Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 3 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

La demanda por servicios urbanos sobrepasa la capacidad financiera de la mayoría de las ciudades del mundo. Para hacerle frente a este problema, muchos gobiernos municipales utilizan exitosamente el impuesto a la propiedad junto con otros instrumentos administrativos a fin de recaudar esos fondos tan necesarios. Actualmente El Salvador es el único país centroamericano que no impone una tributación sobre suelo y propiedad. Sin embargo, funcionarios públicos, expertos académicos y líderes empresariales del país han comenzado a discutir sobre la necesidad de establecer un sistema fiscal sobre la propiedad inmobiliaria, y las estrategias para su ejecución.

El sistema de tributación de El Salvador está caracterizado por la falta de equidad y una cantidad mínima de impuestos recaudados, lo cual afecta el nivel de inversiones públicas. Décadas de guerra civil y caos económico han dejado al país sin una tradición establecida de administración ni control fiscal. Los primeros cambios al sistema de tributación comenzaron a ponerse en práctica en 1993, cuando tanto el antiguo impuesto patrimonial sobre la propiedad personal y de la empresa (incluso sobre bienes inmuebles), como el impuesto sobre las ventas del 5 % fueron abolidos y sustituidos por un impuesto sobre las ventas del 13 por ciento. La recaudación de estos impuestos y de un impuesto sobre la renta corre a cargo del gobierno central.

El único impuesto municipal que existe es un tributo arcaico y complejo basado en actividades comerciales, industriales, financieras y de servicios. Debido a su limitada capacidad para aumentar sus ingresos, los municipios no tienen muchas oportunidades de obtener préstamos de bancos nacionales, y ninguna posibilidad de conseguirlos de instituciones financieras internacionales. Entre otros factores que contribuyen a debilitar la base financiera de los gobiernos municipales se cuentan las deficiencias administrativas, los problemas catastrales y las limitaciones del marco legal. Dado que la zona metropolitana de San Salvador abarca una gran área de este pequeño país, la tributación municipal y otros programas de planificación fiscal puestos en práctica allí tienen repercusiones significativas en todo el país.

En 1998, el Consejo Municipal de San Salvador propuso aumentar los impuestos a la actividad comercial, lo cual provocó protestas inmediatas por parte de representantes empresariales y funcionarios municipales. Los líderes de negocios denunciaron al programa tributario propuesto como un generador de costos adicionales que los forzaría a subir los precios de artículos de consumo y servicios, y posiblemente llevaría a un crecimiento de la inflación; como alternativa, demandaron incentivos para nuevos proyectos de desarrollo a cambio de modificaciones del sistema tributario. El Consejo Municipal defendió su propuesta, precisando que la estructura tributaria actual se caracterizaba por una seria falta de equidad porque castigaba a los negocios pequeños al mismo tiempo que ofrecía ventajas a los grandes.

El Consejo Municipal de San Salvador y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador formaron una comisión mixta para que investigara los complejos asuntos involucrados en la reforma fiscal propuesta y las precondiciones que la misma precisaría, tales como actualizaciones catastrales, marco legal y capacitación técnica. Si bien la discusión no estuvo centrada en los mecanismos concretos para llevar a cabo una tributación de suelo y propiedad, fue muy significativo que estos importantes grupos de interés coincidieran sobre la necesidad de imponer un tributo inmobiliario en el futuro.

Beneficios de una perspectiva internacional

En enero de 1999 se realizó una reunión extraordinaria de funcionarios públicos y grupos de interés privado, en la que el Instituto Lincoln y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) estudiaron muchos de los asuntos pertinentes al desarrollo y ejecución de un sistema de tributación inmobiliaria. Éste fue el tercero de una serie de programas auspiciados por el Instituto diseñados con el objetivo de compartir la experiencia internacional y ayudar a desarrollar un nuevo marco de trabajo en pro de un sistema tributario con más equidad en El Salvador.

Particularmente en un país pequeño como El Salvador, la implementación de un sistema adecuado de impuestos a la propiedad puede tener efectos positivos y estratégicos no sólo sobre las finanzas municipales, sino también sobre las políticas macroeconómicas y la revaluación del sector financiero. Alven Lam, investigador del Instituto Lincoln, explicó que la reestructuración del marco tributario ha sido el factor fundamental que ha permitido a algunos países asiáticos como Japón, Tailandia e Indonesia, recuperarse de sus crisis económicas. Los recientes problemas fiscales de Brasil y el continuo debate sobre el funcionamiento del sector financiero de El Salvador agregaron un sentido de apremio a la discusión sobre el amplio contexto económico de un impuesto a la propiedad municipal.

En el seminario también se discutió la importancia de integrar una tributación mixta de suelo y propiedad como herramienta fundamental para promover un manejo eficaz de la tierra urbana. Vincent Renard, del Laboratorio Econométrico de la Escuela Politécnica de París, elogió la iniciativa del Consejo Municipal de San Salvador y de otros gobiernos municipales para modificar sus estructuras tributarias, haciendo énfasis en la importancia de no aislar dichas políticas de los mercados de bienes raíces. Asimismo, Renard criticó ciertas estrategias de planificación urbana, tales como la tendencia actual que hay en El Salvador de regularizar en exceso el uso de la tierra mediante medidas legales que están totalmente desvinculadas de la tributación de la tierra y de incentivos fiscales.

Una tercera área de preocupación durante el debate consistió en las implicaciones políticas y económicas de la tributación a la propiedad. Entre otras cosas, es crítico que los funcionarios involucrados en establecer un sistema de tributación sobre la propiedad consideren la cultura política de la sociedad, la consolidación de autonomía municipal, la transparencia de los mercados de bienes raíces, y el uso del impuesto a la propiedad como una herramienta para el desarrollo económico y social. Julio Piza, de la Universidad Externado de Bogotá, describió diferentes aplicaciones del impuesto a la propiedad en Colombia, realzando la existencia de un problema común: la dificultad de medir la base impositiva de la tierra y los bienes debido en gran parte a los obsoletos sistemas catastrales y a la falta de otros sistemas de información.

Aunque la discusión sobre la reforma fiscal en El Salvador ha sido eclipsada por las recientes elecciones nacionales, el nuevo presidente ha expresado interés en una política de tierra y tributo. Al seminario asistieron dirigentes municipales y nacionales de los sectores políticos y comerciales, quienes expresaron un interés profundo en modernizar sus programas de manejo fiscal y tributación municipal. El solo hecho de haberse reunido para discutir abiertamente estos complejos asuntos es una señal esperanzadora. Para que haya progreso, es necesario contar con la voluntad política, la participación continua de la comunidad comercial y el reconocimiento de que el impuesto constituye tanto un instrumento financiero práctico para satisfacer necesidades inmediatas como también una herramienta importante para lograr crecimiento económico y desarrollo urbano.

Al igual que otros países en estado de transición social y económica, El Salvador se enfrenta ahora al desafío de establecer estipulaciones eficaces y justas para llevar a cabo las valuaciones catastrales y la recaudación de impuestos. El proceso puede facilitarse si se comienza con una estructura de tasas simple y se van introduciendo gradualmente instrumentos más sofisticados. Otros factores tales como métodos innovadores de manejo de la tierra y la posibilidad de capturar los aumentos en el valor de la tierra son críticos para el futuro crecimiento fiscal de El Salvador.

Ingresos municipales Área Metropolitana de San Salvador, 1993

Fuentes de ingresos:

• Impuestos municipales
• Aranceles y tarifas de usuario
• Transferencias del gobierno federal
• Otros ingresos municipales
• Préstamos
• Otras fuentes

Patricia Fuentes es Subdirectora de Control de Desarrollo Urbano y Mario Lungo es el Director Ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS).

Supporters of land taxation view it as an efficient and effective means of financing government, and the concept has wide appeal among public finance scholars. Many economists, including several Nobel Prize winners, actively endorse this method of taxation, which taxes land value separately and instead of buildings and improvements. At least from an academic perspective, then, the case for the efficiency and fairness of a land-based tax system seems irrefutable.

Despite that support, the concept of land taxation has not been widely embraced in the United States. Property tax bases are set by state constitutional or statutory law, so local governments cannot implement a land tax, or its split-rate variant, without authorization from their respective state legislatures. Other than a handful of Pennsylvania cities that have adopted split-rate or two-rate tax systems, no American jurisdictions currently place higher tax burdens on land than on buildings and other improvements. Virginia recently responded to interest in two-rate taxation with legislation allowing two local governments to adopt graded tax programs, but they have not yet done so. While split-rate taxation is discussed periodically as a reform measure, there are no current proposals for its adoption awaiting action before a state legislature (Brunori and Carr 2002).

Statutory or constitutional enactment of a land tax would entail revising property tax laws that have been substantially unchanged for more than a century. In general, state legislators are cautious about implementing dramatic reforms in any public policy area, and comprehensive tax reform has been a particularly elusive goal. Adoption of split-rate or land taxation would be a dramatic change, requiring significant awareness, advocacy and support in the ranks of the legislature and at the local level.

There are few areas of government finance in which scholarly opinion and actual public policy diverge so dramatically. This situation prompted me to undertake two nationwide research surveys. The first survey sought to ascertain the level of knowledge of land taxation on the part of the nation’s state legislators. Without an understanding of the issues presented by the taxation of land, legislators are unlikely to champion, advocate or even vote for such measures. I also surveyed local elected officials, because state legislators will not advocate any reforms without constituent support. Moreover, since the reforms at issue will affect primarily local government finances, any legislative body seeking to reform a tax system will solicit the views and advice of local officials.

The Survey Questions

To gauge general awareness of the concept of land value taxation, the survey began with a broad question, describing it as “taxing the full value of land but exempting buildings, structures and other improvements from tax.” The next question narrowed the scope to determine familiarity with split-rate taxation, the version of land taxation practiced in Pennsylvania and authorized in two Virginia municipalities. Because it entails less dramatic reforms, split-rate taxation is the version of land taxation most likely to be adopted in the U.S. This concept was described as “taxing land at a higher rate than buildings, structures and other improvements.”

Legislative research has long found that state lawmakers are likely to support policies that they believe will foster economic development and oppose policies perceived to deter development (Beamer 1999). Taxing land at a higher rate than improvements has historically been thought to encourage building and investment by eliminating or reducing the tax burdens of improving the land. Thus, the third question asked for the respondents’ opinion on the effect that taxing improvements at a lower rate than land would have on economic development, defined as capital investment and job creation.

The proliferation of suburban sprawl is a growing concern among legislators and local officials across the country. The vast academic literature suggests that policy makers view sprawl unfavorably and that most officials think that policies that promote sprawl are unsound. Some public finance scholars believe that adopting split-rate tax policies will limit the negative effects of sprawl (Brueckner 2001). If this belief is true, split-rate taxation could play an important role in the continuing debate over policies intended to deter suburban sprawl. Question four asked what effect taxing improvements at a lower rate than land would have on sprawl. Sprawl was not defined in the question because the term can refer to a number of developments affecting density, suburban growth, loss of open space and decrease in population. Indeed, scholars have lamented the lack of a single operational definition of sprawl. Still, the perception of sprawl as an undesirable land use pattern and policy outcome warranted inclusion of the question in the survey.

