Durante las últimas décadas, la estructura de la economía de los EE.UU. ha cambiado, a medida que experimenta una continua reducción en el empleo fabril en general y un continuo crecimiento en el sector de los servicios, especialmente aquellos relacionados con los trabajadores capacitados. La distribución geográfica de la actividad también ha cambiado debido a que la población continúa moviéndose de las zonas noreste y medio oeste, en donde las estaciones son más marcadas, hacia las zonas sur y oeste, que son más cálidas. Finalmente, en las áreas metropolitanas, las poblaciones y el empleo se movieron de las ciudades a los suburbios, ya que los viajes en autobús y automóvil se han generalizado. Estas tres tendencias han provocado que muchas ciudades del noreste y oeste medio tengan ahora poblaciones mucho menores, economías más débiles, menos empleos fabriles y una incapacidad para compensar las oportunidades de empleo perdidas con las ganancias de sectores que se están expandiendo a nivel nacional. Estas son, hoy en día, las ciudades industriales históricas, que, con frecuencia, poseen una capacidad excesiva de infraestructura, una oferta de viviendas sin utilizar y una tensión fiscal relacionada con obligaciones asumidas en el pasado por sectores públicos que actualmente se encuentran muy disminuidos. En un reciente informe sobre enfoque en políticas de suelo del Instituto Lincoln, Regeneración de las ciudades tradicionales industriales de los Estados Unidos, sus autores, Alan Mallach y Lavea Brachman, analizan el desempeño de una muestra de estas áreas urbanas e identifican las medidas que han tomado las ciudades con más éxito para producir resultados más sólidos.

Aunque la decadencia de las ciudades industriales tradicionales posee causas comunes, el rendimiento económico de las mismas ha sido muy distinto en las últimas décadas, ya que muchas de estas ciudades han logrado resultados económicos, institucionales y fiscales más sólidos que otras. Todas las ciudades industriales antiguas poseen una serie de activos, tales como infraestructura, barrios, instituciones, poblaciones y actividades económicas en desarrollo. Las diferencias en su rendimiento, en forma comparativa, están relacionadas con la manera en que las políticas y el liderazgo municipal han sacado partido de los inventarios existentes de estos activos. En particular, las ciudades históricas tradicionales en vías de recuperación han construido y basado su expansión sobre instituciones preexistentes dedicadas a la investigación, la medicina, la salud y la educación. También han explotado el creciente interés por los barrios urbanos, donde resulta fácil ir caminando a las tiendas y a los restaurantes y donde las densidades residenciales son mayores que las de la mayoría de las comunidades suburbanas. Las ciudades en recuperación también, en general, han mantenido o atraído más residentes con mayores niveles de educación y han experimentado un crecimiento en las actividades relacionadas con el conocimiento.

Las ciudades industriales tradicionales que han visto cómo sus economías comienzan a transformarse y a crecer de nuevo no necesariamente experimentaron aumentos en sus poblaciones. La población de la mayoría de las ciudades tradicionales tuvo su pico de crecimiento a mediados del siglo XX y posteriormente descendió. Por ejemplo, Buffalo y St. Louis presentaron poblaciones más reducidas en el año 2000 que en 1900. A veces, la disminución de la población en estas ciudades se ve compensada por un crecimiento suburbano, por lo que las poblaciones metropolitanas no se reducen. Sin embargo, algunas ciudades tradicionales exitosas, tales como Pittsburgh, han experimentado leves reducciones de población incluso a nivel metropolitano. Cambiar la composición de las poblaciones de las ciudades y de su actividad económica es más importante para lograr el éxito que el crecimiento de la población por sí solo.

La exitosa recuperación de las ciudades industriales tradicionales normalmente no ha sido el resultado de megaproyectos enfocados en el redesarrollo, sino en el aumento de muchas medidas pequeñas que generan un gran impacto por acumulación, un enfoque que Mallach y Brachman han dado en llamar “crecimiento gradual estratégico”. En su investigación, los autores demuestran que las ciudades industriales tradicionales exitosas se han centrado en dicho enfoque de forma continua e incesante. Los elementos clave del crecimiento gradual estratégico requieren de la evolución de nuevas formas de organización física de la ciudad, de componentes económicos, de formas de gobierno y de relacionarse con las regiones circundantes. Desde un punto de vista físico, la práctica implica centrarse en el núcleo de la ciudad, en sus barrios más importantes y en la gestión del suelo vacante. Desde el punto de vista económico, supone restaurar el rol económico de la ciudad según sus ventajas comparativas y sus bienes existentes, compartir los beneficios del crecimiento con la población y reforzar las conexiones con la región en la que se encuentra la ciudad. Las ciudades también deben fortalecer sus formas de gobierno y ocuparse de que la provisión de servicios y de recursos fiscales entre la ciudad y los municipios del área metropolitana sea fluida.

Las ciudades industriales tradicionales han experimentado un deterioro en las últimas décadas, por lo que su recuperación llevará tiempo e implicará una buena dosis de paciencia. Aunque el funcionamiento de algunas de estas ciudades, tales como Camden, Nueva Jersey, continúa disminuyendo, otras ciudades están mostrando signos de progreso. En Pittsburgh, Filadelfia, Milwaukee y otras ciudades industriales tradicionales que se están recuperando, el rendimiento económico ha mejorado y las tasas de desempleo, delincuencia y pobreza se han reducido por debajo de los promedios nacionales, a pesar del hecho de que las poblaciones permanecen bastante por debajo del pico al que habían llegado unos 60 años atrás.

Para obtener información adicional sobre los factores determinantes del éxito de las ciudades tradicionales, ver: http://www.lincolninst.edu/pubs/2215_Regenerating-America-s-Legacy-Cities.

El impuesto sobre la propiedad es el tributo más impopular de los Estados Unidos. Los estados han respondido a esta oposición pública promulgando una serie de políticas de alivio fiscal, especialmente para propietarios de vivienda (Cabral y Hoxby 2012). Entre los programas más comúnmente adoptados se encuentran las exenciones para la vivienda familiar (en inglés, homestead exemption) y los créditos al impuesto sobre la propiedad; todos los estados salvo tres cuentan por lo menos con uno de estos programas. Pero a pesar de su uso generalizado y su impacto potencialmente grande sobre la distribución de la carga del impuesto sobre la propiedad, hay muy pocos datos disponibles sobre los ahorros tributarios generados por las exenciones y los créditos del impuesto sobre la propiedad.

Dos nuevos recursos, disponibles en Características significativas del impuesto sobre la propiedad, subcentro de la página web del Instituto Lincoln, comienzan a satisfacer esta necesidad. Estas tablas proporcionan información para cada estado sobre el porcentaje de propietarios elegibles para estos programas y el nivel de ahorros tributarios que reciben, además de un análisis de cómo la elegibilidad y los beneficios varían en función de la distribución de ingresos (ver recuadro 1, pág. 32). Este artículo utiliza estos recursos para proporcionar el primer estudio nacional de exenciones y créditos del impuesto sobre la propiedad, con estimaciones de los ahorros tributarios obtenidos de estos programas. Con esta información, los dirigentes políticos cuentan con una herramienta fundamental para evaluar y mejorar la efectividad de sus programas de alivio del impuesto sobre la propiedad.

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Recuadro 1: Detalles por estado de exenciones y créditos del impuesto sobre la propiedad

El subcentro del sitio web del Instituto Lincoln Características significativas del impuesto sobre la propiedad proporciona tres recursos clave de información sobre las exenciones y créditos del impuesto sobre la propiedad en los 50 estados de los EE.UU. Se puede acceder a este subcentro en www.lincolninst.edu/subcenters/significant-features-property-tax.

Ahorros tributarios por exenciones y créditos de impuestos

Este archivo Excel en línea incluye estimaciones de ahorros tributarios por programas en cada estado (ver el ejemplo abreviado a continuación) más tablas resumen que facilitan la comparación entre estados. El archivo proporciona estimaciones sobre la cantidad de propietarios elegibles y la mediana del beneficio para cada programa, así como un análisis distributivo por quintil de ingresos. Esta es la primera vez que se dispone de datos detallados para la mayoría de estos programas.

Tabla resumen de exenciones y créditos

Este archivo Excel incluye un conjunto de tablas de 167 programas que muestra el valor de las exenciones expresadas en términos de valor de mercado, criterios relacionados con la edad, discapacidad, ingresos, condición de veterano de guerra, el tipo de impuestos afectado (es decir, impuestos escolares o de condado), si la pérdida de recaudación tributaria es absorbida por el gobierno estatal o los gobiernos locales, opciones locales, etc. La tabla resumen permite efectuar fácilmente un análisis cuantitativo de estos programas o comparar rápidamente un estado con otro. La información de estas tablas se usó para generar las estimaciones de ahorros tributarios.

Alivio del impuesto sobre la propiedad residencial

Esta sección del sitio web Características significativas incluye descripciones detalladas de las exenciones y créditos del impuesto sobre la propiedad que se usaron para crear la tabla resumen sobre exenciones y créditos. También describe otros tipos de alivio del impuesto sobre la propiedad, tales como programas de desgravación y de prórroga tributaria.

Notas: Los ahorros tributarios totales de la exención del impuesto sobre la propiedad por vivienda familiar para adultos mayores y discapacitados (US$392 millones) es menor que el total combinado de los programas para adultos mayores (US$378 millones) y discapacitados (US$22 millones), porque los propietarios que tienen más de 65 años y están discapacitados no pueden reclamar la exención dos veces. La tabla resumen en línea muestra que la exención para adultos mayores y discapacitados es de US$25.000 para propietarios que tienen más de 65 de años de edad o están discapacitados; los dos programas retroactivos son exenciones porcentuales del 2,5% y 10% para todas las residencias ocupadas por sus dueños. Fuente: Instituto Lincoln de Políticas de Suelo (2015).

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Cómo funcionan las exenciones y los créditos del impuesto sobre la propiedad

Los programas de alivio del impuesto sobre la propiedad adoptan diversas formas. Las exenciones por vivienda familiar reducen el valor de la propiedad sujeta al tributo, ya sea por un monto fijo en dólares o por un porcentaje del valor de la vivienda. Los créditos del impuesto sobre la propiedad, en contraste, reducen directamente de la factura de cobro un monto fijo o un cierto porcentaje.

Como se ilustra en la tabla 1, los programas diseñados para proporcionar beneficios idénticos a propietarios de viviendas de US$200.000 tienen un impacto muy distinto en los propietarios de viviendas de alto valor que en los de viviendas de bajo valor. Dada una tasa tributaria del 1%, una exención de importe fijo de US$20.000 reduce el impuesto sobre la propiedad para cada hogar en US$200 (US$20.000 x 1%). Este programa tiene un impacto progresivo en la distribución del impuesto sobre la propiedad porque las unidades familiares de menores ingresos tienden a tener viviendas de valor menor, y la exención representa un porcentaje mayor del valor de sus viviendas. En este caso, la exención de US$20.000 reduce el impuesto sobre la propiedad un 20% en una vivienda de US$100.000, 10% en una vivienda de US$200.000 y un 5% en una vivienda de US$400.000.

Una exención porcentual, por el contrario, proporciona la misma reducción porcentual en el impuesto para los tres propietarios del ejemplo: 10%. En dólares, sin embargo, las exenciones porcentuales favorecen a los propietarios de viviendas de mayor valor: una reducción generalizada del 10% reduce el impuesto sobre la propiedad en sólo US$100 para una vivienda de US$100.000, pero US$400 para una vivienda de US$400.000.

En el caso de créditos de importe fijo, los propietarios con viviendas de menor valor en general reciben los descuentos tributarios mayores en términos porcentuales. Por el contrario, el crédito tributario porcentual proporciona al propietario de una vivienda de US$400.000 el mayor descuento tributario al calcularse en dólares.

Una característica importante de las exenciones y los créditos porcentuales del impuesto sobre la propiedad es que la reducción en dólares (pero no la reducción porcentual) del impuesto aumenta con las tasas tributarias. Por ejemplo, si las viviendas de la tabla 1 fueran objeto de una tasa tributaria del 2%, el ahorro en dólares para sus propietarios sería el doble bajo la exención de US$20.000, la exención del 10% y el crédito del 10%. Si bien el ahorro en dólares de los créditos de importe fijo no varía con las tasas tributarias, el ahorro porcentual para los propietarios disminuye a medida que crecen las tasas tributarias.

Características esenciales de las exenciones y los créditos

El diseño de los programas de exención para viviendas familiares y créditos del impuesto sobre la propiedad varía significativamente en los 50 estados. La figura 1 hace un resumen de la cantidad y el porcentaje de programas estatales con las siguientes características claves.

Cálculo del beneficio

Quizás la característica más importante de los programas de alivio del impuesto sobre la propiedad es cómo se calculan los beneficios. En 2012, el 59% de los programas estatales proporcionaban exenciones de importe fijo, el 19% proporcionaban exenciones porcentuales, y el quinto restante usó créditos del impuesto sobre la propiedad u otras fórmulas más complicadas para determinar la cantidad de alivio tributario para cada propietario.

Si bien los programas funcionan de manera similar, sus efectos difieren considerablemente. Como se muestra en los ejemplos de la tabla 1, las exenciones y créditos de importe fijo hacen que la distribución del impuesto sobre la propiedad sea más progresiva, mientras que las exenciones y los créditos porcentuales no lo son. En consecuencia, para proporcionar un cierto nivel de alivio tributario para la mediana de propietarios, las exenciones porcentuales son más caras que otros programas porque se traducen en descuentos mayores en el impuesto sobre la propiedad para los propietarios de viviendas de mayor valor. En vez de cambiar la distribución del impuesto sobre la propiedad entre los propietarios, las exenciones porcentuales son principalmente una manera de desplazar la carga tributaria de los propietarios, como grupo, a las empresas, los inquilinos y propietarios de más de una vivienda.

Financiamiento estatal vs. local

El impacto final de las exenciones y los créditos del impuesto sobre la propiedad en las facturas de cobro depende de cómo se financian los programas. La figura 1 muestra que en 2012 sólo el 28% de estos programas recibía un reembolso íntegro por parte del estado para cubrir las pérdidas de ingresos locales, mientras que en el 57% de los casos los gobiernos locales tenían que absorber las pérdidas de ingresos. En el 15% de los programas, el gobierno estatal y los gobiernos locales compartieron las pérdidas de ingresos de alguna manera. (Los programas generalizados para todos los propietarios o todos los adultos mayores tienen una mayor probabilidad de recibir financiamiento estatal que los programas para grupos más pequeños, como los veteranos de guerra o los discapacitados. En 2012, el 43% de los programas de alivio tributario para todos los propietarios o adultos mayores fue financiado por el estado, el 48% fue financiado localmente y el resto dividió la pérdida de ingresos [Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, 2014]).

