Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 1 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

El Programa para América Latina del Instituto Lincoln se dedica a la educación y los proyectos de investigación con universidades y gobiernos locales en toda América Central, Sudamérica y el Caribe. Estas actividades cobran mayor relevancia en la actualidad debido a los numerosos cambios políticos y económicos por los que están atravesando los mercados inmobiliarios de América Latina. Por ejemplo, la (re)democratización del continente permite que un segmento más amplio de la sociedad participe en el diseño de programas viables e innovadores para los gobiernos locales en manos de partidos políticos rivales.

Además, las reformas institucionales, y en muchos casos constitucionales, están afectando el valor de la tierra y los derechos y regulaciones de la propiedad. Los programas de ajustes estructurales diseñados para contener la inflación y superar las crisis económicas de los años 1980 están cambiando las actitudes en cuanto a la tenencia de la tierra, ya sea como inversión o como reserva de valor. En América Latina, los frecuentes cambios especulativos entre la tenencia de la tierra y otros activos financieros, según los caprichos del “ambiente económico” predominante, han sido la pesadilla de los planificadores.

Las fuerzas de la globalización y la urbanización contribuyen igualmente con las presiones significativas y variables que se ejercen sobre el uso de la tierra. Cada vez más, se ven espacios al estilo de Los Ángeles en ciertas zonas residenciales de Sao Paulo, Santiago o Ciudad de México. Aunque la pérdida de la biodiversidad de la región se conoce bien porque está documentada, América Latina también corre el riesgo de perder la diversidad del uso de la tierra.

Pese a que estos temas son comunes, América Latina dista mucho de ser una entidad homogénea. La diversidad surge claramente al analizar la tenencia de la tierra y las estructuras de los mercados inmobiliarios de los distintos países, por ejemplo:

• La glorificación de los mercados inmobiliarios en Chile contrasta con la verdadera eliminación de dichos mercados en Cuba y la segregación residencial resultante.
• México tuvo una experiencia única con las tierras comunales (ejidos) que ahora se están privatizando con repercusiones considerables para la nueva expansión urbana.
• En Brasil, los frecuentes conflictos por causa de la tierra —algunos con consecuencias trágicas para los desposeídos— pueden atribuirse a una reforma prometida hace mucho y que aún no se ha materializado.
• En Paraguay, hasta su reciente democratización, tradicionalmente las tierras eran repartidas por un partido político hegemónico, en un claro menosprecio del mercado. En Argentina, por el contrario, el estado utiliza sus considerables reservas de tierras fiscales para facilitar las inversiones extranjeras en proyectos inmobiliarios, directamente a través del mercado.
• Es probable que la pasada redistribución de tierras en Nicaragua sea la causa de la vitalidad del mercado de bienes raíces recientemente liberado y los fuertes procesos de reconcentración de tierras que están en marcha actualmente.
• Los pujantes mercados inmobiliarios de Ecuador y Venezuela a menudo han sido atribuidos a la facilidad para el lavado de dinero proveniente de Colombia, país vecino donde la regulación es más estricta.

En vista de esta diversidad, el programa para América Latina del Instituto está concentrando sus esfuerzos educativos y de investigación en la creación de una red integrada por estudiosos sumamente capacitados y autoridades responsables de formular políticas públicas.

Dado que representan países diferentes y aportan variados antecedentes académicos y profesionales, estos expertos ayudan a identificar los asuntos de mayor importancia para la región. Estos son algunos ejemplos de los temas actuales que surgen de las necesidades reales y previstas por los funcionarios públicos: La reactivación del debate sobre el funcionamiento de los mercados inmobiliarios urbanos, el estrechamiento de la brecha entre el mercado inmobiliario formal y el informal y la implementación de nuevos instrumentos de políticas de tierras.

El acceso a la tierra por parte de la población urbana de ingresos bajos es el tema que tiene mayor presencia en el ánimo y la mente de muchos investigadores y funcionarios públicos. Hay dos campos de investigación que se relacionan: 1) los mecanismos que generan la segregación residencial o la exclusión a través del mercado por parte de agentes privados o públicos, y 2) las estrategias para que “los excluidos” tengan acceso a la tierra y así puedan formalizar su “inclusión social”. En su mayoría, los programas educativos que el Instituto lleva a cabo en América Latina para abordar la gestión de la tierra y los instrumentos de intervención pública surgen directa o indirectamente de este tema.

Para muchos funcionarios públicos de la región, la reforma de la tierra es un tema delicado y la recuperación de plusvalías de los bienes raíces generados por la actuación del sector público todavía parece una idea subversiva vista con recelo. De tal modo, el Instituto Lincoln se sitúa en una posición privilegiada como facilitador neutral con capacidad para colaborar con académicos y funcionarios públicos de América Latina, y también con expertos de los Estados Unidos, para aportar una perspectiva comparativa internacional de las ideas y experiencias en cuanto a las políticas de la tierra.

Martim Smolka, miembro principal del Instituto desde septiembre de 1995, se encuentra de licencia como profesor asociado en el Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil.

Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 2 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

El precio excesivamente alto de la tierra urbanizada en América Latina es una de varias explicaciones del grado y la persistencia de los mercados informales de tierra. Contrario a las creencias populares, la informalidad es costosa y por lo tanto no es lo mejor y ni siquiera es una alternativa ventajosa para combatir la pobreza, pero por lo general es la única salida para las familias urbanas pobres. Una política más consistente para reducir la informalidad, y así reducir la pobreza, debería ser al menos neutra o aportar a la reducción de los altos precios de la tierra.

La Pobreza Sola no puede Explicar la Informalidad

Aunque el mapa de la ilegalidad urbana se parezca al de la pobreza, la extensión y la persistencia de la informalidad no puede ser explicada solamente por la pobreza. No todos los ocupantes de los asentamientos informales son pobres, tal como muchos estudios empíricos en América Latina lo han demostrado en los últimos años. La tasa de ocupación irregular de la tierra es mucho más alto que el aumento del número de familias nuevas pobres. En Brasil, por ejemplo, el número total de residentes en “favelas” ha aumentado cinco veces más rápido que el de residentes pobres, y una tendencia similar se observa en las más grandes ciudades Latinoamericanas.

Este crecimiento espectacular de los asentamientos informales ha ocurrido en las periferias y por densificación de áreas “consolidadas” irregulares urbanas, pese a que los índices de natalidad y de migrantes campo-ciudad hayan caído sustancialmente y el porcentaje de ciudadanos pobres haya permanecido relativamente estable. Otras explicaciones de este crecimiento informal incluyen la falta de programas de vivienda social, la inversión pública inadecuada en infraestructura urbana y, por último aunque no menos importante, debido a la cruda realidad de que los mecanismos informales son rentables para quienes los promueven.

El Alto Costo de la Tierra Urbanizada

La economía convencional formula que los precios de libre mercado reflejan el nivel en el que la capacidad y la disposición a pagar de un comprador coincide con la capacidad y la disposición a vender de un proveedor, pero esto no garantiza que se suplan las necesidades sociales. Es decir, el mercado para la tierra urbanizada puede estar funcionando bien mientras que muchas familias (incluso no pobres) no pueden acceder a él, y mientras algunos terrenos urbanos son mantenidos vacantes intencionalmente.

En las periferias de muchas ciudades Latinoamericanas, el precio de un metro cuadrado (m2) de tierra urbanizada, desarrollado por agentes privados, puede variar entre US$32 Y US$172. Estos niveles son cercanos en términos absolutos a los encontrados en el mundo desarrollado, donde los ingresos per-cápita son típicamente 7 a 10 veces mayores. Hasta una familia encima de la línea de pobreza que ahorre el 20% de su ingreso mensual (US$200) necesita ahorrar de 12 a 15 años para adquirir un lote urbanizado de 150 m2. Estos indicadores sugieren que la dificultad de acceso a la tierra urbana pueda ser uno de los factores que contribuyen a la pobreza.

El precio de la tierra urbana, como en cualquier mercado, es determinado por la oferta y demanda. El suministro de tierra depende de la cantidad habilitada (producida) por año, la cantidad que es retenida, y la intensidad de uso de la existente. La demanda depende de la tasa anual de formación de nuevos hogares, ajustada por su ingreso y/o poder adquisitivo, sus preferencias y los precios de otros artículos en sus presupuestos. Es difícil realizar una explicación completa de todos los factores que afectan el comportamiento de precios de tierra (Ver Smolka 2002), pero basta mencionar ciertos determinantes emblemáticos para entender algunas aparentes idiosincrasias del funcionamiento de mercados de tierra urbanos en América Latina.

Desde el lado de la oferta, los impuestos prediales, la mayor fuente potencial para financiar la producción de tierra urbana, es ridículamente bajo. Típicamente representan menos que el 0.5 por ciento del PIB, comparado al 3 y 4 por ciento en EE UU y Canadá. En general hay la sensación de que América Latina invierte poco en infraestructura y servicios comparado con su PIB per cápita. Los sustanciales incrementos observados en el valor de tierra, como resultado de inversiones en infraestructura urbana y servicios, generalmente son ignorados como una fuente para financiar tales inversiones, debido a mecanismos débiles de captura de la valorización (Smolka y Furtado 2001).

Además, la disposición de considerables áreas de tierra es controlada por agentes que no siguen la racionalidad económica (por ejemplo, las fuerzas armadas, la iglesia o entidades estatales como los ferrocarriles). De otro lado, la limitada disponibilidad de tierra habilitada es a menudo sometida a normas urbanísticas elitistas, diseñadas para “proteger” esos vecindarios haciéndolos inaccesibles para familias de bajos ingresos.

En el lado de la demanda, muchas familias, incluso con buenos ingresos, trabajan informalmente y son excluidos del mercado por no tener las credenciales requeridas por los bancos para otorgar créditos. La necesidad de auto-financiar la producción de la vivienda alarga el tiempo entre la adquisición y la ocupación del lote, aumentando tanto el costo de la financiación como la demanda global por tierra. Además, la herencia de alta inflación, mercados de capital subdesarrollados o inaccesibles, y la limitada cobertura del sistema de seguridad social, son responsables de alimentar una cultura establecida entre sectores de bajos ingresos de usar terrenos como reserva de valor y como un mecanismo popular de capitalización, lo cual también presiona la demanda de tierra. En otras palabras, retener terrenos rústicos y especular con tierra no es una conducta exclusiva de los sectores altos ingresos.

