La cuestión central que deben resolver los conservacionistas de suelos hoy en día es cómo ampliar la escala de sus esfuerzos para proteger paisajes y sistemas naturales completos. El movimiento de fideicomisos de suelos se ha cimentado en los éxitos individuales de conservación de propiedades privadas, pero crecientemente tanto los conservacionistas como los propietarios que llegan a acuerdos de conservación quieren saber cómo se puede extender este esfuerzo a sus vecinos, a su barrio y, por sobre todo, a su paisaje (Williams 2011).

Los agricultores y ganaderos expresan la necesidad de sustentar una red continua de tierras de trabajo —una masa crítica de actividad agrícola ganadera— para no correr el riesgo de perder las actividades de respaldo comercial y la cooperación comunitaria necesarias para sobrevivir. Los bomberos abogan por mantener las tierras distantes sin desarrollar, con objeto de reducir el peligro y el costo de incendios en las comunidades locales. Los deportistas están perdiendo acceso a suelos públicos y a la vida silvestre cuando el hábitat es fragmentado por emprendimientos rurales. Los biólogos conservacionistas han argumentado desde hace tiempo que se podrían sustentar más especies, si se protegen espacios más extensos, mientras que, por el contrario, la disminución y desaparición de las especies se debe principalmente a la fragmentación del hábitat. Por último, un clima tan rápidamente cambiante redobla la necesidad de proteger ecosistemas grandes e interconectados para que puedan mantenerse a largo plazo.

Muchos financistas y socios del sector público están tratando de concentrar sus esfuerzos de colaboración para la de conservación del paisaje, de manera que la comunidad de fideicomisos de suelos tiene una excelente oportunidad de potenciar su buena labor embarcándose en “alianzas para el paisaje”. Los fideicomisos de suelos, con su desarrollo de base y estilo de trabajo cooperativo, están en una muy buena posición para respaldar iniciativas locales. El proceso de construcción de estos esfuerzos, sin embargo, requiere un compromiso que va más allá de la urgencia de transacciones y campañas de recaudación de fondos, y exige un esfuerzo sostenido que es mucho más amplio que las metas inmediatas que se proponen muchos fideicomisos de suelos.

¿Cómo se mide el éxito?

El río Blackfoot en M ontana se hizo famoso en 1976 gracias a la historia A River Runs Through It (Nada es para siempre) de Norman Maclean (Maclean 2001), pero lo que realmente es destacable en la región de Blackfoot es la manera en que una comunidad ha trabajado durante muchas décadas para sustentar este lugar tan especial. En la década de 1970 se iniciaron los esfuerzos de conservación por parte de los propietarios locales y en 1993 se estableció la organización Blackfoot Challenge con el objeto de aunar los diversos intereses de la zona en medidas consensuadas que posibilitaran el mantenimiento del carácter rural y los recursos naturales del valle. Jim Stone, presidente de este grupo de propietarios, dice: “nos cansamos de quejarnos de lo que no podíamos hacer, así que decidimos hablar sobre lo que sí podíamos”.

En este esfuerzo conjunto se han utilizado estrategias novedosas de conservación en Blackfoot que se han reproducido en muchos otros lugares. El trabajo del grupo comenzó concentrándose en una mejor gestión del creciente uso recreativo del río y en proteger el corredor fluvial. La primera exención para conservación de Montana se promulgó en Blackfoot en 1976, como parte de este esfuerzo pionero. A partir de este éxito inicial, se fueron creando iniciativas más ambiciosas con la participación de un creciente número de aliados.

Cuando los propietarios se quejaban de que no tenían suficiente ayuda para controlar la maleza, Challenge estableció el distrito de control de maleza más grande del Oeste. Cuando los propietarios plantearon que no había recursos suficientes para conservar las haciendas en funcionamiento, Challenge ayudó a crear un programa innovador del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EE. UU. (US Fish and Wildlife Service, o USFWS) para adquirir servidumbres de conservación junto con el Fondo de Conservación de Suelos y Aguas (Land and Water Conservation Fund, o LWCF), que históricamente se ha usado para la adquisición de suelo público.

Cuando los propietarios estaban preocupados por la venta potencial de grandes áreas forestales en el valle, Challenge lanzó un plan comprensivo de adquisiciones que conectó haciendas privadas protegidas al pie del valle con suelos forestales públicos más altos. Cuando los propietarios reconocieron la necesidad de realizar una restauración sistémica del río, Challenge y la sucursal Big Blackfoot de Trout Unlimited ayudaron a restaurar más de 48 corrientes tributarias y 600 millas de pasos piscícolas para preservar la circulación de la trucha nativa y la salud de la cuenca (Trout Unlimited 2011).

Blackfoot Challenge se ha asociado con más de 160 propietarios, 30 empresas, 30 organizaciones sin fines de lucro y 20 dependencias públicas. Claramente, la visión de Challenge para la región no se limita simplemente a algunas haciendas, sino que se preocupa por la salud a largo plazo de todo el valle del río, de “ladera a ladera”, según las palabras de Jim Stone (ver figura 1).

El aspecto admirable de la historia de Blackfoot es que no se trata de una rara excepción, sino que constituye el emblema de un movimiento creciente que se dedica a esfuerzos de colaboración para la conservación en todo el país. Estas alianzas para la conservación del paisaje confirman un consenso emergente sobre la necesidad de proteger y sustentar paisajes completos que son vitales, tanto para la salud de los peces y la vida silvestre, como para la vitalidad de las comunidades locales, su economía y su calidad de vida.