El argumento principal a favor del financiamiento estatal de las exenciones y los créditos del impuesto sobre la propiedad es que pueden ayudar a mitigar las disparidades de riqueza inmobiliaria entre distintas localidades. Las comunidades más pobres y aquellas sin una base tributaria significativa tienen tasas normalmente más altas de impuesto sobre la propiedad, y estas comunidades reciben más fondos por propietario de los programas financiados por el estado. Sin esta ayuda, las comunidades con mayores tasas tributarias experimentarán una pérdida mayor de ingresos debido a los programas de alivio tributario, a menos que aumenten sus tasas tributarias aún más.

Adultos mayores vs. grupos de todas las edades

Ciertos estados proporcionan alivio del impuesto sobre la propiedad a los adultos mayores. En 2012, más de un tercio de los estados favorecieron de alguna manera a los adultos mayores: siete tenían programas estatales exclusivamente para este grupo, mientras que 11 cubrían también a propietarios más jóvenes, pero proporcionaba más beneficios a los propietarios adultos mayores. Otros estados o bien proporcionaron la misma cantidad de beneficios a propietarios de todas las edades (15 estados), o bien no tenían programas generalizados (18 estados).

Los argumentos más comunes para beneficiar a los propietarios mayores son que el impuesto sobre la propiedad consume un porcentaje más alto de sus ingresos y que los gobiernos locales gastan menos en los adultos mayores que en propietarios más jóvenes con hijos en edad escolar. Si bien es cierto que el impuesto sobre la propiedad representa un porcentaje más alto de los ingresos para los adultos mayores que para los propietarios que son trabajadores activos, los dos grupos dedican una proporción casi idéntica de sus ingresos a gastos totales de vivienda, porque es mucho menos probable que los adultos mayores estén pagando una hipoteca (Bowman et al. 2009, 11). Además, el impuesto sobre la propiedad es un pago por servicios públicos, no un arancel de uso (Kenyon 2007, 36). Los hogares compuestos por personas más jóvenes sin hijos en las escuelas públicas no se benefician del alivio del impuesto sobre la propiedad bajo estos programas. El tratamiento tributario preferencial de los adultos mayores puede reflejar simplemente que los hogares formados por personas mayores forman un grupo políticamente poderoso que tiende a votar masivamente.

Estimación de los beneficios de exenciones y créditos

Para estimar los ahorros tributarios de las exenciones de la vivienda familiar y créditos del impuesto sobre la propiedad, el primer paso fue crear la Tabla de resumen de exenciones y créditos en línea, que describe las características clave de cada programa (ver el recuadro 1 para una descripción). Estos datos se extraen casi por completo de la sección Programas de alivio del impuesto sobre la propiedad residencial de la base de datos Características significativas del impuesto sobre la propiedad del Instituto Lincoln.

El segundo paso fue combinar esta información con los datos a nivel familiar de la Encuesta de Comunidades Americanas (American Community Survey o ACS) de 2008–2012. Esta encuesta nacionalmente representativa tiene datos sobre más de 6,5 millones de hogares en los EE.UU., incluyendo las características de las familias que determinan su elegibilidad para el programa (edad, ingresos, discapacidad, condición de veteranía de guerra, etc.) y el nivel de beneficios recibidos (valores de las viviendas y montos del impuesto sobre la propiedad). Para una explicación completa de la metodología utilizada para estimar los ahorros tributarios de exenciones y créditos, ver Langley (2015).

Es importante hacer notar que las estimaciones registradas aquí son ahorros brutos en el impuesto sobre la propiedad. Los programas de alivio tributario frecuentemente resultan en un aumento de las tasas del impuesto sobre la propiedad, sobre todo en los programas financiados localmente, en los que las jurisdicciones aumentan las tasas tributarias para compensar la pérdida de la base tributable debida a las exenciones. Las estimaciones de ahorros netos en el impuesto sobre la propiedad serían menores en aquellas comunidades, debido a que las mayores tasas tributarias contrarrestarían parcialmente el alivio tributario directo debido a las exenciones y créditos.

La figura 2 (pág. 35) muestra que el alivio total del impuesto sobre la propiedad debido a las exenciones de vivienda familiar y créditos del impuesto sobre la propiedad varía mucho entre estados, pero en general es pequeño con relación a los ingresos totales por ese concepto. En 14 de los 45 estados que tienen estos programas, los ahorros totales son menos del 0,5% de la recaudación total del impuesto sobre la propiedad; en 27 estados, los ahorros son menos del 2,5%. Por otro lado, los ahorros tributarios en nueve estados son mayores o iguales al 10% de los ingresos totales del impuesto sobre la propiedad. El programa de Indiana es particularmente generoso, ya que ofrece a todos los propietarios una exención de US$45.000, y después una exención adicional del 35% para los primeros US$600.000 de valuación fiscal y una exención del 25% para las valuaciones que superan los US$600.000.

Ahorros tributarios por distintos tipos de programas

La mayoría de los estados tienen más de un programa de exención o crédito del impuesto sobre la propiedad, dirigidos a distintos grupos de contribuyentes: normalmente, a todos los propietarios, a los mayores, a los veteranos de guerra o a los discapacitados. La figura 3 (pág. 36) presenta estimaciones de la proporción de propietarios elegibles para estos programas, junto con el nivel de ahorros tributarios que reciben.

Propietarios

En 26 estados hay programas que cubren a la casi totalidad de los propietarios, pero en general están limitados a la primera vivienda ocupada por sus propietarios. En los programas para un estado típico, la mediana del valor que cada propietario recibe es un descuento del 12,5% en su impuesto sobre la propiedad. En el extremo superior, sin embargo, la mediana del descuento del impuesto sobre la propiedad fue de al menos un 25% en más de un cuarto de los estados que tenían estos programas.

Adultos mayores

18 estados cuentan con programas de alivio del impuesto sobre la propiedad para propietarios mayores (normalmente a partir de 65 años de edad). Estos programas son mucho más generosos que aquellos que cubren a todos los propietarios, con una mediana de reducción tributaria de casi el 30% en un estado típico. Más de la mitad de estos programas proporcionan una mediana de descuento de por lo menos el 25%, y sólo un sexto de ellos tienen una mediana de descuento de menos del 10%.

En la mediana de los estados, el 19,6% de los propietarios son elegibles para los programas, pero las tasas de elegibilidad varían mucho entre un estado y otro, dependiendo de si hay un límite de ingresos. En los siete estados que proporcionan alivio del impuesto sobre la propiedad a los adultos mayores sin tener en cuenta el nivel de ingresos, normalmente un 25–30% de los propietarios son elegibles. Pero en siete estados con programas sólo para propietarios de bajos ingresos (límites entre US$10.000 y US$30.000), sólo del 5 al 10% de los propietarios son elegibles. Los otros cuatro estados con programas de alivio del impuesto sobre la propiedad para adultos mayores no se pueden clasificar en ninguna de estas dos categorías, porque marcan un tope de ingresos, ponen límites estrictos de riqueza u otros criterios de elegibilidad.

Veteranos de guerra

Los programas estatales para veteranos de guerra están más extendidos que para cualquier otro grupo de propietarios, aun cuando la elegibilidad frecuentemente está limitada a los discapacitados. En efecto, sólo 10 estados proporcionan exenciones o créditos del impuesto sobre la propiedad para todos los veteranos, incluso a aquellos sin discapacidades. En la mediana de los estados para estos programas, el beneficiario típico recibe un descuento en el impuesto sobre la propiedad de sólo el 3,2%.

Hay 31 estados que proporcionan exenciones o créditos al impuesto sobre la propiedad a veteranos de guerra con discapacidades relacionadas con su servicio en las Fuerzas Armadas. Debido al requisito de discapacidad, la mayoría de los veteranos de guerra no son elegibles para estos programas. En efecto, sólo el 15% de los veteranos de guerra son elegibles en el estado típico. En general, sólo el 0,6% de los propietarios son elegibles para estos programas en la mediana de los estados.

Más aún, la mayoría de los 31 programas determinan la elegibilidad y los niveles de beneficio aplicando la graduación de discapacidad del Departamento de Asuntos de Veteranos. Sólo siete estados tienen programas para todos los veteranos parcialmente discapacitados, y aquellos con un grado de discapacidad menor normalmente reciben descuentos tributarios modestos. Por otro lado, 18 estados restringen la elegibilidad a veteranos de guerra que sufren discapacidad permanente y total. Estos programas benefician a una proporción muy pequeña de veteranos de guerra, pero en general les proporciona una exención completa del impuesto sobre la propiedad.

Discapacitados

23 estados tienen programas para los propietarios discapacitados, pero en realidad están dirigidos a dos grupos distintos: los propietarios discapacitados y los propietarios invidentes. En 2012, 12 estados tenían programas para propietarios discapacitados, siete estados tenían programas para los invidentes y cinco estados cubrían a ambos grupos. Los programas para discapacitados normalmente exigen que los beneficiarios tengan una discapacidad permanente y total, pero los criterios exactos varían. En la mediana de los estados, el 2,3% de los propietarios son elegibles para estos programas y reciben una mediana de descuento en el impuesto sobre la propiedad del 21%.

Conclusión

Las exenciones para vivienda familiar y los créditos del impuesto sobre la propiedad son una parte importante del sistema de impuestos sobre la propiedad. Estos programas se usan en casi todos los estados y pueden resultar en una distribución de impuestos sobre la propiedad mucho más progresiva. Por lo tanto, es fundamental que los dirigentes políticos dispongan de datos fidedignos sobre el alivio del impuesto sobre la propiedad que estos programas proporcionan realmente.

Por primera vez, nuevas investigaciones permiten disponer de esta información. Mediante el uso del subcentro web Características significativas del impuesto sobre la propiedad del Instituto Lincoln, los dirigentes políticos pueden comparar fácilmente las características clave de los programas de exención y crédito del impuesto sobre la propiedad en los distintos estados, y consultar las estimaciones de elegibilidad y ahorros tributarios. Estos datos permiten evaluar el impacto de las exenciones y créditos del impuesto sobre la propiedad en cada estado en particular, así como encontrar ideas para mejorar los programas.

Adam H. Langley es Analista de Investigación Senior del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. Un agradecimiento especial para Andrew Reschovsky, quien proporcionó exhaustivos comentarios sobre este artículo y otros documentos relacionados.

Referencias

Bowman, John H., Daphne A. Kenyon, Adam Langley, and Bethany P. Paquin. 2009. Property Tax Circuit Breakers: Fair and Cost-Effective Relief for Taxpayers. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Cabral, Marika, and Caroline Hoxby. 2012. “The Hated Property Tax: Salience, Tax Rates, and Tax Revolts.” Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. Working paper 18514. November.

Kenyon, Daphne A. 2007. The Property Tax-School Funding Dilemma. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Langley, Adam H. 2015. “Estimating Tax Savings from Homestead Exemptions and Property Tax Credits.” Working paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Lincoln Institute of Land Policy. 2014. Significant Features of the Property Tax. Residential Property Tax Relief Programs: Summary Table on Exemptions and Credits in 2012. www.lincolninst.edu/subcenters/significant-features-property-tax/Report_Residential_Property_Tax_Relief_Programs.aspx

Lincoln Institute of Land Policy. 2015. Significant Features of the Property Tax. Tax Savings from Property Tax Exemptions and Credits in 2012. www.lincolninst.edu/subcenters/significant-features-property-tax/Report_Residential_Property_Tax_Relief_Programs.aspx

Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 6 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

En octubre del año 2000, los ciudadanos de casi la mitad de las 60 principales ciudades brasileñas, agraviados por décadas de pobreza y ola delictiva, además de pésimos sistemas de provisión de viviendas, asistencia sanitaria y educación, y de falta de planificación de la infraestructura y de acceso a servicios básicos, eligió como alcaldes a representantes de partidos izquierdistas destacados por su labor de apoyo, honestidad y transparencia. Si bien es cierto que estos gobiernos de reforma están introduciendo nuevas esperanzas y expectativas, también es cierto que se enfrentan a una herencia de desconfianza generalizada hacia los políticos y burócratas municipales, quienes tradicionalmente han estado acusados de negligencia y corrupción. Asimismo, confrontan perspectivas fiscales sombrías en forma de una baja facturación impositiva, débiles transferencias federales, y mercados de suelos urbanos que producen segregación y desigualdades profundas.

El partido de izquierda predominante, Partido de los Trabajadores (en portugués, Partido dos Trabalhadores o PT), conservó las cinco ciudades mayores que había ganado en las elecciones de 1996 y adquirió doce más. Estos municipios del PT aspiran a universalizar los servicios, dejando de lado los tradicionales métodos de decisiones tomadas “desde arriba” y otorgando a los residentes un papel activo en sus gobiernos locales. A lo largo del proceso, están reinventando la democracia local, vigorizando la política y alterando significativamente la distribución de recursos políticos y simbólicos. Quizás el caso más notable es el de Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul (estado más meridional de Brasil), donde el PT ganó su cuarto período consecutivo con el 66 por ciento de los votos, un ejemplo que puede haber animado a los brasileños de otras ciudades a votar también por reformas democráticas.

Al igual que las ciudades de otras partes, Porto Alegre refleja su cultura nacional en sus patrones de uso de la tierra, estructura económica y distribución del poder político. El mayor sistema social de Brasil emplea mecanismos complejos para garantizar que sus ciudades continúen siguiendo las mismas leyes, normas y lógica que organizan la sociedad dominante. Dado que muchos aspectos de la sociedad brasileña están cargados de injusticias y desigualdades, la ciudad tiene que estar constantemente atendiendo los efectos de estas fuerzas políticas y económicas de mayor alcance.

Al mismo tiempo, ninguna ciudad es una reflexión pura de su estructura social nacional. Cualquier ciudad puede ocasionar y reproducir desigualdades e injusticias, de la misma manera que puede estimular estructuras sociales y relaciones económicas dinámicas. Hasta donde la ciudad (y especialmente su gobierno) esté en control de las acciones, puede haber efectos positivos o negativos. Por ejemplo, en ningún segmento del código social brasileño está escrito que sólo se pavimentarán las calles de las vecindades de clases altas o medias, ni tampoco que el suministro de agua llegará únicamente a los rincones más privilegiados de la ciudad.