Finally, state and local legislators are influenced by the desires and concerns of their constituents. The more important a particular issue is to constituents, the better informed a legislator will become about that issue. Thus, survey participants were asked if during the past year any citizens or organizations had contacted their offices with respect to the issue of split-rate taxation, and if so, whether the constituent supported or opposed the idea.

State and Local Respondents

The first survey focused on state legislators who served on committees with primary responsibility for tax policy and local government finance during the period January–June 2003. There were 106 such committees in the 50 state legislatures, but I excluded those in Pennsylvania and Virginia. Since those states have either adopted or authorized graded tax systems, I assumed that their legislators would be more familiar with the concept and could bias the results.

For the second survey I chose city and county officials from 15 randomly selected local jurisdictions within the 25 largest metropolitan areas in the U.S. To insure a national perspective, I also included city council members from the largest city in each state. Again I focused on officials with primary responsibility for implementing and administering public finance policy and excluded all jurisdictions in Pennsylvania and Virginia.

The survey questions were sent to 1,284 legislators, of whom 780 responded (see Brunori 2003 for more information on methodology). An identical survey was sent to 3,298 city and county officials, of whom 430 responded. The response rate for the state legislators was far above national standards, and the response rate for the local officials was considerably below national standards, but both were statistically significant.

Before revealing the results of the survey research, I must confess that I entered this project with a bias. Having worked in the state and local tax field my entire professional life, as a lawyer, teacher and journalist, I think about tax policy more than any sane person should and have come to know many state legislators and local public officials. In my experience, these government officials are quite capable of finding revenues to pay the bills, but they generally have little in-depth knowledge of the more philosophical and theoretical underpinnings of tax policy. So I assumed that few of them would understand what I was talking about when I began asking questions about land taxation. After all, I did not think most politicians were using their spare time to read Henry George’s classic book, Progress and Poverty. I was quite surprised at the responses.

The Results

In a country where there are virtually no land tax policies in place, the survey results show that a vast majority of elected political leaders do know about land and split-rate taxation (see Table 1). More surprising, to me at least, most political leaders are aware of the benefits of adopting land tax policies. More than 70 percent of the state legislators and 65 percent of the local government officials responded that they were either very or somewhat familiar with the concept of land value taxation, and 67 percent of state legislators and 65 percent of local officials were very or somewhat familiar with split-rate taxation.

The single most important policy goal (after public safety) that concerns American politicians is economic development. When asked about the relationship between the economy and land taxation, more than 62 percent of state legislators and 76 percent of local government officials replied that adopting a split-rate tax system would promote economic development. About one-quarter of both state and local officials thought that taxing improvements at a lower rate than land would have no effect on economic development. These results are arguably consistent with the conventional view that land taxation would have a benign effect on economic decision making. Only 5 percent of the state legislators and no local officials believed that taxing land at a higher rate would deter economic development.

One of the common misperceptions about land taxation is that it will lead to more sprawl, and many, but not a majority, of the respondents shared that misperception. Forty-one percent of surveyed state legislators and 46 percent of local officials said they believed that adopting a split-rate tax system would lead to more suburban sprawl. About 51 percent of the state legislators and 53 percent of local officials surveyed said that split-rate taxation would have no effect on sprawl or would deter sprawl. The fact that so many respondents believe that split-rate taxation would foster more sprawl, presumably by encouraging development of open space in suburban and rural areas, should be troubling to advocates of land taxation.

Finally, a surprisingly small number of elected political leaders have been contacted by constituents regarding land taxation. Eleven percent of state legislators and 9 percent of local government officials said an individual constituent or organization had contacted them regarding the issue of land-based or split-rate taxation, and all were supporters of the idea.

What Does It All Mean?

What originally sparked my interest in this research project was the disconnect between scholarly opinion about land taxation and political action to promote it. I thought this discrepancy might be the result of ignorance of the concepts of land taxation on the part of state and local political leaders. If state legislators and city council members were unaware of land or graded taxation, then they could not be expected to champion such reforms.

The survey results show, however, that this discrepancy cannot be resolved by looking at level of awareness alone. Most state legislators and local officials involved in public finance and taxation issues are familiar with both land taxation and split-rate taxation, and they know that moving to a split-rate tax system would have a positive effect on economic development. Moreover, a slight majority of those surveyed believe that graded taxes would have no negative effects on sprawl.

Since state and local officials know about land taxation and believe it could lead to positive policy outcomes, why are so few local governments using this method of public finance? It is difficult to answer that question without eliciting views on more technical aspects of land or split-rate taxation. Implementation of land taxation raises complex issues as to the feasibility of adopting major property tax reforms, the effects on other revenue sources, and the administration of a land tax system, particularly with respect to valuation. Solving the mystery as to why more jurisdictions are not exploring the policy of taxing land at a higher rate than improvements may lie in analyzing these important operational factors.

References

Beamer, Glenn. 1999. Creative politics: Taxes and public goods in a federal system. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Brueckner, Jan K. 2001. Property taxation and urban sprawl. In Property taxation and local government finance, Wallace E. Oates, editor. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Brunori, David. 2003. Awareness of land taxation: Survey of state legislators. Working paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Brunori, David, and Jennifer Carr. 2002. Valuing land and improvements: State law and local government practices. State Tax Notes (September 30):1023–1033.

David Brunori is contributing editor of State Tax Notes for Tax Analysts in Arlington, Virginia, and research professor of public policy at The George Washington University in Washington, DC. This article is based on research he conducted as part of a David C. Lincoln Fellowship in Land Value Taxation, awarded by the Lincoln Institute.

The conservation movement has used both private enterprises and public programs to preserve lands of ecological, aesthetic, and historical value. One notably successful effort has employed referenda for the conservation of open space. Between 1998 and 2006, some 1,550 referenda appeared on state, county, and municipal ballots across the United States, and their success rate was very high: nearly 80 percent of these measures passed, many by a wide margin.

Land value capture is now a popular topic among practitioners of local public finance—in part because the recession-related decline in local government revenues has piqued interest in new revenue sources, and in part because of the need for new ways to finance local infrastructure that has been degraded by underinvestment. The Lincoln Institute’s sixth annual land policy conference in May 2011 addressed many aspects of value capture, drawing on both international and domestic experience.

Basics of Value Capture

Changes in the value of land often result from factors unrelated to the efforts of the landowner: actions by the community in the form of infrastructure investments; nearby growth in industrial, commercial, residential, or recreational activity; zoning that permits the owner to develop the land; or the incremental growth of the community. Value capture applies a tax or fee designed to return to the community some or all of the value added to land by community actions. Its application is particularly attractive when public investment—for roads, water supply, sanitation, or even local amenities such as street lights—increases property values.

International Experience

Land leasing. Perhaps the broadest and most comprehen-sive application of value capture is in China, where municipalities buy agricultural land from farmers at agricultural use prices, service it with infrastructure, and sell it to developers as urban land with permits for urbanization projects. The difference in price between the land’s urban and agricultural values accrues to the municipality, provides a large share of local revenue, and pays for the installed infrastructure.

Co-development. Transit companies in Hong Kong and Tokyo have used revenues from the co-development of residential communities and commercial areas around new transit stations to help finance their costly projects. In Tokyo nonfare revenue is 30 to 50 percent of total revenue for some transit lines. In both cities ongoing revenue from property management is becoming more important than profits from development projects and provides a sustainable income stream.

Development taxation. Attempts to tax betterment values in the United Kingdom began in 1909, but implementation was impeded by valuation and other challenges. Direct betterment levies were replaced by contracts with local authorities under which developers contribute to infrastructure and service provision, affordable housing, and other planning obligations. These contracts are evolving into community infrastructure levies, a betterment levy by alternative means. Following a different historic path, France also has a local infrastructure tax on new development.

Land pooling. India has experimented with land pooling in its implementation of new town planning schemes that replace the old master plans. The practice encourages owners of undeveloped or haphazardly developed land to pool their plots together and then receive a serviced parcel or constructed space when the development is completed. Ahmedabad’s approach uses 15 percent of the land for roads, 10 percent for parks, 15 percent for auction to others, and 60 percent for the pool members.

United States Experience

Among the specific U.S. policies that embody value capture are special assessment areas that often include betterment charges. For example, Community Facilities (or Mello-Roos) Districts apply fees paid by residents to retire bonds sold to finance developmental infrastructure. Business Improvement Districts and Tax Increment Finance schemes use earmarked tax or fee revenue from a designated area to fund improvements. Privately negotiated Community Benefit Agreements obligate developers to provide community facilities or economic benefits for local residents. Citywide development and impact fees used to finance infrastructure and related development investments are normally cost-based, but succeed only when the betterment value exceeds the cost.

Most notable about the U.S. experience is that the terms—betterment levies or value capture—are used rarely, even though their principles are practiced widely. Moreover, this country can learn some new value capture approaches from international experience.

The conference volume with papers and commentaries by more than 25 contributors will be published in May 2012.

¿De qué manera se verán afectadas las finanzas del gobierno municipal por la enorme y creciente carga de pagar los costos de pensión contraídos previamente? En particular, ¿de qué manera estos costos de pensión heredados cambiarán la percepción de los residentes respecto al impuesto municipal sobre la propiedad y su intención de pagarlo? como primer paso de un programa de investigación del lincoln institute of land policy mucho más amplio sobre estas cuestiones, cabe preguntarse: ¿Qué sabemos –e igualmente importante, qué no sabemos– acerca de la magnitud de las deudas por pensiones sin fondos del gobierno municipal en los estados unidos? (ver Gordon, rose y Fischer 2012).

Es un principio fundamental de las finanzas públicas que los servicios del presente deberían pagarse con ingresos del presente, y que el financiamiento de deudas debería reservarse para proyectos de capital que brinden servicios a los futuros contribuyentes. este principio se viola cuando las deudas por pensiones relacionadas con los servicios de los trabajadores en el presente no son financiadas con compras de activos financieros en el presente y, en su lugar, deben pagarlas los futuros contribuyentes.

Desafortunadamente, no siempre se observan los principios de la prudencia en las finanzas públicas, y los gobiernos municipales en los estados unidos han acumulado una importante cantidad de deudas por pensiones sin fondos en los últimos años. esta situación genera un quiebre en la importante relación entre los contribuyentes y los servicios que reciben: la correspondencia desigual entre el valor total de los servicios públicos y los recursos tomados del sector privado. existe un importante debate sobre la solidez de dicha correspondencia y cuánta es la similitud de la relación de precios entre el valor pagado y el valor recibido para los contribuyentes particulares; casi no quedan dudas de que utilizar los ingresos corrientes para pagar servicios prestados en el pasado debilita esta relación.

Una conciencia pública creciente

La cuestión de las pensiones para empleados del gobierno estatal y municipal aparece en los titulares casi a diario (recuadro 1). Hasta hace sólo unos pocos años, estas pensiones eran competencia casi exclusiva de unos pocos funcionarios elegidos, juntas designadas, asesores en inversiones, actuarios y agencias calificadoras de crédito. ¿Qué cambió? La respuesta más inmediata es la gran recesión, que condicionó no solamente los ingresos fiscales del estado sino también el valor de los activos de los planes de pensión. En particular, la tenencia de capital proveniente de fondos de pensión estatales y municipales perdió casi la mitad de su valor, ya que cayó del pico de US$2,3 billones alcanzado en septiembre de 2007 a sólo US$1,2 billones en marzo de 2009 (Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal 2012).