Esfuerzos de conservación iniciados por los propietarios

La historia de Blackfoot subraya una de las lecciones más importantes que emergen de las iniciativas de conservación comunitarias: los propietarios locales deben liderarlas, y todos los demás deben respaldarlos. El ejemplo del río Yampa, en el oeste de Colorado, ilustra esta estrategia. A comienzos de la década de 1990, los grupos conservacionistas estaban tratando de proteger esta región, pero toparon con la falta de confianza de los ganaderos locales. En el valle había personas con visión de futuro entre la comunidad y grupos que trataban de impulsar la conservación en la región, pero ninguna de las ideas arraigó de forma efectiva, precisamente porque los propietarios locales no lideraban el proyecto.

Esa dinámica sufrió un vuelco de 180 grados con varias iniciativas de los propietarios, entre las cuales destacó la del Plan de Suelos Abiertos del Condado de Routt (Routt County Open Lands Plan). Las recomendaciones de plan surgieron de una serie de reuniones que los propietarios locales celebraron a lo largo y ancho del condado. El plan proponía ocho medidas significativas para gestionar mejor el crecimiento explosivo en el valle, desde una ordenanza que otorgaba el derecho a cultivar, hasta un programa de adquisición de derechos de desarrollo inmobiliario en haciendas activas. El condado de Routt se convirtió en uno de los primeros condados rurales del Oeste en obtener fondos públicos por medio de una medida electoral para proteger las haciendas activas.

Malpai Borderlands es otro ejemplo ilustrativo de cómo el liderazgo de los propietarios puede superar varias décadas de inacción. Después de muchos años de conflicto entre los ganaderos propietarios y las agencias federales sobre la gestión de los suelos públicos situados alrededor de las montañas Ánimas, en el talón de la bota del estado de Nuevo México y el sudeste de Arizona, Bill Macdonald y otros ganaderos propietarios de la zona organizaron una alianza llamada Grupo de Malpai Borderlands para volver a introducir el fuego como medio para preservar la salud de los pastizales y la economía ganadera local. Este esfuerzo generó una asociación innovadora entre ganaderos, grupos de conservación y dependencias públicas para conservar y sustentar este ambiente silvestre de 404.684 hectáreas en actividad por medio de servidumbres de conservación, bancos de pastizales y un enfoque más integrado de administración del sistema en general.

Fideicomisos de suelos y sociedades públicas-privadas

De la misma manera que el liderazgo de los propietarios es fundamental en los esfuerzos cooperativos de conservación a escala de paisaje, los fideicomisos y agencias de suelos también pueden desempeñar un papel importante como líder secundario y aliado fiable que posee fuertes vínculos locales, conocimientode los recursos externos y una capacidad para implementar proyectos de investigación y conservación. En Rocky Mountain Front, en Montana, por ejemplo, los ganaderos locales están colaborando con varios fideicomisos de suelos y el USFWS para proteger los suelos activos por medio de servidumbres ecológicas. El comité de propietarios locales ha sido presidido por varios ganaderos locales, pero ha sido su amistad de 20 años con Dave Carr de The Nature Conservancy el hecho decisivo para que el comité se mantuviera activo. Greg Neudecker, del Programa de Socios para la Vida Silvestre (Partners for Wildlife Program) de USFWS, ha jugado un papel similar en Blackfoot, dados sus 21 años de servicio en la cooperación comunitaria.

Muchos propietarios y fideicomisos de suelos son renuentes a crear alianzas con dependencias públicas para proteger el paisaje porque frecuentemente abogan por la conservación con medios privados. Sin embargo, cuando se las incorpora como parte de una sociedad para la conservación del paisaje, las agencias estatales y federales pueden ser aliados muy efectivos. En Blackfoot, los estudios científicos, investigaciones, monitorización, financiamiento y trabajo de restauración efectuados por el estado

de Montana y el USFWS han tenido un impacto enorme en la recuperación del sistema del río.

En el frente de protección de suelos, la adquisición pública de bosques madereros extensos en Blackfoot ha complementado el trabajo de los fideicomisos de suelos privados al consolidar suelos públicos y permitir el acceso de la comunidad a dichos suelos para pastar, explotar el bosque y realizar actividades recreativas. Reconociendo los problemas generados por un siglo de supresión de incendios, el Servicio Forestal de los EE. UU. inició proyectos experimentales de desgaste forestal de pequeño diámetro para restaurar la estructura y el funcionamiento de los bosques y reducir la amenaza de incendio en el valle. Esta actividad se está ampliando ahora por medio de un nuevo Programa de Cooperación para la Restauración del Paisaje Forestal (Collaborative Forest Landscape Restoration ProgramiI>, o CFLRP) financiado por el gobierno federal en los valles de Blackfoot, Clearwater y Swan.

El principio más general es que todas las partes interesadas principales tienen que involucrarse activamente para consensuar una base de intereses comunes. David M annix, otro hacendado de Blackfoot Challenge, explica lo que ellos denominan la “regal 80-20”: “Trabajamos sobre el 80 por ciento en queestamos de acuerdo y dejamos el 20 por ciento restante a la puerta, junto con el sombrero”. Jim Stone afirma que cuando la gente va a una reunion de Blackfoot Challenge “le pedimos que deje sus intereses organizativos en la puerta y dé prioridad al paisaje”, y se centre en la salud de los suelos y de las comunidades que de ellos dependen.