Los precios de los Lotes Informales

Más allá de estos argumentos convencionales acerca de la oferta y demanda, hay que tener en cuenta la interdependencia de los mercados formales e informales de tierra, como factores que contribuyen a su alto precio. Específicamente, el alto precio de la tierra urbanizada en el mercado formal, parece afectar los relativamente altos precios de los loteos informales, y viceversa.

Los precios de tierra revelan la diferencia que un comprador tiene que pagar para evitar caer en una situación peor (esto significa más lejos del trabajo, menos o peores servicios públicos, menos calidad ambiental, y otros). Entonces, si la “mejor” alternativa es un lote en un asentamiento informal, cabe esperar un precio mayor en los terrenos que si tienen servicios, lo cual también refleja el valor de los títulos legales que ostentan estos terrenos. De otra parte, si el precio mínimo de la tierra urbanizada (la tierra bruta más el costo de urbanización) sigue siendo inaccesible, entonces cualquier tipo de tierra que la familia pueda conseguir le representa una mejor alternativa. Esta alternativa puede variar desde el loteo más alejado, la invasión con la mediación de un urbanizador pirata o de movimientos organizados (ambos envuelven comisiones y otro tipo de pagos), hasta el más predominante mercado de tierra, consistente en subdivisiones irregulares de grandes parcelas en pequeños lotes con servicios precarios.

El precio de la tierra en los mercados informales es, por consiguiente, más alto que el precio de tierra bruta, pero normalmente menor que la suma de la tierra bruta más el costo de habilitarla. Al mismo tiempo, el precio tiende a ser menor (aunque no necesariamente por metro cuadrado) que el precio mínimo de la tierra completamente habilitada y comercializada en los mercados formales. En efecto, el mercado aprecia las formas más “flexibles” para acceder a la tierra, como por ejemplo tamaños de lote más pequeños que el mínimo legal, o la construcción sin respetar los códigos de construcción, o incluso la posibilidad de vender la azotea de una casa como espacio construible.

La mayoría de las familias de más bajos ingresos no escogen un asentamiento informal porque les brinde el mejor precio, sino simplemente porque con frecuencia solo tienen esa alternativa. “La decisión” de adquirir un lote informal es de todas maneras costosa. Estimativos conservadores obtenidos de una encuesta informal en diez grandes ciudades de Latinoamérica, muestran que el precio promedio de la tierra en loteos comercializados ilegalmente es de US$27 por metro cuadrado (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Precios y rentabilidad en mercados formales e informales de tierra (US$)

Mercado Formal Mercado Informal

1. Tierra rural asignada para uso urbano $4 $4

2. Costo de urbanización Mínima = $5 Máximo = $25

3. Precio final en el mercado $27 $70

4. Beneficio sobre capital avanzado= (3-1-2)/(1+2) 200% 141%

El renglón de las utilidades (4) explica al menos en parte la cuestión (paradójica en apariencia): ¿Por qué, a pesar de los significativos márgenes de ganancia del mercado informal, uno encuentra tan poco interés en desarrollar tierra por parte del sector privado? Como lo indica la Tabla 1, la producción de tierra informal es más rentable que la producción formal. Incluso el resultado para el mercado formal está bastante subestimado, puesto que hay altos riesgos asociados con costos financieros, de seguridad y mercadeo, y otros costos incurrido por el desarrollador que no afectan al urbanizador informal. Estos datos también ayudan a explicar por qué la formalidad genera informalidad, y desnudan el hecho de que las ventajas de los arreglos informales no son necesariamente percibidas por los ocupantes de bajos ingresos, sino por los urbanizadores informales.

Efectos Inesperados de la Normalización

Miremos ahora la cuestión de las políticas utilizadas en esta materia. Dada la aparente imposibilidad o impracticabilidad de adoptar alguna otra política, la noción prevaleciente ha sido tolerar las “soluciones” informales para posibilitar el acceso a la tierra y después normalizar o “desmarginalizar” los asentamientos, como algo más barato en el largo plazo para los fondos públicos, y mejor para los ocupantes de bajos ingresos (Lincoln Institute 2002).

El argumento de las finanzas públicas consiste en que el arreglo existente es más barato porque se apoya en inversiones privadas, relevando las agencias públicas de responsabilidades y gastos que, en caso contrario, se entenderían como parte del “derecho a la ciudad”. Esta visión es cuestionable por dos razones. Primero, las condiciones físicas de las habitaciones son a menudo inaceptables como asentamiento humano, pese a lo imaginativas que resultan las soluciones informales bajo condiciones extremas. Los bajos estándares de utilización de la tierra y la alta densidad en estos asentamientos son tolerados solamente porque el daño ya ha sido hecho. Segundo, en relación con la infraestructura, algunas de alternativas promisorias han mostrado recientemente un pobre comportamiento y demandan gastos excesivos de mantenimiento.

Los impactos sobre las familias de bajos ingresos son también peores de lo esperado. No sólo los precios de la tierra son bastante altos sino que conllevan costos adicionales: aquellos sin una dirección de residencia (por vivir en un asentamiento irregular) a menudo son discriminados cuando buscan un trabajo o servicios; los alquileres como porcentaje del valor de las propiedades son más altos que los cánones observados en los mercados formales; el acceso al agua en camiones u otra fuente temporal resulta más costoso que por acueducto; y el costo de la inseguridad es mayor por vivir en un ambiente más violento.

Las políticas de normalización, evaluadas en un contexto amplio, pueden estar contribuyendo a agravar el problema que buscan remediar. En otras palabras, el enfoque curativo de estas políticas puede tener, al contrario, efectos perversos y contraproducentes , como se anotó antes.

Señales de Precios

La expectativa de que un área va a ser normalizada le permite al urbanizador subir el precio de los lotes. A menudo el comprador obtiene un terreno con evidencia escrita de que el desarrollador no tiene todavía los servicios requeridos por las normas de urbanísticas. Al mismo tiempo el desarrollador le promete que tan pronto como se vendan suficientes terrenos, los servicios y la infraestructura serán instalados, incluso a pesar de que esas promesas poco se cumplen. En el mejor de los casos una relación de complicidad se establece entre el comprador y el vendedor. En el peor, que es por desgracia el más común, el comprador es engañado en cuanto a la existencia de servicios, como por ejemplo tubos en el terreno que el urbanizador señala como parte de la infraestructura. Otros problemas en estos arreglos que pueden lesionar a los residentes pobres son títulos dudosos, formas de pago que esconden los intereses a pagar y detalles contractuales imprecisos y confusos.

Como en cualquier otro segmento del mercado de tierras, el precio refleja o absorbe las expectativas del uso futuro del terreno. El sector informal no es la excepción. Entre mayor sea la expectativa de que un terreno sin servicios los va a tener luego, tanto viniendo del urbanizador o, como es más frecuente, del gobierno a través de algún programa de normalización, más alto será el precio al cual se transa el terreno.

Normalización como una Atracción para Más Subnormalidad

Las investigaciones sobre las fechas de llegada de los habitantes de los asentamientos informales, sugieren que en muchos casos la mayoría de las personas se mudaron justo cuando se anunció o implementó un programa de normalización (Menna Barreto 2000).

La idea de que las expectativas de normalización tienen un efecto en la informalidad, es también corroborada por el gran número de invasiones y ocupaciones que ocurren en los períodos electorales, cuando los candidatos prometen nuevos programas de normalización. La historia latinoamericana de los efectos de las expectativas creadas por promesas populistas, es rica en ejemplos. Varios de los asentamientos existentes que necesitan ser normalizados hoy, deben su origen a la complacencia irresponsable de políticos que cerraron los ojos o, lo que es peor, que cedieron terrenos públicos por propósitos electorales.

Los Costos de Oportunidad de la Normalización

Los programas de normalización, que son de naturaleza remedial o curativa, tienen un costo de oportunidad alto comparado con el de proporcionar la tierra urbanizada en una manera preventiva. El costo por familia de un programa de normalización ha estado en la gama de US$3,000 a US$4,000. Tomando el tamaño de un lote alrededor 50 m2 y agregando el 20 por ciento para calles y otros servicios públicos, el costo se mueve de US$50 A US$70 por m2. Esto es mucho más alto que producir tierra nueva, que es inferior a US$25 por m2, y es similar al precio cargado por urbanizadores privados, incluso con un buen margen de ganancia. ECIA, un urbanizador de Río de Janeiro, vendió lotes completamente urbanizados desde US$70 a US$143 por m2 en precios 1999 (Oliveira 1999). En el mismo sentido, Aristizabal y Ortíz (2001) en Bogotá, estiman que el costo de corrección (“la reparación”) de un asentamiento irregular es 2.7 veces el costo de áreas planeadas.

Estas cifras sugieren las limitaciones de programas curativos a favor de los preventivos. Es también relevante que el permiso de desarrollar una subdivisión, formal puede tomar de tres a cinco años, mientras que la decisión de regularizar un establecimiento informal a menudo toma menos de seis meses.

” El Día Después ” de La Normalización

Un programa de regularización bien ejecutado (es decir el que integra con eficacia al área informal con la malla urbana) generalmente eleva la calidad de vida para todos los ocupantes y fortalece las comunidades. También trae valorización de la propiedad, causando alguna movilidad residencial de familias con ingresos debajo del promedio, que son presionadas a mudarse. Sin embargo, cuando el programa es mal ejecutado, el área puede consolidarse como un asentamiento irregular de bajos ingresos.

El Programa “Favela – Bairro” de Río de Janeiro es a menudo puesto de ejemplo como la experiencia más amplia y exitosa en su clase. Abramo (2002) estudió el impacto del programa y encontró valorizaciones relativamente pequeñas (28%). Aplicando este promedio a una vivienda típica o modesta con precios previos de US$12,000, el valor ganado es cercano a US$3,400, un número parecido al costo medio por familia en programas de regularización. Este resultado contrasta con en incremento de más del 100% obtenido en el proceso de urbanizar tierra rústica por agentes privados. Esta intrigante información parece mostrar que el “mercado” se entera poco del incremento en valor de los asentamientos mejorados. La inserción completa en los tejidos urbanos resulta ser menos frecuente de lo esperado. Muchas “favelas” que recibieron importantes inversiones de mejoramiento, permanecen estigmatizadas como “favelas” 15 años más tarde.

