“Ojalá no supiera ahora lo que no sabía antes”.

Era un verso al pasar en la balada “Against the Wind” (“Contra el viento”) de Bob Seger de 1980, una reflexión sobre la inocencia y el remordimiento. Si bien le parecía que sonaba raro y no era gramaticalmente correcto, Seger lo conservó porque a sus allegados les gustaba. Desde entonces, el verso ha inspirado a otros artistas para hacer sus propias interpretaciones. A mí me inspira como invitación a aprender, ofrece un marco de reflexión acerca de las consecuencias impensadas y nos permite imaginar cómo podríamos haber actuado de otro modo. En particular, es relevante en el contexto de la crisis nacional actual de viviendas asequibles.

Desde la Gran Depresión, durante cuatro décadas, dirigí y estudié el uso de inversiones públicas, privadas y filantrópicas para producir viviendas asequibles y ofrecer un techo decente a familias de bajos ingresos. Se debatió una gran cantidad de ideas, y muchas se implementaron. La mayoría de las que se implementaron no dieron los resultados esperados, pero todas trajeron consecuencias impensadas. ¿Qué podemos aprender de estos tropiezos del s. XX? Y, más específicamente: ¿qué estamos dispuestos a aprender?

Hace más de ocho décadas, el gobierno federal lucha para cubrir los compromisos básicos contraídos en las Leyes de Vivienda de los EE.UU. de 1937 y 1949: “una vivienda decente y un ambiente adecuado de vida para todos los estadounidenses”. Las leyes consignaban importantes subsidios para construir nuevas viviendas públicas y erradicar los asentamientos informales. Prometían nuevos empleos, ciudades modernizadas y mejores viviendas para quienes las necesitaran. Dado que las Leyes de Vivienda sugerían beneficios para todos los ciudadanos, se ganaron un amplio apoyo del público.

Cuando llegó la hora de implementar, casi todas las autoridades de vivienda pública apuntaron a ofrecer viviendas a quienes estaban en la mitad inferior de la distribución de ingresos: una decisión políticamente popular. Para mantener la disponibilidad de viviendas nuevas, se establecieron alquileres que cubrirían los costos operativos de los edificios. Pero los costos operativos aumentaban a medida que los edificios envejecían, y los alquileres crecían a la par. Hacia fines de los 60, los inquilinos de ingresos más bajos se vieron sobrepasados por los precios: pagaban más del 60 por ciento de su ingreso para seguir teniendo un techo.

El senador Edward Brooke (republicano, por Massachusetts) remedió la situación: en 1969 propuso una enmienda a las Leyes de Vivienda que limitaba los alquileres al 25 por ciento de los ingresos de los inquilinos. El gobierno federal cubría los déficits operativos con subsidios. Para obtener un alquiler reducido, los inquilinos debían declarar sus ingresos. Pronto se hizo evidente que las viviendas públicas no servían para las familias más pobres, quienes tenían las mayores necesidades de vivienda. En 1981, el Congreso actuó de nuevo: reservó las viviendas públicas para familias que ganaban la mitad de la mediana de ingresos y reservó el 40 por ciento de las unidades para familias que ganaban menos del 30 por ciento de la mediana.

El deterioro de los edificios se aceleraba. Esto se debió a que los subsidios operativos federales no cubrían gastos de capital, y los sistemas principales (calefacción, iluminación, ascensores) empezaron a fallar. La austeridad fiscal federal de los 80 agravó los problemas, porque redujo los subsidios operativos. Hacia fines de esa década, la única respuesta razonable a la crisis nacional de viviendas públicas fue la demolición generalizada.

Al mismo tiempo que disminuían los subsidios y dejaba de haber viviendas antiguas disponibles, surgió un contrarrelato, en el cual se culpaba a los propios residentes. La “cultura de la pobreza” y la “indefensión aprendida” se convirtieron en los memes dominantes. Se veía a la pobreza como una enfermedad contagiosa, más que como un síntoma. Los pobres se convirtieron en chivos expiatorios convenientes que cargaban con la responsabilidad de que se rompiera su propio techo, como si se esperara que los inquilinos, pobres o no, se responsabilizaran de mantener sus edificios. Al concentrar a los pobres en las viviendas públicas, reforzábamos los malos hábitos y transmitíamos valores que perpetuaban la pobreza a lo largo de las generaciones. Otro meme dominante de los 80 apoyó este movimiento: los peligros del gobierno grande. Este relato contaba (y cuenta) que el gobierno grande era torpe e ineficaz; el deterioro de las viviendas públicas era culpa del gobierno.

