Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 7 del CD-ROM Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

Durante la última década, el autobús de transporte rápido (BRT, por sus siglas en inglés) ha revolucionado la planificación del transporte regional en gran parte del mundo desarrollado y en vías de desarrollo. El BRT pasó de ser una opción de transporte marginal utilizada en unas pocas ciudades de Brasil y Australia a convertirse en una importante alternativa de transporte masivo para los gobiernos locales y nacionales.

El BRT no es un concepto único, sino que engloba una variedad de aplicaciones diseñadas para mejorar el nivel de servicio que proporciona el transporte masivo en autobús ofreciendo movilidad de forma económica y cómoda, similar a la que ofrece el ferrocarril urbano (Wright y Hook 2007, 11). Se basa en mejoras coordinadas en tecnología, infraestructura y equipamiento para conseguir un servicio de calidad (Oficina General de Cuentas de los Estados Unidos 2001). Desde el punto de vista operativo, las aplicaciones del BRT incluyen autobuses con derecho de paso exclusivo, con estaciones dedicadas y abono de tarifas previo al abordaje, o autobuses que transitan por carriles de tráfico mixtos en las principales arterias de la ciudad.

Podría afirmarse que el concepto del BRT que goza del mayor reconocimiento es la provisión de un derecho de paso exclusivo para el transporte en autobús unido a la alta frecuencia del servicio. En Sudamérica, los sistemas BRT de Curitiba, en Brasil, y Bogotá, en Colombia, integran redes de carriles dedicados al uso exclusivo de autobuses articulados de gran capacidad, con embarque y desembarque rápido.

Doce ciudades latinoamericanas, tres australianas, siete estadounidenses, ocho asiáticas y dieciocho europeas han implementado sistemas BRT. En algunas los sistemas son completos mientras que en otras son líneas únicas. También hay sistemas actualmente en construcción en todo el mundo, como en Dar es Salaam en Tanzania, Jinán en China, Bolonia en Italia, Mérida en Venezuela y Auckland en Nueva Zelandia. En marzo de 2007, GTZ, la empresa federal de desarrollo de Alemania, estimó que había al menos 27 ciudades con procesos activos de planificación de sistemas BRT, mientras que 14 sistemas estaban considerando su ampliación (Wright y Hook 2007).

El extraordinario éxito del BRT se debe en parte a la relación costo-efectividad y a la relativa flexibilidad de la inversión necesaria. Los sistemas BRT a menudo pueden transportar tantos pasajeros como los sistemas de ferrocarril urbano convencionales pero por una fracción del costo. Los sistemas BRT también son comparables a los sistemas de ferrocarril tipo metro, excepto en situaciones de muy alta demanda de pasajeros, superior a los 50.000 pasajeros por sentido y por hora. Igual que en el ferrocarril urbano, no obstante, la relación costo-efectividad del BRT se apoya en la capacidad de disponer de usos del suelo que concentran la actividad a lo largo de corredores del sistema. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, los sistemas BRT se han construido en corredores con una demanda comprobada.

INVERSIÓN EN TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN/REURBANIZACIÓN DEL SUELO

También resulta plausible que los sistemas BRT puedan atraer una urbanización densa que a su vez mejore el sistema BRT en el futuro. Esta conexión recíproca entre inversión en BRT y urbanización ha sido el puntal del éxito en Curitiba. A pesar de la importancia de esta conexión para la viabilidad futura y la relación costo-efectividad de los sistemas BRT, aún disponemos de poca evidencia empírica. Dado el elevado número de ciudades que están considerando la construcción de nuevas líneas BRT o la ampliación de sus sistemas, resulta crucial comprender si se producirán cambios en la urbanización del suelo a fin de prever los beneficios del sistema y poder estimar el impacto fiscal de la inversión.

La teoría económica urbana proporciona un punto de partida para explicar cómo la inversión en transporte puede influir en la urbanización o reurbanización del suelo. Se espera que tal inversión proporcione beneficios de accesibilidad a quienes se ven afectados positivamente a través de la disminución del tiempo de desplazamiento que les brinda la inversión.

En un mercado del suelo metropolitano, se espera que la inversión en transporte proporcione ventajas en cuanto a accesibilidad a los terrenos cercanos a la inversión en comparación con los terrenos relativamente poco afectados por dicha inversión. Puesto que el número de terrenos que se benefician de las mejoras de accesibilidad es limitado, se espera que las familias y las empresas que valoren tales beneficios en un mercado competitivo estén dispuestas a pagar más por las propiedades que ofrecen buen acceso que por otras propiedades, suponiendo que las demás condiciones son iguales. En este sentido, los beneficios de acceso que ofrecen las inversiones en transporte, de existir, se capitalizarán en el valor de las propiedades.

La capitalización de los beneficios de accesibilidad estimula la urbanización potenciando el atractivo de los terrenos para su urbanización o reurbanización. Los terrenos que anteriormente no eran considerados candidatos preferenciales para la inversión inmobiliaria se tornan más atractivos después del anuncio o implementación de la inversión en transporte. Por otro lado, un terreno ya urbanizado o en fase de planificación puede urbanizarse más intensivamente como resultado del aumento de valor. Esta relación es la piedra angular de la urbanización enfocada hacia el transporte (ver la Figura 7.5.3.1 en anexo).

Además del potencial urbanizable propiciado por la inversión en transporte, los aumentos en el valor del suelo también son relevantes para las finanzas municipales y la financiación de proyectos específicos. El éxito de instrumentos locales como la financiación mediante incrementos impositivos (Tax Increment Financing, o TIF) y la recuperación de plusvalías depende del valor del suelo y de los cambios de urbanización asociados al proyecto.

EL SISTEMA TRANSMILENIO DE BOGOTÁ

Bogotá, la capital de Colombia, tiene aproximadamente 6,8 millones de habitantes que ocupan aproximadamente 29.000 hectáreas de suelo urbanizado (Alcaldía Mayor de Bogotá 2003). Antes de TransMilenio, todo el transporte público de Bogotá lo proporcionaban choferes de autobús privados organizados en empresas o asociaciones, las cuales añadían o cancelaban servicios con poca supervisión por parte del gobierno. Los ingresos para los choferes del autobús estaban basados exclusivamente en las tarifas pagadas por los pasajeros, lo que provocaba una intensa competencia entre los conductores. Este marco operativo tuvo un costo social considerable, en congestión, calidad inadecuada y falta de seguridad (debido a la escasa inversión en mantenimiento de los vehículos). En 1999 los residentes experimentaban velocidades medias de desplazamiento en los autobuses de sólo 9 km/h durante el período de máxima actividad del día.

A finales de la década de 1990, preocupado por una oferta excesiva de capacidad del transporte, malas condiciones ambientales y de seguridad y velocidad decreciente de los autobuses, el gobierno municipal invirtió en una amplia red BRT, pero ésta cubría únicamente las zonas con alta demanda de transporte público. Las zonas de la ciudad donde no llegaba el BRT continuaron servidas por las asociaciones originales, y siguieron sufriendo el efecto medioambiental y de tiempo. La inversión en BRT, TransMilenio, formaba parte de una estrategia integrada más amplia para abordar los problemas de movilidad, reclamar los espacios públicos para los peatones y aumentar el acceso a zonas verdes.

TransMilenio se ha implementado en dos fases, con una tercera fase actualmente en proceso de diseño. La primera fase se planificó en 1998, se construyó en 1999–2000 y entró en funcionamiento en diciembre de 2000 en dos corredores. La segunda fase, que comenzó a funcionar a finales de 2003, añadió tres corredores más de forma paulatina. Todas las fases se han implementado a través de un exitoso acuerdo entre entidades públicas y privadas: el gobierno financia la infraestructura y supervisa las funciones de planificación a largo plazo, y las empresas privadas licitan la operación de conjuntos de rutas o zonas de influencia.

El sistema comprende una infraestructura especializada, que incluye carriles exclusivos para ofrecer una capacidad de alto servicio, estaciones de embarque cerradas y una flota racionalizada de autobuses articulados con sistema de cobro de tarifas en plataforma previo al embarque. Un servicio coordinado con rutas alimentadoras permite acceder a TransMilenio desde vecindarios alejados de la ruta del autobús. A noviembre de 2007, el sistema tenía 114 estaciones, operaba más de 1.000 autobuses y realizaba más de 1,4 millones viajes en sentido único por día a una velocidad media de 27 km/h.

Considerado como un excelente ejemplo de sistema BRT, el caso de Bogotá ilustra la transformación de corredores de transporte tradicionales afectados de una seria contaminación, problemas de seguridad y un entorno poco atractivo en un nuevo sistema que ofrece tiempos de desplazamiento considerablemente menores, menos ruido y menos emisiones de gases de efecto invernadero (Cain y col. 2006).

IMPACTO DE TRANSMILENIO SOBRE EL VALOR DEL SUELO

TransMilenio ha sido el centro de atención de al menos cuatro estudios que relacionan el valor del suelo con el sistema BRT (ver recuadro en anexo). Aunque la evidencia hasta la fecha sobre la relación entre TransMilenio y el valor de las propiedades inmobiliarias ha resultado útil, su capacidad para influir en las políticas sigue siendo limitada. Por ejemplo, estos estudios se basan en datos transversales, por lo que resulta imposible identificar si el sistema BRT produjo el cambio en el valor del suelo, o si los planificadores fijaron las estaciones en lugares que ya eran bien valorados por los residentes. Asimismo, a pesar del interés por parte de los gobernantes en ampliar los sistemas BRT establecidos y en buscar formas de financiarlos, ningún estudio ha examinado si estas ampliaciones traen beneficios a las propiedades que ya disfrutaban del servicio del BRT.

Utilizando los datos sobre los precios pedidos por las propiedades anteriores y posteriores al TransMilenio, examinamos si los precios cambiaron a medida que se ampliaba el sistema. Comprender en qué medida han cambiado los precios en Bogotá es particularmente importante dada la extensa experiencia del gobierno colombiano con los instrumentos de recuperación de plusvalías del suelo y el aumento del interés por encontrar nuevas fuentres de financiación para futuras ampliaciones del BRT (Furtado 2000).

Nuestros datos se tomaron de una muestra de propiedades en la zona metropolitana de Bogotá entre 2001 y 2006. La fase II de la ampliación del TransMilenio, abierta al público en diciembre de 2003, proporcionó el escenario del estudio. En el análisis utilizamos propiedades unifamiliares ubicadas en un radio de 1 km del sistema BRT que se beneficiaron de la ampliación del sistema de una o dos formas: obteniendo acceso local a TransMilenio gracias a la ampliación, u obteniendo acceso regional gracias al mayor alcance de la red, lo que denominamos “efecto de la red”.

Para medir los efectos de la red utilizamos propiedades que anteriormente sólo tenían acceso local a una estación de TransMilenio, pero que ahora se benefician del mayor alcance del sistema BRT. Por otro lado, las propiedades que no tenían acceso local a TransMilenio antes de diciembre de 2003, pero que también se beneficiaron de la ampliación, sirvieron para examinar los efectos del acceso local (ver Figura 7.5.3.2 en anexo).

Todas las propiedades susceptibles de verse afectadas por TransMilenio se consideran pertenecientes a zonas de intervención de acceso local o del efecto de la red. Sin embargo, puesto que los valores de las propiedades cambian de antes a después de la intervención por razones diferentes a los cambios producidos por TransMilenio, también incluimos propiedades dentro de una zona de control que no se benefició directamente de ninguna de las inversiones de TransMilenio, ni de otras inversiones en rutas para bicicleta o en parques importantes.