Conclusiones

La informalidad es costosa y exacerba las penurias de vivir en la pobreza. El diagnóstico de agencias como Hábitat, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y otros, parecen estar en lo correcto respetando los programas de mejoramiento como parte esencial de cualquier política para enfrentar la pobreza urbana. Sin embargo, debido al enfoque fragmentado y limitado de estos programas, no hay ninguna garantía de que la normalización de asentamientos sola contribuya a reducir la pobreza urbana. En efecto estos programas no sólo mantienen intactas y refuerzan las “reglas del juego” del mercado que contribuyen a la informalidad, sino que además generan efectos perversos. Esta situación plantea un dilema y un desafío. El dilema es que no regularizar simplemente no es una opción política (ni humanitaria). El desafío es cómo interrumpir el ciclo vicioso de pobreza e informalidad a través de intervenciones en el mercado de tierra. La tarea por hacer es formidable, pero hay lugares en América Latina donde los gobiernos locales están comenzando a poner nuevas reglas de juego.

Martim O. Smolka es “Senior Fellow” y director del Programa para América Latina y el Caribe del Lincoln Institute.

Andrés Escobar es Gerente de MetroVivienda, Empresa del Distrito de Bogotá, generadora de nuevo suelo urbano.

Latin America is a region of sharp contrasts in land use: the expansive Amazon forest and growing areas of deforestation; large uninhabited regions and enormous urban concentrations; the coexistence of wealth and poverty in the same neighborhoods. Many of these contrasts derive from land policies established by powerful land interests that are perpetuated because of outdated or distorted data. This heritage is a part of the region’s colonization process that has been characterized by the exploitation and occupation of land at any price.

The first land information system for registering parcels in Latin America was established in 1824 by the Topographic Commission in the Province of Buenos Aires in the Republic of Argentina. Territorial cadastre offices throughout the region now manage public land information systems that register maps and data about the parcels on which taxes are levied and rights are granted to the owners or occupants of the land.

What Is a Cadastre?

A modern cadastre is an integrated database system that holds information on land registration and ownership, physical characteristics, econometric modeling for property valuation, zoning, geographic information systems, transportation, and environmental, socioeconomic and demographic data. Such cadastres represent a holistic planning tool that can be used at the local, regional and national levels to address issues such as economic development, sprawl, poverty eradication, land policy and sustainable community development.

The earliest recorded accounts of property surveys in ancient Egypt used the science of geometry to measure distances. European cadastres later followed this ancient model until advancements led to more fully integrated systems that could be used for fiscal purposes, such as valuation, taxation and legal conveyance, as well as land management and planning. The United States does not have a national cadastral system, but similar municipal processes reflect both the policy and protocol of international cadastre programs.

The International Federation of Surveyors was founded in Paris in 1878 as the Fédération Internationale des Géomètres and is known by its acronym, FIG. This nongovernmental organization represents more than 100 countries and supports international collaboration on surveying through the collection of data on surface and near-surface features of the earth and their representation as a map, plan or digital model. FIG’s work is conducted by 10 commissions that specialize in different aspects of surveying. Commission 7, Cadastre and Land Management, focuses on issues in cadastral reform and multipurpose cadastres; parcel-based land information systems; cadastral surveying and mapping; and land titling, land tenure, land law and registration. For more information, see www.fig.net/figtree/commission7/.

Multipurpose Cadastres

In recent years, the vision of the cadastre as a multipurpose information system has begun to evolve, bringing with it great advances in the quality of land information systems, as well as some problems. The origin of these concerns can be found in the very concept of multipurpose cadastre systems and in the administrative decisions needed for their implementation. A common assumption holds that to implement a multipurpose cadastre it is necessary to expand the alphanumeric databases—including social and environmental data as well as the usual physical (location and shape), economic and legal aspects of the parcel—and to connect this information with a parcel map in a geographical information system (GIS). While this is very important, it is not enough.

Implementation of a multipurpose cadastre implies a change of paradigm for its administration and demands a new land use framework law and new relationships between the public and private sectors. In 1996 Brazil established a biannual National Multipurpose Cadastral Congress that examines its own state-level cadastre programs and those in neighboring countries. Despite the attention devoted to cadastres and the many papers published on the topic since then, there is no evidence of any municipality in which the multipurpose cadastral system is actually working as well as hoped.

According to the literature, the way to make a cadastre truly multipurpose is to integrate all the public and private institutions that are working at the parcel level using a unique identifier, and to define standards for the alphanumeric and cartographic databases. Chile is one of the countries where all the parcels have a common identifier designated by the implementation of the National Territorial Information System, although the system does not yet integrate the alphanumeric cadastral data with maps at the parcel level (Hyman et al. 2003).

Centralization versus Decentralization

The hegemony of the unitary system of government that characterizes most Latin American countries has caused a predominance of centralized cadastres, although this phenomenon also occurs in countries with a federal government. Brazil, for example, recently restructured its National System of Rural Cadastre, which, in spite of the technical advances proposed by Law 10.267/2001, will continue to be administered by an institution of the national government.

In contrast, the decentralization movement in the region aspires to modernize state governments by transferring powers to municipal jurisdictions, including the institutions responsible for land administration. For example, more than half of the states in Mexico still have centralized cadastral data, although some have begun to decentralize by creating municipal systems that are compatible with the state cadastre. A similar situation is occurring in Argentina, where some provincial institutions are beginning to transfer systems and data to the municipalities. Local administrators have an added incentive for assuming responsibility for organizing and maintaining cadastral systems because of the opportunities to collect property taxes and sell maps or databases registered in the local cadastral system to utility companies and other entities in the private sector.

All these good intentions, however, frequently run up against the chronic problem of the scarcity of capable personnel and infrastructure. In some cases decentralization may constitute a problem rather than a solution and it could jeopardize the maintenance and validation of data. For example, the adoption of the decentralized model may lead to the coexistence of extremely detailed and precise cadastres in some locations with practically nonexistent cadastres in other locations. Such discrepancies between adjacent municipalities may create inconsistent land information when it is aggregated at the regional and national levels.

A centralized model, on the other hand, can facilitate the unified design and structuring of the cadastre and guarantee the integration of geodetic and cartographic systems with the identification of parcels. The difficulties in accessing and distributing information for local needs might be solved by using the Internet to organize land data and maps through the central cadastre. Some countries, such as Jamaica, Chile and Uruguay, are beginning to structure their eCadastres in this way. (This term is derived from the eGovernment concept introduced by the World Bank.)

When considering the varying development stages of Latin American cadastres, we can conclude that each jurisdiction must analyze which type of system is most appropriate for its own circumstances. It is worth considering the Common Principles on the Cadastre in the European Union, a document that affirms that “there are no intentions to unify the cadastral systems of the member states; however, there is interest in standardizing products” (Permanent Committee 2003). If it is possible to work with different cadastral systems across Europe, it must be possible to do so within a single country.

Public versus Private Cadastres

After the publication of Cadastre 2014 by the International Federation of Surveyors (FIG), one of the new visions that provoked much discussion was the proposal that the cadastre should be “highly privatized; public and private sectors are working closely together, reducing the control and supervision by the public sector” (Kaufmann and Steudler 1998). For example, in Japan private companies have almost total control of the cadastral base of some cities, whereas in the member states of the European Union the cadastre resides within the government sphere.

In Latin America, cadastres remain primarily in the hands of public institutions; the private sector normally participates in the processes of implementing cartographic updates and information systems, but not in the administration itself. The Mexican municipality of Guadalajara, for example, did a comparative study of costs, concluding that managing the cadastre with its own public employees and equipment would yield a savings of 50 percent in investments, which was confirmed after one year of implementation.

In spite of the positive results obtained from such projects developed entirely within public administrations, the private sector cannot be ignored, particularly in the context of the privatization wave that has hit Latin America in recent years. For example, telephone, water and electric companies need up-to-date land information in the same way as the public institutions. Their common interest in maintaining databases is leading the cadastre offices and the utility companies to work together and share investments, as well as to look for ways to standardize data and define common identifiers for the parcels.

Conclusions

The majority of Latin American cadastral systems are still registering three kinds of data following the traditional economic-physical-legal model: the economic value, the location and shape of the parcel, and the legal relationship between the property and the owner or occupant. However, there is increased interest in utilizing multipurpose information systems. In this transition process, some administrators have decided to implement new cadastral applications based only on technology; evidently, this has not been as successful as they imagined. This incorporation of new technologies must be accompanied by necessary changes in procedures and legislation and by professional training of public employees.

In recent years international institutions such as the World Bank, the Lincoln Institute and many European and American universities have been collaborating to help improve Latin American cadastres. They support educational programs, academic events and concrete projects for implementing reliable and updated land information systems. As the transition to multipurpose cadastres continues, changes will be implemented through a careful revision of relevant legislation, more accessible forms of customer service, stronger collaboration between private and public institutions that generate and use cadastral data, and the application of contemporary international standards. Territorial cadastres in Latin America will become even more efficient and valuable if they generate information that allows the development of projects oriented to fundamental social concerns such as land regularization and identification of vacant land.

Diego Alfonso Erba is professor of advanced GIS applications and digital cartography at UNISINOS (Universidade do Vale do Rio dos Sinos) in São Leopoldo-RS, Brazil, and a visiting fellow of the Lincoln Institute.

References

Hyman, G., C. Perea, D. Rey, and K. Lance. 2003. Encuesta sobre el desarrollo de las infraestructuras nacionales de datos espaciales en América Latina y el Caribe. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). (Survey on the development of national infrastructures of spatial data in Latin America and the Caribbean. International Center for Tropical Agriculture.)

Kaufmann, Jürg, and Daniel Steudler. 1998. Cadastre 2014: A vision for a future cadastral system. Frederiksberg, Denmark: International Federation of Surveyors (FIG). Available at http://www.swisstopo.ch/fig-wg71/cad2014.htm.

