Most countries in Latin America today have become more urban than rural, and they are trying to develop their economies as integral parts of the global marketplace. This process introduces profound cultural and spatial changes, such as increased segregation and conflicts over the use of urban land.

There is a recognized need to strengthen citizen consciousness regarding the liberalization of markets and the withdrawal of state involvement in economic and planning schemes. This changing role of the state from “provider” to “enabler” creates a gap in addressing urban social needs. Participants suggested three approaches to simultaneously improve urban land management and provide for social equity.

First, basic tools to establish and support urban information systems. These include a monitoring mechanism capable of identifying agent and transaction data, including land prices; knowledge of the ‘life cycles’ of urban zones; and utilization of forecasting models capable of establishing the relationships of the local and national economies to the real estate market.

Second, urban policies to balance existing, often inconsistent, market mechanisms. For example, it is difficult to liberalize markets and at the same time impose limits on urban expansion, while trying to provide adequate land supplies to meet the needs of the working poor.

Third, recognition and support of positive actions by community groups and nongovernmental organizations to break patterns of class segregation, as well as efforts by municipalities to utilize instruments such as territorial reserves, progressive financing mechanisms, and improvements in administrative and fiscal procedures.

A major territorial planning problem in Latin America is locating the “edge” of the city, especially when land tenure and occupation respond on the basis of social need rather than legal procedure. Among the forms of urban property outside the rules of commercial law, the most important is corporately held land (ejido), which in Mexico occupies more than 50 percent of the national territory and forms part of all major metropolitan areas. The ejido impedes the natural growth of the real estate market and allows for the expansion of uncontrolled secondary (informal) markets.

To address these and related issues, leading academics and practitioners from the region met in Mexico in April to share their insights into the processes that influence urban territorial order and the instruments available and needed for effective public intervention to achieve social equity and territorial planning objectives. While the seminar participants remain uneasy about the long-term impacts of globalization on Latin America, they agreed that the arena for action, in the next few years at least, will be at the local rather than the national level.

Luis Fernando Alvarez is senior researcher at the Center for Metropolitan Studies, College of Architecture, Art and Design, University of Guadalajara, Mexico.

William J. Siembieda is professor of planning, School of Architecture and Planning, University of New Mexico. The seminar on urban land and territorial reserve issues was cosponsored by the Lincoln Institute and the Center for Metropolitan Studies at the University of Guadalajara.

Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 1 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

El proceso de globalización de las inversiones, las nuevas tecnologías de comunicación y la generalizada movilidad corporativa y personal están provocando una verdadera transformación de las “ciudades-región” del mundo entero. Desde hace muchos años los estudiosos de asuntos urbanos han advertido sobre la emergencia de una nueva clase de asentamiento humano, con estructuras económicas y sociales particulares y sus formas físicas asociadas.

Estas fuerzas globales fueron el tema central de la Conferencia realizada en el Instituto Lincoln, Cambridge, en septiembre de 1995. Este consorcio estuvo organizado por los investigadores David Barkin, Gary Hack y Roger Simmonds, quienes estudiaron doce grandes ciudades-región de Europa, Asia y las Américas. Si bien cada una de las ciudades del estudio exhibe sus propias características y patrones exclusivos, todas cumplen con los siguientes criterios:

• Una gran población, pero no necesariamente de la categoría de mega ciudad;
• Una economía de mercado diversificada, más que una economía planificada
• Una dominada por una sola industria;
• Patrones particulares de crecimiento y cambio desde 1960; y
• Antecedentes de intentos gubernamentales (exitosos o no) de moldear la forma regional.

Las doce ciudades del estudio son:

Ankara, Turquía
Bangkok, Tailandia
Yakarta, Indonesia
Lyon, Francia
Madrid, España
Randstad, Países Bajos
San Diego, Estados Unidos
Santiago, Chile
São Paulo, Brasil
Taipei, Taiwan
Tokio, Japón
Toronto, Canadá

Tomando las doce ciudades anteriores como casos de estudio, se diseño una investigación en varios niveles a fin de construir un modelo que representara a las ciudades-región y los motivos de sus características. El primer objetivo fue examinar los efectos de la economía política global en el crecimiento y desarrollo de las ciudades a lo largo del tiempo. ¿Qué efecto ha tenido la pérdida de la agricultura tradicional o han tenido las economías industriales y la introducción de nuevos capitales de inversión en el funcionamiento de las ciudades? ¿Cómo han respondido las ciudades ante estas poderosas fuerzas externas?

Un segundo objetivo de la investigación fue entender las relaciones entre la cambiante forma urbana y las inversiones en infraestructuras regionales tales como sistemas de transporte y nuevos centros tecnológicos. ¿Cómo se ha distribuido la población en torno a los nuevos centros económicos y redes de transporte? ¿Qué influencia tienen las labores de planificación regional en los cambios de la forma espacial y en el efecto sobre el medio ambiente?

En tercer lugar se exploraron las consecuencias de la dinámica de la globalización sobre la calidad de la vida urbana. ¿Qué problemas sociales y económicos enfrenta hoy la población urbana? ¿Qué están haciendo los gobiernos municipales y nacionales para resolverlos?

Previo a la conferencia, los equipos de investigación de todas las ciudades-región recopilaron datos para mapear el crecimiento y el movimiento de la población, los cambios en la infraestructura y el desarrollo económico e industrial a lo largo de las últimas tres décadas. A fin de que los datos fueran comparables más alláa de las fronteras nacionales, elaboraron planos de la evolución física de las doce ciudades-región en 1960, 1970, 1980 y 1990, y correlacionaron estos planos con cambios en los indicadores económicos y sociales fundamentales durante el mismo período. Asimismo, cada grupo elaboró un informe sobre los problemas especiales que enfrentan sus gobiernos y las acciones de los legisladores para conformar la forma espacial cambiante de la región.

Un retrato de las ciudades-región

Si bien las doce ciudades-región estudiadas presentan variaciones sustanciales, también tienen muchos patrones comunes en cuanto a crecimiento y cambio. Sus poblaciones oscilan entre unos 2 millones de habitantes, en Lyon, más de 32 millones en Tokio, la ciudad más grande del mundo y también una de las más ricas.

En todas estas ciudades el modelo predominante de crecimiento físico ha sido la dispersión desde el centro histórico y los anillos interiores adyacentes hacia espacios abiertos distantes y tierra agrícola. Esta dispersión implica desarrollo residencial y comercial —aunque a veces en direcciones diferentes— y se ha facilitado gracias al vertiginoso aumento en el uso y la disponibilidad del automóvil en todo el mundo. El ejemplo más notable es el de Taipei, en donde el número de automóviles aumentó desde aproximadamente 11 mil en 1960 a más de 1 millón en 1990; en ese mismo periodo, el número de personas por automóvil disminuyó de 127 a 5. Por otra parte, las ciudades de Ankara y Santiago, con 13 personas por automóvil en 1990, han sido las menos afectadas por el “síndrome automotor” hasta la fecha.

Incluso al mismo tiempo en que la mayoría de las ciudades se están dispersando hacia las afueras, ciertos núcleos interiores han visto aumentar su población gracias a la migración de clases adineradas y de empleos del sector de servicios hacia los centros nuevamente pujantes. La construcción de obras monumentales como estadios deportivos, centros de convenciones, hoteles de lujo y condominios residenciales han contribuido a avivar el turismo y la vida cultural de estos núcleos urbanos. La otra cara de la moneda, sin embargo, es el creciente deterioro que se observa fuera de los centros debido al desplazamiento de grandes números de pobres urbanos a zonas carentes de servicios.

Excepciones notables de este patrón son los centros urbanos deprimidos y los opulentos suburbios de baja densidad poblacional de los Estados Unidos. Ciudades como Bangkok y Taipei exhiben mayor integración vecinal de ricos y pobres que otras, pero su patrón predominante continúa mostrando zonas opulentas segmentadas y mayor definición de pobreza con el paso del tiempo.

Irónicamente, en esta nueva era de globalización los patrones residenciales están perdiendo importancia frente a los patrones de interacción, conforme los participantes de la economía global se comunican más a menudo con sus semejantes de otras ciudades u otros países —bien sea electrónicamente o en persona— que con sus propios vecinos.

Los cambiantes patrones demográficos han disminuido las tasas de crecimiento urbano a un 3 por ciento, en comparación con 6 a 8 por ciento en la década de 1960. La mayoría de las ciudades han experimentado una reducción en sus tasas de natalidad y de migración desde zonas rurales del interior del país o de las regiones inmediatas. No obstante, la turbulencia política y las cambiantes oportunidades laborales también están dando pie a nuevas olas de migración transnacional. Muchos nuevos inmigrantes se asientan en áreas de la ciudad separadas del sector pobre indígena, y presentan un nuevo grupo de problemas sociales y económicos para los gobiernos nacionales y municipales. En San Diego, por ejemplo, inmigrantes de México y Centroamérica contribuyen al crecimiento poblacional y a la mayor segmentación dentro de la región. Por otra parte, São Paulo ha experimentado una emigración neta, dado que las nuevas políticas y programas brasileños fomentan la descentralización hacia nuevas comunidades de ese vasto país.

Según los datos de 1990, los sectores económicos tienen una composición similar entre países. Por lo general, menos del 5 por ciento de la fuerza laboral se dedica a la agricultura y a la extracción de recursos, mientras que el 20 al 30 por ciento trabaja en el sector manufacturero y el 65 al 75 por ciento en el sector de servicios. Como interesantes excepciones en estas tendencias laborales son los casos de Yakarta, con una tasa de participación en el sector agrícola de casi el 16 por ciento en 1990, y San Diego, con un 83 por ciento de tasa actual en el sector de servicios. Bangkok y Taipei muestran los mayores declives en agricultura, desde un 20 por ciento en 1960 a menos del 2 por ciento en 1990. En ese mismo año, ambas ciudades mantenían tasas relativamente altas en el sector manufacturero; 32 y 36 por ciento respectivamente.

En cuanto a la distribución del ingreso en las regiones, se observan patrones similares: el 20 por ciento más pobre de la población suele recibir apenas un 5 a 7 por ciento de los ingresos totales, en comparación con un 40 a 50 por ciento de dichos ingresos que llega al 20 por ciento más rico de la población. Santiago, São Paulo y Yakarta exhiben las mayores concentraciones de riqueza en los niveles superiores, mientras que Tokio y Taipei, seguidos cercanamente por Randstad y Madrid, exhiben la menor desigualdad entre los niveles de ingresos. San Diego, a pesar de su ingreso per cápita relativamente alto, muestra una distribución de ingreso de rango medio del 44 por ciento para el extremo superior, pero apenas un 4 por ciento del ingreso ganado para el 20 por ciento más pobre de su población.

Una economía mundial llena de cambios y contradicciones

Durante la conferencia se revelaron varias realidades nuevas sobre el mundo en que vivimos. Quizás la más importante sea la dificultad que enfrentan las autoridades municipales y nacionales para diseñar políticas eficaces que modifiquen las poderosas fuerzas económicas que moldean las nuevas estructuras productivas de sus regiones.

Un tema recurrente en los análisis regionales fue la contradicción existente entre las inversiones privadas altamente centralizadas y los cambios arrolladores que surgen con la inserción de la ciudad-región en la economía internacional. En la mayoría de las regiones, los “corredores de élite” de la globalización presentan un agudo contraste con la precaria “ciudad residual”. Dichos enclaves adinerados, receptores de las inversiones de corporaciones transnacionales productoras para mercados mundiales, están redicadas cerca de las zonas donde viven y compran los participantes de esta economía. En estos centros financieros y comerciales, prósperas empresas de profesionales capacitados realizan operaciones de producción y marketing mundial para garantizar retornos atractivos a los inversionistas internacionales, casi siempre haciendo caso omiso de la economía local.

Paralelamente con el declive poblacional, las oportunidades de empleo también se han estancado. En cada una de las ciudades-región se observa el desplazamiento acelerado de la fuerza laboral hacia empleos a tiempo parcial de baja paga en el sector de servicios, con un concomitante desequilibrio de oportunidades económicas que condena a un segmento creciente de la población a la pobreza.

