E

n la ciudad china de Zhengzhou, un centro de fabricación ubicado casi a mitad de camino entre Pekín y Shanghái, un smog continuo que irrita los ojos colocaba a la ciudad en las listas de las ciudades más contaminadas del mundo. Hace casi10 años, los dirigentes locales se unieron en un plan de acción nacional e integral para limpiar el aire, iniciado por varios departamentos gubernamentales centrales y diseñado para reducir las emisiones de la industria, la producción energética, el uso del suelo y otras actividades de consumo.

Unos años más tarde, los resultados eran claros: nada extremo, pero cielos más celestes y una diferencia lo suficientemente notoria para influir en el comportamiento social, como la disposición de la gente a viajar y estar al aire libre. Un equipo de investigadores descubrió algo más: la mejora en la calidad del aire se relacionaba con un aumento general del valor de las propiedades.

Mediante un modelo espaciotemporal que cuantificaba la asociación entre el aire más puro y el valor del suelo, los investigadores determinaron que mejorar la calidad del aire en un 10 por ciento aumentaba un 5,6 por ciento el valor de las propiedades en toda la ciudad, dice Erwin van der Krabben, profesor en la Universidad Radboud en Países Bajos. Con el tiempo, eso podría dar como resultado un estímulo de US$ 63.000 millones, dice van der Krabben.

“Si se mejora aún más la calidad del aire, podemos predecir cuánto valor obtendremos”, dice van der Krabben, que está documentando las ramificaciones de la acción climática a nivel mundial. Hace poco coescribió un documento de trabajo del Instituto Lincoln sobre la calidad del aire y el valor del suelo en China, junto con Alexander Lord de la Facultad de Ciencia Medioambiental de la Universidad de Liverpool y Guanpeng Dong, profesor de Geografía Humana Cuantitativa en la universidad de Henan (Lord, van der Krabben y Dong, 2022).

La idea de que la acción medioambiental aumenta el valor del suelo y las propiedades puede parecerle obvia a muchos, pero, en general, creo que no se ha demostrado completamente. El tipo de análisis realizado en Zhengzhou es importante porque vincula directamente las mejoras medioambientales con un aumento del valor. Demostrar la relación es fundamental para respaldar la herramienta financiera que podría ser clave para abordar la crisis climática: la recuperación de plusvalías.

La recuperación de plusvalías, una herramienta financiera poco conocida en el pasado, se usa en todo el mundo para ayudar a financiar el transporte, la vivienda asequible, los espacios al aire libre y otras obras de infraestructura pública. El enfoque requiere que los emprendedores inmobiliarios y los propietarios aporten una parte de los aumentos del valor de las propiedades o del suelo, fomentados por la inversión pública y las acciones gubernamentales. Las municipalidades destinan la renta generada a obras de infraestructura u otros proyectos que benefician al público (Germán y Bernstein, 2020).

Mientras el mundo se prepara para invertir billones de dólares en un esfuerzo masivo para dejar atrás los combustibles fósiles, reducir las emisiones y generar resiliencia, la recuperación de plusvalías podría ayudar a subsanar la brecha financiera climática internacional, en especial a nivel local.

Determinar que lo que es bueno para el planeta es bueno para la economía, dice van der Krabben, explica con claridad la premisa fiscal de usar la recuperación de plusvalías. En China, donde el suelo es propiedad del estado y se arrienda a los emprendedores inmobiliarios, los aumentos del valor del suelo se añaden al precio que pagan los emprendedores. “Si las ciudades chinas actúan de manera racional, si invierten ese ingreso adicional de la renta del suelo, si continúan destinando esas inversiones a generar aire más puro, se logra un círculo virtuoso”, dice.

En consecuencia, se implementan metodo-logías de valuación y tasación cada vez más sofisticadas para describir el impacto de la acción gubernamental en el valor del suelo y la propiedad, y no solo para detallar cómo una estación de transporte o un parque resiliente a las inundaciones crea una mejora en el barrio local, sino cómo las políticas más amplias, como los requisitos de aire puro o las políticas que fomentan la actividad física, pueden tener un impacto positivo en un público más amplio.

El análisis del “círculo virtuoso” no es solo una razón económica poderosa que respalda la responsabilidad compartida del financiamiento de la acción climática, sino que también es una razón moral. Por lo general, en muchos lugares, los emprendedores inmobiliarios y los propietarios obtienen beneficios inesperados, generados por las inversiones públicas.

“Hay una falta de financiamiento bien documentada de las acciones que se necesitan para abordar la crisis climática”, dice Amy Cotter, directora de Estrategias Climáticas en el Instituto Lincoln. “Una parte muy pequeña funciona como la recuperación de plusvalías: se crea a partir de la misma acción que posibilita, bajo control local”. La recuperación de plusvalías “no solventará el financiamiento climático, pero tiene el potencial de subsanar una brecha importante”, dice Cotter.

UNA CARACTERÍSTICA LLAMATIVA del estudio de caso de la contaminación aérea de Zhengzhou es que los beneficios se distribuyeron por toda la ciudad. Pero en los contextos urbanos, una amplia gama de proyectos y políticas que pueden contribuir a la resiliencia ante el cambio climático se están poniendo de manifiesto en términos económicos, tanto a nivel de una cuadra de la ciudad como de todo un barrio:

• La Ordenanza Eco Eficiencia del distrito Metropolitano de Quito, que ganó un premio Guangzhou en 2021 por innovación urbana, fomenta la eficiencia energética y la densidad vendiéndoles a los emprendedores inmobiliarios el derecho a construir edificios más altos si tienen elementos ecológicos o están cerca de un medio de transporte público. Desde que la ordenanza entró en vigencia en 2016, se aprobaron 35 proyectos que tuvieron tanto éxito que los emprendedores inmobiliarios no tuvieron problemas en devolver una parte de las ganancias mediante esta herramienta de recuperación de plusvalías. La ciudad invertirá los US$ 10,7 millones recaudados hasta el momento en mejoras, como parques y viviendas asequibles, y está adoptando la ordenanza como parte de su nuevo plan de administración y uso del suelo.
• En un estudio realizado por Center for Neighborhood Technology (CNT) y SB Friedman Development Advisors, se descubrió que las instalaciones de infraestructura verde de agua pluvial en Seattle y Filadelfia, como los jardines infiltrantes y los bajíos, daban como resultado un aumento estadísticamente importante en los precios de venta de las viviendas cercanas (CNT y SB Friedman Development Advisors, 2020). Duplicar los metros cuadrados de jardines infiltrantes, bajíos, áreas con plantas o pavimento permeable a 75 metros de una vivienda se asocia con un valor de venta entre 0,28 y 0,78 por ciento mayor, en promedio.
• En Buenos Aires, una valuación similar de proyectos de infraestructura azul-verde propuestos en la cuenca del arroyo Medrano demostró un enorme potencial de impactos positivos sobre el valor del suelo, a partir de la reducción del riesgo de inundaciones asociado con la infraestructura gris tradicional, y las mejoras en el espacio verde público (Kozak et al., 2022). Los autores citan un proyecto que mejoró el acceso público al río Paraná en Santa Fe, Argentina, como ejemplo del desarrollo que puede tener esto. La revitalización de esta vía fluvial produjo un aumento promedio del 21 por ciento del valor del suelo en un radio de 10 cuadras de la costa.
• Los principales proyectos de transporte del mundo que contribuyen a alcanzar los objetivos de descarbonización, desde la extensión del ferrocarril Tsukuba Express de Tokio, hasta la modernización y electrificación del ferrocarril interurbano de pasajeros en San José, Costa Rica, y el proyecto de ferrocarril de Londres, que se espera que ahorre aproximadamente 2,75 millones de toneladas de carbono durante su vida útil, se financian, en su mayoría o en parte, a partir de la presunción de que los valores de las propiedades ubicadas a lo largo de las rutas que cubren aumentarán.
• Los emprendedores inmobiliarios y los propietarios buscan un lugar seguro, lejos de la subida del nivel del mar y otros impactos climáticos, y están dispuestos a pagar por esa sensación de seguridad. Boston creó un fondo de resiliencia ante el cambio climático, al que los emprendedores inmobiliarios contribuyen para ayudar a coordinar la construcción de malecones y sistemas naturales a fin de proteger el suelo urbano. Cada vez más, el hecho de colaborar con la adaptación se considera como un pequeño precio que debe pagarse para proteger los bienes inmuebles y garantizar que no se pierda su valor inherente, dice Brian Golden, el recién jubilado director de la Agencia de Planificación y Desarrollo de Boston.

Parece ser que lo mismo aplica a los compradores particulares. Siempre tuvieron en cuenta las características de la propiedad y las preferencias de los consumidores, como la cantidad y la composición de las habitaciones o la calidad de las escuelas públicas locales. Ahora quieren saber más sobre las características que hacen que una vivienda sea más resiliente ante el cambio climático y están dispuestos a pagar más por ellas, según Katherine Kiel, una profesora de Economía en College of the Holy Cross, Massachusetts, y autora de un documento de trabajo del Instituto Lincoln sobre la adaptación y el valor de las propiedades (Kiel 2021).

SI BIEN LA CONEXIÓN entre las intervenciones medioambientales y el aumento de los valores es una buena noticia para los emprendedores inmobiliarios y los propietarios, el asunto se complica con el aburguesamiento y los desplazamientos. Un ejemplo reciente y conocido de mejoras ecológicas que tienen un impacto en la economía local es la iluminación natural del río Saw Mill en Yonkers, Nueva York, que transformó un área de negocios descuidada de forma tal que los precios de las viviendas se alzaron repentinamente en el área circundante, dice Cate Mingoya, directora nacional de Resiliencia ante el Cambio Climático y Uso del Suelo en Groundwork USA. Los aumentos se produjeron por “la percepción de un espacio más limpio y más verde”, dice Mingoya.

“De ninguna manera plantar árboles o iluminar de forma natural un río obliga a los propietarios a aumentar los alquileres de una manera tan abrupta. En ninguna parte dice que los propietarios tienen derecho a maximizar el beneficio de un sistema que está regulado injustamente a su favor”, dice.

Pero los propietarios pueden aprovechar estas inversiones públicas para cobrar más y de hecho lo hacen, dice Mingoya, que modera asociaciones intersectoriales para implementar medidas de adaptación climática en comunidades vulnerables. Algunas comunidades que buscan frenar el aburguesamiento ecológico implementan medidas que son “lo suficientemente ecológicas . . . y donde se hacen una cantidad limitada de mejoras en los barrios de bajos recursos en un intento por evitar los desplazamientos”. Muchas veces estos esfuerzos rozan lo absurdo, según Mingoya: “¿Debería haber 30 árboles o solo 10?”. Pero claramente demuestran la conciencia cada vez mayor de que las intervenciones ecológicas y el aumento de los valores están relacionadas (las políticas de recuperación de plusvalías diseñadas estratégicamente pueden mitigar los casos en los que las intervenciones medioambientales se asocian con el aburguesamiento y los desplazamientos, con disposiciones para aumentar las viviendas asequibles, por ejemplo).

Desde otra perspectiva, las condiciones medioambientales malas que no se abordan o que se abordan de forma parcial tienen un efecto económico negativo. En un informe reciente que realizaron investigadores de varias universidades de Utah, se estima que el aire contaminado acorta la expectativa de vida dos años y le cuesta al estado casi US$ 2.000 millones al año. Algunos gobiernos locales y estatales llevan un registro del daño que causa el cambio climático, según Pew Charitable Trusts, a fin de prepararse para demandar a las empresas de combustibles fósiles.

La falta de acción climática, en casos en los que las municipalidades no pueden o no quieren implementar infraestructura de resiliencia ni tomar otras medidas para evitar las inundaciones, la subida del nivel del mar, las avalanchas de lodo y otros problemas similares, hace caer el valor precipitadamente. Un estudio sobre el hundimiento del suelo en Java, Indonesia, donde las viviendas se hundieron en tierra inestable, demostró que la práctica local de reconstruir sobre socavones, a veces dos o tres veces, con la esperanza de recuperar la viabilidad económica no ayudó a detener la disminución del valor de las propiedades. La única solución en esos casos, según el estudio, que también fue dirigido por van der Krabben, sería realizar una recomposición enorme de la administración del agua y el suelo, o abandonar el área por completo. Indonesia sigue avanzando con la reubicación a gran escala de su capital, Yakarta, principalmente por esta razón.

En Miami, uno de los motivos de las contribuciones del sector privado a la infraestructura de resiliencia es que, sin acciones rápidas, más propiedades quedarán sumergidas en el agua. Desde esta perspectiva, las medidas protectoras hacen más que aumentar el valor del suelo y las propiedades; evitan que los valores caigan por debajo de cero, ya que evitan que el suelo sea inhabitable.