Permanent Committee on Cadastre in the European Union. 2003. Common principles on the cadastre in the European Union. Rome. December 3. Available at http://www.eurocadastre.org/.

Diego Alfonso Erba is a visiting fellow at the Lincoln Institute of Land Policy, on leave from his position as professor in the Graduate Program of Geology at Universidade do Vale do Rio dos Sinos–UNISINOS, Brazil. He received undergraduate training as a land survey engineer from Universidad Nacional de Rosario, Argentina, and later earned two master of science degrees and taught in several universities in Brazil. His early professional experience was in regularization of informal settlements in Santa Fé, Argentina, and he headed the GIS department for an agricultural cooperative in southern Brazil. He also earned a doctorate in Surveying Sciences from Universidad Nacional de Catamarca, Argentina, and did postdoctoral research in GIS for Water Bodies at the Natural Resource Center of Shiga University, Otsu, Japan; and in GIS for Urban Applications at Clark Labs-IDRISI of Clark University, Worcester, Massachusetts.

Land Lines: What is a territorial cadastre?

Diego Erba: The institution of a territorial cadastre does not exist in the United States, at least not in the same way as in many countries around the world. Although the term “cadastre” has more than one meaning, in general there is consensus that it comes from the Greek catastichon, which can be translated as “a list of parcels for taxation.”

This kind of list exists in the U.S., but the profile of the institutions that manage the data are different from those in Latin America and in many European and African countries, where the territorial cadastre encompasses economic, geometrical, and legal data on land parcels and data on the owners or occupants. The institutions that manage this data, also often named territorial cadastres, are closely connected with the Registry of Deeds or Register of Land Titles because their data complements each other and guarantees land property rights. These longstanding connections reflect the cadastral heritage of Roman and Napoleonic legal systems.

LL: Why do urban public administrators need to know about territorial cadastres?

DE: The cadastre and the register should be connected for legal reasons, if not for practical reasons, and there are many models of how cadastres could or should relate to public institutions. Unfortunately, the norm is still an isolated or nonintegrated cadastre, which dramatically reduces its potential usefulness as a tool for urban planning and land policy.

For example, irregular settlements (slums) are generally developed on public or environmentally protected areas, or even on private parcels, and are neither taxed nor registered in territorial cadastre databases. These areas are represented in cadastral cartography as “blank polygons” as if nothing happened inside them. The paradox is that data and cartography about irregular settlements normally exist, but that information is often in institutions that are not related to the cadastre and consequently are not registered.

There is a growing perception of the cadastre’s importance as a multipurpose information system serving not only the legal and financial sectors of cities, but also all of the institutions that make up the “urban reality,” including public services agencies, utilities, and even certain private providers of urban services. The move to this new concept and improved urban information systems has not been easy or without resistance in developing countries, however.

LL: Why is a multipurpose cadastre so difficult to establish and use?

DE: The implementation of a multipurpose cadastre typically requires administrations to allow for more horizontal exchanges of information. It also frequently requires changes in the legal framework and the establishment of more fluid relationships between the public and private agents to share standardized data and ensure continuous investments to keep the databases and cartography up-to-date.

This sounds like a simple process, but in practice it is not easy because many administrators still consider that “the data is mine,” and they are not ready to collaborate. At the same time, some overly zealous administrators convinced of the potential value of a multipurpose cadastre may skip stages and jump from a traditional cadastre to a multipurpose model without due attention to effectively implementing the exchanges of information.

Even when operated privately, territorial cadastres are treated as a public service, which means they depend on public funding and political decisions for approval to update the land valuation system or the cartography. At the same time, this kind of public service is not visible and therefore is not as interesting for the politicians who wish to demonstrate their accomplishments through more tangible projects such as a new bridge or school.

The updating of cadastral data impacts land value and consequently the amount of property taxes, which is not popular with voters. Nevertheless, new government administrators who seek to improve their jurisdiction’s fiscal status may decide to update the cadastre in an attempt to increase property taxation revenues. This has a strong political impact at the beginning of the official’s term, but the data on property value may not be touched for years afterwards and will grow more and more inaccurate compared to the actual market value. In many Latin American jurisdictions legislation imposes the obligation of cadastral updates on a regular basis, although compliance is inconsistent.

Another frequent mistake is to consider that the solution is to implement a modern geographic information system (GIS) to manage the cadastral data. In the ideal situation we would like to see integrated systems that use coordinated and standardized databases, but some municipalities are ill-equipped, and those that do have sufficient infrastructure do not have enough well-prepared employees to accomplish the tasks. The notion that “one size fits all” is not really applicable to a region in which there are such significant differences among jurisdictions. I like to say that the problem with cadastral institutions is not hardware or software but “people-ware.” Even when financial resources exist, the lack of trained professionals and technicians is a significant obstacle.

LL: In this context, is it possible to consider a multipurpose cadastre for Latin America?

DE: It is possible, but the concept is still new and frequently is not well understood. There are many good cadastres in Latin America, as in some Colombian and Brazilian municipalities and in some Mexican and Argentinean states. In some jurisdictions the fusion of the territorial cadastres with public institutions and geotechnological systems generates cadastral institutes that are better structured in terms of budget and technical staff and consequently are better able to identify illegal settlements and monitor the increment of land value using modern tools.

However, from my viewpoint the region still does not have a full-fledged operational multipurpose cadastre. A common assumption is that implementing a multipurpose cadastre requires adding social and environmental data to the existing alphanumeric databases available in the traditional territorial cadastres, which consider economic, geometric, and legal aspects of the parcel, and then connecting all that data with a parcel map in GIS. While this is very important it is not essential, because the implementation is not a technological problem as much as a philosophical one. Most municipal administrations do not think about putting institutions that traditionally manage different social (education and health), environmental, and territorial (cadastre) databases under the same roof.

LL: How is your work with the Lincoln Institute helping to broaden awareness about territorial cadastres?

DE: I have been working with the Program on Latin America and the Caribbean since 2002 to explore the relationships among multipurpose cadastres and the program’s four topical areas: large urban projects; land valuation and taxation; informal settlements and upgrading programs; and value capture. It is always a challenge to tailor the curriculum for educational programs, but we believe strongly that it is important to facilitate the widespread sharing of knowledge in each country and to prepare public officials and practitioners with different levels of expertise. The participants, including cadastre administrators, urban planners, lawyers, and real estate developers, gain a common language and vision of the urban cadastral applications, and they can start a process to improve the system in their own countries.

Our pedagogical strategy for this year involves the dissemination of knowledge through a combination of distance education and traditional classroom courses at different levels. We plan to develop training seminars followed by a tailored distance education course in those countries that demonstrate the conditions necessary to implement this new vision of the multipurpose cadastre. Finally, we will organize a regional classroom course for the best distance education students in three neighboring countries.

This plan contrasts with many training programs offered by other international institutions, which contemplate concepts and the use of tools that may not be applicable in countries with different legal frameworks and technological levels. We will begin this cycle with seminars in Chile and Peru, working with the Chilean Association of Municipalities and the Institute of Regional Economy and Local Government in Arequipa, Peru. These and other partners in Latin America have committed to disseminate and increase local capacity on these issues.

Another component of our strategy is the dissemination of resource materials. We will be publishing two books later in 2006 about the concepts and implementation of cadastres that can be applied in most countries. One book describes in detail the cadastral system in each Latin American country, and the other conceptualizes the juridical, economical, geometrical, environmental, and social aspects of the multipurpose cadastre, highlighting the relationship between the territorial cadastre and the four topical areas of the Institute’s Latin America Program.

In 2005 we made a DVD, which is currently available in Spanish and Portuguese. It includes a documentary film about multipurpose cadastres and some taped segments from classes and discussions on the relationships between the multipurpose cadastre and complex urban issues.

LL: What is the long-term goal of the multipurpose cadastre?

DE: The problems that have been raised here should not discourage urban administrators from reorganizing their cadastres and their legal land policy frameworks in their cities and countries. On the contrary, they should try to change the reality by developing new laws that shows the spirit of an updated land policy. Data on Latin American cities exist, but they are fragmented and not standardized.

The best way to build a multipurpose cadastre is to integrate all the public and private institutions that are working at the parcel level and to develop a unique identifier to define standards for the alphanumeric and cartographic databases. It is a very simple and clear concept, but its implementation is not. To reach that objective it is necessary for administrators, practitioners, and citizens to understand the cadastre’s potential for improving land management practices and the quality of life in urban areas. Many times simple solutions can help to solve complex problems such as those presented by cadastral systems.

Although vast differences in standard of living exist among the native-born residents of Chinese cities, the distinction between all urban natives and rural migrants runs deeper. It is, in fact, the fundamental social division in Chinese cities for several reasons, including labor market segmentation that sees migrants doing dirty, dangerous, and low-paying work; institutional rules that favor urban residents in everything from health care access to university entrance exams; and cultural ideas about the backwardness of rural areas and rural people.

In the housing sector, it is therefore not surprising that migrants’ housing quality is quite low in an absolute sense and relative to that of other urban residents. What is less clear is the source of these differences. Research that we recently completed for the Lincoln Institute leads us to question the conventional wisdom that institutional rules linked to the hukou system are primarily responsible for the differential (Li, Duda, and Peng 2007). We believe that hukou status is only one of several factors responsible for migrants’ differential housing outcomes, and that the research literature has not spent enough time assessing the relative importance of these factors. While not definitive, our empirical results provide several reasons to question a hukou-centric modelof the sources of urban housing inequality.

Canfei He earned his Ph.D. degree in geography from Arizona State University in 2001, and then moved to the University of Memphis, Tennessee, where he taught as an assistant professor. In August 2003, he returned to China as an associate professor in Peking University’s College of Urban and Environmental Sciences, and was promoted to full professor in 2009. In addition to his academic duties at Peking University, Dr. He has served as associate director of the Peking University–Lincoln Institute Center for Urban Development and Land Policy since 2007. He is also the associate director of the Economic Geography Specialty Group of the China Geographical Society.

