Mark Skidmore es profesor de Economía en la Universidad Estatal de Michigan, donde también es titular de la cátedra Morris en Finanzas y Políticas del gobierno estatal y municipal; también colabora en el Departamento de Agricultura, Economía de Alimentos y Recursos y en el Departamento de Economía. Recibió su título en Economía por la Universidad de Washington en 1987, y un doctorado en Economía por la Universidad de Colorado en 1994. Se desempeña como coeditor del Journal of Urban Affairs.

Las investigaciones del profesor Skidmore se han centrado en la economía pública y la economía urbana y regional. Sus intereses de investigación actuales son los siguientes: política tributaria del gobierno estatal y municipal, relaciones intergubernamentales, relación entre las decisiones al nivel del sector público y la actividad económica, y la economía de las catástrofes naturales. Sus trabajos han recibido el financiamiento del Programa Fulbright, el Lincoln Institute of Land Policy, la National Science Foundation, el Urban Institute y USAID.

Los artículos del profesor Skidmore han aparecido en revistas profesionales tales como Economic Inquiry, Economics Letters, Journal of Urban Economics, Kyklos, Land Economics, National Tax Journal, Public Choice, Regional Science and Urban Economics y Southern Economic Journal. Asimismo, sus investigaciones han sido objeto de citas en medios noticiosos importantes, tales como la BBC, China Post, The Economist, Europe Intelligence Wire, Forbes, International Herald Tribune, Los Angeles Business Journal, MSNBC, Newsweek, The New Yorker, The New York Times y PBS News Hour.

Land Lines: Durante este año, usted se desempeña como investigador visitante en el Instituto Lincoln. ¿Sobre qué temas está trabajando?

Mark Skidmore: Hace aproximadamente dos años, junto con mi colega Gary Sands recibimos una invitación del concejal Kenneth Cockrel de la ciudad de Detroit para evaluar el deteriorado entorno del impuesto sobre la propiedad en dicha ciudad. El concejal Cockrel se preguntaba qué ganaría Detroit si se volcara a un impuesto basado en el suelo. Nos dieron acceso a información detallada sobre más de 400.000 parcelas inmobiliarias dentro de la ciudad a fin de llevar a cabo una evaluación. En este sentido, estamos agradecidos al Instituto por el apoyo que nos brindó para realizar dicho proyecto. En nuestro informe identificamos una importante erosión de la base del impuesto sobre la propiedad y analizamos distintas opciones con el fin de expandir dicha base imponible, tal como cambiar el enfoque hacia un impuesto basado en el suelo. Nuestra evaluación mostró que un impuesto basado en el suelo serviría para ampliar la base imponible, aunque también generaría cambios significativos en las cargas fiscales de los propietarios de inmuebles residenciales, comerciales e industriales.

En el año 2013, los problemas fiscales de Detroit llegaron a un punto crítico cuando el gobernador Rick Snyder designó a un gerente financiero de emergencia, quien, a su vez, inició el proceso de declaración de quiebra. El 3 de diciembre de 2013, el juez Rhodes emitió un fallo en el que establecía que la ciudad de Detroit era elegible para recibir la protección ante quiebras establecida en el capítulo 9. A pesar del colapso casi completo del mercado inmobiliario dentro de la ciudad durante la Gran Recesión, el impuesto sobre la propiedad continúa siendo una importante fuente de ingresos y, según cómo se lo administre, puede ayudar u obstaculizar la recuperación económica y fiscal. Durante el año en curso, mi idea es utilizar los datos a nivel de parcelas para analizar algunos problemas importantes, tales como la evasión impositiva, la sobrevaluación de propiedad, el valor de terrenos vacantes y las políticas relacionadas con la transferencia de títulos de propiedad del sector privado al sector público debido a las ejecuciones fiscales y la posterior transferencia de los mismos nuevamente al sector privado.

Land Lines: ¿Cuáles son algunos de los factores subyacentes tras de los problemas actuales que enfrenta Detroit?

Mark Skidmore: Cerca del 48 por ciento de los propietarios de inmuebles en Detroit son evasores fiscales, lo que refleja la erosión del contrato social entre los ciudadanos y la ciudad. Esta tasa de evasión fiscal tan alta es el resultado de una confluencia de factores. En primer lugar, la ciudad no ha logrado hacer cumplir las obligaciones tributarias, particularmente en lo relacionado con las propiedades de bajo valor. En segundo lugar, muchos ciudadanos perciben que el impuesto es injusto debido a la sobrevaluación de sus propiedades. Finalmente, la experiencia indicaría que los ciudadanos no pagan sus impuestos porque las autoridades municipales no les brindan los servicios públicos básicos, tales como la iluminación de calles, el barrido de nieve y la seguridad pública.

Una de las causas principales de la alta tasa de evasión de impuestos es la sobrevaluación de las propiedades para fines fiscales. La crisis inmobiliaria fue particularmente grave para Detroit. En 2010, el precio de venta promedio de una parcela residencial con una estructura era de menos de US$10.000; no obstante, el valor tasado promedio de dicha propiedad para fines fiscales era de US$54.000. Según las pautas del estado, la relación entre el valor tasado y el precio de venta debería ser aproximadamente de 1:1. En septiembre de 2013, los funcionarios municipales anunciaron que, en el plazo de los 3 a 5 años siguientes, todas las propiedades de la ciudad se someterían a una revaluación.

En segundo lugar, Detroit ha tenido la costumbre de demoler estructuras deterioradas sujetas a ejecución fiscal. En consecuencia, es una de las pocas grandes ciudades de los Estados Unidos que presenta una gran cantidad de ventas de terrenos vacantes. Por lo general, resulta difícil establecer el valor de los terrenos vacantes en áreas altamente urbanizadas, aunque resulta esencial determinar valuaciones exactas si se desea imponer un tributo al suelo o un impuesto de dos niveles sobre el suelo y sobre las estructuras. La gran cantidad de operaciones de venta de terrenos vacantes en Detroit brinda una oportunidad para estimar el valor del suelo. Curiosamente, en 2010, el valor promedio de una parcela sin mejoras según los datos de venta era de US$34.000, es decir, un valor mucho mayor que el precio promedio de parcelas residenciales con estructuras, el cual, según se mencionó anteriormente, era inferior a los US$10.000.

En la actualidad, el gobierno municipal posee y administra más del 25 por ciento de la superficie del suelo de la ciudad, y la titularidad de propiedades por parte del gobierno continúa creciendo debido a que las ejecuciones fiscales han superado en rapidez a la transferencia de parcelas públicas a manos privadas. Algunas de las cuestiones que me encuentro investigando son las siguientes: ¿Cuáles son las políticas apropiadas que deben tomarse en una sociedad orientada al mercado con el fin de administrar las operaciones inmobiliarias urbanas de bajo valor? ¿Por qué es tan alta la tasa de evasión fiscal, y qué puede hacerse para mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en cuanto al impuesto sobre la propiedad en el contexto de un mercado inmobiliario urbano al borde del colapso? ¿Qué rol desempeña la percepción de valuaciones “injustas” por parte de los contribuyentes en la evasión fiscal?

Land Lines: ¿Cuál sería el pronóstico a largo plazo para Detroit?

Mark Skidmore: La problemática fiscal de la ciudad es un síntoma de problemas subyacentes más profundos. Ya sea que consideremos el redesarrollo de un área urbana en franco deterioro o la reconstrucción posterior a una catástrofe natural de grandes proporciones, los elementos más importantes en cualquier recuperación son el capital humano y los atributos sociales y culturales. Si aceptamos la premisa de que estos elementos son los factores esenciales de cualquier redesarrollo, y si dichos elementos escasean, la prioridad principal será entonces considerar la adopción de políticas y medidas que faciliten su desarrollo. En el año 2011, la tasa de graduación de la escuela secundaria en Detroit fue del 62 por ciento. El porcentaje de hogares conformados por sólo uno de los padres fue del 62 por ciento. Según algunas mediciones, la tasa de alfabetización funcional entre los adultos es de solamente el 53 por ciento. Resulta difícil construir una economía urbana dinámica y sólida sobre un fundamento tan débil.

Queda claro entonces que los encargados de elaborar políticas deben tratar los problemas fiscales inmediatos, pero el pronóstico a largo plazo para Detroit dependerá de las medidas que se tomen para mejorar la base económica subyacente, es decir, el capital humano y social. Si no se abordan estos profundos desafíos, Detroit continuará tambaleándose. No existe una solución rápida. Para que Detroit tenga una oportunidad de prosperar nuevamente, Michigan deberá comprometerse a largo plazo a mejorar dichas condiciones de fondo.

Land Lines: ¿Puede considerarse a Detroit como un indicador para otras ciudades de los EE.UU.?

Mark Skidmore: Sí y no. Otros gobiernos municipales también enfrentan problemas fiscales significativos, como Chicago, Jacksonville, Los Angeles, Oakland y Providence, por nombrar sólo algunos. Uno de los principales problemas es el de los planes de aportaciones para el futuro pago de jubilaciones sin suficientes fondos. Aun así, muchas de estas ciudades tienen una probabilidad razonable de resurgir y, posiblemente, prosperar en un futuro no muy lejano, debido a que las agudas crisis que están atravesando son un resultado de la recesión y no necesariamente de problemas fiscales crónicos. No obstante, las ciudades que presentan problemas crónicos debido a déficits importantes en su capital social y humano podrán considerar a Detroit como un indicador de su propio futuro. Espero que los encargados de elaborar las políticas estatales y municipales en todo el país puedan aprender de la experiencia de Detroit y comenzar así a realizar las inversiones a largo plazo que sean necesarias en su activo más importante -las personas y, en particular, los niños- a fin de evitar los problemas económicos y fiscales crónicos que se han observado en Detroit.

Land Lines: ¿De qué manera el proyecto de Detroit encaja en sus tareas de investigación en general?

Mark Skidmore: Una gran parte de mi investigación tiene que ver con las relaciones entre la toma de decisiones en el ámbito público y la actividad económica. Con el correr de los años he analizado cuestiones como la efectividad de las finanzas basadas en el aumento de los impuestos, las implicaciones que conlleva imponer tarifas de impacto a fin de solventar los costos de infraestructura asociados con el desarrollo, y los efectos que los impuestos sobre la propiedad, las reducciones impositivas y otros subsidios tienen sobre el desarrollo. También he estudiado otras cuestiones relacionadas con las finanzas públicas, como las loterías estatales, los impuestos a las ventas y los impuestos a las ganancias. En particular, me interesan las relaciones espaciales, dinámicas y competitivas entre jurisdicciones tributarias adyacentes y superpuestas.

Land Lines: Una gran parte de su investigación gira en torno a las políticas y finanzas gubernamentales en los Estados Unidos. ¿Qué otros trabajos ha realizado usted a nivel internacional?

Mark Skidmore: En los últimos años, recibí, junto con mis colegas de la Universidad Estatal de Michigan (MSU), una subvención financiada por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) en Mali. Mi tarea ha sido analizar de qué manera el sistema de gobierno recientemente descentralizado de Mali puede utilizarse en forma más efectiva en los ámbitos de seguridad de los alimentos y gestión del uso del suelo. El cambio climático afecta a Mali en formas muy tangibles: debido a que el suelo en el norte se ha vuelto más árido, se ha observado una migración significativa hacia el sur, que posee un mejor acceso al agua. Esta migración ha dado como resultado una violencia cada vez mayor debido a que los derechos de posesión y propiedad del suelo son ineficaces. Ahora que se ha reestablecido el gobierno democrático, estamos trabajando nuevamente junto con nuestros socios de Mali a fin de desarrollar sistemas que involucren a las autoridades municipales para gestionar la seguridad de los alimentos, el acceso al suelo, los derechos de propiedad y los conflictos relacionados con el suelo. Curiosamente, el problema relativo a qué hacer con todos los terrenos de propiedad pública en Detroit ha dado forma a nuestro trabajo en Mali y viceversa.

Por otro lado, actualmente también estoy investigando sobre la economía de las catástrofes naturales. En uno de mis artículos publicados recientemente (cuya autoría comparto con Hideki Toya), se utilizaron miles de catástrofes ocurridas en todo el mundo para demostrar que los países con sistemas gubernamentales más descentralizados sufren una cantidad significativamente menor de muertes por dichas catástrofes. Según nuestra investigación, existen pruebas de que los gobiernos descentralizados brindan servicios esenciales de manera más efectiva que los sistemas más centralizados.

Un tercer proyecto recientemente concluido demuestra que, en diferentes países, la confianza de la sociedad tiende a aumentar en los años posteriores a las catástrofes climáticas. La relación que observamos es sólida, por lo que podemos sugerir la hipótesis de que dichas catástrofes requieren y brindan oportunidades para que las personas trabajen salvando las barreras de las clases sociales a fin de superar sus desafíos, lo que genera confianza y capital social. Aunque las catástrofes naturales pueden tener un terrible impacto humano y económico, un posible efecto beneficioso derivado de la exposición a una catástrofe de grandes magnitudes podría ser una sociedad mucho más unida.