Presupuesto participativo

En Porto Alegre, un frente popular encabezado por el PT puso en práctica el “presupuesto participativo”, sistema mediante el cual miles de residentes pueden participar cada año en asambleas públicas para decidir el destino de la mitad de los fondos presupuestarios municipales, asumiendo así una mayor responsabilidad por el gobierno de su propia comunidad. Esta reforma simboliza una amplia variedad de cambios municipales y presenta una alternativa tanto al centralismo autoritario como al pragmatismo neoliberal. Los vecinos toman decisiones sobre asuntos locales prácticos como mejoras de calles o parques, y sobre otras cuestiones más complejas que atañen a la ciudad. El proceso, argumenta el PT, despierta la conciencia de la gente sobre otras oportunidades para vencer la pobreza y las desigualdades que ponen tanta miseria en sus vidas.

El proceso del presupuesto participativo en Porto Alegre comienza con la presentación formal por parte del gobierno del plan de inversiones aprobado para el año anterior, y de su plan de inversiones y presupuesto para el año en curso. Los delegados elegidos de cada una de las 16 asambleas de distrito se reúnen durante el año para determinar las responsabilidades fiscales de los departamentos de la ciudad. Estudian dos categorías: la primera se compone de las doce áreas temáticas principales del distrito o sus vecindades (p. ej., pavimentación de calles, construcción de escuelas, parques, suministro de agua potable y sistemas de alcantarillado), mientras que la segunda trata de proyectos que afectan la ciudad entera (líneas de tránsito, gastos de limpieza de las playas, programas de asistencia a personas sin hogar, etc.). Para alentar la participación ciudadana, las reglas establecen que el número de delegados es aproximadamente proporcional al número de vecinos que asistan a la reunión de la elección.

El reparto de los recursos entre los distritos sigue las prioridades definidas mediante debate popular: en 1999 se nombraron como “prioritarias” las cuestiones de población, pobreza, carencia de servicios (p. ej., falta de pavimentos), y necesidades de la ciudad entera. La relación tensa que existe entre el ayuntamiento y los ciudadanos ha conducido a una mayor participación popular, y cada año el presupuesto participativo adquiere una tajada mayor del presupuesto total de la ciudad. Las prioridades han cambiado de una manera nunca antes prevista por los alcaldes ni por sus equipos gubernamentales.

Entre los participantes del proceso figuran miembros del partido de gobierno, profesionales, tecnócratas, ciudadanos de la clase media y un número desproporcionado de la clase pobre trabajadora (pero menos de las clases muy pobres). El proceso atrae y estimula la acción política de muchos que no apoyan al partido de gobierno, en contraste con el antiguo sistema de patrocinio que utiliza los presupuestos de las ciudades para pagar los favores de los partidarios. Como un indicador del éxito del sistema de Porto Alegre, se ha observado un aumento muy significativo en el número de participantes, desde apenas unas 1000 personas en 1990 a 16.000 en 1998 y 40.000 en 1999.

A lo largo del camino, el proceso participativo se ha autoreforzado. Por ejemplo, cuando ciertos residentes notaron con molestia que a los habitantes de ciertas zonas de la ciudad les habían pavimentado las calles o les habían asignado una nueva parada de autobús, descubrieron que los beneficiados habían sido justamente los únicos en acudir a las reuniones presupuestarias. En los años siguientes se incrementó la asistencia a las reuniones, lo cual expandió los intereses representados en los votos y aumentó la satisfacción ciudadana. Para los funcionarios es también un alivio, ya que los residentes mismos confrontan decisiones de suma cero: presupuestos fijos que deben asignar a necesidades importantes como el asfaltado de las calles, el aumento de aulas escolares o el establecimiento de programas de ayuda para las personas sin hogar.

Como nota interesante, el sistema de presupuesto participativo en Porto Alegre está teniendo éxito incluso ante la considerable hostilidad mostrada por un Concejo municipal conservador y los constantes ataques por parte de periódicos y programas televisivos de derecha, todos cuestionando los beneficios de la participación y ensalzando los mercados no regulados. El gobierno municipal depende del soporte de los participantes y sus vecinos, de las radiodifusoras y de las muchas personas que se opusieron a dos décadas de dictadura militar, desde 1964 hasta 1985. Al optar por cuatro gobiernos reformistas consecutivos, la mayoría de la población ha logrado ejercer presión sobre un Concejo municipal hostil para que vote a favor de las propuestas presupuestarias del alcalde, manteniendo así la integridad de la orientación progresiva.

Cambios en las condiciones materiales

En 1989, pese a sus altos índices comparativos de alfabetismo y esperanza de vida, las condiciones en Porto Alegre reflejaban la desigualdad y segregación económica de otras ciudades brasileñas. Un tercio de la población vivía en barrios bajos de la periferia urbana carentes de servicios básicos, aislados y distantes de la zona pudiente en el centro de la ciudad. A pesar de este trasfondo, las innovaciones del PT han logrado una mejoría -aunque moderada- del nivel de vida de algunos de los ciudadanos más pobres. Por ejemplo, entre 1988 y 1997 el suministro de agua a los hogares de Porto Alegre pasó de un 75 por ciento a un 98 por ciento de todas las residencias; el número de escuelas se ha cuadruplicado desde 1986; se han construido nuevas unidades de vivienda pública (éstas albergaban apenas 1700 nuevos residentes en 1986, frente a 27 000 residentes adicionales en 1989); a través de la intervención municipal se facilitó un arreglo con compañías autobuseras privadas para que mejoraran el servicio prestado a las vecindades periféricas de escasos recursos. Además, el uso de canales de circulación “únicamente para autobuses” ha mejorado los tiempos de desplazamiento domicilio-trabajo y los autobuses recién pintados son símbolos muy visibles de los poderes locales y los intereses públicos.

Porto Alegre se ha valido de su solidaridad participativa para permitir la participación ciudadana en decisiones sobre el desarrollo económico que en el pasado hubieran estado dominados por intereses políticos y económicos centralizados. La ciudad rechazó la construcción de un hotel de cinco estrellas en los terrenos de una planta de energía abandonada, prefiriendo utilizar el bien situado promontorio para construir un parque público y una sala de convenciones que sirven ahora como nuevo símbolo de la ciudad. Además, al presentársele una propuesta de demolición de barrios para dar cabida a un gran supermercado, la ciudad impuso requisitos costosos y estrictos para la reubicación de las viviendas, requisitos que están siendo cumplidos por el supermercado. Como otro ejemplo, a pesar de las promesas de nuevos empleos y de presiones ideológicas de la compañía Ford Motor, la cercana municipalidad de Guíaba no aceptó la propuesta para una nueva planta automovilística, argumentando, según los principios políticos establecidos en Porto Alegre, que los subsidios requeridos podrían aplicarse con mayor justificación a otras necesidades de la ciudad. (En agosto de 2000, una investigación estatal declaró la “no culpabilidad” del alcalde por la pérdida de la inversión de la Ford.)

No obstante, una serie de restricciones desalentadoras en el ambiente político y económico brasileño continúan limitando las ganancias del crecimiento económico, demandas por mano de obra y trabajos de calidad. Al compararse Porto Alegre y Rio Grande do Sul con las ciudades capitales cercanas y sus estados durante los años 1985-1986 y 1995-2000, se observan pocos contrastes notorios. En general, ha habido un estancamiento del producto interior bruto (PIB) y una disminución del PIB per cápita. El desempleo aumentó y disminuyeron tanto la participación en la fuerza de trabajo como en la tasa de empleo formal.

En vista de este limitado alcance de mejoras económicas, ¿cómo podemos explicar el sentimiento de optimismo y triunfo que circula en el aire de Porto Alegre? Claramente, el éxito de la experiencia que está teniendo la ciudad con el gobierno local refuerza la democracia participativa. Pensamos que el éxito del PT radica en la manera en que los participantes están redefiniendo los poderes locales, con un número creciente de ciudadanos convirtiéndose simultáneamente en sujetos y objetos, iniciadores y receptores, de forma que puedan tanto gobernar como beneficiarse directamente de sus propias decisiones. Esta reconfiguración es inmediatamente discernible en los procedimientos, métodos y funcionamiento del gobierno local.

Al cabo de 12 años, Porto Alegre ha cambiado no sólo la manera de hacer las cosas sino también las cosas mismas; no sólo la manera de gobernar la ciudad, sino la ciudad misma. Porto Alegre ofrece una opción auténtica a la gestión gubernamental, una que rechaza no sólo el modelo de planificación centralista, tecnocrático y autoritario de la dictadura militar, sino también el modelo neoliberal competitivo y pragmático del “Consenso de Washington” seguido aún por el gobierno nacional. Este modelo impone la ortodoxia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y requiere imperativos de “ajuste estructural” en forma de libre comercio, privatización, límites estrictos al gasto público y altas tasas de interés, todo lo cual empeora las condiciones de las clases pobres.

Mientras la mayoría de la ciudades brasileñas continúan distribuyendo facilidades y asignando servicios con evidente parcialidad y poca atención hacia las vecindades pobres, la reconfiguración de los poderes en Porto Alegre está comenzando a reducir las desigualdades espaciales mediante cambios en los patrones de provisión de servicios y uso del suelo. Es de esperar que el efecto de tales acciones se haga sentir en las estructuras formales de la ciudad, y a la larga en otras ciudades y en la sociedad brasileña en general.

Nuevas formas de poder local

Usualmente los recursos políticos y simbólicos están monopolizados por quienes controlan el poder económico. Sin embargo, las administraciones municipales radicalmente democráticas como las de Porto Alegre pueden invertir los poderes para bloquear el favorecimiento y el refuerzo del privilegio. Pueden interferir con la estricta solidaridad del poder político y económico, reducir la apropiación privada de los recursos, y promover la ciudad como un cuerpo dinámico colectivo y socialmente dinámico. En otras palabras, la administración de una ciudad podría oponerse a las acciones de grupos urbanos dominantes -intereses de agentes de bienes raíces y otros que utilizan las varias formas de apropiación privada de los recursos públicos para su propio beneficio. Entre dichas acciones figuran la consignación de infraestructura en favor de las vecindades pudientes, la privatización de recursos escénicos y ambientales, y la captura de los incrementos del valor del suelo (plusvalías) resultantes de inversiones públicas e intervenciones reglamentarias. Así, una administración de ciudad que está reconfigurada y orientada al público, permite el acceso al poder local para los grupos tradicionalmente excluidos. Tal cambio constituye una cuasi-revolución, con consecuencias que aún no pueden ser medidas ni valoradas adecuadamente por activistas o municipios esperanzados.

¿Son las experiencias de Porto Alegre con la reforma municipal, el sistema de presupuesto participativo y la planificación democrática del uso del suelo idiosincráticas, o constituyen estas innovaciones una promesa de mejoras más amplias en la política brasileña conforme otros ciudadanos establecen sus expectativas y mejoran la estructura de sus gobiernos? El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está alentando a ciudades de toda América Latina a participar en sistemas de presupuesto participativo, en seguimiento al ejemplo de Porto Alegre. ¿Pueden las administraciones locales con orientación reformista vencer los obstáculos de las restricciones de los mercados internacionales y de la política nacional? Al recomendar los aspectos formales y de procedimiento de la técnica del presupuesto participativo, ¿está el BID sobreestimando los logros económicos prácticos y subestimando las dimensiones simbólicas y políticas de la democracia radical?

La lección de la reforma urbana en Porto Alegre emerge no sólo directamente del mercado económico en forma de nuevas experiencias con el poder, nuevos actores políticos, y nuevos valores y significados para las condiciones de sus ciudadanos. Esos ciudadanos, que sopesan sus expectativas frente a condiciones macroeconómicas de estancamiento, pueden también tener esperanza en la potencial erradicación de las desigualdades espaciales y sociales en el acceso a los servicios. Estas nuevas formas de ejercicio de poder político y de denunciar problemas de uso del suelo y del gobierno ofrecen a los residentes de la ciudad la capacidad de hacer una diferencia en sus propias vidas.

Referencias

Rebecca N. Abers. 2000. Inventing Local Democracy. Grassroots Politics in Brazil. Boulder: Lynne Rienner.

Gianpaolo Baiocchi. 1999. “Transforming the City”, original inédito. Universidad de Wisconsin (septiembre).

Boaventura de Sousa Santos. 1998. “Participatory Budgeting in Porto Alegre”, Politics and Society 26, 4 (diciembre): 461-510.

William W. Goldsmith es profesor del Departmento de Planificación de Ciudad y Regional de la Universidad de Cornell. Carlos Vainer es profesor del Instituto de Planificación e Investigación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. En diciembre de 1999, ambos participaron en un seminario organizado por la ciudad de Porto Alegre y copatrocinado por el Instituto Lincoln y la Red de Planificadores, una asociación norteamericana de planificadores urbanos, activistas y expertos que trabajan en pro de la igualdad y el cambio social.

The shift to a multi-racial government in South Africa is as pronounced and dramatic a transition as that of the new independent states of Central and Eastern Europe. In the past five years, South Africa has adopted a new constitution, elected a new government, redrawn state and municipal boundaries, and undertaken basic reform of its legal and political system. Land policy is central to this transformation, for “since the 1913 Natives Land Act, rights to own, rent or even share-crop land in South Africa depended upon a person’s race classification.” (1) Among the major land-related issues currently under scrutiny are property tax reform, restitution of land rights, and improvements in tenure security and access to landholding.

Land and Property Taxation

South African real property taxes take a number of forms, including “site rating,” a tax on unimproved value alone; “flat rating” on land and structures uniformly; and “composite ratings,” which tax land and improvements at different rates. Multiplicity and change are the norm, as Cape Town has recently decided to adopt site rating, Durban is considering replacement of its composite rating system with site rating, and Pretoria has introduced a temporary tax on improvements to supplement its site rating system.

The property tax in South Africa is not at present applied to rural land, although its potential extension to non-urban areas is the subject of intense debate. It is in the cities, however, that the struggle to transform the country will succeed or fail. In 1995, the urban sector accounted for about 65 percent of South Africa’s population and more than 80 percent of its GDP. Property taxes are an important source of revenue for cities to meet the cost of providing services within their newly redrawn boundaries.

