Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 2 del libro Perspectivas urbanas; Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

Mi experiencia al asistir a la conferencia “Who Owns America? II” [¿A quién pertenecen los Estados Unidos?] celebrada en Madison, Wisconsin en junio pasado fue como contemplar un panorama formado por ideas acerca de la tierra y la gente. Desde mi punto de vista, este panorama tenía cuatro características dominantes:

• la expansión de los derechos de propiedad;
• el desafío de la dicotomía de lo privado/lo público;
• la creciente complejidad del mundo físico, que constituye el ‘objeto’ de los derechos de propiedad;
• y el enfoque narrativo como herramienta metodológica para lograr una mayor comprensión de la propiedad como una relación social.

La característica más sobresaliente del pensamiento jurídico estadounidense con respecto a la tierra es la gran importancia de los derechos de propiedad. La tradición jurídica de América Latina, según la doctrina de la función social de la propiedad planteada por el jurista francés Leon Duguit, tiende a considerar los derechos de propiedad como una materia a ser limitada por el gobierno y las leyes a fin de satisfacer las necesidades sociales. Por lo tanto, para mí fue un choque cultural descubrir la popularidad de la teoría de Charles Reich sobre la propiedad, en la que se promueven las ideas igualitarias mediante la defensa de los derechos de propiedad individuales.

En la conferencia se plantearon numerosas maneras distintas de ampliar la noción de propiedad para dar cabida a nuevas demandas sociales. Un ejemplo de ello fue el planteamiento de Eric Freyfogle de que la propiedad debiera tener un lugar privilegiado en la sociedad. Por supuesto, no hace falta que una idea sea aceptada por unanimidad en el razonamiento jurídico estadounidense para que pase a ser un aspecto importante del panorama actual de ideas sobre la propiedad.

La segunda característica se refiere a la distinción entre lo público y lo privado –una distinción que resulta esencial para las sociedades modernas y que suele darse por descontada–. Estamos acostumbrados a reconocer la coexistencia de dos formas separadas de control social sobre la misma extensión de tierra: el del propietario privado y el de las entidades gubernamentales públicas. Sin embargo, debemos recordar que esta separación no es eterna ni universal; es producto de la historia.

Los estudios urbanos han demostrado repetidas veces que las regulaciones de la tierra afectan constantemente las relaciones entre el control privado y el público. Los poderes de planificación y los derechos de propiedad han venido reduciéndose y ampliándose desde los inicios de la gestión urbana moderna, y ese proceso ahora se presenta como normal. Un desafío más marcado para la separación de las categorías pública y privada fue planteado en la conferencia por los reclamos que hacen las poblaciones indígenas sobre sus territorios en los Estados Unidos.

Tales reclamos se refieren a una tercera forma, aún sin codificar del todo, de control sobre la tierra. En general, los pueblos indígenas no buscan controlar los gobiernos locales, es decir, gobernar un territorio por medios convencionales. Igualmente rechazan ser tratados meramente como corporaciones que poseen tierras. Hablan de derechos de índole distinta, con elementos antiguos y nuevos, y lo hacen cuestionando una serie de tratados entre el pueblo y el estado. Un tratado es la forma usual que toma la relación jurídica entre una nación-estado y una fuerza externa. Al parecer los tratados pasados debían ‘resolver’ el problema territorial. Hoy en día esos tratados están siendo cuestionados tanto en términos de la dicotomía de lo público/lo privado como por la formación de una nación-estado que no se concretó.

Asimismo debemos reconocer que el razonamiento jurídico clásico no cuenta con los mecanismos para darle sentido a estos desarrollos, puesto que son los fundamentos mismos de ese razonamiento lo que está en tela de juicio. Es obvio que estas inquietudes también se presentan en Canadá y México, aunque con formas y resultados diferentes. Los estudiosos y profesionales de la teoría jurídica, y especialmente de la teoría constitucional, de estos tres países norteamericanos pueden aprender mucho unos de otros en este proceso.

No debería sorprendernos que surjan nuevas formas de control territorial cuando ha habido tantos cambios en la tierra misma. Se han escrito miles de libros acerca de la transformación de la tierra, sobre todo desde el punto de vista que ahora llamamos perspectiva ambiental. La tierra como ‘objeto’ de las relaciones de la propiedad se ha convertido en un asunto bastante complejo y esa complejidad es la tercera característica que encuentro en este panorama de ideas. Los territorios han pasado a ser un concepto difícil de entender y tal vez el fenómeno más significativo es la disolución de la distinción entre lo urbano y lo rural. No tenemos ciudades en el sentido tradicional de la palabra, sino un conjunto de procesos urbanísticos.

Los mensajeros del ciberespacio nos dicen que las distancias se acortan gracias a las nuevas tecnologías; el espacio y la distancia han perdido relevancia. La verdad es que el cambio tecnológico, aunado al cambio demográfico y social, solamente ha hecho la tierra más compleja. Esto queda claro cuando vemos, como lo demostraron las ponencias presentadas en la conferencia, las numerosísimas disciplinas que describen, analizan y hasta alaban con cantos la tierra. No existe disciplina alguna que pueda englobar la tierra en una única forma de discurso.