Para que estas alianzas entre el sector privado y el público puedan funcionar, es realmente importante que participe la “gente que importa”, es decir, individuos creativos que estén motivados por una vision común y que, al mismo tiempo, sean lo suficientemente modestos como para reconocer que no tienen todas las respuestas. La colaboración toma tiempo. Una vez que se hayan alcanzado acuerdos en común, es fundamental tener un éxito inicial, aunque sea pequeño, que sirva de base para futuras soluciones de mayor envergadura.

La necesidad de financiamiento

La barrera más importante para que los grupos cooperativos locales puedan alcanzar sus metas a nivel de paisaje es la falta de financiamiento adecuado. Sin un respaldo financiero suficiente, los esfuerzos cooperativos pierden, con frecuencia, su impulso, lo que puede retrasar este tipo de trabajo por muchos años.

El financiamiento no es un elemento estático, pero es proporcional a la escala de resultados que se pueden obtener y al número de participantes que se incorporan al esfuerzo. Los financistas privados o públicos no quieren participar en un éxito parcial a menos que sea un paso hacia un objetivo sustentable de largo plazo. Y no quieren proporcionar financiamiento en lugares donde los grupos están compitiendo. Cada vez más, los fideicomisos y agencias de suelos se han dado cuenta del potencial que se puede alcanzar por medio de la colaboración. Los donantes han tomado siempre la iniciativa en este tema, porque viven en un mundo de recursos limitados y comprenden el valor de potenciar una variedad de recursos y financiamientos.

Aunque se realicen grandes esfuerzos de cooperación con objetivos comunes y una gran probabilidad de éxito, frecuentemente existe una brecha de financiamiento para alcanzar una verdadera conservación del paisaje. Mark Schaffer, exdirector del Programa del M edio Ambiente de la Fundación Caritativa Doris Duke, estimó que esta brecha asciende a alrededor de 5 mil millones de dólares por año en financiamiento nuevo e incentivos tributarios que harán falta en los próximos 30 años para conservar una red de paisajes importantes en los Estados Unidos.

En la actualidad la comunidad de fideicomisos de suelos está conservando suelos a un ritmo de alrededor de 1,05 millones de hectáreas por año, un total acumulado de alrededor de 14,9 millones de hectáreas de acuerdo al último censo de 2005 (Land Trust Alliance 2006). No obstante, para sustentar paisajes completos antes de que las necesidades más urgentes cierren las puertas de la oportunidad, este ritmo se tiene que duplicar o triplicar, y se deben realizar esfuerzos de forma aun más orientada.

Oportunidades emergentes para la conservación a nivel de paisaje

Hay varias tendencias importantes y oportunidades de corto plazo que se podrían aprovechar para promover la conservación a escala de paisaje, pero su éxito depende del nivel de participación y liderazgo de los fideicomisos de suelos. Primero, es fundamental que el Congreso haga permanents las deducciones ampliadas de las servidumbres de conservación. La organización Alianza de Fideicomisos de Suelos (Land Trust Alliance, 2011) apunta que estas deducciones pueden proteger más de 101.170 hectáreas adicionales por año. Dado el interés actual del Congreso por recortar gastos y rebajar impuestos, esta es una de las pocas herramientas de financiamiento de conservación que quizás sea alcanzable en el corto plazo. A más largo plazo, un programa nacional de créditos tributarios transferibles similar a los de Colorado y Virginia podría crear un enorme incentivo para generar servidumbres de conservación.

La segunda tendencia se relaciona con el aumento del interés federal en proteger paisajes completos promoviendo las comunidades que ya están trabajando en conjunto. En 2005, la administración Bush lanzó un Programa de Conservación Cooperativa que mejoró la coordinación entre las agencias y los subsidios de capacidad para trabajos cooperativos locales. En 2010, la administración Obama lanzó la iniciativa America’s Great Outdoors para ayudar a las comunidades a sustentar sus suelos y recursos hídricos por medio de asociaciones gobernadas localmente, y reconectar a la juventud norteamericana con el medio ambiente natural (Obama 2010).

Si bien los recursos federales están enormemente restringidos en el corto plazo, los programas y el financiamiento existentes podrían concentrarse más en proyectos de conservación a nivel de paisaje. El Secretario de Agricultura, Tom Vilsack, anunció un cambio importante en la política de su departamento hacia un enfoque “integral de suelos” para conservar y restaurar los grandes sistemas de los Estados Unidos. Por ejemplo, el Servicio de Conservación de Recursos Naturales (Natural Resources Conservation Service) anunció recientemente que iba a reinvertir 89 millones de dólares de fondos del Programa de Reserva de Humedales que no se habían gastado para adquirir la servidumbre de conservación de 10.522 hectáreas en haciendas activas en la zona de los Everglades en Florida. La oportunidad que se presenta para la comunidad de fideicomisos de suelos es asegurar que estos proyectos se implementen como manera de obtener un apoyo amplio para este tipo de trabajo en el largo plazo.