These new boundaries are another index of the pace and variety of change in South Africa. Efforts to consolidate wealthy residential and commercial areas with impoverished townships and settlements have taken different forms in different regions. The central business districts of Johannesburg and Durban have been divided among several taxing jurisdictions that extend beyond their city limits. By contrast, the most of Cape Town’s business and residential regions were combined this summer with a set of neighboring townships in a new administrative region. It consists of 19 former administrations consolidated into 7, involving a transfer of more than 10,000 municipal staff and many assets. These measures have extremely important political and fiscal implications, bringing together as they do residential areas with living standards equal to or even surpassing European norms and settlements without electricity, paved roads or running water.

From a land policy perspective, perhaps the most dramatic legacy of past racial policies is the imbalance between white and non-white landownership. Under apartheid, 87 percent of the country’s land was reserved for white residents, who in 1995 constituted only 13 percent of South Africa’s population. Under these circumstances, property taxation takes on special importance as a potential means for expanding access to the land market. Roy Bahl and Johannes Linn have written:

[A]n equity argument may be at the heart of the matter: urban land prices are frequently so high that low-income groups cannot afford to purchase land…. To the extent that the revenue from property taxes is capitalized into lower current land values (since the tax reduces the expected future private yield on the land), it partially expropriates landownership rights from the present owner and also constitutes a loan to future owners, who can now acquire the land at a lower price but will have to pay property taxes in the future. If low-income groups cannot buy land because they lack liquidity and access to capital markets, property taxation may be one of the policy instruments to improve their access to landownership. (2)

Tax Collections and Tax Revolts

The government faces the challenge of reversing a “culture of nonpayment” for municipal services among township residents. During the apartheid era, the African National Congress (ANC) encouraged its supporters to refuse payment of water and utility charges as a means of contesting the legitimacy of the state-sponsored black local authorities. The resulting arrears were a major financial burden on all levels of government. Now the ANC seeks to promote voluntary payment for these same services, and as well as payment of real property taxes by those who now are able to hold title to their property.

Ironically, one tax protest that received wide publicity took the form of a property tax revolt in one of the nation’s wealthiest white residential areas, the Sandton suburb of Johannesburg. When property tax rates doubled and tripled there in 1996, many local property owners withheld payment in protest. This situation illustrates one of the most paradoxical aspects of the fiscal challenge to the new South Africa: the need to redress the enormous imbalance in resources across racial groups while commanding support from white citizens who feel over-taxed.

On the one hand, the disparities in needs and resources are overwhelming. Households falling below the official poverty level include only 0.7 percent of the white population, but 65 percent of the black population. At the same time, many white taxpayers feel overburdened by taxes-income tax rates, for example, can reach 45 percent on earnings over $22,000-and resentful of nonpayment by some township residents. In Alexandra, a black township inside Sandton, last year’s tax collection rate was only 3 percent. Any effort to meet the pressing fiscal needs of the new South Africa must take into account the vastly different perceptions of contribution and entitlement across its diverse population.

Perspectives on Future Directions

In July, a conference at the University of South Africa in Pretoria brought together governmental officials, policy analysts, academics and international experts to consider local government design and fiscal capacity. Brief overviews of two of the more than 30 presentations at that conference give a sense of the range of issues debated there, from concrete points of physical engineering to theoretical questions of intergovernmental fiscal relations.

At the most basic level, the definition of revenue needs depends on a prior decision as to the scope of local services to which all citizens are entitled. Given that large township areas have grown up without standard infrastructure, what goals should the government set for provision of water, electricity and roads?

Peter Vaz of the official Financial and Fiscal Commission outlined an approach to the monumental task of estimating the cost of providing the minimum services that each citizen can expect. The South African constitution enumerates 27 guaranteed rights, including the right to equality, to human dignity, to life, to freedom of expression, to a healthy environment, to housing, to health care services, to sufficient food, water and social security, to education, to information. The Commission is considering attempts to identify three levels of services-basic, intermediate and full provision. It is also looking at the cost of extending six services to urban and rural areas: water, sewerage, solid waste, roads, stormwater, electricity. For example, the basic level of water provision might be a communal standpipe, the intermediate level a yard tap, and full provision a house connection. The capital cost of each service package then provides a first estimate of the revenue necessary to meet the guarantees relevant to local government activities.

The broadest fiscal questions concern the allocation of taxes and functions among levels of governments. Rudolph Penner of the Barents Group stated that his general support for decentralization in transition economies was tempered in the case of South Africa. The model of voters as consumers choosing a set of local services in exchange for payment of local taxes is not necessarily applicable or desirable in this context. The strong ideological background to politics in South Africa means that voters are not primarily making a local electoral choice on the basis of economic policy. Moreover, the history of apartheid makes self-selected homogeneous groupings unacceptable if they lead to segregation by income class or race. Penner concluded that fiscal decentralization in South Africa must be of a more restrained variety than might be appropriate elsewhere.

These considerations serve only to highlight the sweeping reconsideration of all public institutions and their mandates that has accompanied the initiation of a new era in South African history. Improvements in land policy and taxation may play a significant role in assisting this immense task of national self-transformation.

Joan Youngman is a senior fellow of the Lincoln Institute, where she directs the Program on the Taxation of Land and Buildings. She and Martim Smolka, senior fellow for Latin America Programs, served on the faculty of the July conference at the University of South Africa.

Notes:

1. South African Department of Land Affairs, Our Land: Green Paper on South African Land Policy (1996), p. 9.

2. Roy W. Bahl and Johannes F. Linn, Urban Public Finance in Developing Countries (Oxford: Oxford University Press, 1992), p. 168.

What are the names of South Africa’s official languages?

A recent newspaper trivia puzzle gives a startling perspective on the enormity of the political, legal and cultural changes experienced by South Africa since 1993, and the difficulty foreign observers face in grasping the scope of these transformations.

The original answer to the question about official languages was given as English and Afrikaans. One week later, a correction noted that South Africa’s major tribal languages should also be included. So the full answer lists ten official languages:

English

Afrikaans

Ndebele

Northern Sotho (Sepedi)

Southern Sotho (Sesotho)

Swati

Tsonga

Tswana (Setswana)

Venda, Xhosa

Zulu

Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 7 del CD-ROM Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

Como Visiting Fellow en el Lincoln Institute y Loeb Fellow de la Harvard University Graduate School of Design durante el curso académico 2004–2005, Mario Navarro ha emprendido un análisis crítico de la innovadora política de financiación de vivienda desarrollada en Chile durante los últimos 30 años. El objetivo del estudio, resumido aquí, es ayudar a los diseñadores de políticas de vivienda de los países en vías de desarrollo a entender el modelo chileno como alternativa para proporcionar viviendas a personas de sectores de ingresos bajos y moderados.

Hasta principios de los años 70, los programas de vivienda de los países en vías de desarrollo consistían en iniciativas patrocinadas por el gobierno para diseñar, construir y vender viviendas usando préstamos con tasas de interés subvencionadas. Estas políticas eran generalmente de escala limitada e inaccesibles por las familias pobres o no claramente orientadas en las mismas, y a menudo eran ineficaces (mayo de 1999). Conscientes de estos problemas, las organizaciones de desarrollo internacionales de mediados de los 70 empezaron a dirigir sus préstamos y consejos a países en vías de desarrollo basándose en la nueva estrategia de nuevas “necesidades básicas”, que consistía en proporcionar sitios y servicios, mejora de asentamientos informales, y vivienda básica (Kimm 1986).

Al mismo tiempo, e independientemente de estas organizaciones de desarrollo, Chile dio comienzo a varias reformas en el sector financiero y en programas de viviendas sociales, entre las que se encontraba la creación del primer programa del mundo en subsidiar la demanda para comprar viviendas (Gilbert 2004). Este modelo chileno se estableció diez años antes del método de “habilitación de mercados de vivienda” promovido por organizaciones internacionales como la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (Kimm 1986), el Banco Interamericano de Desarrollo (Rojas, Jacobs y Savedoff 1999) y el Banco Mundial (World Bank 1993). Según esta política habilitadora, los gobiernos generan incentivos y actúan como facilitadores, de modo que el sector privado produzca y financie las viviendas que necesita el país.

El modelo chileno ha influido en la política de vivienda de muchos países de América Latina, e incluso en la de otros continentes (Gilbert 2004; Gonzáles Arrieta 1997). No obstante, no se ha reconocido ampliamente como el primer programa en el que el gobierno desempeña la función de habilitador del mercado. Gilbert (2002), un experto importante del modelo chileno y su influencia en otros países, menciona que Chile se encaja en el modelo habilitador, pero mi estudio muestra que, más que sólo encajar, el modelo de vivienda chileno fue el precursor de la política. Las características principales de este programa (pagos puntuales en efectivo de una cantidad fija) corresponden “incuestionablemente al tipo de subsidio [para vivienda] que es menos problemático que otros” (Angel 2000).

El gobierno chileno, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU, fue el protagonista principal del éxito del modelo chileno. Durante los primeros 27 años de implementación de esta política (hasta 2001), el MINVU no sólo financió y gestionó los programas de subsidio, sino que también fue la compañía inmobiliaria más grande y el segundo banco hipotecario del país, en términos de número de viviendas construidas y número de préstamos hipotecarios concedidos.

Tres períodos de política de vivienda

¿Cuáles han sido los instrumentos y las cantidades de recursos públicos y privados que se adjudicaron a la construcción y a la mejora de la vivienda social en Chile? Mi estudio se divide en seis partes; las tres primeras revisan períodos bien definidos de la política de vivienda en los últimos 30 años, y las tres partes siguientes describen los acontecimientos más importantes en la evolución de esta política.

El primer período, de 1974 a 1984, estableció las bases de la política de vivienda basada en la habilitación de mercados. Durante esos 11 años, se llevaron a cabo profundas reformas en el sistema bancario. Los programas de subsidio a la vivienda fueron creados y después se ajustaron significativamente con el tiempo. Sin embargo, se dedicaron pocos recursos a los programas de vivienda, y el sector privado participó solamente en el suministro de vivienda para la clase media alta. Los recursos públicos no llegaron a los grupos más pobres, por lo que el déficit de la vivienda siguió aumentando.

El segundo período abarcó más de 17 años, de 1985 a 2001, y durante ese período la política se consolidó con una intervención estatal significativa. El terremoto que sacudió la zona central de Chile en marzo de 1985 marcó el máximo histórico de déficit de vivienda, llegando a más de un millón de unidades. Este acontecimiento precipitó una mayor atención al diseño de programas de vivienda y subsidio, así como un aumento del nivel de recursos adjudicados a estos programas. Estos dos factores fueron decisivos para atraer al sector privado al mercado de vivienda social. La continuidad de las políticas de vivienda implementadas por gobiernos democráticos que dieron comienzo en 1990 fue un esfuerzo estratégico para consolidar la confianza y los conocimientos que requería el sector privado para aumentar su participación en el mercado. El gobierno continuó su función en la construcción y financiación de viviendas para amplios sectores de la población, y el enfoque de los recursos mejoró con respecto al período anterior. Aunque la dedicación seguía siendo inadecuada, el gran logro de este período fue la reducción del déficit de vivienda a la mitad de lo que había sido a mediados de los 80.

El tercer período, de 2002 a 2004, corresponde a la implementación de la política de vivienda de habilitación de mercados. Aunque la política de la vivienda de Chile recibió reconocimiento internacional antes de 2001, sólo el 25 por ciento de sus recursos se adjudicaron a familias por debajo del nivel de pobreza. A ese nivel de rendimiento, se habrían tardado 24 años en eliminar el déficit de vivienda (Focus 2001). El MINVU estaba gastando más de la mitad de sus recursos en programas de construcción de vivienda directos y seguía funcionando como un banco, concediendo préstamos hipotecarios, aunque más del 70 por ciento de los pagos estaban vencidos (División Técnica 2001).

Política de vivienda actual

Para mejorar el enfoque de su adjudicación de recursos, en 2002 el MINVU empezó la transformación más importante de su política de vivienda desde 1974. Al mismo tiempo, el MINVU dejó de conceder préstamos hipotecarios y abandonó la construcción directa de viviendas. En 2004, el 96 por ciento de los recursos se dedicaba a programas de subsidio y sólo el 4 por ciento a programas de construcción. Los programas de vivienda más importantes para familias urbanas según esta nueva política de vivienda se describen aquí.

Para los residentes más pobres, el MINVU creó un programa de subsidio llamado Fondo Solidario de Vivienda (Financiación para Viviendas Cooperativas) con un subsidio inicial de US$8.400 por hogar. Los solicitantes necesitan tener US$300 en ahorros y deben presentar una propuesta de vivienda específica. El subsidio cubre el costo del suelo, la infraestructura y una unidad de aproximadamente 33 metros cuadrados que contenga cuarto de baño, cocina, espacio multiuso y dormitorio. Esto se considera como la primera fase de una vivienda que se construirá paulatinamente con el tiempo. El permiso de construcción municipal está aprobado de antemano suponiendo una ampliación de la unidad a un mínimo de 51 metros cuadrados.

Las familias deben hacer las solicitudes en grupos organizados de al menos 10 hogares y con el apoyo de una organización gestora, que puede ser una municipalidad, una organización no gubernamental o una firma de consultoría registrada en el MINVU. El ministerio ya no decide dónde y qué construir, ya que los grupos familiares presentan sus proyectos y el MINVU selecciona los mejores desde los criterios de desarrollo social de diseño y urbanístico. La organización gestora recibe los fondos para desarrollar el proyecto, implementar un plan de acción social y ayudar a las familias con apoyo técnico para ampliar sus unidades.

Las familias no reciben ningún otro subsidio para la ampliación, pero como no tienen que pagar una hipoteca pueden ahorrar para financiar los materiales y la mano de obra requeridos. El nuevo programa es flexible y también acepta proyectos que comprenden la compra de viviendas existentes o construcciones en espacios abiertos existentes dentro de una parcela para aumentar la densidad de las viviendas.

El mecanismo de selección beneficia a las personas que compran viviendas usadas por sobre las que compran viviendas nuevas. El objetivo era abrir un nuevo mercado para el sector de ingresos muy bajos, haciendo posible que compraran las viviendas que habían sido construidas por el gobierno durante los 30 años anteriores. Esta política también está considerada como una solución a los problemas tradicionales asociados con la mudanza de familias a nuevos proyectos urbanos en la periferia de las ciudades, lejos de redes sociales y laborales y más costosas a la hora de desplazarse al trabajo. Este programa se concentra en las personas que viven por debajo del nivel de pobreza (aproximadamente 632.000 hogares en Chile, equivalente al 19 por ciento de la población). Se han concedido casi 30.000 subsidios de esta clase al año desde 2002.