La estadística descriptiva simple tanto de ambas zonas de intervención como de la zona de control muestra que las propiedades dentro de la zona de efecto de la red eran más caras que las situadas en las otras dos zonas, tanto antes como después. Las propiedades de la zona de acceso local tenían precios similares a las de la zona de control, antes y después. Asimismo, los precios pedidos aumentaron en índices diferentes. Respecto de las propiedades dentro de la zona de efecto de la red, los precios aumentaron un 5,1 por ciento, en comparación con un 9,5 por ciento para las propiedades dentro de la zona de acceso local y un 7,7 por ciento para las situadas en la zona de control durante el mismo período. No obstante, estas diferencias pueden resultar engañosas, porque las propiedades ofrecidas en el mercado pueden haber sido diferentes antes y después de la intervención.

Por ejemplo, la zona de control tenía un índice considerable de usos industriales (22,7 por ciento) y terrenos vacantes (14,1 por ciento) comparada con las otras dos (zona de efecto de la red: 0,5 por ciento de uso industrial y 0,8 de terrenos vacantes; zona de acceso local: 13,7 por ciento de uso industrial y 7,0 por ciento de terrenos vacantes), aunque la densidad de población es similar. Las zonas de acceso local y de control tienen poco o ningún uso comercial, mientras que la zona de efecto de la red tiene una mezcla más homogénea de usos residenciales y comerciales. Por tanto, fue necesario un análisis de regresión para ayudar a aislar la variación de precio identificada de los efectos de la presión inflacionista, las diferencias en la oferta de vivienda o el efecto de la ampliación de TransMilenio sobre el precio de la vivienda. Nuestros modelos corrigieron además la correlación existente para las propiedades que están más juntas desde el punto de vista espacial, con respecto a las que están más distantes.

Cambios en el valor de las propiedades en las zonas con servicio BRT

Los hallazgos de nuestro modelo de regresión para la zona de efecto de la red con respecto a la zona de control mostraron una evidencia uniforme de que los precios en 2001 y 2002 eran similares entre la zona de intervención y la zona de control, sin que se produjera una apreciación. Sin embargo, detectamos una apreciación positiva uniforme en la zona de intervención desde el año 2003 en adelante, con respecto a la zona de control.

Los precios pedidos por las propiedades resultantes según las estimaciones se muestran en la Figura 7.5.3.3 (en anexo), creada mediante una simulación basada en coeficientes estimados y en su matriz de varianza-covarianza. Los valores representan una propiedad de entre 10 y 20 años de antigüedad, con todas las demás variables establecidas en sus valores medianos, variando el año de 2001 a 2006.

Las propiedades de la zona de intervención se apreciaron antes y en mayor grado que las propiedades de la zona de control. La Figura 7.5.3.4 (en anexo) muestra el cambio en los precios entre la zona de intervención y la zona de control en términos de porcentaje. El pico de precios de 2003 en la zona de intervención puede ser el resultado de la previsión de los propietarios ante la expectativa de apertura de la ampliación del sistema BRT, o de otros cambios en el submercado inmobiliario que nuestras variables no tuvieron en cuenta. Aunque se han documentado efectos similares de previsión de extensión de transporte masivo en otros lugares (Knaap, Ding y Hopkins 2001), no se ha examinado ni documentado ninguno de ellos para los efectos de la red que crean dichas ampliaciones.

Cambios en el valor de las propiedades en las zonas sin servicio del BRT

Los hallazgos de nuestro modelo de regresión para la zona de acceso local con respecto a la zona de control arrojaron una evidencia mixta de aumento de los precios en zonas que anteriormente no estaban servidas por el sistema BRT. En algunos casos (dependiendo del modelo especificado) los precios en la zona de intervención eran superiores a los de la zona de control para las propiedades ofertadas en 2001, 2003, 2004 y 2006. Otros modelos mostraron relaciones menos consistentes. Una prueba de los coeficientes correspondientes al período anterior y del coeficiente del período posterior no muestra una diferencia simultánea en los precios de las propiedades.

EL RESULTADO NETO: TRANSMILENIO Y LOS VALORES DE LAS PROPIEDADES

En general nuestros resultados dibujan un panorama mixto de apreciación como consecuencia de las ampliaciones del BRT. Por un lado, la evidencia sugiere la apreciación de las propiedades que ya estaban servidas por el BRT, puesto que también se beneficiaron de las ampliaciones. La plusvalía estimada del precio pedido por las propiedades se sitúa entre el 15 y el 20 por ciento, aunque la apreciación comenzó un año antes de inaugurarse la ampliación. Esto resulta significativo, dado que sabemos poco acerca de la magnitud potencial de estos efectos. En contraste, encontramos poca evidencia de aumento de los precios de las propiedades situadas a lo largo del corredor que anteriormente no tenía una estación local de BRT, pero que ahora recibe servicio gracias a la ampliación.

No podemos afirmar sin lugar a equívocos que los aumentos de precio fueron el resultado de la ampliación del BRT, porque podrían deberse a variaciones en el submercado inmobiliario local. Por ejemplo, la ciudad de Bogotá resurgió de una profunda recesión que terminó a principios de 2000. Si los efectos de la recesión no fueron uniformes en todos los vecindarios, es posible que eso explique el diferencial encontrado. Además, es posible que las propiedades que ya disfrutaban del servicio del BRT simplemente estaban capitalizando los beneficios de la inversión original realizada apenas cuatro años antes.

Otras explicaciones posibles de los resultados que quizá interesen a los planificadores que estén considerando hacer inversiones en BRT incluyen la cronología de los efectos. La capitalización de los beneficios de las ampliaciones del BRT puede tardar tiempo en materializarse. Nuestro análisis cubre solamente hasta tres años después de la inauguración de la ampliación, pero el impacto de los proyectos de transporte tiende a tardar más tiempo. Una explicación relacionada es que las propiedades también se aprecian ante la expectativa de la inversión en transporte, más que cuando se inauguran las ampliaciones.

También es posible que los efectos difieran en los vecindarios de cada zona estudiada. Aunque utilizamos propiedades en un radio de 1 km de una estación de BRT (la zona de influencia identificada por los planificadores locales en sus estudios de viabilidad de TransMilenio), es posible que los precios aumentaran, pero sólo para un subconjunto de propiedades (por ejemplo, las más próximas a una estación). Por último, es probable que el efecto sobre el valor del suelo derivado de la inversión pública en transporte sea diferente para las propiedades comerciales, las viviendas unifamiliares y las multifamiliares. Se han detectado aumentos en el precio de los espacios comerciales en otras ciudades (Cervero y Susantono 1999; Cervero y Duncan 2002).

No existe una forma sencilla de examinar sin ambigüedades los efectos sobre el valor del suelo derivados de la inversión pública en transporte. En este estudio, hemos intentado profundizar en el tema sobre la base de otros estudios y superar sus limitaciones. Nuestras conclusiones revelan una cierta promesa para la financiación de infraestructura a través de las plusvalías que puede crear. Pero perduran ciertas ambigüedades y advertencias que no son fáciles de resolver. Mientras tanto, los encargados de tomar decisiones seguirán explorando soluciones para las opciones de transporte masivo y las formas de financiarlas, y el sistema BRT contribuirá a abordar la acuciante necesidad de movilidad en las ciudades de todo el mundo.

Referencias

Alcaldía Mayor de Bogotá. 2008. Población por localidad. Alcaldía Mayor de Bogotá 2003. http://www.bogota.gov.co/galeria/cifraspoblaciondelocalidades1973a2003.pdf

Cain, A., G. Darido, M. R. Baltes, P. Rodríguez, and J. C. Barriors. 2006. Applicability of Bogotá’s TransMilenio BRT system to the United States. Tampa, FL: National Bus Rapid Transit Institute.

Cervero, R., and M. Duncan. 2002. Transit’s value-added: Effects of light and commuter rail services on commercial land values. Transportation Research Record 1805:8–15.

Cervero, R., and B. Susantono. 1999. Rent capitalization and transportation infrastructure in Jakarta. Review of Urban and Regional Development Studies 11 (1):11–23.

Furtado, F. 2000. Colombia: Economic aspects of the country’s land use. American Journal of Economics and Sociology, 59 (5):97–110.

Knaap, G. J., C. R. Ding, and L. D. Hopkins. 2001. Do plans matter? The effects of light rail plans on land values in station areas. Journal of Planning Education and Research 21 (1):32–39.

Mendieta, J. C., and J. A. Perdomo. 2007. Especificación y estimación de un modelo de precios hedónico espacial para evaluar el impacto de Transmilenio sobre el valor de la propiedad en Bogotá. Bogotá, Colombia: CEDE.

Munoz-Raskin, R. 2006. Walking accessibility to bus rapid transit in Latin America: Does it affect property values? The case of Bogotá, Colombia. In TRB 86th Annual Meeting Compendium of Papers CD-ROM.

Perdomo, J. A., J. C. Mendieta, C. A. Mendoza, and A. F. Baquero. 2007. Investigación sobre el impacto del proyecto de transporte masivo Transmilenio sobre el valor de las propiedades en Bogotá, Colombia. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

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U.S. General Accounting Office. 2001. Bus rapid transit shows promise. Washington, DC: General Accounting Office.

Wright, L., and W. Hook. 2007. Bus rapid transit planning guide. New York: Institute for Transportation and Development Policy.

La región de América Latina enfrenta desafíos formidables en educación y capacitación sobre temas de política, planeamiento y tributación de suelo. Por casi 20 años, el Lincoln Institute of Land Policy (Instituto Lincoln) ha estado ofreciendo programas sobre estos tópicos en 17 países de América del Sur continental y varios otros países caribeños. Estos países tienen distintos marcos legales (algunos son unitarios, otros federales) y, en conjunto, aproximadamente 400 gobiernos subnacionales (estados, provincias, departamentos, etc.), alrededor de 15.000 municipalidades que representan un amplio espectro de condiciones locales, y más de 100.000 funcionarios públicos responsables por políticas y gestión relacionada con el suelo.

Como parte del Departamento de Estudios Internacionales, el Programa para América Latina y el Caribe (LAC, por su sigla en inglés) identifica a colaboradores, convoca audiencias apropiadas, brinda asesoramiento estratégico, promueve la investigación y desarrolla materiales de educación y capacitación en temas claves relacionados con las políticas de suelo. Estos temas incluyen, entre otros, la mitigación de la informalidad rampante, el refuerzo del autofinanciamiento a través de la recuperación de plusvalías generadas por inversiones en obras públicas, el mejor desempeño del impuesto predial y el impacto de las intervenciones públicas.

Para alcanzar a esta audiencia tan diversa, el Programa LAC ha desarrollado una amplia gama de cursos, seminarios y conferencias presenciales para profesionales, incluyendo a funcionarios políticos de la rama legislativa y ejecutiva y su personal técnico senior, como también a académicos, estudiantes universitarios y ciudadanos. Tradicionalmente, la mayoría de estos programas consistió en cursos de desarrollo profesional de una semana de duración, ofrecidos una vez por año, cada uno a 30 a 50 participantes internacionales de varios países, o conferencias nacionales o internacionales ad hoc diseñadas para cientos de participantes. No obstante, la diversidad que caracteriza a la región latinoamericana nos impide diseñar un modelo de instrucción presencial para las distintas jurisdicciones, y la limitación de recursos frecuentemente impide que las instituciones públicas y privadas puedan enviar a su personal a las grandes ciudades donde normalmente ocurren estos eventos.