Land Lines: ¿De qué manera su investigación refleja los intereses y valores del Instituto Lincoln?

Mark Skidmore: El Instituto Lincoln es reconocido en todo el mundo como una organización líder en temas del uso, regulación y tributación del suelo (impuestos sobre la propiedad, reducción de impuestos, políticas de desarrollo económico y sistemas fiscales descentralizados), temas todos que son el centro de mi investigación. A lo largo de los años, el Instituto Lincoln ha apoyado mi trabajo relacionado con las finanzas basadas en el aumento de los impuestos en Wisconsin, el estrés fiscal del gobierno municipal de Michigan y mi actual investigación sobre el entorno del impuesto sobre la propiedad en Detroit. El sistema estadounidense de un gobierno nacional y varios gobiernos subnacionales en gran medida autónomos brinda un campo fértil a los investigadores que desean estudiar y aprender qué “experimentos en política” obtienen mejores o peores resultados. De verdad me encanta este trabajo y estoy agradecido por tener al Instituto como socio en mis investigaciones.

Peter Nichols es un apasionado amante de la naturaleza y uno de los abogados de derecho hídrico más importantes de Colorado. No es infrecuente verlo entrar en el vestíbulo de su oficina de Berg Hill Greenleaf & Ruscitti en Boulder, una sala decorada con piedra, maderas nobles y una recepcionista elegantemente vestida, con su traje de letrado arrugado y calzando un par de gastadas sandalias de río. Según sus propias estimaciones, ser abogado de derecho hídrico es su sexta carrera profesional. “Ser un loco del esquí fue mi primera carrera”, confiesa. Después trabajó en la Asamblea General de Colorado, ayudó a las comunidades del Oeste a lidiar con el rápido desarrollo energético, y fue consultor de derechos de agua para las propias compañías de energía. En 2001, Nichols volvió a la Universidad de Colorado, donde había obtenido su maestría en Administración Pública en 1982, para obtener su título en Derecho con especialización en derecho hídrico. Desde entonces ha estado sentando precedentes en las cuencas de Colorado.

Uno de sus logros que más le enorgullece, dice, fue un caso de 2013 en que la Corte Suprema de Colorado reafirmó la prerrogativa de los grupos de conservación para gravar los derechos de agua en servidumbres de conservación con el objeto de resolver problemas ecológicos y de suministro de agua en los ríos de Colorado. También se enorgullece de la presentación que inspiró al Comité del Acuerdo entre Cuencas de Colorado, que supervisa la elaboración del Plan Hídrico de Colorado, un modelo histórico de gestión hídrica colaborativa para todo el estado, dado el rápido crecimiento de la población. Pero entre todos sus logros, el más importante ha sido su trabajo sobre la cuenca del río Arkansas en Colorado. Este es “el crisol” de cómo el Oeste va a gestionar la gran escasez de agua que se prevé en esta región de crecimiento acelerado de las Montañas Rocosas.

“El problema comenzó aquí”, dice, “y si vamos a resolverlo, vamos a tener que resolverlo aquí”. El problema al cual se refiere es la tendencia a la adquisición de agua para las ciudades conocida como “buy-and-dry” (comprar y secar).

En una adquisición buy-and-dry, una compañía municipal de aguas cubre la creciente demanda de agua de la población comprando intereses en tierras agrícolas de regadío, dejando dicho suelo en barbecho permanentemente, y utilizando el agua que le corresponde por derecho para surtir a los residentes de la ciudad. En el río Arkansas de Colorado, donde no hay agua disponible para usos nuevos, y hay una demanda constante de suministro adicional, las tácticas de buy-and-dry han reducido las tierras agrícolas de regadío de toda la cuenca. En el valle bajo del río Arkansas, donde el río corre por la pradera oriental de Colorado, algunas comunidades agrícolas de ciertos condados han quedado completamente devastadas.

Dice Nichols: “El plan hídrico de Colorado está muy enfocado en eliminar buy-and-dry“. La cuestión es cómo hacerlo. “No podemos impedir que las ciudades obtengan el agua que necesitan, pero quizá podamos cambiar las reglas [del juego] para que no se convierta en un sálvese quien pueda”.

La alternativa más prometedora, según él, es Super Ditch.

Puesta en marcha de Super Ditch

Al oeste del meridiano 100, donde es necesario riego suplementario para el cultivo, las acequias son una solución normal para suministrar agua de un río, lago o embalse a los usuarios que se encuentran en su curso. En el valle bajo del río Arkansas hay aproximadamente 20 importantes sistemas de acequias comunes. Sin embargo, Super Ditch no es una auténtica acequia. Más bien consiste en una corporación —Lower Arkansas Valley Super Ditch Company, Inc. (Compañía de la Mega Acequia del Valle Bajo del río Arkansas)— establecida para proporcionar agua agrícola por arrendamiento a las ciudades como alternativa a la política de buy-and-dry. Representa a siete compañías que operan ocho canales entre dos embalses: Pueblo y John Martin.

Super Ditch comenzó a arrendar agua por primera vez este año, por medio de un pequeño proyecto piloto. Pero se formó en 2008 con la asistencia del Distrito de Conservación de Agua del Valle Bajo de Arkansas (Lower Arkansas Valley Water Conservancy District, LAVWCD por su sigla en inglés), un distrito especial establecido por los votantes en 2002. Los que votaron por la formación del distrito, fueran dueños de agua o no, estaban cansados de ver cómo se desviaba “su río” a ciudades que estaban a más de 150 kilómetros de distancia, algunas de las cuales se encontraban en cuencas hídricas completamente distintas. Incluso los electores urbanos de la ciudad de Pueblo, una comunidad dedicada a la producción de acero del río Arkansas (con 108.000 habitantes) votaron a favor de los agricultores rurales debido a sus problemas económicos. “¡Ni una gota más!” fue el lema utilizado para oponerse a que el agua saliera del valle.

Nichols es consejero legal especial de LAVWCD y ayudó al distrito a desarrollar la propuesta de Super Ditch. La inspiración provino de California, donde el Distrito de Riego de Palo Verde estableció un programa de barbecho-arrendamiento de largo plazo con el Distrito Metropolitano de Aguas de California del Sur (Metropolitan Water District of Southern California, MWD por su sigla en inglés) en 2005. El contrato entre estas dos entidades se propone suministrar agua a 27 comunidades costeras del sur de California, incluidos San Diego y Los Ángeles, 4.500 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado a través un canal durante un periodo de 35 años. Los agricultores participantes se comprometen a dejar de regar por un periodo específico de tiempo, dejan sus campos en barbecho y reciben un pago por su agua que, en vez de ser utilizada para regar sus campos, se destina a los clientes de MWD.

LAVWCD trató de crear un proyecto similar, basado en el concepto de rotación de barbecho-arrendamiento, pero Super Ditch fue un emprendimiento mucho más elaborado. Esta colaboración entre siete compañías mutuales de canales, cada una con su junta directiva y su estructura de gobierno, estuvo cargada de desafíos. La naturaleza compleja de las leyes hídricas de Colorado y los poderosos mecanismos del mercado y las dependencias de trayectorias que guían las estrategias de adquisición de agua urbana en el estado complican el tema más aún. Las municipalidades de Colorado dudan de depender del arrendamiento de agua, y con causa justificada. Es fundamental saber con certeza que habrá un suministro suficiente, y la naturaleza temporal del arrendamiento, en contraposición con la permanencia de la propiedad de los derechos de agua, inquieta a la mayoría de las empresas municipales proveedoras de agua. ¿Qué ocurriría si la población creciera en 50.000 habitantes, y el agua arrendada de la que esta gente depende ya no estuviera disponible, o se vendiera a otro proveedor de agua?

Nichols trató de desarrollar el concepto de Super Ditch para resolver estas inquietudes. Super Ditch reúne los suministros de agua de los distintos agricultores, y provee de agua a las ciudades bajo contratos de arrendamiento de largo plazo. Para garantizar que los insumos arrendados estén disponibles cuando termine el período de arrendamiento, LAVWCD comenzó a trabajar con los agricultores para establecer servidumbres de conservación en las granjas participantes, protegiéndolas del desarrollo inmobiliario y reservando el agua para el suelo a perpetuidad, con el objeto de garantizar la futura producción potencial. Si bien se permiten transferencias temporales, las servidumbres eliminan la posibilidad de cualquier separación, desvío o cambio permanente en el uso del agua. En otras palabras: no es buy-and-dry.

Las servidumbres de conservación han protegido el entramado de las comunidades agrícolas en Colorado y en el resto del país. Una base de suelos protegidos por servidumbre garantiza que se mantendrá la futura producción potencial de una comunidad agrícola, frente a la amenaza de conversión de suelo debido al crecimiento urbano desordenado, la explotación de petróleo y gas, o los programas buy-and-dry municipales. Una vez protegida la base del suelo, las industrias agrícolas asociadas pueden invertir con confianza en la región. Esto, a su vez, tiene un efecto positivo sobre las ciudades.

Super Ditch proporcionó su primer suministro de agua en mayo de 2015: cinco granjas del canal Catlin suministraron 600.000 metros cúbicos de agua a la ciudad de Fountain (27.000 habitantes), la ciudad de Security (18.000 habitantes) y el pueblo de Fowler (1.200 habitantes). El ingeniero del Departamento de Recursos Hídricos de Fountain, Michael Fink, explicó que “la ciudad recibió el agua sin ningún problema”, y añadió que el éxito a largo plazo del programa depende de que Super Ditch no utilice un modelo económico basado en la oferta.

Nichols dice que eso no es un problema. “Las ciudades pueden arrendar [de los agricultores] tres de cada 10 años, o el 30 por ciento del tiempo. Tienen la responsabilidad de informar a los agricultores por adelantado [cuando van a arrendar]. Pero en la mayoría de los casos, las ciudades no necesitan agua en años de sequía; la necesitan al año siguiente para volver a llenar [los embalses]”.

Al dejar en barbecho un tercio de sus campos tres de cada diez años, los agricultores “hacen descansar” el 100 por ciento de su suelo una vez cada 10 años. Este es un proceso compatible con las prácticas recomendadas de rotación de cultivos y gestión del suelo, permitiendo al mismo tiempo que el agua propiamente dicha se convierta en un cultivo comercial. Nichols señala que con una rotación de cultivo de tres de cada diez años se puede satisfacer una demanda de 30 millones de metros cúbicos de agua con la participación del 40 por ciento de los regantes. Algunos agricultores creen que hasta el 80 por ciento querrá participar. No cabe duda alguna de que harán falta muchos participantes. Se estima que el déficit de oferta de agua en la cuenca del río Arkansas se incrementará a 100 millones de metros cúbicos para el año 2050. La prueba definitiva para el éxito de esta propuesta será si las grandes ciudades responsables de la mayoría de la actividad de buy-and-dry (Aurora, con una población de 346.000 y Colorado Springs, con una población de 440.000) se suscriben al programa. “El desafío principal sigue siendo la aceptación, por parte de las municipalidades, de arrendar en vez de comprar”, dice Nichols.

De pioneros a buy-and-dry

En el valle bajo del río Arkansas, el agua ha dividido a las comunidades durante gran parte del siglo XX. En el siglo XIX, dividió a países enteros. Este río fue el límite de tres fronteras internacionales a lo largo del tiempo: entre España y los Estados Unidos después del Tratado de Adams-Onís de 1819, que determinó la frontera de la Compra de la Luisiana entre los dos países; entre México y los Estados Unidos después de la independencia mexicana de España en 1821; y entre la República de Texas y los EE.UU. antes de la anexión de Texas en 1845. Dos años después de la firma del Tratado de Adams-Onís, se construyó el Camino de Santa Fe a lo largo del curso del río, atrayendo a comerciantes, soldados, mineros y colonizadores a Colorado. Estos pioneros desarrollaron algunos de los asentamientos iniciales de Colorado y, junto con ellos, proyectos de desvío de agua a lo largo de las riberas del río.

El Oeste es seco, y, aunque el río Arkansas es el segundo tributario más largo del río Mississippi, lleva muy poca agua a Colorado. Veamos cuán rápidamente se apropiaron de las aguas en el valle bajo del río Arkansas. Después de las apropiaciones iniciales de 1861, se promulgó la Ley de Colonización de 1862. Con los asentamientos, se fueron apropiando de más derechos sobre el agua. En 1874 se dictó el último decreto de derechos sobre el agua con una prioridad del 100 por ciento (lo que significa que siempre habría agua suficiente en el río para satisfacerlos), dos años antes de que Colorado se convirtiera en un estado en 1876.

Los derechos de agua de los que se apropiaron en 1887 tienen hoy en día prioridad menos del 50 por ciento del tiempo. Hoy en dia, los derechos de agua de 1896 tienen prioridad menos del 10 por ciento del tiempo. Esto quiere decir que un agricultor moderno en el valle del río Arkansas que tenga un derecho de agua establecido en 1896 por su bisabuelo podrá regar sólo el 10 por ciento del tiempo con una precipitación promedio. El resto del tiempo, cuando hay un “aviso sobre el río” (es decir, que no hay agua suficiente en el sistema para todos los poseedores de derechos), tendrá que desistir de desviar agua a sus campos, para que los tenedores de derechos de agua más veteranos la puedan usar.