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Recuadro 1: ¿En dónde se encuentran en peligro las pensione municipales?

A fin de comprender cuáles son los lugares donde las pensiones municipales estaban experimentando dificultades en particular, Gordon, Rose y Fischer (2012) utilizaron un software de monitoreo de medios de comunicación para realizar una investigación de todas las agencias de noticias nacionales de los EE.UU. durante los tres primeros meses de 2012. La búsqueda se centró en artículos que incluían la palabra “pensión” junto con otros términos que identificaban a los gobiernos municipales, como “municipalidad”, “ciudad” o “condado”, y descripciones de problemas de financiamiento, como, por ejemplo, “pasivo”, “déficit”, “sin fondos”, “recorte”, “mora”, “reforma” y “problema”. Los resultados de la búsqueda produjeron más de 2.000 artículos separados de diferentes lugares en todo el país.

Según este análisis, varios tipos de lugares están experimentando problemas con la cuestión de las pensiones. Un grupo lo forman las jurisdicciones que han estado perdiendo gente y empleos con el transcurso de los años. Uno de los ejemplos más notorios es Detroit, Michigan, en donde la cantidad de jubilados es el doble de los trabajadores activos. En esta categoría también entra la ciudad de Prichard, Alabama, que perdió más del 45 por ciento de su población desde 1970 y, el año 2010 tenía menos de 23.000 residentes. En septiembre de 2009, este municipio sencillamente dejó de enviar los cheques de pensión a sus exempleados y, un mes más tarde, se declaró en quiebra. Para dichas comunidades, los conflictos relacionados con las pensiones también pueden ser un síntoma de mayores problemas fiscales o de disfunciones políticas.

Otro grupo de jurisdicciones pasó del auge inmobiliario a el posterior derrumbe del mercado de la vivienda. Algunos ejemplos son las ciudades de rápido crecimiento en California, como Stockton, que este año se declaró en quiebra, siendo la ciudad más grande que se haya declarado en quiebra en la historia. Mucho más desconcertante es la situación de jurisdicciones relativamente acaudaladas, como los condados de Suffolk o Nassau, en Nueva York, que parecen no ser capaces de aplicar recortes estrictos en los gastos o aumentar los impuestos debido a la paralización política. En lugar de ello, muchas de estas jurisdicciones han recurrido al préstamo para cumplir con sus obligaciones de pago de pensiones.

Solamente dos de las recientes bancarrotas municipales (Vallejo, California, y Central Falls, Rhode Island) fueron resultado de presiones de las pensiones públicas y la compensación de empleados junto con una reducción de la recaudación. Otras jurisdicciones, como Harrisburg, Pensilvania, y el condado de Jefferson, Alabama, están en apuros debido a malas decisiones en las inversiones. Además, algunas ciudades importantes, como Atlanta, San Francisco y Nueva York, han tomado medidas para limitar el crecimiento de las pensiones, con frecuencia gracias a la cooperación de los sindicatos de empleados públicos municipales. Central Falls logró obtener concesiones de oficiales de policía y bomberos en activo, así como de jubilados, pero aun esta medida resultó insuficiente para detener la caída hacia la quiebra.

Aunque el mercado de valores se ha recuperado en gran medida y las tenencias de capital derivadas de planes estatales y municipales se han incrementado nuevamente a más de US$2 billones, las pensiones públicas siguen estando bajo estrecha vigilancia. Las agencias calificadoras de crédito están tomando cada vez más en cuenta las deudas por pensiones sin fondos a la hora de llevar a cabo sus evaluaciones de riesgo crediticio de los gobiernos estatal y municipal. Además, los analistas están haciendo oír cada vez más sus críticas sobre los métodos que comúnmente se utilizan para evaluar los niveles de financiamiento de las pensiones.

El gobierno federal también está prestando atención a este tema. El congreso, alarmado por la posibilidad de que los gobiernos entren en mora, celebró una serie de audiencias sobre las finanzas de los gobiernos estatal y municipal a principios de 2011. Hace poco, los miembros republicanos del comité conjunto económico (JEC, por sus siglas en inglés) emitieron informes en los que se vislumbraba el espectro de una crisis similar a la de la eurozona debido a las deudas por pensiones estatales sin fondos (JEC 2011; JEC 2012).

A la luz de estas críticas y de los motivos de preocupación en torno a los crecientes costos derivados de las pensiones, 43 estados promulgaron reformas importantes en sus sistemas de pensión entre 2009 y 2011 (Snell 2012). Las modificaciones más comunes fueron las siguientes: aumento de los requisitos en la aportación por parte de los empleados (30 estados), aumento de la edad y años de servicio para la elegibilidad (32), ajuste de fórmulas para calcular los beneficios (17), y reducción en los aumentos del costo de la vida (21). En algunos estados, las modificaciones se aplicaron solamente a los nuevos empleados, aunque en otros estados, estos cambios afectaron a los trabajadores activos y a los ya jubilados. Estas medidas han generado una gran controversia y han dado como resultado el inicio de juicios en colorado, Minnesota, Nueva Jersey y Dakota del Sur.

La mayor parte de esta creciente atención hacia las pensiones de empleados del gobierno se ha concentrado en los planes del gobierno estatal, mientras que las pensiones de empleados públicos municipales relativamente no han sido sometidas a análisis. Aunque los planes municipales representan un porcentaje modesto del total de afiliados a las pensiones públicas (10 por ciento) y del total de activos de pensiones públicas (18 por ciento), su quiebra puede ser devastadora. Los residentes y las empresas con posibilidades de mudarse podrían abandonar aquellas comunidades en las que se aplican impuestos altos para reconstruir los activos derivados de pensiones en lugar de brindar servicios básicos. Una base imponible reducida podría empeorar aún más el fondo, con menos posibilidades de pagar los beneficios prometidos. El resultado podría ser el surgimiento de más ciudades como Prichard, Alabama.

Una mirada conjunta a los planes de pensión estatales y municipales

Las pensiones estatales y municipales son una parte importante del sistema de jubilación de la nación. La figura 1 muestra la distribución del total de us$15,3 billones en activos para la jubilación a finales de 2011 por tipo de plan. Los fondos de jubilación de empleados públicos estatales y municipales poseían, en conjunto, us$2,8 billones en activos, o casi un quinto del total.

Todos los estados tienen al menos un plan de pensión para empleados públicos y, en algunos estados, varios planes. Existen más de 220 planes estatales (algunos de los cuales son planes gestionados por el estado que ofrecen cobertura a trabajadores del gobierno municipal) y cerca de 3.200 planes municipales (tabla 1). En total, estos planes dan cobertura a 14,7 millones de trabajadores, 8,2 millones de beneficiarios actuales y 4,8 millones de personas elegibles para obtener beneficios en el futuro pero que aún no los reciben.

Las pensiones estatales y municipales son importantes, además, porque el 27,5 por ciento de los empleados de gobierno no está integrado en el seguro social (Nuschler, Shelton y Topoleski 2011). Estos empleados públicos sin cobertura se encuentran concentrados en unos pocos estados. La figura 2 ofrece una clasificación de los 16 estados que presentan las mayores concentraciones de trabajadores gubernamentales sin cobertura del seguro social. Casi todos los empleados de gobierno, tanto estatal como municipal, de Ohio y Massachusetts y más de la mitad de los empleados públicos estatales y municipales de Nevada, Louisiana, Colorado, California y Texas no están cubiertos por el seguro social.

Otra característica fundamental de las pensiones estatales y municipales reside en que, en su mayoría, consisten en planes de beneficios definidos (DB, por sus siglas en inglés). Los beneficios se calculan utilizando una fórmula que, por lo general, sigue este patrón:

(Salario promedio de los 3 últimos años) x
(Años de servicio) x
(2 por ciento por cada año de servicio) =
Beneficios

La mayoría de las pensiones de gobierno estatal y municipal también incluyen un ajuste según el costo de la vida. Una minoría de trabajadores del sector público se encuentra inscrita en planes de aportes definidos (DC, por sus siglas en inglés), según los cuales se coloca un monto específico en un fondo de jubilación por cada año de trabajo. Si se las compara con los planes dc, las pensiones dB protegen a los empleados de los riesgos derivados de inversiones, inflación y longevidad. Hasta el año 2009, cerca del 80 por ciento de los trabajadores estatales y municipales se encontraba inscrito en planes DB, y sólo poco más del 20 por ciento de los empleados estatales y municipales estaba en planes DC. Los trabajadores del sector privado presentaban la composición opuesta: el 20 por ciento estaba inscrito en planes DB y el 80 por ciento, en planes DC (Oficina de Estadísticas Laborales de los EE.UU. 2011).

Los planes DB predominaban en el sector privado, pero han ido desapareciendo, en parte debido a que la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación para Empleados de 1974 (ERISA, por sus siglas en inglés) impuso normas mínimas de financiamiento y estableció el requisito de realizar aportaciones para seguros y otras cargas administrativas en relación con estos planes.

La menor cantidad de requisitos de financiamiento y de presentación de reportes que se aplican a las pensiones públicas permite a los gobiernos trasladar los costos de los trabajadores al futuro. Esta es una forma implícita de pedir préstamos, ya que se pueden evadir las normas presupuestarias calculadas y evitar la aprobación del electorado que generalmente se requiere para emitir bonos.

Requisitos de financiamiento y de presentación de reportes para las pensiones estatales y municipales

Históricamente, la mayoría de las pensiones estatales y municipales se financiaron con recaudaciones generales a plazo. La práctica actual de prefinanciar los planes de pensión estatales y municipales comenzó en las décadas de 1970 y 1980. Aunque los planes del sector público no se encontraban sujetos a la ERISA, esta ley sí requería emitir informes sobre sus prácticas. El informe de 1978 indicaba un “alto nivel de ceguera sobre el costo de las pensiones (…) debido a la falta de valuaciones actuariales, la utilización de suposiciones actuariales irreales y la ausencia general de normas actuariales” (Munnell y otros 2008, 2).

Esta señal de alarma llevó a varios planes a incrementar voluntariamente los niveles de financiamiento y prestar más atención a las normas actuariales y contables. En 1984 se creó la Junta de Normas Contables del Gobierno (GASB, por sus siglas en inglés), que emitió las primeras normas para planes de pensión en 1986 y realizó una profunda revisión de sus normas de valuación actuarial en 1994. El cumplimiento de dichas normas es de carácter voluntario, pero tiene el reconocimiento de las agencias calificadoras de crédito, los auditores y otros profesionales encargados de recopilar datos. A diferencia de las normas de la ERISA, que requieren métodos de valuación específicos para todos los planes privados, la GASB establece criterios que permiten cierta flexibilidad en la utilización de métodos específicos por parte de los planes públicos. En consecuencia, existen serios motivos de preocupación en lo referente a la transparencia y la comparabilidad de los datos sobre los que informan los propios planes de pensión estatales y municipales en relación con sus deudas.