Tal vez la más interesante de las nuevas maneras de ver la tierra sea el enfoque narrativo, la cuarta característica en nuestro panorama. El relato de historias acerca de la tierra aclara las relaciones de la propiedad mucho mejor de lo que lo hacen tantos otros métodos empíricos porque nos permite reconocer los aspectos subjetivos sin alejarnos demasiado de las ciencias sociales empíricas. En comparación con la rigidez de los enfoques jurídicos y económicos, los relatos personales nos transmiten la fluidez de la propiedad como una relación social, los cambios que suceden en esa relación como resultado de muchas interacciones y los diferentes significados que puede adquirir una parcela de tierra o un vecindario para sus moradores, habitantes nuevos, visitantes y demás.

Reconocer la riqueza e intensidad de las historias de la gente y contrastar esta riqueza con la rigidez de las categorías jurídicas no implica abandonar estas últimas. Tan es así que este enfoque más subjetivo puede constituir una nueva forma de tomar la ley con seriedad. Apenas si existe un discurso social sobre la tierra, ni siquiera en la modalidad más vernácula, que no tenga una connotación normativa. Cuando alguien dice ‘esta tierra me pertenece (me pertenecía o debiera pertenecerme)’, está haciendo un reclamo legal. Las categorías jurídicas son importantes fuera de los círculos profesionales de los abogados, jueces y agentes inmobiliarios porque son parte de las historias personales; más aún, su función es darle significado a las experiencias de la gente.

Cuando las categorías jurídicas no logran abarcar las representaciones normativas que hace un pueblo de la tierra, la ley pierde su significado. Si el razonamiento jurídico tradicional define la propiedad como un cúmulo de derechos, el enfoque narrativo puede enseñarnos a ver la propiedad como cúmulos de representaciones que permitirían ayudar a la gente a darle significado a su relación con la tierra. Quizás es esta la mayor lección que he aprendido de la conferencia “Who owns America?”: usar muchos lentes para observar el panorama y explorar las ideas comparativas acerca del carácter individual y comunitario de la propiedad, de los asentamientos informales y de los marcos jurídicos en todos los Estados Unidos.

Antonio Azuela es el Procurador Federal de Protección al Ambiente del gobierno de México. Es egresado de la Universidad Iberoamericana (Ciudad de México) y la Escuela de Leyes de la Universidad de Warwick (Inglaterra) y se ha desempeñado como asesor jurídico de varios gobiernos estatales y dependencias del gobierno federal en materia de legislación de la planificación urbana. El Dr. Azuela es autor del libro La ciudad, la propiedad y el derecho (El Colegio de México, 1989) y muchas otras publicaciones sobre legislación urbana y ambiental desde una perspectiva sociológica.

Brownfields are industrial and commercial properties with known or suspected soil contamination problems. The environmental and financial challenges of dealing with these sites represent serious barriers to potential urban revitalization.

As the antonym for greenfields, or undeveloped land in suburban and rural communities, brownfields have made their way to the top of many urban priority lists. The National Conference of Mayors, National League of Cities, U.S. Environmental Protection Agency, U.S. Economic Development Administration, and U.S. Department of Housing and Urban Development are among the groups that have made recent brownfield policy statements.

Development Perspectives

Many central cities have nearly exhausted their supply of “clean” land for development, contributing to their loss of residents, jobs and a stable tax base. Inner-city businesses often relocate to surrounding suburbs because land is not available in the city to support their future expansion. Thus, urban brownfields give an inadvertent boost to the economic development strategies of outlying areas. This increased development pressure, in turn, can pose complex suburban and rural growth management issues.

While most known or suspected brownfields are in central cities, the problem is also evident in older inner-ring suburbs, some rural areas and military base communities. Brownfields, in short, play an important role in shaping regional development patterns by influencing the location of residential and business activities. Central cities must tackle the brownfields problem to provide new land for development and reverse their declining economic competitiveness.

Environmental Perspectives

Varying opinions exist on the extent of the brownfields problem, and more importantly what the public and private sectors should do about assessing environmental hazards on these sites. This situation will change, but not before environmental regulators clarify the relevant policies. Brownfields are not Superfund sites by regulatory definitions. The environmental and health risks of Superfund sites are significantly greater than those of brownfields. Nevertheless, brownfields can pose serious environmental threats where “real” environmental and health risks are documented through risk assessment. In many instances, however, brownfields may be less threatening than earlier thought.

Depending upon future site use, environmental and health threats can vary considerably, which raises the “how clean is clean” issue. Regulators, property owners, developers, lenders, insurers and local government officials are engaged in an open debate over future brownfields clean-up standards. Many experts, myself included, advocate standards based upon the future use of the property, as opposed to a “one standard applies to all uses” approach. Earlier regulatory practices required sites to be fully cleaned for potential residential use, which requires the highest level of clean-up. These practices are being challenged because they are so costly and because they discourage recycling of industrial land.