INCLUSO A MEDIDA QUE AUMENTA LA EVIDENCIA DE LA RELACIÓN entre la acción medioambiental y el alza económica, deben superarse muchos desafíos para que funcione la recuperación de plusvalías. Las leyes nacionales de desarrollo urbano deben reformarse para autorizar a más gobiernos locales a utilizar las plusvalías y permitir rentas propias. En todo el mundo sigue habiendo una gran necesidad de una mejor capacidad institucional, una buena gobernanza, controles del suelo y sistemas de tenencia.

Los gobiernos también deben recordar que las finanzas con base en el suelo son solo una forma de financiar las iniciativas climáticas y medioambientales, que tienen mayor capacidad para subsanar brechas que para actuar como fuente principal o única de renta para un mundo con emisiones de carbono neutras.

Probablemente, los gestores de políticas también tengan que cuidarse para no abarcar demasiado. Los beneficios de una estación de transporte para las viviendas cercanas son “claros como el agua”, dice van der Krabben, por lo que los emprendedores inmobiliarios son más propensos a realizar aportes para estas obras de infraestructura. El beneficio más importante de una política medioambientalmente progresiva a nivel local o regional, por ejemplo, la prohibición de los sistemas de calefacción y refrigeración alimentados con combustibles fósiles en las construcciones nuevas, como las prohibiciones para usar gas natural en grandes ciudades de los EE.UU., como Seattle, San Francisco y Nueva York, puede ser más difícil de vender.

“Lo que se busca es que los emprendedores inmobiliarios contribuyan con las inversiones regionales, pero eso es más difícil de negociar. Los beneficios son más indirectos”, dice van der Krabben.

Según los académicos, esta es una razón más por la que deben analizarse las prácticas de valuación y tasación que rigen las plusvalías y los aumentos del valor de las propiedades en primer lugar. Los métodos de valuación más sofisticados mejoraron la precisión de la tasación, dice Joan Youngman, miembro sénior del Instituto Lincoln, citando el estándar técnico de la Asociación Internacional de Funcionarios Tasadores (IAAO, por su sigla en inglés) para el avalúo masivo de los bienes inmuebles, que fue diseñado para mejorar la equidad, la calidad, la igualdad y la precisión de la valuación. El avalúo masivo se define en ese estándar como “el proceso de valuar un conjunto de propiedades en una fecha determinada mediante datos comunes, métodos estandarizados y pruebas estadísticas”.

Es posible que próximamente el proceso de valuación se realice con ayuda de herramientas tecnológicas. Hace poco el International Property Tax Institute y la IAAO publicaron informes sobre el uso posible de la inteligencia artificial (IA) en la valuación de propiedades. Si bien la IA presenta desafíos e incertidumbre, se espera que produzca valores más precisos que los que se obtienen mediante los métodos tradicionales.

Cuando se trata de identificar los efectos de las acciones y la inversión públicas en el valor del suelo, las herramientas modernas, el análisis de datos y las técnicas estadísticas ayudan a identificar y medir las plusvalías, dice Youngman.

Con buenas prácticas, un pensamiento especulativo y una lista cada vez más extensa de ciudades en todo el mundo que usan la recuperación de plusvalías, quienes abordan la crisis climática esperan que la relación entre las inversiones públicas masivas necesarias para salvar el futuro del planeta y las recompensas económicas que brindan sea más clara; además, esperan que se evidencien aún más las formas en que dichas recompensas económicas se pueden reinvertir para el bien público (Bisaro y Hinkel, 2018; Dunning y Lord, 2020; Van der Krabben, Samsura y Wang, 2019).

Golden, el planificador saliente de Boston, dice que notó un “cambio cultural” entre los propietarios y los emprendedores inmobiliarios, que reconocen que las inversiones públicas en infraestructura de resiliencia protegen los bienes inmuebles privados, lo que hace que sea más probable que ayuden a cubrir los costos.

Exigir que los emprendedores inmobiliarios ayuden a financiar la restauración de los terraplenes, los malecones y los sistemas naturales, que servirán de protección ante una subida estimada del nivel del mar de 100 centímetros en la costa de 75 kilómetros de la ciudad, se toma como una cuestión de interés propio, dice Golden, no solo para los sitios de desarrollo particulares, sino para la prosperidad a futuro de Boston como motor económico de la región. El sector privado prácticamente no mostró resistencia contra iniciativas como el fondo de resiliencia. “Hay mucho trabajo por hacer”, dice Golden. “Ellos lo saben”.

Anthony Flint es miembro sénior del Instituto Lincoln, conduce el ciclo de pódcasts Land Matters y es editor colaborador de Land Lines.

Imagen principal: Zhengzhou, provincia de Henan, China. Crédito: Zhang mengyang vía iStock/Gettty Images.

Referencias

Bisaro, Alexander y Jochen Hinkel. 2018. “Mobilizing Private Finance for Coastal Adaptation: A Literature Review”. WIREs 9(3). https://doi.org/10.1002/wcc.514.

CNT y SB Friedman Development Advisors. 2020. “Green Stormwater Infrastructure Impact on Property Values”. Noviembre. Chicago, IL: Center for Neighborhood Technology. https://cnt.org/publications/green-stormwater-infrastructure-impact-on-property-values.

Dunning, Richard J. y Alex Lord. 2020. “Viewpoint: Preparing for the Climate Crisis: What Role S…hould Land Value Capture Play?” Land Use Policy, volumen 99. Diciembre. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837720302908?via%3Dihub.

Germán, Lourdes y Allison Ehrich Bernstein. “Land Value Return: Tools to Finance Our Urban Future”. Resumen de políticas Cambridge, MA: Instituto Lincoln de Políticas de Suelo (enero). https://www.lincolninst.edu/publications/policy-briefs/land-value-return.

Kiel, Katherine A. 2021. “Climate Change Adaptation and Property Values: A Survey of the Literature”. Documento de trabajo Cambridge, MA: Instituto Lincoln de Políticas de Suelo (agosto). https://www.lincolninst.edu/publications/working-papers/climate-change-adaptation-property-values.

Kozak, Daniel y Hayley Henderson, Demián Rotbart, Alejandro de Castro Mazarro y Rodolfo Aradas. 2022. “Implementación de Infraestructura Azul y Verde (IAV) a través de mecanismos de captación de plusvalía en la Región Metropolitana de Buenos Aires: El caso de la Cuenca del Arroyo Medrano”. Documento de trabajo Cambridge, MA: Instituto Lincoln de Políticas de Suelo (febrero). https://www.lincolninst.edu/publications/working-papers/implementacion-infraestructura-azul-verde-iav-traves-mecanismos. [Versión en inglés disponible en https://www.mdpi.com/2071-1050/12/6/2163.]