Aportaciones de los empleadores

El cálculo del Pasivo Actuarial Devengado (AAL, por sus siglas en inglés) de un plan requiere la siguiente información: edad e historial salarial de los afiliados; proyecciones de incremento salarial, edades de jubilación, ganancias por activos e inflación; tablas de probabilidad de longevidad; y una tasa de descuento para convertir valores futuros estimados en valores en curso. El Pasivo Actuarial Devengado Sin Fondos (UAAL, por sus siglas en inglés) es equivalente al AAL menos los activos del plan.

El “costo normal” de un plan de pensión es el aumento del AAL debido al año de servicio en curso de los empleados existentes. La ERISA requiere que el costo normal se salde con las aportaciones de los empleados y empleadores. La GASB especifica una “Aportación Anual Obligatoria” (ARC, por sus siglas en inglés) de costo normal más una amortización a 30 años del UAAL. El problema reside en que, contrariamente a lo que su nombre indica, en la mayoría de las jurisdicciones no es obligatorio el pago del ARC.

Elección de la tasa de descuento

La cuestión que recientemente ha recibido más atención es la elección de la tasa de descuento. Las normas actualmente aplicables de la GASB permiten el descuento de las deudas futuras en base al rendimiento por inversiones proyectado, lo que dio un promedio del 8 por ciento anual antes de la recesión. No obstante, la mayoría de los economistas y especialistas en teoría financiera estarían de acuerdo con Brown y Wilcox (2009, 538) cuando afirman que “la tasa de descuento utilizada para valuar las futuras deudas derivadas de las pensiones debería reflejar el grado de riesgo de dichas deudas”, no de los activos. Las garantías constitucionales y legales consideran a las pensiones gubernamentales de bajo riesgo, mientras que el rendimiento histórico por inversiones incluye una prima de riesgo.

Los gobiernos estatales y municipales no pueden evitar los riesgos a largo plazo, como son una prolongada caída en la productividad o una caída de la bolsa durante una década. Por lo tanto, la tasa histórica de rendimiento a largo plazo en una cartera con gran composición patrimonial (antes de aplicar ajustes por riesgos) resulta una tasa de descuento demasiado alta. Las tasas de descuento más altas pueden hacer que las pensiones parezcan tener mayores fondos que los que verdaderamente poseen. Esto reduce los requisitos de aportaciones e impone obligaciones sin garantía a los futuros contribuyentes si no se logran las altas tasas de rentabilidad. Lo que resulta aún peor es que los administradores de los planes tienen de esta manera un incentivo para buscar carteras de alto riesgo con el fin de obtener una mayor tasa de descuento y un menor ARC.

Existen sólidos argumentos a favor de que la tasa de descuento del 8 por ciento que utitilizan muchos de los planes de pensión pública es demasiado alta, aunque existe un consenso menor en lo que respecta a cuánto debería reducirse dicha tasa para ser apropiada. En lugar de analizar estos puntos de vista, obtuvimos una estimación del impacto que podría tener una tasa más baja. Munnell y otros (2012) calculan los posibles cambios que se producirían en las deudas reportadas si en todos los planes se utilizara una tasa de descuento del 5 por ciento, en lugar del 8 por ciento. Dichos autores estiman que las deudas estatales y municipales aumentarían de US$3,6 billones a US$5,4 billones, y que las proporciones de financiamiento totales (activos/AAL) disminuirían de 75 por ciento a sólo 50 por ciento. Este es un cambio enorme, ya que representa el doble de las deudas sin fondos (UAAL = AAL – activos).

Últimas modificaciones en las normas de la GASB

La GASB (2012) emitió nuevas normas contables que entrarán en vigencia en 2013 y 2014. Según la modificación principal, los gobiernos estatales y municipales deberán aplicar diferentes tasas de descuento sobre las partes de las deudas que tienen fondos y las que no los tienen. Se seguirá aplicando una tasa basada en los ingresos en la parte del pasivo que posea financiamiento, mientras que se utilizará una tasa más baja y sin riesgos respecto del UAAL. El impacto de este cambio sobre el pasivo reportado depende de cuántos fondos tenga un plan: los planes totalmente financiados no sufrirán modificación alguna, los planes con fondos suficientes experimentarán unos pocos cambios, y los planes con escasos fondos estarán sujetos a grandes aumentos en las deudas reportadas y reducciones en el financiamiento. Según las nuevas normas, los estados contables del gobierno deberán incluir el UAAL, lo que incrementará la visibilidad del pasivo sin fondos para el electorado.

¿Qué sabemos sobre las pensiones municipales?

A pesar de los crecientes motivos de preocupación respecto a la salud fiscal de los planes de pensión municipales, no se tiene un conocimiento sistemático de los mismos. La mejor información disponible proviene de la Encuesta Anual de Sistemas de Jubilación para Empleados Públicos Estatales y Municipales, llevada a cabo por la Oficina del Censo de los EE.UU. (2012). Cada cinco años se ofrece información detallada sobre cada organismo de gobierno. Cada año se da información de datos a nivel de planes para una muestra que incluye casi la mitad de los 3.200 planes municipales, y estos datos se utilizan para generar estimaciones de totales para cada estado por tipo de gobierno. Las tablas 1 y 2 muestran ejemplos de los tipos de información que presenta la encuesta.

Las principales virtudes de la encuesta sobre jubilaciones de empleados de la Oficina del Censo son la calidad de los datos y el hecho de que son exhaustivos. Una desventaja importante es la falta de relevancia temporal, ya que los últimos datos municipales disponibles son los correspondientes al ejercicio de 2010. Otro problema reside en que hace muy poco que la Oficina comenzó a informar acerca de las deudas de los planes, y sólo incluye estos datos respecto de los planes estatales. Al igual que otras fuentes de datos sobre pensiones, la Oficina del Censo no recaba información sobre los planes DC u otros beneficios posteriores al empleo (OPEB, por sus siglas en inglés).

No obstante, la encuesta sobre jubilación de empleados arroja cierta luz sobre las pensiones municipales. Por ejemplo, la cantidad de planes municipales por estado varía significativamente: 7 estados no poseen planes municipales, 20 estados tienen menos de 10, Florida e Illinois tienen más de 300 cada uno, y Pensilvania posee más de 1.400. La cantidad de afiliados activos por beneficiario es una medida rudimentaria para saber de qué manera los aportes de los empleados sirven para financiar el plan. La tabla 1 muestra que el promedio nacional en los planes municipales es de 1,4 trabajadores por jubilado, aunque la variación entre estados es considerable. Esta proporción de respaldo es menor que 1 en 12 estados; de entre 1 y 2 en 31 estados; y de más de 2 en 7 estados (Utah posee la proporción más alta: 6,8).

Ninguno de estos datos nos dice cuán suficientemente financiadas se encuentran las pensiones municipales. Para obtener esta información, debemos recurrir a encuestas independientes. La mayoría de estas encuestas ofrecen una buena cobertura sobre los planes estatales, aunque, por lo general, incluyen sólo información sobre algunos de los planes municipales más grandes, como, por ejemplo, la encuesta anual de planes de afiliados de la Asociación Nacional de Administradores de Jubilación Estatal (NASRA, por sus siglas en inglés). Unas pocas investigaciones nacionales se han centrado en las deudas por pensiones municipales, en lugar de estatales. Por ejemplo, Novy-Marx y Rauh (2011) analizan las finanzas de las pensiones municipales utilizando datos de los Informes Financieros Anuales Consolidados (CAFR, por sus siglas en inglés) respecto de los planes de ciudades y condados que poseen más de US$1.000 millones en activos a partir de 2006.

El Centro de Investigaciones sobre Jubilación (CRR, por sus siglas en inglés) de la universidad Boston College mantiene una Base de Datos de Planes Públicos (PPD) para los mayores planes estatales y municipales, con datos provenientes de informes actuariales individuales sobre los planes y CAFR del gobierno municipal. Mediante el uso de la PPD más otros tipos de información sobre planes municipales adicionales, el CRR recientemente emitió un informe con datos para 2010 en base a una muestra de 97 planes en 40 estados (Munnell y otros 2011). Esta es una muestra modesta en relación con el total de 3.200 planes municipales; no obstante, debido a que se concentra en los planes grandes, cubre el 59 por ciento de los activos de pensiones municipales y el 55 por ciento de los afiliados.

Un resultado importante de esta investigación es la amplia dispersión que existe en la relación promedio de financiamiento del 77 por ciento en 2010 (figura 3). De los 95 planes grandes de la muestra del CRR con información utilizable, sólo 16 poseían activos para cubrir más del 90 por ciento del pasivo. En el extremo opuesto, hay 9 planes con un financiamiento menor al 50 por ciento (Munnell y otros 2011). Además, este estudio muestra al ARC como un porcentaje de la nómina gubernamental municipal. El promedio general para 2010 es del 22 por ciento, y en este caso también existe una amplia dispersión (figura 4). De los 91 planes grandes en la muestra del CRR con información utilizable, más de la mitad (49) tienen un ACR por debajo del 20 por ciento de la nómina, aunque 16 planes poseen participaciones en el rango menos manejable de entre 30 por ciento y 80 por ciento. Cinco planes poseen un pasivo por pensiones de tal magnitud que, de pagarse por completo, costaría más que el 100 por ciento de la nómina.

Debe tenerse en cuenta que los gobiernos municipales en la mayoría de los estados no están obligados a pagar la cantidad total de ARC . No poseemos datos a nivel municipal; sin embargo, según un informe a nivel estatal, existe una amplia variación en el porcentaje de los ARC efectivamente pagados en todos los planes, todos los años y en todos los estados (Equipo de Trabajo para la Crisis Presupuestaria Estatal 2012). Munnell y otros (2011) calculan los pagos de pensión efectivamente realizados como un porcentaje de los presupuestos municipales, y en este caso también obtienen como resultado una variación considerable: el 14 por ciento de los gobiernos de la muestra destinan más del 12 por ciento de sus presupuestos al pago de las pensiones.

Conclusiones

Las pensiones del gobierno municipal se encuentran, en promedio, significativamente escasas de fondos. La razón fundamental reside en que, ante la falta de una obligación legal, muchos gobiernos no han reservado los suficientes fondos cada año para cubrir las deudas por pensión adicionales contraídas en ese año, y mucho menos para amortizar el pasivo sin fondos de años anteriores. En efecto, estos gobiernos piden préstamos para pagar los servicios de los trabajadores en el presente y trasladar la carga a futuros contribuyentes.

Tenemos muchos menos datos acerca de los 3.200 planes administrados a nivel municipal que los que tenemos sobre los 220 planes estatales. La mejor información respecto de los planes municipales proviene de investigadores que analizan los informes financieros detallados de los planes y los gobiernos municipales. Forzosamente, estos estudios se concentran en los planes más grandes. Lo que sí sabemos es que existe una amplia variación entre los diferentes planes respecto de ciertas medidas clave: el porcentaje del pasivo que se encuentra cubierto por los activos; la aportación completa que debería cubrir tanto los costos de pensión del año en curso como la amortización del pasivo sin fondos (ARC ) relativo a la nómina o a la recaudación anual; el porcentaje del ARC que se paga efectivamente; y el porcentaje del presupuesto en curso que se destina a los costos de pensión. Una importante cantidad de gobiernos municipales está en dificultades por una o más de estas medidas.