A medida que los programas se fueron difundiendo y la cantidad de funcionarios públicos que deseaban participar en ellos fue creciendo, el Lincoln Institute tuvo que reevaluar su estrategia para poder cumplir con su mandato de mejorar la calidad del debate sobre temas de políticas de suelo por medio de programas educativos. En consecuencia, además de continuar con los programas presenciales para audiencias específicas en ciertas ciudades y países, a partir del 2004 el Programa LAC comenzó a desarrollar a partir de 2004 otros formatos y medios educativos para poder informar a los dirigentes políticos y profesionales claves, tanto en el gobierno como en instituciones académicas, interesados en temas de políticas de suelo urbano, pero que no podían participar en estos eventos singulares.

Estas ofertas de Educación a Distancia (EAD) del LAC están todavía en desarrollo, tienen formatos diversos, como cursos de autoestudio; cursos con moderadores, que incorporan múltiples medios de comunicación interactivos; bien como cursos de posgrado desarrollados en colaboración con universidades latinoamericanas y otras instituciones. Estos cursos usan una gran variedad de herramientas y materiales, desde simples documentos escritos que se pueden descargar, hasta plataformas multimedios, como Moodle y eTEACH.

Estrategias pedagógicas

Una vez halladas las soluciones tecnológicas para diseminar materiales educativos, quedaba por resolver el problema pedagógico. La estrategia adoptada por el Programa LAC en educación a distancia se representa como un triángulo invertido (ver Figura 1 en anexo). Los usuarios pueden permanecer al nivel general, tomando cursos de autoestudio para obtener conocimientos relativamente básicos sobre temas transversales, o pueden ahondar en un área temática con cursos moderados o programas universitarios especializados a nivel de graduado.

Trabajando de cerca con expertos pedagógicos, y guiados por el mandado del Instituto Lincoln, el personal del LAC y el cuerpo académico adjunto fue desarrollando gradualmente un modelo de EAD basado en los principios del constructivismo, una corriente didáctica desarrollada por el psicólogo suizo Jean Piaget, que postula que los seres humanos generan conocimiento y significado a partir de sus propias experiencias. El constructivismo se contrapone al positivismo, donde el conocimiento científico se adquiere por medio de la afirmación positiva de teorías a través de métodos científicos estrictos, como las investigaciones cuantitativas. Dada la diversidad y complejidad de los temas involucrados en las políticas de suelo, el Programa LAC ha explorado ambos enfoques para crear sus cursos de educación a distancia. En este contexto, el constructivismo se aplica más frecuentemente al conocimiento asociado con alternativas políticas, mientras que el positivismo se usa en cursos más técnicos que se basan en la aplicación de herramientas.

El Programa LAC organiza cursos en el citado marco constructivista, alentando una amplia discusión sobre temas relacionados con las políticas de suelo urbano, sin ideas preconcebidas. Los cursos de educación a distancia en la plataforma Moodle permiten crear comunidades virtuales y una amplia gama de entornos de intercambio y discusión, donde los participantes de diversos países de América Latina contribuyen con sus inquietudes y experiencias, que pueden ser muy distintas de las del cuerpo académico. El Programa LAC ofrece también cursos fundamentales para el desarrollo de herramientas cuantitativas y geoestadísticas utilizadas en las políticas de suelo urbano, aplicando en este caso los principios del positivismo y el aprendizaje práctico.

A lo largo de los años, hemos desarrollado dos productos con distintas características, aplicaciones y objetivos: cursos de acceso restringido (cursos con moderadores, o a nivel de posgrado y con un componente presencial); y cursos de autoestudio, de acceso libre e irrestrictos. . Todos estos cursos en línea se ofrecen en español a profesionales de instituciones públicas y privadas involucradas en temas urbanos.

Cursos moderados y de autoestudio

Los cursos moderados fueron nuestra primera opción para resolver el desafío de informar y preparar a los funcionarios públicos para ampliar el alcance de sus alternativas políticas, porque brindan una base educativa sólida por medio de lecturas, deliberaciones y reflexión. Todos los cursos moderados son gratuitos; sin embargo, los postulantes se seleccionan por medio de un proceso de admisión competitivo. Las clases tienen alrededor de 45 participantes cada una, y normalmente incluyen por lo menos a un representante de cada país de la región. Los cursos se desarrollan a lo largo de nueve semanas, cada uno con un profesor designado que es responsable por enseñar y/u orientar a los participantes; la tercera, quinta y novena semanas se reservan para que los estudiantes puedan completar o ponerse al día con tareas o cuestionarios específicos.

Estos cursos utilizan la plataforma Moodle, que ofrece excelentes resultados de desempeño y facilidad de uso. Se usan tres herramientas principales.

• Foros de discusión, que se consideran los motores del curso. El profesor actúa como un facilitador comunitario virtual y propone un tema diario de discusión, como por ejemplo: ¿Cuáles son los factores principales del deficiente desempeño del impuesto predial como fuente de ingresos en las jurisdicciones latinoamericanas? o ¿Cuáles son las ventajas de descentralizar a los gobiernos locales (municipalidades) la responsabilidad de establecer las tasas de impuestos prediales? Los participantes frecuentemente sugieren otros temas que enriquecen y aceleran los procesos de adquisición y/o reconstrucción del conocimiento.
• Tareas, que consisten en elaborar informes sobre temas de políticas de suelo. Estas tareas pueden ser un análisis de un marco legal, una estrategia para recolectar y analizar datos de los mercados de suelo, o un mapa procesado en un entorno SIG. El informe se carga en la plataforma y los profesores lo leen y califican en la semana siguiente.
• Cuestionarios de opción múltiple. Se usan principalmente como autoevaluación y para medir el conocimiento de los participantes sobre los materiales de lectura asignados o para respaldar los foros de discusión y las tareas.

El criterio mínimo para aprobar el curso y recibir un certificado del Instituto Lincoln, es completar las tareas y los cuestionarios y participar activamente en las deliberaciones.

El Programa LAC ofrece nueve cursos de educación a distancia con temática que presentan cierta superposición (ver Figura 2 en anexo). Una serie de cursos incluye Financiamiento de ciudades con suelo urbano, que promueve un examen crítico de las diversas políticas de financiamiento de ciudades por medio del suelo urbano; e Impuesto predial y financiamiento urbano, que brinda un análisis de los principios legales, políticos y económicos de la tributación del suelo como instrumento beneficioso para el desarrollo urbano. Este curso sobre tributación se superpone con otros dos: Aplicación del catastro multifinalitario en la definición de políticas de suelo urbano, que abarca temas de la tenencia del suelo, geotecnologías y sistemas de valuación de suelo urbano utilizados en distintas jurisdicciones latinoamericanas; y Técnicas de valuación de inmuebles urbanos, que presenta los métodos y principios básicos de las valuaciones comerciales, así como la valuación masiva de propiedades urbanas.

Una segunda serie de cursos incluye Dimensiones jurídicas de las políticas de suelo, que ofrece un análisis de los enfoques y categorías principales utilizadas por los sistemas legales urbanos en América Latina, con una revisión de los aspectos teóricos y prácticos relevantes para administradores públicos urbanos. Este curso se intercepta con Gestión de los mercados de suelo urbano, que brinda un examen de la estructura, función y regulación de los mercados y su relación con los problemas económicos, sociales y medioambientales de las ciudades.

Las interconexiones técnicas entre estas dos series son provistas por dos cursos adicionales: Técnicas de análisis de mercados de suelo urbano, que analiza los principios básicos de economía del suelo y bienes raíces, y la aplicación de métodos empíricos; y Sistemas de Información Geográfica (SIG) aplicados a estudios urbanos, que cubre los principios básicos de SIG, la estructura de bases de datos alfanuméricas y herramientas cartográficas útiles para los estudios urbanos. La mayoría de estos temas y técnicas se cubren transversalmente en el curso Definición de las políticas de suelo en pequeñas ciudades, introducido en el primer semestre de 2010.

Con el correr de los años se han experimentado distintas configuraciones de personal académico y administrativo. En 2009 se implementó una estructura de coordinación simple pero eficiente, donde el personal senior del Instituto Lincoln se responsabiliza por las decisiones estratégicas en materia de cursos y producción de materiales, y un grupo distinguido de profesores adjuntos, apoyados por asistentes que se comunican directamente con los participantes y brindan instrucciones para la carga de materiales, tareas y cuestionarios. Para poder mantener el crecimiento de la diversidad temática y la demanda de inscripción para los cursos de EAD, en 2010 se incrementó la cantidad de personal académico de 22 a 52, y se desarrolló un curso especial para todos los maestros y asistentes, buscando asegurar que todos se desempeñen al mismo ritmo y dentro del mismo marco pedagógico de educación a distancia y uso de herramientas Moodle.

Otra respuesta al aumento continuo de la demanda ha sido el desarrollo de cursos de autoestudio como alternativa y complemento a los cursos moderados, que son más intensivos. Los cursos de autoestudio utilizan materiales multimedia, muchas veces consistentes en videos grabados en clases presenciales. Estos productos también se están adaptando para que puedan ser descargados en forma gratuita, especialmente para el uso de instituciones privadas y no gubernamentales, pequeñas ciudades y establecimientos educativos.

Materiales de los cursos

Los cursos de educación a distancia del LAC están respaldados tanto por materiales escritos como audiovisuales. Los primeros, generalmente distribuidos en formato PDF, se seleccionan para que el estudiante pueda realizar una lectura, análisis y reflexión individual. Incluyen documentos escritos por los docentes, artículos de acceso público en la Internet y capítulos de libros e informes publicados por el Instituto Lincoln y otras fuentes. En ciertos cursos se comparte legislación y documentos públicos de varios países para facilitar los estudios comparativos de casos.

Algunos materiales, sobre todo aquellos escritos por el personal académico del curso, se han compilado como libros electrónicos que se pueden descargar libremente, pudiendo algunos capítulos ser aprovechados por los participantes del curso. Los cuatro libros electrónicos producidos a la fecha (en español o portugués) también están a disposición de usuarios interesados.

Una variedad de materiales audiovisuales brinda información adicional y facilita la comprensión, usando distintas tecnologías de producción y uso, pero con el objetivo común de acelerar el conocimiento del programa de estudios central. Las ofertas multimedios iniciales eran simplemente videos de profesores enseñando una clase, alternados con diapositivas de PowerPoint para crear la atmósfera de una disertación presencial. Los videos se producen con tecnología digital de alta calidad, y se usan tanto para los cursos de autoestudio como los cursos con moderador. Algunos videos se filman en un estudio y otros se graban en vivo durante un curso presencial programado.

La incorporación de audioclases ha realzado aún más la experiencia de educación a distancia. Los profesores de países de la región graban sus voces usando un software gratuito, siguiendo las instrucciones de los administradores del curso. Los archivos de audio y las diapositivas de PowerPoint correspondientes se envían al equipo de edición, que luego crea la audioclase. La porción sonora de las clases multimedia (tanto de video como audio) se convierte en archivos de audio MP3.

Las clases de audio y video también se transcriben con dos objetivos: para brindar acceso a las clases a las personas con impedimentos auditivos, y para crear el material de base que luego se traduce para doblar o subtitular. Además, las transcripciones son utilizadas por el personal académico como base para escribir los capítulos de los libros electrónicos. Estos recursos sirven para informar a los participantes de cursos moderados, y están además a disposición del público en general en el sitio web del Instituto Lincoln.