La tercera oportunidad es aprobar medidas locales y estatales para aumentar el financiamiento y los incentivos tributarios a la conservación. A pesar de la economía debilitada y de los continuos proyectos para efectuar recortes gubernamentales y reducir los impuestos, los votantes aprobaron en las elecciones de 2010 el 83 por ciento de las iniciativas electorales en todo el país para financiar la conservación de suelos y de agua. En total, se aprobaron 41 de las 49 medidas de financiamiento, generando más de 2 mil millones de dólares para proyectos de conservación de suelos, aguas, parques y tierras agrícolas durante los próximos 20 años (The Trust for Public Land 2010).

La tendencia y oportunidad finales para la comunidad de fideicomisos de suelos es asociarse con financistas de capital privado para llevar adelante proyectos de conservación de suelos. Entre 1983 y 2009, cambiaron de manos más de 17,4 millones

de hectáreas de suelos forestales (Rinehart 2010). Nuevos grupos de capital privado, llamados Organizaciones de Gestión de Inversiones Madereras (Timber Investment Management Organizations o TIMO) y Fidecomisos de I nversión I nmobiliaria (Real Estate Investment Trusts, o REIT) adquirieron en muy poco tiempo 10,9 millones de hectáreas, y muchos de estos grupos de inversión, como Lyme Timber, Conservation Forestry, Ecosystem Investment Partners y Beartooth Capital Partners, utilizan la conservación como parte de su modelo de negocios.

La cuestión de escala

Una tendencia en curso en el movimiento de conservación ha sido darle un enfoque cada vez más amplio, pasando de las propiedades individuales a barrios, paisajes, ecosistemas, hasta llegar ahora a las redes de ecosistemas. Por ejemplo, los propietarios de Blackfoot, Swan Valley y Rocky Mountain Front han comprendido que la salud de sus paisajes depende de la salud del ecosistema Crown of the Continent (ver figura 2).

Crown, un área de más de 4 millones de hectáreas que rodea Bob Marshall Wilderness y Glacier-Waterton International Peace Place, es uno de los ecosistemas mejor preservados de América del Norte. Gracias a un siglo de designaciones de suelos públicos y 35 años protección privada de suelos por parte de las comunidades locales, este ecosistema no ha perdido una sola especie desde el asentamiento de los europeos en América. Los propietarios y otros socios se han conectado a lo largo de Crownde varias maneras para ver cómo pueden trabajar de forma más estrecha para el bien de todos.

Aun en la inmensidad de Crown, la sustentabilidad de su población silvestre depende de sus conexiones con otras poblaciones de las Montañas Rocosas del Norte. Sin embargo, estas redes aún mayores de sistemas naturales sólo se pueden concretar si se logran sustentar los vínculos esenciales de la región. Por esta razón, los fideicomisos de suelos de Wyoming, Idaho, Montana y Canadá han estado colaborando dentro de un marco llamado Corazón de las Montañas Rocosas (Heart of the Rockies) para identificar prioridades comunes y necesidades de conservación. Este nivel de colaboración regional ha generado un nuevo nivel de conservación y una mayor atención de los financistas. También ha sido clave para la colaboración entre fideicomisos de suelos basada en prioridades políticas comunes.

Para poder sustentar sistemas naturales interconectados, es realmente imperativo que se establezcan organizaciones a esta escala, pero también es importante comprender lo que se puede obtener a cada escala. Las grandes iniciativas regionales tienen gran importancia para crear una visión amplia y atractiva, pero no para implementar la conservación propiamente dicha. Dichos enfoques de gran escala sirven para aplicar la ciencia a nivel de la naturaleza, crear colaboraciones regionales alrededor de prioridades comunes y establecer un foro para intercambiar ideas novedosas, creando una mayor atención sobre la región. También brindan un contexto importante para realzar el trabajo local.

Melanie Parker, una líder local de los esfuerzos para la colaboración en la conservación de Swan Valley, lo expresa de esta manera: “Tenemos que integrar nuestros esfuerzos en una región más amplia para tener influencia política y acceder a recursos, pero cualquiera que piense que el trabajo de conservación se puede o debe hacer a una escala de 4 millones de hectáreas está seriamente equivocado. Este tipo de trabajo se tiene que realizar a la escala del lugar donde la gente vive, trabaja y comprende su paisaje”.

La gente local quiere actuar para preservar su propio lugar y su propio modo de vida. El diseño de estrategias a gran escala es frecuentemente demasiado abstracto para los propietarios y, en algunos casos también puede hasta conducirlos a la alienación. Como en la política—los politicos responden mejor a proyectos locales, diseñados y apoyados por sus residentes— toda la conservación es local. Conocer cuán amplios pueden ser los esfuerzos regionales sin que se pierda la cohesion comunitaria es una cuestión importante, pero lo cierto es que Blackfoot, Rocky Mountain Front y Swan Valley están al límite de lo posible hoy en día. Cada una de estas regiones opera en una escala de 202.340 a 607.000 de hectáreas.

Los fideicomisos de suelos pueden agregar valor a los esfuerzos locales por medio de colaboraciones regionales. Si bien los propietarios y residentes locales frecuentemente no tienen el tiempo necesario para participar en estas iniciativas de mayor calado, quieren

que su lugar y sus intereses estén bien representados. Los fideicomisos de suelos y las organizaciones de conservación pueden desempeñar un papel muy importante para interconectar grupos locales y geográficos, pero tienen que coordinarse con estos grupos en vez de tratar de liderarlos. En última instancia, la comunidad de fideicomisos de suelos puede beneficiarse si refuerza su trabajo cooperativo, profundiza su participación en asociaciones de paisajes, y trabaja a gran escala para alcanzar éxitos en el ámbito de la conservación.