Lo que empeora aun más la situación es que lo que sabemos acerca del pasivo proviene de los datos reportados por los propios municipios y la tasa de descuento que estos gobiernos eligen. En casi todos los casos, la tasa de descuento es inadecuadamente alta, y la utilización de una tasa de descuento menor podría aumentar el pasivo sin fondos a más del doble. El resultado es un grave problema con respecto a las deudas por pensiones municipales que amenaza las finanzas del gobierno municipal, aunque no conocemos su magnitud ni el nivel de desigualdad de su distribución.

Sobre los autores

Richard F. Dye es visiting fellow del Lincoln Institute of Land Policy. Asimismo es profesor en el Instituto de Gobierno y Relaciones Públicas de la Universidad de Illinois en Chicago, y profesor emérito de Economía en el Lake Forest College.

Tracy Gordonfellow en Estudios Económicos en el Instituto Brookings, Washington, DC. Su campo de investigación se centra en las finanzas públicas estatales y municipales, la economía política y la economía urbana.

Referencias

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Munnell, Alicia H., Kelly Haverstick, Steven A. Sass y Jean-Pierre Aubry. 2008. The miracle of funding by state and local pension plans. Resumen de políticas del Centro de Investigaciones sobre Jubilaciones de Boston College, abril.

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Adam H. Langley is a senior research analyst in the Department of Valuation and Taxation at the Lincoln Institute of Land Policy. Previously, Langley worked for the New York State Assembly. He earned his B.A. in political studies from Bard College and an M.A. in economics from Boston University.

Langley’s research has covered a range of issues related to state and local public finance, with a particular focus on the property tax. He has coauthored three Lincoln Institute Policy Focus Reports: Property Tax Circuit Breakers: Fair and Cost-Effective Relief for Taxpayers (2009), Payments in Lieu of Taxes: Balancing Municipal and Nonprofit Interests (2010), and Rethinking Property Tax Incentives for Business (2012). He has also led several projects to provide data on the Lincoln Institute’s website, including creation of the Fiscally Standardized Cities (FiSCs) database and a dataset with extensive information on nonprofits that make payments in lieu of taxes and the localities that receive them.

His articles have appeared in journals such as Regional Science and Urban Economics, Public Finance and Management, and Publius: The Journal of Federalism. His research has also been covered by more than a hundred news outlets, including The New York Times, The Wall Street Journal, The Economist, Governing, and The Boston Globe.

Land Lines: What projects have you been working on recently as a senior research analyst at the Lincoln Institute?

Adam Langley: I have been working on several projects related to local government finances. One major project has been the creation of the Fiscally Standardized Cities (FiSCs) database. This subcenter on the Lincoln Institute’s website allows users to make meaningful comparisons of local government finances at the city level for 112 of the largest U.S. cities over the past 35 years. I drew on this data in a recent paper on municipal finances during the Great Recession, which I presented at Lincoln’s 9th annual Land Policy Conference on June 2, 2014. I am also creating a summary table that describes state programs for property tax exemptions and credits, drawing information from Lincoln’s Significant Features of the Property Tax subcenter. I plan to use that table to estimate tax expenditures for these programs in all 50 states.

Land Lines: You’ve worked on several projects to provide data on the Lincoln Institute’s website. What motivates this focus on data?

Adam Langley: These data projects go to the core of Lincoln’s mission to inform decision making on issues related to the use, regulation, and taxation of land. Lincoln’s databases have been used by policymakers to help guide their decisions, by journalists to provide broader context in their stories, and by researchers for their own projects. Providing data that is freely accessible and easy to use greatly magnifies the potential reach of Lincoln’s work on land policy issues, because it empowers other analysts to undertake new research in this area.

It is also essential for Lincoln’s reputation that we base our policy recommendations on high-quality analysis and good data. To impact policy decisions, it’s critical that our research be widely viewed as objective, nonpartisan, and evidence-based.

Land Lines: You say that Fiscally Standardized Cities allow for meaningful comparisons of local government finances at the city level. What’s wrong with simple comparisons of city governments?

Adam Langley: The service responsibilities for city governments vary widely across the country. While some municipalities provide a full array of public services for their residents, others share these responsibilities with a variety of overlying independent governments. Because of these differences in local government structure, comparing city governments alone can be very misleading.

For example, consider a comparison of Baltimore and Tampa. The city government in Baltimore spends three times more per capita than the city government in Tampa—$5,594 versus $1,829 in 2011. However, the difference is almost entirely due to the fact that the City of Tampa splits the provision of local services with overlying Hillsborough County and an independent school district, whereas Baltimore has no overlying county government and the schools are part of the city government itself. Once all overlying governments are accounted for in the FiSC methodology, per capita expenditures for residents in the two cities are nearly identical—$6,083 in Baltimore versus $6,067 in Tampa.

Land Lines: Can you explain the methodology used to create Fiscally Standardized Cities?

Adam Langley: FiSCs are constructed by adding together revenues for each city government plus an appropriate share from overlying counties, independent school districts, and special districts. County revenues are allocated to the FiSC based on the city’s share of county population, school revenues are allocated based on the percentage of students in a school district who live in the central city, and special district revenues are allocated based on the city’s share of residents living in the district’s service area. Thus FiSCs provide a full picture of revenues raised from city residents and businesses, whether collected by the city government or a separate overlying government. These allocations are made for more than 120 categories of revenues, expenditures, debt, and assets. The FiSC methodology was developed with Andrew Reschovsky, a Lincoln Institute fellow, and Howard Chernick, a professor at Hunter College of the City University of New York. We calculate the estimates using fiscal data for individual governments provided by the U.S. Census Bureau, and we will update the FiSC database as data for additional years become available.

Land Lines: Why is it important to compare local government finances at the city level?

Adam Langley: Many people want to know how their city compares to other cities, but it’s critical to account for differences in local government structure when making these comparisons. The FiSC database does account for these differences. Thus, it can be used to compare property tax revenues in two cities, rank all cities by their school spending, investigate changes in public sector salaries over time, or see which cities are most reliant on state aid to fund their budgets.

In a separate project with Andrew Reschovsky and Richard Dye, we’re using the FiSC methodology to estimate pension costs and liabilities for all local governments serving each city. Media coverage sometimes creates the impression that all public pension plans face serious challenges, but in fact there is a great deal of variation around the country. In order to investigate these differences, it’s essential to have comparable data on pension costs for all local governments serving each city. For example, initial estimates show that on average the annual required contribution (ARC) for local pension plans in 2010 was equal to 4.9 percent of general revenues for the 112 FiSCs. However, ARC was more than 10 percent of revenues in both Chicago (11.7 percent) and Portland, Oregon (10.9).

Land Lines: Did revenue declines vary much across cities during the Great Recession?

Adam Langley: Yes, revenue declines ranged widely across the 112 FiSCs during and after the recession. Accounting for inflation and population growth, only eight FiSCs avoided revenue declines entirely through 2011. I calculated changes in real per capita revenues from each FiSC’s peak through 2011: About a third experienced declines of 5 percent or less (41 FiSCs), another third saw declines between 5 and 10 percent (34 FiSCs), and about a quarter had declines exceeding 10 percent (29 FiSCs). FiSCs with very large revenue declines include Las Vegas (20.2 percent), Riverside (18.0 percent), and Sacramento (18.0 percent).

Land Lines: Have local government revenues recovered much since the end of the recession?

Adam Langley: Not really, because revenue changes lagged behind economic changes by several years during and after the recession. Real per capita local government revenues were stable through 2009, declined slightly in 2010, and fell more significantly in 2011. The latest year with comprehensive data is 2011, so I tied together several different data sources to estimate revenues through 2013. Those data suggest that revenues hit bottom in 2012, when they were 5 to 6 percent below 2007 levels. That means revenues did not bottom out until three years after the recession officially ended. Revenues started to recover in 2013 but remained more than 4 percent below pre-recession levels.

This lag is driven by changes in intergovernmental aid and property taxes, which together fund almost two-thirds of local governments’ budgets. The American Recovery and Reinvestment Act provided states with about $150 billion in federal stimulus between 2009 and 2011, and there were additional stimulus funds provided directly to local governments. Most stimulus funds were gone by 2012, however, which led to the largest cuts in state spending in at least 25 years. Moreover, changes in property taxes typically lag behind changes in housing prices by two to three years, due to the fact that property tax bills are based on assessments from prior years, there are delays in reassessing properties, and other factors. That lag means that property taxes actually grew through 2009, did not fall until 2011, and then hit their trough in 2012.

Land Lines: Can you elaborate on your work describing property tax exemption and credit programs?

Adam Langley: I’m nearly finished with the first stage of this project, which entails creating a summary table on states’ exemption and credit programs. The table contains data for 167 programs, with 18 variables describing the key features of each program. There is information on the value of exemptions expressed in terms of market value; criteria related to age, disability, income, and veteran status; the type of taxes affected; whether tax loss is borne by state or local government; local options; and more. Once that table is completed, I will write a policy brief to outline key features of these programs. All of this information is drawn from the table on Residential Property Tax Relief Programs in Lincoln’s Significant Features of the Property Tax subcenter of the website. The original Residential Relief table provides detailed descriptions of each program, while the summary table should be most useful for users who want to make quick comparisons of states or for researchers who want to conduct quantitative analysis.

In the second stage of this project, I will estimate tax expenditures for these property tax relief programs. Despite the prevalence of these programs and their often large impacts on property tax burdens, there are no comprehensive estimates of their costs. Using data from the summary table and microdata from the American Community Survey, I will estimate for each state the percentage of residents who are eligible for property tax relief programs, the total cost of tax relief programs, the average benefit for beneficiaries, and the percentage of residents eligible and their average benefit by income quintile. These estimates will provide valuable new information on the impacts of property tax relief programs in the United States.

The demand for urban services surpasses the financial capacity of most cities around the world. To address this problem, many municipal governments successfully use the property tax, combined with other management instruments, to raise needed revenues. In Central America, El Salvador is the only country that does not currently have a tax on land and buildings. However, public officials, academic experts and business leaders have begun to discuss the necessity of establishing a property tax system and strategies for its implementation.

El Salvador’s taxation system is recognized as being inequitable and the amount of tax actually collected is very low, thus affecting the level of public investment. Decades of civil war and economic chaos left the country without an established tradition of fiscal management and controls. Changes in the taxation system began in 1993 when the former patrimonial tax on personal and business property, including real property, and the 5-percent sales tax were both abolished and replaced by a 13-percent sales tax. These taxes, and an ongoing income tax, are all collected by the central government.

The only municipal tax is an archaic and complex tax based on commercial, industrial, financial and services activities. Because of their limited capacity to raise revenues, municipalities have few opportunities to contract loans from national banks and no possibility of obtaining loans from international financial institutions. Administrative deficiencies, cadastral problems and limitations of the legal framework also contribute to the weak financial base of the municipal governments. Since metropolitan San Salvador encompasses such a large part of this small country, local taxation and other fiscal planning programs introduced there have a significant impact on the entire country.

In 1998 the Municipal Council of San Salvador proposed increases in its business activity tax, raising immediate debate among business organizations and municipal officials. Business leaders argued that the proposed tax program would generate additional costs, compelling them to raise the price of goods and services and possibly provoking inflation. They demanded incentives for new development in exchange for any changes in the tax system. The Municipal Council defended its proposal, arguing that the current tax structure was seriously inequitable because it punished smaller enterprises while offering advantages to larger ones.