Krabben, van der, Erwin, Samsura, Ary y Wang, Jinshuo. 2019. “Financing Transit Oriented Development by Value Capture: Negotiating Better Public Infrastructure”. Documento de trabajo Cambridge, MA: Instituto Lincoln de Políticas de Suelo (junio). https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/van_der_krabben_wp19ek1.pdf.

Lord, Alexander, Erwin van der Krabben y Guanpeng Dong. 2022. “Building the Breathable City: What Role Should Land Value Capture Play in China’s Ambitions to Prepare for Climate Change?” Documento de trabajo Cambridge, MA: Instituto Lincoln de Políticas de Suelo (junio). https://www.lincolninst.edu/publications/working-papers/building-breathable-city.

El Instituto Lincoln de Políticas de Suelo ha trabajado en América Latina y el Caribe por 29 años, 27 de los cuales estuvieron bajo el liderazgo del economista urbano Martim Smolka. El Instituto comenzó su trabajo en la región con el objetivo de ayudar a los líderes a enfrentar el desafío de los asentamientos informales en tiempos de rápida urbanización.

Desde entonces, el Instituto Lincoln ha trabajado con miles de planificadores urbanos, funcionarios de gobiernos locales, y otros gestores de políticas y profesionales a lo largo de América Latina y el Caribe para la creación de nuevas políticas que fomenten la equidad social y la sostenibilidad a través del uso efectivo del suelo y del financiamiento con base en el suelo.

El Instituto Lincoln ha contribuido a la adopción de la recuperación de plusvalías como método para la distribución equitativa de los beneficios y cargas de la urbanización, así como al financiamiento de infraestructura y otras inversiones en áreas marginales. El Instituto publicó el reporte de Smolka “Implementación de la recuperación de plusvalías en América Latina” en 2013, considerado una referencia en el tema. Dos años antes había publicado el reporte fundamental sobre el mejoramiento de los asentamientos informales “Regularización de asentamientos informales en América Latina”.

Con la jubilación de Smolka a principios de este año, el Instituto Lincoln tiene una nueva cara en la región, la economista Anacláudia Rossbach, quien asumió como directora para América Latina y el Caribe en agosto. Rossbach se desempeñó hasta hace poco como gerenta regional de Cities Alliance, donde contribuyó a la transferencia de conocimiento y mejores prácticas entre líderes en políticas urbanas y de vivienda. Anteriormente, fue coordinadora de proyectos para el mejoramiento de asentamientos informales en Brasil, fundó una organización no gubernamental, y también fue parte del Banco Mundial como especialista sénior para vivienda.  

En esta entrevista editada, Anacláudia Rossbach habla sobre el trabajo del Instituto Lincoln en América Latina y el Caribe, y los desarrollos que pueden esperarse para la región en los próximos años.

Will Jason: ¿Conocía al Instituto Lincoln antes de enterarse de este cargo?

Anacláudia Rossbach: El Instituto Lincoln me era bastante familiar porque tiene una gran reputación en América Latina. Entre las entidades que trabajan en temas urbanos, el Instituto Lincoln es muy conocido y cuenta con una red muy fuerte. Y yo entendía el gran impacto: no es difícil encontrar a alguien que trabaje en un municipio, en un gobierno nacional, que haya sido parte de los programas educacionales del Instituto.

WJ: ¿Cuál cree que es el mayor valor que el Instituto Lincoln ha entregado a la región?

AR: Creo que hay mucha más conciencia con respecto al rol fundamental que tiene el suelo en la planificación y el desarrollo urbano. El tema de la recuperación de plusvalías ha sido bien introducido en la región, por lo que hoy las personas, los profesionales y todos quienes trabajan en los municipios comprenden la importancia de la recuperación de plusvalías.

Si se compara el panorama de hace 20 años y el de hoy, se puede ver que actualmente en América Latina tenemos muchas ciudades que han introducido instrumentos de financiamiento con base en el suelo o instrumentos más avanzados de administración de suelos en la planificación urbana. Se ven cambios en los marcos legales nacionales de los países.

Pero por supuesto, todavía tenemos un largo camino por delante porque, bueno, la informalidad aún está muy presente en la región. Es la región más desigual del mundo. Se puede ver que las ciudades están segregadas, esto es visible.

WJ: ¿Cuál cree que es el rol más importante que el Instituto Lincoln puede continuar ejerciendo? ¿Y qué tipo de cambios las personas de la región pueden esperar del Instituto Lincoln a partir de este momento?

AR: Por supuesto que el Instituto Lincoln no cambiará la posición que ha promovido por largo tiempo, pero creo que necesitamos poner más atención a la informalidad. Notamos que durante la pandemia estos asentamientos informales, estas ocupaciones informales en nuestras ciudades sufrieron, y si bien aún no tenemos números, creo que podríamos ver alguna expansión de la informalidad del suelo en América Latina. Ya sabemos que tenemos más pobreza.

La pobreza ha aumentado durante el COVID y tenemos tasas de desempleo más altas en los países de la región. Entonces, la vivienda será menos asequible y, por lo tanto, la probabilidad de que se creen ocupaciones informales aumentará. Debemos ser inteligentes para saber combinar medidas preventivas y correctivas a través de instrumentos de administración del suelo, planificación urbana, estrategias para viviendas de bajos ingresos y mejoramiento de asentamientos informales para ser capaces de enfrentar la magnitud del problema que enfrentamos hoy y que enfrentaremos en el futuro si las condiciones actuales se mantienen.

El otro asunto es que hemos estado desarrollando capacidades en la región por un tiempo, pero necesitamos encontrar una manera para extender el alcance de lo que hemos estado haciendo. Tenemos muchas ciudades en la región, tenemos una situación clara de falta de capacidad a nivel de las ciudades, y hablo de ciudades de diferentes tamaños. Debemos pensar estratégicamente cómo podemos sacar ventaja de nuestro impacto y tener un mayor alcance en términos del aumento de capacidad.

Y luego, por supuesto, debemos ser capaces de medir de mejor manera nuestro impacto.

¿Cómo podemos encontrar maneras de generar mediciones cualitativas del impacto, o incluso mediciones cuantitativas del impacto que estamos generando en la región? Veo un gran potencial del Instituto Lincoln para aumentar el impacto en la región a través de asociaciones y alianzas. El Instituto ya ha estado trabajando a través de asociaciones, comunidades de práctica y redes, pero creo que en el futuro necesitamos reforzar y aumentar las asociaciones que hemos generado en el pasado.

