías (incrementos en el valor del suelo) con fundamento en las ideas de Henry George.

2. No obstante, sigue siendo limitada su aplicación en los planes de política urbana. A pesar de los numerosos informes sobre experiencias pertinentes que integran los principios de la recuperación de plusvalías, el tema no están bien representado ni ha ganado suficiente reconocimiento dentro de la esfera de las políticas urbanas. En algunos casos, han surgido valiosas iniciativas para la recuperación de plusvalías que han cobrado notoriedad en su momento, sólo para quedar olvidadas más tarde. Un ejemplo destacado es el conocido Informe Lander en Venezuela durante los años 1960, en el cual se proponía que el suelo y los incrementos de su valor debían ser la fuente principal de financiamiento para los proyectos de desarrollo urbano. Sentaba las bases para recomendaciones sobre las finanzas del desarrollo urbano incluidas en las deliberaciones de la cumbre Habitat I (1976).

En otros casos, se están perdiendo o desestimando oportunidades interesantes para usar la recuperación de plusvalías como una herramienta de las políticas urbanas. Actualmente algunos países de América Latina no están aprovechando los posibles incrementos del valor del suelo generados por grandes proyectos de renovación en los cascos urbanos. Aunque está generalmente aceptada la noción de recuperación de plusvalías, en realidad es poco lo que efectivamente se ha recuperado y redistribuido de los incrementos del valor del suelo derivados de las acciones urbanísticas.

3. A menudo existe la legislación, sólo que no se aplica. Como en muchos otros países de la región, la variedad de los instrumentos de recuperación de plusvalías existentes en México –desde la contribución por mejoras (una tasación especial o gravamen por mejora dirigido a recuperar los costos de las obras públicas), hasta los impuestos sobre las plusvalías– ilustra la discrepancia entre lo que es legalmente posible y lo que verdaderamente se implementa. Contrario a lo que suele aducirse, el problema general no radica en que los planificadores o funcionarios públicos carezcan de acceso legal o práctico a estos instrumentos, sino que tienden a prevalecer las siguientes condiciones:

• Con frecuencia se concibe y diseña la legislación y los instrumentos –algunas veces adrede– de una manera tan confusa y contradictoria que prácticamente paralizan toda iniciativa de política operativa. Por ejemplo, la ley nacional de expropiaciones de 1947 estipula un impuesto del 75% de los incrementos del valor del suelo resultantes de obras públicas, mientras que la constitución municipal general (Ley Orgánica de Régimen Municipal) limita el impuesto al 5% del valor total de la propiedad en cuestión. En realidad, ni siquiera se recauda este pequeño gravamen.
• Incluso cuando la ley hace posible la recuperación de plusvalías, puede ser difícil de interpretar. Por ejemplo, el debate entre juristas eminentes en los años 1970 en Brasil con respecto a la constitucionalidad de la legislación de “Solo Criado” (un instrumento basado en la separación del suelo y los derechos de construcción) reflejó una falta fundamental de comprensión de los antecedentes legales de la recuperación de plusvalías y sus correspondientes instrumentos.
• No siempre se conocen bien las posibilidades que ofrece la ley, ni siquiera en sus respectivos países. Este parece ser el caso en México, donde el impuesto tradicional a la propiedad en la ciudad de Mexicali, basado en el valor combinado del suelo y las construcciones, fue reemplazado con éxito por un impuesto basado exclusivamente en el valor del suelo (Perló 1999). Otras ciudades mexicanas no parecen estar enteradas de disposiciones similares en la legislación de sus estados o no las han aprovechado.

4. La resistencia obedece más a la ideología que a la lógica. Incluso cuando se entienden la legislación y los instrumentos para la recuperación de plusvalías –o en algunos casos justamente porque se entienden–, es posible que no puedan implementarse a cabalidad debido a la manifiesta “falta de voluntad política”. Esta resistencia puede tomar la forma de interpretaciones engañosas, racionalizaciones estereotipadas y hasta “prédicas” puramente ideológicas.

Resulta sencillo encontrar justificación pública de que la aplicación de tales instrumentos es inoportuna o inapropiada, especialmente si la justificación se basa en interpretaciones engañosas. Algunos de estos argumentos sostienen que las imposiciones sobre el valor del suelo son inflacionarias y alteran el buen funcionamiento de los mercados, o que provocan una doble tributación inaceptable de la misma base. Estos conceptos erróneos parecen hallarse detrás de la renuencia que muestra el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile para promover la revisión y reintroducción ante el Congreso de algunas disposiciones sobre la recuperación de plusvalías en el nuevo marco legal de urbanismo del país.

Las objeciones basadas en racionalizaciones estereotipadas pueden recurrir a los siguientes argumentos:

• los ingresos correspondientes no son significativos o no están justificados al compararlos con los costos administrativos causados;
• las administraciones públicas no serían competentes en términos de recursos técnicos y humanos; o
• la aplicación de los instrumentos de recuperación de plusvalías sería antisocial y regresiva, ya que la población pobre, que tiene la mayor necesidad de nuevas obras de infraestructura urbana, posee la menor capacidad de pago.