Conclusión

Después de muchas décadas de trabajo extraordinario, los más de 1.700 fideicomisos de suelos en todo el país pueden usar su impulso para conservar los grandes sistemas que resultan más importantes para la gente y para la naturaleza. En efecto, esto es lo que las comunidades están pidiendo y lo que la naturaleza necesita para sobrevivir. Trascender más allá de victorias aisladas, generando una visión de conservación más interconectada, es tan importante para el sustento de las economías locales y su acceso recreativo como lo es para los corredores de vida silvestre y las cuencas hídricas saludables. Para tener éxito a esta escala hace falta una colaboración real y una reorientación de todas las partes interesadas. Con las múltiples oportunidades que se presentan actualmente para la conservación de paisajes completos, el impulso está de nuestro lado.

Sobre el Autor

Jamie Williams es el director de conservación de paisajes de The Nature Conservancy en América del Norte, con sede en Boulder, Colorado. Se concentra en programas para proteger los grandes paisajes por medio de alianzas innovadoras públicas y privadas. Fue Kingsbury Browne Fellow en el Instituto Lincoln durante 2010–2011. Tiene una Maestría en Estudios Medioambientales de la Facultad de Estudios

Forestales y Ambientales de Yale y un título de licenciatura por la Universidad de Yale.

Referencias

Land Trust Alliance. 2006. 2005 national land trust census. Washington, DC. 30 November.

———. 2011. Accelerating the pace of conservation. www.landtrustalliance.org/policy

Maclean, Norman. 2001 [1976]. A river runs through it and other stories. 25th anniversary edition. Chicago: The University of Chicago Press.

Obama, Barack. 2010. Presidential Memorandum: America’s Great Outdoors, April 16. http://www.whitehouse.gov/the-press-office/presidential-memorandum-americas-great-outdoors

Rinehart, Jim. 2010. U.S. timberland post-recession: Is it the same asset? San Francisco, CA: R&A Investment Forestry. April. www.investmentforestry.com

The Trust for Public Land. 2010. www.landvote.org Trout Unlimited. 2011. Working together to restore the Blackfoot Watershed. February. www.tu.org

Williams, Jamie. 2011. Large landscape conservation: A view from the field. Working Paper. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy

Policies affecting the use, regulation, and taxation of land in the United States are promulgated and applied primarily by states and local governments, and real estate markets are largely local and not national in scope. However, national policies including those on taxation, property rights, and mortgage financing have a significant impact on local land and housing policies and their outcomes. Accordingly, it often makes sense for local policy makers and activists to combine forces so they can learn from each others’ experiences and ensure that their viewpoints are present in national land policy debates. The Lincoln Institute has played, and continues to play, an important role in sponsoring research and fostering training, communication, and organizational activities that promote land policies consistent with the its mission.

One example is the Lincoln Institute’s role in helping to establish the Land Trust Alliance (LTA), the national network of nonprofit conservation organizations that protect natural resources such as farmland, forests, and wilderness areas. The Lincoln Institute in 1981 provided a fellowship to Kingsbury Browne, a Boston-based conservationist and lawyer, to visit land trust leaders throughout the country. He discovered that they had no organized means to communicate and learn from each others’ experience. His work and counsel led the Lincoln Institute to carry out a national survey of the 400 known local and regional land conservation organizations at the time and to sponsor a national meeting for 40 representatives in October 1981. As a result of that meeting, the Land Trust Exchange was incorporated and initiated activity in July 1982. This year, as the Land Trust Alliance, the organization is celebrating its 30th anniversary.

LTA has become a major presence in the conservation community, and the Lincoln Institute continues to support its networking goals. For example, the Lincoln Institute sponsors the annual Kingsbury Browne Fellowship, which supports research, writing, and mentoring by outstanding individuals whose vision and creativity have contributed to land conservation and the land trust community. The Lincoln Institute also participates in LTA’s annual Rally and has supported selected projects, such as the 2010 National Land Trust Census Report that summarizes the land conservation and organizational activities of the 1,760 known land trusts at the time of the survey.

The Lincoln Institute has also played a key role over the past few years in developing a practitioners’ network on large landscape conservation, bringing together those working on projects at a regional scale, such as the Crown of the Continent, an 18-millionacre area spanning the US–Canadian border including portions of Montana, Alberta, and British Columbia. Still in its formative stages, this international network provides a semiannual forum to exchange information and best practices, examine emerging policy initiatives, and advance the theory and practice of large landscape conservation.

In a similar initiative, the Lincoln Institute supports the National Community Land Trust Network, formally organized in 2006. Community land trusts (CLTs) are local nonprofit organizations that own land and provide housing whose affordability is preserved permanently. While CLTs have existed for more than 30 years, coordination and communication among them was limited until the national network was established. With about 200 member CLTs in 2012, the network provides training, supports research, and disseminates guidelines and good practice to its members.