Esta amenaza está acompañada por cambios en el sector agrícola. Gran parte de los productores rurales de pequeña escala no pueden competir en los mercados internacionales con productores agrícolas de gran escala, quienes tienen acceso a un capital que les permite equiparse con las más modernas maquinarias para aumentar su producción. El proceso inexorable de expansión global también está provocando la salida del mercado de plantas manufactureras de pequeña y mediana escala.

La mayoría de los participantes de la conferencia aceptaron y adoptaron de buena gana la nueva dinámica de la globalización. Sus gobiernos trabajan activamente para reposicionar sus regiones a fin de atraer inversionistas extranjeros y promotores de bienes raíces que prometen la modernización, esperando poder convertir sus ciudades en guías que conduzcan a sus naciones hacia el proceso de integración mundial. Casi todos consideran que su tarea principal será la de desenmarañar los obstáculos —normativos y otros— de las épocas anteriores, y facilitar la iniciativa privada mediante el ofrecimiento, a veces gratuito, del suelo y de la infraestructura requeridos para las nuevas instalaciones.

Muchas de las ciudades están específicamente orientando sus estrategias de inversión en infraestructura para expandir la economía de servicios. Bangkok, Taipei y Tokio están esforzándose para convertirse en los centros financieros de Asia, esperando la caída de Hong Kong como primer competidor. Bangkok, en particular, está invirtiendo en redes sustanciales de transporte y comunicaciones y en la capacitación de su fuerza laboral. En Europa, Madrid está aprovechando su papel como centro mundial de la cultura española para mejorar sus servicios de comunicación; Randstad está promoviendo sus instalaciones de soporte aeroportuario; y Lyon se está convirtiendo en un novedoso centro de industrias tecnológicas emergentes.

Impactos en el desarrollo regional

Los casos estudiados y las discusiones durante la conferencia pusieron en evidencia numerosos problemas de ese entusiasmo por la globalización. El complejo y preocupante fenómeno de la expansión urbana se está generalizando en el mundo entero conforme el automóvil facilita la distribución de la población a centros de empleo satélites y suele reducir la densidad de las ciudades regionales. Dos excepciones interesantes de este patrón son Tokio, cuyo sistema de tránsito masivo contribuye a mantener centralizada la actividad económica, y Taipei, donde la geografía montañosa restringe el desarrollo hacia las afueras. Por otra parte, en Randstad se está observando el desarrollo acelerado de espacios vacantes que existían entre antiguos asentamientos, aun cuando la tasa de crecimiento general ha sido bastante lenta.

Parte de esta descentralización proviene de los esfuerzos gubernamentales para hacer frente a asuntos como el alto precio del suelo, el congestionamiento vehicular o la protección ambiental. En las afueras de Santiago, Lyon, Randstad, Taipei, Tokio y Yakarta se están construyendo nuevos pueblos o “tecnópolis”, mientras que en Bangkok se está construyendo un nuevo puerto a unos cuantos kilómetros del centro de la ciudad. En São Paulo, estrictos reglamentos de protección de las zonas de cuenca están forzando el desplazamiento de nuevos desarrollos a sitios distantes.

Más que moldear el desarrollo, la infraestructura suele seguirle los pasos a éste. Los inversionistas privados tienen capacidad de responder con mayor rapidez a planes de crecimiento dentro de sus regiones, de lo que pueden las agencias públicas responsabilizarse por implementar grandes proyectos de infraestructura. De esa manera el desarrollo privado presiona al sector público para que dote de servicios a zonas que ya están siendo urbanizadas. Este proceso tiene serias implicaciones para la planificación regional a largo plazo, si ésta continúa siendo impulsada por el desarrollo mientras que el gobierno le sigue los pasos para no quedarse atrás.

Otro tema que emergió durante la conferencia fue el de una mayor conciencia sobre los problemas ambientales. En la mayoría de las ciudades-región, la acumulación de riqueza y el consiguiente aumento de consumo están imponiendo enormes presiones sobre el medio ambiente. Con el paso acelerado de la integración regional y la desregulación de la economía, las corporaciones transnacionales pueden funcionar como les plazca en la economía internacional. Los participantes señalaron repetidamente las dificultades de controlar estos retos de manera constructiva en cada una de sus ciudades-región. Así y todo, la preocupación por el ambiente fue vista también como el principal factor de motivación de la planificación regional estratégica considerada.

Calidad de vida

La globalización promete un mundo de mayor prosperidad. La mayoría de las ciudades representadas en la conferencia experimentaron aumentos relativos en varios índices promedio de calidad de vida entre 1960 y 1990: ingreso per cápita, esperanza de vida y nivel de educación. Estas entradas crecientes, junto con los avances tecnológicos que incrementan la productividad y la mayor diseminación de información sobre bienes disponibles en los mercados mundiales, han permitido que habitantes urbanos de todas partes satisfagan sus necesidades con nuevos productos. No obstante, modelos globales poderosos de organización y producción están también imponiendo nuevos patrones homogéneos de consumo que amenazan con acabar la extraordinaria variedad de estilos de vida que caracteriza a la mayoría de las regiones urbanas.

El aumento en movilidad física resultante del automóvil particular ha abierto las puertas a un mundo de lugares donde vivir, comprar y trabajar. Al mismo tiempo, los viajes diarios entre la casa y el trabajo duran unos 45 minutos en promedio, desde menos de 30 minutos en San Diego a más de hora y media en Bangkok.

Los participantes de la conferencia estuvieron de acuerdo en que este aumento de movilidad ha minado el sentido de comunidad del pasado, conforme los seres humanos comienzan a identificarse con lugares urbanos más dispersos o a desarrollar identidades “sin tierra”. Prácticamente todos los representantes de las ciudades hicieron mención de la “McDonaldnización” de la cultura mundial, que abarca expresiones como la música, la ropa, la arquitectura y la comida. Igualmente, a medida que los mercados de bienes de consumo se globalizan, los habitantes de muchas ciudades-región están comenzando a depender de esos mercados para que suministren servicios que solían ser semipúblicos, tales como educación y recreación.

Los cambios en la función económica de grandes ciudades —de manufactura y transporte a finanzas y turismo— han causado también pérdidas importantes. Muchos centros históricos han sido modificados para fines de turismo cultural. Edificios o ciudades que en el pasado fueron fábricas o almacenes son ahora tiendas o museos. Los trabajadores u obreros portuarios de antaño que solían vivir cerca de sus trabajos, han desaparecido para dar lugar a visitantes que se desplazan por automóvil o avión desde otras ciudades o incluso otros países para admirar edificios que han sido restaurados en forma, pero cuya función ha sido completamente transformada. Nuevos rascacielos, centros de convención, estadios y hoteles de lujo son impuestos sobre el paisaje urbano, generalmente sin tomar en cuenta el contexto espacial y social.

Ciertos puntos del proceso de globalización son alentadores, especialmente si se consideran las contribuciones de la ciencia médica y aspectos básicos de educación y sanidad que pueden ofrecerse con inversiones públicas de relativo bajo costo. Sin embargo, el estándar de vida y las oportunidades de empleo se están deteriorando para números crecientes de la población mundial.

La mayoría de los nuevos trabajadores urbanos viven en un mundo de mercados laborales más flexibles y menos seguridad laboral, diferente al mundo en que laboraron sus padres como granjeros u obreros de plantaciones. Las nuevas tecnologías informáticas y financieras globales facilitan a las empresas buscar los sitios y mano de obra más baratos del mundo y cambiar los empleos de un país a otro en cuestión de semanas, de ser necesario.

Los mismos nuevos medios de información y de transporte, que permiten a consumidores y trabajadores elegir entre una amplia variedad de artículos o empleos, también permiten que los criminales elijan de entre una amplia variedad de potenciales blancos. Algunos participantes de la conferencia argumentaron que la actual percepción de menor seguridad física es algo más imaginario que real, especialmente en los Estados Unidos. Lo cierto es que la percepción de por sí está claramente alentando la demanda mundial de urbanizaciones enrejadas o viviendas más seguras.

Los efectos positivos y negativos de la globalización en la calidad de vida, más que concesiones, son las dos caras de la moneda. Las mismas tecnologías de información y organización de mercados que difunden nuevos bienes de consumo alrededor del mundo en cuestión de semanas, también transmiten malas noticias, como el sida. Los mismos automóviles que facilitan el acceso a oportunidades de recreación en el campo para los habitantes urbanos, también dan lugar a ciudades que se expanden y ocupan tierras de la periferia que se convierten en patios privados en vez de vistas escénicas de granjas o bosques.

Debido a estas contradicciones, es de menester buscar otros modelos de producción y consumo, modelos que permitan a los habitantes fortalecer sus comunidades y proteger sus ambientes, que ofrezcan la posibilidad de crear empleos productivos para toda la población, y que restrinja el acelerado proceso de polarización.

El papel del gobierno

¿Hasta qué punto los ciudadanos de las ciudades-región piden a sus gobiernos municipales, metropolitanos o nacionales encontrar formas de eliminar los efectos negativos de la globalización? Como un ejemplo, los representantes de San Diego, Ankara y Tokio apuntaron al hecho de que las elecciones municipales se centran ahora en torno a quién se beneficia de la globalización. Los ciudadanos que se identifican más con la economía global que con la municipal exigen que los gobiernos inviertan en infraestructura de alta tecnología, construyan centros de convención o estadios y fomenten las oportunidades de educación con el fin de atraer empleos futuros.

En contraste, la mayoría de los peones y trabajadores de poca formación educativa ven la globalización como una amenaza más que una oportunidad, y les interesa más invertir los limitados recursos municipales en servicios públicos como escuelas y clínicas comunitarias. En cualquier caso, es posible que aquellos gobiernos que se concentran en los servicios municipales para no tener que tomar decisiones políticas impopulares, están únicamente postergando los impactos inevitables de la globalización, entre ellos sus efectos potencialmente beneficiosos a largo plazo.

A la larga, quizás la capacidad de gobiernos de cualquier nivel para manejar las fuerzas globales sea limitada. Existe una discrepancia inherente entre la economía global y el gobierno, no sólo en el sentido espacial de gobiernos municipales o fragmentados que están luchando para dominar las fuerzas económicas regionales o globales, sino en los modos operativos contrastantes de los mercados y los gobiernos.

La globalización ha dificultado cada vez más definir tanto “la región” que debería planificarse como “la comunidad” que debería participar en dichos planes. Los gobiernos municipales —e incluso la mayoría de los gobiernos nacionales— no tienen muchos recursos para proteger los negocios locales contra la competencia global. En casi todas las ciudades-región representadas en la conferencia se han multiplicado los grupos de interés especializados y las organizaciones no gubernamentales, al mismo tiempo que los gobiernos omnipresentes han comenzado a dar pasos hacia la fragmentación y descentralización. La devolución política, bastante avanzada en los Estados Unidos, está comenzando a sonar fuerte en otras partes.

La tendencia actual de los gobiernos de las ciudades-región es prescindir de técnicas de planificación espacial complicadas, y en cambio ajustarse a lo que uno de los planificadores de la conferencia denominó como “las nuevas reglas de la propiedad y la política”. Sin embargo, esta filosofía deja una herencia de muchas contradicciones: entre las oportunidades para las élites y los pobres; entre los defensores de una mayor autonomía municipal y aquellos comprometidos a patrones regionales emergentes de interdependencia; y entre políticas que favorecen el crecimiento en vez de la redistribución de recursos. Sin un sistema gubernamental eficaz, todas estas dicotomías tienen gran potencial para la confrontación.

As part of the American Planning Association (APA) 2003 national conference held in Denver in March, the Lincoln Institute assembled a group of planning directors from large and small western cities to discuss a set of topics they had previously identified as being important, including infill housing, maintaining the core vs. sprawling at the edge, paying for infrastructure, and transportation and land use. To explore these issues and exchange case histories, the planners met for a weekend retreat organized by Peter Pollock, Boulder’s planning director, before presenting their findings at an APA session titled “Urban Challenges and Opportunities in the Rocky Mountain West.” This report highlights key discussion points raised during both the retreat and the APA panel.