El trabajo con educación a distancia exige una constante actualización de información. A medida que cambian los temas y el contexto de las políticas de suelo, el ámbito educativo debe adaptarse rápidamente, incorporando nuevas herramientas, métodos y estrategias. En la actualidad estamos considerando la implementación de un entorno Second Life, una de las opciones más populares y económicas de educación virtual para el aprendizaje colaborativo. Second Life establece un entorno académico con aulas, áreas de reunión, bibliotecas y otros recursos. Los participantes crean una imagen virtual de sí mismos (un avatar) que se puede desplazar en estos espacios virtuales para acceder a materiales bibliográficos, asistir a clases e interactuar con los avatares de otros participantes. En la actualidad, estamos diseñando un entorno de aprendizaje virtual y preparando al personal académico para que pueda trabajar con él, usando sus propios avatares para recorrerlo.

El vínculo entre educación a distancia y educación presencial

Al experimentar con varias combinaciones de aprendizaje a distancia e instrucción presencial, el personal del Programa LAC ha descubierto que éste puede ser un modelo productivo y prometedor. Durante varios años hemos desarrollado cursos con moderador personalizados como prerrequisitos para los cursos presenciales de una semana en América Latina. Ahora estamos comenzando a usar también los cursos de autoestudio existentes como etapa preparatoria para los participantes. Esto nos permite hacer un mejor uso del tiempo de clase y reducir al mínimo las sesiones diseñadas para nivelar el conocimiento en términos de conceptos, terminología y principios básicos durante los cursos de desarrollo profesional de una semana de duración.

Como alternativa a los cursos de nueve semanas de duración, hemos formado también alianzas con varias universidades e instituciones no gubernamentales para implementar cursos de posgrado que combinan la instrucción en el aula con contenido de educación a distancia. Estos cursos utilizan la misma infraestructura básica de educación a distancia, profesores y materiales utilizados en los cursos con moderador. La mayoría de estos cursos de especialización, después de haber sido implementados inicialmente con el respaldo del Instituto Lincoln, continúan siendo ofrecidos por las instituciones aliadas propiamente dichas. Algunos de estos cursos fueron desarrollados en Colombia y México, así como en la República Dominicana y Bolivia, donde el Programa LAC no había trabajado antes, estableciendo así alianzas que han redundado en relaciones sostenidas.

Este modelo combinado se inició con varias iniciativas que congregaron a grupos selectos de ex alumnos de cursos en línea previos, y ha continuado como parte de dos cursos de especialización – Planeamiento y financiación urbana, y Catastros urbanos y la valuación de suelo – que concluyen sus segmentos de aprendizaje a distancia con sesiones presenciales de una semana de duración. Nuestras instituciones aliadas tienen planeado ofrecer los cursos regularmente, con respaldo continuado del Instituto Lincoln en la forma de materiales de clase y estructura de plataformas de educación a distancia.

Logros y desafíos restantes

Hemos superado una serie de desafíos iniciales, y ahora podemos enumerar los siguientes resultados exitosos de la iniciativa de educación a distancia del Programa LAC:

• Aumento en la cantidad de participantes por país, incluso en jurisdicciones remotas que había sido difícil alcanzar por medio de cursos tradicionales (ver Figura 3 en anexo);
• Mayor entendimiento de las interrelaciones entre los diversos temas de políticas de suelo urbano (ver Figura 2 en anexo);
• Mayor comprensión de las realidades nacionales, regionales y locales de cada país, gracias a la recolección y actualización de grandes cantidades de datos en los foros de deliberación y de los informes de tareas requeridos como parte de los cursos con moderador;
• Nuevos cursos, como Definición de las políticas de suelo en pequeñas ciudades, e implementación de cursos de autoestudio para complementar los cursos con moderador y presenciales;
• Integración de varios académicos del Programa LAC al ámbito de enseñanza de educación a distancia, a pesar de su escepticismo inicial;
• Aumento en el volumen de material de estudio escrito y audiovisual;
• Estructuración de una matriz temática (árbol) de políticas de suelo urbano y sus interdependencias;
• Cultivo de una segunda generación de personal académico y de investigación que son ex alumnos de programas educativos anteriores; y
• Generación de nuevos proyectos de investigación para aportar materiales en forma oportuna al programa de estudio, casos de estudio, libros electrónicos y otro contenido didáctico.

A pesar de estos avances y experiencias adquiridas con el correr de los años, quedan algunos desafíos:

• Identificar y desarrollar una estrategia más amplia de diseminación para alcanzar a aquellos interesados en temas de políticas de suelo urbano;
• Mejorar y definir los procesos de selección y otras estrategias para identificar a los postulantes que están más interesados y comprometidos, para reducir la tasa de deserción en los cursos gratuitos con moderador;
• Aumentar el espectro de perspectivas de los dirigentes políticos en América Latina, ofreciendo más temas y la oportunidad de participar en más de un curso; e
• Implementar cursos y seminarios en un entorno mundial virtual 3D, como también nuevos tipos de seminarios virtuales “presenciales” usando avatares.

Consideraciones finales

Los resultados obtenidos por el Programa LAC del Instituto Lincoln en los últimos seis años demuestran que la plataforma de educación a distancia funciona en forma confiable, y que podemos llegar a más personas y lugares a través de una combinación de distintos tipos de cursos en línea, sin por ello perder el contacto o la supervisión diaria de los participantes. El éxito de los programas actuales tiene una significación especial, porque confirma que la educación a distancia es una opción válida para América Latina, debido a la creciente disponibilidad de acceso a Internet y la disposición de la gente a probar métodos de aprendizaje alternativos.

Sobre el autor

Diego Alfonso Erba es Fellow del Programa para América Latina y el Caribe del Lincoln Institute of Land Policy y profesor de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es ingeniero agrimensor con títulos de doctorado y posdoctorado en ciencias de agrimensura. Comenzó a trabajar en educación a distancia en Brasil en 2001, en la Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), y ha liderado el programa del Instituto Lincoln.

Antonio Azuela, a fellow of the Institute for Social Research at Mexico’s National University, holds law degrees from the Universidad Iberoamericana (Mexico) and the University of Warwick (England), as well as a Ph.D. in sociology from Mexico’s National University (UNAM). Since the late 1970s, he has been engaged in research and teaching on urban and environmental law from a sociolegal perspective. His book Visionarios y pragmáticos: Una aproximación sociológica al derecho ambiental (Visionaries and Pragmatists: A Sociological Approach to Environmental Law), Mexico: UNAM, 2006, is a sociological reconstruction of his experience as General Attorney for the Environment in the Mexican Federal Government, from 1994 to 2000. He has recently edited the book Expropiación y conflicto social en cinco metrópolis latinoamericanas (Expropriations and Social Conflict in Five Latin American Metropolises), published by UNAM and the Lincoln Institute of Land Policy in 2013.

Land Lines: How did you get involved with the Lincoln Institute of Land Policy?

Antonio Azuela: In 1991, I met several of the Institute’s officers while they were on an exploratory trip to Mexico. I stayed in touch, because I was interested in the Institute’s approach to urban policy. My relationship grew stronger in 1998 through a meeting in Cairo organized by the International Research Group on Law and Urban Space (IRGLUS), where the Institute expressed interest in a sociolegal approach to urban land problems. In 2000, I was honored with an invitation to join the Institute’s Board of Directors. Since then, I have been in permanent contact with the Lincoln Institute staff and programs.

Land Lines: Why has the public acquisition of land become such a critical issue, particularly in Latin America?

Antonio Azuela: Expropriation, also known as eminent domain (i.e., the compulsory acquisition of land by the state) is an important subject all over the world, because it is a way of procuring land for public urban projects. But in Latin America it is even more critical, due to the weak nature of the state regarding urban matters. Before the democratic transition in the region, it was easier for governments to procure land using mechanisms that would be questionable in a democracy. But the transition has strengthened the judicial branch, which is generally unsympathetic to government interventions in the marketplace. Now, it’s increasingly possible for private owners to interfere with the public acquisition of land in the region (with the notable exception of Colombia, where a wide-ranging coalition of professionals, judges, and social organizations supports the doctrine of the social function of property). This trend can be seen, for example, in the exorbitant compensation that some courts have granted for land expropriations in Mexico City and São Paulo.

Land Lines: What are the main watershed issues?

Antonio Azuela: The first is the adoption of economic policies that advocate a lesser role for the state. The second pertains to the legal status of property rights. When constitutional reforms empower judges to limit the power of eminent domain, this restriction is not necessarily bad, because it can lead to higher quality public administration, but in the short term it has interfered with government power to purchase urban land for public projects. There are two notable exceptions: In Brazil and Colombia, constitutional reforms have established urban policies inspired by ideas of social justice—though only in Colombia do we find a new generation of judges who act in accordance with these principles. In Brazil, the courts are dominated by the classic liberal view of private property, which interferes with the ability to implement the social function of property—an idea that has been circulating in Latin America for almost a century.

Land Lines: Many jurisdictions prefer to acquire land in the open market instead of using instruments such as eminent domain.

Antonio Azuela: Eminent domain should not be the first option for acquiring land. The challenge is for governments to regulate a variety of instruments in order to achieve a general goal, which is to reduce the land component of the total cost of urban development. The use of eminent domain must be guaranteed by a strong legal framework that can establish an adequate balance between the power of the state and the power of the landowners, and it should be the last option when acquiring land for public urban projects.

The big problem is the cost of land, but the mechanisms of government intervention can inflate prices. For example, if the use of eminent domain is not expected to increase land value, and the judges determine it’s the right approach, it can have a positive impact on land markets. At the very least, we can expect from governments that their acquisition of land does not raise prices.

Land Lines: What are the main outcomes of your research on the use of eminent domain for urban development in the region?

Antonio Azuela: While there is a general trend to strengthen property rights, which interferes with the power of eminent domain, this trend shows several variations, depending on the relationship between the judicial and executive branches in the post-authoritarian governments of the region. The process of institutional change depends less on global trends than on domestic and even local forces, as certain cities follow different paths from others in the same country. Even if all local governments were to adopt the same strategy, the courts in one region will protect landowners more than the courts in other regions. The metropolitan area of Buenos Aires, for example, illustrates how the institutional system of eminent domain is not homogeneous, even within the same metropolitan area. In the Autonomous City of Buenos Aires, for example, people who live in informal settlements (villas miseria) have gone to court and prevented evictions. In the Province of Buenos Aires, however, the political climate is such that there is no threat of eviction; eminent domain is used to ensure that settlers can remain where they are.

Another important lesson is that there is no authentic dialog in Latin America on the significance of eminent domain or on the various ways the courts have tackled the dilemmas it presents. While the constitutional thinking in the region is very rich in ideas about certain legal issues, such as the rights of indigenous people and the elderly, urban policies—in particular, eminent domain—have not triggered deep discussions among legal scholars. Unfortunately, these issues seem to be viewed as exceptions, despite the enormous number of people who live (suffering or enjoying) in large urban centers.

Land Lines: Are eminent domain compensations arbitrary or unfair? If so, for whom?

Antonio Azuela: Inadequate compensation is, no doubt, one of the great challenges for the future development of eminent domain as a land policy instrument. In some cases, governments may take advantage of the powerlessness of certain social groups and offer them ridiculously low compensation for their land or homes. In other cases, however, the landowner’s economic power and influence can result in exorbitant compensations. Beyond these two extremes, in which the affected landowner is either very vulnerable or very powerful, it is difficult to discern a dominant trend.