Dada la excesiva apropiación de derechos del río Arkansas desde antes de comienzos del siglo, las ciudades comenzaron a comprar agua a los agricultores ya en la década de 1890. Pero la escasez de agua o los conflictos también se abordaron desarrollando proyectos de trasvases entre cuencas (que trasladaban agua desde otras cuencas hídricas al río Arkansas) o proyectos de almacenamiento (que trataban de acumular agua excedente en embalses durante periodos de gran caudal). Estos proyectos llegaron a su límite en la década de 1970. Fue entonces cuando las ciudades comenzaron a considerar seriamente los terrenos de regadíos.

En las décadas de 1970 y 1980, Colorado Springs y Aurora, junto con terratenientes corporativos y la Ciudad de Pueblo, adquirieron intereses sobre 22.000 hectáreas de suelo agrícola servido por el Canal Colorado. Estas ciudades desviaron posteriormente cerca de 90 millones de metros cúbicos de agua para uso municipal, secando la mayor parte del condado de Crowley. Crowley se transformó en el símbolo de buy-and-dry, y sigue ostentando hoy en día este título tan poco distinguido. Las tasas de pobreza superan el 35 por ciento. Las calles principales son una sombra de las comunidades que existían allí a mediados del siglo XX. Las plagas de malas hierbas nocivas y las tormentas de polvo son frecuentes en los suelos secos. La restauración de estas granjas a su estado de pradera original no solamente es caro; en la práctica, sería difícil o imposible.

Hoy en día, la pérdida de agricultura de regadío a causa de la venta de agua en el valle bajo del río Arkansas afecta a más de 40.000 hectáreas, lo cual representa más de 185 millones de metros cúbicos de agua al año. Algunas granjas continúan con su actividad, arrendando temporalmente suelo o agua de las ciudades a las que se los vendieron, pero estos contratos de arrendamiento vencerán pronto, lo que generará pérdidas aún mayores. En una región que históricamente regaba 130.000 hectáreas de suelo agrícola, un tercio de la tierra labrada está hoy seca, hay muy pocas o ninguna alternativa de uso de suelo económicamente viable, y la gente se pregunta si no nos estamos acercando a un punto sin retorno que marcará el colapso de la agricultura de regadío en el área.

“Como en gran parte del Oeste, la agricultura es el corazón de la herencia cultural de esta región”, dice Summer Waters, directora de Western Lands and Communities, un programa conjunto del Sonoran Institute y el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. “No obstante, hemos ingresado en una era en que las ciudades también son parte de nuestro legado cultural. Esto nos plantea una pregunta que tenemos que contestar colectivamente: ¿Qué aspecto tendrá el nuevo Oeste?”

“Idealmente, tanto las ciudades como las áreas agrícolas podrán coexistir en el nuevo Oeste”, dice Waters. “La clave para encontrar un punto de equilibrio estriba en cómo manejamos nuestros recursos hídricos. El concepto de Super Ditch es una manera innovadora de flexibilizar nuestros sistemas de agua, y esta flexibilidad es fundamental en los momentos en que el suministro es incierto”.

Un pimiento prometedor en un lugar poco prometedor

Mike Bartolo está visiblemente frustrado. Teme que los travases de agua desplacen a la agricultura. “Estamos perdiendo parte de las tierras más fértiles del estado”, dice. “Estas son tierras de alta calidad que no existen en otros lugares. ¿Cómo se puede generar certeza en el sector [cuando está ocurriendo todo esto]? Esa es la cuestión”.

Bartolo, que tiene un doctorado en Fisiología Vegetal por la Universidad de Minnesota, es miembro del cuerpo académico hídrico de la Universidad Estatal de Colorado (CSU) y científico senior en el Centro de Investigación del Valle del río Arkansas de CSU. Es miembro de la junta directiva de Super Ditch, en representación del canal Bessemer (uno de los ocho canales participantes), del cual es accionista. Con derechos de agua establecidos en 1861, el canal Bessemer es una de las fuentes más antiguas y confiables de agua de las granjas del valle bajo del Arkansas, y riega algunos de los mejores suelos del valle. Bartolo todavía está lamentando la pérdida del 28 por ciento del agua del canal en 2009, vendida por agricultores que él conoce a la Junta de Aguas de Pueblo (Pueblo Board of Water Works, PBWW), la empresa que suministra agua municipal a la ciudad de Pueblo.

Según Nichols, ha habido ocasiones en que las ciudades se aproximaron estratégicamente a los agricultores cuando la situación era mala —una combinación de recesión, sequía, precios bajos de las materias primas, endeudamiento excesivo y otros factores— obligándolos a negociar desde una posición desventajosa. Pero también es cierto que algunos agricultores que estaban por jubilarse se unieron para negociar convenios de venta de agua al por mayor a las ciudades. Los accionistas del canal Bessemer que vendieron 5. 540 acciones a PBWW por US$10.150 la acción (una acción de agua del canal Bessemer irriga aproximadamente media hectárea) se estaban jubilando y no tenían herederos, y, en un momento en que los precios de los productos agrícolas estaban cayendo, intentaron capitalizarse con el aumento del valor del agua después de la grave sequía de 2002. Con la venta, que tuvo lugar en 2009, obtuvieron una ganancia neta de US$56 millones de dólares. Si se tiene en cuenta que el suelo sin riego se vende frecuentemente en la región por menos de US$750 por hectárea, se puede ver dónde reside su valor: en el agua. Para proteger a otros productores y la vida agrícola de las comunidades regadas por el canal Bessemer, Bartolo trató de convencer a los agricultores de que no vendieran, pero fue en vano. “Les dije: ‘Busquemos otras opciones, en servidumbres de conservación, en Super Ditch, pero hay que tener en cuenta que los vendedores estaban pensando en esto desde hacía ya mucho tiempo. Incluso si se hubieran mostrado interesados en otras alternativas, ninguna podía competir con la cantidad de dinero que les ofrecían”. (En ese momento, Super Ditch ya se había establecido como empresa, pero aún no estaba funcionando).

Los agricultores de la región tienen un gran respeto a Bartolo. Es un agricultor de cuarta generación que desarrolló la variedad Mosco del pimiento (chile o ají) verde picante Mirasol, que es la variedad más popular de pimientos verdes que crecen en la región, y el centro del Festival de Pimientos y Frijoles de Pueblo, que atrae a más de 100.000 personas de Colorado todos los años. Whole Foods decidió recientemente vender los pimientos Mosco del Valle del Arkansas, en vez de los pimientos Hatch de Nuevo México — duro golpe para el orgullo de Nuevo México, cuya verdura estatal es el pimiento picante.

Bartolo desarrolló el pimiento Mosco a partir de unas semillas que su padre recogió en la casa del tío de Mike, Henry Mosco, después de su muerte en 1988. Mike plantó las semillas. “Una de las plantas creció distinta”, dijo. “Tenía mejor rendimiento, daba frutos más grandes y pulpa más carnosa que lo hacía más fácil de asar”. Mike comenzó a cultivar esta variedad a partir de esta planta. Aisló las características que quería y repitió el proceso, desarrollando el pimiento durante un periodo de quince años.

Hay muchos productos de granja reconocidos que provienen del valle bajo del Arkansas: los melones cantalupo Rocky Ford y los pimientos Mosco son los principales. Mike los ha cultivado todos. De todas maneras, cuando se trata de introducir una nueva manera de utilizar el agua, como está tratando de hacer Super Ditch, Mike concede que hay mucho trabajo todavía por realizar. “Buy-and-dry se ha convertido en una actividad políticamente incorrecta para las ciudades, pero eso no ha amedrentado a otros especuladores [de cumplir el papel que antes tenían las empresas municipales de agua]”. A principios de este año, Pure Cycle, una empresa de servicios de agua potable y agua para alcantarillado que arrienda 6.000 hectáreas de suelo en el canal Fort Lyon a arrendatarios agrícolas, vendió las granjas a una filial de C&A Companies y Resource Land Holdings, LLC. C&A es una compañía que planea suministrar agua del río Arkansas a ciudades de la región de Front Range más al norte. “Estos mecanismos de transferencia alternativos tienen que definirse muy bien, y deben tener un historial para poder competir”, dice Bartolo. Tienen que ser igualmente expertos y rápidos en pagar en efectivo como en una venta directa de agua.

El agua como cultivo comercial

El valor del agua en el Oeste aumenta cada vez más. En el valle bajo del río Arkansas, hay una gran riqueza relacionada con el agua de los agricultores. Es irónico que las comunidades que poseen un activo tan valioso se estén enfrentando a pobreza y decadencia. Más desconcertante es todavía que los agricultores estén liquidando un activo cuyo valor sigue creciendo. Si se le pregunta a un asesor de inversiones: “¿Vendería usted un activo cuyo valor seguirá creciendo?”, probablemente responda: “No…, a menos que no tuviera otra alternativa, o que no hubiera ninguna otra manera de obtener beneficios de ese activo”.

Con respecto al agua, el problema es que en la actualidad hay una estricta dicotomía de opciones. Los granjeros que la poseen tienen medios limitados para ganar dinero, salvo: (1) cultivar alimentos y obtener ganancias de acuerdo al precio del mercado; o (2) vender el agua y obtener dinero por su valor vigente. En parte, esta limitación tiene que ver con la complejidad del derecho hídrico de Colorado. Si una ciudad quiere arrendar agua de un agricultor, tiene que obtener aprobación para el cambio de uso en los tribunales de agua. Para ello hay que llevar a cabo estudios de ingeniería y recurrir a expertos legales, con un costo de decenas de miles de dólares. El peticionario del cambio tiene que demostrarle al tribunal que otras partes que tienen derecho al agua, como los agricultores aguas abajo de la misma acequia, no se verán perjudicados. Si los tribunales o estas terceras partes disputan esta premisa, el costo de la solicitud de cambio de uso puede aumentar en cientos de miles de dólares. Pasar por un proceso como este para un arrendamiento temporal, junto con el deseo de las ciudades de garantizar el suministro de agua de manera permanente debido al crecimiento de su población, es otro factor que ha limitado históricamente el arrendamiento de agua.

Super Ditch, gracias a legislación propuesta por Nichols en 2013, permite que este trámite de cambio de uso se realice de manera mucho más eficiente, por medio de procedimientos administrativos supervisados por la Junta de Conservación de Agua de Colorado (CWCB). Ahora, Bartolo y Nichols están a la espera de lo que ocurra cuando los agricultores tengan más de dos opciones. Están persuadidos de que, si los agricultores pueden retener la propiedad del agua, cultivar alimentos y obtener ganancias del arriendo de agua todo al mismo tiempo —como lo harían con otros tipos de activos— la perspectiva económica del valle bajo del río Arkansas cambiará.

Esta opinión coincide con estudios económicos. Mientras el concepto de Super Ditch estaba cobrando impulso en 2007, el economista agrario George Oamek de CH2M Hill comparó distintas opciones para los agricultores: vender el agua, seguir cultivando, o seguir cultivando y al mismo tiempo participar en un programa rotativo de barbecho y arrendamiento. Sus proyecciones muestran que, en un horizonte de 40 años, los agricultores que vendan su agua ganarían más que los agricultores que sigan cultivando, pero los agricultores que cultivan y participan del programa de barbecho y arrendamiento ganarían los que más. En un comentario publicado en el diario Pueblo Chieftain después de realizado el estudio, Oamek dijo que Super Ditch podría asegurar el mejor precio para los agricultores: “En economía, se usa la colaboración como manera de conseguir un precio más alto”.

Por la misma razón, sin embargo, el concepto de barbecho y arrendamiento es difícil de vender a las grandes ciudades. Siguiendo el principio de colaboración de Oamek, las ciudades han estado colaborando entre sí para adquirir fuentes de agua agrícola a precios más bajos. El escepticismo de las ciudades se intensifica la preocupación inflacionaria. Si el costo del agua seguirá creciendo, ¿por qué no comprarla ahora, que los precios son bajos, para no tener que subir las tarifas?

Para resolver esta cuestión, Nichols investigó distintos mecanismos para establecer escalamientos de precios que protegieran a compradores y vendedores, como:

1. un escalamiento en base al mercado, siguiendo los precios de otros suministros de agua;
2. un escalamiento basado en el aumento de la cuota de impacto promedio de agua municipal a lo largo del tiempo;
3. un escalamiento basado en el aumento promedio de la tarifa de agua municipal a lo largo del tiempo;
4. un escalamiento basado en los costos, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor y el Índice de Precios del Productor.

El proyecto piloto con Fountain, Security y Fowler garantiza la estabilidad de precios ajustando el precio del arrendamiento cada cinco años de acuerdo al cambio porcentual del Índice de Costos de Servicios Públicos de Colorado publicado por la Liga Municipal de Colorado.