The West remains one of the fastest growing regions in the country. Not surprisingly, the liveliest discussions among western city planners center on issues of infill housing and the need to protect and maintain the viability of the urban core in the face of continued regional growth. As Chris Knight of Las Vegas noted, “protecting the core is important to the health of the entire region.” Louis Zunguze of Salt Lake City emphasized that “the core area has a real responsibility for the pace of sprawl,” adding that there is a practical need “to keep the area attractive from many perspectives.”

Neighborhood Responses to Infill Development

Part of that challenge has to do with neighborhood resistance to change and increased density. In Billings, Montana, for example (metro population approximately 100,000; county population 140,000), sprawl is becoming a significant issue, according to Ramona Mattix. Yet, despite substantial capital support for downtown revitalization and favorable zoning densities, the city faces considerable resistance from its residents, many of whom are attached to their traditional wide-open spaces.

Bill Healy of Colorado Springs (population 368,000) spoke of his earlier experience as a planner in Salem, Oregon (population 137,000), when he addressed the problem of how to “sell density” in older neighborhoods. As in Billings, the greatest opposition to infill housing in Salem, which involved rezoning established neighborhoods to accommodate multifamily housing, came from existing residents who would grow increasingly vocal if growth was slated to occur in their “back yard.” Healy explained, “The way we sold density [in Salem] was to couple it with better design standards.” People there found density much more acceptable if new development was designed compatibly with existing neighborhoods. A further benefit was that the city obtained new design standards. “Public acceptance of infill is like a sine curve,” Healy explained. “In urban areas there is great acceptance. But as you get out to the first-ring suburbs, there is a real fear of density. Way out where populations are sparce it’s not an issue.” In Colorado Springs, Healy noted, there is little economic incentive for infill. “Half our land area is vacant, so that is a disincentive for infill development. It’s an issue from a planning standpoint.”

Not all western city planners cited neighborhood opposition to infill development as a major obstacle to accommodating growth, however. Ellen Ittleson, for example, discussed Denver’s (population 555,000) recent success in “planning around resistance” in the city’s most recent plan, Blueprint Denver. While preparing the plan, the city looked at growth projections over the next 20 years and devised a way to accommodate the addition of 132,000 predicted new residents and 109,000 new jobs to the city and county. The metro area is expected to receive an additional 760,000 new residents over the same period. “Once we accepted the growth,” remarked Ittleson, “the real task became figuring out where to put it, because where the market or zoning would have put it was not acceptable.”

The Blueprint Denver plan identifies two types of infill areas. “Areas of change” are those parts of the city that would benefit from increased population densities, such as areas of economic need where land use change and transportation initiatives could go hand-in-hand with realizing mixed-use, pedestrian-oriented and transit-oriented development. The only strictly residential area of change is Cherry Creek, which is being transformed from a single-family neighborhood to one with single-family and attached housing. “Areas of stability” are represented primarily by traditional residential neighborhoods, but also include small commercial and even industrial districts where the effort will focus on how to protect the character of these areas rather than adding new households or jobs.

“There has been great consensus on where growth should be and where it should not be,” Ittleson remarked. Yet, there remains considerable controversy “at the edge, that is, how to transition from areas of change to areas of stability,” she continued. Another major obstacle facing the city’s housing initiative is land assembly. “We have the Denver Urban Renewal Authority, but it’s a politically supercharged thing to use. It’s expensive and politically complicated,” she added. Another difficulty is Denver’s “archaic legislation,” which offers far less acceptance of inclusionary zoning than in the East.

Salt Lake City (population 182,000; metro population 1 million) also has demonstrated considerable acceptance of the need for more infill and density downtown. Renowned for its abundant natural amenities, the city has a thriving tourist industry and has become a magnet for growth. As a result, land costs are very high to accommodate the new population, and there are serious discussions between the mayor, the city council and the development community on how to make the city more viable in the face of this challenge. Louis Zunguze remarked that the city is keenly aware that “what happens around us has a lot to do with what we do in the core.”

As part of its efforts to contain the pace of sprawl and attract new development to the downtown, Salt Lake City is putting together a major housing initiative and has studied downtown sites suitable for infill. With the ambitious goal of creating 40,000 new housing units in and around the downtown area, amounting to a three-fold increase in density, a considerable challenge will be to “strike a balance” with more traditional neighborhoods. Strategies include block consolidations for small subdivisions and amending the zoning ordinance to allow for more height in certain appropriate areas, “so more density can be accommodated gradually.”

Salt Lake City has considerable assets working in its favor, notably the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints (the Mormon Church), whose world headquarters is located downtown. “The Church is a significant entity from both a social and financial standpoint,” Zunguze noted. In addition to complementing the city on key housing and economic initiatives, the Church works hard to induce corporations to relocate downtown near the Church’s own headquarters. The Church partners with new development and redevelopment in other ways as well. For example, it has built a new conference center and recently bought the Crossroads Mall located downtown (that is still taxable) and other projects as additions to Church facilities.

Cheyenne (population 53,000; county population 81,000) is the largest community in Wyoming but the smallest city represented on the APA panel and it does not have issues with infill housing. “We’re a landlocked, small community,” notes Mike Abel. “Residential areas are close by, so residential development downtown is not a huge issue right now. We’re more interested in community development issues . . . our infill focus is on commercial redevelopment.”

Regional Planning

According to John Hester, Reno (population 200,000; metro population 550,000) relies heavily on regional planning. The city has a state-mandated regional plan, updated every five years and designed to account for growth and development over a 20-year period. The recently revised plan promotes the objective of directing development to existing areas and infrastructure. It also introduces a new conceptual framework for identifying and prioritizing those districts and transit corridors most suitable for infill and development. On a broad scale the plan presents the idea of Municipal Service Areas designed to capture what has already been built and approved. Urban and suburban land uses are allowed only in these service areas. Then, within these areas, the plan identifies activity centers and auto-dependent transit corridors most suitable for high-intensity land use and development. One specific target for the city, noted Hester, “is to capture 35 percent of all regional metro housing over the next 20 years within the McCarran Ring, a four-mile radius from downtown.”

For David Richert, the cities of Phoenix (population 1.4 million; metro population 3 million) and Reno appear to share similar planning approaches toward managed growth. The Phoenix plan identifies six growth areas as overall targets for development and infill. To alleviate traffic congestion within and among the designated growth areas, the plan also recommends redirecting growth to certain strategic perimeter areas. “They become edge cities within a village system,” he explained. “There are one hundred years worth of growth in the Phoenix plan. We’re putting in infrastructure where we think growth is going to occur.” Richert noted, however, that it was important to keep in mind that “getting the infill requires getting the people who want it, too. . . . Among our goals is to get a fair share of everything that happens in the valley and to set a good example.”

Las Vegas (population 500,000; metro population 1.5 million) has been the nation’s fastest growing region for more than 60 years. But, according to Chris Knight, “the city is still young, with an outward focus and large expanses of vacant land. We tear things down if we don’t like them. If it’s bad, we just blow it up and move elsewhere. Redevelopment is difficult because some of the more prominent redevelopment tools such as eminent domain are taboo.” Downtown Las Vegas is perceived to be in trouble, and its revitalization is at the top of the mayor’s agenda. “One obstacle is that the private owners of downtown properties need to buy in on fixing the problem,” Knight explained. Another problem he noted is that “a number of downtown property owners believe they own the site of ‘the next big casino,’ so land prices are very inflated.”

The mayor of Las Vegas has been a champion of regional planning and recognizes that protecting the core is vital to the health of the region. “The mayor wants to leave the legacy of a new downtown,” Knight added. Part of that legacy would include the introduction of new medical research facilities and 40,000 units of housing to the downtown area. “Big retailers are already coming in,” added Knight, and the city is “looking for tall buildings.” The city is also beginning to investigate transportation-related development to support the existing monorail system, “but our zoning standards may be archaic and will be in the way. We have to figure out how to remove them,” he explains.

Infrastructure and Land Management

Maintaining control of a city’s services and proper fiscal strategies may help in managing growth. Salt Lake City is well endowed with transportation facilities: light rail, bus (local and Greyhound) and train (Amtrak) services, and an airport that is within ten miles of downtown. Moreover, the streets in Salt Lake are so wide that it’s easy to install new rail lines down the center for new transit services. The city also has three large malls within the downtown area, which help keep the city viable. In addition, there is considerable willingness on the part of developers “to look at the barriers in the way of the kind of the development we want downtown (i.e., mixed-use along transit),” Louis Zunguze noted. In Salt Lake, “the city development and finance communities are beginning to come to the table together to discuss what type of housing should be developed and how to finance it. . . .The banks are willing to look at new ways to finance mixed-use developments,” he noted. While work still needs to be done in terms of putting the most viable financing tools together, Zunguze cited land use regulations as the city’s major obstacle to its infill efforts. The city is faced with “contradictions of wanting to do things but the process being very slow. . . . Developers seem to have no problem assembling land, but projects are seriously challenged by the review and permitting processes,” he explained.

Reno has less than half the population of Las Vegas, but as the second largest city in the nation’s fastest growing state, growth management is a high priority. John Hester cited two other factors, in addition to strong regional planning, that have been instrumental in shaping the city’s response to growth. First is the need to work within the limitations imposed by the city’s physical constraints: Reno is landlocked and must also contend with limited water supplies. Second is the city’s concern for fiscal equity and accountability. Taxpayers subsidize growth, and the city, in consultation with outside fiscal consultants, has made concerted efforts to ensure that only those who receive municipal services pay for them, and that taxpayers in one area are not subsidizing the provision of municipal services elsewhere. “A lot of what we try to do is use the fiscal system to make people realize they can’t keep building out,” says Hester. He also noted that the city has a unique tax structure that enables depreciation.

David Richert considers the situation in Phoenix to be very similar to that in Reno only on a bigger scale. “We have our land constraints—the Indian reservations . . . and the state trust lands. Only 13 percent of the State of Arizona is in private hands,” he explained. However, the city itself has no constraints on water. “Phoenix is in the business. It sells water to other communities,” he noted. But controlling the allocation of water “provides a measure of growth control in other areas. In Arizona, you need a 100-year water supply for everything you do.”

Phoenix is also trying to achieve “a balance of transportation,” with efforts to enhance existing transportation rather than building new. Greenspace planning is also becoming increasingly important within the Phoenix region. As an example, Richert cited the recent introduction of special zoning for drainage washes and meanders. The city also passed a bill to collect taxes to pay for park acquisition. “It won’t be enough,” he added, “because once you start buying land you create a market. Land values go up and you can’t buy as much.”

Cheyenne is a city poised for change. As the “northern anchor” of the Colorado Rocky’s Front Range, Cheyenne is only 90 miles from urban Denver. Because of its strategic location on north-south and east-west highways and railroad lines, the city is looking to capitalize on its potential as a major regional transportation hub. “Regionally, we have a lot going for us as a transportation center. Businesses are looking at Cheyenne because of its proximity to other major centers,” Abel explained. Moreover, for businesses Wyoming has a very attractive tax structure, and Cheyenne is also proving popular for commercial development because it is “ready to build.” The city has many greenways, and the strong pedestrian orientation within the community is appealing to new development and infill initiatives. Already, Abel stated, “once-vacant city blocks are beginning to change, and there’s a new parking structure downtown.” Growth is not without obstacles, however. Specifically, water will be the limiting factor in the city’s growth cycle. Like many western cities, noted Abel, “we’re dependent on our water resources and future enhancements. Without sufficient snowpack to balance out the high mountain reservoirs during a drought situation such as we have now, Cheyenne could be out of water in less than three years.”

Despite this sobering prospect, the city remains more than optimistic about its future. Recently, a local property owner offered the city a massive 17,000-acre ranch that appears to have several water sources, and with them significant development capability. The city has taken the option to purchase the ranch for its water rights, but the city would acquire both the land and its water. “With this purchase, we could double the size of Cheyenne overnight,” exclaimed Abel, adding that “it will force the city to look differently at land use in the area for commercial and urban development. It’s an opportunity to develop the next generation of Cheyenne.” David Richert commented, “17,000 acres is huge. . . . You’ll need a lot of expertise from the private sector. But you’re doing a very progressive thing; your government has a chance to control development.”