A precise answer to your question would require a market study of a large number of eminent domain cases in order to determine if the compensation is high or low when compared to preestablished criteria. The existing research has shown, however, that in general the courts do not possess clear and widely shared criteria for determining whether compensations are fair. Moreover, courts lack the capacity to understand what is at stake during the process of urban transformation in which eminent domain is used. Consider, for instance, the case of a prominent family from Ecuador that received a very high compensation for the expropriation of agricultural land on the periphery of Quito. What is remarkable is that this case was decided by the Inter-American Court of Human Rights, and it was obvious that the court did not establish clear criteria to determine the amount of compensation; it simply averaged the assessments submitted by the different parties. The compensation was the highest ever awarded by this high court, which was created to address violations of human rights committed by dictatorships yet ended up benefiting private property owners at the expense of the public interest. The fact that this case did not create a scandal among constitutionalists in the region indicates how marginalized urban legal issues are in Latin America.

Land Lines: What are some changing trends you have observed?

Antonio Azuela: I observe, with some optimism, that many courts and local governments in the region are undergoing a learning process, trying not to repeat prior judicial mistakes. Unfortunately, these lessons rarely transcend the affected local area and become incorporated into the common regional juridical knowledge.

Land Lines: What sort of education or training would you recommend?

Antonio Azuela: Logically, we need to intensify exchanges among different disciplines and countries, placing the courts at the center of the discussion, as they will make the final decisions. These decisions should express the best possible synthesis of a body of knowledge that we need to build around the urban dynamics of the region. In the contact we have had with the courts, with the support of the Lincoln Institute, we have found that once a dialog is established, judges understand the need to learn more in order to grasp the effects of their decisions. In other words, while the courts do not seem to show a great interest in urban problems, as evidenced by the routine attitude shown in their day-to-day decisions, they can see new perspectives for their own professional development in the context of a critical analysis of urban issues.

Land Lines: What are the critical issues that need to be investigated more deeply? What is it that we do not yet know?

Antonio Azuela: We should try to understand the logic of court decisions in the region. We frequently make a simplistic interpretation of the actions taken by the courts, because the media tend to amplify the worst cases. However, many judges make an effort to find the best possible solution to each case. Under what conditions do they operate? One of the challenges of investigating these issues in Latin America is to understand the real world in which these decisions are made, apart from the common but always relevant themes of corruption and incompetence. We need to analyze statistical information to observe general trends, combined with an ethnographic approach to the functioning of the courts. Only then will we be able to understand what needs to be reformed in order to improve the court performance in urban conflicts. While it is important to ascertain who is being favored by the court decisions—which can be done by analyzing the contents of judicial decisions—we need better understanding of the conditions under which these decisions are made. In order to do that, we need to get closer to the courts themselves.

Vivienda inclusiva: La creación y el mantenimiento de comunidades equitativas

Por Rick Jacobus

En diferentes ciudades, como Seattle, San Francisco, Chicago, y Portland, Maine, se ha desatado un debate sobre la vivienda inclusiva, es decir, el requisito de que los desarrolladores reserven un porcentaje de los nuevos desarrollos residenciales para viviendas asequibles. Algunos sostienen que esta política desalienta el desarrollo o, con alegación más polémica que podría llegar a la Corte Suprema, que constituye una amenaza a los derechos de propiedad. Mientras tanto, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, se enfrenta a críticas desde ambas partes: que su propuesta de vivienda inclusiva va demasiado lejos, o que no es suficiente.

En este nuevo informe titulado “Vivienda inclusiva: Creación y mantenimiento de comunidades equitativas”, Rick Jacobus separa la realidad de los mitos y traza el camino a los gestores de políticas, mostrando cómo la vivienda inclusiva puede usarse de manera eficaz para reducir la segregación económica.

“En las ciudades con mercados inmobiliarios muy activos, el aumento de los precios de la vivienda, obliga a los residentes de clase media y de bajos ingresos a alejarse de los empleos mejor remunerados, del transporte confiable, de las buenas escuelas y de los barrios seguros”, sostiene George W. McCarthy, presidente y director ejecutivo del Instituto Lincoln. “La vivienda inclusiva por sí sola no solucionará nuestra crisis de la vivienda, pero es uno de los pocos baluartes que tenemos para contrarrestar los efectos del aburguesamiento, y únicamente si preservamos las unidades que tanto nos cuesta construir”.

Mediante un análisis de la bibliografía sobre el tema y casos de estudio, Rick Jacobus, de Street Level Urban Impact Advisors, ofrece soluciones para superar las principales barreras políticas, técnicas, legales y prácticas que enfrenta todo programa de vivienda inclusiva para tener éxito.

“Más de 500 comunidades han utilizado las políticas de vivienda inclusiva con el fin de mantener la vitalidad y diversidad de los barrios en transición, y hasta ahora hemos aprendido mucho”, señala Jacobus. “Según investigaciones realizadas, si los programas se diseñan e implementan concienzudamente, pueden llegar a ser una herramienta valiosa en tiempos en que la vivienda inclusiva se necesita desesperadamente”.

En particular, el autor se refiere en este informe a la preocupación de que la vivienda inclusiva podría impedir nuevas construcciones debido a que el desarrollo tendría un rendimiento económico menor. Según el informe, muchas ciudades han evitado dicho impacto otorgando flexibilidad a los desarrolladores para cumplir con las normas y ofreciendo incentivos, como la posibilidad de construir unidades con mayor densidad.

Otras conclusiones y recomendaciones clave que surgen del informe son las siguientes:

• La rápida construcción de viviendas a valor de mercado en realidad potencia la necesidad de más viviendas inclusivas, lo que cambia el carácter de los barrios.
• Los programas de vivienda inclusiva se han impugnado a nivel judicial, pero pueden diseñarse de manera cuidadosa para minimizar los riesgos legales.
• El seguimiento de los programas mediante la ejecución de las normas y la administración es fundamental. En algunas comunidades se han creado miles de hogares asequibles que, más tarde, desaparecen a consecuencia de ventas posteriores.

Durante muchos años, el Instituto Lincoln ha desarrollado estrategias para apoyar la vivienda permanentemente asequible, mediante, por ejemplo, el establecimiento de fideicomisos de suelo comunitarios y otros acuerdos de capital compartido. Estas medidas se han tomado teniendo en cuenta la actual crisis de acceso a la vivienda existente en muchas ciudades. Los precios estratosféricos de los precios de alquiler y compra de viviendas en los mercados inmobiliarios muy activos han ido desplazando a los antiguos residentes y cambiando el carácter de ciudades y barrios.

Para encargar ejemplares: http://www.lincolninst.edu/pubs/3583_Inclusionary-Housing.

Rick Jacobus, es experto nacional en vivienda inclusiva y en acceso a la propiedad de viviendas asequibles. Es director principal de Street Level Urban Impact Advisors (StreetLevelAdvisors.com). Fundó Cornerstone Partnership y actualmente es asesor estratégico en Cornerstone.

In a report titled A Rise in Downtown Living, the Brookings Institution and the Fannie Mae Foundation (1998) highlighted an emerging land use movement in 24 U.S. cities. The release of the 2000 U.S. Census data verified the progress in those cities in another brief, Downtown Rebound (Sohmer and Lang 2001). While these publications alerted the nation to a possible trend, they did have some limitations, which inspired Eugenie Birch’s follow-up study, A Rise in Downtown Living: A Deeper Look, funded by Lincoln Institute, the University of Pennsylvania and the Fannie Mae Foundation.

This study, initiated in summer 1999, employs census data analysis, survey research, personal interviews and field visits to the sample cities. Birch draws on a larger and more representative sample of 45 cities, including 37 percent of the nation’s 100 most populous cities selected for balanced regional distribution, and of these 100 percent of the top 10 and 62 percent of the top 50. The sample includes 19 percent of the 243 cities having a population of 100,000 or more. Birch defined each city’s downtown by census tracts to create a baseline for mapping and collected data on nine population and housing factors for the downtowns and their cities and Metropolitan Statistical Areas (MSAs) over three decades. Birch administered two mail surveys, in 1999 and 2001, of city officials and business improvement district leaders to identify their respective roles in encouraging downtown housing, and she is currently making site visits to all 45 cities to verify the census data and survey results.

In this article, Birch summarizes seven key findings of her research, which were also presented at a Lincoln Institute lecture in March 2002 and reported in the APA Journal (Birch 2002).

The Definition of Downtown

Although most people think they understand what downtown is, there is no single socioeconomic meaning or geographical definition for the term. While U.S. downtowns share several common characteristics (a central business district at the core, access to substantial transportation networks, a supply of high-density buildings, expensive land), they differ dramatically in their age, size, functions, contents and character. Furthermore, downtowns are in a state of flux as their boundaries and contents are changing. Tracking downtown boundaries over time reveals that in almost all the cities in the sample, the downtowns of today are remarkably different in size (measured in the number of census tracts included) than they were 20 years ago. Downtowns that are incorporating residences are also attracting more community-serving facilities, such as supermarkets or cineplexes that used to be in neighborhoods. Maps of the several downtowns, created as part of this study, illustrate the size variations.

Residential Populations by the Numbers

The rates of increase in downtown residential populations vary enormously among cities. While downtown growth rates are impressive, numerical counts for MSAs still overshadow those of downtowns. Measuring the growth against basic benchmarks (1970 population levels for the defined downtowns and comparative growth rates with city and MSA) reveals just how fragile this movement is. For example, only 38 percent of the sample cities had more downtown residents in 2000 than in 1970. Only one-third had a downtown population growth rate between 1970 and 2000 that was greater than that of their cities. For the same period, 42 percent of the sample showed a negative downtown growth rate even when their cities had positive numbers. Finally, only seven cities (Chicago, Cleveland, Los Angeles, New York, Norfolk, San Francisco and Seattle) had downtown growth rates that exceeded those of their MSAs in the entire 30-year period.

Looking at the data decade-by-decade tells a different story. Not surprisingly, downtown population declined most severely in the 1970s, when 89 percent of the sample showed losses that ranged from 2.4 percent (Des Moines) to 60 percent (Orlando). In contrast, by the 1990s more than three-quarters (78 percent) of the sample posted increases. However, only four cities (Los Angeles, New York, San Diego and Seattle) had gains in all three decades. Comparing city and MSA data shows similar nuances.

Downtowns also vary in the amount and level of residential development. In 2000 for example, 24 percent of the sample cities had 20,000 or more downtown residents, while 20 percent had fewer than 5,000, and a great deal of diversity exists within the categories. Denver’s downtowners number just over 4,200, but most observers perceive the city’s record in attracting residents as a stand-out success, while Cincinnati, with about 3,200 downtown residents, is struggling to maintain a critical mass. At the other end of the scale, Chicago’s 73,000 and Philadelphia’s 78,000 downtowners are integrated into their larger metropolises.

Differences in the proportion of a city’s population that lives downtown are also striking. For example, Boston and Philadelphia have roughly equal downtown populations, but Boston’s comprises 14 percent of the total while Philadelphia’s is only 5 percent. Finally, a simple numerical listing of the sample downtowns is misleading. Downtown population growth has occurred at varying rates with some cities experiencing the phenomenon for a longer time than others. This may account for the greater success of some cities. Also, given the varying geographical size of the different downtowns, density measures as well as demographic analysis should be added to any assessment in order to gauge the potential impact (economic, political, social) of new residents.

Approaches to Creating Downtown Housing

Over the past decade, policy makers and investors have relied on six types of approaches to create downtown housing, and they often blend more than one of these:

• fostering adaptive reuse of office buildings, warehouses, factories and stores;
• building on “found” land such as a reclaimed waterfronts or remediated brownfields sites;
• redeveloping public housing through HOPE VI;
• constructing residentially driven, high-density, mixed-use projects;
• targeting niche markets such as senior or student housing; and
• using historic preservation to forge a special identity.