Con los programas “HOPE” que surgieron luego (Vivienda y Oportunidades para Personas en Cualquier Lugar), se reemplazaron muchos proyectos de vivienda pública por desarrollos bajos de ingresos mixtos, que en general sustituían tres unidades demolidas con una asequible. Para estimular la producción adicional de viviendas de alquiler, el gobierno federal creó el crédito fiscal para viviendas de bajos ingresos (LIHTC) en 1986. El programa ofrecía a los inversionistas privados créditos fiscales por una década a cambio de adelantos en inversiones en patrimonio (que suele ser el dinero más difícil de encontrar) para producir viviendas. Los estados controlaban cómo se asignaban los créditos, y las normativas exigían una asequibilidad a largo plazo para las viviendas.

Es importante mencionar que el programa LIHTC prometía superar las dos grandes fallas de las viviendas públicas. Al atraer inversiones privadas, las eficiencias del sector privado superarían la relación de dependencia con el ineficaz gobierno grande. Segundo, las decisiones de ubicación se delegarían a los gobiernos estatales y locales, que podrían asegurarse de que la producción de viviendas no concentraría la pobreza. Además, la competencia por los créditos fiscales reduciría el costo para los contribuyentes y, con el tiempo, el sector privado produciría viviendas asequibles sin necesitar subsidios.

Algunos expertos consideran que el programa LIHTC tuvo un éxito extraordinario. En el transcurso de tres décadas, se construyeron más de 2,5 millones de unidades de vivienda. Pero en ese período, perdimos más unidades asequibles del inventario nacional de las que se construyeron. Además, las rentabilidades prometidas del sector privado nunca se materializaron. Según el año y el mercado, el costo de producción estimado de unidades de LIHTC fue entre un 20 y un 50 por ciento superior que el de las unidades similares sin subsidios. Esto ni siquiera incluye los US$ 100 millones estimados por año para la administración del programa.

Los créditos fiscales para patrimonios de inversionistas privados llegaron a los contribuyentes en tasas de tarjeta de crédito. Y los costos aumentaron cuando el capital público estaba en el valor más barato. Durante la Gran Recesión, los créditos fiscales producían un promedio de ganancias después de impuestos del 12 al 14 por ciento para los inversionistas cuando la tasa de fondos federales era casi cero y la ganancia de Hacienda a 10 años era de cerca del 2 por ciento. El sector privado nunca dejó de depender de los subsidios. Hoy, prácticamente no hay producción de alquileres asequibles sin créditos fiscales. Por último, es decepcionante que se haya aceptado universalmente que la producción de viviendas con crédito fiscal exacerbó la concentración de la pobreza.

¿Cómo puede ser que el programa de producción de viviendas más grande de la historia de la nación, con amplio apoyo de ambos partidos, provoque tanta decepción? Hay muchas cosas de las que no sabía (y no sabíamos) antes, en 1999, en 1979 e incluso en 1949, que me gustaría no saber ahora.

Ojalá no supiera que, aunque seamos muy buenos para identificar grandes desafíos y anunciar respuestas ambiciosas, nuestro compromiso casi nunca sobrevive a los desafíos económicos. Ahora sabemos que solo construir viviendas asequibles no alcanza para ofrecer una vivienda decente y un ambiente adecuado de vida. Se necesita un modelo sostenible que mantenga los edificios, conserve la asequibilidad en el tiempo y construya donde lo necesitamos: cerca de empleos y escuelas buenos.

Ojalá no supiera que el apoyo político es efímero, y que la memoria no perdura. Garantizar que el poco subsidio que hay llegue a quienes más lo necesitan es razonable, pero solo si el subsidio se protege. Los más necesitados son políticamente débiles y es poco probable que obtengan apoyo para defender sus derechos. Y cuando intentan hacerlo, es fácil convertirlos en el chivo expiatorio.