Dr. He’s research interests include multinational corporations, industrial location and spatial clustering of firms, and energy and the environment in China. The World Bank invited him to write a background paper on industrial agglomeration in China for the World Development Report 2009: Reshaping Global Economic Geography.

Dr. He has authored four academic books and his work is published widely in English journals including Regional Studies, Urban Studies, Annals of Regional Science, International Migration Review, Eurasian Geography and Economics, Post-Communist Economies, and China & the World Economy. Dr. He also serves on the editorial board of three journals: Eurasian Geography and Economics, International Urban Planning, and China Regional Economics.

Land Lines: How did you become associated with the Lincoln Institute of Land Policy and its programs in China?

Canfei He: I learned about the activities of the Lincoln Institute of Land Policy’s recently established China Program from one of my colleagues at Peking University in 2003soon after I returned from the United States. At that time, the Lincoln Institute was working in China on a number of specific programs, and I became involved in several associated research projects.

My official relationship with the Institute began with the establishment of the Peking University–Lincoln Institute Center for Urban Development and Land Policy (PLC) in October 2007. The Institute had been exploring a more long-term partnership with Peking University for some time, and as those discussions progressed, my previous contacts offered opportunities for me to serve as a liaison between the two institutions. I was nominated by Peking University to serve as the associate director with its director, Joyce Yanyun Man, who is also a senior fellow of the Lincoln Institute and director of its Program on the People’s Republic of China. Over the past two years or more, I have been helping to develop the center and coordinate its work with other partners at Peking University, as well as serving as a research fellow of the center.

Land Lines: Why are urban development studies so important in China?

Canfei He: China’s urbanization during the past three decades has been remarkable. As an overwhelmingly rural population in 1978 when reforms began, China is now 45.7 percent urbanized, and the country is projected to be 60 percent urbanized by 2020. This means that China’s cities will need to accommodate more than 100 million new urban residents in this decade.

Market forces, local forces, and global forces are all conspiring to influence the pattern of China’s urbanization and development. Accompanying large-scale and rapid urbanization are revolutionary spatial, structural, industrial, institutional, and environmental changes in an incredibly brief span of time. The multiplicity of these driving forces makes the study of urban development in China both complex and challenging. The next wave of urbanization will have far-reaching implications for the country’s future development, and thus there is a critical need for more high-quality, objective research on the subject.

Land Lines: What are some of the most unusual aspects of urban development in China?

Canfei He: China’s current urban development is quite different institutionally from that of most Western countries. Urbanization in China has occurred at the same time that its economy has become market-oriented, globalized, and decentralized. Whereas most Western urbanization occurred in a period of greater economic isolation, China’s urban development has been directly influenced by international investment and global economic trends.

A second factor is China’s hukou system of personal registration that limits the mobility of its people in part by linking their access to social services to the location of their registration. This system thus presents an institutional barrier that inhibits rural-urban migration despite ongoing reforms.

Regional decentralization is another important aspect that, combined with the state and collective ownership of land, has allowed local governments to play a distinct role in China’s urban development. Land acquisition fees resulting from the sale of multi-decade leases for the use and development of state-owned lands have generated enormous revenues, and have been a critical source of municipal financial resources for urban infrastructure investment. This fee-based revenue, in turn, creates incentives that have promoted even more intense urbanization. On the other hand, the major planning role afforded to local governments in China means that urban planning practice lacks consistency across the country’s diverse regions, and is often hostage to local interest groups.

China is facing increasing global challenges and pressures from many sources including multinational corporations, nongovernmental organizations, global environmental standards, and rising energy prices. These challenges may increase the costs of urban development, but at the same time they may encourage a more sustainable process of urbanization.

Land Lines: How do you approach urban development studies in China through your own research?

Canfei He: China’s urbanization goes hand in hand with its industrialization, and foreign investment has played a significant role in the country’s growth. Urbanization demands labor, land, capital, and technology, as well as supporting institutions. Consequently, there are myriad approaches to studying urban development in China that focus on a particular factor or set of factors.

My own research interests fall within the capital and institutional approaches. Specifically, I investigate industrial agglomeration and foreign direct investment in Chinese cities by highlighting the institutional environment of economic transition. Investigating the elements driving industrial agglomeration in different cities and understanding the locational preferences of foreign and domestic firms are crucial for designing coherent and focused urban planning policies.

For instance, my research on foreign direct investment in real estate development and the locational preferences of international banks found that local market conditions and regional institutions largely determine the locational preferences of multinational services. This type of observation can be of use to planners and politicians in China seeking to foster the growth of the service industry.

With the increasing emphasis on global climate change and acknowledgement of the environmental impacts of China’s first 30 years of reform and development, I am also becoming more involved in research on the environmental impacts of urbanization, including energy consumption and carbon emissions. China has made a commitment to reduce its CO₂ emission by 40–45 percent per unit of GDP by 2020, relative to 2005. This means that building low-carbon and energy-efficient cities is another goal on the already lengthy list of challenges that includes servicing, housing, and employing the country’s millions of future urban dwellers.

Land Lines: Given this ongoing international dialogue, how can China best learn from Western urbanization experiences?

Canfei He: We recognize that there is much to learn from the West, including alternative approaches to land policy, housing policy, transportation policy, environmental policy, suburbanization, and the development and planning of megacity regions. China has the benefit of using the West’s experience as a roadmap to help it avoid many of the problems that have arisen in Western cities, such as urban sprawl and gridlock. That economic, political, and geographic diversity offers a wealth of reference points for China’s cities that should not be ignored and can help China avoid problems that have plagued many Western metropolises.

However, it is necessary to research the applicability of particular international experiences, considering the uniqueness of China’s history and culture. Too often analyses of Western urbanization are presented as a blueprint for China, when in fact institutional, economic, and political differences mean that, for one reason or another, those solutions are impractical or unfeasible.

Land Lines: Why is China’s urbanization and urban development so important to the West?

Canfei He: China’s urbanization will be one of the most important dynamics of the twenty-first century, not only for China but also for the West and the rest of the world. Millions of newly affluent consumers and empowered global citizens will exert significant new demands on the world’s finite natural resources in several ways.

First, with the United Nations Millennium Development Goals, China and the world committed themselves to halving the number of people living on less than $1 per day by 2015. Given China’s large number of rural poor, the country’s urbanization and economic development will be instrumental in meeting this important goal, as well as in achieving other goals such as those related to education and improving children’s health. Only cities have the institutional reach and financial capacity to meet these goals on a large scale.

Second, much has been made of the gulf in understanding between China and the West in recent years. Urbanization and urban development will help to integrate China further into the global community, but it may also create more opportunities for cultural friction. The West has a vested interest in seeing that China urbanizes in an atmosphere that encourages openness and intercultural exchange.

Third, history demonstrates that urbanization entails a much greater demand for energy and other resources as living standards rise and as consumption and dietary patterns change. It has become a cliché to say that “as China goes, so goes the world,” but China’s urbanization and its related environmental impacts will have direct implications for the West and the rest of the world.

The recent memory of $150 per barrel of oil shows that this future demand is likely to put great stress on international energy markets and the global economy. This latent demand also has broad implications for China’s CO₂ emissions and for global climate change. The United States and China are key to any real hope of keeping the increase in average global temperatures less than 2 degrees Celsius warmer than preindustrial levels, as proposed at the recent climate conference in Copenhagen. Whereas the high level of development in Western countries means that changes happen incrementally, China’s rapid urbanization offers hope to limit the world’s future emissions by making significant changes now as the country develops.

Tao Ran is a professor in the School of Economics at Renmin University of China and director of the university’s China Center for Public Economics and Governance. He is also a nonresident senior fellow at the Brookings Institute. His field of specialization centers on China’s urbanization and the political economy of the economic transition, land and household registration reform, and local governance and public finance in rural China. His diverse research has appeared in the Journal of Comparative Economics, Journal of Development Studies, Land Economics, Urban Studies, Political Studies, China Quarterly, and Land Use Policy.

Dr. Tao received his PhD in economics from the University of Chicago in 2002. He is a long-time research fellow at the Peking University-Lincoln Institute Center for Urban Development and Land Policy and was previously a Shaw Research Fellow of Chinese Economy at the University of Oxford’s Institute of Chinese Studies. With funding from PKU–Lincoln Institute and from other agencies, such as the National Science Foundation of China, he led a research team and started a large survey on urban migrants and dispossessed farmers in 12 cities across China’s four major urbanizing areas: the Yangtze River Delta (Jiangsu and Zhejiang provinces), the Pearl River Delta (Guangdong province), Chengdu–Chongqing region (Sichuan province and Chongqing municipality), and Bohai Bay Area (Hebei and Shandong provinces). He is also working on a project to pilot new urban village redevelopment models in Shenzhen municipality and the Pearl River Delta.

Land Lines: Why is the study of China’s political economy and its transition so important to the country’s future?

Tao Ran: After enjoying nearly double-digit growth in the past three decades, China has become the shining star of the 21st-century global economy. People marvel at its successful transformation from a third-world country into the world’s largest manufacturing base and second largest economy—an evolution that lifted 450 million people out of poverty. As China grows, however, it faces widening income inequality, serious corruption and pollution, and social injustice that has left hundreds of millions of temporary migrants without access to decent urban public services and tens of millions of undercompensated, dispossessed farmers transitioning into industrialized urban economies.

My research explores the institutional sources of China’s fast growth in the past decades as well as the implications, positive and negative, of China as an alternative model for the developing world—as an effective, growth-oriented autocracy with heavy investments in infrastructure and industries, massive exports of manufacturing goods, and selective government intervention and industrial policies. I believe it’s essential to predict what will happen to China in the near future, because it will have important implications for the whole developing world.

Land Lines: Why do you think it is important to study land and household registration? What do these studies say about the current state of China’s socioeconomic structure?

Tao Ran:China is in the midst of an urban revolution, sustaining a massive volume of rural-to-urban migration every year in the last three decades. About 200 million rural migrants are working and living in Chinese cities. Yet, under the persistent hukou (household registration) system, a majority of migrants with hukou registration in their homelands exist as “outsiders” or “temporary population” in their new cities of residence. They are denied access to welfare benefits, subsidized public housing, and urban public schools.