To accomplish these ends, cities have engaged in creative financing, leveraging public funds, tax credits, gap financing pools and other tools at their disposal. Philadelphia, Boston and Lower Manhattan present examples of the office conversion trend, while Atlanta, Minneapolis, Cincinnati and Cleveland have employed warehouse store adaptive reuse. Charlotte represents a combination of HOPE VI, new construction and historic preservation. The found-land approach is seen in Milwaukee with its riverfront redevelopment (including brownfields remediation), Cincinnati with its expressway diversion/riverfront development, Des Moines with its construction of a new downtown neighborhood, and New York at Battery Park City. Chicago is the king of mixed-use new construction. Columbus (Georgia), Lexington and Chattanooga have fostered historic districting as a means to protect older, downtown residential neighborhoods.

Deep Roots of Success

Today’s growth in downtown living is the fruit of more than five decades of sustained attention to downtown revitalization. It has come about because cities have steadily improved their environments through downtown planning and additions of new elements to reinvent their old central business districts. In so doing, they have transformed their downtowns into new, hip places, thus making them competitive and attractive for housing. Although specific municipal policies such as favorable tax treatment, zoning amendments and infrastructure investments have, without doubt, flamed the private market activities in downtown housing, public investment in large-scale projects dating from the mid-1950s to the present have helped create a sympathetic climate for this investment. Preliminary evidence shows a strong relationship between investor choices and the presence of new downtown amenities. For example, developers in Los Angeles, Denver, Baltimore, Detroit and Memphis cite the presence of stadiums or sports arenas as important factors in their location decisions.

Demographic Characteristics of Downtowners

Downtowners are more affluent, more highly educated and more white than the city dwellers overall, but more diverse than those in the MSA. Singles, empty-nesters, gays, and childless or small households are more highly represented in downtowns than in MSAs. Families with children are present but not dominant. Other submarkets are students and the elderly. In some cities where the housing market is tight, notably Boston, New York, Chicago and San Francisco, low- and moderate-income groups are reporting difficulty in finding space for affordable housing. In other cities like Charlotte that have an excess of downtown land, much of it devoted to parking lots, the issue is not space but cost. In these contexts, questions arise as to what resources should be devoted to high-rent downtown units.

Private Development Efforts

Promoting downtown housing has emerged as a central strategy of private downtown groups, mainly business improvement district (BIDs), working with municipal government, often city planning and/or economic development departments. In 59 percent of the sample, BIDS or other privately sponsored organizations have engaged in pro-housing campaigns. As membership organizations their internal needs drive the agenda, so the amount and nature of their efforts vary widely.

Contribution to Citywide Growth

Downtown growth has contributed to the numeric changes in citywide populations in many cities. While the percentage contribution to overall municipal growth is often quite small, in 53 percent of the sample cities the downtown numerical contribution is a significant portion of the total, and in another 22 percent of the sample cities the downtown portion has offset losses in other parts of the city. In other words, without the downtown population growth, 60 percent of the sample would be worse off. In Boston, for example, downtowners constituted 25 percent of the increased number of people living in the city, while in Pittsburgh the additional downtowners reduced the city’s population loss by only one percentage point.

Conclusions

Reviewing these seven findings reveals a few themes. Downtowns are ever-changing places. Their functions, their boundaries and their very characters have been evolving in the postwar period. They are like complicated jigsaw puzzles with players (urban leaders) fitting the pieces together slowly. Just as assemblers first frame a puzzle and then fill in the center, city leaders have provided infrastructure outlines—streets or street improvements, schools, redeveloped river edges, improved open space—and now are adding other parts. Downtown living is one of these. In many places it has fit very well, especially in the past ten years. In a few cases, new downtown residents contribute significantly to the numerical growth of their city’s population. Just as certainly, many downtowns have not really kept up with their MSAs, and a majority of cities have yet to recover their 1970 populations. Nonetheless, having formerly vacant and/or abandoned buildings occupied (and eventually paying taxes) and having more (and more diverse) people on the streets night and day, weekday and weekend, are positive factors for urban life.

Making sense of this housing phenomenon requires not only placing it in the context of contemporary metropolitan development but also making it part of an evaluation of past urban redevelopment programs. Downtown living is not a silver bullet for curing urban ills but one element of an ongoing planning and investment effort for a part of the city.

Public/private partnerships have been essential in achieving changes in downtown living. The existence of productive interplay between focused interest groups, especially the growing number of business improvement district leaders, and public planning and economic development units has resulted in bold, imaginative, creative and thoughtful approaches to creating housing opportunities.

The findings and themes in this research give rise to other questions related to individual downtowns. These include an evaluation of the costs and benefits of attracting different types of downtowners and an assessment of the reasons why some places have been more successful than others in gaining the populations. This information that would be useful, for example, for policy makers in cities having less developed downtowns who first must decide whether a downtown living approach is appropriate for their cities and, second, must determine whether supportive incentives or complementary activities are needed. Other questions revolve around how to spread downtown progress to nearby neighborhoods without provoking displacement or unwanted gentrification and how to resolve the inevitable political disputes that will arise with the newcomers.

All in all, the rise in downtown living is as complex and layered as any urban issue. While widely reported in the popular press, it deserves a balanced, scholarly appraisal. This study raises important planning and development issues that still need attention: for example, information on the critical mass of residents required to make a difference in downtown life, the relationship between downtown housing units and employment, and the number of households needed to support community-serving functions. All of these issues lead to questions of balancing appropriate density for new development and quantity for adaptive reuse with other downtown functions like office, parking, retail and entertainment. No one really knows the proper composition of a balanced downtown.

Eugenie Ladner Birch is professor and chair of the Department of City and Regional Planning at the University of Pennsylvania.

References

Birch, Eugenie Ladner. 2002. Having a Longer View on Downtown Living. Journal of the American Planning Association 68 (1):5-21.

Brookings Institution Center on Urban and Metropolitan Policy and Fannie Mae Foundation. 1998. A Rise in Downtown Living. Washington, DC.

Sohmer, R.R., and Lang, R.E. 2001. Downtown Rebound (FMF Census Note 03, May). Washington, DC: Fannie Mae Foundation and Brookings Institution Center on Urban and Metropolitan Policy.

Few places in Latin America, or in the rest of the world, have dared to implement such radical urban land policy reforms as Chile has over the last 20 years. In 1979, the government began initiating deregulation policies by releasing a document that stated that the scarcity of land was artificially produced by excessive regulation, which resulted in the virtual elimination of urban growth boundaries.

Since then much has changed in the morphology and internal structure of Chilean cities, but the assessment of these changes varies greatly according to one’s ideological position. Explicit socially oriented urban policies have allowed for significant improvements in access to housing by the poor, but some argue that the spatial segregation impacts of such policies have imposed a high toll on society by indirectly lowering quality of life, impeding access to jobs and aggravating social alienation.

Even before the 1973-1990 period of military government, Chile was recognized as a unitarian and centralist political system, characterized by the strong presence of the state in economics and politics. It is a society with a relatively homogenous culture and is unique among Latin American countries in its strong legalist tradition. Chilean cities also present a sharp contrast to their counterparts in Latin America. There are virtually no informal land markets; land tenure has been almost completely regularized by strong public programs; and the majority of the urban poor live in areas where the main streets are paved and sanitary services are provided. Urban violence, in spite of growing trends, is still minimal compared to the rest of the continent.

Deregulation Policies and Problems

Among the most innovative aspects of Chilean urban policy are the following:

• Elimination of urban growth boundaries while maintaining the planning designation of sensitive areas for environmental protection. This measure had two goals: to delegate a leadership role in urban development and land use to market forces and to reduce land prices.
• Establishment of a subsidy system aimed at reducing the housing deficit. Considered by many to be the pillar of Chile’s housing policy, the subsidy system is widely perceived as the original and most innovative synthesis of liberalization policies with Chile’s state-dominated tradition. The program channels substantial subsidies to families-based on income, family structure, demonstrated saving capacity, and current housing condition-in order to finance housing provided by the private sector according to certain pre-established standards. As a result, Chile has emerged as the only country in Latin America where, since 1992, new housing has been provided at a faster rate than the formation of new households, gradually eliminating the housing deficit.
• Eviction of poor settlements from well-to-do areas and other overt segregationist policies. Few other countries would dare to implement such policies today, as they would surely meet strong resistance in less autocratic societies where the rights of poor occupants are recognized as legitimate.

Although some of the achievements of these deregulation policies are widely recognized as positive-particularly in regard to legal and physical or urbanistic regularization and the quantity of social housing provided-many Chileans believe that the policies of the past 20 years have only caused new problems. Some of them are:

• Urban sprawl and its relation to increasing traffic congestion and dangerous levels of air pollution. For example, Santiago’s air pollution levels are matched only by cities three times its size, such as Mexico City and São Paulo, even though car use is relatively low.
• The formation of ill-equipped and socially segregated low-income neighborhoods. In a context of increasing economic and employment insecurity, these areas become a breeding ground for social problems such as drug addiction, juvenile delinquency, youth apathy and alienation.1 Even a casual visitor to the capital city, Santiago, is struck by the contrast between the flamboyance of wealthy, master-planned comunas2 such as Las Condes and the monotony of neighborhoods produced by private developers in fringe comunas such as Maipú and La Florida.
• Continued increases in land prices. Contrary to the predictions of those responsible for the deregulation policies, land prices in Chile have increased, absorbing an ever-larger share of the housing subsidy program.3 Some analysts have claimed that land prices already correspond to between 60 and 100 percent of the subsidy. This is seriously jeopardizing the sustainability of the voucher system, and is pushing the poorest sectors out of the program. These increases in land prices should come as no surprise, however; similar escalation has occurred in other countries where deregulation policies have influenced future demand expectations of ‘cheaper’ urban fringe development as an alternative to the congested centers.

It is unclear whether these urban changes can be attributed directly to the effectiveness of market-oriented land policies or to the strong overall performance of the Chilean economy. The steady growth in gross domestic product (GDP), averaging about seven percent a year since 1985, was interrupted only recently due to the Asian economic crisis.

Expanding the Debate

The liberalization of urban land markets in Chile represents an intriguing and innovative experience from an international perspective, yet internal public debate has been limited. Recently, the achievements and problems of liberalization have reached a point of such undeniable importance that they have stimulated broad concerns. Furthermore, the government has proposed modifying the current “Ley General de Urbanismo y Construcciones” (Law of Urban Planning and Construction), which would result in a number of significant changes. Among the most important are:

• broader responsibilities for urban planning, which would have to account for all local space (not only the urbanized areas within each municipality, as at present), and
• the application of a series of economic or market regulations, such as the issuance of special “construction certificates” designed to conserve the country’s architectural heritage, and the creation of “conditional urban development zones” to favor mixed-use schemes. Despite the importance of these potential modifications to future planning, they have not been debated widely, and the legislative proposal has not included theoretical considerations or an explanation that justifies the proposed changes.

To facilitate a focused discussion of these issues, Carlos Montes, President of the Chilean House of Representatives, invited the Lincoln Institute to participate in a seminar coordinated with the Institute of Urban Studies of the Catholic University of Chile. Titled “20 Years of Liberalization of Land Markets in Chile: Impacts on Social Housing Policy, Urban Growth and Land Prices,” the seminar was held in October 1999 in Santiago. It brought together members of the Chilean Congress, the business community (developers, financial leaders, etc.), officials of public agencies (ministries, municipalities, etc.), academics and representatives of NGOs to engage in a lively public debate. The discussion highlighted a clear ideological polarization between “liberal” and “progressive” approaches to understanding and solving deregulation issues (i.e., “more market” versus “more state”).