The Municipal Council of San Salvador and the Trade and Industry Chamber of El Salvador formed a joint commission to investigate the complex issues involved in the proposed tax reform, and the preconditions such as updated cadastres, the legal framework and technical training that would be necessary. While no concrete mechanisms for implementing land and building taxation were incorporated into the discussion, it was significant that these key stakeholders reached consensus on the need for a property tax in the future.

Benefits of an International Perspective

In a precedent-setting meeting of public officials and private stakeholders in January 1999, the Lincoln Institute and the Planning Office of the Metropolitan Area of San Salvador (OPAMSS) examined many issues regarding the development and implementation of a property tax system. This was the third in a series of Institute-sponsored programs designed to share international expertise and to help develop a new framework for a more equitable tax system in El Salvador.

Particularly in a small country like El Salvador, an adequate property tax system can have positive and strategic effects not only on local finances but also on macro-economic policies and on the re-engineering of a country’s financial sector. Alven Lam, a fellow of the Lincoln Institute, explained that restructuring the taxation framework has been essential to allow some Asian countries, such as Japan, Thailand and Indonesia, to recuperate from their economic crises. The recent fiscal problems in Brazil and ongoing debate about the functioning of the financial sector in El Salvador added a sense of urgency to this discussion of the broader economic context of a local property tax.

The seminar also addressed the importance of integrating land and building taxation as a fundamental tool to promote effective urban land management. Vincent Renard of the Econometric Laboratory of the Polytechnic School in Paris commended the initiative taken by the San Salvador Municipal Council and other local governments to modify their taxation structures, but stressed that these policies can not be isolated from an overall understanding of real estate markets. He also criticized urban planning approaches, such as the current tendency in El Salvador, to over-regulate land use through legal measures without any link to land taxation and fiscal incentives.

A third area of concern to the policy debate was the political and economic implications of property taxation. Among other things, it is critical that those involved in establishing a property tax system consider the political culture of the society, the consolidation of municipal autonomy, the transparency of real estate markets, and the use of the property tax as a tool for economic and social development. Julio Piza, from Externado University in Bogota, described different applications of the property tax in Colombia. He highlighted a common problem, the difficulty of measuring the land and building tax bases due in large part to obsolete current cadastres and the lack of other land information systems.

Although discussion of property tax reform in El Salvador has been overshadowed by recent national elections, the new president has expressed interest in land and tax policy. Among the seminar participants were many municipal and national leaders from the political and business sectors who are committed to modernizing their municipal taxation and fiscal management programs. The fact that they met to openly discuss these difficult issues is a hopeful sign. Key factors for future progress include the political will to promote a local property tax, the continued involvement of the business community, and recognition that the tax is both a practical financial instrument to meet immediate needs and an important tool for economic growth and urban development.

A major challenge for El Salvador, as for other countries experiencing social and economic transitions, is establishment of equitable and effective provisions for property valuation and tax collection. Starting with a simple rate structure and gradually introducing more sophisticated instruments can ease the implementation process. Issues such as innovative urban land management and the possibility to capture increments in land value are also critical for the future fiscal growth of El Salvador.

Patricia Fuentes is subdirector of Urban Development Control and Mario Lungo is executive director of the Planning Office of the Metropolitan Area of San Salvador (OPAMSS).

Municipal Revenues

Metropolitan Area of San Salvador, 1993

Sources of revenue:

a) Municipal taxes 41%

b) Tariffs and user fees 36%

c) Transfers from central government 8%

d) Other municipal revenues 5%

e) Loans 4%

f) Other sources 6%

Revenues per capita (US $) $15.59

Capital investment per capita (US $) $1.04

Debt service as a percentage of total expenses 6.55%

Source: Indicadores Urbanos y de Vivienda, Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, 1996, San Salvador.

Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 1 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

Las políticas de gestión del suelo urbano y el funcionamiento de los mercados de suelo urbano han pasado a ocupar un papel más importante en el debate de políticas públicas urbanas, así como en el trabajo académico y las agendas de desarrollo en varios países de esta región. En los últimos diez años, la red de académicos y funcionarios apoyada por el Programa para América Latina del Lincoln Institute of Land Policy ha desarrollado seminarios, promovido investigaciones, organizado debates públicos, asesorado a tomadores de decisión, y publicado los resultados de su trabajo sobre estos temas tan pertinentes. Los miembros de dicha red se reunieron en Buenos Aires en abril de 2004 para evaluar sus actividades y preparar esta declaración sobre los temas centrales de políticas del suelo, los cuales son claves para la búsqueda de programas de desarrollo urbano más sostenibles en el futuro.

En América Latina, las políticas urbanas y las formas de funcionamiento de los mercados de suelo tienden a producir ciudades económicamente desiguales, política y socialmente excluyentes, espacialmente segregadas y ambientalmente no sustentables. Entre las consecuencias de dichas políticas están los altos y a veces irracionales precios de la tierra, producto, en parte, de la ausencia de efectivas formas de gestión de la tierra urbana.

La situación actual

Los mercados de suelo son estructuralmente imperfectos. Sin embargo, el funcionamiento de los suelos urbanos depende de relaciones sociales, que a su vez son afectadas por los resultados de las operaciones de dichos mercados. Esta conexión entre las relaciones sociales y los mercados de suelo hace a la vez posible y necesario influenciar dichos mercados. Lejos de neutralizar dichas imperfecciones, muchos de los instrumentos y políticas implementados más bien han contribuido a distorcionar aun más el funcionamiento del mercado de tierra urbana. Más aún, las políticas han mantenido las ‘reglas del juego’ inmobiliario urbano inalteradas y aparentemente intocables.

Una lectura más amplia del problema revela que, más que una racionalización inconsecuente, la disfuncionalidad de los mercados de suelo es el resultado de un conjunto de oportunidades perdidas para el desarrollo socialmente sostenible de las ciudades latinoamericanas. Sin embargo, existen oportunidades prometedoras e innovadoras para superar los cuellos de botella evidenciados en las políticas inadecuadas y destructivas del Estado, la dificultad de financiar el desarrollo urbano, y su capacidad deficiente de gestión.

Uno de los resultados negativos más sobresalientes de la situación actual es el relativo peso, importancia y persistencia de los mercados informales de suelo urbano caracterizado por prácticas exclusionarias, la entrega ilegal de títulos, la carencia de servicios urbanos y otros problemas. La desregulación en lugares donde habría que regular (las periferias pobres) y la sobre-regulación de las áreas ricas y reguladas, así como la privatización sin criterios sociales, son todos factores que contribuyen a impulsar estos procesos, especialmente la concentración espacial de la pobreza urbana. Si bien la mayoría de los programas de regularización están bien intencionados, la mayoría de ellos provoca efectos perversos, entre ellos los elevados costos del suelo para los sectores más pobres.

La planificación urbana y las normas urbanísticas tradicionales han perdido importancia y efectividad como instrumentos para orientar el desarrollo urbano, especialmente los mecanismos existentes para la gestión del suelo. Esta situación abre, no obstante, espacios de oportunidad para pensar en formas innovadoras de gestión y planificación urbana. En algunos lugares, ya se ha aprovechado dichas oportunidades a través de nuevos experimentos y propuestas que han provocado intensos debates al cuestionar los enfoques tradicionales.

En este marco, la creación de nuevas formas de gestión de la tierra tiene un requisito ineludible: repensar la tributación de la tierra urbana incorporando nuevos métodos y estar abierto a considerar instrumentos fiscales alternativos, entendidos como herramientas para reorientar el actual desarrollo de las ciudades y disciplinar el funcionamiento del mercado de tierra urbana. Dichas herramientas deben ser diseñadas no sólo para captar fondos para la construcción de infraestructura y la prestación de servicios urbanos, sino también para contribuir a una distribución más equitativa de los costos y beneficios, especialmente aquellos asociados con el proceso de urbanización y el retorno de las plusvalías de la tierra recuperada a la comunidad.

Propuestas de Acción

Reconocer el rol indispensable del Estado. Es impresdindible que el Estado (tanto a nivel local como nacional) tenga un rol activo en la promoción del desarrollo urbano. El nivel local debe comprometerse más con los cambios estructurales en la gerencia del suelo, y el nivel nacional debe fomentar dichas iniciativas locales activamente. El gobierno no debe ignorar su responsabilidad de adoptar políticas en torno al mercado de suelo urbano que reconozca el valor estratégico de la tierra y las características particulares del funcionamiento de sus mercados, para impulsar un uso sostenible del suelo al incorporar objetivos sociales y ambientales y beneficiar a los segmentos más vulnerables de la población urbana.

Quebrar la compartamentalización entre las autoridades fiscales, normativas y jurídicas. La falta de cooperación entre autoridades locales es responsable por importantes ineficiencias, políticas poco efectivas, desperdicio de recursos escasos y poca transparencia pública. Más aún, las acciones incongruentes de diversas autoridades públicas dan señales confusas a los agentes privados y crean incógnitas, si no oportunidades, para que los intereses especiales puedan modificar planes gubernamentales. La complejidad y escala de los desafíos planteados por la realidad social urbana de las ciudades latinoamericanas requieren la toma de acciones multilaterales por parte de numerosos actores para incidir en el funcionamiento de los mercados de tierra urbana (formales e informales), asegurando de esta manera el logro de objetivos conjuntos: la promoción de un uso sostenible y justo de este recurso, la reducción de precios, la producción de suelo con servicios, el reconocimiento de los derechos al suelo por los pobres urbanos, y una repartición más equitativa de las cargas y los beneficios de la inversión urbana.

Estas autoridades también deben articular las políticas de desarrollo urbano con las políticas de tributación del suelo. Deben promover una nueva visión con una legislación urbanística que diferencie el derecho de propiedad del derecho de edificación y del uso del suelo, comprendiendo que las plusvalías generadas de los derechos de construcción no pertenecen exclusivamente a los propietarios de la tierra. Los gestores urbanos también deben también diseñar mecanismos creativos a través de los cuales las plusvalías se pueden usar para producir tierra urbana equipada para los sectores sociales de menores ingresos, compensando de esta manera las desigualdades urbanas.

Reconocer los límites de lo posible. Transformar los marcos regulatorios actuales que rigen la utilización de la tierra urbana exige desarrollar un nuevo pensamiento urbanístico y jurídico que reconozca que las desigualdades urbanas y la exclusión socio-espacial son un fenómeno intrínseco al predominante modelo de desarrollo de las ciudades. Incluso en los marcos de los modelos vigentes, hay grados de libertad no despreciables para políticas más socialmente responsables y transparencia del gobierno. Las regulaciones y normas urbanísticas deben considerar la complejidad de los procesos de valorización del suelo y asegurar el cumplimiento de los principios efectivos tradicionales tales como aquellos que limitan la capacidad de las agencias gubernamentales para disponer de recursos públicos o prohibir el “enriquecimiento sin causa” de los propietarios privados.