Their difficulties are compounded by highly distorted land use patterns. Typically, when countries urbanize, less than 20 percent of newly utilized land supports manufacturing, leaving a majority of that territory to accommodate migrant housing. Under the current Chinese land requisition-leasing system, local governments lease around 40 percent of newly utilized land to build industrial parks, leaving only 30 to 40 percent of the area every year for residential purposes.

China’s current land use and household registration systems help to generate several dual socioeconomic structures as well. Besides the widely acknowledged urban-rural dichotomy, there is also a dual structure of urban permanent residents versus migrants. Another duality separates homeowners from urban rentees who lag far behind in terms of wealth accumulation. As 90 percent of homeowners are permanent residents, and 95 percent of renters are migrants, these dual structures lead to a highly divided society.

Land Lines: What land use challenges will China face in the coming decade?

Tao Ran:Many cities have constructed industrial parks, or “garden-style factories,” that make very inefficient use of land. Industrial companies lease land at an extremely low price and use only a part of it, leaving other areas undeveloped or allocated for large-scale greenification projects. Local governments undersupply residential and commercial land in order to maximize profits, leading to undersupplied commercial/residential land markets, followed by serious bubbles in the real estate sector. The rapid rise in urban housing prices and the formation of a real estate bubble over the past decade has made it impossible for the vast majority of rural migrant populations to afford commodity housing in cities. In fact, even new labor force entrants with university degrees find that today’s housing prices are far higher than they can afford. Clearly, housing affordability has become the main challenge to China today.

The aftermath of the 2008 world financial crisis had a huge impact on China. The fiscal and financial stimulus package implemented by the central government mainly benefitted local governments, which have continued to invest in even more industrial parks. Consequently, the Chinese economy has experienced more overcapacity in industrial infrastructure and manufacturing goods as well as more serious housing bubbles across all tiers of cities. This path is all the more unsustainable considering that China already suffered from overcapacity in manufacturing and real estate bubbles before 2008. Given the moral hazards of borrowing from state-owned banks and the fiscal illusion that the housing bubble will continue, local government debts have reached an unprecedented level of 10 trillion RMB, half of which was accumulated after 2009. I f there is no real reform in the systems governing land, hukou registration, and local public finance, the Chinese economy will slow down quite significantly. In the worst-case scenario, the housing bubble will burst, leading to a full-scale financial and economic crisis.

Land Lines: What are some potential policy implications of your research on local governance and public finance in rural China?

Tao Ran: China needs to reform its land and household registration systems so that migrants can access affordable housing and decent public schooling services in cities. Land has played an essential role in the making of China’s growth model in the past 15 years—but it is also responsible for current economic woes. In my view, a reform package that centers on land and urbanization provides the best chance of creating a better balance between the country’s import and export rates by unleashing huge domestic demand and relieving the overcapacity problem in many Chinese industries.

I propose a gradualist approach that aims to build a more equitable dual-track system. Under the current land regulatory regime, land ownership is separated into urban and rural; while urban governments have the authority to allocate rural areas for urban development, rural governments do not have the same rights in reciprocity. This bias deprives rural residents of their development rights and leads the Chinese economy down a destructive path.

Total liberalization, however, may result in a crash of the existing housing bubbles when a large volume of rural land is made available to the market. To alleviate this concern on the part of local governments and urban homeowners, China may need to set up a rental property market track targeting the 200 million rural migrants who already live and work in cities. Half of them currently live in dormitories provided by their employers, and the other half reside in illegally built housing in urban villages without good infrastructure or access to urban public services such as education for migrating children. I propose a reform that would allow rural communities in suburban villages of migrant-receiving cities to take their nonagricultural land onto the urban housing market under one condition: for the first 10 to 15 years, they could build properties used only for rental purposes. After the transitional period, those houses would gain full rights, and they could be sold directly on the housing market.

Land Lines: What are the advantages of this design?

Tao Ran: Insulating developable rural land in the rental market initially provides a cushion for the existing real estate market and prevents market panics and a bursting of the housing bubble. Merging the two tracks, however, would send speculators a credible signal that residential building prices will not rise further, and so the central government could phase out its strict regulations on real estate markets installed since 2010 to curb the housing bubble. Such a reform package would contribute to a healthy growth of the housing market. Moreover, granting rural communities development rights—even if those rights were restricted during the transition period—would open the legal channel for them to apply for development loans.

This opportunity would unleash a housing construction boom in urban villages and suburban areas and provide a lift for construction-related industries with significant overcapacity. Unlike the current housing bubble, this kind of real estate development is more socially beneficial and economically sustainable. Rural residents, particularly those living close to urban centers, would benefit directly. The growth in the rental property track also makes housing affordable for hundreds of millions of migrant workers, enabling them to settle in cities permanently. Urbanization has the potential to turn the Chinese economy away from the investment-driven model.

Land Lines: What is the key to the success of this reform?

Tao Ran: The attitude of local governments is critical. Their concern over revenues is perfectly legitimate and needs to be addressed in the reform package. Under the current system, local governments are burdened with too many spending responsibilities, and they lack adequate revenues. After the reform, they would have limited power of land requisition and lose the sizeable land lease fees and bank loans associated with that power. In the long run, municipalities should levy property taxes to generate a stable source of income for local public finance. Considering the strong resistance from wealthy and politically powerful residents of the cities introducing the property tax on a trial basis, however, it is unrealistic to expect this new tax to take effect soon.

I believe that another untapped source for local governments is underutilized industrial land. According to various reports, the floor-area ratio is only about 0.3 to 0.4 for industrial parks even in China’s developed areas. Through reorganization by negotiation, it is possible to double land development intensity and convert some industrial land for residential and commercial construction. Our estimates show that local governments would be more than compensated for giving up the power of land requisition, and they could also use these revenues to pay back the debts and avert a financial crisis.

At the current stage of development, no reform in the Chinese economy is going to be easy. One certainly should not have any illusions about a quick fix. But the proposed dual-track reform package offers some real hope of boosting domestic consumption and alleviating the overcapacity problem in many sectors. One particularly favorable factor for this reform is the new leadership’s emphasis on urbanization. Premier Li Keqiang has spent years on this issue and seems to have a genuine interest in achieving breakthroughs. This proposal may provide a realistic roadmap for such reforms.

Land Lines: What lessons can China teach?

Tao Ran: The Chinese model successfully effects growth. It also generates several negative consequences, such as the over-leveraging of land, social unrest resulting from land grabbing, environmental damages, and housing bubbles, which burden the urban population. The Chinese lesson is that for a country to grow, the government is essential; but that same government may overdo things and, in the long run, generate distortions that finally damage the sustainability of the economy and society.

El fortalecimiento de la salud fiscal municipal en China

Desde el año 2013, Zhi Liu se ha desempeñado como investigador senior y director del Programa para China del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. También es director del Centro para el Desarrollo Urbano y Políticas de Suelo de la Universidad de Pekín y el Instituto Lincoln (PLC). Anteriormente, Zhi fue especialista principal en infraestructuras en el Banco Mundial, donde trabajó durante 18 años y obtuvo experiencia operativa en varios países en vías de desarrollo.

Zhi obtuvo el título de grado (BS) en Geografía Económica por la Universidad Dr. Sun Yat-Sen (China), el título de maestría (MS) en Planificación Municipal y Regional por la Universidad de Nanjing (China) y el título de doctorado (Ph.D.) en Planificación Urbana por la Universidad de Harvard.

LAND LINES: Hace poco el Instituto Lincoln comenzó un plan de investigación sobre la salud fiscal municipal en todo el mundo. Esta tarea surgió al detectar que algunas ciudades de los Estados Unidos y de muchos otros países, como China, enfrentan dificultades financieras. ¿Cuál es la naturaleza de los problemas fiscales municipales en China?

ZHI LIU: Es muy diferente de las dificultades económicas que enfrentan las ciudades de los Estados Unidos. Estos dos países se encuentran en etapas de urbanización muy distintas. Mientras que los EE.UU. tiene un alto nivel de urbanización (más del 80 por ciento de los ciudadanos vive en áreas urbanas), según el censo de 2010, China todavía está a medio camino del proceso de urbanización. Hoy en día, 750 millones de ciudadanos chinos viven en ciudades, lo que representa el 55 por ciento de la población total. Para el año 2050, se espera que la población urbana alcance 1,1 mil millones de habitantes, es decir, el 75 por ciento de la población total. En los últimos veinte años, con la excepción de unas pocas ciudades mineras, casi todos los municipios han experimentado un rápido crecimiento de la población y una expansión espacial, lo que ha generado una gran demanda de inversiones públicas en infraestructura urbana.

En China, las principales fuentes de financiamiento para inversiones en infraestructura urbana son los ingresos provenientes de las concesiones del suelo y los préstamos que los municipios solicitan a los bancos comerciales, por lo general usando el suelo como garantía. El suelo urbano es de propiedad del Estado, y el suelo rural es de propiedad conjunta de las aldeas. La Ley de Administración del Suelo establece que sólo el Estado tiene el poder para convertir suelo rural en suelo de uso urbano, lo que crea el marco propicio para que los gobiernos municipales tomen suelo rural con el fin de realizar un desarrollo urbano mediante el proceso de concesión del suelo. De hecho, los gobiernos municipales expropian el suelo rural, lo dotan de infraestructura y venden los derechos de uso del suelo a desarrolladores inmobiliarios. La compensación que reciben los agricultores por el suelo que se les expropia no es muy alta, ya que se calcula según el valor de producción agrícola del suelo en lugar del valor de mercado del suelo para uso urbano. Cuando la demanda de desarrollo inmobiliario es alta, los precios de licitación para la concesión del suelo son altos, y los gobiernos municipales comienzan a recaudar grandes sumas de dinero. En los últimos diez años, los ingresos derivados de las concesiones del suelo han representado más de un tercio del total de los ingresos fiscales municipales.