Ojalá no supiera que gastamos decenas de millones de dólares para evaluar programas de viviendas, pero no aprendimos mucho. Contamos unidades, hicimos de cuenta que la cantidad producida es la única medida importante de impacto. Hace veinte años, una de cada cuatro familias que reunían los requisitos para recibir ayuda para la vivienda la recibían. Hoy, es una de cada cinco familias. Aunque según la creencia general los costos de vivienda que superan el 30 por ciento del ingreso son insostenibles para las familias, alrededor de la mitad de los inquilinos pagan más del 30 por ciento de su ingreso antes de impuestos para alquilar, y el 20 por ciento entrega más de la mitad de su ingreso.

¿Cuándo haremos un análisis sincero de ocho décadas de labores para dar un techo a nuestra gente? Debido a la complejidad de los desafíos en cuanto a las viviendas, es imposible aprender algo de las evaluaciones de los programas. Para aprender, debemos revelar los resultados esperados y comprometernos con ellos, compartir la lógica que guía nuestras acciones y conciliar lo que logramos en realidad con nuestras intenciones. Este es un modelo de aprendizaje que adoptamos en el Instituto Lincoln, y espero que se pueda aplicar más ampliamente a análisis de políticas en los sectores de vivienda, desarrollo comunitario y filantropía.

Ofrecer viviendas asequibles para todos no es tarea fácil. Las dolorosas verdades de ocho décadas de trabajo se ofrecen no como una acusación, sino como una invitación para aprender, y pensar y actuar de otro modo. Debemos intentar cosas nuevas y aprender de ellas. Esa innovación puede ser construir departamentos sobre bibliotecas públicas, una tendencia que exploramos en este número. Puede significar forjar asociaciones inesperadas, como están haciendo los servicios públicos y los defensores de viviendas en Seattle. Puede significar rematar derechos de desarrollo o aprovechar el valor del suelo de otro modo.

Deberíamos aspirar a las mismas ambiciones de los confiados gestores de políticas de 1949, que se comprometieron para proveer “una vivienda decente y un ambiente adecuado de vida para todos los estadounidenses”. Pero tendremos que intentar muchas cosas nuevas y aprender de nuestros errores. Y, si nos comprometemos a “buscar un techo una y otra vez”, como canta Seger en la misma canción, podríamos lograrlo.

¿Tiene un ejemplo propio de “ojalá no supiera ahora lo que no sabía antes”? ¿Una política o programa del que podríamos o deberíamos haber aprendido? Queremos destacar algunos en uno de los próximos números. Envíenos el suyo a publications@lincolninst.edu.

Cities around the world are hard at work on traffic congestion. Boston is designing streets for a mix of bikes, pedestrians, buses, scooters, and cars, and creating special drop-off zones for Uber and Lyft in high-volume areas, such as around Fenway Park. But the task is about to get more complex, with the advent of driverless vehicles, delivery robots, and AI-enabled trackless trams—all of which will require a more wholesale physical transformation of the cityscape.

With shared autonomous mobility, travel lanes can be narrower, because vehicles can essentially tailgate each other. There will also almost certainly be less need for parking in downtowns, as self-driving cars will pick up and drop off and head to the next ride. Intersections will be reconfigured as traffic signals are guided by artificial intelligence.

It’s a big task with a lot of complexity—and no little uncertainty about what, exactly, will be needed in the years ahead. That’s where the emerging practice of scenario planning comes in, says Heather Hannon, who manages the scenario planning initiative at the Lincoln Institute. In this cutting-edge approach to urban planning, communities or regions construct and analyze multiple versions of the future, leaving ample room to change course as unexpected wrinkles arise.

In the past, cities have approached challenges in a more linear fashion. The solution to more cars and trucks, for example, might be a new freeway. Scenario planning allows for much more flexibility, as conditions warrant—without relying on interventions that are hard to alter. The approach also benefits from robust public participation in the planning process, Hannon says. Community input is critical to judge the merits of any major infrastructure scheme.