From a liberal point of view, these problems emerge and persist because land markets have never been sufficiently deregulated. Some liberals, in fact, insist that public intervention never disappeared; they believe that regulation actually increased after Chile’s return to democracy in 1990. For example, liberals cite various means, often indirect, by which the state restricts the free growth of cities, such as when it attempts to expand environmentally protected areas that are closed to urban uses or to impose an official and almost homogenous criterion of densification to all urban space. They also assert that citizens should be free to choose different lifestyles and that the authorities should limit themselves to informing citizens of the private and social costs of their options, with the implicit understanding that such costs are reflected in market prices when urban land markets are functioning efficiently (i.e., when they are fully liberalized).

The principal explanation offered by the liberals for the problems of equity and efficiency facing Chilean urban development today are insufficient advances in the application of criteria to “internalize the externalities,” particularly negative externalities, by those responsible for them. As passionately argued by some representatives of this group, private agents should be allowed to act freely, as long as they are willing to compensate society for the implied social costs incurred.

On the other hand, the progressives believe that liberalization has gone too far in its market approach and has left many problems unsolved: the increase in land prices; problems in the quality and durability of housing; the conditions under which land is serviced; social problems associated with urban poverty; and problems of efficiency and equity derived from the growth patterns of cities, such as the mismatch between areas where services are provided and the locations chosen for private developments.

These criticisms recognize the imperfect nature of urban markets and the need for greater levels of control and intervention. Among the forms of intervention recommended by many progressives are value capture instruments, which have rarely been used or even contemplated in financing programs for the public provision of new urban infrastructure and services. The creation of such mechanisms would be consistent with the idea of internalizing the externalities, a point of relative consensus between the progressives and the liberals. The main difference is that the liberals would restrict value capture to the public recovery of specific costs, whereas the progressives would consider the right to capture the full land value increment resulting from any public action, whether resulting from investment or regulation.

In more general terms, the progressives argue that not everything can be considered in strictly monetary terms. There are urban values and objectives related to public policy that cannot be achieved through the market, or for that matter by law, such as the sense of community. Although largely disregarded in the new housing options provided by private developers to low-income families, such as the voucher system, community solidarity is of tremendous importance to counteract the social problems that spatial segregation tends to exacerbate. Environmental conservation is another example of an urban policy objective for which “price tags” are seen to be of questionable effectiveness.

With regard to the free growth of cities and the idea of respecting the options of their citizens, the progressives react by noting that steep social and environmental costs tend to go hand-in-hand with sprawl. They also point out that the only group that can truly choose its way of life through the marketplace is the wealthy minority. While seeing benefits in concentration, progressives also voice concerns about extreme density. Some Chileans have expressed an interest in a metropolitan authority to deal with regional issues, and in the use of public infrastructure investment as a means of guiding growth.

Adequate responses to these issues and perspectives involve more than technical or fiscal solutions, such as the extent to which developers actually pay for the full cost of the changes they impose on society (let alone the problem of accurately assessing the costs) or the sustainability of the demand-driven voucher system which constitutes the core of Chile’s housing policy. The solutions also involve broader and more value-related concerns, such as the environmental costs of sprawl and the importance of maintaining local community identities and initiatives. Discussion in the Congress and other settings is still expanding, but is expected to take some time before the opposing perspectives reach consensus.

Martim O. Smolka is a senior fellow and the director of the Lincoln Institute’s Latin America and Caribbean Program. Francisco Sabatini is assistant professor of the Institute of Urban Studies at the Catholic University of Chile in Santiago. Laura Mullahy, research assistant, and Armando Carbonell, senior fellow, both of the Lincoln Institute, also contributed to this article.

Notes:

In contrast to the rest of the continent, drugs were not a major problem in Chile until recently.

2 Metropolitan Santiago is comprised of 35 independent political-administrative jurisdictions called comunas.

3 See Gareth A. Jones, “Comparative Policy Perspectives on Urban Land Market Reform,” Land Lines, November 1998.

4 Our use of the term “liberal” corresponds to its connotation in Chile, which refers to the strong influence of the economic principle of freeing market forces to their limits, as espoused by the “Chicago School.”

Sources: Francisco Sabatini, et.al., “Social Segregation in Santiago, Chile: Concepts, Methods and Urban Effects” (monograph, 1999) and Executive Secretariat of the Planning Commission for Investments in Transportation Infrastructure (SECTRA), “Survey of Origin and Destination of Trips in Santiago”(1991).

Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 4 del libro Perspectivas urbanas; Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

Brasilia, la capital de Brasil, fue inaugurada a principios de los años 1960 como una “nueva ciudad” que daría comienzo a una era distinta para las metrópolis en América Latina y que demostraría cómo el gobierno hacía un uso eficaz de la tierra en aras de un crecimiento urbano planificado. Tal propósito se servía de dos instrumentos básicos: un control normativo del uso de la tierra basado en un plan general diseñado por Lucio Costa y el gobierno como propietario de las tierras de la capital federal, lo que permitiría que ésta fuera planificada sin los tipos de restricciones y conflictos que normalmente surgen cuando la tierra está en manos privadas. Sin embargo, tres décadas y media más tarde, los problemas asociados con el desarrollo urbano en Brasilia no se diferencian sustancialmente de los que padecen otras ciudades grandes de América Latina.

Falta de visión para la tenencia de la tierra y padrinazgo administrativo

Brasilia se presenta como un ejemplo único de la gestión de tierras urbanas en América Latina porque la responsabilidad de administrar las tierras públicas siempre ha recaído sobre el gobierno local. Sin embargo, la periferia de la ciudad ha sufrido un índice explosivo de crecimiento con un patrón concomitante de ocupación irregular de la tierra, subdivisiones ilegales y carencia de infraestructura. En Brasilia la posibilidad de dirigir el proceso de crecimiento urbano a través de una política explícita de acceso a las tierras públicas se ha visto comprometida de forma lenta e irremediable por la ocupación espontánea (e ilegal) de la tierra. Esta falta de visión en el uso de las tierras públicas suele ser disfuncional tanto para la densidad urbana como para las finanzas públicas, por lo que obstruye los esfuerzos que hace el gobierno local para proveer infraestructura a esos asentamientos irregulares.

Más aún, las influencias políticas que intervienen en el proceso de desarrollo han menoscabado en gran medida las posibilidades de manejar con eficacia la oferta de tierras públicas en Brasilia. A principios de los años 1990 el gobierno distribuyó unas 65.000 parcelas en áreas que carecían de infraestructura básica. Además de reducir las reservas de tierras públicas, este “padrinazgo de la tenencia de la tierra” generó la necesidad de encontrar otras fuentes para financiar nueva infraestructura. Dado que el principal recurso que tiene disponible la entidad de desarrollo urbano del Distrito Federal (Terracap) es la tierra misma, esta política de padrinazgo trajo como resultado la venta de otras tierras públicas para financiar la construcción de infraestructura en los asentamientos irregulares. Este círculo vicioso ha provocado graves distorsiones que la administración local actual pretende resolver usando tierras públicas como “capital” para crear una política efectiva que permita controlar los ingresos provenientes de la tenencia de la tierra y los costos urbanos.

La experiencia de Brasilia parece confirmar los argumentos de Henry George y otros de que la propiedad de tierras públicas no conduce por sí sola a un crecimiento urbano más equilibrado y equitativo socialmente. La estrategia del gobierno local actual de definir maneras de manejar el ingreso proveniente de tierras públicas para así controlar el uso de tierra urbana indica una nueva modalidad de interacción gubernamental con el mercado inmobiliario. En tal sentido, el gobierno cambia su función y deja de ser el propietario principal para convertirse en el administrador de los beneficios de la tierra.

Tierras públicas como capital de tenencia de la tierra

El principio medular de la nueva estrategia de Brasilia para administrar la equidad de la tierra es la definición de tierra pública como “capital de tenencia de la tierra”. El uso de esta tierra se somete a una serie de acciones estratégicas que transforman el capital de las tierras públicas en un factor que propicia la consolidación del complejo tecnológico del Distrito Federal. Se trata de la contraparte pública en el proceso de reconvertir el uso de la tierra en el centro de la ciudad en un instrumento de promoción social en el programa de regulación de la tenencia de la tierra: las tierras públicas se usan como activos mediante ventas, arrendamientos y asociaciones en proyectos urbanos.

La aplicación de estrategias diferenciadas para la tenencia de la tierra confiere mayor flexibilidad al gobierno para coordinar sus acciones. La búsqueda del equilibrio entre las iniciativas de índole social y otras en las que el gobierno intenta maximizar sus ingresos está cobrando la apariencia de una verdadera política de administración de tierras públicas que rompe con las anteriores prácticas de padrinazgo.

En este contexto de exploración de nuevos enfoques para el uso de tierras públicas con la finalidad de controlar el desarrollo urbano en Brasilia, el Instituto Lincoln, el Instituto de Planificación del Distrito Federal y Terracap organizaron un seminario internacional sobre gestión de ingresos provenientes de la tenencia de la tierra y costos urbanos en junio de 1998.

El programa reunió a expertos internacionales, ministros gubernamentales y administradores locales con miras a evaluar las experiencias internacionales en el uso de tierras públicas para financiar el crecimiento urbano en Europa, los Estados Unidos y América Latina. Martim Smolka del Instituto Lincoln describió las relaciones entre las operaciones del mercado inmobiliario, las regulaciones sobre el uso de la tierra y la recuperación pública de plusvalías. Alfredo Garay, arquitecto y exdirector de planificación de la ciudad de Buenos Aires, expuso las experiencias en el desarrollo de terrenos públicos en los alrededores del puerto de esa ciudad.

Bernard Frieden del Instituto de Tecnología de Massachusetts describió cómo se usan las actividades comerciales realizadas en tierras públicas en el oeste de los Estados Unidos para recaudar fondos para la educación y otros fines locales. Henk Verbrugge, director del organismo fiscal de Rotterdam y representante de Holanda ante la Asociación Internacional de Peritos, describió el sistema que tiene el país para la tenencia hereditaria, una regulación legal con la cual la tierra puede tener uso y beneficios completamente privados al tiempo que permanecen bajo control y propiedad económica de la municipalidad.

Los participantes discutieron la medida en que estas experiencias eran comparables a la situación en Brasilia y concluyeron que el éxito de varias estrategias para el uso de tierras públicas depende de la idoneidad de los proyectos específicos para la cultura empresarial del país en cuestión y las prácticas institucionales vigentes en la administración local.

Increasing socio-economic and spatial disparities in Latin American cities have prompted a revival of interest in equity-oriented government policies to reduce those disparities. However, solutions to the major urban problems being faced today must go far beyond the implementation of inconsistent and narrowly defined actions. The solutions must ensure equity for all sectors of society. In too many places, entire neighborhoods are forced to exist under deplorable living conditions while government agencies seek to evict residents in the name of environmental protection. It is evident that urban legislation can no longer ignore the rights of people to have a place in which to live in security and dignity.

The critical impact of land inequity on the urban environment requires that the urban poor gain access to the technical information necessary to better negotiate their concerns with public officials. My research explores the role of environmental education in low-income communities in developing countries. Taking a perspective based on self-help capacity building, my goal is to develop programs to train community leaders at the grassroots level to deal more effectively with local land use conflicts and environmental risks.