Además, los gobiernos municipales expanden aun más su capacidad financiera mediante la utilización de propiedades de suelo a modo de garantías con el fin de obtener préstamos de los bancos comerciales. La Ley de Presupuesto Chino, antes de una reciente modificación, no permitía que los gobiernos municipales solicitaran préstamos. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos municipales superó las restricciones de la ley mediante la creación de sus propios vehículos financieros municipales, conocidos como sociedades anónimas de inversión en desarrollo urbano (sociedades anónimas de inversión en desarrollo urbano, UDIC, por sus siglas en inglés). Las UDIC solicitaban préstamos comerciales o emitían bonos privados para los gobiernos. Las deudas municipales pendientes de pago han crecido rápidamente en los últimos años, y en la actualidad han alcanzado al menos un tercio del PIB.

El mecanismo de financiamiento basado en el suelo ha ayudado a los gobiernos municipales de China a recaudar una suma significativa de fondos destinados a la inversión de capital. No obstante, este éxito también ha generado un incentivo para que los gobiernos municipales dependan demasiado de las concesiones del suelo y de las UDIC. Hoy en día, la economía de China crece mucho más lentamente que antes, por lo que este mecanismo está perdiendo fuerza en muchos municipios donde la conversión del suelo rural en suelo de uso urbano excede la demanda real. Algunas ciudades han obtenido más préstamos de los que podían devolver, y han quedado fuertemente endeudadas.

Según muchos estudios empíricos, incluidos algunos financiados por el Instituto Lincoln, el mecanismo de financiamiento basado en el suelo en China es una de las principales causas de otros problemas urbanos que enfrentamos en la actualidad, tales como precios exorbitantes de la vivienda, deudas municipales en aumento, excesiva expropiación del suelo, creciente tensión entre agricultores y gobiernos municipales en torno a la expropiación del suelo, y brechas cada vez mayores en la distribución de los ingresos y la riqueza entre las poblaciones urbanas y las rurales.

LL: Los medios de comunicación internacionales han estado realizando informes acerca de estos problemas. ¿De qué manera afrontará China estas cuestiones?

ZL: Existe un alto nivel de consenso acerca de las causas profundas de estos problemas. En noviembre de 2013, el gobierno central anunció una serie de reformas, algunas de las cuales están directamente relacionadas con políticas de urbanización y finanzas municipales. Por ejemplo, los alcances de las expropiaciones del suelo se limitarán a los fines públicos, por lo que las aldeas podrán desarrollar su suelo para uso urbano según la premisa de que se realice de acuerdo con lo planificado. Las reformas también requieren la aceleración de la legislación sobre el impuesto a la propiedad, la reforma del hukou (el sistema de inscripción residencial para familias, que ayuda a los agricultores a convertirse en residentes urbanos) y la toma de medidas por parte del gobierno para poner los servicios públicos urbanos básicos a disposición de todos los residentes permanentes de las ciudades, incluso a los que migran del suelo rural al urbano.

LL: ¿Cuáles son los efectos de la reforma del hukou en las finanzas municipales?

ZL: El gobierno chino está eliminando gradualmente el antiguo sistema del hukou, y los efectos de esta decisión sobre las finanzas municipales serán importantes. El hukou se diseñó con el fin de identificar a un ciudadano como residente de una cierta ciudad, aunque durante décadas el gobierno utilizó este sistema para controlar la migración de áreas rurales a urbanas. Una persona inscrita como hukou rural no podía cambiar su inscripción a hukou urbano sin la autorización del gobierno. Y sin la inscripción como hukou urbano, un trabajador rural migrante no tiene derecho a recibir los servicios públicos que proporcionan los gobiernos urbanos.

A partir de la reforma económica, la economía urbana en expansión ha absorbido una gran cantidad de trabajadores migrantes que pasan de áreas rurales a urbanas. Anteriormente mencioné que el índice de urbanización de China es del 55 por ciento y que la población urbana es de 750 millones de habitantes. Estas cifras incluyen a los 232 millones de trabajadores rurales migrantes que permanecen en ciudades durante más de la mitad del año. Si se los excluyera del cálculo, el nivel de urbanización sería sólo del 38 por ciento. Sin embargo, debido a su inscripción como hukou rural, los trabajadores migrantes no tienen acceso a muchos de los servicios de los que gozan los inscritos como hukou urbano, a pesar de que muchos han trabajado y vivido en ciudades durante varios años. Los gobiernos municipales determinan el alcance de muchos de los servicios públicos urbanos, tales como las escuelas públicas y las viviendas económicas, de acuerdo con la cantidad de inscritos como hukou urbanos que existen dentro de la jurisdicción municipal. La eliminación gradual del hukou aumentaría significativamente la carga fiscal de los gobiernos municipales para proporcionar servicios públicos. Ciertos académicos en China estiman que el costo de prestar la totalidad de los servicios públicos urbanos a cada trabajador rural migrante ascendería al menos a RMB 100.000 (unos US$16.000). El desembolso total para todos los trabajadores rurales migrantes actuales sería al menos de RMB 23 billones (cerca de US$3,8 billones).

LL: China está introduciendo el impuesto sobre la propiedad residencial. ¿En qué estado se encuentra esta iniciativa?

ZL: El gobierno está redactando la primera ley nacional del impuesto sobre la propiedad como parte de la reforma de finanzas públicas actualmente en marcha. China es uno de los pocos países que no poseen impuestos municipales sobre la propiedad. El actual sistema impositivo depende en gran manera de los impuestos sobre los negocios y las transacciones y muy poco de los impuestos sobre los ingresos y la riqueza de los hogares. En una China más urbanizada con una población que tenga mayor poder adquisitivo para ser propietaria de sus propios inmuebles residenciales, el impuesto sobre la propiedad sería una fuente más viable de recaudación municipal. Hoy en día, el 89 por ciento de los hogares urbanos tiene la propiedad de una o más unidades residenciales, y el valor de dichas propiedades tiene mucho que ver con los servicios públicos urbanos. El impuesto sobre la propiedad permitirá que las ciudades impongan este tributo sobre las propiedades residenciales cuyo valor se vería beneficiado por una mejora de los servicios públicos que se brindarían gracias a los ingresos derivados de dicho impuesto. También cubriría una parte de la brecha fiscal que se generaría como consecuencia de la disminución prevista en la recaudación proveniente de las concesiones del suelo. No obstante, el impuesto sobre la propiedad no será una fuente principal de ingresos municipales en el corto plazo, ya que al Congreso Popular Nacional le llevará uno o dos años más aprobar la nueva ley. Además, a las ciudades les llevará dos o tres años establecer la base de datos de propiedades y el sistema de valuación y administración de las mismas.

LL: Debe de ser difícil para las ciudades tener que enfrentar una reducción de los ingresos derivados de las concesiones del suelo sin una alternativa inmediata, especialmente cuando están experimentando una creciente deuda municipal, tal como se ha informado ampliamente. ¿Cómo saldrán de esta situación las ciudades chinas?

ZL: La situación es verdaderamente difícil. La economía de China está en retroceso. El sector inmobiliario ya no es tan pujante como en los últimos diez años, lo que ha dado como resultado una menor demanda de suelo y, como consecuencia, los gobiernos municipales están obteniendo una recaudación derivada de las concesiones de suelo menor. Ahora las ciudades están experimentando una brecha fiscal. Una posible forma de cerrar esta brecha sería que los gobiernos municipales pudieran obtener préstamos. Sin embargo, tal como mencioné anteriormente, muchas ciudades están endeudadas y tienen poca capacidad para seguir pidiendo préstamos. De hecho, la mayoría de las ciudades en China no tiene una capacidad adecuada de gestión de deudas. La ley de presupuesto recientemente modificada permite que los gobiernos provinciales emitan bonos dentro de los límites establecidos por el Concejo del Estado, pero también cierra la posibilidad a los gobiernos municipales de recurrir a otras formas de obtener préstamos. Actualmente, el gobierno central promueve activamente el financiamiento de infraestructura a través de asociaciones público-privadas (PPP, por sus siglas en inglés). Aunque es un buen avance, no será suficiente para cerrar la brecha de financiamiento para infraestructuras, ya que las PPP resultan útiles principalmente en los casos de proyectos de infraestructura que poseen un sólido flujo de ingresos. Existen muchos otros proyectos de infraestructura urbana que generan muy pocos ingresos o directamente ninguno. A la larga, creo que China debería establecer de forma activa un mercado de bonos del gobierno municipal para canalizar los fondos provenientes de inversores institucionales hacia la inversión de infraestructura municipal y permitir que los gobiernos municipales tengan acceso a préstamos comerciales según su solvencia crediticia. A este fin, los gobiernos municipales deben desarrollar su capacidad institucional en varios frentes, tales como la gestión municipal de deudas, la planificación de una mejora de capital, la planificación del financiamiento para varios años, y la gestión municipal de bienes de infraestructura.

LL: ¿El trabajo del PLC es relevante para la reforma actual?

ZL: El PLC fue establecido en forma conjunta por el Instituto Lincoln y la Universidad de Pekín en el año 2007. Cuando ingresé en 2013, el Centro ya había construido su reputación como una de las principales instituciones de investigación y capacitación de China en cuestiones de desarrollo urbano y políticas de suelo. El Centro apoya diferentes actividades, como investigación, capacitación, intercambio académico, diálogo sobre políticas, becas de investigación, proyectos de demostración y publicaciones. Nos enfocamos en cinco temas principales: tributación sobre la propiedad y finanzas municipales, políticas de suelo, viviendas urbanas, desarrollo y planificación urbana, y medio ambiente urbano y su conservación. En los últimos años, nuestros proyectos de investigación han tocado temas como las finanzas dependientes del suelo, las deudas municipales, los precios de la vivienda, la inversión y el financiamiento del capital para infraestructura, y otras cuestiones relevantes para la salud fiscal municipal. Además, hemos brindado capacitación a diferentes agencias gubernamentales de China sobre las experiencias internacionales relativas al análisis y gestión del impuesto a la propiedad. Podría decirse que nuestro trabajo es muy pertinente en lo que respecta a la reforma actual.

La implementación de las nuevas reformas integrales de las políticas está generando una importante demanda de conocimientos internacionales y asesoramiento sobre políticas en las áreas de interés del programa para China, particularmente lo que tiene que ver con los impuestos a la propiedad y las finanzas municipales. Nuestra idea es comenzar un proyecto piloto de demostración en una o dos ciudades chinas seleccionadas, a fin de generar la capacidad institucional que se requiere para desarrollar un nivel de salud fiscal municipal a largo plazo. Nuestro equipo ha comenzado un estudio para desarrollar una serie de indicadores con el fin de medir la salud fiscal municipal de las ciudades chinas. Es el momento oportuno para que iniciemos este plan en China.