Armando Carbonell is a senior fellow and cochairman of the Lincoln Institute’s Department of Planning and Development, and Lisa Cloutier is a research assistant in the department.

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Participants in the Lincoln Institute-sponsored retreat for planning directors of western cities: Top row, from left: Mike Abel, Cheyenne; Bill Healy, Colorado Springs; Chris Knight, Las Vegas; John Hester, Reno. Middle row: Louis Zunguze, Salt Lake City; Ramona Mattix, Billings; Ellen Ittleson, Denver. Bottom row, from left: Armando Carbonell, Lincoln Institute; David Richert, Phoenix; Peter Pollock, Boulder. Photo credit: Lisa Cloutier

The Lincoln Institute has been collaborating with the Loeb Fellowship Program at Harvard University’s Graduate School of Design for several years. The program was established in 1970 through the generosity of alumnus John L. Loeb, and each year invites about 10 mid-career professionals to study independently and develop insights and connections that can advance their work in revitalizing the built and natural environments. In May 2004 this year’s group of Loeb Fellows took their class study trip to China. They held a seminar on land use planning for the Beijing Municipal Planning Commission and were hosted by senior planning officials on land use tours in Beijing and Shanghai. This article offers some brief observations by four of the fellows.

China’s great cities are rushing toward a tipping point where a rich legacy of innovative styles of urban living may be swept away by unbridled modernization. The country’s land planners face Herculean challenges in shaping the fastest growing urban settlements the world has known, and it is easy to imagine how nuanced planning can be lost in this rapid tide of change. In China’s quest to catch up with the West, it might be tempting to simply replicate Western patterns and practices. However, not all of those approaches are worthy of emulation, and in some cases China may be emulating the wrong ones.

The Car Culture

In a time of global concern over dependence on oil, Chinese officials seem to be encouraging the car to prevail over other transportation infrastructure and policy options, although the rate and extent of development of Beijing’s public transit system is commendable. Following the decision to award the 2008 Olympic Games to Beijing, the municipal government announced it would complete construction of its light rail system along with Metro lines 5 and 8 by 2005, extending the rail systems by 85 km to a total of 138 km. The city also plans to start on Metro lines 4 and 9 during the next five years. Yet, there are also plans to build the 5th and 6th ring roads around the capital, reflecting both the phenomenal growth of the city and the anticipated explosion in car ownership and use. Also troubling is the constant relegation of existing dedicated bicycle lanes to additional vehicular traffic, thereby creating a vicious cycle of ever more citizens surrendering their bikes for cars.

Beyond the social, cultural, environmental and economic consequences of this process, which are in themselves largely irreversible, these asphalt expansions result in irreparable damage to the city’s urban fabric and structures. While this condition is obvious to local planners, they seem to have bowed to the citizens’ strong yearnings for car ownership. These aspirations are spurred by a national policy of accelerating automobile production for domestic use, conceived as a leading catalyst in the country’s industrial and economic advancement.

Acknowledging these trying circumstances, the enforcement of mitigating measures within the jurisdiction of local government could help restrain the increase in car use. For example, a curb on parking would decrease commuter traffic substantially, but would only indirectly challenge the nation’s automobile consumption policy, since these coveted status symbols would remain available for noncommuting needs. Car sharing, a commercial enterprise that has enjoyed great success in Europe and more recently in transit-rich U.S. cities, is an alternative that would give many more Chinese the benefits and convenience of car usage without necessitating the cost and impact of individual automobile ownership. Many nations, including Singapore and most European Union countries, have automobile-related taxes on purchasing prices, fuels and registration, as well as parking and tolls. These taxes are intended to internalize the costs of pollution, infrastructure, traffic congestion, accidents and noise, but they also act as financial disincentives to car ownership.

The conditions in Beijing appear particularly favorable to introducing transportation management policies. While many cities might be wary that such measures could dampen inner-city development, these propositions would not alter the projected growth in Beijing’s core. Regarding a parking policy, for instance, rapid development over the past decade has already produced a substantial number of covered parking spaces, arguably meeting minimum needs. Conversely, the extent of projected development would render these measures particularly effective in limiting additional traffic.

Local policies that focus on controlling car use would also benefit Beijing’s cultural destinations, where cars already encroach on pedestrian sidewalks in parks and around lakes. From an environmental perspective, beyond the reduction in carbon emissions due to fewer cars, a sharp reduction in the extent of roadways, parking lots and related construction of impervious surfaces would contribute to increased groundwater recharge to replenish the already parched aquifer on which the city’s water supply depends.

Scales of Urban Living

Despite China’s vast expanse, population pressures in the cities dictate that every bit of land in metropolitan regions be put to work. Each road leading out of the city is lined for many kilometers with nurseries of trees, shrubs and flowering plants to provide mature landscaping for every new park, building, road, plaza and mall as soon as the project is completed. The result is surprisingly green boulevards and generously planted parks. The plantings tend to be both water- and labor-intensive varieties, but that might change as water resources are likely to become scarce before cheap labor does.

Beijing and Shanghai demonstrate the uniquely complex ways of living that have evolved over many years (e.g., small-scale farming, sidewalk markets, bicycles and motorcycle taxis), but these urban features can be jarring when juxtaposed against the dynamic scale of current development. Even as these authentic, small-scale living arrangements are being buffeted, and perhaps eradicated, by large-scale planning and the concomitant rush toward modernization in many city districts and neighborhoods, new innovations in urban living are emerging. For instance, the illegal motorcycle taxis observed at a 50,000-unit suburban housing development are a creative and practical solution to the problems of getting around a huge pedestrian-unfriendly project with inadequate public transit and amenities that are concentrated in a large core rather than scattered within walking distance.

Other new districts, such as Pudong in Shanghai, represent instances where a grandiose scale results in dissatisfying urban places that look like American cities of the Sunbelt, designed around cars with too much open space and decorative landscaping. These vast plazas may be appreciated from the air or the upper floors of nearby high-rise buildings, but they are incoherent at ground level. Pedestrians avoid the arid spaces, preferring the charm of the older urban districts with their more human scale, shade, shops and seating. More participation in the planning process by those who live and work in these areas would likely yield an environment more tailored to quality of life than a monument to progress.

Indeed, more resident participation in the planning process is one of the Western practices that is seldom replicated, but can most contribute to better-quality outcomes. Perhaps not understood is that residents, provided with enough background, will often point to similar but more helpfully nuanced ways of achieving the goals sought by planners. Enfranchisement in planning and economic outcomes can make allies of those in historic districts and on the urban frontiers who are currently a growing political and public relations problem for officials. Such a process can also improve market efficiency, since residents often know best what is needed and will work locally.

The willingness to create a culture of participation, dissent and engagement is a far from certain proposition, even for planning and development purposes. As design professionals observing Chinese cities for much too short a time, we can only hope that in the future more can be done to preserve successful forms of traditional urban living and create uniquely new Chinese forms that will contribute to the higher quality of life the policy makers, planners and architects we met seem so eager to embrace.

Loeb Fellows, 2003–2004

Ann Coulter, Executive Vice President, RiverCity Company, Chattanooga, Tennessee

Stephan Fairfield, CEO, Covenant Community Capital, Houston, Texas

Gerald Green, Former Director, San Francisco Planning Department, San Francisco, California

Michael Houck, Executive Director, Urban Greenspaces Institute, Portland, Oregon

Yan Huang, Deputy Director, Beijing Municipal Planning Commission, Beijing, China

Cheryl Hughes, Director of Program Development, Mayor’s Office of Special Events, Chicago, Illinois

Matthew Jelacic, Architect, New York, New York

Ofer Manor, Chief Architect, City of Jerusalem, Israel

David Perkes, Director, Jackson Community Design Center, Jackson, Mississippi

Rodolpho Ramina, Environmental Design Consultant, Curitiba, Brazil

Harriet Tregoning, Executive Director, Smart Growth Leadership Institute, Washington, DC

Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 7 del CD-ROM Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

Diego Alfonso Erba es un profesor invitado del Lincoln Institute of Land Policy (Instituto Lincoln de Políticas de Suelo), con licencia de su cargo de profesor del Programa de Graduados de Geología de la Universidade do Vale do Río dos Sinos (UNISINOS) de Brasil. Se graduó de ingeniero agrimensor en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y después obtuvo dos títulos de maestría en ciencias y enseñó en varias universidades de Brasil. Su experiencia profesional inicial fue en la regularización de los asentamientos informales de Santa Fe, Argentina, y encabezó el Departamento de Sistemas de Información Geológica (SIG) de una cooperativa agrícola del sur de Brasil. También obtuvo un doctorado en agrimensura de la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina, e hizo investigaciones posdoctorales en SIG para cuerpos de agua en el Centro de Recursos Naturales de la Universidad Shiga de Otsu, Japón; y en SIG para aplicaciones urbanas en los Laboratorios Clark-IDRISI de la Universidad Clark de Worcester, Massachusetts.

Land Lines: ¿Qué es un catastro territorial?

Diego Erba: La institución del catastro territorial no existe en los Estados Unidos, por lo menos no de la misma forma que en muchos otros países del mundo. Si bien el término “catastro” tiene más de un significado, en general hay consenso de que proviene del griego catastichon, que se puede traducir como “una lista de parcelas tributarias”.

Este tipo de lista existe en los Estados Unidos, pero el perfil de las instituciones que manejan estos datos no es el mismo que en América Latina y muchos otros países europeos y africanos, donde el catastro territorial incluye datos económicos, geométricos y legales de las parcelas de tierra, además de datos sobre sus dueños u ocupantes. Las instituciones que manejan estos datos, con frecuencia también llamadas catastros territoriales, están estrechamente conectadas con los registros de títulos o los registros de propiedades, porque sus datos se complementan y garantizan el derecho a la tenencia de la tierra. Estas conexiones tradicionales reflejan la herencia catastral histórica de los sistemas legales romano y napoleónico.

Land Lines: ¿Por qué los administradores públicos urbanos necesitan saber sobre los catastros territoriales?

DE: El catastro y el registro de propiedades deberían estar conectados por razones legales − y además con fines prácticos − y hay muchos modelos que demuestran cómo los catastros podrían o deberían estar relacionados con las instituciones públicas. Desafortunadamente, en general los catastros de las distintas regiones están aislados o no están integrados, lo cual reduce mucho su utilidad potencial como herramienta para la planificación urbana y las políticas de suelo.

Por ejemplo, los asentamientos irregulares en general se construyen en áreas públicas o de protección ambiental, o incluso en parcelas privadas, y no pagan impuestos ni están inscritos en las bases de datos de los catastros territoriales. Estas áreas se representan en la cartografía catastral como “polígonos en blanco”, como si no existiera nada dentro de ellos. La paradoja es que en general se poseen datos e información cartográfica sobre estos asentamientos irregulares, pero la información se encuentra frecuentemente en instituciones que no están relacionadas con el catastro, y por lo tanto estos asentamientos no están oficialmente registrados.

Hay una percepción creciente de la importancia del catastro como sistema de información multifinalitario: que sirve no sólo a los sectores legales y financieros de una ciudad, sino también a todas las instituciones que conforman la “realidad urbana”, como las agencias de servicios públicos, las compañías de servicios públicos e incluso ciertos proveedores privados de servicios urbanos. No obstante, esta evolución hacia un concepto nuevo, y hacia sistemas de información urbana mejorados, no ha sido sencilla, y se ha topado con resistencias en los países en desarrollo.

Land Lines: ¿Por qué es tan difícil establecer y usar un catastro multifinalitario?

DE: La implementación de un catastro multifinalitario exige en general un mayor intercambio horizontal de información entre las instituciones gubernamentales. A menudo, también exige una modificación del marco legal y el establecimiento de relaciones más fluidas entre agentes públicos y privados, para poder compartir datos estandarizados y asegurar las inversiones constantes necesarias para mantener actualizadas las bases de datos y la cartografía.