No obstante, en oposición a estos argumentos, están los programas participativos de mejoras que se han llevado a cabo con éxito en áreas pobres de muchas ciudades (por ejemplo, en Chile, Brasil y Perú). Estos programas han sido eficaces técnica y económicamente y por lo general han contado con un apoyo sólido de la población de bajos ingresos afectada.

Finalmente, algunas objeciones son de índole netamente ideológica. Por ejemplo, la resistencia a la implementación de la participación en plusvalías en Colombia se basa en la aseveración de que este mecanismo, si bien se reconoce que tiene una buena formulación técnica, representa una forma más de “interferencia” pública indeseable en el negocio inmobiliario urbano, como lo son una mayor carga fiscal, limitaciones de los derechos de propiedad o más regulación (Barco de Botero y Smolka, 2000). Esta posición ha quedado sustituida recientemente por un amplio consenso entre los políticos, líderes empresariales y el público general de que la aceptación de este instrumento es una mejor opción que la exigencia de otros impuestos a la propiedad.

5. La recuperación de plusvalías se va haciendo cada vez más popular. A pesar de los obstáculos y la resistencia política, la experiencia reciente en América Latina con la recuperación de plusvalías muestra un creciente interés en el tema y en las condiciones que justificarían su utilización. Atrae la atención de planificadores municipales en toda la región y comienza a percibirse como una iniciativa importante de las políticas urbanas. Esta popularidad creciente está vinculada a varios factores que se presentan en la región.

En primer lugar, una mayor descentralización administrativa y fiscal exige más autonomía para redefinir y obtener fuentes alternativas de fondos públicos para financiar el proceso de urbanización. La necesidad de más recursos locales se ha visto acentuada por las demandas sociales y las presiones políticas asociadas con los actuales procesos de redemocratización y el mayor grado de participación popular. La generación de fondos no presupuestados requeridos para financiar programas sociales especiales está vinculada a casi todas las nuevas iniciativas de recuperación de plusvalías y ha sido una de las razones más poderosas para implementar dichas políticas.

En segundo lugar, la redefinición de las funciones del estado (incluida la privatización), en conjunto con la disminución de la planificación integral, ha dado pie a la materialización de intervenciones públicas más flexibles y negociaciones directas sobre la regulación del uso del suelo y las alianzas entre los sectores público y privado. También cobra significación la apertura de áreas públicas al mercado inmobiliario privado, así como una mejor coordinación entre los intereses de los propietarios privados y el sector público con miras a fomentar nuevas áreas en las ciudades. Cabe destacar que incluso en Cuba encontramos un programa pujante mediante el cual la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, que funciona como una suerte de compañía inmobiliaria, refinancia las operaciones del estado con los incrementos del valor del suelo provenientes de proyectos de rehabilitación urbana en forma de impuestos cobrados a los “socios” privados en las obras de desarrollo (Núñez, Brown y Smolka, 2000).

Otros factores favorables incluyen las condiciones estipuladas por los planes de los organismos multilaterales, que claramente promueven la universalización de los gravámenes al usuario y la recuperación de los costos de las inversiones públicas. La creciente popularidad de los nuevos instrumentos de recuperación de plusvalías también puede atribuirse a cierta frustración causada por los resultados mediocres que se obtuvieron en décadas anteriores con la aplicación de impuestos y otras contribuciones tradicionales relacionadas con el suelo urbano, en cuanto a los ingresos y los objetivos de las políticas urbanas.

6. El pragmatismo prevalece sobre las justificaciones éticas o teóricas. Como corolario al punto anterior tenemos que la creciente popularidad de la recuperación de plusvalías parece inspirarse más en razones fundamentalmente pragmáticas que en criterios éticos, nociones de igualdad o justificaciones teóricas o políticas. Algunas reformas tal vez se han introducido sin plena conciencia política del proceso, o de su importancia teórica, como se ilustró anteriormente en el caso de Mexicali. Los indicios históricos muestran que en su mayoría las iniciativas de recuperación de plusvalías han respondido más que todo a la necesidad de enfrentar las crisis fiscales y otros problemas locales en el financiamiento del desarrollo urbano. Es el mismo caso que ocurre en Argentina, donde la necesidad de ingresos predominó sobre los principios establecidos que se oponían a nuevos impuestos cuando se recurrió a un aumento provisional del 5% en el impuesto a la propiedad como una de las iniciativas para financiar las inversiones en el nuevo sistema de subterráneo de Buenos Aires.

No obstante, no debería darse por sentado a partir de los ejemplos anteriores que la acumulación de experiencia no es importante para el perfeccionamiento de instrumentos y la evolución de las políticas de recuperación de plusvalías. Un caso pertinente es la experiencia colombiana con la contribución de valorización desde los años 1920 y los innumerables intentos para resolver algunas de sus limitaciones, especialmente en los últimos 40 años. La participación en plusvalías promulgada recientemente es una versión de mayor logro técnico y políticamente aceptable de un instrumento dirigido a recuperar los incrementos –en ocasiones enormes– del valor del suelo asociados con las decisiones administrativas con respecto a la zonificación, niveles de densidad y otras normas y regulaciones urbanísticas.