El segundo programa de subsidios fue diseñado para personas de bajos ingresos por encima del nivel de pobreza que eran los consumidores principales de los anteriores proyectos de vivienda desarrollados por el MINVU hasta 2001. Los subsidios pueden usarse para comprar viviendas nuevas o existentes o para construir una vivienda en su propio suelo. El subsidio es de US$4.500 para viviendas que cuestan US$9.000 o menos y disminuye linealmente hasta US$2.700 para viviendas hasta un límite de precio de US$18.000. Se han concedido casi 40.000 viviendas anualmente bajo este programa.

Debido a las mejoras de crédito ofrecidas por el MINVU, seis bancos privados firmaron acuerdos para conceder préstamos hipotecarios para viviendas con un valor inferior a US$18.000. Esta política fue capaz de reducir los requisitos de alquiler y permitir a los trabajadores informales reunir las condiciones necesarias para obtener préstamos hipotecarios. Para reducir los índices de morosidad, los préstamos requerían un seguro contra incendios y desempleo o la muerte de la persona. Se incluyen tres mejoras de crédito en los acuerdos del MINVU con los bancos.

1. Subsidio para costos de cierre: se da al banco una cantidad fija entre US$300 (si el costo de la vivienda es de US$9.000 o menos) y US$120 (para valores de la vivienda de hasta US$18.000) por cada préstamo concedido para financiar una vivienda subsidiada.

2. Subsidio implícito: el MINVU garantiza que el préstamo se venda en el mercado secundario al 100 por cien de su valor nominal. Si no ocurre esto, el MINVU paga la diferencia al banco.

3. Seguro contra impago: en caso de ejecución de hipoteca, el MINVU garantiza que el banco recuperará el saldo de la deuda y el costo de los trámites legales. Contrariamente a los préstamos de la FHA en EE. UU., la ejecución hipotecaria la realiza el emisor del préstamo, no el MINVU.

Algunos distritos temían que los subsidios se asignarían sólo al límite superior del precio permitido y que el mercado no proporcionaría ni vivienda ni crédito por viviendas de menos de US$15.000. Los resultados mostraron que la progresividad de los subsidios era suficiente para estimular el mercado a todos los niveles de precios enfocados por el subsidio (ver Figura 7.1.3.1 en archivo anexo).

El tercer tipo de subsidio es para viviendas entre 18.000 y 30.000 dólares estadounidenses para promover unidades para ingresos mixtos en proyectos de vivienda privados. Sólo se han concedido 6.500 subsidios de esta clase al año. El subsidio ofrece un capital inicial de US$2.700, pero las mejoras de crédito se eliminaron porque muchos bancos privados ya estaban originando préstamos hipotecarios en esta gama de precios.

Las tres últimas partes del estudio analizan (1) temas clave para generar una política de vivienda habilitadora de mercados, incluidos los costos de transacción, acceso a financiación bancaria, ahorros para viviendas y apoyo a familias para que puedan aprovecharse de los subsidios; (2) el impacto de los programas de vivienda en los ingresos familiares y la distribución de la renta nacional; y (3) lecciones sobre las finanzas de las viviendas aprendidas de la experiencia de Chile en los últimos 30 años o más.

Conclusión

Mi estudio analiza la política de vivienda chilena desde 1974, para entender mejor cómo se hizo posible incorporar la participación del sector privado y mejorar el énfasis en la asignación de recursos al sector más pobre. El estudio explora las decisiones tomadas, tanto las buenas como las malas, en los últimos 30 años, y particularmente en los tres últimos años, e identifica las funciones de diferentes actores sociales y económicos en el proceso. Los primeros resultados son alentadores. Al usar el mismo presupuesto para subsidios en cada uno de los cuatro últimos años, el MINVU aumentó al 57 por ciento el número de familias de los tres tramos de ingresos más pobres que se han beneficiado de subsidios de vivienda del gobierno (ver Figura 7.1.3.2 en archivo anexo).

A pesar del gran avance en viviendas sociales en Chile, quedan muchas tareas por hacer. Un informe del MINVU estima un déficit de vivienda de 543.000 unidades en 2000 y sugiere que se necesitan 96.000 unidades de vivienda nuevas cada año simplemente para satisfacer la demanda de familias nuevas (Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile 2004).

Los efectos en términos del uso del suelo también son notables. Hasta 2001, todas las unidades de vivienda construidas para familias de bajos ingresos en el área de Santiago fueron desarrolladas por el MINVU en nuevos proyectos de relleno en la periferia de la ciudad. El programa de Financiación para la Vivienda Cooperativa, establecido en 2003, alentó la adquisición de viviendas existentes y aumentó la densidad de las viviendas dentro de áreas ya urbanizadas. Como consecuencia, el porcentaje de estos tipos de viviendas empezó a aumentar considerablemente, de cero en 2001 al 23 por ciento en 2003 y hasta el 63 por ciento en 2004, con una disminución correspondiente del porcentaje de nuevas unidades de relleno desarrolladas en la periferia.

Chile tardó más de 28 años en implementar completamente la política de vivienda de habilitación de mercados. Espero que este estudio pueda ayudar a otros países a formular sus políticas de vivienda, de modo que todos los ciudadanos, sin importar su condición socioeconómica, pueden tener la oportunidad de ser propietarios de un hogar decente.

Mario Navarro fue director de la política de vivienda en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU) de 2000 a 2004. De 2004 a 2005 fue Loeb Fellow en Harvard y Visiting Fellow en el Lincoln Institute.

Referencias

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División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional. 2001. Informe de gestión: Diciembre de 2000. Santiago, Chile: Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Gilbert, A. 2002. Power, ideology and the Washington consensus: The development and spread of the Chilean housing policy. Housing Studies 17(2): 305–324.

———. 2004. Helping the poor through housing subsidies: Lessons from Chile, Colombia and South Africa. Habitat International 28(1): 13.

Gonzáles Arrieta, G. 1997. Acceso a la vivienda y subsidios directos a la demanda: Análisis y lecciones de las experiencias latinoamericanas. Serie Financiamiento del Desarrollo (63).

Kimm, P. 1986. Evolving shelter policies for developing countries. Second International Shelter Conference, Viena, Austria.

Mayo, S. 1999. Subsidies in housing. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. 2004. El déficit habitacional en Chile: Medición de los requerimientos de vivienda y su distribución espacial. Santiago, Chile: Política Habitacional y Planificación (321).

Rojas, E., Jacobs, M., and Savedoff, W. 1999. Operational guidelines for housing: Urban development and housing policy. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo.

World Bank. 1993. Housing: Enabling markets to work. Washington, DC: Banco Mundial.

Until recently, a foreclosure on an owner-occupied home in the United States was a relatively rare event. According to data from the Mortgage Bankers Association (MBA), foreclosure proceedings were initiated on approximately 0.3 percent of all owner-occupied housing units with a mortgage in each quarter from 1979:Q1 through 2006:Q2 (figure 1). Since mid-year 2006, foreclosure proceedings have more than tripled and now occur at the rate of at least 1 percent per quarter.

To place these percentages in context, in the 27 ⅟2 year period between 1979 and mid-2006, a cumulative total of 7.5 million foreclosure proceedings had been initiated at a rate of 275,000 per year. In the 3 ⅟2 year period between mid-2006 and year-end 2009, 6 million foreclosure proceedings had been initiated, at a rate of 1.7 million per year, a more than six-fold increase. The conditions for high foreclosure rates are in place for at least the next two years, suggesting that another 4 to 5 million owner-occupied homes will enter into foreclosure in 2010 and 2011.

What is a Foreclosure?

A house is seized by a mortgage lender in a foreclosure proceeding after three steps have occurred. First, the homeowner fails to make contractually obligated mortgage payments, a condition commonly known as default. If homeowners fail to make one or two monthly payments, they are known as 30- and 60-days delinquent, respectively. In many of these cases, the homeowner “self-cures” by making the missed payment(s) in full and paying an additional (contractually pre-specified) penalty. A homeowner who misses three consecutive monthly payments is known as 90-days delinquent, and the probability increases that the house will end up in foreclosure (Tanta 2007).

In the second step, the lender initiates foreclosure proceedings. This process varies by state and can take between 6 and 18 months to complete. In the third and final step, the court system assigns the ownership of the house back to the mortgage lender. In some states, after a foreclosure occurs lenders may try to obtain a “deficiency judgment,” which implies that the foreclosed homeowner must compensate the lender in an amount equal to the difference between the value of the house after the foreclosure and the outstanding loan balance of the mortgage (Ghent and Kudlyak 2009).

What Factors Lead to Foreclosure?

We learn about the root causes of foreclosure by first exploring how foreclosure rates vary across places and over time. Figure 2 shows a graph of 90-day delinquency rates by state in the second quarter of 2009, when the 90-day delinquent rate ranged from 1 percent to 6.5 percent. Two variables explain almost three-quarters of the cross-sectional variation in delinquency rates across states: (1) the statewide unemployment rate in August 2009; and (2) the percentage change in house prices over the three-year period from 2006:Q2 to 2009:Q2.

Table 1 shows the highest and lowest five states in terms of foreclosure rates in 2009:Q2. The states with the steepest declines in house prices and highest unemployment rates have the highest percentage of seriously delinquent borrowers. The two states with the most disparate outcomes are Nevada and North Dakota. In Nevada, house prices fell almost 50 percent; the unemployment rate was 13.2 percent in August 2009; and the 90-day delinquency rate on mortgages was 6.5 percent. In North Dakota, homes appreciated by almost 11 percent; the unemployment rate was a low 4.3 percent; and the 90-day delinquency rate on mortgages was only 1.0 percent.

Figure 3 shows the time-series patterns of the nationwide 90-day delinquency rate, the national unemployment rate less 4 percent, and an index of commonly tracked house prices known as the Case-Shiller-Weiss (CSW) index. The vertical line on the graph at 2006:Q2 marks the height of the housing boom. Over the 2006:Q2–2007:Q4 period, nationwide 90-day delinquency rates started rising after house prices started to decline, despite relatively stable unemployment rates. During the recession, unemployment increased, house prices continued to fall, and the 90-day delinquency rate rose dramatically.

Both figures 2 and 3 suggest that foreclosures are associated with two “triggers”—falling house prices and rising unemployment rates. The double-trigger theory of foreclosures posits that the potential for a foreclosure is highest when (1) a homeowner is “under water,” meaning the house is worth less than the outstanding loan balance of the mortgage (plus any applicable fees); and (2) the homeowner experiences a significant disruption to income, such as unemployment, divorce, or a health event. In addition to the aggregated state-level and nationwide data shown here, the double-trigger theory of foreclosures has been shown to fit foreclosure patterns in loan-level data sets as well (Foote, Gerardi, and Willen 2010).

The double-trigger theory suggests that being under water is a necessary condition for a foreclosure, because it means the homeowner cannot sell the house unless he or she is willing to write the mortgage holder a check at closing to make up the difference of the value of the house and the outstanding loan balance of the mortgage. Recent estimates by the First American Core Logic company suggest that more than 10.5 million properties—20 percent of all residential properties with mortgages—are currently under water; many of them were purchased between 2005 and 2007.

Figure 4 shows that house prices have declined by 40 percent in nominal terms (50 percent after accounting for overall consumer price inflation) from the peak of the housing market in 2006:Q2 through the end of 2009. Standard underwriting calls for a homeowner to make a 20 percent down payment on a house. Given the decline in house prices, homeowners who bought at the peak of the market using a standard down payment are still approximately 33 percent under water. For example, if a homeowner buys a house for $100,000 with an $80,000 mortgage at origination and it then loses 40 percent of value, it is worth only $60,000. The house is now 33 percent under water ($80,000 – $60,000) / $60,000.

Most economists believe that being under water is not a sufficient condition to lead to a foreclosure, although there is some debate on this issue (Goodman et al. 2009; Foote et al. 2010). As long as the house value is not too far below the outstanding loan balance of the mortgage, there is a nontrivial probability that the house will appreciate such that its price will be greater than the mortgage in a reasonable amount of time, and this probability has value called “option value.” Given this value, and given that foreclosure is costly for homeowners, economic theory suggests that many homeowners who are under water should not “optimally” default on their mortgage. In many cases, the available data support this prediction.

Once a homeowner is under water, however, the data suggest that an additional shock to a homeowner’s income strongly increases the odds of foreclosure. Consider the experience of a homeowner who is under water and suddenly loses his or her main source of income due to unemployment or illness. In this case, the house is worth less than the mortgage, so the owner cannot sell or pull equity from the house. Furthermore, the homeowner has reduced income, so after depleting savings cannot make the mortgage payment in full.

To illustrate the quantitative relevance of this point, table 2 shows state-level maximum unemployment benefits (UI) and average mortgage payments for the set of ten states shown in table 1. In many states, UI benefits are not large enough for a one-income family to make a full mortgage payment. In all states, the average mortgage payment consumes a sizeable percentage of monthly UI benefits, leaving little income for food, transportation, clothing, health care, and other essentials.

Should Foreclosures Be Prevented?

A foreclosure seems like a simple transfer of an asset (the house) from the current equity holder (the borrower) to the current debt holder (the mortgage holder), which occurs whenever the borrower defaults on a mortgage obligation. If a foreclosure is just a simple transfer of assets across agents in the economy, then a case can be made that society should not care about foreclosures, the same way that normal people typically do not care how many electric guitars trade hands on eBay in any given month.

However, a case can be made that foreclosures are an undesirable outcome for society in some cases. Many economists think that foreclosures have externalities, meaning people not directly involved in the foreclosure process bear costs every time a house enters foreclosure. For example, foreclosures are estimated to reduce the resale value of nearby homes (Lin, Rosenblatt, and Yao 2007). In addition, foreclosures are associated with other costs that may be socially undesirable, such as the well-being of children (Kingsley, Smith, and Price 2009).

Has the Government Prevented Foreclosures?