Esto parece ser un proceso sencillo, pero en la práctica no lo es, porque muchos administradores todavía consideran que “esos datos son míos” y no están dispuestos a colaborar con otros. Al mismo tiempo, algunos administradores demasiado entusiastas, convencidos del valor potencial de un catastro multifinalitario, a veces se saltan etapas y pasan de un catastro tradicional a un modelo multifinalitario, sin prestar demasiada atención a la implementación efectiva de los intercambios de información.

Aun cuando operen en forma privada, los catastros territoriales se consideran como un servicio público, así que dependen del financiamiento público y de decisiones políticas para aprobar un nuevo sistema de valuación de la tierra o la cartografía. Al mismo tiempo, este tipo de servicio público no es visible y por lo tanto no es tan interesante para los políticos, que quieren demostrar sus logros por medio de proyectos más tangibles, como un puente o una escuela nueva.

La actualización de los datos catastrales afecta el valor de la tierra y consecuentemente el monto de los impuestos sobre la propiedad, un tema que no es popular con los votantes. No obstante, los administradores gubernamentales que desean mejorar el estado tributario de su jurisdicción pueden decidir al principio de su mandato que quieren actualizar el catastro para tratar de aumentar los ingresos provenientes de los impuestos sobre la propiedad. Esto tiene un impacto político significativo al comenzar su mandato, pero es posible que de allí en más no se alteren los datos del valor de la propiedad por muchos años, resultando cada vez menos precisos en comparación con su valor real de mercado. En muchas jurisdicciones latinoamericanas, la legislación impone la obligación de actualizar el catastro en forma periódica, aunque el nivel de cumplimiento no es homogéneo.

Otro error frecuente es considerar que la solución estriba en crear un sistema de información geográfica (SIG) para manejar los datos catastrales. En el caso ideal, nos gustaría ver sistemas integrados que usan bases de datos coordinadas y estandarizadas. Sin embargo, algunas municipalidades no tienen los recursos suficientes, y aquéllas que los tienen no cuentan con empleados con la preparación suficiente como para realizar la tarea. La noción de que se puede arribar a una manera única de implementar catastros no es realmente práctica en regiones donde las diferencias entre jurisdicciones son tan significativas. Yo siempre digo que el problema con las instituciones catastrales no es de recursos físicos ni de recursos de software, sino de recursos humanos. Aun cuando existan los recursos financieros, la falta de profesionales y técnicos capacitados presenta un obstáculo significativo.

Land Lines: En este contexto, ¿es posible considerar un catastro multifinalitario para América Latina?

DE: Es posible, pero el concepto es todavía nuevo y no se comprende por completo. Hay muchos buenos catastros en América Latina, por ejemplo en algunas municipalidades de Colombia y Brasil y en algunos estados de México y Argentina. En algunas jurisdicciones, la fusión de catastros territoriales con instituciones públicas y sistemas geotecnológicos genera institutos catastrales que están mejor estructurados en términos de presupuesto y personal técnico, y por lo tanto pueden identificar mejor los asentamientos ilegales y controlar el aumento del valor de la tierra usando herramientas modernas.

No obstante, desde mi punto de vista, la región aún no cuenta con un catastro multifinalitario en plena operación. Una suposición común es que la implementación de un catastro multifinalitario exige el agregado de datos sociales y ambientales a las bases de datos alfanuméricas existentes de los catastros territoriales tradicionales, para tener en cuenta los aspectos económicos, geométricos y legales de la parcela y después conectar todos los datos con un mapa de parcela en SIG. Si bien esto es muy importante, no es esencial, porque la implementación no es tanto un problema tecnológico como filosófico. La mayoría de las administraciones municipales se resisten a combinar instituciones que tradicionalmente manejan bases de datos sociales (educación y salud), del medio ambiente y territoriales (catastros) bajo el mismo techo.

Land Lines: ¿Cómo ayuda su trabajo en el Instituto Lincoln a ampliar el nivel de conocimiento sobre los catastros territoriales?

DE: He estado trabajando con el Programa para América Latina y el Caribe desde 2002, para explorar la relación entre los catastros multifinalitarios y las cuatro áreas temáticas del Programa: grandes proyectos urbanos; valuación y tributación de la tierra; asentamientos informales y programas de regularización; y recuperación de plusvalías. Es siempre un desafío adaptar los programas de estudio educativos, pero creemos firmemente que es importante compartir los conocimientos de manera amplia en cada país y preparar a los funcionarios públicos y a los técnicos con distintos niveles de experiencia. Los participantes en nuestros programas académicos, que incluyen a administradores de catastro, planificadores urbanos, abogados y emprendedores inmobiliarios, adoptan un lenguaje y una visión común de las aplicaciones catastrales urbanas, y pueden iniciar un proceso para mejorar el sistema en sus propios países.

Nuestra estrategia pedagógica para este año incluye la diseminación de conocimientos por medio de una combinación de educación a distancia y cursos tradicionales en el aula a distintos niveles. Tenemos pensado desarrollar seminarios de capacitación, seguidos de un curso de educación a distancia adaptado a aquellos países que demuestren las condiciones necesarias para concretar esta nueva visión de un catastro multifinalitario. Finalmente, organizaremos una clase regional en el aula para los mejores estudiantes a distancia en tres países vecinos.

Este plan contrasta con los múltiples programas de capacitación ofrecidos por otras instituciones internacionales, que contemplan conceptos y el uso de herramientas que pueden no ser aplicables en países con distintos marcos legales y niveles tecnológicos. Comenzaremos este ciclo con seminarios en Chile y Perú, trabajando con la Asociación Chilena de Municipalidades y el Instituto de Economía Regional y Gobierno Local en Arequipa, Perú. Éstos y otros socios en América Latina se han comprometido a difundir y aumentar la capacidad local sobre estos temas.

Otro componente de nuestra estrategia es la difusión de materiales didácticos. Más adelante en 2006, publicaremos dos libros sobre conceptos e implementación de catastros que se pueden aplicar a la mayoría de los países. Uno de los libros describe en detalle el sistema catastral de cada país latinoamericano, y el otro conceptualiza los aspectos jurídicos, económicos, geométricos, ambientales y sociales del catastro multifinalitario, realzando la relación entre el catastro territorial y las cuatro áreas temáticas del Programa para América Latina y el Caribe del Instituto Lincoln.

En 2005 produjimos un DVD, que en la actualidad se ofrece en español y portugués. Incluye un documental sobre catastros multifinalitario y algunos segmentos grabados de clases y discusiones sobre las relaciones entre el catastro multifinalitario y asuntos urbanos complejos.

Land Lines: ¿Cuál es el objetivo a largo plazo del catastro multifinalitario?

DE: Los problemas que se han señalado aquí no deberían desalentar el esfuerzo de los administradores urbanos por reorganizar sus catastros y el marco legal de sus políticas de la tierra en sus respectivos ciudades y países. Por el contrario, deberían tratar de cambiar esta realidad desarrollando nuevas leyes que demuestren el espíritu de una política del suelo moderna. Los datos sobre ciudades latinoamericanas existen, pero están fragmentados y no están estandarizados.

La mejor manera de construir un catastro multifinalitario es integrando todas las instituciones públicas y privadas que están trabajando a nivel de parcela, y desarrollando un identificador único que defina las normas para las bases de datos alfanuméricas y cartográficas. El concepto es muy simple y claro, pero su ejecución no lo es. Para alcanzar este objetivo es necesario que los administradores, técnicos y ciudadanos comprendan el potencial del catastro para mejorar las prácticas de gestión de la tierra y la calidad de vida en zonas urbanas. Muchas veces hay soluciones simples que ayudan a resolver problemas complejos como los presentados por los sistemas catastrales.

The debate about the reality of global warming, and the human role in precipitating climate change, has been largely put to rest. Four working groups from the United Nations–sponsored Intergovernmental Panel of Climate Change (2007) have come to a consensus that would be gratifying if it were not so frightening. Yes, the globe is warming they say. Yes, humans are the primary agent for this change. Yes, the consequences may be dire. The Stern Review on the Economics of Climate Change (2007) was also released last year by the Treasury Department of the British Government, whose only task was to assess the financial implications of global warming. That report warned that the costs of correcting this problem were affordable in the short term, but if nothing was done soon, the coming global economic calamity would make the depression of the 1930s look like a period of great luxury.

Faculty Profile: Petra Todorovich

Infrastructure, defined to include transport, telecommunication, electric power, water, and sanitation, is high on the agenda of both industrial and developing countries. In the United States, concern has been mounting about insufficient maintenance and the resulting decline in the quality of infrastructure facilities and services, especially in transport. Additional investments in infrastructure have also figured heavily in proposals to stimulate demand, employment, and economic growth. In developing countries, infrastructure’s challenges relate more to increasing capacity to provide services to both existing urban residents and the two billion new urban residents projected to arrive by 2050. The Lincoln Institute’s seventh annual land policy conference, held in early June 2012, addressed many aspects of infrastructure including investment, maintenance, and its externalities.

Economic aspects.

Empirical work carried out over the past 25 years on the macroeconomic returns to infrastructure investment have produced a wide range of outcomes–from negative returns to those above 30 percent annually. A careful survey of more recent studies indicates that infrastructure investment in transport, power, and telecom is likely to have positive macroeconomic effects and raise productivity.

At the same time, many countries allocate only modest sums to infrastructure maintenance, even though a broad consensus of opinion and empirical evidence indicate that the returns to maintenance–particularly transport–are very high. Inadequate maintenance may result from donor preferences to fund new capacity in developing countries, but maintenance shortfalls are also common in developed countries, suggesting that other institutional factors are likely to be important.

Networked infrastructure normally is subject to scale economies, and some networks are natural monopolies. Such infrastructure must be subject to economic regulation to prevent firms from engaging in monopoly pricing. While the need for regulation is most apparent when infrastructure is provided by private firms, regulatory oversight is often necessary when provision is by a public enterprise.

Spatial aspects.

Infrastructure has a strong influence on spatial development patterns and can be used to direct growth and–along with zoning and other incentives–to encourage more dense and compact development patterns. While only a few studies are available, however, empirical work indicates that the cost of redeveloping brownfield sites exceeds the cost of greenfield development including the costs of new infrastructure service.

The de-industrialization of cities has been going on for a long time, but recently some cities, such as San Jose, California, have stopped supporting the conversion of industrial or office space to residential or commercial use. They seek to maintain appropriate space for employment when economic growth returns so that they can compete for new firms and encourage local job creation.

Externalities.

Metropolitan areas produce about three-quarters of global anthropogenic greenhouse gas emissions annually, with a large share coming from transport and electric power. The replacement of aging systems and installation of new capacity provide a major opportunity to switch to more energy- and emission-efficient systems in urban areas. System management also can be improved with congestion tolls, parking fees, and transit expansion; by ensuring that tariffs cover the costs of water and electric power; and by promoting green buildings.

Relocating households in the path of infrastructure expansion involves a large number of people displaced by new roads or the widening of existing roads, the location of new facilities such as power plants, and reservoirs that flood broad areas behind dams. Estimates indicate that between 10 and 23 million persons are resettled involuntarily in developing countries each year, and that the majority of relocations are related to infrastructure. Some of these involuntary resettlements meet the safeguard standards promulgated by the World Bank or other standards such as the Equator Principles, but most resettlement is subject to only national or provincial policies.

These topics and many others–including the impacts on infrastructure of mega-events such as the Olympics, the taxation of utilities, the locational effects of congestion tolls, the variation in quality of infrastructure services, and the remarkable impacts of mobile telephony in Africa–will be covered in the conference proceedings that will be available as a printed volume in May 2013 and later as an eBook.

Imagínese por un instante que usted es un líder político –un primer ministro, presidente o gobernador– y que se despierta con la noticia de que se produjo un desastre natural. Hubo víctimas, se derrumbaron edificios, la infraestructura está colapsando y los líderes locales necesitan desesperadamente recursos adicionales y soporte.