Impacts of Land Inequity

Like many Latin American cities, Rio de Janeiro is strongly affected by prevailing poverty and environmental degradation. Complex factors are involved: economic instability, inequitable land ownership, short-sighted development policies, and a lack of a democratic system that provides for human rights and freedoms. In my view, the problems experienced by Rio de Janeiro during the last few decades are mainly a result of existing “apartheid” urban planning assumptions and a lack of political will to incorporate the popular sectors in land use policy making.

In the region of Baixada de Jacarepaguá-at the heart of the core expansion area of Rio de Janeiro-the extraordinary process of urban growth since the 1970s has provoked dramatic changes in the landscape, as well as a variety of environmental problems. Amidst the spectacular natural beauty of lagoon ecosystems, mangrove forests and wetlands, the region remains home to a large population of urban poor who live in favelas-shanty communities resulting from largely uncontrolled urbanization of public land.

During the 1980s and early 1990s, the region enjoyed an unprecedented development boom that has fostered unsustainable patterns of land use. Discrimination against the poor inhabitants and inequalities in landownership allowed landowners and speculators to capitalize on the boom by formally obtaining titles and subdividing the land. In addition, a select group of private builders injected themselves into the local scene with multiple court permits to develop the region for high-income residential condominiums, commercial establishments and industrial enterprises.

Increasing pressures on the land snowballed into a wide range of protests between the popular sectors and the powerful land developers, posing the threat of forced eviction of the poor inhabitants. The accumulated discontent against the government for failing to control land speculation and ensure protective legislation created an extremely dangerous situation. Violence and persecution claimed the lives of 30 community leaders, presidents of local community associations, their family members and relatives. The murders were carried out by what are known in the region as “extermination squads,” and no criminal investigation has taken place.

The Vicious Cycle of Poverty and Environmental Degradation

Since poverty and environmental degradation are interdependent, it is appropriate to think of environmental concerns in terms of social justice. My research revolves around the problems of inequality and the environmental risks faced by the residents of the Via Park village-an informal settlement located in the region of Baixada de Jacarepaguá. A basic question arising from this research is to what extent can improved access to land equity actually contribute to mitigate the factors that encourage environmental degradation. By connecting land use issues to the learning process of environmental education, the research demonstrates that environmental degradation is a recurring phenomenon manifested in the inequitable ways land has been used and distributed in the region.

Via Park village has been caught in a serious land use struggle since the 1970s, when urban development began to impact many traditional fishing communities in the area. Builders were eager to lobby the government to break the fishermen’s land tenure system, which was enforced by law, and thereby turn the land over to market forces. In the 1980s, the area was designated a public reserve for environmental preservation, enshrined in Article 225 of the Brazilian Constitution (1988). Since the village was located on protected land, the city’s planning authorities then argued that the Via Park residents had no legitimate claims of ownership.

Living in an atmosphere of fear and at mercy of the land developers and speculators who continued to flourish, the Via Park residents started illegally subdividing and selling small parcels of land to new settlers. The growth of the poor population and the concentration of land ownership and speculation contributed to the expansion of informal land markets into nearby low-income communities.

Underlying these practices was a more complex system of commercial transactions and civil relations governing the invasion of vacant lands, as well as the division and sale of plots. Throughout Rio de Janeiro, land development through informal channels is the predominant “territorial pact” by which disadvantaged local groups have been able to gain access to land and housing. At the same time, agents from the “formal world” have developed political arrangements to support and take advantage of existing informal land markets.

It was in this context that a program for grassroots environmental improvement was conceived and eventually implemented in Via Park village. However, given the residents’ long history of exclusion-including threats of forced eviction-they remained suspicious. It became clear that successful program implementation would depend on managerial strategies based on an integrated vision of the geographic/ecological and social/cultural environment.

If the dilemma of poverty and environmental degradation is to be overcome, then the task of improving the environment must be shown to be compatible with the struggle for land equity. This innovative approach toward environmental education differs from traditional methodology, which is generally more concerned with simply introducing physical changes to the environment. The key here is to focus on the conditions that are favorable for the development and exercise of a sense of “community belonging”-a tangible expression of shared sentiments, values and identities where land is understood not only as a component of wealth, but as a common settled place invested with symbolic meanings.

Lessons of Via Park Village

While there is no single solution to the social and environmental vulnerability of the urban poor living in the Via Park village, their experience does offer some insights. One alternative suggests creating “urban natural reserves” integrated into the community where those threatened with forced eviction are encouraged to maintain their traditional lifestyles. In exchange, government authorities at all levels would accept the obligation to promote land equity, giving security of tenure and protection to those forced by circumstances to live in informal settlements.

Aspects of the environmental education program initiated in the Via Park village are applicable to other Latin American cities. The fundamental principle is based on insuring respect for the inherent identity of the community. The experience of the Via Park residents demonstrates that local action can contribute to consolidating a socio-political struggle for land equity with protection of the environment. This is in line with current thinking about land use and environmental management, which suggests an integrated approach that acknowledges the leadership role of the local residents.

The Via Park case reveals that a routine excuse being used to justify evictions is “protecting the environment.” In other words, the urban poor most often accused of being the primary protagonists of environmental degradation are in reality the greatest victims. For the 450 residents of the Via Park village, the trauma of being forcibly evicted from their homes will never be overcome. Five people, including two children and one woman, lost their lives in the confrontation. The Via Park village, now destroyed by bulldozers, still reminds us that hope for land equity lies in community solidarity, effective governance and democracy.

Sonia Pereira is a visiting fellow of the Lincoln Institute. She is also completing her Ph.D. thesis from the Institute of Earth Sciences of the Federal University in Rio de Janeiro, with support from a Fulbright scholarship. An environmental lawyer, biologist, social psychologist and activist on behalf of human rights, she has been widely recognized for her work on environmental protection for low-income communities in Brazil. She is a Citizen of the World Laureate (World Peace University, 1992) and a Global 500 Laureate (United Nations Environment Programme-UNEP, 1996).

Driven by an awareness of population expansion and the difficulties that follow growth, Oregon’s Departments of Transportation and of Land Conservation and Development created the “Smart Development” program. The state retained Leland Consulting Group and Livable Oregon to define the goals of Smart Development, to identify obstacles to its execution and to enjoin the development community in discussions about how to implement its goals.

Smart Development is land use that:

• Lowers automobile use;
• Provides nearby services;
• Lowers commuting time;
• Reduces congestion;
• Encourages and makes possible alternate modes of transit;
• Provides better neighborhoods for walking and living;
• Is environmentally sound;
• Maintains Oregon’s historic affordability; and
• Enhances the quality of life and sense of community.

In examining over 60 projects across the country that attempt comprehensive solutions to problems of urban growth, the consultant team looked at examples of “new urbanism,” as well as infill development, subdivisions, affordable housing, adaptive re-use and neighborhood revitalization. While common factors exist among all projects, none of the ones that are successful for their developers satisfy all Smart Development goals at once. The good news is that careful attention to local market conditions and demographics can result in successful projects that do satisfy many of these goals.

Why Smart Development Raises Financing Questions

Projects that satisfy some goals are unlikely to satisfy others because the goals may have different land use solutions which—when built in current markets—are in conflict. Proponents of neotraditional, transit-oriented, small-lot, pedestrian-oriented, mixed-use and grid-platted development have bundled these styles as a single concept. Developers and lenders do not understand the markets, values and risks for these hybrid products.

When we surveyed lenders about the factors that affect their decision to finance Smart Development projects, they explained unequivocally that financing of innovation required clear limits on the risk the lender could accept. While factors such as preleasing and on-site management were considered important, lenders strongly preferred working with a developer who had a track record, financial capacity and experience in the product type.

Lenders also expressed doubts about the willingness of the secondary market to lend on innovative projects. The problem is not innovation in physical design itself, but lenders’ anxieties about FannieMae’s “pass-through” requirement: the bank is financially responsible for the project through foreclosure of the asset. FannieMae support does not insulate the bank from the risk of default. Since banks do not want to own real estate, innovative project types that cannot show strong track records cause anxiety that is not allayed by securitization.

Overcoming the Obstacles

There are three technical obstacles to financing Smart Development:

• appraisal and comparables;
• lack of market and demographic research; and
• lack of clarity in presenting project aims, risks and mitigation to lenders.

A fourth obstacle is financial, relating to the first phase provision of new infrastructure.

Appraisal and Comparables: Standard appraisals usually focus on the housing product without accounting for the economic value produced by higher quality infrastructure, adjacent services, pedestrian amenities, and access to transit. By comparing only housing units, appraisals allot them the value that they would have in adjoining subdivisions that contain none of the amenities. Yet, new projects that we reviewed were often higher in price than the surrounding market. The quality of new designs may justify pricing, but appraisals based on the local area did not support the same percentage of purchase price as for nearby units. Smart Development projects also required proportionately higher cash down-payments, making the units harder to buy (and harder for the developer to sell).

It must be emphasized that Smart Development features are positive attributes that have long-term effects on value. Appraisal is regularly performed involving regression equations to model the economic value of positive externalities and could be applied to this area to produce new standards for evaluation of Smart Development. This process needs research but is well within the professional purview of the appraisal community.

New Market Studies: Smart Development, with its sophisticated land use and concepts such as inclusion of retail into subdivision development, attracts different demographic groups than standard development. Income levels per capita are higher, household sizes are smaller, and the use of transit and other services per person is often greater.

To overcome feasibility and appraisal obstacles, it is useful to consider Smart Development not as a single market concept but as a series of land use solutions that incorporate traditional real estate products in innovative ways. The market for the products can then be assessed in the same way as existing similar land uses that have attracted the demographic groups noted above—older neighborhoods with the sort of land use proposed in these projects. Through this method it is possible to avoid the pitfalls of “trend” studies that are unable to assess the market for new products.

Presentation of Smart Development to Lenders: The business plan for new products describes how products were arrived at in response to market niches and supporting demographics and sales potential. Every aspect of the business is revealed: project principals and roles; financial structure; applied start-up capital; reserves for operational deficits; and projections of revenues, cash flows and profits. The plan illustrates potential risks and suggests mitigations for risk should conditions not meet expectations.

Presentation of real estate development is typically done through market trend studies and architectural drawings. Neither of these modes addresses the issues raised in a business plan. It may be worthwhile for proactive lenders to consider offering assistance with business planning and presentation of innovative projects to alleviate the anxieties of capital investors and loan boards.

First Phase Financial Feasibility: In many western U.S. cities, grid street plans were built by the city and then builders provided the houses. After World War II, American cities stopped creating streets and the developers began providing the local infrastructure. The major public infrastructure dollars were funneled through federal agencies into regional infrastructure improvements (freeways) which sped private development into fringe areas.

It is now understood that highways and major arterials do not eliminate congestion but rather act as a subsidy for congestion-producing development. New requirements for grid streets, pedestrian amenities, sidewalks and parking strips with trees can make development either unaffordable to median buyers or financially infeasible, and there are no local support mechanisms equal to the magnitude of highway funding.

If the goals of Smart Development are serious social goals, then some level of first phase credit enhancement in exchange for fulfillment of social goals is appropriate. Such credit enhancement would serve to produce land use with the long-term benefits of lowered social cost through reduction of congestion and auto use and a better quality of life.

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Edward H. Starkie, principal, and Bonnie Gee Yosick, associate, conduct economic analysis and research on downtown redevelopment for Leland Consulting Group, 325 Northwest 22nd Street, Portland, OR 97210; 503/222-1600.