Revertir círculos viciosos. Se necesitan alternativas a los programas de regularización para romper el círculo vicioso de reproducción de la pobreza que los actuales programas de regularización perpetúan. Es importante reconocer el carácter paliativo de dichos programas y la necesidad de integración de las políticas urbanas, de vivienda y de tributación de la tierra. La dependencia de los subsidios a la vivienda, aunque inevitable, puede quedar anulado si no se cuenta con mecanismos que impidan que estos subsidios se traduzcan en aumentos de los precios del suelo. Los funcionarios de las ciudades deben priorizar la generación de oferta de tierra equipada sobre los programas de regularización ya que el derecho a la vivienda es un derecho social a ocupar un hábitat viable y con dignidad. También es importante entender que la baja producción de suelo servido per se contribuye a la retención de la oferta y por consiguiente a su alto precio, afectando así todos los aspectos del desarrollo urbano.

Además, las soluciones individuales (tales como procesos de titulación predio-por-predio o la entrega de subsidios caso por caso a familias individuales) son en última instancia más onerosas para la sociedad que las soluciones colectivas y más amplias que incorporan otros valores agregados, como la construcción de espacios públicos, la inversión de infraestructura y otros mecanismos que fortalecen la integración social. Muchos países latinoamericanos han sido testigos de programas de subsidios habitacionales, muchas veces con el apoyo de agencias multilaterales, que no consideran o menosprecian el componente suelo. Tales programas buscan suelo público rápidamente disponible o simplemente ocupan suelo en las áreas intersticiales de la ciudad. Tal desinterés en una política de suelo más amplia compromete la replicabilidad, expansión y sostenibilidad de estos programas de vivienda en una escala más amplia.

Repensar los roles de las instituciones públicas y privadas. La gestión de la tierra, dentro de una gran diversidad de intervenciones urbanas – desde la producción en escala masiva de suelo con servicios para los pobres hasta las operaciones de redesarrollo urbano mediante grandes proyectos, pasando por las intervenciones del tipo ‘face-lift’ o los proyectos de recuperación ambiental — obliga a pensar en las más variadas formas de intervención de parte de las instituciones públicas responsables del desarrollo de las ciudades y en diferentes modalidades de asociación público-privada. La utilización de las tierras vacantes y la flexibilización de usos e intensidades de ocupación pueden jugar un papel crucial siempre que tales proyectos cumplan con las orientaciones estratégicas de las instituciones públicas, sean sujetas a la contraloría ciudadana, e incorporen una visión compartida y participativa del desarrollo urbano.

La ejecución de proyectos demostrativos como El Urbanizador Social en Porto Alegre, Brasil, el proyecto de vivienda Nuevo Usme y la legislación sobre la recuperación de plusvalías de Bogotá, Colombia, constituyen ejemplos de esfuerzos sensibles y creativos que reconocen la importancia de una adecuada gestión de la tierra urbana y de un nuevo pensamiento sobre el papel de la tierra, en particular del potencial del valor del suelo como instrumento para promover un desarrollo más sostenible y equitativo para los pobres de nuestras ciudades.

Un pensamiento creativo y balanceado también queda de manifiesto en proyectos conjuntos de capital público y privado en La Habana, Cuba, con plusvalías capturadas a través de la mejoría de áreas históricas densamente pobladas.

Potencializar el papel de la tributación de la tierra en el financiamiento público para promover el desarrollo urbano. Los gobiernos nacionales, estaduales o provinciales y locales deben compartir la responsabilidad por la promoción del impuesto predial como un mecanismo idóneo y socialmente aceptable para el financiamiento y promoción del desarrollo urbano. El impuesto predial no se debe aplicar con criterios generalizados, sino que debe ser sensible a las ciudades latinoamericanas que tienen un fuerte legado de desigualdades económicas y socio-espaciales. Pueden existir buenos argumentos para gravar a todos los terrenos con una tasa más alta que las edificaciones, de forma racional y diferenciada, en particular en los terrenos periféricos sujetos a la especulación urbana y las tierras ofertadas ex-ante a los sectores sociales de menores ingresos, (asegurándose que su pago contribuye, además, a la construcción de ciudadanía de estos sectores). Y como ya se aseveró, es esencial crear instrumentos impositivos innovadores y adecuados a cada realidad y otras modalidades para captar las plusvalías generadas.

Educar a los actores en la promoción de nuevas políticas. Todos los actores involucrados en estos procesos, desde los jueces a los periodistas pasando por los académicos y por supuesto los funcionarios públicos y sus mentores internacionales, requieren contar con formación y capacitación en profundidad sobre el funcionamiento de los mercados y la gestión de la tierra urbana para lograr estos objetivos. Es indispensable identificar los “campos de resistencia mentales”, particularmente en el pensamiento urbanístico, económico y en las doctrinas jurídicas, que constituyen obstáculos que hay que superar. Debemos reconocer, por ejemplo, que existe y opera un “derecho informal” que legitima social, si bien no jurídicamente, muchas transacciones sobre la tierra y crea redes y espacios de solidaridad e integración. Es urgente realizar acciones para introducir estos temas y propuestas en las agendas políticas en los distintos niveles gubernamentales, los partidos políticos, las organizaciones sociales, la academia y los medios de comunicación social.

The character of institutions, political settings, and social relationships is critical in determining whether nonprofit developers are effective in reusing vacant, abandoned, and contaminated properties in their communities.

A medida que una ciudad crece, tanto en tamaño como en su densidad de edificación, una parte de este proceso de crecimiento consiste, por lo general, en las mejoras que se realizan en el suelo a raíz de los nuevos desarrollos. No obstante, la combinación de la demanda de sitios de construcción adicionales y de la cantidad limitada de espacio físico disponible para el desarrollo generalmente da como resultado un aumento en los precios de los terrenos.

Esta escasez de suelo se debe a tres factores principales: la capacidad de los propietarios de no poner a disposición del mercado sus terrenos con servicios (una causa que se atribuye a la concentración de la propiedad de terrenos y a otras limitaciones legales e institucionales); las dificultades para tener acceso a ciertas áreas que aún no están listas para ser ocupadas debido a la falta de infraestructura; y las restricciones impuestas por las normas de zonificación. Cada uno de estos factores presenta su propia dinámica, aunque no necesariamente aparecen al mismo tiempo. Este es el caso de las ciudades brasileñas, particularmente São Paulo, donde estos factores restrictivos no siempre se presentan de la misma manera en relación con el precio de los terrenos.

Por ejemplo, las normas de edificación pueden reducir el precio de los lotes individuales, pero pueden aumentar el precio general cuando dichas normas afectan a todos los lotes y, como consecuencia, restringen la oferta de viviendas. Una gran oferta de terrenos vacantes controlados por unos pocos propietarios puede ocasionar el aumento de los precios, mientras que la falta de accesibilidad puede dar como resultado la reducción de los precios.

El precio de los terrenos también depende de las características de las normas sobre el suelo. A medida que la ciudad crece, la mayor demanda de terrenos urbanos edificables por lo general genera valores más altos si la infraestructura existente tiene la capacidad de contener una ocupación de terrenos más intensa y si las normas sobre zonificación (o las modificaciones a dichas normas) permiten además una mayor densidad de edificación.

Con el fin de examinar estas cuestiones, debemos, en primer lugar, considerar de qué forma se financia la inversión en infraestructura que brinda o intensifica los medios para acceder a los terrenos y utilizarlos y, en segundo lugar, analizar cómo se distribuyen los beneficios y costos derivados de las mejoras al suelo. Por lo general, el costo de los servicios públicos (tales como calles, puentes, alcantarillado, alumbrado público, agua potable, etc.) se financia mediante los fondos públicos, mientras que las mejoras o el valor agregado a los terrenos como resultado de la inversión pública en infraestructura son aprovechados, salvo pocas excepciones, por los propietarios de los terrenos mejorados sin ningún tipo de costo.

El aumento en los valores de las propiedades también puede provenir de simples cambios en la utilización del suelo que ya se encuentra accesible, como por ejemplo cuando un terreno que anteriormente se consideraba rural ahora se redefine como urbano. Los cambios en las posibles densidades como consecuencia de nuevas normas de zonificación pueden generar grandes beneficios para las propiedades afectadas, aunque en este caso, como en el caso anterior, la presión futura en cuanto a la infraestructura requerirá una importante inversión pública.

Marco legal

Los propietarios de inmuebles mejorados en Brasil tradicionalmente se apropiaban, tal como ocurre en la mayoría de los países, del valor agregado que se derivaba de la inversión del sector público y de los cambios en la zonificación. El concepto de que los propietarios no deberían ser los únicos beneficiarios de dichas mejoras se introdujo en forma gradual en Brasil durante la década de 1970, y este principio se incorporó en los artículos 182 y 183 de la Constitución Federal de 1988. Con posterioridad, dichos artículos se regularon mediante la Ley Federal Nº 10.257 del año 2001, conocida también como la Ley de Desarrollo Urbano o Estatuto de la Ciudad (Estatuto da Cidade).

Desde 1988, el desarrollo urbano se ha convertido en una cuestión del derecho federal. En la práctica, la legislación federal ratificó el principio de la función social de la propiedad de terrenos urbanos y la separación del derecho a la propiedad del derecho de edificar. Sobre la base de la ley de 2001, la ciudad de São Paulo aprobó su Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial en el año 2002, así como también la Ley sobre la Utilización del Suelo Nº 13.885 en 2004. Las mencionadas leyes introdujeron el mecanismo de Compensación Monetaria por el Derecho de Edificación (Outorga Onerosa do Direito de Construir u OODC), establecieron coeficientes de utilización del suelo (o coeficientes de edificabilidad) mínimos, básicos y máximos, y limitaron la oferta de superficies edificables. La utilización de estas herramientas en conjunto permitió al municipio mejorar la eficiencia en la gestión del suelo, promover los resultados sociales deseados y aumentar los ingresos.

El coeficiente de edificabilidad (CE) mínimo se refiere a la utilización mínima que se espera de un lote para que cumpla con su función social; el CE básico se relaciona con la superficie edificable que todo propietario tiene el derecho de desarrollar en virtud de su propiedad; y el CE máximo es la cantidad de desarrollo permitida por la infraestructura existente y las normas de zonificación. Los cargos asociados con la OODC se aplican sobre la diferencia existente entre el CE máximo y el CE básico de un lote.

Administración de los derechos de edificación

La OODC es la compensación monetaria que pagan aquellos a quienes el gobierno les otorga nuevos derechos de edificación (superficie edificable). Esta concesión de desarrollo (establecida en los artículos 28, 29, 30 y 31 de la Ley Federal Nº 10.257 de 2001 y definida en los artículos 209 a 216 del Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial de 2002) es una de las herramientas normativas que se utilizan a los fines de administrar los derechos de edificación en la ciudad, con excepción de aquellas áreas destinadas a proyectos urbanos a gran escala en los que se utiliza una herramienta legal especial cuyo fin es fomentar las intervenciones públicas y privadas (Biderman, Sandroni y Smolka 2006).

El CE básico de utilización del suelo establecido en el año 2004 varía entre 1 y 2, dependiendo del área de la ciudad a considerar. El CE máximo puede ser 1, 2, 2,5 ó 4, dependiendo asimismo del área. En algunas áreas urbanas, estas nuevas normas redujeron los derechos de edificación, estableciendo un CE básico de 1 para aquellos terrenos que se habían clasificado como 2 o más según la legislación anterior. En forma paralela, el municipio de São Paulo utilizó la OODC para extender el potencial de edificación o el CE máximo hasta 4 en aquellos terrenos que, según la legislación anterior, solo podían desarrollarse hasta 1 ó 2.