Con un precio de US$0,40 por metro cúbico, el arrendamiento de agua vigente de Super Ditch se traducirá en un ingreso de un cuarto de millón de dólares este año para los cinco agricultores participantes, además del ingreso por el cultivo de las tierras que no están en barbecho. Algunos de estos cultivos, como el forraje, son de bajo valor, y el arrendamiento de agua genera un buen ingreso al contrario que estos cultivos. Otros, como los melones y pimientos, son cultivos de alto valor. Bartolo está entusiasmado con la retención de estos ingresos agrícolas, porque cree que generarán un efecto multiplicador en las diversas comunidades del valle. “Con 5.000 metros cúbicos de agua puedo cultivar una hectárea de pimientos, o sea, unos 35 metros cúbicos, lo cual genera de US$10.000 a US$15.000 en ingresos a puerta de granja”.

Aun cuando los precios del agua municipal están aumentando, si tenemos en cuenta la escasez que enfrenta el Oeste, siguen siendo bajos. Las ciudades han tratado de mantener los precios bajos adquiriendo la mayor cantidad de agua posible y lo antes posible, siempre dentro de los límites de la doctrina antiespeculativa de Colorado.

Al diversificar los “tipos” de agua que determinan los precios —tanto en la llave de paso (precio del servicio público) como en la compuerta del canal (precio de la materia prima)— Super Ditch puede crear una innovación disruptiva para alterar el precio del agua en consonancia con la realidad del Oeste. Si los agricultores retienen el control del agua y la arriendan a las ciudades, los precios se ajustarán de acuerdo a la demanda creciente, en un entorno de propiedad diversificada. Este es un nuevo tipo de competencia en el mercado, y enhorabuena por ello. El crecimiento urbano no tiene que venir acompañado de una decadencia rural. Y un vaso de agua puede seguir siendo la bebida más barata para acompañar un plato de pimientos rellenos cultivados en la región.

Scott Campbell es un galardonado planificador y consultor de conservación especializado en formar equipos diversos para resolver problemas medioambientales, sociales y económicos complejos. Scott fue fellow Lincoln Loeb de 2015 en la Escuela de Diseño para Graduados de la Universidad de Harvard, y también fellow en el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. Anteriormente, Scott dirigió uno de los mayores fideicomisos de suelos del país: la Fundación William J. Palmer Parks.

Fotografía: John Wark/Airphoto NA

The study of property taxation in Europe offers special challenges because each country has a different definition of land and property, and a different approach to local property taxation. The term property often includes both land and buildings, but may also include plants and machinery as well as certain possessions, such as automobiles. In Denmark, for example, separate taxes may be levied on the land and property elements of a single holding.

Among the 41 counties in our study, we identified 61 different forms of local taxation. Most are based on annual value, usually assessed on a capital or rental basis, and are payable annually. While most countries tax the sale of property at the state level, the Czech Republic, Italy, Portugal, Slovakia and Spain levy such taxes locally. Yet, amid such diversity, a basic central pattern emerges. Each county, except Malta, operates some form of annual property tax on the use or occupation of land and/or property, usually levied at the local level, and the revenues contribute to the provision of local services.

Tax Reform and the European Union

Over the last 10 years France, Denmark, Germany, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom and the Republic of Ireland have either completed or are in the process of completing substantial reforms to their taxation systems. Other countries have undertaken more minor reforms. Even some emerging democracies are reviewing and reforming their relatively new taxation systems in light of changes elsewhere. No individual tax exists in isolation, and all are affected by larger fiscal, economic and political developments. The reform of one tax will often have consequential effects on others, and property taxation in all its forms is no exception.

One impetus to tax reform in Europe is the European Union (EU). Fifteen of the countries in our study are members, and many other countries are in various stages of being considered for membership. Many countries are taking this opportunity to reform and improve their tax administration systems and to make their taxation rates competitive with those of other member states. Tax harmonization is not one of the declared aims of the EU, although it may be a natural consequence of many EU polices.

The main incentive for tax reform in Europe is coming from the states themselves. In one of the first signs of the problems caused by traditional national taxation systems, the Ministry of Finance in the Netherlands noted in the early 1990s that not only were businesses locating in the most tax-favorable areas but they also were buying goods and services from other countries where tax rates and other costs were lower. The close proximity of the Netherlands to Germany, France, Belgium and Luxembourg, as well as the good transport links between the countries, exacerbated the situation.

The introduction of the Single European Market has opened internal markets to foreign competition with the removal of trade barriers and the abolition of customs duties between member states. Business competitiveness now depends primarily on efficiency and the amount of taxation imposed by the national government, rather than on state aid and trade policies.

Approaches to Local Taxation

The Taxpayer

The majority of property taxes are payable by the owner. Of the 51 taxes we studied, 29 identified the owner as the taxpayer and 12 are paid by the occupier; the remaining 10 are sales-based taxes. The occupier figure was distorted because the United Kingdom accounted for 50 percent of this figure, due to differences in the implementation of its local taxes. In the Netherlands both parties can be taxed at different amounts. For sales-related taxes the results were less clear, with the taxpayer being the seller in half the cases and the purchaser in the other half.

Sources of Valuation Information

Many countries have some form of computerized cadastral system to record property-related information, and as part of the assessment process different levels of government usually exchange information. The nature and implementation of such systems vary considerably, from a series of different registers administered at various levels of government to a single register administered nationally.

The rights of the taxpayer to centrally held information also differ among countries. Some provide no rights to any information, while others provide notice whenever a new valuation or alteration is made. In some cases, valuation and comparable evidence may be made available at the request of the taxpayer.

Bases of Valuation

Three alternative approaches for the valuation bases are used most frequently. The Capital Value Approach is normally based on the open market value of the property at a specified baseline date, which may be a current date such as the start of the tax year. Sweden designates a date two years before the tax year. This approach has the advantage of giving valuation authorities more time to consider all the evidence available before arriving at their final valuations. The open market value is usually defined on the basis of a property’s best and/or highest value.

The Rental Value Approach is based on the open market rental value at a specified date. England, Wales, Scotland and the Republic of Ireland specify a baseline date some time before the new values come into effect, as in Sweden. The open market rental value may be restricted by assumptions as to changes of use and alterations. The rationale is that the tax is levied on the occupier and the amount of tax is based on the current use of the property, not its potential value.

Properties not normally bought and sold in the market require alternative approaches to valuation. For example, the use of a revenue (or accounts) approach has been adopted in England and Wales for many types of leisure-related property, and its use is expected to increase. The cost approach, related to the cost of construction, also is widely accepted in England and Wales and in other European countries.

The Overall or Unit Approach relates to a property’s size. The tax is levied at a prescribed rate per square meters or per unit, which may vary depending on the predominant use of the property. These rates may be loosely based on rental or capital values, but are more often an arbitrary rate fixed by the appropriate taxation authority. In 1997 the Netherlands moved away from such a system in favor of a market-related capital value approach. Many new democracies have adopted the unit approach due to a lack of property information, a limited and restricted property market, and insufficient resources to enable the development of alternative systems. It is anticipated that many of these countries will move to a value-based system when resources and circumstances permit.

A number of other approaches are used under special circumstances. One is the capital value banding approach adopted for the valuation of residential property for the Council Tax in England, Wales and Scotland. In this approach property is ascribed to various value bands rather than valuing each individual property precisely. Another example is the local business tax, which includes the value of the property plus in the case of France a percentage of salaries and in the case of Spain and Switzerland the business profits.

Revaluation of the Tax Base

One of the key factors in examining European property tax systems is whether the valuations on which the tax is charged are up-to-date. Our research identified a very mixed picture: some countries have not revalued their tax bases for many years and others undertake revaluations regularly, every four or five years (see Table 1). Many countries have either no provision for regular revaluations or have postponed revaluations so often that their tax base bears little resemblance to current market values.

Indexation

Many countries have attempted to overcome the problems associated with infrequent revaluations by some form of indexation. Those countries performing annual revaluations may implement them through actual annual revaluations, indexation of an earlier revaluation or self-assessment declarations by the taxpayer. While annual indexation between regular revaluations every few years may ensure a relatively accurate tax base, its use becomes more questionable when the base has not been updated for 10 or 20 years. The position is made far worse in countries where the property market is changing rapidly, especially in major cities and towns. Any adopted index needs to be closely related to the property market in that location and to the specific property type. In most cases, however, the index is a single figure applied across the entire country and for all types of property.

Exemptions and Reliefs

Exemptions can be considered from two viewpoints: the nature of the property or the nature of the taxpayer. In addition, some countries have introduced arrangements that place a ceiling on the amount of tax payable. Some common features relating to the types of properties for which some form of relief may be granted are:

• land owned by the state and used for the provision of public services, such as schools, hospitals, cemeteries etc., if usually exempt or excluded from the tax legislation;
• land and property used for religious purposes;
• historic land and buildings;
• agricultural land.

Relief to taxpayers takes many forms and can include:

• relief to persons of retirement age;
• relief to disabled persons;
• relief of a percentage of the tax for certain owner-occupiers or remittance of an initial amount of the tax.

Calculating the Amount of Tax

The simplest systems for calculating tax payments adopt a given tax per square meter occupied. Once the area of the property is agreed, it is a relatively simple matter to apply a given tax rate to that area. In some countries, the assessed value must be multiplied by an index or co-efficient and then by a locally determined rate that can vary depending on the size of the authority levying the charge. In France, the situation is even worse for the business tax, where a series of limitations have to be calculated to ascertain whether a ceiling or cap applies to the taxable amount.

Appeal Systems

Most countries have a system by which the taxpayer may challenge the tax assessment or valuation, although that action generally does not postpone the payment of the tax. In some cases the first step is an informal approach to the authority, which may be able to resolve the dispute without the need for more formal action. Where a formal approach is adopted, the appeal may be dealt with as part of the general tax appeal process through the normal tax tribunals and courts, or it may be handled outside the normal tax system, often in courts and tribunals established for the purpose.

Tax Collection and Payment

In many countries taxes are collected by the national tax authority, often as part of the income tax process. This method has the advantage of being linked with national exemptions and benefits; the resulting tax is usually payable over the whole tax year. Under the second common method, the tax is paid directly to the relevant taxing authority, sometimes in installments.

Conclusion

European countries are constantly reviewing their tax systems and adopting the best features of other systems. This presents special challenges to a survey such as ours, but also enhances its potential impact by allowing comparative analysis to influence new legislation. One very important conclusion at this early stage of the research project is the importance of keeping the tax base up-to-date. This not only simplifies the entire valuation and collection process but also ensures a tax base that is more acceptable and understandable to taxpayers. During this year we propose to widen our research and complete data collection on other European countries. In addition, we will attempt to compare the amounts of revenue raised by each type of taxation and analyze them within the context of each country’s local government and finance system.

Peter K. Brown is professor of property taxation at Liverpool John Moores University, a frequent author and a regular speaker on valuation, rating and taxation matters. Moira Hepworth is head of research at the Institute of Revenues, Rating and Valuation (IRRV), based in London. The authors are joint recipients of a David C. Lincoln Fellowship in Land Value Taxation. This article is based on their first year of research and their recent working paper.

Related Publication

Peter K. Brown and Moira Hepworth. 2000. “A Study of European Land Tax Systems.” Lincoln Institute Working Paper. 156 pages.

The introduction of property taxation in transitional economies offers a unique perspective from which to study fiscal and governmental decentralization, land privatization and market development. These reforms all involve fundamental changes from the centrally controlled and planned societies of the communist period. The Lincoln Institute has a particular interest in the experiences of countries that are adopting property taxation and is underwriting a series of case studies in consultation with research associates in Armenia, the Czech Republic, Estonia, Poland, Russia and the Slovak Republic.

These studies demonstrate similarities in the challenges and problems faced by countries in transition and the extraordinary changes that have taken place in less than a decade since the fall of communism. At the same time, each country has followed a somewhat different path, adopting strategies that reflect its unique set of past traditions and current circumstances.

Decentralization and Privatization

Among the challenges facing these countries after nearly 50 years of communist rule are the decentralization of fiscal and political control and the reduction of the role of government in favor of private-sector ownership and activity. Privatization of land ownership has been a particularly sensitive issue. Taxes on real property have been introduced as part of a strategy to provide a revenue source to local governments, to encourage privatization of government-owned real estate assets, and to improve land utilization. Although in most cases the central governments continue to play a dominant role, a degree of local fiscal authority and autonomy has been introduced. Poland and Estonia have assigned these taxes to local self-governments, with authority to determine tax rates within limits established by their national parliaments.

In the other countries, national law sets the rate of taxation, but some local control is achieved by adjusting the coefficients applied to area measures that establish the tax base. The revenues raised from land and building taxes are still a relatively modest source of local revenue, and generally benefit rural communities more than urban areas. Although property taxes raise a minor portion of these countries’ total taxes at present, central governments envision a larger role for them in improving inter-governmental finance systems.