Y por supuesto, necesitamos abordar al gran desafío que todos enfrentamos, que es el cambio climático. En América Latina tenemos una situación en que los más vulnerables, los más pobres de las ciudades, son los más afectados por el cambio climático. Aún tenemos muchas personas sin agua en la región. Tenemos este importante desafío bajo la gran sombra del cambio climático, que afecta a una parte importante de la región, una región que contribuye en menor medida a las emisiones globales pero que es afectada en mayor medida por los desastres y por sus consecuencias.

WJ: Volvamos a la distinción que hizo cuando estaba hablando sobre la informalidad, entre medidas correctivas y medidas preventivas. ¿Podría explayarse más sobre qué ha hecho y qué podría hacer el Instituto Lincoln en cada una de estas áreas, que son muy distintas?

AR: No sé si son tan distintas; creo que están interrelacionadas. Necesitamos reforzar la manera en que prevenimos la aparición de la informalidad. Y esto es lo básico: entregar para la construcción de viviendas suelo bien localizado y con servicios. Es más barato proveer infraestructura al comienzo que instalar servicios retroactivamente en los asentamientos informales. También necesitamos asegurar la disponibilidad de viviendas de bajos ingresos a través regulaciones para viviendas inclusivas u otras regulaciones.

Pero la informalidad ya está ahí y afecta nuestras vidas diarias. ¿Qué aspectos de las políticas de suelo el Instituto puede utilizar como medidas correcticas? Regularización del suelo, por ejemplo. En Brasil, por nombrar un caso, incluso tenemos empresas que realizan regularización del suelo. Es un mercado, es una política pública.

Pienso que podemos encontrar maneras para apoyar este tipo de iniciativas: mejorar los asentamientos informales a través de una combinación entre regularización del suelo, desarrollo de infraestructura, acceso al agua y protección de los ambientes naturales. Todas estas son áreas que pueden ser miradas holísticamente. El suelo es parte de un tejido vivo, donde todas estas cosas están sucediendo y donde la gente vive.

WJ: ¿A su juicio, qué rol jugará la recuperación de plusvalías en la regularización?

AR: La recuperación de plusvalías podría financiar la regularización, como fuente de fondos, porque es un instrumento que se desarrolla a nivel de ciudades. Usualmente, para las grandes regularizaciones o programas de mejoras, las ciudades dependen de los gobiernos nacionales o de subsidios nacionales.

Pero también al regularizar el suelo lo estamos incorporando al mercado. Estamos mejorando la capacidad de la ciudad como un todo para sacar ventaja de la recuperación de plusvalías porque estamos creando un nuevo activo en la ciudad.

WJ: En un tema más liviano, ¿qué país de América Latina tiene la mejor comida? ¿Cuál tiene la mejor música?

AR: Esa es una pregunta capciosa, porque me gustan muchos tipos de música y de comida de América Latina. Pero debo confesar mi amor eterno a México. Pienso que el país tiene comida increíble y, en general una cultura muy rica. Me gustan especialmente las voces femeninas de la escena musical mexicana actual.

Imagen: Anacláudia Rossbach.

The Lincoln Institute of Land Policy has worked in Latin America and the Caribbean for 29 years—the past 27 of them under the leadership of urban economist Martim Smolka. The institute entered the region with the goal of helping leaders to address the challenge of informal settlements at a time of rapid urbanization.

Since then, the Lincoln Institute has worked with thousands of urban planners, local government officials, and other policy makers and practitioners throughout Latin America and the Caribbean, contributing to new policies to promote social equity and sustainability through effective land use and land-based financing.

The Lincoln Institute has contributed to the adoption of land value capture as a method to equitably distribute the benefits and burdens of urbanization, and to finance infrastructure and other investment in marginalized areas. The institute published Smolka’s authoritative report on the subject, Implementing Value Capture in Latin America, in 2013, two years after its foundational report on the upgrading of informal settlements, Regularization of Informal Settlements in Latin America.

With Smolka’s retirement earlier this year, the Lincoln Institute has a new face in the region, Anacláudia Rossbach, who took over as director for Latin America and the Caribbean in August. An economist, Rossbach joins the Lincoln Institute from Cities Alliance, where she served as the regional manager for Latin America and the Caribbean, supporting the transfer of knowledge and best practices among leaders in housing and urban policy. Previously, Rossbach oversaw major slum upgrading projects in Brazil, founded a nongovernmental organization, and served as a senior housing specialist for the World Bank.

In this edited interview, Rossbach speaks about the Lincoln Institute’s work in Latin America and the Caribbean, and potential developments in the region in the coming years.

Will Jason: How familiar were you with the Lincoln Institute before you learned about this position?

Anacláudia Rossbach: I was quite familiar because the Lincoln Institute has a strong reputation in Latin America. Among stakeholders working on urban issues, the Lincoln Institute is very well known and has a very strong network. And I understood the huge impact. It’s not difficult to find someone working in a city, in a national government, that has been part of a Lincoln Institute educational program. 

WJ: What do you see as the greatest value that the Lincoln Institute has been delivering to the region?

AR: I think there is more awareness around the key role that land plays in urban planning and development. The topic of land value capture was very well introduced in the region. Today, people, professionals, practitioners working in cities, they understand the importance of land value capture.

If you look at the big picture 20 years ago and now, you see that today in Latin America, we have many cities that have introduced land-based finance instruments or more advanced land management instruments in urban planning. You see changes in the national legal frameworks of countries.

But still, of course, we have a long way to go because, well, informality is still very prevalent in the region. The region is the most unequal in the world. You see the cities are segregated; this is visible.

WJ: What do you see as the most important role that the Lincoln Institute can continue to play? And what types of changes can people in the region expect from the Lincoln Institute now?

AR: Of course, the Lincoln Institute will not change the position that it has been advocating for a long time, but I believe that we need to pay more attention to informality. We noticed during the pandemic how these informal settlements, these informal occupations in our cities suffered, and we don’t have numbers yet, but I believe we might see some expansion in the informality of land in Latin America. We know that we have more poverty already.

Poverty has grown during COVID and we have higher unemployment rates in the countries in the region. So, housing will be less affordable and then the likelihood to create informal occupations and so on will increase. We have to really be smart on how to combine preventive and curative measures through land management instruments, urban planning, low-income housing strategies, and slum upgrading to be able to address the size of the problem that we face now, and will face in the future if the current conditions prevail.