Usted responde inmediatamente, enviando personal y equipos a la zona del desastre y prometiendo ayuda adicional a los líderes locales. Su país, como muchos en el mundo, ha institucionalizado un sistema de respuesta escalonado, que va incorporando por niveles a los gobiernos regional, estatal y nacional a medida que las demandas de la catástrofe exceden la capacidad de respuesta local. Pero a los pocos días, o incluso horas –incluso antes de haber tratado a todas las víctimas y de haber hecho un recuento de todos los ciudadanos, antes de haber quitado los escombros de las calles y de haber restaurado los servicios básicos– otros líderes y los medios de comunicación ya están exigiendo respuestas a cuestiones que usted no ha tenido siquiera tiempo para considerar. ¿Cuánto dinero se destinará a la reconstrucción? ¿Qué criterios se usarán para guiarla? ¿Se permitirá a todos los propietarios que reconstruyan sus propiedades? ¿Quién dirigirá el proceso? ¿Es necesaria una nueva institución o estructura de gobierno para reducir las trabas burocráticas y acelerar la reconstrucción?

Este artículo reseña las investigaciones en curso sobre el papel de los diversos niveles de gobierno en la recuperación y reconstrucción exitosa después de una catástrofe (tabla 1). Representa la síntesis de dos décadas de investigaciones y prácticas de planificación sobre recuperación después de algunos de los desastres más grandes de nuestra era en los Estados Unidos, Japón, China, Taiwán, Indonesia, India, Nueva Zelanda, Australia, Chile y otros lugares. Su propósito es extraer lecciones comunes en estos ambientes tan diversos y ayudar a facilitar la recuperación de comunidades afectadas por desastres en el futuro.

La gestión de recuperación en el mundo

Los gobiernos responsables de la reconstrucción después de catástrofes enfrentan una serie extraordinaria de desafíos de gestión. El primer desafío es la compresión de las actividades en el tiempo y concentradas en el espacio, ya que ciudades construidas en el curso de décadas, si no siglos, se destruyen o dañan de improviso, y se deben reconstruir en una fracción del tiempo que se tardó en edificarlas. Esta tensión genera un segundo desafío: una aguda tensión entre velocidad y reflexión, ya que los diversos actores del proceso de recuperación en las comunidades afectadas tratan de tomar con urgencia decisiones bien pensadas y meditadas que aseguren recuperación óptima a largo plazo. Estos dos fenómenos generan un tercer desafío: la necesidad de acceder inmediatamente a una gran cantidad de dinero e información, las dos monedas más valiosas en la recuperación posterior a una catástrofe.

Para satisfacer estas demandas, los gobiernos de todos los países crean nuevas agencias de ayuda o reorganizan de manera significativa sus organizaciones existentes después de cada catástrofe importante. La causa más común de estas transformaciones en el gobierno después de una catástrofe es la falta de capacidad. Los gobiernos siguen teniendo que atender sus actividades diarias normales, y al mismo tiempo coordinar la reconstrucción o reinvención de las comunidades afectadas, de manera que crean o designan una entidad que pueda centrarse diariamente en la reconstrucción y coordinar las actividades pertinentes de las múltiples agencias gubernamentales. Estas agencias de recuperación, designadas generalmente para una variedad de propósitos e instancias gubernamentales, se hacen cargo de una gama de funciones esenciales, a medida que se reconstruyen la infraestructura, las viviendas y la actividad económica. Difieren en el tipo y escala de coordinación que brindan; el alcance de su autoridad, especialmente con respecto al flujo de dinero e información; y el nivel de gobierno en el que actúan, ya sea nacional, estatal o intergubernamental.

Los gobiernos nacionales gestionan las catástrofes de gran envergadura al nivel político más alto, movilizando los recursos financieros de las reservas nacionales o de ayuda internacional, y proporcionando el nivel de respaldo necesario a los niveles menores de gobierno en la localidad afectada por el desastre. Cuando se producen grandes catástrofes que transcienden los límites estatales o provinciales, los gobiernos nacionales también adoptan un papel activo en el desarrollo de las políticas de recuperación, y crean organizaciones para asistirlos. Algunos ejemplos son la Agencia de Reconstrucción Nacional de Japón, establecida después del terremoto y maremoto de 2011; la Autoridad de Recuperación del Terremoto de Canterbury en Nueva Zelanda, creada después de la secuencia de terremotos de 2010 y 2011 en Christchurch; y el Cuartel General de Ayuda para Terremotos en China, después del desastre de 2008 en Wenchuan. Cada uno de estos organismos internacionales se atenía a la dirección de la administración nacional, su autoridad derivaba de los niveles más altos de gobierno y articulaban sus políticas con la aprobación de la administración vigente.

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Tabla 1: Experiencias de gestión de recuperación alrededor del mundo

Australia

Autoridad de Reconstrucción y Recuperación de Incendios Forestales de Victoria

• Constituida después de los incendios forestales de febrero de 2009, desmantelada en junio de 2011; sus operaciones se transfirieron a departamentos gubernamentales, concejos locales y grupos sin fines de lucro.
• Departamento a nivel estatal formado mediante un acuerdo nacional-estatal.
• Tenía amplios poderes y responsabilidad de liderar y coordinar la recuperación y reconstrucción, incluyendo la planificación y reconstrucción concreta a nivel estatal y de comunidad.,li>

Autoridad de Reconstrucción de Queensland

• Establecida en febrero de 2011 tras las inundaciones de 2010–2011 en Queensland; todavía existe.
• Autoridad legal a nivel estatal, establecida por el parlamento estatal.
• Tiene amplios poderes para decidir las prioridades de recuperación, trabajar de cerca con las comunidades, recabar información sobre propiedades e infraestructura, compartir datos con todos los niveles del gobierno, coordinar y distribuir ayuda económica, implementar las prioridades estratégicas de la junta y facilitar la mitigación de inundaciones.

Chile

Ministerio de Vivienda y Urbanismo—MINVU

• Principal agencia nacional encargada de la reconstrucción y el desarrollo del plan de reconstrucción nacional después del terremoto y maremoto de 2010 en Chile.
• Comité interministerial establecido por el presidente de Chile. Incluye a representantes del MINVU y todos los demás ministerios nacionales involucrados en la recuperación y reconstrucción; coordina el presupuesto nacional y las finanzas, integra el trabajo de ministerios involucrados en la reconstrucción, y coordina y supervisa la implementación de proyectos complejos a lo largo del tiempo.

China

Cuartel General de Ayuda para Terremotos

• Constituido después del terremoto de 2008 en Wenchuan.
• Establecido dentro del Consejo Estatal de China (el gabinete de China); su director nominal es el primer ministro.

India

Autoridad para la Gestión de Catástrofes del Estado de Gujarat (GSDMA)

• Constituida después del terremoto de 2001; todavía existe.
• Formada administrativamente como agencia de implementación del estado; formalizada más adelante por medio de legislación en 2003.
• Agencia a nivel de gabinete; su presidente es el jefe de gobierno.
• Cuenta con amplios poderes para gestionar los fondos públicos de recuperación (provistos por el gobierno de India, Gujarat y donantes internacionales), fijar políticas, publicar pautas de recuperación, y planificar, coordinar y supervisar la recuperación.

Abhiyan

• Establecida después del terremoto de 2001 en Gujarat; todavía existe.
• Una red de 30 ONG que facilita las actividades entre las ONG, comunidades y el gobierno.
• Avalada y respaldada formalmente por el gobierno.

Unidad de Gestión de Proyectos

• Creada después del terremoto de 1993 en el estado de Maharashtra.
• Implementó las políticas establecidas por un subcomité de políticas de recuperación a nivel de gabinete.
• Enfocada en la implementación de proyectos de reconstrucción comunitaria, con autoridad para supervisar otras agencias estatales y contratar a consultores.

Indonesia

Agencia de Reconstrucción y Rehabilitación—BRR

• Constituida después del maremoto de 2004 en el Océano Índico, con una duración de 4 años.
• Operó bajo la autoridad del presidente.
• Tenía un margen considerable para coordinar, supervisar e implementar las actividades de recuperación; se hizo cargo de la reconstrucción de viviendas cuando otras agencias fracasaron en su intento.
• Construyó capacidad para el gobierno de Aceh después de 30 años de conflicto armado.

Equipo de Coordinación para la Rehabilitación y Reconstrucción—TTN

• Establecido por decreto presidencial después del terremoto de 2006 en las provincias de Yogyakarta y Java Central.
• Equipo de coordinación de representantes nacionales y provinciales.
• Mejoró la coordinación y comunicación entre el gobierno central y los gobiernos locales.

Japón

Agencia de Reconstrucción Nacional

• Constituida después del terremoto y maremoto del 11 de marzo de 2011; sigue existiendo.
• Agencia nacional responsable en forma directa ante el primer ministro.
• Fija pautas de planificación local, aprueba planes locales de recuperación y coordina el trabajo de ministerios nacionales a medida que implementan la reconstrucción.

Nueva Zelanda

Autoridad de Recuperación del Terremoto de Canterbury

• Constituida después del terremoto de 2011 en Christchurch; su mandato vence en abril de 2016.
• Agencia nacional, que reporta a un ministro especial a nivel de gabinete nombrado para la recuperación del terremoto de Canterbury.
• Amplios poderes para liderar la política y planificación de recuperación, y para manejar las funciones críticas de recuperación y reconstrucción para el gobierno nacional y los gobiernos locales.

Taiwán

Comisión de Recuperación Post-Terremoto del 921

• Constituida después del terremoto de 1999 en la zona central de Taiwán.
• Organización nacional temporal formalizada por decreto presidencial; disuelta en 2006.
• Agencia del gobierno central liderada por tres ministros de estado; incluyó a representantes de varios departamentos nacionales.
• Responsable de todas las actividades de recuperación después del terremoto.

Consejo de Reconstrucción Post-Desastre de Morakot

• Constituido después del tifón de 2009 en el sur de Taiwán.
• Agencia del gobierno central siguiendo el modelo de la Comisión de Recuperación Post-Terremoto del 921.
• Responsable de todas las actividades de ayuda y reconstrucción.

Estados Unidos

Corporación de Desarrollo del Bajo Manhattan

• Constituida después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001; sigue en funcionamiento.
• Corporación conjunta de la ciudad y el estado, gobernada por una junta directiva de 16 miembros (la mitad nombrada por el gobernador de Nueva York y la otra mitad por el alcalde de Nueva York).
• Agencia líder en la planificación de reconstrucción del bajo Manhattan; responsable de la distribución de fondos federales de reconstrucción.

Autoridad de Recuperación de Luisiana

• Constituida después del huracán Katrina en 2005; expandió su alcance después del huracán Rita en 2005; desmantelada en 2010.
• Agencia estatal que estableció las políticas de recuperación, realizó recomendaciones sobre políticas de recuperación al gobernador y la asamblea legislativa, y supervisó las actividades de recuperación de las agencias estatales.

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De forma similar, las agencias de recuperación a nivel estatal en general se crean como respuesta directa a catástrofes que afectan una región u otra jurisdicción subnacional. La autoridad y legalidad de estas entidades están más limitadas por la posición secundaria y subnacional de la entidad que les otorga autoridad en el gobierno. Ejemplos de estas entidades son la Autoridad de Gestión de Catástrofes del Estado de Gujarat (GSDMA), creada después del terremoto de 2001 en India Occidental; la Autoridad de Recuperación de Luisiana, fundada después del huracán Katrina en 2005; la Autoridad de Recuperación y Reconstrucción de Incendios Forestales (VBRRA) del estado de Victoria, establecida después de los incendios forestales de 2009 en Australia; y la Autoridad de Reconstrucción del estado de Queensland, establecida después de las inundaciones en Australia en el verano de 2010-2011.

Existe una tercera clase de organizaciones diseñadas para operar entre distintos niveles de gobierno, como la Corporación de Desarrollo del Bajo Manhattan, creada como una asociación entre el estado y la ciudad para planificar y financiar las actividades de recuperación después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en la Ciudad de Nueva York. Otro ejemplo, la Agencia de Rehabilitación y Reconstrucción (BRR), creada en Aceh, Indonesia, después del maremoto de 2004, consistía en tres agencias independientes cuya composición provenía de una amplia gama de actores locales y nacionales. En forma similar, el Equipo de Coordinación para Rehabilitación y Reconstrucción (TTN) del gobierno indonesio después del terremoto de 2006 en Yogyakarta y Java Central fue diseñado como puente entre agencias nacionales y locales, y también supervisó e investigó los problemas de implementación a nivel local.