Privatization of state assets and ownership rights to real property is an essential yet complicated process that is still underway in each of the countries studied. In Estonia, for example, the desire to restitute land to pre-Soviet-period owners or their heirs initially complicated the determination of property rights. The adoption of a land tax in 1993, within two years of independence, was an essential element of Estonia’s land reform program, which also included privatization and market development. Limiting the tax base to land alone was intended to encourage its productive use, stimulating owners of restitution rights “to develop the property or sell it.”

In the former Soviet satellites, considerable private ownership remained under communism, but the formal cadastral systems were not maintained and the recording of property rights is still far from complete. During the Soviet period, land was treated separately from buildings, and this practice has continued in some countries, making real estate units more difficult to assemble for investment purposes. Property (buildings and structures) is treated separately from land for taxation purposes in Armenia, the Czech and Slovak Republics, and Russia.

While housing and business privatization has progressed to a degree in all countries, the release of land to private ownership and especially to ownership by foreigners has been a contentious issue. In Russia, although the Constitution and Civil Code provide for private property, the government and the Duma have failed to agree on a Land Code to provide a legal basis for land ownership. Most countries have placed some restrictions on foreign ownership, but permit long-term leases. Land taxation offers a potentially broad and expanding revenue base as privatization continues.

Market-based Reforms

In the absence of secure property rights and developed property markets, most countries have taken an incremental approach to incorporating market-based elements into their property tax bases. With the exception of Estonia, the countries in this study levy taxes on the basis of land or building area, adjusted by coefficients related to location, population, usage or other factors not derived directly from market indicators. As a logical step in their transitional reforms, Armenia and the Czech Republic are each exploring the addition of ad valorem elements to their area-based property tax, and Poland is considering proposals to shift to a market-based system. Plans for an ad valorem tax in the Slovak Republic await further fiscal, governmental and market reforms.

Estonia’s strong ideological commitment to a market economy led its Parliament to take the bold step in 1992 to base its land tax on market value. The first valuation assigned price zones to each assessment area, with the expectation that the methodology could be refined as understanding of real estate markets improved and as the markets matured. The collection of land tax information has strengthened real estate market activity and has been a catalyst for the development of land records, sales registries and cadastral maps. A revaluation in 1996 incorporated the expanded market databases.

Recent efforts to develop a pilot project for market value-based real property taxation in two Russian cities illustrate both the potential and the frustration of tax reform in the current Russian fiscal climate. The program began with funding from USAID in 1995, and federal legislation authorized the “experiment” in 1997. Before the current fiscal crises, the city of Novgorod anticipated implementation of the new tax in 1999 to replace the three existing non-value-based taxes on land, property of individuals and assets of enterprises. Whether the local officials will consider it possible to risk implementation under current conditions is now unclear.

Other Challenges

The reorganization of administrative functions and the cost of integrating and collecting property tax information are other challenges to the development of modern market-based property tax systems. Each country is struggling with structural reforms of Soviet-based administration and are seeking to improve inter-agency cooperation and efficiency in planning for property tax reforms.

The case studies illustrate the complex transitions that are underway in each of these countries. At the same time, the studies point out the important role that property taxation can play in providing a stable source of independent revenue to local governments, developing democratic and accountable public institutions, and maintaining a public claim on property entering the private market.

The potential benefits of market value-based taxation in stimulating real estate markets and promoting urban revitalization and efficient land use are just beginning to be recognized. The financial hardships still experienced by many people in these countries may keep property taxes at very modest levels for some time, making the design of a broad-based system with limited exemptions particularly important to the viability of property taxation in these new economies.

Note:

1. “Unlikely Icon,” Economist (February 28, 1998): 78.

Jane H. Malme is a fellow of the Lincoln Institute specializing in the development and implementation of property taxation in diverse international contexts.

She is coordinating the preparation of case studies with colleagues for the following transition countries:

Armenia: Richard R. Almy, consultant, Almy, Gloudemans, Jacobs & Denne, Chicago, Illinois, with Varduhi Abrahamian, International City/County Management Association, Yerevan, Armenia

Czech Republic: Gary Cornia and Phillip Bryson, Romney Institute of Public Management, Marriott School of Management, Brigham Young University, Provo, Utah, with Dr. Alena Rohlícková, Ministry of Finance, Czech Republic

Estonia: Jane H. Malme with Tambet Tiits, director, AS Kinnisvaraekspert, Tallinn, Estonia

Poland: Jane H. Malme with W. Jan Brzeski, president, Cracow Real Estate Institute, Cracow, Poland

Russia: Jane H. Malme with Dr. Natalia Kalinina, Center for Real Estate Analysis, Moscow, Russia

Slovak Republic: Gary Cornia and Phillip Bryson with Ing. Sona Capová, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, and Milos Koncek, Ministry of Finance, Slovak Republic

Sources: These figures are based on official country data sources and were provided by the research associates. No data was available from Russia.

My father John C. Lincoln (1866-1959) had a strong code of ethics that played a prominent role in both his practice of business and his ideas about land. In 1895 he founded the Lincoln Electric Company of Cleveland, Ohio, which became the world’s leading manufacturer of arc welding equipment. He drew his ideas about land from the 1879 book Progress and Poverty, by the American political economist and social philosopher Henry George.

My father’s core ethical principle was to treat people as you would like to be treated. This implied the following precepts:

1) Treat people with absolute fairness. This means all people. In business it includes all the constituents of a company—employees, customers, owners, and the community. In society it means government must treat individuals fairly, and vice versa.

2) Whoever creates something should be entitled to keep it. Receiving the fruits of someone else’s labor—a windfall—often occurs. But for each windfall there is a wipeout—someone doesn’t get all he or she produced. Both the windfall and the wipeout are unethical.

3) People are important. They should be treated with respect and dignity, not as machines or cogs in a wheel.

Ethics in Business

Largely as a result of following these principles, the Lincoln Electric Company has demonstrated superior performance for its entire 100-year history. Many things have to happen to run a business ethically. One of them is making an adequate profit, which benefits the shareholders. But in my opinion, any company and all its constituents are better served if the customer comes first.

At Lincoln Electric, most employees are on piece work. If they produce more, they get more. The company has an annual bonus program, and the kitty for this bonus is composed of the extra profit beyond the returns required to run the business. Running the business includes providing a fair but not excessive dividend to shareholders and investing in new products and production methods. Beyond these costs, employees at Lincoln Electric get to keep any extra profit they produce. Recently bonuses have been about 50 to 60 percent of annual salaries. There are no windfalls, and no wipeouts.

Nowadays, manufacturing is no longer as much the “thing” as it once was. Making Lincoln Electric a successful global company requires more emphasis on company-wide teams. Individual pay is more dependent upon cooperation across departmental lines. This can work just as well as more individual programs of the past, but it is more difficult to manage. Incentives must be tailored to each location where we operate.

Ethics in Land

The heritage of the Lincoln Institute of Land Policy stems from my father’s interest in the ideas of Henry George, especially the land value tax. The ethics of this tax concept are parallel to those used at Lincoln Electric.

Someone who works the land should be entitled to keep the fruits of his labor. If he produces more because of increased skill or effort, he should reap a higher reward. However, Henry George said that land is a natural monopoly. Its value is largely created by things unrelated to the actions of the land’s owner, such as population pressure or mineral deposits. The landowner or user has nothing to do with these factors, yet if they cause the land value to increase, the owner gets a windfall.

This ethical dilemma disturbed my father, as it disturbs me. He subscribed to the remedy proposed by Henry George, which is to take as a tax each year the full rental value of land produced by natural or social factors. This would eliminate the windfall. It would still leave for landowners and users the value created by their own investments and labor.

A hundred years ago land was considered one of the three factors of production, along with labor and capital. Land was essential as both a place to work and a source of raw materials. Things are more complex today. A great deal of the economy has to do with telecommunications and computer software, which allow businesses to locate anywhere and use few or inexpensive natural resources. These changes may not negate the basic economic theories of Henry George’s time, but they do make it a bit more difficult to analyze the role of land in the economy.

There are many positive illustrations that ethical business practices lead to economic success. Unfortunately, there are not clearcut illustrations showing that land value taxation produces broad economic benefits. Nevertheless, economic research suggests that land value taxation could encourage the productive and careful use of land. Individuals who used the land in ways that increased its production would be able to keep the full value they had created, and society would keep the value it created.

I believe ethical practices will benefit all sides in any transaction. Ethical land taxation should lead to an improved economy, just as ethical business practices lead to more successful companies. One should get to keep the fruits of one’s labor, but the fruits of speculation or monopolies should accrue to the community as a whole, not to individuals as windfalls. Both the private sector and the public sector would benefit. Good ethics is good business. Good ethics is good for society as well as the economy.

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David C. Lincoln, president of the Lincoln Foundation and former chairman of the Lincoln Institute, presented the annual Founder’s Day lecture on August 1 at Lincoln House. He had served as chairman for the Institute’s first 22 years before stepping down in May 1996. His talk, excerpted here in part, commemorated the 130th anniversary of the birth of his father, John Cromwell Lincoln, the Cleveland, Ohio, industrialist who founded the Lincoln Foundation in 1947.

It is undeniable that land use change in the United States has been occurring at a rapid rate. Between 1982 and 1997 alone, developed land increased nationwide by 25 million acres, or 34 percent. Population growth certainly helped to fuel this increase in settled land area, as the U.S. resident population grew by 15.6 percent during the same period. From these two trends, it follows that the average population density of developed areas has declined during the late twentieth century: the average number of residents per developed acre fell by 13.6 percent nationwide. This declining density of settled areas is one indicator that “sprawl” has been unfolding across the U.S.

Concerns about Sprawl

Rapid conversion of forests, farms and wetlands to residential, commercial and industrial uses has provoked growing concern among elected officials and voters in many states. In 1999, the National Governors’ Association adopted a statement of principles on better land use that called for preservation of open space and encouragement of growth in already developed portions of the landscape.

The deepening concern for containing sprawl and promoting denser development has been expressed repeatedly at the state and local levels of government. The recent report of the Connecticut Blue Ribbon Commission on Property Taxation and Smart Growth, for example, has explicitly linked “loss of farms, forest and open space . . . [to] decline of and flight from urban areas, along with economic and racial segregation” (State of Connecticut 2003). In New Hampshire during the spring of 2003, a dozen small towns in that politically conservative state authorized million-dollar bond issues to finance conservation of rural lands threatened by metropolitan growth radiating from Boston.

Urban economists have often noted that we should expect the areas of metropolitan regions to expand along with growth of population and income per capita, but this readiness of land markets to accommodate a larger and more affluent population is not the entire story. Jan K. Brueckner and Hyun-A Kim, for example, have pointed out that the territorial expansion of metropolitan regions during recent decades has probably been excessive from a social efficiency point of view. One reason is the failure of developers to account for the loss of amenity values as development consumes open spaces. (Ecological economists would describe this loss as depreciation of natural capital.) Another reason is the failure of local governments to charge developers for the full cost of public infrastructure investments necessitated by metropolitan expansion. Other contributing factors are mortgage interest subsidies under the federal income tax and a failure to price congestion externalities on the roadways linking the metropolitan center to its fringe communities.

There may be other reasons for believing that metropolitan regions have expanded excessively in the U.S. since World War II. First, federal and state grant formulas sometimes reward towns and cities for adopting low-density zoning rules. An example is state reimbursement of pupil busing costs, a subsidy that encourages local school boards to ignore the land use implications of their school siting decisions. Second, several rounds of federal tax cuts since the 1980s have increased the disposable incomes of already affluent households and fueled a status competition favoring construction of ever larger homes on ever larger residential lots.

Tax Policy Tools for Smart Growth

Whatever the exact set of reasons for metropolitan sprawl, state and local policy makers have been scrambling to find policy tools with which to promote compact development. More than a generation ago, nearly all states adopted use-value assessment of rural lands in an effort to protect agricultural lands and other kinds of open space from development. When a rural parcel is enrolled in a use-value assessment program, it is treated for purposes of property taxation as though it were going to remain undeveloped in perpetuity. This legal fiction conveys a substantial tax benefit to rural landowners on the metropolitan fringe because their parcels have far greater market value than assessed value. Under the law, property assessors are required to ignore the development potential of undeveloped parcels enrolled in use-value assessment programs.

Theoretical research by Robert D. Mohr and this author (2003) has found that use-value property assessment, if properly designed, can postpone land use change and thereby provide a window of opportunity for local governments and conservation groups to buy development rights before rural lands are lost to metropolitan growth. However, in 15 states (including Arizona, Florida and New Mexico), the private decision to develop a rural parcel that has enjoyed use-value assessment results in no financial penalty at all to the owner. Hence, the tax incentive to postpone development is very weak. Only in those states (such as Connecticut and Rhode Island) that impose stiff development penalties if a parcel has been enrolled in the use-value assessment program for less than a decade is there a fairly strong incentive to postpone development despite escalating urban land rents. Perhaps it is time for state governments to review their use-value assessment programs to see if they actually postpone development of rural lands. If not, reform of use-value assessment statutes is in order.