Since 2007, the federal government has established initiatives and put into place a set of policies to try to reduce foreclosures. One of the first major initiatives, called Hope for Homeowners, was established in the spring of 2008. This program tried to address the first trigger directly to reduce the number of homeowners who were under water by encouraging institutions and investors holding mortgages to “write down” principal on those mortgages until homeowners were no longer under water. Participation in the program by mortgage holders was voluntary, and the program was structured in such a way that few mortgage holders participated (Cordell et al. 2009). For example, only one person received assistance in the first six months of the program’s launch (Arnold 2009).

In February 2009, the Obama administration announced another major initiative to reduce foreclosures, the Home Affordable Modification Program (HAMP) program, funded with $73 billion of TARP money. Implicit in the HAMP program is the notion that delinquencies and foreclosures have occurred because mortgages underwritten during the housing boom were often exotic, expensive, and ultimately unaffordable.

Until recently, HAMP’s solution to reduce foreclosures was to modify the terms of these mortgages (by reducing the interest rate, extending the amortization period, and offering some forbearance) for the purposes of making the mortgage “affordable,” meaning the mortgage payment would not exceed 31 percent of the borrower’s income after the mortgage was modified. As originally written, the HAMP program did not require the mortgage lender to reduce any of the borrower’s mortgage balance, and many unemployed did not qualify to receive a mortgage modification.

Figure 5 shows data from the Mortgage Bankers Association on 90-day delinquency rates for subprime adjustable-rate mortgages and prime fixed-rate mortgages over the 1998–2009 period. It is clear that subprime adjustable-rate mortgages are much more likely to be seriously delinquent than prime fixed-rate mortgages. These data might help explain why policy makers crafting the HAMP program have, until recently, focused on refinancing people out of exotic or expensive mortgages and into more conventional or less expensive mortgages as a method of reducing aggregate foreclosure rates.

These policy makers might have presumed that refinancing people from mortgages associated with high default rates to mortgages associated with low default rates would, by construction, reduce the overall default rate on all mortgages. There are two problems with this logic. First, people most likely to default are least likely to get a prime mortgage. This implies the mortgage choice at origination may be indicative of the underlying default risk of the borrower. In other words, defaults of subprime mortgages are high because, in some cases, subprime mortgage borrowers had high default risk and could only get a subprime mortgage.

Second, and more important, the recent data suggest that the majority of mortgages currently in default are not subprime mortgages (table 3). Given the current situation, it seems that a program designed to reduce foreclosures in the aggregate should focus on the inherent reasons that households with good mortgages or good credit are defaulting: the double-trigger theory.

Will We Have More Foreclosures?

Both foreclosure triggers are still in place. Unemployment rates are high, and the Congressional Budget Office (2010) is forecasting the national unemployment rate will remain above 9.0 percent in both 2010 and 2011. And, many homeowners are still under water. Assuming that house prices and housing rents will increase at the same rate over the next few years—not an unreasonable assumption given the behavior of historical rent and price data prior to 1996 (Davis, Lehnert, and Martin 2008)—then house prices should be expected to rise in nominal terms by somewhere between 1 and 2.5 percent per year for the next two years. Given the slow expected pace of house-price growth, many homes now under water will continue to be under water in two years.

Against this gloomy backdrop, Congress and the Obama administration have taken steps recently to prevent more foreclosures. First, on March 26, the administration revised the HAMP program so that the recently unemployed will be offered between three and six months of payment reductions (forbearance). This adjustment to HAMP is in line with the recommendations of a well-known plan to reduce foreclosures, written by economists at the Federal Reserve Board and the Federal Reserve Bank of Boston, commonly called the Boston Fed plan (Foote et al. 2009). It is also similar to an existing plan in the State of Pennsylvania that makes loans to unemployed homeowners to enable them to pay their mortgage, called HEMAP. In addition, mortgage investors will be subsidized by the HAMP program for writing down principal when borrowers are under water.

Second, the Obama administration has set up a “Hardest-Hit” fund distributing $2.1 billion to state housing finance agencies in ten states with severe house price decline and high unemployment rates. The state agencies are free to design programs to reduce foreclosures, subject to some guidelines (Housing Finance Agency 2010).

My colleagues and I have worked on foreclosure relief policy and are hopeful these new initiatives—the modification to HAMP and the Hardest-Hit fund—might significantly reduce foreclosure activity over the next few years.

About the Author

Morris A. Davis is an associate professor in the department of real estate and urban land economics at the University of Wisconsin School of Business, and a fellow at the Lincoln Institute of Land Policy. He was one of the authors of the Wisconsin Unemployment and Foreclosure Relief Plan, which was designed to reduce foreclosure activity of the unemployed. He also maintains and updates the Lincoln Institute Web site database on Land and Property Values in the U.S. (http://www.lincolninst.edu/subcenters/land-values).

Acknowledgments

I have benefited greatly from conversations, help, and advice from Chris Foote, Jeff Fuhrer, Kris Gerardi, Eileen Mauskopf, François Ortalo-Magné, Erwan Quintin, Steve Malpezzi, and Paul Willen. All mistakes and errors are my own.

References

Arnold, Chris. 2009. Investors support overhauling homeowner program. NPR broadcast, April 16. www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=103148855

Congressional Budget Office. 2010. Current Budget Projections: Selected Tables from CBO’s Budget and Economic Outlook, Table E-1 (January). www.cbo.gov/ftpdocs/108xx/doc10871/economicprojections.pdf

Cordell, Larry, Karen Dynan, Andreas Lehnert, Eileen Mauskopf, and Nellie Liang. 2009. The incentives of mortgage servicers: Myths and realities. Uniform Commerical Code Law Journal 41: 347–374.

Davis, Morris A., Andreas Lehnert, and Robert F. Martin. 2008. The rent-price ratio for the aggregate stock of owner-occupied housing. Review of Income and Wealth 54(2): 279–284.

Foote, Christopher, Jeff Fuhrer, Eileen Mauskopf, and Paul Willen. 2009. A proposal to help distressed homeowners: A government payment-sharing plan. Public Policy Brief No. 09-1. Boston: Federal Reserve Bank of Boston. www.bos.frb.org/economic/ppb/2009/ppb091.htm.

Foote, Christopher, Kristopher Gerardi, Lorenz Goette, and Paul Willen. 2010. Reducing foreclosures: No easy answers. NBER Macroeconomics Annual 24(1): 89–138.

Foote, Christopher, Kristopher Gerardi, and Paul Willen. 2010. Should modifications ‘re-equify’ borrowers? A look at the data. Real Estate Research Blog, March 2. http://realestateresearch.frbatlanta.org/rer/2010/03/should-modifications-reequify-borrowers-a-look-at-the-data.html#more

Ghent, Andra C., and Marianna Kudlyak. 2009. Recourse and residential mortgage default: Theory and evidence from U.S. states. Working Paper No. 09-10. Richmond, VA: Federal Reserve Bank of Richmond.

Goodman, Laurie, Roger Ashworth, Brian Landy, and Ke Yin. 2009. Negative equity trumps unemployment in predicting defaults. Amherst Mortgage Insight, November 23: 1–8.

Housing Finance Agency. 2010. Innovation Fund for the Hardest-Hit Housing Markets (HFA Hardest-Hit Fund): Frequently asked questions, March 5. http://makinghomeaffordable.gov/docs/HFA%20FAQ%20–%20030510%20FINAL%20%28Clean%29.pdf

Kingsley, G. Thomas, Robin E. Smith, and David Price. 2009. The impacts of foreclosures on families and communities. Washington, DC: The Urban Institute.

Lin, Zhenguo, Eric Rosenblatt, and Vincent W. Yao. 2007. Spillover effects of foreclosures on neighborhood property values. The Journal of Real Estate Finance and Economics 38(4): 387–407.

Tanta. 2007. Delinquencies and defaults for ubernerds. Calculated Risk Blog, July 6. www.calculatedriskblog.com/2007/07/delinquencies-and-defaults-for.html

Sally Powers has been a visiting fellow in the Department of Valuation and Taxation at the Lincoln Institute of Land Policy since 2009. She was director of assessment for the City of Cambridge for thirteen years until 2001, when she became an international consultant. That work has taken her to Kosovo, Montenegro, South Africa, the Kyrgyz Republic, and Turkmenistan, among other countries, where she has participated in projects on property taxation, market value revaluations, and establishment of a valuation profession for a transition economy.

Her career as an assessment administrator and consultant has involved all aspects of property taxation: legal framework, property appraisal, value defense, local government finance, tax policy, project planning and execution, public information, software specification and testing, cadastral/GIS (geographic information systems) mapping and analysis platforms, and tax collection and enforcement. Her research interests focus on mass appraisal, specifically the application of econometric techniques to analyze market activity and develop models to estimate the market value of properties that have not sold. She has written on topics as diverse as appraisal modeling, implementation of the local property tax in Kosovo, and property tax collection strategies.

Powers received her bachelor’s degree in anthropology from the University of Chicago, and she holds a Master of Science degree from the Boston College Carroll School of Management.

LAND LINES: How does your work fit within the research and education program of the Lincoln Institute?

SALLY POWERS: The Lincoln Institute is a leader in property tax policy, and its work influences the local government officials responsible for the property tax in thousands of jurisdictions across the United States and internationally. The Department of Valuation and Taxation presents a variety of conferences, seminars, and courses for property tax professionals, and I have served as faculty for a number of these programs since the 1990s. I’m also involved in working directly with local tax practitioners and in research projects that will continue to challenge the conventional wisdom about the property tax.

LAND LINES: What are some of your current projects?

SALLY POWERS: One major project deals with a joint venture between the Lincoln Institute and the George Washington Institute of Public Policy to create a free, downloadable property tax database for all 50 U.S. states and the District of Columbia. The Significant Features of the Property Tax Web site was launched in June 2009, and the information is updated every year to keep current with changes in the legislation that regulates the property tax in each state.

We regularly expand the subject matter to be included, and have made the site a central access point for information about the property tax from a variety of federal, state, and scholarly sources. For example, the only nationwide study of effective tax rates is published by the Minnesota Taxpayers Association, and this publication is now available for downloading from the Significant Features site. The next topic we plan to organize for presentation on the Web site is the various forms of property classification for tax purposes.

LAND LINES: Can you clarify what an effective tax rate and classification mean, and why they are important aspects of this database?

SALLY POWERS: The property tax rate by itself does not explain much about the property tax burden in a particular community or provide any basis for comparison across jurisdictions. A high tax rate may simply reflect low property values, and a low tax rate may reflect very high values. Effective tax rates are calculated by comparing the amount of the property tax bill for a property to its market value, which may or may not be the same or even close to its assessed value. Effective tax rates, where they are available, thus make it possible to understand the impact of a tax bill intuitively and to make better informed cross-jurisdictional comparisons.

Classification of property is undertaken by many states, either legislatively or in the state’s constitution, to identify property categories based on use, the most common uses being residential, commercial, and industrial. In some states the classifications are applied for identification and reporting purposes only. However, it is employed more frequently to tax favored classes at lower rates than other classes. The most favored classes are generally residential and agricultural uses.

LAND LINES: Based on your research, how well is the property tax holding up as a primary local revenue source during the current recession?

SALLY POWERS: There are two major components to a property tax bill: the property value and the tax rate, as discussed above. In states where local tax jurisdictions are not encumbered with extreme limits on tax rates, the property tax can be quite resilient, because when values decrease the tax rate may be increased. In addition, the value always represents an assessment as of a specific date prior to the issuance of the tax bill. It is not unusual for this assessment date to be a year and a half or more before the date of issuance of tax bills. This “assessment lag” gives local jurisdictions a cushion in times of rapidly changing markets, with time to plan for the eventual change in the level of assessed values and to investigate other local revenue sources. To date, research on property tax revenues during the current down-turn has borne out these features of the property tax.

LAND LINES: It’s clear that the American property tax is a complex affair. How does this compare to your experience in other countries?

SALLY POWERS: International experience with the property tax varies greatly, depending on the maturity of the property tax system, the culture, and the legal underpinnings for the tax. The projects I worked on in Eastern Europe were introducing a market value based property tax. Political leaders and central and local public officials had no difficulty with the concept of market value. Valuation methods were uncomplicated and directly related to sales. A common theme in the U.S. and many other countries, however, is the desire to make the burden of the property tax smaller for residences than for businesses. Some of the proposed formulas to provide tax relief are extremely complicated, such as relating property value to household size and ages of household members.

LAND LINES: How widespread is the property tax?

SALLY POWERS: It is quite surprising how many countries assess some form of tax or fee on property or property rights. Another Lincoln Institute project I am working on is the African Tax Institute (ATI), a joint venture with the University of South Africa at Pretoria. More than ten research fellows at ATI have visited one or more of 38 countries to develop in-depth reports on the various forms of tax on property (Franzsen and Youngman 2009). Most of those reports and supplemental appendices are posted on the Lincoln Institute Web site as working papers. In every country studied the researchers found some sort of tax or fee on ownership or use of property. In many countries all land is owned by the government, but the rights to use the land are owned by individuals and companies that pay fees and taxes on their use rights.

In countries of the former Yugoslavia, for example, the property tax is a familiar concept. In the early 1990s, the Federal Republic of Yugoslavia established a privatization program that transferred ownership of government-owned apartment flats to individual owners. An annual tax was assessed on the owners, based on the characteristics of the property.

LAND LINES: Can you describe more about your interest and experience in econometrics applied to property market data.

SALLY POWERS: I was plunged into multiple regression analysis on my very first property tax job for the City of Boston in 1982. I was part of the team hired to use statistical analysis to develop models (formulas) that could be applied to property data to estimate market value. I was fortunate because the city hired some of the top experts in this emerging field to train us in these methods. Since then, both as an assessor and later as a consultant, I have continued to use econometric tools to estimate market value for property tax application.

It has been fascinating to participate in the increasing sophistication and effectiveness of CAMA (computer assisted mass appraisal) to generate AVMs (automated valuation models). The biggest leap in this technology takes advantage of GIS capabilities to analyze location and property value. I am looking into an econometric tool for CAMA application that analyzes data around median values rather than the mean. This is interesting because the current statistical standards for value accuracy and uniformity are calculated around the median because, compared to the mean, it measures average value with less bias from extremely high or low values.

LAND LINES: Do you have any other observations about the Institute’s work in the current volatile realm of property taxation?

SALLY POWERS: As a visiting fellow at the Lincoln Institute, I have found it especially gratifying to see the increasing public interest in the Significant Features of the Property Tax database. The Web site has been cited by many scholars in the field of local public finance, and the authors of two papers presented at recent Institute seminars used data from the site for their analyses.