The other thing is that we have been building capacity in the region for a while, but we need to see a way to extend the outreach of what we have been doing. We have many cities in the region, we have a clear situation of lack of capacity at the city level, and I’m talking about different sizes of cities. We need to strategically think how we can leverage our impact and have a bigger outreach in terms of building capacity. 

And then, of course, we should be able to measure our impact more. How can we find ways to go for qualitative assessments of the impact or even quantitative assessments of the impact that we are generating in the region? I see a great potential for the Lincoln Institute to increase impact in the region through partnerships and alliances. The institute has been already working through partnerships, communities of practice, and networks but I believe in the future we need to strengthen and add to some of the partnerships that we have been generating in the past.

And of course, we need to address the big challenge that we all face, which is climate change. We have, in Latin America, a situation where the most vulnerable, the poorest in the city, are most affected by climate change. We still have many people without water in the region. We have this major basic challenge in the region under this big shadow of climate change, which is affecting a lot of the region, a region that contributes less to emissions globally, but is being highly affected by disasters, by the consequences.

WJ: Let’s come back to the distinction that you made when you were talking about informality, between curative measures and preventive measures. Could you please talk a little bit more about what the Lincoln Institute has done and could do in each of these two areas, which are very distinct?

AR: I don’t know if they’re so distinct; I think they are interrelated. We need to strengthen the way we prevent informality from taking place. And this is, well, the basics: provide well located, serviced land for housing. It’s cheaper to provide infrastructure at the beginning than it is to retrofit slums with services later. We also need to make sure there are low-income housing options available through inclusionary housing or other regulations.

But informality is already there, and it’s affecting our daily lives. What are the aspects of land policy that the Institute can use as a curative measure? Land regularization, for example. In Brazil, for instance, we even have companies doing land regularization. It’s a market, it’s a public policy.

I think we can find ways to support these kinds of initiatives—improving informal settlements through a combination of regularization of land and infrastructure improvement, access to water, and protection of natural environments. These are all areas that we can look at in a more holistic manner. Land is part of a living tissue, where you have all these things happening and you have people living. 

WJ: What role do you see land value capture playing in regularization?

AR: Land value capture could finance regularization, as a source of funding, because land value capture is an instrument that is developed at city level. Usually, for big regularization or upgrading programs, cities depend on national governments, on national grants.

But also, once you regularize land, you are bringing land to the market. You are adding value to the city. You are improving the capacity of the city as a whole to leverage land value capture because you’re bringing a new asset to the city.

WJ: On a lighter note, which Latin American or Caribbean country has the best food? Which has the best music?

AR: This is a tricky question, because I am very fond of many types of Latin American music and food. But I need to confess my eternal love for Mexico. The country has amazing food, and to me a very rich culture overall. I particularly like the female voices from the Mexican contemporary musical scene.

Will Jason is the director of communications at the Lincoln Institute of Land Policy. 

Image: Anacláudia Rossbach

As cities and towns seek funding for transportation, parks, affordable housing, and other public goods, they often overlook one of their most valuable assets—land. A new Policy Focus Report from the Lincoln Institute of Land Policy shows how local governments make land more valuable by building infrastructure and facilitating urban development, and how they can ensure that the community reaps the benefits. 

Land value capture enables communities to recover and reinvest the land value increase that results from actions such as building new train stations or changing regulations to enable more dense development. In Land Value Capture in the United States: Funding Infrastructure and Local Government Services, author Gerald Korngold explains how the major land value capture tools work, and recommends a path forward for leaders who want to implement them. 

The Trustee Professor of Law at New York Law School, Korngold also lays out the legal precedents for different types of land value capture and recommends ways policy makers can minimize legal risks. 

“Land value capture has in various forms been used and legally upheld in the United States for some 150 years,” he writes. “It remains a valid and viable option to finance government activities, provided policy makers leverage available tools appropriately.”  

Korngold provides an in-depth analysis of seven land value capture tools—exactions, impact fees, linkage fees, special assessments, mandatory inclusionary housing, incentive zoning, and transferable development rights. He uses case studies from around the country to explain how land value capture can contribute to public policy goals such as equity and sustainability. 

For example, in the Northern Virginia suburbs of Washington, DC, commercial property owners agreed to tax themselves more than $700 million to fund a 23-mile extension of the Metrorail system to Dulles International Airport, roughly an eighth of the total cost of the project. The first section of the new line opened in 2014, and the rest is scheduled to open later this year. 

In downtown Chicago, the city grants developers permission to construct larger buildings in exchange for voluntary fees, which are calculated based on the size of each project. The city directs 80 percent of the revenue to commercial development in underserved neighborhoods, 10 percent to public improvements near each downtown project, and 10 percent to the restoration of landmarks. 

Such policies are possible because transportation infrastructure and zoning for greater density have both been shown to increase the value of land, either by providing access to jobs and amenities, or increasing the profitability of a development, as Korngold documents in the report.  

“Without land value capture, this increased land value remains exclusively in private hands despite the public actions that created it,” Korngold writes. 

 The report is intended for state and local policy makers, urban planners, economic development officials, civic leaders, lawyers, advocates, and other stakeholders. 

“Gerald Korngold provides an all-too-rare pragmatic overview of land value capture, a topic that stokes great passion from theorists and practitioners alike,” said Ian Carlton, senior economic advisor for ECONorthwest, a consulting firm that specializes in economics, finance, and planning. “He clearly explains many of the value capture options that one could implement in the U.S. context.” 

The report is available for download at no cost: https://www.lincolninst.edu/publications/policy-focus-reports/land-value-capture-in-united-states 

Will Jason is the director of communications at the Lincoln Institute of Land Policy. 

Image: The Dulles Airport Metrorail extension continues to raise funding from special assessments as the project moves through its second phase. Credit: Tom Saunders, VDOT/Flickr/CC BY-NC-ND 2.0 

Learn more about the climate–land value connection at our Land-Based Climate Finance page. 

In the Chinese city of Zhengzhou, a manufacturing center located roughly halfway between Beijing and Shanghai, eye-stinging smog routinely put the metropolis on lists of the most polluted cities in the world. About 10 years ago, local leaders joined a comprehensive national clean air action plan, initiated by multiple central government departments and designed to reduce emissions from industry, energy production, land use, and other consumptive activities. 

A few years later, the results were literally clear—nothing dramatic, but more blue skies, and enough of a difference to influence social behavior such as people’s willingness to travel and be outside. And a team of researchers discovered something else: the air-quality improvements correlated with across-the-board increases in property values. 

Using a spatio-temporal model that clearly quantified the association between cleaner air and land values, the researchers determined that improving air quality by 10 percent led to citywide increases in property values of 5.6 percent, said Erwin van der Krabben, professor at Radboud University in the Netherlands. Over time, that could translate to a potential uplift of $63 billion, Van der Krabben said. 