Scenario planning is being used not only in the design of future streetscapes, but in many other areas as well—importantly, in planning for climate change, where unknowns and uncertainty abound.

The Consortium for Scenario Planning offers a community of practice for planners, community leaders, and stakeholders of all kinds, including access to technical assistance, educational resources, and a network of fellow innovators. It recently held its annual conference in Hartford, Connecticut, and will hold a workshop in Vancouver, British Columbia.

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We’re Redesigning Our Streetscape – but What If We’re Getting It All Wrong? (The Boston Globe)

Driverless Ed (Land Lines)

Scenario Planning: Embracing Uncertainty to Make Better Decisions (Policy Brief)

Thinking About the Unthinkable (TED Talk)

Photograph Credit: iStock / Getty Images Plus – JIRAROJ PRADITCHAROENKUL

What is the flood mitigation potential of urban parks in Houston? Could an urban growth boundary stop sprawl in the Buffalo-Niagara region? How do zoning regulations perpetuate racial inequality and poverty in Oakland? Academics and government officials explored these and other complex questions as part of The Place Database contest. The contest challenged researchers, policy makers, academics, and public officials to use maps created in The Place Database—a data visualization tool launched in 2017 by the Lincoln Institute of Land Policy and PolicyMap—as a basis to tell a story about a place or places.

The Place Database is built on the PolicyMap platform and enables users to map a broad array of indicators from housing prices to zoning. It is designed to be easy to use for academics, local governments, the general public, and journalists, regardless of their experience with tools like ArcGIS, according to Jenna DeAngelo, associate director of international and institute wide initiatives at the Lincoln Institute. Users can search U.S. geographies and select from a list of data layers, such as aggregate transportation costs or local revenue per pupil, and data points, including brownfield sites and structurally deficient bridges. The platform can zoom down to the block group level and draws on information from sources like the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Census Bureau.

In the past two years, the resource has been used in academic theses, as a tool for brokers and real estate agents, in curricula developed by the National Building Museum, and more. The most popular data layers include per capita income, median home value, and critical habitat, while the most frequently used data points have been LIHTCs, Brownfields, and FEMA floods.

The Lincoln Institute decided to host this contest to promote the tool and find out more about who was using the tool and how they were using it, DeAngelo said. It attracted over 40 submissions. A committee composed of Lincoln Institute and PolicyMap staff, a representative from the City of Cambridge GIS and Community Development departments, and a professor from Boston University reviewed the entries, selecting five winning projects and awarding $1,500 to each to develop a brief narrative using the maps that are now featured as use cases on the Lincoln Institute website.

One of the winning projects focused on housing in St. Louis, where the majority of affordable housing funded through the federal Low-Income Housing Tax Credit (LIHTC) program is concentrated in neighborhoods with extensive blight and vacancy and related poor health outcomes. Jason Whiteley, a research analyst at the St. Louis Planning and Urban Design Agency, used The Place Database to better understand what factors, such as restrictive single-family zoning in more affluent parts of the city, have created this current geographic distribution of LIHTC developments.

“We wanted to go beyond the standard talking points about siting affordable housing and look at a more local context and see what issues might impact siting decisions,” Whitley said. “This mapping exercise allowed us to see where the LIHTCs fall against a host of variables, such as vacancy, and served as a good starting point to talk about not just LIHTCs but all the different types of affordable housing in the city.”

In the Dallas-Fort Worth region, Reza Sardari — who earned a Ph.D. from the University of Texas at Arlington and is now an analyst at Cintra, a private sector transportation infrastructure company — explored the factors that are creating increased cost-burdens for low-income families.

In his narrative, cowritten by Raha Pouladi, a planner at the city of Celina, Texas, Sardari presented maps from the Place Database highlighting census tracts where housing costs consume 27 to 30 percent of household income. He also used a data layer that illustrates the percent change in housing price index to identify zip codes that have more recently started to face affordability challenges and might benefit from early interventions to preserve affordability.

Other maps in the project illustrated the spatial mismatch between the concentration of subsidized properties in the southern sector of Dallas and the increasing growth of low-wage jobs in the northern sector of the city. The project concluded with a list of approaches, such as inclusionary zoning, community land trusts, and improved access to public transit, that would create a more even distribution of subsidized housing throughout the city.