7. La recuperación de plusvalías no es necesariamente progresiva o redistributiva. Es necesario señalar que de ninguna manera la referencia a las plusvalías es un monopolio de la izquierda política. Las experiencias recientes de Argentina y Chile indican claramente la disposición hacia el tema en contextos neoliberales. Además, las operacões interligadas (operaciones interligadas), desarrolladas en São Paulo y aplicadas con efectividad por administradores con tendencias políticas e ideológicas opuestas, fungieron como argumento convincente de la imposibilidad de etiquetar estos instrumentos a priori.

Los gobiernos locales progresistas, por otra parte, a veces son renuentes a utilizar estos instrumentos, y hasta pueden rechazar de un todo la noción, por tres razones: Primero, es posible que crean que tales contribuciones serían un mero mecanismo para imponer nuevos gravámenes fiscales sin ningún efecto redistributivo. Segundo, incluso cuando los ingresos generados se destinen a la población de bajos ingresos, pueden resultar insuficientes para reducir las diferencias entre ricos y pobres en lo concerniente al acceso al suelo urbanizado (Furtado 2000). Tercero, el argumento intergeneracional de que tales gravámenes se imponen a los residentes más nuevos –generalmente pobres– que necesitan servicios, mientras que las generaciones anteriores no pagaron por servicios de infraestructura o instalaciones recreativas.

De tal modo, la naturaleza progresista de dichas políticas no se resuelve “creando impuestos” sobre los incrementos del valor del suelo ni tampoco apuntando hacia los contribuyentes de altos ingresos. La imagen de Robin Hood de tales políticas se diluye en cuanto queda claro que la parte del valor realmente recuperada de esta manera tiende a ser sólo una fracción –a menudo pequeña– de lo que el propietario recibe en realidad en beneficios. Este punto parece haber sido bien entendido por muchas poblaciones de bajos ingresos, como las de Lima, donde un programa exitoso que comprendía unos 30 proyectos se valió de la contribución de mejoras para financiar obras públicas a principios de la década de 1990.

Este ejemplo y otros indicios fuertes confirman la necesidad de reconsiderar las nociones convencionales sobre la tensión que existe entre los principios de beneficio y la capacidad de pago. En la práctica, la estrategia de atraer cierta intervención pública hacia nuestro vecindario (incluso si ello implica pagar su costo) es más ventajosa que la alternativa de quedar relegado. Sin embargo, este punto debería tratarse con cautela, a la luz de ciertas experiencias en las que se ha aplicado la contribución de mejoras en áreas de bajos ingresos con fines distintos al beneficio de los ocupantes; por ejemplo, para justificar el desalojo o provocar la partida de aquellos residentes que no pueden pagar las mejoras (Everett 1999).

Consideraciones finales

A pesar de las dificultades de interpretación y resistencia a la implementación descrita más arriba, las políticas de recuperación de plusvalías sin duda están despertando nuevo interés y logrando mayor aceptación. Los esfuerzos para utilizar la recuperación de plusvalías se han multiplicado en número y creatividad y sus virtudes, aparte de ser una fuente alternativa de financiamiento público, se entienden cada vez más. Los funcionarios de la administración pública se están dando cuenta del “valor de mercado” de su competencia privativa para controlar los derechos de uso del suelo, así como para definir la ubicación y fecha adecuada de las obras públicas. Asimismo ven que la negociación transparente del uso del suelo y las relaciones de densidad reducen el margen de transacciones que solían realizarse “por debajo de la mesa”. Como el vínculo entre la intervención pública y el incremento del valor del suelo se hace cada vez más notorio, las actitudes están cambiando para hacerse más favorables a la creación de una cultura fiscal que fortalezca los impuestos a la propiedad y los ingresos locales en general.

Sin embargo, todavía queda mucho por hacer en ambas esferas: investigar la naturaleza compleja de las políticas de recuperación de plusvalías y promover un mayor entendimiento por parte de los funcionarios públicos de la manera en que pueden usarse para beneficiar a sus respectivas comunidades. Es indispensable conocer mejor ciertas idiosincrasias latinoamericanas, como cuando los incrementos significativos del valor del suelo se generan bajo regímenes alternativos de tenencia de la tierra que no gozan de la protección del estado, y en casos en que el suelo representa un importante mecanismo de capitalización para los pobres.

Más allá de las limitaciones tradicionales estructurales de patrimonialismo, corrupción, intereses velados, insensibilidad ideológica y demás, una parte considerable de la “variación inexplicable” en las diferentes experiencias con la recuperación de plusvalías en América Latina puede atribuirse a la falta de información. Con el fin de mejorar la comprensión de los principios e implementación de la recuperación de plusvalías, quedan muchas oportunidades para documentar y analizar las experiencias actuales con valoración alternativa del suelo y los instrumentos impositivos.

Martim Smolka es miembro principal y director del Programa para América Latina y el Caribe del Instituto Lincoln, y Fernanda Furtado es miembro del Instituto y profesora del Programa de Posgrado en Urbanismo de la Universidad Federal de Río de Janeiro.