Como resultado, en algunas áreas en las que se redujo el CE de 2 a 1, los emprendedores pudieron presentar proyectos utilizando el CE 2 anterior, o hasta el CE máximo de 3 ó 4, siempre y cuando pagaran al gobierno el monto relativo a la superficie edificable adicional correspondiente a la diferencia entre el CE básico y el CE utilizado en el proyecto. Suponiendo que los cargos sean efectivos en cuanto al costo para los emprendedores, este instrumento los beneficia, ya que les permite edificar hasta un CE 4 en áreas en donde previamente el máximo era de CE 2. No obstante, el propietario promedio no siempre considera que esta herramienta sea una ventaja, debido a que el potencial de edificación de su terreno podría verse reducido y se le podría aplicar un cargo sobre lo que anteriormente percibía como un derecho de edificación libre de todo cargo.

Los propietarios de pequeños lotes y viviendas de baja densidad tal vez no se den cuenta de lo que podrían estar perdiendo cuando se modifica el CE, debido a que, por lo general, consideran su propiedad como una combinación del terreno, la edificación y otras mejoras. Resulta difícil separar el valor del terreno del valor de las mejoras, por lo que una futura reducción en el valor del terreno no se percibe en forma inmediata. Asimismo, la expansion del mercado inmobiliario en São Paulo coincidió con la aprobación de la nueva legislación en el año 2004, por lo que el aumento general en los precios de los terrenos puede haber compensado la futura reducción de los precios de los terrenos asociada con las modificaciones del CE. Debe destacarse además que la expansión del crédito gubernamental destinado a la financiación de la vivienda desde el año 2006 contribuyó a un aumento en la demanda de terrenos y, en consecuencia, a un aumento en los precios de los mismos.

Para los emprendedores, el aumento del CE a 4 en aquellas áreas en las que el máximo había sido 1 ó 2 constituyó una situación favorable, ya que pudieron invertir más capital en los terrenos y llevar a cabo proyectos más lucrativos que compensaron los pagos adicionales realizados en concepto de la diferencia entre el CE básico y el CE máximo. En forma gradual, los emprendedores se convencieron de que era mejor pagar este aumento en el valor del terreno al gobierno que a los propietarios privados, ya que el gobierno convertía dichos pagos en mejoras que, por lo general, generaban un beneficio para los proyectos de los emprendedores.

El Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial de 2002 y la Ley 13.885 de 2004 también limitaron la oferta de potencial edificable, tanto residencial como no residencial, en todos los distritos municipales, estableciendo una superficie edificable adicional total de 9.769 millones m2: 6.919 millones m2 para uso residencial y 2.850 millones m2 para uso no residencial (ver tabla 1). Dicho potencial no incluyó las superficies edificables que se encontraban dentro del perímetro de los 13 proyectos urbanos de São Paulo. Las superficies adicionales se distribuyeron entre 91 de los 96 distritos municipales, exceptuando cinco áreas destinadas a la protección ambiental. Esta definición y delimitación de la oferta de edificación potencial introdujo un nuevo elemento en el mercado inmobiliario.

Una vez que los emprendedores supieron cuál era la superficie edificable máxima, previeron la escasez de terrenos en aquellos distritos en los que la oferta era baja y la dinámica inmobiliaria era alt y, así, desataron una tendencia hacia un aumento de los precios de terrenos. A su vez, la falta de superficie edificable originó presiones por parte de los emprendedores inmobiliarios para que el gobierno aumentara la oferta, es decir, modificara los límites de la superficie edificable en algunos distritos durante la revisión del Plan Estratégico que se llevó a cabo en el año 2007, aunque no tuvieron éxito. Hacia octubre de 2010, la oferta de terrenos se había agotado totalmente (o casi por completo) para la utilización residencial en 17 distritos, y para la utilización no residencial en 5 distritos (ver figura 1).

Factores de planificación e interés social

La fórmula para calcular la OODC, adoptada en el Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial de 2002 de São Paulo, tiene en cuenta factores de planificación e interés social, además de las características de la parcela en cuestión y del beneficio económico real que se le asigna a la propiedad como resultado de la OODC. El factor de la planificación es un instrumento cuyo fin es el de fomentar o desalentar densidades altas en ciertas áreas dependiendo de la infraestructura existente, en particular del transporte público y el tránsito masivo. El factor de la planificación también se utiliza con el fin de obtener una mayor compensación económica derivada de la venta de derechos de edificación para empresas ubicadas en áreas de la ciudad que han experimentado mejoras, ya que el coeficiente varía según los terrenos se utilicen con fines residenciales o no residenciales.

El factor del interés social establece exenciones o reducciones en los cargos financieros, dependiendo del tipo de actividad que se desarrollará en la parcela en cuestión. El coeficiente varía de 0 a 1 y se aplica sobre una variedad de actividades. A modo de ejemplo, el coeficiente correspondiente a viviendas económicas o de interés social es 0, lo que significa que los emprendedores de este tipo de viviendas nopagan compensación alguna por los derechos de edificación adicionales. De manera similar, las instituciones sin fines de lucro, tales como hospitales, escuelas, clínicas de salud y maternoinfantiles, centros culturales, instituciones deportivas y recreativas y centros religiosos, poseen un coeficiente 0.

Los mencionados factores actúan a modo de incentivos para lograr los resultados sociales deseados, ya que cuanto menor sea el coeficiente correspondiente al factor de planificación e interés social aplicable a un área determinada, menor será el cargo que se abonará, y mayor será el incentivo para llevar a cabo proyectos de desarrollo en dicha área.

Los efectos en los ingresos y la asignación de fondos

Los ingresos totales provenientes de los pagos de la OODC alcanzaron los R$650 millones (US$325 millones) en aproximadamente cinco años, a pesar de la crisis económica mundial que restringió el crédito hacia finales del período (ver tabla 2). Dichos fondos se depositan en el Fondo de Desarrollo Urbano (FUNDURB), creado con el fin de llevar a cabo planes y proyectos en áreas urbanas y de protección ambiental, u otros tipos de intervenciones contempladas en el Plan Estratégico de 2002.

Para septiembre de 2008, los proyectos aprobados para ser financiados por el FUNDURB fueron 15 parques lineales (R$42,5 millones), mejoras en las aceras y calles (R$21,2 millones), drenajes y obras sanitarias (R$108 millones), instalaciones comunitarias (R$21,1 millones), regularización de asentamientos informales (R$50 millones) y restauración de edificios del patrimonio cultural (R$37 millones).

Comentarios finales

Después de que la ciudad de São Paulo aprobó el Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial de 2002, el principio de concesiones de desarrollo y terrenos edificables se aplicó en todo el territorio de la ciudad. Cuando un proyecto inmobiliario excede el CE básico y el emprendedor desea edificar hasta un máximo de 4, deberá abonar al gobierno ciertas compensaciones económicas. Desde que se introdujo la OODC, los ingresos han aumentado todos los años. Debe tenerse en cuenta que dichos ingresos son netos de los más de mil millones de dólares generados por 2 de los 13 proyectos urbanos de la ciudad (Faria Lima y Agua Espraiada) donde están ocurriendo los mayores cambios en cuanto a zonificación y densidad (Biderman, Sandroni y Smolka 2006). En dichas áreas, los nuevos derechos de edificación obtienen su precio a través de la subasta de Certificados de Potencial Adicional de Construcción (CEPAC), y los ingresos deben invertirse en el área correspondiente al proyecto urbano, en lugar de colocarse en el FUNDURB para el beneficio de toda la ciudad (Sandroni 2010).

El cargo correspondiente a derechos de edificación en São Paulo parece no haber afectado el rendimiento económico de los emprendedores. Por el contrario, el aumento del CE máximo hasta 4 en algunas áreas de la ciudad contribuyó a mejorar las tasas de rendimiento de los emprendedores. Sin embargo, el establecimiento de una reserva máxima para derechos de edificación parece haber generado una tendencia de aumentos en los precios de los terrenos, en particular en aquellos distritos en los que la oferta de superficies edificables es baja. En algunos distritos, los emprendedores agotaron rápidamente la oferta de derechos de edificación residencial. Este tipo de respuesta tal vez se intensifique en el futuro, lo que dará como resultado que el gobierno municipal se vea presionado para aumentar la oferta máxima de superficies edificables y/o el CE máximo. De ser así, existe el riesgo de que la motivación para aumentar los ingresos municipales tal vez llegue a tener más peso que los criterios de planificación urbana y las limitaciones de la infraestructura, en particular el transporte público y el tránsito masivo.

Por otro lado, el flujo de compensación económica no será continuo. A diferencia de los ingresos derivados de impuestos inmobiliarios, que se repiten en forma anual, los ingresos generados por la venta de derechos de edificación irán desapareciendo con el tiempo a medida que se agote el potencial de edificación adicional. En algunos sectores de la ciudad, la oferta de superficies edificables ya se encuentra agotada y la ciudad ya ha llegado al límite de densidad de edificación definido en la normativa. No obstante, las modificaciones que se realicen en un futuro al Plan Estratégico tal vez establezcan un mayor potencial de edificación para dichas áreas, dependiendo de las recomendaciones técnicas y las condiciones políticas para que ocurran dichos cambios.

En resumen, la aplicación del principio de la función social de la propiedad, incluido en el Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial de 2002 de la ciudad de São Paulo, permitió la promulgación de una legislación municipal que separa claramente el derecho a la propiedad del derecho a edificar.

Como resultado, ya no se sostiene la noción tradicional de los derechos de propiedad globales, por lo que el hecho de poseer la propiedad de un terreno no puede invalidar el interés público ni estar por encima de la función social de la propiedad. En consecuencia, los derechos de edificación existents pueden reducirse sin que los propietarios tengan el derecho a recibir una compensación económica por el simple hecho de que se han frustrado sus sueños.

Sobre el Autor

Paulo Henrique Sandroni es economista y fue director de planificación urbana y transporte público de la ciudad de São Paulo desde 1988 hasta 1993 y, por un breve período, fue viceministro de administración del gobierno federal. Ha publicado artículos y libros sobre economía, entre los que se cuenta un diccionario considerado como referencia principal en temas de economía en Brasil. Sandroni es, además, profesor de la Facultad de Economía y Negocios en la Fundación Getulio Vargas de São Paulo, consultor independiente en temas de desarrollo urbano y transporte y conferencista en programas patrocinados por el Instituto Lincoln.

Referencias

Biderman, Ciro, Paulo Sandroni y Martim O. Smolka. 2006. “Large-scale urban interventions: The case of Faria Lima in São Paulo”. En Land Lines 18(2): 8–13.

Ayuntamiento Municipal de São Paulo, Secretaría de Finanzas. www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas.

Sandroni, Paulo. 2010. “A new financial instrument of value capture in São Paulo: Certificates of additional construction potential”. En Municipal revenues and land policies, Gregory K. Ingram y Yu-Hung Hong, editores, 218–236. Cambridge, Massachusetts: Lincoln Institute of Land Policy.

SECOVI. 2010. Estoque de Outorga Onerosa Residencial. Septiembre. www.geosecovi.com.br.