En algunos casos, los gobiernos deciden modificar o adaptar instituciones y procedimientos existentes para ayudar a gestionar la recuperación. Por ejemplo, Chile estableció un comité interministerial a nivel nacional después del terremoto y maremoto de 2010, pero el Ministerio de Vivienda y Urba-nismo existente amplió sus funciones y responsabilidades, y coordinó los esfuerzos de planificación e implementación a nivel nacional.

El control del dinero, la información, la colaboración y el tiempo

Considerando estos factores comunes a todos los entornos de recuperación posteriores a catástrofes, nuestra investigación demuestra que la clave para gobernar efectivamente estas crisis de gran envergadura es el control del dinero, la información, la colaboración y el tiempo. Ofrecemos en este artículo algunos ejemplos de buenas prácticas y lecciones aprendidas en nuestros diversos estudios de organizaciones a nivel de país.

1. La gestión del dinero: obtención y distribución de fondos en forma eficiente, efectiva y equitativa para la recuperación

Cuando se tiene que movilizar una gran cantidad de fondos públicos en la reconstrucción después de desastres, el verdadero poder reside en el nivel de gobierno que controla el flujo de dinero y cómo lo adquiere, asigna, desembolsa y audita. A veces, la organización encargada de la recuperación asume algunos o todos estos poderes, y otras veces toda la autoridad de financiamiento reside en el mismo lugar que antes de la catástrofe: las ramas legislativa y administrativa. Algunas funciones importantes en el entorno posterior al desastre son la fijación de políticas y prioridades para asignar grandes sumas de dinero, y el establecimiento de sistemas de contabilidad que permitan el desembolso oportuno de fondos críticos, proporcionando al mismo tiempo transpa-rencia y minimizando la corrupción.

Algunas organizaciones, como la entidad a nivel estatal GSDMA de India, se establecen específicamente para reunir todos los fondos de recuperación en un solo lugar, para poder asignarlos y desembolsarlos más adelante. Algunas entidades, como una de las tres ramas de la agencia intergubernamental BRR de Indonesia, se crean para auditar y controlar en forma independiente los gastos de las organizaciones a cargo de implementar la recuperación. En contraste, la Autoridad de Recuperación de Luisiana, una agencia a nivel estatal, recomendaba las prioridades de financiamiento al estado y proporcionaba supervisión en la medida de lo necesario, pero no tenía control directo sobre los fondos. La Agencia de Reconstrucción Nacional de Japón recibió fondos nacionales y asignó el dinero a los ministerios nacionales y gobiernos locales pertinentes.

2. El aumento del flujo de información: recopilación, integración y diseminación efectivas de información para mejorar la toma de decisiones y las acciones de todos aquellos involucrados en la recuperación.

Una demanda crítica es acelerar y ampliar el flujo de información entre aquellos involucrados en la recuperación sobre la dinámica de las medidas de reconstrucción y las oportunidades emergentes. Este desafío comprende los procesos de planificación y participación pública que proporcionan información a los ciudadanos y las instituciones involucradas en la recuperación, facilitan la comunicación y las innovaciones entre los encargados de la recuperación, y comunican las inquietudes de los ciudadanos a agencias gubernamentales y ONG de manera oportuna. También exige intercambiar información entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y establecer foros para facilitar la coordinación.

En Victoria, Australia, después de los incendios forestales de 2009, los líderes nacionales y estatales colaboraron con las comunidades afectadas para formar más de 30 comités locales de recuperación, que tuvieron la responsabilidad de desarrollar un plan de recuperación comunitario e identificar prioridades y proyectos locales. Estos comités fueron utilizados por los gobiernos estatales y el gobierno nacional como puntos focales para la distribución de financiamiento local, y por las comunidades locales para recaudar fondos adicionales y establecer pautas normativas locales de reconstrucción. En Yogyakarta, Java, después del terremoto de 2006, TTN mantuvo mutuamente informadas a agencias locales y nacionales sobre las actividades realizadas por las demás, lo cual, a su vez, ayudó a alertar a los funcionarios sobre problemas potenciales.

Una función crítica, apropiadamente provista por una agencia con respaldo gubernamental, es la adquisición, síntesis y distribución de información básica sobre el daño causado, las actividades de reconstrucción, problemas sociales y económicos con la población, y varios indicadores de recupe-ración. Dichas agencias publican informes periódicos del progreso realizado y controlan los indicadores de recuperación, como lo han hecho tanto la Agencia de Reconstrucción Nacional en Japón y la Autoridad de Recuperación del Terremoto de Canterbury en Nueva Zelanda, usando una variedad de mecanismos de comunicación, como publicaciones en sitios web, comunicados de prensa, boletines y foros. La información frecuente de fuentes confiables puede ayudar a que todos los actores comprendan el entorno de recuperación actual, y también a reducir los rumores y la información falsa.

3. El fomento de la cola-boración: construcción de capacidad y competencia sustentable para una recuperación a largo plazo mediante la colaboración y coordinación genuinas, tanto horizontalmente entre grupos locales como verticalmente entre los distintos niveles de gobierno.

Las agencias jerárquicas organizadas verticalmente, con organigramas claros y canales de comunicación bien definidos, en general no se adaptan bien a la gestión de recuperación después de catástrofes, porque la falta de “conexión” a través de las jerarquías verticales limita la colaboración y el flujo de información nueva y actualizada entre las organizaciones. Las agencias nacionales de los Estados Unidos involucradas en la recuperación, por ejemplo, son más capaces de administrar programas individuales que de resolver problemas complejos que traspasan las fronteras institucionales gubernamentales.

En contraste, las agencias organizadas horizontalmente pueden promover la coordinación entre agencias y compartir información, permitiendo que grupos individuales se adapten a nuevos contextos e información sin perder su dependencia de la organización madre. Si hay múltiples estados o jurisdicciones locales involucradas, es esencial la cooperación entre ellas. La asistencia técnica y la construcción de capacidad en los organismos claves a cargo de la recuperación también son elementos importantes para que las organizaciones locales puedan adquirir la capacidad necesaria para una recuperación a largo plazo.

Después del huracán Katrina en 2005, la gobernadora Kathleen Blanco nombró a los miembros de la Autoridad de Recuperación de Luisiana, de manera que, desde el punto de vista técnico, se trataba de una extensión de la administración estatal. Pero, finalmente, la asamblea legislativa la formalizó. Como entidad bipartidaria por diseño, operaba en forma independiente en su interacción con funcionarios nacionales de los EE.UU. y gobier-nos locales, realizaba recomendaciones de política y supervisaba las actividades de recuperación de las agencias estatales. Si bien su poder se limitaba a realizar recomendaciones de políticas, pudo ejercer una influencia considerable a múltiples niveles en una atmósfera políticamente muy contenciosa. También colaboró con las agencias nacionales para establecer normas de planificación para la recuperación a largo plazo de la comunidad, y ayudó a distribuir asistencia técnica y brindar otros recursos de planificación a escala regional, local y de barrio.

Dado que su poder emanaba de los líderes estatales, la GSMDA en India y la autoridad de reconstrucción de Queensland Australia pudieron coordinar exitosamente las actividades de otras agencias estatales. De forma parecida, el MINVU de Chile y las agencias de recuperación nacional de Taiwán contaban con una autoridad centralizada para poder coordinar las actividades de otras agencias nacionales. Abhiyan, una ONG avalada oficialmente por el gobierno de Gujarat en India, pero sin una autoridad gubernamental definida, también desempeñó un papel crucial en la coordinación del trabajo de cientos de ONG y el establecimiento de una red de subcentros locales para proporcionar información y respaldo técnico.

El proceso de recuperación jerárquico después del terremoto de 2008 en Wenchuan, China, pudo reconstruir edificios rápidamente, pero dejó poco espacio para la innovación local, ya que carecía de una auténtica construcción de capacidad local ni participación en la toma de decisiones. Debido a que no siempre se tuvieron en cuenta las condiciones locales, la recuperación económica parece haber sido dispareja.

De igual manera, en muchas comunidades afectadas por el maremoto en la región de Tohoku de Japón, la recuperación se ha frenado porque el sistema jerárquico establecido bajo el gobierno nacional y la Agencia de Recuperación Nacional no deja espacio suficiente para la innovación local. Más aún, dentro del complejo y poderoso sistema ministerial japonés, la Agencia de Reconstrucción Nacional no tiene poder suficiente para forzar a otros ministerios a tomar determinadas medidas.

Cada vez más, las investigaciones demuestran que si los residentes participan en la planificación de reconstrucción, toleran más las demoras y están más satisfechos con los resultados. Sin embargo, aun el mejor ejemplo de proceso descentralizado necesita de una agencia que la encabece para establecer el marco de referencia y las reglas. Esta tendencia sugiere que los gobiernos deberían resistir el impulso de gestionar los detalles de la reconstrucción, y actuar menos como administradores y más como coordinadores y facilitadores del proceso.

4. El equilibrio en las limitaciones de tiempo: gestión efectiva de las necesidades locales inmediatas y urgentes de la recuperación, sin dejar de aprovechar satisfactoriamente las oportunidades de mejora a largo plazo.

Los gobiernos deben equilibrar las tensiones entre velocidad y reflexión, y entre restauración y mejora a largo plazo. La manera fundamental para resolver estos desafíos es aumentar el flujo de información, tal como se describió anteriormente. Pero las agencias encargadas del proceso de recuperación han encontrado varias otras maneras específicas de ser veloces y al mismo tiempo generar mejoras.

Para acelerar la reconstrucción, frecuentemente hay oportunidades para agilizar los procesos burocráticos normales de toma de decisiones, sobre todo con respecto a permisos de edificación, sin comprometer la calidad. Como estos procesos frecuentemente involucran a múltiples agencias, una agencia de recuperación puede ser útil para facilitar u obligar a las agencias implicadas a cooperar de manera más efectiva.

El parlamento de Nueva Zelanda otorgó a la Autoridad de Recuperación del Terremoto de Canterbury (CERA) y a su ministro, una amplia gama de poderes unilaterales que permitiera una recuperación oportuna y coordinada del área de Christchurch. El Parlamento extendió los poderes de emergencia otorgados bajo la legislación anterior y postergó la fecha de vencimiento de dichos poderes a cuando se considerara adecuado, permitiendo que el ministro adquisiera suelo de forma obligatoria, y consintiendo la suspensión de todos los planes o políticas de uso del suelo nacionales, de los gobiernos locales, y de administración de transporte adoptadas bajo diferentes leyes. Ordenó a CERA que preparara un borrador de estrategia de recuperación en un plazo de nueve meses después de haberle conferido dichos poderes. Similarmente, le fijó un plazo de vencimiento de nueve meses al concejo municipal de Christchurch para crear un borrador de plan de recuperación para el distrito comercial del centro de la ciudad, que se había dañado.

La mayoría de las agencias de recuperación adopta medidas de reducción del riesgo de catástrofes en sus normas de recuperación. Un lema de recuperación común es “reconstruir mejor que antes”. El lema de la Autoridad de Recuperación de Luisiana fue: “Más seguro, más fuerte, más inteligente”. La forma más fácil de mejora después de una catástrofe es la adopción de normas de edificación resistentes a desastres. La incorporación de nuevas normas estructurales no tiene por qué retrasar el proceso de reconstrucción, pero las mejoras en el uso del suelo, como la reubicación de barrios o de comunidades enteras, puede requerir un tiempo considerable para la planificación y adquisición del suelo. Estos proyectos exigen un compromiso difícil entre rapidez, calidad de diseño y participación pública. Nueva Zelanda ha iniciado un importante proceso de compra de barrios que sufrieron graves daños en los terremotos de 2010–2011, y que siguen siendo vulnerables a futuros temblores. Japón está alentando la reubicación de comunidades costeras de zonas sensibles a maremotos, y algunos de estos proyectos tardarán hasta diez años en completarse.