Adding to its Web-based resources, the Lincoln Institute has produced more than 10 online courses on such diverse topics as property tax policy, modern valuation technologies, property tax reform in Massachusetts, and introduction of the property tax in transition economies. The IAAO (International Association of Assessing Officers), the leading membership organization for tax assessors and other property tax professionals, has recognized the value of these courses, and now its members can receive continuing education credit for taking them.

Finally, the Institute has inspired more economists to become interested in property tax valuation and equity issues. For example, economists from the University of Illinois and Florida State University are conducting studies of assessment equity that introduce contemporary econometric tools to both display and analyze patterns of overvaluation and undervaluation of property in assessing jurisdictions.

Visiting fellow Dan McMillen (2011), working with a rich data-set that includes the City of Chicago, will present his analysis and conclusions at the next annual conference of the IAAO. I will be on hand to help make his innovative findings accessible not only to the statistical analysts in the audience, but also to property tax assessors who are interested in improving values in their own jurisdictions.

References

Franzsen, Riel C. D., and Joan M. Youngman. 2009. Mapping property taxes in Africa. Land Lines 21(3): 8-13.

McMillen, Daniel P. 2011. Assessment regressivity: A tale of two Illinois counties. Land Lines 23(1): 9-15.

Significant Features of the Property Tax. www.lincolninst.edu/subcenters/significant-features-property-tax

Over the past several decades, the structure of the U.S. economy has changed as it experienced a continuing reduction of overall employment in manufacturing and ongoing growth in the service sector, especially services involving knowledge workers. The geographic distribution of activity has also changed as population has continued to shift from the seasonal Northeast and Midwest to the warmer South and West. Finally, within metropolitan areas, populations and employment moved from cities to the suburbs as trucking and automobile travel became ubiquitous. These three trends have left many cities in the Northeast and Midwest with much smaller populations, weaker economies, fewer manufacturing jobs, and an inability to offset lost employment opportunities with gains from sectors that are expanding nationally. These are today’s legacy cities, which often have excess infrastructure capacity, underutilized housing stocks, and fiscal stress related to past obligations from public sectors now greatly diminished in size. A recent Lincoln Institute policy focus report, Regenerating America’s Legacy Cities, by Alan Mallach and Lavea Brachman, reviews the performance of a sample of these urban areas and identifies steps the more successful cities have taken to produce stronger outcomes.

While the declines of legacy cities have common causes, their economic performance has become quite diverse in recent decades, as some have delivered much stronger economic, institutional, and fiscal results than others. All legacy cities have an array of assets including infrastructure, neighborhoods, institutions, populations, and ongoing economic activity. Differences in their comparative performance are related to how local policies and leadership have leveraged existing inventories of these assets. In particular, recovering legacy cities have built upon and expanded existing institutions in research, medicine, health, and education. They have also exploited the growing interest in urban neighborhoods where it is easy to walk to stores and restaurants, and where residential densities are higher than those in most suburban communities. Recovering cities also typically have maintained or attracted more educated residents and have seen growth in knowledge-related activities.

Legacy cities that have seen their economies begin to transform and grow again have not necessarily experienced population increases. The population of most legacy cities peaked in the mid-20th century and then declined. Buffalo and St. Louis, for example, had lower populations in 2000 than in 1900. Sometimes the decline in city populations is offset by suburban growth, so that metropolitan populations do not decline. But some successful legacy cities, such as Pittsburgh, have experienced modest population declines even at the metropolitan level. Changing the composition of city populations and economic activity is more important for success than population growth alone.

The successful recovery of legacy cities normally has not resulted from megaprojects that focus on redevelopment, but on the accretion of many small steps with a large cumulative impact—an approach Mallach and Brachman have dubbed “strategic incrementalism.” Their research shows that successful legacy cities have pursued such an approach continually and relentlessly. The key elements of strategic incrementalism require the evolution of new forms for a city’s physical organization, economic components, governance, and linkages to its surrounding region. Physically, the practice involves focusing on the city’s central core, its key neighborhoods, and the management of vacant land. Economically, it involves restoring the economic role of the city based on its comparative advantages and existing assets, sharing the benefits of growth with its population, and strengthening connections to the city’s region. Cities also must strengthen their governance and address the flow of services and fiscal resources between the city and the municipalities in the greater metropolitan area.

Legacy cities have declined over many decades, and recovery will take time and require patience. While the performance of some, such as Camden, NJ, continues to deteriorate, others show signs of progress. In Pittsburgh, Philadelphia, Milwaukee, and other legacy cities on the rebound, economic performance has improved, and the rates of unemployment, crime, and poverty have fallen below national averages despite the fact that populations remain well below their peak 60 years ago.

For additional information on the determinants of legacy city success, see http://www.lincolninst.edu/pubs/2215_Regenerating-America-s-Legacy-Cities.

The property tax is the most widely unpopular tax in America. States have responded to this public opposition by enacting a range of tax relief policies, especially for homeowners (Cabral and Hoxby 2012). Among the most commonly adopted programs are homestead exemptions and property tax credits; all but three states have at least one of these programs. But despite their broad use and their potentially large impact on the distribution of property tax burdens, there has been remarkably little data available on the tax savings generated by property tax exemptions and credits.

Two new resources, available through the Lincoln Institute’s Significant Features of the Property Tax subcenter, begin to fill this need. These tables provide information for each state on the share of homeowners eligible for these programs and the level of tax savings they receive, as well as an analysis of how eligibility and benefits vary across the income distribution (see box 1, p. 26). This article draws on these resources to provide the first national study of property tax exemptions and credits with estimates of tax savings from these programs. With this information, policy makers have a critical tool to evaluate and improve the effectiveness of their property tax relief programs.

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Box 1: State-by-State Details on Property Tax Exemptions and Credits

The Significant Features of the Property Tax sub-center provides three key resources with information on property tax exemptions and credits in all 50 states; it is accessible at www.lincolninst.edu/subcenters/significant-features-property-tax.

Tax Savings from Property Tax Exemptions and Credits

This online Excel file includes estimates of tax savings from programs in individual states (see abbreviated example below), plus overview tables that make it easy to compare across states. For each program, the file provides estimates of the number of eligible homeowners and the median benefit, as well as a distributional analysis by income quintile. This is the first time that detailed data are available for most of these programs.

Summary Table on Exemptions and Credits

This online Excel file includes a set of tables for 167 programs displaying the value of exemptions expressed in terms of market value; criteria related to age, disability, income, and veteran status; the type of taxes affected (i.e., school or county taxes); whether the tax loss is borne by state or local governments; local options; and more. The summary table makes it easy to conduct quantitative analysis of these programs or make quick state-by-state comparisons. The information in these tables was used to generate the tax savings estimates.

Residential Property Tax Relief

This section of the Significant Features website includes detailed descriptions of property tax exemptions and credits, which were used to create the online Summary Table on Exemptions and Credits. It also describes other types of property tax relief, such as circuit breakers and tax deferral programs.

Notes: Total tax savings from the Senior and Disabled Property Tax Homestead Exemption ($392M) is less than the combined total of the programs for Seniors ($378M) and the Disabled ($22M), because homeowners who are 65+ and disabled cannot claim the exemption twice. The online Summary Table shows that the Senior and Disabled Exemption is a $25,000 exemption for homeowners who are 65+ or disabled; the two Rollback programs are percentage exemptions of 2.5% and 10% for all owner-occupied residences. Source: Lincoln Institute of Land Policy (2015).

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How Property Tax Exemptions and Credits Work

Property tax relief programs come in a variety of forms. Homestead exemptions reduce the amount of property value subject to taxation, either by a fixed dollar amount or by a percentage of home value. Property tax credits, in contrast, directly reduce the homeowner’s tax bill by a fixed dollar amount or certain percentage.

As table 1 illustrates, programs designed to provide identical benefits to owners of $200,000 homes have widely different impacts on homeowners with higher- and lower-valued properties. Given a 1% tax rate, a $20,000 flat dollar exemption reduces property taxes for each homeowner by $200 ($20,000 x 1%). This program has a progressive impact on the property tax distribution because lower-income households tend to have less valuable homes, and the exemption represents a larger share of their home values. In this case, the $20,000 exemption reduces property taxes by 20% on the $100,000 home, 10% on the $200,000 home, and 5% on the $400,000 home.

A percentage exemption, in contrast, provides the same percentage reduction in taxes for all three homeowners—in this example, 10%. In dollar terms, however, percentage exemptions favor owners with higher-valued homes: a 10% across-the-board reduction lowers property taxes by only $100 on the $100,000 home but $400 on the $400,000 home.

In the case of flat dollar credits, homeowners with lower-valued homes usually receive the largest tax cuts in percentage terms. In contrast, the percentage tax credit again provides the owner of the $400,000 home the largest tax cut in dollar terms.

An important feature of property tax exemptions and percentage credits is that the dollar reduction (but not the percentage reduction) in taxes increases with tax rates. For instance, if the homes in table 1 were subject to a 2% tax rate, the dollar savings to their owners would double under the $20,000 exemption, 10% exemption, and 10% credit. While the dollar savings from flat dollar credits do not vary with tax rates, the percentage savings to homeowners decrease as tax rates rise.

Critical Features of Exemptions and Credits

The design of homestead exemption and property tax credit programs varies significantly across the 50 states. Figure 1 (p. 28) summarizes the number and share of state programs with the following key characteristics.

Benefit Calculation

Perhaps the most important feature of property tax relief programs is how benefits are calculated. In 2012, 59% of state programs provided flat dollar exemptions, 19% provided percentage exemptions, and the final fifth used property tax credits or other more complicated formulas to determine the amount of tax relief for each homeowner.

While the programs work in similar ways, their effects differ dramatically. As the examples in table 1 show, flat dollar exemptions and credits make the property tax distribution more progressive, while percentage exemptions and credits do not. As a result, to provide a certain level of tax relief for the median homeowner, percentage exemptions are more expensive than other programs because they result in larger property tax cuts for owners of higher-valued homes. Instead of changing the distribution of property taxes among homeowners, percentage exemptions are primarily a way to shift the tax burden away from homeowners as a group to businesses, renters, and owners of second homes.

State vs. Local Funding

The ultimate impact of exemptions and credits on property tax bills depends on how the programs are funded. Figure 1 shows that in 2012 only 28% of these programs included full state reimbursement to cover local revenue losses, while 57% had local governments bear revenue losses on their own. For 15% of programs, state and local governments shared the revenue loss in some way. (Broad-based programs for all homeowners or all seniors are more likely to receive state funding than programs for smaller groups such as veterans or the disabled. In 2012, 43% of tax relief programs for all homeowners or seniors were state-funded, 48% were locally-funded, and the rest split the revenue loss [Lincoln Institute of Land Policy 2014].)

The primary argument in favor of state funding of property tax exemptions and credits is that it can help mitigate disparities in property wealth across localities. Poorer communities and those without a significant business tax base typically have higher property tax rates, and these communities receive more funds per homeowner under state-funded programs. Without this assistance, communities with higher tax rates will experience larger revenue losses from tax relief programs unless they increase tax rates even further.

Seniors vs. All Age Groups

A number of states provide property tax relief for seniors. In 2012, more than a third favored seniors in some way: seven had statewide programs solely for this group, while 11 also covered younger homeowners but provided higher benefits for older homeowners. Other states provided either the same level of benefits for homeowners of all ages (15 states) or did not have broad-based programs (18 states).

Common arguments for targeting senior homeowners is that property taxes account for a larger share of their incomes, and local governments spend less on seniors than on younger homeowners with school-aged children. While it is true that property taxes account for a larger share of income for seniors than for working-age homeowners, the two groups devote nearly identical shares of their incomes to total housing costs because seniors are far less likely to have mortgages (Bowman et al. 2009, 11). In addition, property taxes are payments for public services, not user fees (Kenyon 2007, 36). Younger households without children in public schools do not benefit from property tax relief under these programs. The preferential tax treatment of seniors may simply reflect the fact that older households are a politically powerful group that votes in high numbers.

Estimating the Benefits of Exemptions and Credits

To estimate tax savings from homestead exemptions and property tax credits, the first step was to create the online Summary Table on Exemptions and Credits, which describes the key features of each program (see box 1 for description). These data draw almost entirely from the Residential Property Tax Relief Programs section of the Lincoln Institute’s Significant Features of the Property Tax database.

The second step was to combine this information with household-level data from the 2008–2012 American Community Survey (ACS). This nationally representative survey has data on more than 6.5 million U.S. households, including the household characteristics that determine program eligibility (age, income, disability, veteran status, etc.) and level of benefits received (home values and property tax bills). For a full explanation of the methodology used to estimate tax savings from exemptions and credits, see Langley (2015).

It is important to note that the estimates reported here are gross property tax savings. Tax relief programs often lead to higher property tax rates, especially under locally-funded programs where jurisdictions raise tax rates to offset the drop in the tax base from the exemptions. Estimates of net property tax savings would be lower in those communities, because the higher tax rates offset some of the direct tax relief provided from exemptions and credits.

Figure 2 shows that total property tax relief from homestead exemptions and property tax credits varies widely across states, but is generally small relative to total property tax revenues. In 14 of the 45 states with these programs, total savings are less than 0.5% of property tax revenues; in 27 states, the savings are less than 2.5%. At the same time, though, tax savings in nine states equal or exceed 10% of total property tax revenues. Indiana’s program is particularly generous, offering all homeowners a $45,000 exemption, then an additional 35% exemption for the first $600,000 in assessed value and a 25% exemption for value above $600,000.

Tax Savings for Different Types of Programs

Most states have more than one property tax exemption or credit program, with different programs targeting different groups of taxpayers—typically all homeowners, seniors, veterans, or the disabled. Figure 3 presents estimates on the share of homeowners eligible for these programs, along with the level of tax savings they receive.

Homeowners

Programs in 26 states are for nearly all homeowners, but usually limited to owner-occupied primary residences. In the typical state with these programs, the median homeowner receives a 12.5% cut in property taxes. On the high end, however, the median property tax cut was at least 25% in more than a quarter of states with these programs.

Seniors

Property tax relief programs in 18 states target older homeowners (typically at least age 65). These programs are much more generous than those covering all homeowners, with a median tax reduction of nearly 30% in the typical state. More than half of these programs provide a median tax cut of at least 25%, while only a sixth of them provide a median tax savings of less than 10%.