The Lincoln Institute maintains a role in the network’s training program, the Community Land Trust Academy, which offers courses, conferences, and other activities ranging from a general introduction for new residents and staff members to sessions on standard legal documents, financing, and city-CLT partnerships. The Lincoln Institute published The Community Land Trust Reader (2010), a compendium of articles on the historical background and current practices of the international CLT movement, edited by John Emmeus Davis, former dean of the Academy. In addition, the Lincoln Institute sponsors research disseminated in working papers and analytic work, including a 2007 survey of CLTs in the United States.

Information about these conservation and community land trust networks and their related programs and publications is available on the Lincoln Institute website at www.lincolninst.edu.

Twenty-three states offer an incentive to preserve open space by providing preferential property tax assessment of qualifying parcels (table 1, p. 15). These property tax reductions can be considered expenditures in that they reduce revenue available for other uses in the interest of protecting the many amenities and environmental benefits of undeveloped land.

Programs vary widely from state to state, but all preferential assessment programs for open space must define the type and size of qualified parcels; permissible uses; certification requirements; assessment methods; enrollment term lengths; and penalties, if any, for removing a parcel from preferential status. Several states offer more than one program, each with its own qualification requirements. This article considers these differences, offers examples of how the tax expenditure is calculated, and describes potential societal benefits and costs of such programs.

Determining Eligibility for Preferential Assessment

States define eligibility in many different ways, but the requirements are usually relatively easy to meet. A parcel might qualify simply by being undeveloped. Several states allow landscaped land to qualify provided the building density doesn’t exceed established limits. Washington, for example, allows land to qualify if it meets at least one of eleven very general requirements, including the protection of streams or water supplies, conservation or enhancement of natural or scenic resources, preservation of visual quality along roads, or enhancement of recreational opportunities.

While these criteria are very general, states may raise the bar by placing additional requirements on landowners. Some states require landowners to create and seek state approval for a property management plan that improves benefits for local wildlife. Vermont stipulates that a qualified conservation organization must own and manage the open space. One of two Texas programs requires landowners to provide land and wildlife management to propagate a breeding, migrating, or wintering population of indigenous wild animals for human use, including food, medicine, or recreation.

Several states offer preferential assessment to properties that have attained federal status as open space. For example, parcels restricted by a conservation easement that meets the IRS requirements for a charitable donation automatically qualify for preferential assessment in Illinois and Oregon. Ohio will qualify only parcels under contract to one of four USDA programs (Conservation Reserve Program, Conservation Reserve Enhancement Program, Wetlands Reserve Program, and Grassland Preserve Program).

Parcels may have to meet minimum size requirements as well. The most common minimum is ten contiguous acres, though some programs allow properties as small as two acres, and several have no stated requirements. A few states limit the total acreage that any individual landowner may enroll. Tennessee, for example, limits eligibility to 1,500 acres per owner per county, including agricultural land, forest, and open space combined. The stated use of the property may influence its acceptability; several states specifically prohibit commercial property, including golf courses. At least two states, however, have programs specifically designed for golf courses and other commercial properties that provide outdoor recreational opportunities.

State Versus Local Criteria

State governments typically authorize preferential assessment programs and the criteria for inclusion. Six states allow local or county government officials to determine criteria by authorizing a program and requiring only that parcels be “included within a plan for preservation approved by state or local planning agencies” (Chervin, Gibson, and Green 2009, 8), for example, or by requiring that the appropriate governing body accepts the property via resolution. States with this requirement include California, Connecticut, Florida, Nevada, Tennessee, and Oregon. It is then up to local or county officials to choose the criteria for qualification, in some cases naming specific parcels. In other cases, the assessor’s office determines the eligibility, based on the characteristics of the property and whether it meets the criteria.

This approach allows local governments to control the amount of the expenditure in their jurisdiction and tailor the program to protect the specific qualities most important to the area. For example, officials in a predominantly agricultural environment may prefer to use tax expenditures on forests or wetlands, while open fields might prove most valuable in a more urban setting.

Calculating the Value of the Tax Expenditure

Open space preferential assessment programs typically use one of three methods to determine the property’s assessed value. Nine states value open space as if it were enrolled in the state’s program for agriculture or forestry, even though the land isn’t used for either activity. Nine other states instruct assessors to value the property considering only its current use, excluding the value of development rights (i.e., the market value as if its future use were permanently restricted to its current use). Four states instruct the assessor to determine the fair market value as if it were not in the program and then apply a statutory formula to determine the preferential assessed value. Illinois has three programs for preferential assessment of open space, which vary by the criteria for eligibility; all offer statutory reductions that range between 75 percent and 85 percent. Nevada applies a lower statutory reduction of 26 percent.

States occasionally choose to define maximum or minimum values per acre for open space parcels. For example, Maryland set a statewide value of $187.50 per acre for 2009. Washington allows local governments to determine a use value for their region, depending on a public benefit rating system; if no such system exists, open space land may receive an assessment no lower than the lowest agricultural valuation in the county. Massachusetts calculates the preferential value as use value, not to exceed 25 percent of fair market value.

Program Duration and Penalties for Early Withdrawal

Many programs provide for automatic annual renewal unless the landowner chooses to withdraw from the program. In some cases, length of contract is predetermined, most frequently for ten years, which generally carries forward upon the sale of the property unless the new property owner alters the use and violates the terms of the program. Landowners pay a penalty for withdrawing from the program in order to alter land use, or for altering it without notification. Such penalties tend to equal the value of the tax expenditure received for a specified number of years prior to the current year, plus interest on that expenditure. Several states either charge 10 percent of the fair market value when use of the parcel changes, or charge a conveyance or transfer tax when a parcel in the program is sold.