“We can predict, if you further improve air quality, how much value you will get, and so on,” said Van der Krabben, who is documenting the ramifications of climate action globally. He recently coauthored a Lincoln Institute working paper on air quality and land values in China with Alexander Lord of the University of Liverpool’s School of Environmental Science and Guanpeng Dong, professor of quantitative human geography at Henan University (Lord, Van der Krabben, and Dong 2022). 

The idea that environmental action leads to higher land and property values may seem obvious to some, but for the most part, it has not been well demonstrated. The kind of analysis done in Zhengzhou is important because it directly links environmental improvements to increasing value. Demonstrating that link is crucial in making the case for a financial tool that could be essential for addressing the climate crisis: land value capture. 

Once a little-known financial instrument, value capture is used around the world to help fund transit, affordable housing, open space, and other public infrastructure. The approach calls for developers and landowners to contribute a portion of the increases in property value, or land value increment, that are prompted by public investment and government actions. Municipalities use the resulting revenue for infrastructure or other projects that benefit the public (Germán and Bernstein 2020).  

As the world prepares to spend trillions of dollars in a massive effort to transition from fossil fuels, reduce emissions, and build resilience, value capture could help close the global climate finance gap, particularly at the local level. Establishing that what’s good for the planet is good for the economy, Van der Krabben said, gets to the heart of the fiscal argument to use value capture. In China, where land is state owned and leased to developers, land value increases get built into the price developers pay. “So if Chinese cities act in a rational way, if they invest that additional income from land leases, if they continue investing that in cleaner air, then you have this kind of virtuous cycle,” he said. 

Accordingly, increasingly sophisticated valuation and assessment methodologies are being deployed to describe the impact of government action on land and property values—and not just detailing how a new transit station or a flood-resilient park creates uplift in a local neighborhood, but how broader policies, like clean air requirements or the promotion of walking, biking, and transit, can have a positive economic impact across a wider catchment.  

The “virtuous cycle” analysis may make not only a powerful economic argument for a shared responsibility in financing climate action, but a moral one, too. In many places, private developers and landowners generally walk away with the windfalls created by public investments. 

“There’s a well-documented lack of funding for the action that’s needed to address the climate crisis,” said Amy Cotter, director of Climate Strategies at the Lincoln Institute. “Precious little of it operates like land value capture: created by the very action it enables, within local control.” Land value capture “won’t solve climate finance, but we see its significant potential to fill an important gap,” Cotter said. 

ONE COMPELLING FEATURE of the Zhengzhou air pollution case study is that the benefits were spread across an entire city. But a wide range of projects and policies that can contribute to climate resilience are manifesting themselves economically in urban contexts, whether at the scale of one city block or an entire neighborhood: 

• The Eco Efficiency Ordinance for the Metropolitan District of Quito, which won a Guangzhou Award for Urban Innovation in 2021, incentivizes energy efficiency and density by selling developers the right to construct taller buildings if the projects have green elements and are near transit. Since the city adopted the ordinance in 2016, 35 projects have been approved that penciled out so well, developers had no issues returning a portion of their profits through this value capture tool. The city will invest the $10.7 million raised so far in improvements such as parks and affordable housing, and is making the ordinance part of its new land use and management plan. 
• A study by the Center for Neighborhood Technology and SB Friedman Development Advisors found that green stormwater infrastructure installations in Seattle and Philadelphia, such as rain gardens and swales, resulted in statistically significant increases in sales prices of homes nearby (CNT and SB Friedman Development Advisors 2020). Doubling the square footage of rain gardens, swales, planters, or pervious pavement within 250 feet of a home is associated with a 0.28 percent to 0.78 percent higher home sale value, on average. 
• In Buenos Aires, a similar assessment of proposed blue-green infrastructure projects in the Medrano Stream Basin found strong potential for positive land value impacts stemming from both the reduction of flood risk associated with traditional gray infrastructure, and the improvements in public green space (Kozak et al. 2022). The authors cite a project that improved public access to the Paraná River in Santa Fe, Argentina, as an example of how this can play out; the revitalization of that waterway led to an average land value uplift of 21 percent within a 10-block band of the waterfront. 
• Major transit projects around the globe that are contributing to decarbonization goals, from Tokyo’s Tsukuba Express transit extension to the modernization and electrification of the interurban passenger railway in San Jose, Costa Rica, to London’s Crossrail project—the latter expected to achieve approximately 2.75 million tons of carbon savings over its lifetime—are being financed largely or in part by the assumption that property values will increase all along their corridors. 
• Developers and homeowners alike seek safety from rising seas and other climate impacts, and are willing to pay for that sense of security. Boston has established a Climate Resiliency Fund, to which developers contribute to help the city coordinate the construction of seawalls and natural systems to keep prized urban land high and dry. Contributing toward adaptation is increasingly seen as a small price to pay to safeguard real estate assets and ensure their continued inherent value, said Brian Golden, the recently retired director of the Boston Planning and Development Agency.  

The same appears to be true for individual homebuyers. They’ve always taken into account property characteristics and consumer preferences such as the number and composition of rooms or the quality of the local public schools. Now they want to know about—and might be willing to pay more for—features that make the home more resilient to climate change, according to Katherine Kiel, an economics professor at College of the Holy Cross in Massachusetts and author of a Lincoln Institute working paper on adaptation and property values (Kiel 2021). 

WHILE THE CONNECTION between environmental interventions and an uplift in values is positive news for property owners and developers, it has a complicated relationship with gentrification and displacement. One prominent recent example of green improvements affecting local economics is the daylighting of the Saw Mill River in Yonkers, New York, which transformed a downtrodden business area so dramatically that housing prices shot up all around the adjacent area, said Cate Mingoya, national director of Climate Resilience and Land Use at Groundwork USA. It was “the perception of a cleaner, greener space” that led to the increases, Mingoya said. 

“There’s nothing about the installation of trees or the daylighting of a river that forces landlords to raise rents so sharply. There’s nothing that says that landholders must be entitled to maximize profit from a system that is highly, and unfairly, regulated to their advantage,” she said. But property owners can and do cash in on these kinds of public investments, said Mingoya, who facilitates cross-sector partnerships to implement climate adaptation measures in vulnerable communities.  