Seeking to reactivate discussion of regionalism in the twenty-first century, Armando Carbonell, senior fellow and director of the Lincoln Institute’s Program on Land as Common Property, and Robert Yaro, executive director of the Regional Plan Association (RPA), convened a roundtable in New York last April, in conjunction with the annual meeting of the American Planning Association (APA). Invited participants explored the extent to which the Regional Planning Association of America (RPAA) shaped the vision of twentieth-century regionalism and how that vision is still relevant today. The Institute invited Ethan Seltzer to summarize the roundtable discussions and provide his own insights about new visions for regional planning in America.

The Regional Planning Association of America (RPAA) was established in 1923 by a small, informal group of visionary planners, architects, sociologists and foresters. They laid out an agenda for building and rebuilding American cities and metropolitan regions, and for preserving rural and wilderness areas. The writings of several RPAA members, including Lewis Mumford, Clarence Stein and Benton MacKaye, have inspired students of urban planning and development for decades.

Elements of their vision were reflected in the activism of the New Deal of the 1930s, the new towns proposals of the 1960s and 1970s, and the metropolitan greenbelt and new urbanism movements of the 1990s. Despite these initiatives, RPAA’s broader vision was ignored by most twentieth-century policy makers, and many of the concerns first raised in the 1920s remain largely unresolved: the impacts of suburban sprawl on cities and countryside; how to reconcile the automobile and highways with the design of communities and regions; and the need for high-quality affordable housing.

The regional planning roundtable held last April began with the screening of the 1938 film, “The City,” which had been shown at the 1939 World’s Fair. The film features the ideas of Lewis Mumford and others who articulated RPAA’s values and visions. Many parts of the story showcased in the film have been realized: the automobile has become a dominant means of transportation; the nation’s housing has been upgraded significantly; and many open spaces have been protected.

However, there remain many unexamined ideas regarding the extent to which social problems can be “solved” by manipulating physical form, especially since the agendas of 60 years ago and today are not the same. Participants also noted that the film was naive about markets and portrayed a desire to turn back the clock. The film presented a limited vision of the regional problem, and the notion of social revolution through contact with nature still haunts us.

The film was regarded as an effective piece of propaganda and advocacy for RPAA’s vision, but today there are many voices and points of view, making such a clear-cut presentation very difficult to imagine. We now anticipate the need for regional planning to address even more diverse and complex social and economic issues: where to locate the still growing yet changing population; how to deal with NAFTA and other effects of globalization; increasing economic and regional disparities; and the whole notion of mass tourism, especially in cities. The panel discussed the need for a twenty-first century equivalent of the 1939 World’s Fair to establish a new vision and find common ground rather than to advance a single position.

Regions as Networks

Most often, regions are regarded as something in between cities and nation-states, something that exists relative to existing structures and institutions. But, regions also are shaped by the context of the host country, which introduces the notion that regions depend on networking to find their place and constituency. We can think and plan at a regional level, but we can’t always act at that level. In the last 20 years, there seems to be more confidence about the notion of strengthening regions and regarding them as evolving places. This all points to the need to take a systems approach to planning that is not too dogmatic. We need a solid regional planning process first, rather than seizing on new urbanism, urban growth boundaries or other such planning approaches as exclusive, “one size fits all,” solutions.

The roundtable participants discussed the consolidation of functions rather than institutions as a promising avenue for developing regional relationships and focusing on “what you can fix.” Regional consolidations of functions are happening in some places, but with little impact on land use or quality of life. In essence, the network approach might serve some efficiencies, but questions remain about its ability to yield results that can make the region a better or more effective place.

Nonetheless, better networks rather than new structures seem to be the avenue of choice today, and carrots and sticks from the state and federal levels could be very influential in moving regional networks along. Local governments compete more than they cooperate, and regionalists too often ignore that competition. More agents or vehicles for greater cooperation are needed.

What Would a Regional Entity Do?

How could a regional entity be formed to focus on sprawl, environmental quality, a sense of “home,” congestion, rates of change, etc.? Though crises can make things happen, congestion and sprawl do not seem to offer a particularly fruitful path to regional thinking. The lack of a creative, constructive regional vision or agenda today is telling. Do we, in fact, agree about why regionalism is important, what it ought to accomplish, and what ought to happen next? Perhaps key to the answer will be articulating what it would mean to live the regional “good life.”

We need to be able to make a case for interdependence within regions. We are all stuck in traffic but we can’t see a collective solution, and technology is only helping to make being gridlocked more bearable. We need a strong case for being a region and reinforcing a sense of mutual interest and accountability. Articulating collective versus individual interests is key, and the common chord struck by the environmental and landscape ecology movements might serve as an important unifying force. Much of what passes for regional planning is really regional engineering or regional plumbing, and stems from a basic unwillingness to address the behavior of individuals.

The world is governed at the federal/state/local levels but is lived at global/regional/neighborhood levels. How does this work? It is essential to understand the dynamics of these contrasting contexts to make regional planning a reality. The question is what government as a change agent (versus a preserver of the status quo) would look like. It can’t attack property rights or go after jurisdictions, or simply seek to create a new layer of regulation.

That leaves control of infrastructure as the key governmental tool, along with the use of the market. Perhaps, it was suggested, we ought to use the Fannie Mae approach of financing good things in the right places and a regional block grant for infrastructure. Pulling the plug on the subsidies for sprawl should be a high priority.

We also need to keep the consumer in mind and not forget about marketing. We need one good idea for what is good about regions. There is an ongoing need for community building at a region level. The key objective is, or ought to be, mutual accountability rather than merely efficiency.

Regionalism in America was born of a tremendous optimism about the future of society, and the ability of leaders, planners and others to perfect that society. Those roots are less evident in discussions of regionalism today, but should be kept in mind when considering the role for a revived RPAA. The value of a regional approach, or of embracing regionalism, must be articulated in light of the state of the nation today. Why elect to take a regional approach? What problem are we trying to solve, and how does a regional approach add value in ways that other approaches cannot?

The definition of “region” needs some rethinking. In the days of the RPAA, there were only six regions in the nation. Today, every city-suburb pair seems to be calling itself a region. Regions were always envisioned as parts of a whole, and regionalism was distinguished from its evil twin, sectionalism, by the contribution that regions made to the whole. Today we need to re-articulate the ways in which the parts work together.

The RPAA was a club, and a small one at that. The work of regionalists today occurs in a much more diverse and pluralistic environment. In fact, whereas early regional initiatives were clearly planning projects, today it’s not clear that regionalism is just a “planning thing.” Consequently, defining the scope and task for regional planning is critically important. The RPAA also was an advocate. The members had a point of view and they worked to advance it politically and, in the case of their film, popularly. A new RPAA would have to understand its role vis-a-vis advocacy. If it emerges as an advocate, could it even do planning, given the environment within which planning occurs today?

Key Themes for Future Action

Discussions of regionalism often center on governance and the structure of governance within regions. There are precious few examples of regions that have elected to either create new institutions at the regional level, or to consolidate existing institutions into larger bodies. There are, however, many examples of jurisdictions working together to advance service delivery in more efficient ways. The notion of a “network” region is emerging in practice: rather than perfecting institutions, the focus is on perfecting relationships and functions. Nonetheless, the challenge at the regional level is not primarily efficiency but developing a sense of mutual accountability. Building community and sense of place at a regional scale is a critical requirement for advancing on-the-ground regionalism. Developing new icons to represent regional territories of shared interest and responsibility is no easy task, but ought to be pursued.

Promoting an ongoing discussion of regionalism and regional planning, one that blends both applied and theoretical perspectives, is valuable and should be encouraged, but reestablishing expectations for the nature of regions and resolving differences between contexts will stand as important challenges. If the old RPAA was articulating notions of “better regions for a better nation,” today we need to discuss the role of “better regions for a better world.” There are roles for regions, regionalism and regional planning that need to be figured out, and that will happen only through moving this kind of dialogue forward.

These concerns lead to a number of possible focal points for ongoing work:

Studies of Sprawl – Sprawl is playing out at a metropolitan level, but is related to more regional and global forces. Further investigations could shed light on understanding the mechanisms that promote sprawl, regional responses and the prospects for intervening in the dynamics of sprawl.

Governance – Regional governance as a network function rather than an institutional structure can lead to understanding regions as something different than more traditional institutional forms. Further, moving from a regionalism based on efficiency to a regionalism based on mutual accountability is a critical need in the years ahead.

Regions and Regional Planning – These cornerstone concepts of the RPAA brand of regionalism need updating. Being more explicit about contemporary expectations for these terms will help to make the value of regionalism for today and the future more specific and precise.

A National Agenda for Regionalism – Currently no one is taking the lead to articulate a national agenda for regionalism. After the interstate highways, beyond smart growth and new urbanism, where are we headed? What’s next for regions, and what is the federal role?

The Film – The RPAA had their film. Can we develop a new one in light of the themes identified above? Trying to develop a film would force us to determine whether we are advocates or planners, and if advocates, what we are advocating. It would also force those involved to become more specific about areas of agreement and disagreement.

The original RPAA was a sociable club, but it also resulted in designing and building places. It published journal articles, connected with governments and presidents, and was casual and productive. Is that model realistic in the year 2000? We need to be pragmatic. We have more to do than we can currently manage. However, communicating at a higher level, focusing on ideas, does make sense. The notion of an ongoing conversation is very important, but it probably doesn’t warrant the creation of another organization.

There is a huge educational challenge here. Whether it is educating kids in schools, providing training and education for decision makers, or deliberately advancing the thinking of a network of citizens, the educational mission must be of primary concern. Perhaps the first step would be to educate ourselves through an ongoing discussion linking thinkers and doers. A good “curriculum” on regionalism also would benefit everyone working with these issues.

______________

Ethan Seltzer is director of the Institute of Portland Metropolitan Studies at Portland State University in Portland, Oregon.