If an owner withdraws a parcel from the program after a minimum number of years, however, the state may reduce or even eliminate penalties. For example, Vermont charges owners 20 percent of fair market value for withdrawing the property in the first decade and 10 percent for withdrawing after more than 10 years. Rhode Island exacts 10 percent of the new fair market value for removing a property after 6 years, but that penalty declines until it terminates, 16 years after enrollment.

Economic Benefits of Open Space Preservation

The large literature discussing the effect of environmental amenities on surrounding property values suggests that preventing development on a parcel will raise the value of neighboring parcels. The studies find complicating factors, however, that make it difficult to predict changes in value for specific regions. One study in Maryland, for example, finds that open space programs have very different effects on the value of property in three different counties, probably due at least in part to variations in the amount of open space present (Geoghegan, Lynch, and Bucholtz 2003). Numerous other studies indicate that the value of open space for individual homeowners declines with distance from the protected parcel (Chamblee, et al. 2011). The type of habitat or green space is also likely to be influential; one analysis finds that the presence of broad-leaved trees in a neighborhood is associated with positive values, but the presence of spruce trees has a negative effect on property values (Garrod and Willis 1992). An analysis of home prices in Tucson, Arizona, finds a preference for homes in areas with green space including native riparian habitat (Bark, et al. 2009; 2011).

Public access to privately owned open space for recreation or educational purposes would also be likely to provide substantial local benefits in many cases. States rarely require public access as a condition for the tax expenditure, but Maine and New Hampshire both encourage it by offering an additional reduction in assessed value of 25 percent and 20 percent, respectively.

Protected open space can also reduce growth in the demand for municipally provided services and forestall negative effects of development, such as heavy traffic or overcrowded schools, which would likely impose a heavier tax liability on current residents. A growing literature on cost of community services indicates that the property taxes paid on developed land are often insufficient to cover the cost of services created to support that development, while open space frequently generates tax revenues well in excess of the cost of services expended on the property. The American Farmland Trust, reporting results from 151 studies covering counties and municipalities in 25 states, finds that the owners of working and open land frequently pay taxes above or even twice the cost of services received on those properties, while residential property owners typically pay less than the cost of services received (Farmland Information Center 2010).

Findings like these suggest that preferential assessment can be justified on the grounds of fairness, because the owners of open space may be subsidizing services sent to owners of developed property. However, the fact that most programs require a long-term agreement and include penalties for early conversion indicates that the goal is not fairness, but preventing development for a specified period.

Unfortunately, there is very little literature evaluating whether preferential assessment programs prevent future development on parcels that aren’t under permanent protection such as an easement. Much of the existing evidence is based on studies of farmland protection programs rather than evaluations of the impact of property tax expenditures on open space. Two studies of Tennessee’s Greenbelt Program evaluated a survey of woodland owners enrolled in the program and found little support for the hypothesis that preferential assessment reduced the likelihood of development on these parcels (Brockett, Gottfried, and Evans 2003; Williams, et al. 2004).

It’s easier to evaluate land under long-term or permanent protection of either a perpetual conservation easement or a long-term preferential assessment contract with substantial penalties for withdrawal. In those cases, it’s possible to reliably predict the continued presence of open space; unfortunately, these protection agreements may predate the preferential assessment or be otherwise uninfluenced by it.

Costs of Preferential Assessment for Open Space

In addition to the tax expenditure itself, these programs may incur several other potential costs. Programs that require an approved conservation plan, for example, might generate a particularly challenging expense. While a state agency could develop and approve such a plan, it will be costly to ensure that conditions of the plan are met.

Program enforcement requires evaluating not only changes in a property’s market value but also changes in its use. If open space is used to graze livestock, for example, this new use might protect the undeveloped condition of the property but still reduce the environmental benefits.

Additionally, evidence suggests that in some instances open space preservation can lower property values by shifting development patterns, typically by resulting in the development of nearby properties (Irwin and Bockstael 2004; McDonald, et al. 2007). If preferential assessment prevents development on particular parcels, that development may shift to other parcels in ways that increase sprawl. If a leapfrog pattern of development occurs because a program prevented development on a parcel-by-parcel basis, the negative effects, such as higher infrastructure costs, could overwhelm any public benefits from the program.

Given the voluntary nature of these programs and resulting changes in development patterns, a worst-case scenario is that lower-quality parcels might receive the preferential assessment, increasing development pressure on parcels that generate greater public benefits. On the one hand, local government approval might reduce this problem by allowing individuals who know the area best to choose the parcels that most deserve protection. On the other hand, it might inspire local officials to protect open space in their jurisdiction, pushing development into other communities and creating undesirable development patterns at the regional level. It is also important to mention that preferential assessment of open space to some degree creates a split-rate system with a higher rate on developed land, particularly on improvements to the land—an issue that concerns many property tax scholars and may also significantly affect land use patterns.

Finally, the value of the public benefits is not static; it may increase or decrease depending on the condition of the property and surrounding area. The changes may be uncorrelated, or even negatively correlated, with future changes in assessed value. For example, more intense development pressure might increase the benefit of preserving a large parcel as open space; or it might decrease the benefit of preserving a small “island” parcel. Twenty-five acres of open space in the middle of a town can greatly benefit a community, but, if 24 of those acres are developed, it will likely diminish the environmental benefits of the remaining acre. Both scenarios, however, are likely to increase tax savings from preferential assessment, as development pressure drives up local property values.