State Policy Innovations

Nineteen states have created voluntary brownfields clean-up programs as alternatives to regulatory enforcement. Programs such as those in Ohio, Michigan, Minnesota and New Jersey allow property owners, municipalities and other parties greater flexibility in meeting clean-up standards.

State voluntary programs are positive for several reasons. First, because they are voluntary they allow property owners and developers to initiate the process without traditional enforcement pressures. This leads to more response from private markets, and to more creative and cost-effective clean-up and redevelopment. Secondly, these programs encourage problem solving at the local level, where land use, zoning and planning regulations can contribute to solutions.

Thirdly, the state programs address key liability concerns by offering a level of “comfort” to banks, property owners, and others involved in clean-up and redevelopment. Many argue these programs must go even further. A final benefit is that state government is often willing to provide financial incentives, which experience shows are often necessary to get companies and developers to clean and reuse these properties.

State programs are expected to continue to gain momentum over time, but most administrators believe they need extra help from the EPA to make their programs more successful. They are urging federal authorities to strengthen assurances against future liability claims by stronger “comfort letters” to property owners, lenders and developers. Currently the federal government cannot provide a 100 percent delegation of authority to the states for brownfield regulation, without future federal legislative changes. Better intergovernmental coordination and greater information exchange about standards and remediation technology would help the situation. The states would welcome federal financial support for their programs, even though many will rely on private user fees to finance program administration.

Future Knowledge and Investment Needs

Most cities discover that the unknowns outweigh the facts about older industrial and commercial properties. This lack of knowledge limits city leaders’ ability to shape cost-effective strategies to cope with these problems. Knowledge is an essential ingredient in effective strategy development—ask any corporation employing knowledge strategies to best their competition. Communities with brownfields must inventory these sites and investigate the risks and opportunities associated with these properties.

Properly used, the information from these investigations can help separate real from perceived problems related to site conditions and future development potential. Knowledge can help manage the risks and reduce the uncertainty. In short, we need to end the hysteria about brownfields, which may motivate political action but also may reduce public and private confidence that cities can be revitalized and made whole once again.

Many people are searching for “deep pockets” to finance brownfield remediation. This search frightens all levels of government as budget-cutting pressures continue to grow across the public sector. Corporations and private property owners, on the other hand, reject the notion that they should either pay clean-up costs that may be unnecessary or pay for pollution problems created by previous owners or third parties.

Overall national costs to the public and private sectors of cleaning up brownfields are unknown because there is no agreed-upon definition of brownfields, and because clean-up standards continue to change. Both problems greatly affect cost estimates. City officials are unable to assess the cost of property clean-up within their jurisdictions for the same basic reasons. Future use of risk assessment techniques, coupled with the use of more cost-effective remediation technology, will help to lower these costs.

In the absence of deep pockets, communities must identify creative approaches to funding site clean-up and redevelopment. Through citywide planning, policymakers must establish useful priorities to guide their investments based upon future development trends and land use patterns. Serious environmental threats should be eliminated on any site, regardless of its development potential. In most other cases, the development potential should be a primary factor in considering next steps.

The public sector should engage corporations that own contaminated sites, banks, insurance companies, pension funds, and real estate investment funds to determine what is required to attract private capital to fund clean-up and redevelopment. Private property owners, corporations and developers should seek state and local economic development groups as potential investment partners in returning these sites to productive use.

Donald T. Iannone directs the Economic Development Program and the Great Lakes Environmental Finance Center in The Urban Center at Cleveland State University. Much of his work focuses on financing the redevelopment of brownfield sites.

Additional information in printed newsletter.

1. Photo caption: The Publicker site, a former distillery on the Delaware River in Philadelphia, was cleaned up with EPA funds and will be redeveloped as a shipping terminal.

Photo credit information: – Richard McMullin, photographer, Office of the City Representative, Philadelphia

2. Map of U.S.: EPA Brownfields Demonstration Cities

Large Cities:

Cleveland/Cuyahoga County, Ohio
Baltimore, Maryland
Detroit, Michigan
Indianapolis, Indiana
New Orleans, Louisiana
St. Louis, Missouri

Mid-Size Cities:

Birmingham, Alabama
Bridgeport, Connecticut
Knoxville, Tennessee
Louisville, Kentucky
Richmond, Virginia
Rochester, New York
Sacramento, California
Trenton, New Jersey

Smaller Cities/Clusters:

Cape Charles/Northampton County, Virginia
Laredo, Texas
Oregon Mill Sites (7 small towns), Oregon
West Central Municipal Conference, Cook County, Illinois

Caption: Eighteen cities or regions have already received grants of up to $200,000 through the EPA’s Brownfields Economic Redevelopment Initiative. An additional 32 cities will receive funds by the end of 1995. The common objectives of these projects are to assess contamination at abandoned sites; involve community residents in decision making; leverage other public and private funds for clean-up and redevelopment; resolve liability issues; and serve as role models for other communities.