Another way to promote compact metropolitan development would be to permit city governments to adopt split-rate property taxation. Under this type of property tax reform, a city can lower the tax rate on buildings and other capital improvements and still maintain the level of municipal services by raising the tax rate on land values. The Commonwealth of Pennsylvania has had this form of property taxation since 1913. Pittsburgh and Scranton have been the pioneers in tax reform, but by 1995, some 15 cities in the Keystone State had adopted two-rate property taxation. Although the evidence is circumstantial, Wallace Oates and Robert Schwab (1997) have tentatively concluded that lowering the tax rate on building values relative to land values helped to spur downtown commercial construction in Pittsburgh during the 1980s, despite the sharp decline of the city’s steel industry.

A Case Study of New Hampshire

As the fastest-growing state in the Northeast, New Hampshire is witnessing the rapid transformation of its traditional landscape of forests, farms and villages. Between 1982 and 1997, the developed area in the state increased by 210,000 acres, a 55 percent increase, although the population increased only about 26 percent (England 2002). To date, policy makers have paid little attention to the impact of the state’s high property taxes on these trends.

Using a regional econometric model to perform tax reform simulations, I have explored a revenue-neutral shift toward land value taxation in the state. In one study, the statewide property tax (which raised $460 million in 1999) is hypothetically replaced by a pure land value tax yielding an equal amount of state tax revenue. This policy simulation suggests that gross state product, employment and residential construction in the Granite State all would receive a boost from this type of tax reform. The boost to the state’s economic development would be long lasting, not transitory. However, because net migration into the state would receive a strong stimulus, this statewide approach to property tax reform would not serve to deter sprawl (England 2003b).

In a companion study, I simulated a shift to two-rate property taxation in New Hampshire’s largest city, Manchester, and in the economically depressed mill town of Berlin (England 2003a). In both cities, local employment, output and construction would receive a persistent boost following reform of the property tax. This stimulus to urban economic activity also would help to restrain the migration of households and businesses to surrounding rural areas.

If we want to slow down the development of rural lands, then we need to promote employment opportunities and healthy neighborhoods in already settled urban areas. A shift to two-rate property taxation by city governments could help to spark urban revitalization and thereby protect undeveloped lands on the metropolitan fringe. However, even though a shift to two-rate property taxation would promote investment and reinvestment in urban areas, this type of tax reform is likely to confront skepticism and even political opposition. Because industrial and commercial properties frequently have a higher ratio of building value to land value than do residential properties, raising the tax rate on land values in order to pay for a rate cut on capital improvements could have a regressive impact on the distribution of property tax payments. The owners of office buildings and electric power plants, for example, might enjoy lower tax bills while many homeowners might find increased tax bills after implementation of split-rate taxation.

My present research as a David C. Lincoln Fellow aims to see whether this potentially regressive impact of shifting to two-rate property taxation can be avoided, thereby undercutting potential voter opposition. Figure 1 demonstrates that the combination of a generous credit with two tax rates could make a “typical” homeowner a supporter of property tax reform.

Analysis of property tax data for three New Hampshire cities suggests that the introduction of split-rate taxation would indeed be acceptable to many homeowners if it were accompanied by a uniform tax credit on each annual tax bill. One of these communities is Dover, a small but growing city with abundant undeveloped land. In 2002, the total property tax rate was 1.89 percent of market value. Applied equally to land and building values totaling $2.03 billion, this single rate raised $26 million for municipal services and local public schools, with additional revenues raised for county and state purposes.

If the City of Dover had cut the tax rate on buildings by $2 per thousand dollars of assessed valuation and offered a (maximum) credit of $1,000 on each tax bill, then it would have needed to raise the tax rate on assessed land values by roughly $18 per thousand in order to maintain the level of municipal and local school spending during 2002. That particular tax reform would have lowered the annual property tax payment of most owners of single-family homes and residential condos in the city, especially those with relatively modest values. Because of the credit, even owners of inexpensive residential lots would have gained from the tax reform. Many owners of apartment complexes, large commercial properties and extensive tracts of vacant land, however, would have paid more local taxes after the shift to two-rate taxation and a uniform credit applied to each tax bill.

Conclusion

More than a century ago, Henry George advocated taxation of land value in the name of social equity. Contemporary economists have more often advocated land value taxation as an efficiency-enhancing policy favoring economic development. My own research suggests that taxing land values more heavily than building and improvement values could foster urban revitalization and help to protect undeveloped land at the same time. However, unless the design of property tax reform takes distributional impacts explicitly into account, George’s concern for social equity is unlikely to be served.

Richard W. England is professor of economics and natural resources and director of the Center for Business and Economic Research at the University of New Hampshire. He has held a David C. Lincoln Fellowship in Land Value Taxation for three years and will be a visiting fellow at the Institute during 2004.

References

Brueckner, Jan K. and Hyun-A Kim. 2003. Urban Sprawl and the Property Tax. International Tax and Public Finance 10: 5–23.

England, Richard W. 2002. Perspective: A New England Approach to Preserving Open Space. Regional Review, Federal Reserve Bank of Boston 12(1): 2–5.

———.2003a. Land Value Taxation and Local Economic Development: Results of a Simulation Study. State Tax Notes, 22 April: 323–327.

———.2003b. State and Local Impacts of a Revenue-Neutral Shift from a Uniform Property to a Land Value Tax: Results of a Simulation Study. Land Economics, February: 38–43.

England, Richard W. and Robert D. Mohr. 2003. Land Development and Current Use Assessment: A Theoretical Note. Agricultural and Resource Economics Review, April: 46–52.

Oates, Wallace E. and Robert M. Schwab. 1997. The Impact of Urban Land Taxation: The Pittsburgh Experience. National Tax Journal 50(1): 1–21.

State of Connecticut. 2003. Report of Blue Ribbon Commission on Property Tax Burdens and Smart Growth Incentives.

The prevailing land use regulation and land tax laws in the United States make the Kelo case and the use of eminent domain for private development particularly dramatic, especially compared to other countries.

Las ciudades contribuyen al cambio climático mundial pero, a la vez, son víctimas de dicho cambio. Es bien sabido que, en particular, las ciudades asentadas sobre deltas son extremadamente vulnerables, debido a que están localizadas donde las agresiones a los sistemas naturales coinciden con una intensa actividad humana.

Ciertos efectos del cambio climático pueden afectar a las ciudades asentadas sobre deltas, tales como el aumento de los niveles del mar; los daños en la infraestructura debidos a condiciones climáticas extremas; las implicaciones en la salud pública causadas por la elevación de las temperaturas promedio; alteración en los patrones de consumo de energía; agresiones a los recursos de agua; impacto en el turismo y el patrimonio cultural; reducción de la biodiversidad urbana; y efectos secundarios en la contaminación del aire (IPCC 2007). El cambio climático puede, además, afectar a los bienes físicos que se utilizan en la producción económica y los servicios, así como también a los costos de la materia prima y los insumos, los cuales, a su vez, afectan a la competitividad, el rendimiento económico y los patrones de empleo.

El significativo crecimiento económico de China a partir del período de reforma del país que comenzó en 1978 ha provocado la concentración de una gran parte de la población y de la riqueza a lo largo de la costa, en particular en tres regiones de megaciudades: el delta del río Perla, el delta del río Yangtze y la región de la capital. Aunque las posibles implicaciones del cambio climático representan un desafío para las comunidades costeras en todo el mundo, la mencionada concentración geográfica de población y actividad económica parece desproporcionada en China.

Entre las regiones costeras y de deltas de China, el delta del río Perla (DRP), en la provincia de G uangdong, es un importante centro económico que abarca las ciudades de Guangzhou y Shenzhen y siete municipios a nivel de prefectura. Junto con Hong Kong y M acao, los alrededores del DRP conforman una de las principales regiones de megaciudades del mundo, aunque su geografía los torna altamente vulnerables al aumento del nivel del mar. El desarrollo económico y urbano sin precedentes, así como los grandes cambios producidos en la utilización del suelo y la cubierta del suelo que han acompañado dicho desarrollo en las últimas tres décadas, han provocado grandes emisiones de CO₂, lo cual ha redundado en la elevación de las temperaturas y de condiciones climáticas más intensas y extremas (Tracy, Trumbull y Loh 2006). Debido a la importancia de esta región tanto para China como para la economía mundial, estudiaremos con más detenimiento la forma en que el DRP contribuye al cambio climático y los riesgos que este cambio conlleva.

Industrialización y urbanización

A partir del establecimiento de la Zona Económica Especial de Shenzhen y Zhuhai en 1980, el DRP fue una de las primeras regiones chinas en comenzar a liberalizar su economía. Sus ventajas institucionales, junto con su proximidad con respecto a Hong Kong y Macao, convirtieron al DRP en la región de más rápido crecimiento del mundo durante las últimas tres décadas. Desde 1979 hasta 2008 el PIB del DRP creció un 15,6 por ciento anual en precios constantes, superando así tanto la tasa nacional del 9,77 por ciento como la tasa provincial de 13,8 por ciento.

Como resultado, el aporte del delta a la participación en el PIB de China se elevó del 2,8 por ciento en 1979 al 9,5 por ciento en 2008. En términos de inversiones fijas totales, inversiones directas del exterior, exportaciones y consumo de energía, el DRP se convirtió en una de las regiones económicas más importantes y dinámicas de China durante este período (ver figura 1).

Este rápido desarrollo fue el resultado del doble proceso de industrialización y urbanización. Las industrias secundaria y terciaria de la región han crecido con rapidez, a la vez que la industria primaria ha disminuido gradualmente en su importancia económica relativa, ya que su aporte al PIB se redujo del 26,9 por ciento en 1979 al 2,4 por ciento en 2008, mientras que el sector terciario de servicios creció del 27,9 por ciento al 47,3 por ciento.

Durante ese mismo período, la población aumentó de 17,97 a 47,71 millones de residentes, alcanzando una tasa de urbanización del 82,2 por ciento en 2008. En términos de utilización del suelo, las áreas destinadas a uso industrial, residencial y comercial crecieron un 8,47 por ciento anual, es decir, de 1.068,70 km2 en 1979 a 4.617,16 km2 en 2008 (ver figura 2).

Cambio climático

Dados estos cambios radicales en la utilización del suelo y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero de la región, no es de sorprender que el DRP haya experimentado cambios climáticos regionales evidentes. La Administración Meteorológica de G uangdong (2007) informó que el promedio del aumento de temperatura en la provincia de Guangdong en las últimas cinco décadas ha sido de 0,21°C cada 10 años, en forma similar a la tasa de calentamiento de China a nivel nacional. La región costera de Guangdong, en particular el DRP, que se encuentra altamente urbanizado, experimentó aumentos aún mayores en la temperatura, a promedio de 0,3ºC cada 10 años. Las ciudades de Shenzhen, Dongguan, Zhongshan y Foshan han sufrido un calentamiento de más de 0,4°C cada 10 años.

Después de compilar los datos de 21 estaciones meteorológicas en la región del DRP, calculamoslas temperaturas promedio anuales y estacionales durante el período 1971–2008 y posteriormente las comparamos con las temperaturas anuales en Guangdong. Nuestra investigación reveló que el DRP había experimentado un calentamiento significativo y que había tenido temperaturas más elevadas que el total de la provincia de G uangdong durante el período observado. Desde la década de 1970, el DRP ha sufrido un aumento de la temperatura promedio de aproximadamente 1,19ºC, con lo que ha alcanzado los 22,89ºC en la última década. Desde 1994, las temperaturas promedio anuales se mantuvieron por encima de la temperatura promedio de la región en 30 años de 22,1ºC (ver figura 3).

Los aumentos de temperatura más significativos se dieron en invierno y otoño, arrojando un promedio de 24,1ºC en otoño y de 15,2ºC en invierno entre 1994 y 2007. Dichas temperaturas son significativamente más altas que los promedios de 40 años de 23,5°C y 14,6°C, respectivamente. Aunque no resulten tan significativas, las temperaturas promedio en primavera y verano en el DRP durante el período 1997-2007 también fueron más altas que sus temperaturas promedio de 40 años de 22ºC y 28,2ºC, respectivamente. Este fenómeno de calentamiento regional también puede observarse, a menor escala, en G uangzhou, una populosa y típica metrópolis del DRP, en donde las temperaturas promedio aumentaron a la par que las de los alrededores de la región del delta.

A medida que el clima del DRP se fue calentando con más rapidez que en el resto de la provincia, el elevado ritmo de industrialización y urbanización ha generado una enorme demanda de energía por parte de las industrias manufactureras, el sistema de transporte y los consumidores residenciales, lo que ha dado como resultado mayores emisiones de CO₂ y otros gases de efecto invernadero que están contribuyendo al cambio climático mundial. La concentración cada vez mayor de gases de efecto invernadero, tanto a nivel regional como mundial, representa una gran fuente latente de calentamiento y otros cambios en el futuro.