In the median state, 19.6% of homeowners are eligible for the programs, but eligibility rates vary greatly across states depending on whether there is an income ceiling. In the seven states that provide property tax relief to seniors regardless of income, 25–30% of homeowners are typically eligible. But in seven states with low income cutoffs ($10,000 to $30,000), only 5–10% of homeowners qualify. The other four states with property tax relief programs for seniors do not fit neatly into these two categories because they have higher income ceilings, strict wealth limits, or other eligibility criteria.

Veterans

State programs for veterans are more common than for any other group of homeowners, although eligibility is often limited to those who are disabled. Indeed, only 10 states provide property tax exemptions or credits for all veterans, even those without disabilities. In the median state with these programs, the typical beneficiary receives a property tax cut of just 3.2%.

There are 31 states that provide property tax exemptions or credits to veterans with service-connected disabilities. Because of the disability requirement, most veterans are ineligible for the programs. Indeed, only 15% of veterans qualify in the typical state. Overall, just 0.6% of homeowners are eligible for these programs in the median state.

Moreover, most of the 31 programs base eligibility and benefit levels on disability ratings from the Department of Veterans Affairs. Just seven states have programs for all partially disabled veterans, and veterans with lower disability ratings typically receive modest tax savings. On the other hand, 18 states restrict eligibility to veterans who are permanently and totally disabled. These programs benefit a very small share of veterans, but they usually provide a full 100% exemption.

Disabled

Programs in 23 states cover disabled homeowners, but really target two distinct groups: disabled homeowners and blind homeowners. In 2012, 12 states had programs for disabled homeowners, seven states had programs for the blind, and five states covered both groups. Programs for the disabled typically require beneficiaries to be permanently and totally disabled, but exact criteria vary. In the median state, 2.3% of homeowners are eligible for these programs and they receive a median property tax cut of 21%.

Conclusion

Homestead exemptions and property tax credits are an important part of the property tax system. These programs are used in nearly all states and can make the distribution of property taxes significantly more progressive. It is therefore critical that policymakers have good data on the property tax relief that these programs actually provide.

New research makes this information available for the first time. Using the Lincoln Institute’s Significant Features of the Property Tax subcenter, policymakers can easily compare key features of property tax exemption and credit programs across states, and see estimates of eligibility and tax savings. These data make it possible to evaluate the impacts of property tax exemptions and credits in their particular states as well as find ideas for program improvements.

Adam H. Langley is Senior Research Analyst at the Lincoln Institute of Land Policy. Special thanks go to Andrew Reschovsky, who provided extensive comments on this article and other related papers.

References

Bowman, John H., Daphne A. Kenyon, Adam Langley, and Bethany P. Paquin. 2009. Property Tax Circuit Breakers: Fair and Cost-Effective Relief for Taxpayers. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Cabral, Marika, and Caroline Hoxby. 2012. “The Hated Property Tax: Salience, Tax Rates, and Tax Revolts.” Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. Working paper 18514. November.

Kenyon, Daphne A. 2007. The Property Tax-School Funding Dilemma. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Langley, Adam H. 2015. “Estimating Tax Savings from Homestead Exemptions and Property Tax Credits.” Working paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Lincoln Institute of Land Policy. 2014. Significant Features of the Property Tax. Residential Property Tax Relief Programs: Summary Table on Exemptions and Credits in 2012. www.lincolninst.edu/subcenters/significant-features-property-tax/Report_Residential_Property_Tax_Relief_Programs.aspx

Lincoln Institute of Land Policy. 2015. Significant Features of the Property Tax. Tax Savings from Property Tax Exemptions and Credits in 2012. www.lincolninst.edu/subcenters/significant-features-property-tax/Report_Residential_Property_Tax_Relief_Programs.aspx

Responding to decades of poverty, poor housing, inadequate health care, rampant crime, deficient schools, poorly planned infrastructure, and inequitable access to services, citizens in about half of Brazil’s 60 major cities voted in October 2000 for mayors from left-wing parties noted for advocacy, honesty and transparency. These reform administrations are introducing new hopes and expectations, but they inherit long-standing mistrust of municipal bureaucrats and politicians, who traditionally have been lax and often corrupt. These new governments also confront the dismal fiscal prospects of low tax receipts, weak federal transfers, and urban land markets that produce segregated neighborhoods and profound inequalities.

The strongest left-wing party, the Workers’ Party (in Portuguese, the Partido dos Trabalhadores or PT), held on to the five large cities it had won in the 1996 election and added 12 more. These PT governments hope to universalize services, thus bypassing traditional top-down methods and giving residents an active role in their local governments. In the process these governments are reinventing local democracy, invigorating politics, and significantly altering the distribution of political and symbolic resources. The most remarkable case may be Porto Alegre, the capital of Brazil’s southernmost state, Rio Grande do Sul, where the PT won its fourth consecutive four-year term with 66 percent of the vote, an example that may have encouraged Brazilians in other cities to vote for democratic reforms as well.

Porto Alegre, like cities everywhere, reflects its national culture in its land use patterns, economic structure and distribution of political power. Brazil’s larger social system employs sophisticated mechanisms to assure that its cities continue to follow the same rules, norms and logic that organize the dominant society. Because Brazilian society is in many respects unjust and unequal, the city must constantly administer to the effects of these broader economic and political constraints.

At the same time, no city is a pure reflection, localized and reduced, of its national social structure. Any city can bring about and reproduce inequality and injustice itself, just as it can stimulate dynamic social structures and economic relations. To the extent that the city, and especially its government, determines events, then the effects can be positive as well as negative. It is not written in any segment of the Brazilian social code, for example, that only the streets of upper- and middle-class neighborhoods will be paved, or that water supply will reach only the more privileged corners of the city.

Participatory Budgeting

In Porto Alegre, a popular front headed by the PT has introduced “participatory budgeting,” a process by which thousands of residents can participate each year in public meetings to allocate about half the municipal budget, thus taking major responsibility for governing their own community. This reform symbolizes a broad range of municipal changes and poses an alternative to both authoritarian centralism and neoliberal pragmatism. Neighbors decide on practical local matters, such as the location of street improvements or a park, as well as difficult citywide issues. Through the process, the PT claims, people become conscious of other opportunities to challenge the poverty and inequality that make their lives so difficult.

Participatory budgeting in Porto Alegre begins with the government’s formal accounting for the previous year and its investment and expenditure plan for the current year. Elected delegates in each of 16 district assemblies meet throughout the year to determine the fiscal responsibilities of city departments. They produce two sets of rankings: one for twelve major in-district or neighborhood “themes,” such as street paving, school construction, parks, or water and sewer lines, and the other for “cross-cutting” efforts that affect the entire city, such as transit-line location, spending for beach clean-up, or programs for assisting the homeless. To encourage participation, rules set the number of delegates roughly proportional to the number of neighbors attending the election meeting.

Allocation of the investment budget among districts follows “weights” determined by popular debate: in 1999, weights were assigned to population, poverty, shortages (e.g., lack of pavement), and citywide priorities. Tension between city hall and citizens has led to expanded popular involvement, with participatory budgeting each year taking a larger share of the city’s total budget. Priorities have shifted in ways unanticipated by the mayors or their staffs.

Participants include members of the governing party, some professionals, technocrats and middle-class citizens, and disproportionate numbers of the working poor (but fewer of the very poor). This process brings into political action many who do not support the governing party, in contrast to the traditional patronage approach that uses city budgets as a way to pay off supporters. As one index of success, the number of participants in Porto Alegre grew rapidly, from about 1,000 in 1990 to 16,000 in 1998 and 40,000 in 1999.

The participatory process has been self-reinforcing. For example, when annoyed neighbors discovered that others got their streets paved or a new bus stop, they wondered why. The simple answer was that only the beneficiary had gone to the budget meetings. In subsequent years, attendance increased, votes included more interests, and more residents were happy with the results. City officials were relieved, too, as residents themselves confronted the zero-sum choices on some issues: a fixed budget, with tough choices among such important things as asphalt over dusty streets, more classrooms, or care for the homeless.

Participatory budgeting in Porto Alegre is succeeding in the midst of considerable hostility from a conservative city council and constant assault from right-wing local newspapers and television programs, all of them challenging participation and extolling unregulated markets. The municipal government depends for its support on the participants and their neighbors, on radio broadcasting, and on many who resisted two decades of military dictatorship, from 1964 to 1985. In electing four consecutive reform administrations, a majority of the population has managed to pressure a hostile city council to vote in favor of the mayor’s budget proposals, keeping the progressive agenda intact.

Changes in Material Conditions

In 1989, despite comparatively high life expectancy and literacy rates, conditions in Porto Alegre mirrored the inequality and income segregation of other Brazilian cities. A third of the population lived in poorly serviced slums on the urban periphery, isolated and distant from the wealthy city center. Against this background, PT innovations have improved conditions, though only moderately, for some of the poorest citizens. For example, between 1988 and 1997, water connections in Porto Alegre went from 75 percent to 98 percent of all residences. The number of schools has quadrupled since 1986. New public housing units, which sheltered only 1,700 new residents in 1986, housed an additional 27,000 in 1989. Municipal intervention also facilitated a compromise with private bus companies to provide better service to poor peripheral neighborhoods. The use of bus-only lanes has improved commuting times and newly painted buses are highly visible symbols of local power and the public interest.

Porto Alegre has used its participatory solidarity to allow the residents to make some unusual economic development decisions that formerly would have been dominated by centralized business and political interests. The city turned down a five-star hotel investment on the site of an abandoned power plant, preferring to use the well-situated promontory as a public park and convention hall that now serves as the new symbol of the city. And, faced with a proposal to clear slums to make room for a large supermarket, the city imposed stiff and costly household relocation requirements, which the supermarket is meeting. In another example, in spite of promises of new employment and the usual kinds of ideological pressures from the Ford Motor Company, the nearby municipality of Guíaba turned down a proposed new auto plant, arguing along political lines established in Porto Alegre that the required subsidies would be better applied against other city needs. (A state investigation in August 2000 found the former mayor, not “at fault” for losing the Ford investment.)

Nevertheless, daunting constraints in the broader Brazilian economic and political environment continue to limit gains in economic growth, demands for labor and quality jobs. Comparing Porto Alegre and Rio Grande do Sul with nearby capital cities and their states during the years 1985-1986 and 1995-2000, one finds few sharp contrasts. Generally, GDP stagnated, and per capita GDP declined. Unemployment rose and labor-force participation and formal employment both fell.

Given this limited extent of economic improvement, how can we account for the sense of optimism and achievement that pervades Porto Alegre? The city is clearly developing a successful experience with local government that reinforces participatory democracy. We believe the PT’s success lies in the way the participants are redefining local power, with increasing numbers of citizens becoming simultaneously subject and object, initiator and recipient, so they can both govern and benefit directly from their decisions. This reconfiguration is immediately discernible in the procedures, methods and behavior of local government.

After 12 years, Porto Alegre has changed not just the way of doing things, but the things themselves; not just the way of governing the city, but the city itself. Such a claim is clearly significant. Porto Alegre offers an authentic, alternative approach to city management-one that rejects not only the centralist, technocratic, authoritarian planning model of the military dictatorship, but also the competitive, pragmatic, neoliberal model of the Washington Consensus, to which the national government still adheres. This model imposes International Monetary Fund (IMF) orthodoxy and requires such “structural adjustment” imperatives as free trade, privatization, strict limits to public expenditures, and high rates of interest, thus worsening the conditions of the poor.

While most Brazilian cities continue to distribute facilities and allocate services with obvious bias and neglect of poor neighborhoods, the reconfiguration of power in Porto Alegre is beginning to reduce spatial inequalities through changes in service provision and land use patterns. We can hope that the effect will be felt in the formal structures of the city and eventually in other cities and in Brazilian society in general.

New Forms of Local Power

Political and symbolic resources normally are monopolized by those who control economic power, but radically democratic municipal administrations, as in Porto Alegre, can reverse power to block the favoring and reinforcing of privilege. They can interfere with the strict solidarity of economic and political power, reduce private appropriation of resources, and promote the city as a collective and socially dynamic body. In other words, a city’s administration could cease to honor the actions of dominant urban groups-real estate interests and others who use various forms of private appropriation of public resources for their private benefit. These actions may include allocation of infrastructure to favor elite neighborhoods, privatization of scenic and environmental resources, and the capture of land value increments resulting from public investments and regulatory interventions. Thus, a reconfigured, publicly oriented city administration permits access to local power for traditionally excluded groups. Such a change constitutes a quasi-revolution, with consequences that cannot yet be measured or evaluated adequately by activists or hopeful governments.

Are Porto Alegre’s experiences with municipal reform, participatory budgeting and democratic land use planning idiosyncratic, or do these innovations promise broader improvements in Brazilian politics as other citizens build expectations and improve the structure of their governments? The Interamerican Development Bank (IDB) is urging localities throughout Latin America to engage in participatory budgeting, following Porto Alegre’s example. Can reform-minded city administrations override the constraints of international markets and national policy? In recommending the formal and procedural aspects of the participatory budgeting technique, does the IDB overestimate the practical economic achievements and underestimate the symbolic and political dimensions of radical democracy?

The lesson of urban reform in Porto Alegre emerges not so directly in the economic market as in new experiences with power, new political actors, and new values and meanings for the conditions of its citizens. Even as citizens weigh their expectations against stagnating macroeconomic conditions, they can find hope in new visions of overcoming spatial and social inequalities in the access to services. These new forms of exercising political power and speaking out about land use and governance issues give the city’s residents a new capacity to make a difference in their own lives.

References

Rebecca N. Abers. 2000. Inventing Local Democracy. Grassroots Politics in Brazil. Boulder: Lynne Rienner.

Gianpaolo Baiocchi. 1999. “Transforming the City,” unpublished manuscript. University of Wisconsin (September).

Boaventura de Sousa Santos. 1998. “Participatory Budgeting in Porto Alegre.” Politics and Society 26, 4 (December): 461-510.

William W. Goldsmith is a professor in the Department of City and Regional Planning at Cornell University. Carlos Vainer is a professor in the Institute for Urban and Regional Planning and Research at the Federal University of Rio de Janeiro. They participated in a December 1999 seminar hosted by the City of Porto Alegre and cosponsored by the Lincoln Institute and the Planners Network, a North American association of urban planners, activists and scholars working for equality and social change.