Una manera de gestionar estos objetivos de forma simultánea es respaldar procesos de planificación participativa para crear mejoras a largo plazo mientras se trata al mismo tiempo de satisfacer necesidades inmediatas. En muchos casos, los planificadores profesionales trabajaron con los barrios –como en Japón, Chile, Nueva Orleans y Bhuj, India–, pero cada proyecto también exigió compromisos difíciles para poder cumplir con los plazos. La creación de comités locales para planificar la recuperación en Victoria y Queensland, no obstante, es un buen ejemplo de sistemas estatales y nacionales de respaldo que ayudaron a construir capacidad local para llevar adelante los procesos de reconstrucción a lo largo del tiempo.

Próximos pasos en nuestra investigación

Los gobiernos saben que tienen el deber de gestionar la información y el flujo de dinero entre los múltiples actores en un período de tiempo comprimido. Hasta aquí hemos identificado muchos ejemplos de cómo lograrlo. Pero, mejor aún, quisiéramos estar en condiciones de crear menús de opciones organizativas y de proceso, según lo dicte la combinación de magnitud del desastre y el alcance y los contextos económico, político, medioambiental y gubernamental.

También quedan varias preguntas: ¿Por qué siguen apareciendo los mismos problemas institucionales de una catástrofe a otra? ¿Hay alguna manera de evitar repetir algunos de ellos? ¿Cuáles son los resultados –tanto negativos como positivos– de estas disposiciones institucionales de las que pueden informar a futuros líderes que se enfrentan con desafíos de reconstrucción similares? ¿En qué tipo específico de asistencia técnica y construcción de capacidad de los gobiernos locales y organizaciones no gubernamentales se deberían concentrar los donantes internacionales y los gobiernos nacionales para que puedan mejorar su tarea durante el proceso de recuperación? En catástrofes de gran escala, ¿cómo se escalonan los objetivos entrelazados de una recuperación (reconstrucción de hogares, barrios, ciudades, regiones, naciones) en términos de consistencia, eficiencia y eficacia? Y, ¿qué pasa cuando estas organizaciones creadas para gestionar la recuperación dejan de existir? ¿Queda suficiente capacidad en el lugar para sustentar a la comunidad a largo plazo? Al estudiar las diversas experiencias nacionales y organizativas, podemos comprender mejor cómo el fenómeno de compresión del tiempo en la recuperación después de catástrofes afecta otras teorías de políticas públicas y la gestión municipal; la planificación, el desarrollo y la gestión del crecimiento del suelo; y la administración fiscal y de inversión de capital.

Sobre los autores

Los coautores de Clear As Mud: Planning for the Rebuilding of New Orleans [Claro como el fango: la planificación de reconstrucción en Nueva Orleans] (2010, APA Planners Press), Laurie A. Johnson y Robert B. Olshansky están colaborando actualmente en un libro e informe sobre enfoque en políticas de suelo sobre la gestión de recuperación después de catástrofes. Han estado investigando y practicando la planificación de recuperación después de catástrofes urbanas por todo el mundo durante las últimas dos décadas. Johnson es una planificadora urbana radicada en San Francisco, especializada en recuperación de desastres y gestión de riesgo de catástrofes. Olshansky es profesor de Planificación urbana y regional en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Contacto: laurie@lauriejohnsonconsulting.com o robo@illinois.edu.

Referencias

Alesch, Daniel J., Lucy A. Arendt, y James N. Holly. 2009. Managing for Long-term Community Recovery in the Aftermath of Disaster. Fairfax, VA: Public Entity Risk Institute.

Chandrasekhar, Divya y Robert B. Olshansky. 2007. Managing Development After Catastrophic Disaster: A Study of Organizations That Coordinated Post-Disaster Recovery in Aceh and Louisiana. Milwaukee, Wisconsin.

Olshansky, Robert B., Lewis D. Hopkins, y Laurie A. Johnson. 2012. Disaster and recovery: Processes compressed in time. Natural Hazards Review. 13(3): 173–178.

Olshansky, Robert B., Laurie A. Johnson, y Kenneth C. Topping. 2006. Rebuilding communities following disaster: Lessons from Kobe and Los Angeles. Built Environment. 32(4): 354–374.

Smith, G., y Dennis Wenger. 2007. Sustainable disaster recovery: Operationalizing an existing agenda. In Handbook of disaster research (Handbooks of Sociology and Social Research). Ed. Havidan Rodriguez, 234–257. New York, NY: Springer.

El desarrollo humano se ilustra, por lo general, como una guerra entre los objetivos contradictorios de la individualidad y la adecuación. Hacemos todo lo posible por distinguirnos del rebaño, pero nos aterramos ante la perspectiva del aislamiento social. Nuestras ciencias sociales, en especial la economía, presentan conflictos similares. El culto al individuo es un ícono social dominante, y esta dominancia se ve exacerbada por el auge del fundamentalismo económico: la fe incuestionable en los mercados no regulados y la desconfianza concomitante hacia el gobierno y los sistemas sociales. Tomando como punto de partida el concepto de “la mano invisible” de Adam Smith, muchos economistas construyeron sus carreras en la concepción de teorías cuyo fundamento era el individualismo metodológico, la idea de que “los fenómenos sociales deben explicarse como resultado de las acciones individuales, que, a su vez, deben explicarse en referencia a los estados intencionales que motivan a los actores individuales”, según lo expresa la Enciclopedia de Filosofía de Stanford. Estos teóricos preconizaban, de forma unánime, que el hecho de tener individuos y mercados sin restricciones era la mejor manera de lograr los objetivos compartidos de prosperidad y justicia, a la vez que promovían (o evitaban) las políticas públicas respaldadas por este punto de vista.

Simultáneamente, otros economistas de la corriente prevaleciente han advertido de la “paradoja del aislamiento”, una categoría de casos en los que los individuos, actuando en un relativo aislamiento y guiados únicamente por sus propios intereses a corto plazo, generan resultados que, a largo plazo, son destructivos para todos. Algunos ejemplos de esta teoría incluyen las pesadillas del maltusianismo sobre hambre y pestes que detienen el crecimiento de la población, el dilema del prisionero o la tragedia de los comunes (descrita por Garrett Hardin en su ensayo de 1968). Hardin advirtió de los peligros del crecimiento de la población utilizando una parábola sobre la explotación no administrada de tierras de pastoreo de uso común. La inevitable utilización desmedida de las tierras de pastoreo por parte de cada uno de los pastores que desean aumentar su ganado destruiría las tierras, convirtiéndolas en terrenos inútiles para todos. Según Hardin y otros pensadores, la solución radica en alguna forma de acotamiento de las tierras comunes, ya sea mediante la privatización o la propiedad pública, con el fin de establecer mecanismos de coerción que garantice que los individuos se comporten de tal manera que protejan el interés común.

Afortunadamente, la mayoría de los seres humanos no está de acuerdo con la teoría económica y, en lugar de ello, desarrollan sus propias maneras de conciliar estas contradicciones entre la individualidad y la adecuación. Ciertos intelectuales conocidos a nivel público, como Elinor Ostrom, la ganadora del Premio Nobel de Economía en 2009 (y la única mujer que obtuvo este galardón), han ampliado nuestros conocimientos respecto a las formas en que intentamos mediar entre estas dos tendencias tan humanas. Lo hacemos a través de las instituciones, descritas como grupos de seres humanos que se organizan voluntariamente para aprovechar los beneficios del esfuerzo individual, a la vez que evitan los inconvenientes provocados por individuos aislados que actúan sin control. Según Ostrom y otros pensadores, los diferentes tipos de acuerdos institucionales (organizaciones formales, normas de trabajo, políticas públicas, para nombrar sólo algunos) surgen orgánicamente para evitar que se produzcan situaciones indeseadas, tales como la tragedia de los comunes. En este número de Land Lines, presentamos las historias de algunas de estas decisiones institucionales que se tomaron para protegernos de nosotros mismos o crear beneficios mutuos. En nuestra entrevista a Summer Waters, del Sonoran Institute (pág. 34), aprendemos acerca de los esfuerzos realizados para promover la economía y proteger la ecología en la cuenca hidrográfica del río Colorado y para reintroducir el flujo de agua dulce en el delta del río.

Recién hemos comenzado a estudiar los sistemas que surgen orgánicamente para administrar los recursos comunes, pero aún sabemos mucho menos sobre la manera de crear dichos recursos. Y esto puede deberse a nuestra tendencia a tratar los recursos comunes como si fueran maná, es decir, como si vinieran del cielo, y no creados por la mano humana. No obstante, según informa Tony Hiss (pág. 26), miles de personas se han unido voluntariamente para crear nuevos recursos comunes: cientos de miles de hectáreas de tierra conservadas para proteger grandes ecosistemas, salvar el hábitat de especies en peligro de extinción, brindar espacios verdes a los habitantes de zonas urbanas muy densas y alcanzar muchos otros objetivos a largo plazo. Desde el punto de vista de los economistas ortodoxos, el mundo se ha vuelto loco. No sólo los individuos que antes actuaban aisladamente ahora lo hacen con el fin de evitar la tragedia de los comunes sino que también están tomando medidas para crear nuevos recursos comunes.

La educación pública es otro de los recursos comunes creados por el hombre, como lo son la mayoría de los bienes públicos. Nos organizamos y autoimponemos tributos para sustentar esta institución de capital importancia y, con el tiempo, debemos revisar las formas como la administramos y mantenemos, al igual que con cualquier otro recurso común. En este número de Land Lines, Daphne Kenyon y Andy Reschovsky ofrecen una mirada a los diferentes tipos de análisis de los desafíos que enfrentan las ciudades para financiar sus escuelas, así como también algunas ideas para abordar dichos problemas (pág. 39). Además, en el artículo sobre las estrategias de las instituciones “ancla” de Beth Dever y otros (pág. 4) también examinamos de qué manera las universidades y los hospitales pueden trabajar junto con los barrios y ciudades a fin de lograr objetivos de colaboración que los beneficie mutuamente.

Para algunos economistas, la creación de nuevos recursos comunes resulta una imposibilidad teórica. En su primer libro, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups (La lógica de la acción colectiva: Los bienes públicos y la teoría de grupos), Mancur Olson propuso la hipótesis de que las personas soportarán las complicaciones derivadas de actuar conjuntamente sólo si existe un incentivo privado suficiente; además, ningún gran grupo de personas llevará a cabo medidas colectivas a menos que se vea motivado por una ganancia personal significativa (ya sea económica, social o de otro tipo). Evidentemente, se ha producido una colisión entre la teoría y la práctica, y el impacto de la misma es muy profundo y lo seguirá siendo. Tal como señala Hiss en su ensayo sobre conservación de grandes paisajes: “Lo primero que crece no es, necesariamente, el tamaño de la propiedad a proteger, sino la posibilidad de tomar medidas, algunas grandes y otras pequeñas, para marcar una diferencia perdurable en el futuro de la biósfera y sus habitantes, entre ellos la humanidad”.

Sin embargo, esto no termina aquí. En los Estados Unidos, bastión del mercado libre, unos 65 millones de ciudadanos pertenecen a comunidades con un interés común, tales como condominios y comunidades de propietarios, según señala Gerry Korngold (pág. 16). Un 25 por ciento de la nación ha limitado voluntariamente su propia autonomía con el fin de proteger y preservar los intereses comunes. Tal como subraya Korngold, este hecho no hubiera sorprendido a Alexis de Tocqueville, quien describió a los Estados Unidos como “una nación de personas que se agrupan”. En su obra Democracy in America (La democracia en América), de 1831, Tocqueville escribió: “Muchas veces he admirado la gran habilidad con la que los habitantes de los Estados Unidos logran proponerse un objetivo común al esfuerzo de muchos hombres y, como resultado, hacer que dichos hombres se alisten voluntariamente a su concreción”. Tal vez sea el momento de organizar un culto a la acción colectiva para celebrar las cosas increíbles que podemos hacer cuando trabajamos juntos. Es posible que descubramos que las políticas, prácticas, organizaciones e instituciones que creamos con el fin de mediar en nuestra guerra interna entre la individualidad y la adecuación han contribuido más al avance de la humanidad que los logros individuales que solemos celebrar.