Some communities seeking to temper green gentrification deploy measures that are “just green enough . . . where a limited number of improvements are made to low-income neighborhoods in an attempt to ward off displacement.” These efforts sometimes border on the absurd, Mingoya said: “Should they get 30 trees or 10 trees?” But they clearly demonstrate the growing awareness that green interventions and rising values are linked. (Strategically designed land value capture policies can help mitigate cases where environmental interventions are associated with gentrification and displacement, with provisions to increase affordable housing, for example.) 

Viewed from another perspective, bad environmental conditions that are unaddressed or only partially addressed have a negative economic effect. One recent report by researchers at several universities in Utah estimates that polluted air shortens life expectancy by two years and costs the state nearly $2 billion a year. Some local and state governments are keeping a running tally of the damage caused by climate change, according to the Pew Charitable Trusts, in preparation for litigation against fossil fuel companies. 

The absence of climate action—in cases when municipalities can’t or won’t implement resilience infrastructure and other measures to halt flooding, sea-level rise, mudslides, and the like—drives down values precipitously. A study of land subsidence in Java, Indonesia, where homes have sunk into unstable soil, found that the local practice of rebuilding on sinkhole sites—sometimes two or three times, done in the hopes of salvaging economic viability—did nothing to halt the decline in property values. The only solution for plummeting values, says the study, which was also led by Van der Krabben, would be a massive overhaul of water and soil management—or to give up on the land entirely. Indonesia is moving ahead with the wholesale relocation of its capital city, Jakarta, largely for this reason. 

In Miami, a big part of the argument for private sector contributions to resilience infrastructure is that without speedy action, more real estate is virtually guaranteed to be underwater. Seen in this way, protective measures do more than enhance land and property values; they stop values from being less than zero, by keeping land from becoming uninhabitable. 

EVEN AS EVIDENCE OF THE LINK between environmental action and economic uplift grows, many barriers must be overcome to make land value capture work. National urban development laws need to be reformed to authorize more local governments to mobilize land value increments and permit own-source revenue. Around the world, a pressing need remains to improve institutional capacity, good governance, land controls, and tenure systems. 

Governments will also need to keep in mind that land-based finance is just one way to fund climate and environmental initiatives, more suitable for closing gaps than for serving as the sole or primary source of revenue for a carbon-neutral world. 

Policy makers may also have to guard against overreach. The benefits of a new transit station on adjacent properties are “plain as day,” said Van der Krabben, so developers are more eager to contribute to such infrastructure. The ultimate payoff of an environmentally progressive citywide or regional policy—say, bans on fossil fuel heating and cooling systems in new construction, such as the natural gas bans enacted in major U.S. cities including Seattle, San Francisco, and New York—may be a tougher sell.  

“What you really want is for developers to contribute to regional investments, but that’s more difficult to negotiate. The benefits are more indirect,” Van der Krabben said. 

All the more reason, scholars say, to revisit the valuation and assessment practices that establish land and property value increases in the first place. More sophisticated valuation methods have improved assessment accuracy, said Lincoln Institute Senior Fellow Joan Youngman, citing the International Association of Assessing Officers (IAAO)’s technical standard on mass appraisal of real property designed to improve the fairness, quality, equity, and accuracy of valuation. Mass appraisal is defined in that standard as “the process of valuing a group of properties as of a given date and using common data, standardized methods, and statistical testing.” 

The assessment process may soon be aided by some technological wizardry. The International Property Tax Institute and IAAO both issued recent white papers on the potential use of Artificial Intelligence (AI) in property assessment. While AI poses some challenges and uncertainty, the hope is that it could produce more accurate values than those obtained by traditional approaches. 

When it comes to identifying the effects of public action and investment on land value, modern tools, data analytics, and statistical techniques will help identify and measure value increments, Youngman said.  

Armed with good practices, a theoretical rationale, and a growing list of cities around the world that have put value capture to use, those addressing the climate crisis hope the connection is becoming clearer between the massive public investments necessary to salvage the planet’s future and the economic bounty they provide—and, ultimately, the ways that bounty can be reinvested for the public good (Bisaro and Hinkel 2018, Dunning and Lord 2020, Van der Krabben, Samsura, and Wang 2019). 

Golden, the outgoing Boston planner, said he has sensed a “cultural shift” among landowners and developers, who recognize that public investments in resilience infrastructure plainly protect private real estate assets, making them more likely to help foot the bill. Requiring developers to help finance the berms, seawalls, and natural systems restoration that will guard against an estimated 40-inch sea-level rise along the city’s 47-mile coastline is seen as a matter of self-interest, Golden said—not only for individual development sites, but also for the continued prosperity of Boston as a regional economic engine. The private sector has exerted virtually no pushback on initiatives like the resiliency fund. “We have a lot of work to do,” Golden said. “They get it.” 

Anthony Flint is a senior fellow at the Lincoln Institute, host of the Land Matters podcast, and a contributing editor to Land Lines. 

Lead image: Zhengzhou, Henan Province, China. Credit: Zhang mengyang via iStock/Getty Images.

REFERENCES 

Bisaro, Alexander, and Jochen Hinkel. 2018. “Mobilizing Private Finance for Coastal Adaptation: A Literature Review.” WIREs 9(3). 

CNT and SB Friedman Development Advisors. 2020. “Green Stormwater Infrastructure Impact on Property Values.” November. Chicago, IL: Center for Neighborhood Technology. 

Dunning, Richard J., and Alex Lord. 2020. “Viewpoint: Preparing for the Climate Crisis: What Role Should Land Value Capture Play?” Land Use Policy Volume 99. December. 

Germán, Lourdes, and Allison Ehrich Bernstein. “Land Value Return: Tools to Finance Our Urban Future.” Policy brief. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy (January). 

Kiel, Katherine A. 2021. “Climate Change Adaptation and Property Values: A Survey of the Literature.” Working paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy (August). 

Kozak, Daniel, and Hayley Henderson, Demián Rotbart, Alejandro de Castro Mazarro, and Rodolfo Aradas. 2022. “Implementación de Infraestructura Azul y Verde (IAV) a través de mecanismos de captación de plusvalía en la Región Metropolitana de Buenos Aires: El caso de la Cuenca del Arroyo Medrano.” Working paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy (February). [English version available.] 

Krabben, van der, Erwin, Samsura, Ary, and Wang, Jinshuo. 2019. “Financing Transit Oriented Development by Value Capture: Negotiating Better Public Infrastructure.” Working paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy (June). 

Lord, Alexander, Erwin van der Krabben, and Guanpeng Dong. 2022. “Building the Breathable City: What Role Should Land Value Capture Play in China’s Ambitions to Prepare for Climate Change?” Working paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy (June).