Efectos del cambio climático

Debido a su geografía costera y a su densidad de población, Guangdong se cuenta entre las provincias litorales más vulnerables de China en cuanto al tipo de catástrofes meteorológicas, cuyo aumento se espera a causa del calentamiento global. En el año 2008, Guangdong sufrió pérdidas económicas directas de 15,43 mil millones de yuanes y 73 muertes, lo que representa el 75 por ciento y el 48 por ciento de los totales nacionales, respectivamente, así como también la pérdida de 602 km de tierras a raíz de la erosión costera (ver tabla 1). Debido a que el nivel del mar en la provinciaaumentó 75 mm durante el período 1975-1993, la predicción de la Administración Meteorológica de China (2009b) de que los niveles del mar crecerán unos 78-150 mm más entre 2008 y 2038 representauna grave amenaza a la infraestructura y a lascomunidades costeras del DRP.

Guangdong ha sufrido desde hace tiempo los efectos de peligros marinos tales como lluvias torrenciales, ciclones y marejadas de tempestad que han provocado la muerte de cientos de personas, han causado graves daños en la infraestructura de viviendas y transporte y han afectado a las actividades agrícolas de la provincia. En la década de 1950, la superficie agrícola promedio anual que se vio afectada por los peligros marinos fue de alrededor de 200.000 ha; posteriormente, en la década de 1960 se incrementó a 440.000 ha y, en la década de 1970, 500.000 ha, antes de alcanzar la cifra de 1.411.000 ha en la década de 1990.

Además de una mayor frecuencia de tormentas extremas, las sequías también han ido aumentando en el DRP. En la década de 1950, la superficie agrícola promedio afectada por la sequía en Guangdong fue de 104.000 ha, superficie que ha crecido sostenidamente hasta alcanzar 201.500 ha en la década de 1980; 282.500 ha en la década de 1990; y 426.400 ha en la década de 2000. Debido al aumento esperado en la frecuencia de condiciones climáticas extremas, así como también a los aumentos de temperatura y del nivel del mar, se prevé que las actividades agrícolas y de maricultura en el DRP serán cada vez más vulnerables al cambio climático.

Las ciudades ubicadas en el DRP son particularmente susceptibles a las catástrofes naturales y al cambio climático, ya que concentran infraestructura, actividades no agrícolas y población, lo que afecta gravemente a las actividades económicas y la vida diaria. En la región se producen con frecuencia temporales de lluvia y tifones que, por lo general, causan daños muy graves y enormes pérdidas económicas. A modo de ejemplo, durante el período 2000-2007, los temporales de lluvia y los tifones en Shenzhen causaron pérdidas económicas directas acumuladas de 525 millones y 227 millones de yuanes, respectivamente, lo que representa aproximadamente el 63 por ciento y el 33 por ciento de las pérdidas económicas directas totales asociadas con todos los peligros meteorológicos en la ciudad (ver figura 4).

Los peligros meteorológicos también provocan efectos negativos en las instalaciones, infraestructuras y sistemas de transporte. Los temporales de lluvia y los tifones suponen desafíos en relación con los sistemas de alcantarillado urbano y los centros de control de inundaciones, a la vez que los períodos prolongados de temperaturas altas o bajas ejercen una presión en la infraestructura urbana de abastecimiento de energía.

En mayo de 2009, se registró en Shenzhen un temporal de lluvia sin precedentes, durante el cual algunas partes de la ciudad recibieron una precipitación diaria de más de 208 mm. La tormenta inundó 40 áreas de la ciudad y dejó 11 áreas debajo de al menos 1 metro de agua. Dos años antes, en abril de 2007, los temporales de lluvia provocaron el desbordamiento del río Qinghuhe en Shenzhen, y la inundación dañó diques y derribó cables de alta tensión. En el otro extremo del espectro, en julio de 2004, Guangzhou sufrió una prolongada ola de calor que generó una enorme demanda de electricidad. El uso de energía eléctrica llegó a los 8,45 millones de kilovatios, lo que obligó a muchas empresas a detener la producción con el fin de ahorrar energía.

El transporte es un elemento esencial para la actividad urbana y la producción económica. Debido a que Shenzhen y Guangzhou son dos de los principales centros poblacionales y económicos de China, tienen una importancia especial como nudos de transporte nacional, por lo que cualquier interrupción originada por condiciones meteorológicas extremas, tales como temporales de lluvia, tifones e inundaciones, puede llegar a causar efectos de largo alcance en todo el país.

Cuando la tormenta tropical Fengshen azotó a Shenzhen el 24 de junio de 2008, el puerto marítimo de la ciudad, Yantian, debió cerrarse y cientos de barcos quedaron varados en el puerto, hecho que provocó grandes pérdidas económicas. Durante el año 2008, cuatro tormentas tropicales y un temporal de lluvia causaron la cancelación de 249 vuelos y el retraso de otros 386 vuelos en el aeropuerto internacional de Shenzhen, lo que dejó varados a más de 20 mil pasajeros. En 2009, tres fenómenos meteorológicos de grandes proporciones causaron la cancelación de 176 vuelos y el retraso de 326 vuelos, mientras que 4.151 buques se vieron obligados a refugiarse en el puerto de Yantian. A medida que los viajeros chinos se vayan enriqueciendo y los viajes aéreos aumenten su frecuencia, la vulnerabilidad de estas ciudades ante los efectos negativos de condiciones meteorológicas graves también aumentará.

Efectos negativos del aumento del nivel del mar

La Administración M eteorológica de China (2009b) identificó al DRP como una de las áreas del país que corre el mayor riesgo de sufrir aumentos del nivel del mar, debido a que posee una media de nivel del mar baja. Según estudios anteriores, los niveles del mar en el DRP están creciendo y seguirán haciéndolo en un futuro previsible. Se registraron cambios del nivel del mar en tres medidores de mareas (Hong Kong, Zha Po y Shan Tou) durante el período 1958-2001. Hong Kong registró un aumento del nivel del mar de 0,24 cm por año durante dicho período, mientras que Zha Po y Shan Tou registraron aumentos del nivel del mar de 0,21 cm y 0,13 cm por año, respectivamente. Según los registros de mareas obtenidos por seis medidores diferentes en el estuario del río Perla, los niveles del mar han crecido a una tasa acelerada en los últimos 40 años.

En vista del derretimiento de los glaciares a nivel mundial debido al cambio climático, se prevé que los recientes aumentos en el nivel del mar continúen produciéndose e, incluso, acelerándose. Li y Zeng (1998) ofrecieron tres pronósticos sobre al aumento del nivel del mar en el DRP: 100 cm (alto), 65 cm (medio) y 35 cm (bajo) para el año 2010. Estos pronósticos se han reflejado en similares proyecciones realizadas por la Academia de Ciencias de China (1994), que indican que los niveles del mar en el DRP podrían crecer entre 40 cm y 60 cm para el año 2050.

La geografía física y el desarrollo urbano del delta lo vuelven extremadamente vulnerable a los efectos del aumento del nivel del mar y es probable que muchas áreas bajas se inunden (Yang 1996). Según los cálculos del Servicio Nacional de Datos e Información Marina de China, un aumento de 30 cm en el nivel del mar podría inundar una superficie de 1.154 km2 de costa e islas en marea alta, por lo que G uangzhou, el condado de Doumen y Foshan son los que corren riesgos particularmente altos (Administración Meteorológica de Guangdong 2007).

Las inundaciones costeras y del río en el DRP se encuentran influenciadas por varios factores: lluvias torrenciales, mareas altas, vientos fuertes, tifones y marejadas de tempestad. En ciertas partes del estuario del río Perla es bien conocida la combinación de factores meteorológicos y de mareas que genera un aumento en los niveles de agua de más de tres metros durante los ciclos de marea alta (Tracy, Trumbull y Loh 2006). De acuerdo con Huang, Zong y Zhang (2004), actualmente el rango máximo de mareas aumenta a medida que recorremos el estuario hacia el norte: desde un nivel bajo de 2,34 metros cerca de Hong Kong hasta 3,31metros en Zhewan, antes de alcanzar los 3,35 metros en Nansha.

El crecimiento de los niveles del mar podría magnificar el efecto de las marejadas de tempestad, que de por sí pueden ser muy graves cuando coinciden los factores meteorológicos y de mareas. Mediante el análisis de registros de 54 medidores de mareas en todo el DRP, Huang, Zong y Zhang (2004) generaron predicciones para el aumento del nivel del agua en diferentes partes del delta según distintos casos posibles de inundación. En el caso de la descarga más baja de agua dulce (2.000 m2/s), las simulaciones realizadas por este equipo mostraron que un aumento de 30 cm en el nivel del mar podría afectar a la parte noroeste de la región de manera más grave y a la mayor parte del área de manera significativa. El equipo de investigadores simuló además el impacto que podría tener un aumento de 30 cm en el nivel del mar sobre la distribución de los daños de una inundación según cuatro casos posibles de descarga de agua dulce: a medida que las inundaciones aumentan en gravedad, aumenta también el tamaño de las superficies afectadas.

Resumen y debate

Las ciudades del delta gozan de ventajas de ubicación que las vuelven atractivas tanto para los residents como para las empresas y, en consecuencia, muchas regiones asentadas sobre el delta se desarrollan y llegan a ser centros económicos vitales en muchos países. No obstante, las ciudades del delta son particularmente vulnerables a los peligros meteorológicos y corren mayores riesgos que las ciudades del interior de sufrir los efectos, tanto actuales como previstos, del cambio climático. El delta del río Perla ha experimentado aumentos significativos tanto en sus niveles del mar como en sus temperaturas; una mayor variación en las lluvias torrenciales; una mayor frecuencia de condiciones meteorológicas extremas; y un aumento de pérdidas debido a los peligros marinos.

De hecho, los peligros meteorológicos más frecuentes, tales como las inundaciones provenientes de tormentas tropicales y lluvias torrenciales, han causado efectos negativos en el DRP: interrupción de la producción agrícola y de maricultura; daños en las defensas costeras y diques; destrucción de viviendas e instalaciones; cierre del transporte; y pérdida de vidas. El aumento del nivel del mar a raíz del calentamiento global representa otra amenaza y otro desafío en muchas partes de la región. El impacto acumulado de estos fenómenos meteorológicos y climáticos interrelacionados ha aumentado los costos de desarrollo en el DRP de manera significativa. Afortunadamente, los gobiernos provinciales y municipales se han dado cuenta de la importancia que tiene la mitigación y adaptación climática y están observando las experiencias de otras ciudades del mundo asentadas también sobre deltas, con el fin de obtener enseñanzas valiosas en cuanto a la mejor manera de fortalecer la sustentabilidad y resistencia urbanas.

Sobre los autores

Canfei He es profesor de la Facultad de Ciencias Urbanas y Ambientales en la Universidad de Pekín y director asociado del Centro para el Desarrollo Urbano y la Política de Suelos de la Universidad de Pekín y el Instituto Lincoln. Asimismo, es director asociado del Grupo Especializado en Geografía Económica de la Sociedad Geográfica China. Sus campos de interés de investigación son las empresas multinacionales, la ubicación industrial y el agrupamiento espacial de empresas, y la energía y el medioambiente en China. Sus artículos se publican en varias revistas internacionales.

Lei Yang es estudiante de doctorado en la Facultad de Graduados de Shenzhen de la Universidad de Pekín.

Referencias:

Administración Meteorológica de China. 2009a. China marine hazards report 2008. Beijing.

———. 2009b. China sea level report 2008. Beijing.

Academia de Ciencias de China. 1994. “The impact of sea level rise on economic development of the Pearl River Delta”. En The impacts of sea level rise on China’s delta regions. Beijing: Science Press.

Du, Yao-dong, Li-li Song, Hui-qing Mao, Hai-yan Tang y An-gao Xu. 2004. “Climate warming in Guangdong province and its influences on agriculture and counter measures”. En Journal of Tropical Meteorology 10(2): 150–159.

Administración Meteorológica de Guangdong. 2007. Informe de evaluación sobre el cambio climático en Guangdong. www.gdemo.gov.cn.

He, Canfei, Lei Yang y Guicai Li. 2010. “Urban development and climate change in the Pearl River Delta”. Documento de trabajo. Cambridge, Massachusetts: Lincoln Institute of Land Policy.

Huang, Z., Y. Zong y W. Zhang. 2004. “Coastal inundation due to sea level rise in the Pearl River Delta, China”. Natural Hazards 33: 247–264.

IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático). 2007. “Climate change 2007: Impacts, adaptation, and vulnerability”. Aporte del grupo de trabajo II al Cuarto Informe de Evaluación del IPCC. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.

Li, P. y Z. Zeng. 1998. “On the climatic and environmental changes in the Pearl River Delta during the last 500 years”. En Quaternary Sciences 1: 65–70.

Tracy, A., K. Trumbull y C. Loh. 2006. “The impacts of climate change in Hong Kong and the Pearl River Delta”. Hong Kong: Intercambio cívico.