“Combining affordability with housing price changes is a unique contribution of the Place Database,” Sardari said. “House price change is missing in other data sources. Often you have to go look in other places.” Most datasets in the Place Database are updated every year as new data becomes available, according to DeAngelo, which allows users to map changes over time.

Sardari emphasized that being able to access a range of datasets on one site is also an advantage of the tool, as researchers often have to navigate between the websites of places like the U.S. Census Bureau, Internal Revenue Service, and Environmental Protection Agency to map multiple criteria. For instance, in his analysis, Whiteley was able to access datasets from the U.S. Department of Housing and Urban Development; Valassis Lists, a direct mail marketing company that compiles vacancy data; and the City of St. Louis, without leaving The Place Database platform.

For researchers who want to do a deeper dive, the Place Database offers the option to download datasets, Sardari added.

While none of the winners told stories across multiple geographies, DeAngelo said that this capability is another strength of the Place Database: “Many tools are hyper-focused on indicators in one city or region, but The Place Database lets policy makers compare U.S. geographies in one tool, as opposed to having to look at multiple tools that might not have standard data across places.”

The tool is one among a suite of free and accessible databases the Lincoln Institute offers, including the Atlas of Urban Expansion, Fiscally Standardized Cities, the State-by-State Property Tax at a Glance Visualization Tool, and Land and Property Values in the U.S.

Emma Zehner is communications and publications editor at the Lincoln Institute of Land Policy.

Image: The relative concentration of Low-Income Housing Tax Credit developments in and around census tracts with elevated levels of vacancy in the City of St. Louis. Credit: The Place Database/Jason Whiteley, St. Louis Planning and Urban Design Agency.

In the past century, the United States has mobilized for war, engineered the recovery from the Great Depression and the Great Recession, and sent a man to the moon. Tackling climate change should be no different, says Billy Fleming, director of The McHarg Center at the University of Pennsylvania Stuart Weitzman School of Design, and one of the editors of the new Lincoln Institute book Design with Nature Now.

“We can figure out how to do this,” Fleming declares in the latest Episode of Land Matters, the podcast of the Lincoln Institute of Land Policy. “We’ve done it before.”

New technological solutions may pop up in the future to make the job easier, but, on the mitigation side, several basic tasks are plainly evident: decarbonize the power grid, decarbonize transportation, and stop cutting down trees that suck up carbon and store it away. Similarly, on the adaptation side, green and blue infrastructure systems are proven solutions that need only be implemented on a larger scale, Fleming says.

He’s in a good position to know. Together with UPenn colleagues Fritz Steiner, Richard Weller, and Karen M’Closkey, Fleming helped identify the 25 cutting-edge ecological design projects from around the world that are showcased in Design with Nature Now. From a transformed landfill in New York City to a re-engineering of natural systems to absorb rising seas on the coast of Virginia, these interventions promote sustainability and build resilience for a broad range of both urban and rural locations.

What’s needed now is a high-level framework to organize these approaches and establish ways to pay for them, Fleming says. “The cost of doing something is far, far less than the cost of doing nothing,” he says.

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Design with Nature Now Amplifies Ian McHarg’s Manifesto on Ecological Planning and Land Use (Land Lines)
Tired of waiting for national push, a buzzing hive of climate resilience innovators is at work in Boston (The Boston Globe)
Letting a thousand flowers bloom: innovations in building climate resilience (The Boston Globe)

Photograph: Following a 1953 coastal flood in which 1,800 people died, the Netherlands adopted a successful water management strategy that gives its major rivers room to flood safely. Made up of 34 projects, Room for the River excavated floodplains, relocated dikes, and created flood channels to build resilience against more frequent and extreme weather events in the future. Room for the River is one of 25 projects featured in Design with Nature Now. Credit: IJsseldelta. With permission, Province of Overijssel/Rijkswaterstaat. Project Credit: Room for the River is a cooperative effort of nineteen different entities overseen by the Province of Overijssel Ministry of Infrastructure and Water Management/Rijkswaterstatt. See www .roomfortheriver.com/.