These factors indicate that, while preferential assessment does offer landowners an incentive to preserve public benefits, the amount of the incentive may under-correct or even over-correct for the benefit being created. This will result in an inherently inefficient program, though such programs may still result in significant net benefits compared to having no program at all.

Distributional Consequences

Property tax expenditures to protect open space will have distributional consequences. Most immediately, the program would redistribute the tax burden onto other property owners in the same tax districts, as governments change the mill rate in order to maintain budgeted revenue. Owners of developed properties will now constitute a larger share of the tax base and will need to pay a greater fraction of the total tax bill as a result.

Since preferential assessment programs are primarily designed to maintain existing open space, enrolled parcels continue to generate benefits, but those benefits don’t necessarily increase. Thus the public benefits should be expected to continue to accrue as before. Local residents alone will benefit from scenic views and the foregone external costs of development, while residents and nonresidents alike may benefit from protecting watersheds or habitat for endangered species (Anderson and West 2006). Benefits may be expected to increase, however, if the program requires owners to improve the value of the open space by activity such as habitat restoration.

Several studies indicate that the effects of open space on surrounding property values depend critically on the type of protection and its ability to prevent development in the future. For example, land acquired as a park or forest preserve, or land placed under a conservation easement, has a much more positive effect on neighboring property values than open space that is not permanently protected (Geoghegan 2002). Enrollment in a preferential assessment program might have little or no effect on surrounding property values if the protection is perceived to be temporary, resulting in either permanent reductions in revenue or permanently higher tax rates on the non-enrolled parcels.

Calculating the Fiscal Cost of Preferential Assessment Expenditures

The methodology for calculating the tax expenditure resulting from the preferential assessment of open space is straightforward. The property owner will see a reduced tax burden based on the difference between the assessment without the program and the preferential assessment. This reduction in assessed value can lower tax revenue due to a reduced base. Alternatively, the lost revenue could be recouped by shifting the burden onto other property owners by increasing the tax rate. A combination of both outcomes is also possible. Oregon reports both the loss and the shift in their tax expenditure report (table 2), which listed exemption values of $126 million in fiscal year 2009–10 for the three open space programs. The estimated revenue loss over two fiscal years is $3.2 million, while the estimated revenue shift during that period is $0.7 million.

Data is inconsistent from state to state, which makes it difficult to estimate the revenue effects of preferential assessment. The aggregate data presented for Oregon is much more useful than what many other states present. States that do not calculate property tax expenditures frequently do not make such data available; at best, they usually offer aggregate figures that combine the programs for agriculture, forestry, and open space. Table 2 also indicates the relative scope of open space in that context. The exemption values for private forestry were over $5 billion, and the exemption values for farmland and farm home sites were $14.1 billion. The three conservation programs combined represent approximately one-half of one percent of the total exemption value, and less than one percent of the revenue lost or shifted.

Such calculations also depend on other effects that may be very difficult to observe. It will be impossible to determine the extent to which revenue shifted, without detailed information about local government’s ability to respond by changing the mill rate. In that case, the estimate will account for only foregone revenue. It will also be necessary to ignore the program’s possible positive property value effects on neighboring parcels.

Conclusion

Designing a preferential assessment program for open space requires careful consideration. While land with limited development does provide amenities and environmental benefits under many circumstances, the value of those benefits may vary dramatically according to local conditions. If the program’s goal is primarily to provide local, rather than regional, benefits, one set of criteria for the entire state is unlikely to maximize benefits. Local determination of the enrollment criteria may provide the flexibility necessary to react to those varying conditions, whereas state-level criteria are probably necessary to protect regional resources such as watersheds.

The shortage of empirical work in this area makes it difficult to assess the effectiveness of existing programs. If the goal is genuinely to forestall development on certain parcels, program design should consider the length of contract and penalty for early conversion. Short-term delays in development will primarily benefit the owners of open space. For a program to succeed, the open space must generate significant community benefits in the form of either long-term environmental protection or higher property values for other residents of the area. Higher eligibility requirements for inclusion in the program should reduce the amount of acreage enrolled; however, the number of acres should not be the program’s primary goal unless legislators intend it solely as a means to reduce local development. Significant enrollment in the program could have substantial fiscal implications for local jurisdictions, especially if broad criteria and low conversion penalties make it easy for landowners to enroll and then develop the property later. Program design must ensure a maximum of public benefit in exchange for the fiscal effects.

This article was adapted from the Lincoln Institute working paper, “Preferential Assessment for Open Space”: https://www.lincolninst.edu/pubs/dl/2281_1620_Sundberg_WP13JS1.pdf.

About the Author

Jeffrey O. Sundberg is the James S. Kemper Foundation Professor of Liberal Arts and Business and Professor of Economics at Lake Forest College. He received a Ph.D. in economics from Stanford University. His recent research interests include the efficiency of state and federal tax incentives for conservation easement donations and preferential assessment programs for open space. He has also served on the board of a land trust in Lake County, Illinois, serving as board president for four years. Contact: jsundber@mx.lakeforest.edu.

Resources

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