Wu, Y. y Li, H. 2009. “Meteorological disasters and hazard evaluations in Shenzhen since 2000”. En Guangdong Meteorology. 31(3): 43-45 (en chino).

Yang, H. 1996. “Potential effects of sea-level rise in the Pearl River Delta area: Preliminary study results and a comprehensive adaptation strategy”. En Adapting to climate change: An international perspective, J. N. Smith y otros, editores. Nueva York: Springer-Verlag.

Para que los procesos de planificación puedan resolver los temas candentes de la actualidad, tales como el cambio climático, la congestión de tráfico y la justicia social, los planes tienen que realizarse a la escala apropiada, tienen que promulgar herramientas de implementación apropiadas y tienen que hacerse cumplir por medio de una autoridad legítima. En otras palabras, nuestra capacidad para resolver los desafíos críticos depende de las bases legales e institucionales de la planificación.

En los Estados Unidos, la responsabilidad de sentar estas bases de planificación recae en los estados, los cuales a su vez han delegado la mayor parte de la autoridad sobre el uso del suelo en los gobiernos locales. En Europa, las bases de planificación se establecen en cada país, cuyos sistemas de planificación frecuentemente cuentan con planes nacionales y regionales, como también un mosaico de planes locales. Para mejor o peor, estas bases institucionales han enmarcado el proceso de planificación a ambos lados del océano Atlántico en la mayor parte del período de posguerra. Pero a medida que el tamaño de los desafíos de planificación sigue en aumento, y el descontento con el status quo sigue creciendo, varios estados y naciones europeas han comenzado a experimentar con metodologías de planificación nuevas e innovadoras.

La oportunidad para explorar y debatir estos temas congregó a académicos, profesionales, estudiantes y otros en Dublín, Irlanda, en octubre de 2012, en un seminario de dos días de duración patrocinado por el Lincoln Institute of Land Policy y organizado por la Escuela de Geografía, Planificación y Política Medioambiental de University College, Dublín y el Centro Nacional para el Crecimiento Inteligente de la Universidad de Maryland. Llevado a cabo en la histórica Newman House ubicada en St. Stephen’s Green, se presentaron ponencias sobre planificación en los Estados Unidos y Europa, y casos de estudio de cinco estados de los EE. UU. y cinco naciones europeas. Cada presentación fue seguida de un comentario por parte de un funcionario de alto nivel del estado o nación correspondiente (ver el recuadro 1).

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Recuadro 1: Presentaciones efectuadas en el Seminario sobre planificación por parte de estados y naciones/estados realizado en Dublín en octubre de 2012

Bierbaum, Marty
Plan de desarrollo del estado de Nueva Jersey

Faludi, Andreas
La europeización de la planificación y el papel de PEOT

Fulton, Bill
Planificación para el cambio climático en California

Galland, Daniel
El marco nacional de planificación espacial de Dinamarca

Geppert, Anna
Planificación espacial en Francia

Grist, Berna
La estrategia nacional espacial de Irlanda

Knaap, Gerrit
PlanMaryland: Un trabajo que está en vías de realizarse

Lewis, Rebecca
Plan de desarrollo del estado de Delaware

Needham, Barrie
La estrategia espacial nacional de los Países Bajos

Salkin, Patricia
Marcos de planificación en los Estados Unidos y el papel del gobierno federal

Seltzer, Ethan
Planificación del uso del suelo en Oregón: El mosaico institucional y la lucha por llegar a escala

Tewdwer-Jones, Mark
Planificación nacional en el Reino Unido

Para obtener más información sobre el seminario, visite el sitio web del programa: http://www.ucd.ie/gpep/events/seminarsworkshopsconferences/natplansymp2012

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Un marco de planificación espacial en Europa

En Europa, la planificación está regida por una serie de tradiciones y estructuras de gobierno (Faludi 2012). Algunas naciones europeas tienen estructuras de gobierno «unitarias», en las que la autoridad sobre el uso del suelo recae en última instancia en el gobierno nacional. Italia y España tienen estructuras «regionales» de gobierno, en las que la autoridad sobre el uso del suelo es compartida constitucionalmente entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales. Austria, Bélgica y Alemania tienen estructuras de gobierno «federalistas», en las que las funciones particulares sobre el uso del suelo se distribuyen entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales. Dentro de estos marcos operativos ha surgido una variedad de culturas y tradiciones de planificación: “amenagement du territoire” en Francia; “town and country planning” en el Reino Unido; “Raumordnung” en Alemania; y “ruimtelijke ordening” en los Países Bajos. Si bien estos términos generalmente tienen la misma connotación que la «planificación urbana» en los Estados Unidos, existen diferencias importantes, sutiles y defendidas con vehemencia.

La expresión utilizada para la planificación urbana en la Unión Europea es «planificación espacial» (Comisión Europea 1997, 24).

“La planificación espacial se refiere a los métodos utilizados en general por el sector público para influir sobre la distribución futura de actividades en el espacio. Se adopta con el fin de crear una organización territorial más racional de los usos del suelo y vincularlos para equilibrar las demandas de desarrollo inmobiliario con la necesidad de proteger el medio ambiente y alcanzar objetivos sociales y económicos.

“La planificación espacial adopta medidas para coordinar el impacto espacial de otras políticas sectoriales, alcanzar una distribución más pareja de desarrollo económico entre regiones que lo que crearían de otra manera las fuerzas del mercado, y regular la conversión de suelos y el uso de las propiedades.”

La Unión Europea no tiene autoridad para elaborar planes espaciales, pero influye de manera directa en sus resultados por medio de iniciativas de desarrollo regional, directivas medioambientales y financiamiento estructural y de cohesión. Este objetivo está articulado en la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial (PEOT) firmada en 1988 por los ministros responsables de la planificación espacial en los estados miembros, y por los miembros de la Comisión Europea responsables de las políticas regionales (Faludi 2002).

En general se acepta que la planificación espacial moderna en el contexto europeo incluye la planificación nacional, regional y local, donde los planes nacionales proporcionan estrategias amplias de desarrollo y pautas para los planes realizados en los niveles de gobierno menores; los planes regionales integran el desarrollo físico con las políticas sociales, económicas y medioambientales, pero sin especificar sitios individuales; los planes locales son específicos para ciertos lugares y definen los elementos físicos y de diseño urbano de la construcción. Aunque ninguno de los marcos de planificación de las naciones miembros se ajusta perfectamente a este ideal jerárquico, la PEOT ha influido en la actividad de planificación de cada una de las naciones.

La PEOT se basa a su vez en tradiciones europeas de planificación muy arraigadas que se remontan a la Segunda Guerra Mundial, cuando el desarrollo nacional o los planes de reconstrucción sin duda fueron necesarios para llevar a cabo las restauraciones de posguerra. Muchas naciones europeas siguen teniendo planes nacionales de desarrollo y estrategias nacionales espaciales complementarias. Pero la influencia e importancia de estos planes ha disminuido paulatinamente desde la reconstrucción. En la última década en particular, las naciones que antes se caracterizaban por un compromiso ambicioso y amplio con la planificación, como Francia, Dinamarca y el Reino Unido, no han adoptado planes nacionales nuevos y han puesto mayor énfasis en planes regionales y locales.

Estrategias y marcos espaciales nacionales europeos

Francia

Si bien Francia es una nación-estado unitaria y centralizada, el gobierno nacional nunca ha desempeñado un papel de liderazgo en la planificación estatal. Por el contrario, la responsabilidad de la planificación espacial se transfirió oficialmente a los gobiernos regionales y locales por medio de reformas descentralizadoras adoptadas en 1982 y 2003 (Geppert 2012). Aun cuando sigue habiendo coordinación entre los gobiernos de distintos niveles, este proceso genera con mayor frecuencia estrategias de inversión conjunta más que visiones espaciales compartidas u objetivos comunes. Antes que la mayoría de las naciones restantes, el gobierno nacional francés comenzó a centrarse menos en la planificación espacial y más en políticas sectoriales, dejando los temas espaciales para los niveles más bajos de gobierno.

Dinamarca

La planificación en Dinamarca comenzó históricamente con un marco de planificación nacional integral (Galland 2012). En las últimas dos décadas, sin embargo, como consecuencia de factores políticos y económicos interrelacionados, el papel del gobierno nacional y de los gobiernos locales y regionales con respecto al uso del suelo en el territorio nacional ha transformado significativamente el alcance, estructura y comprensión de la planificación espacial danesa (figura 1).

Como consecuencia de esta reforma, varias responsabilidades de planificación espacial han sido descentralizadas al nivel local, mientras que la planificación regional para el Gran Copenhague y otras funciones sectoriales han sido transferidas al nivel nacional. Además, la reciente abolición de los gobiernos de condado ha aumentado el riesgo de una planificación espacial descoordinada y ha disminuido coherencia entre las diversas instituciones e instrumentos de la política de suelo.

Países Bajos

Los Países Bajos tienen quizás la tradición más larga y conocida de planificación espacial nacional, y sus planes incluyen tanto políticas industriales como políticas espaciales detalladas (Needham 2012). Por varias décadas, los planes nacionales holandeses influyeron sobre la distribución de la población y las actividades del país. En las primeras décadas después de la Segunda Guerra Mundial, todos los niveles de gobierno —tanto nacional como provincial y municipal— tendieron a trabajar conjuntamente en la planificación espacial. En la década de 1990, sin embargo, comenzaron a distanciarse. En respuesta, el gobierno nacional aumentó su poder sobre los gobiernos locales (una forma de centralización) y al mismo tiempo redujo sus propias ambiciones de formular una estrategia espacial nacional (una forma de descentralización). La estrategia espacial nacional más reciente deja de lado expresamente algunas tareas de planificación llevadas a cabo anteriormente por el gobierno nacional.

Reino Unido

A comienzos del siglo XX, el Parlamento del Reino Unido renunció a su autoridad de planificación; en su lugar, los poderes de intervención, el desarrollo de nuevas viviendas estatales y la regulación del desarrollo de viviendas privadas se transfirieron a los gobiernos locales (Tewdwr-Jones 2012). En las décadas siguientes, el gobierno central volvió a adquirir nuevos poderes de planificación como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y el interés nacional por reconstruir las ciudades, la infraestructura y la economía. Desde 1945, el gobierno central ha retenido estos poderes, pero a su vez ha permitido que las autoridades locales vigilen la implementación del sistema de planificación.

Estos poderes han cambiado en forma drástica en los últimos 70 años. Después de 1999, la autonomía de Gales, Escocia e Irlanda del Norte fragmentó aún más el significado del término «nacional» en términos políticos y de planificación. En la década del 2000, el impulso hacia la planificación espacial regional en Inglaterra también volvió a equilibrar los temas de planificación nacionales hacia los intereses subnacionales. Como resultado de esta tendencia a la transferencia de poderes, descentralizadora, regionalista y localista de los últimos 20 años, es cada vez más cuestionable que el Reino Unido posea algo que se parezca a un sistema nacional de planificación, puesto que tanto ha cambiado espacialmente y en el ámbito de las instituciones y procesos políticos en distintas partes del país.

Irlanda

Irlanda es una de las pocas naciones europeas que no sigue la tendencia hacia la descentralización de la autoridad de planificación, en parte debido a que su sistema de planificación se ha descentralizado completamente (Grist 2012). Siguiendo en gran medida las pautas de la Unión Europea, Irlanda ha adoptado una serie de planes de desarrollo nacionales, de los cuales el más reciente es el Plan de Desarrollo Nacional 2007-2013. Basándose en las recomendaciones del plan nacional anterior, el Departamento de Medio Ambiente, Comunidad y Gobierno Local desarrolló en 2002 la Estrategia Espacial Nacional de Irlanda. Esta estrategia identificó cruces y centros geográficos críticos, y articuló planes para descentralizar la actividad económica desde Dublín al resto de la isla.

Luego de un período turbulento que vio el surgimiento y caída del Tigre Celta, al que se culpó en parte de las políticas laxas de planificación local relacionadas con un incentivo excesivo del desarrollo inmobiliario junto con corrupción política, el país está reconsiderando ahora dicha estrategia, fortaleciendo las pautas de desarrollo regional e imponiendo nuevos requisitos de coherencia sobre los gobiernos locales.

Bajo el nuevo régimen de planificación basado en la evidencia, los planes locales tienen que ajustarse mucho más a las pautas de planificación regional, y los planes locales tendrán límites en cuanto a la cantidad de desarrollo inmobiliario que puedan permitir. En la actualidad se está revisando el papel futuro de la Estrategia Espacial Nacional, mientras que el nuevo gobierno electo después del crash inmobiliario en Irlanda examina las políticas de planificación y desarrollo que predominaron durante la reciente burbuja inmobiliaria.

El gobierno federal y el uso del suelo en los Estados Unidos

El gobierno federal de los Estados Unidos, como la Unión Europea, no tiene la autoridad para planificar y administrar el uso del suelo, pero tiene una gran influencia sobre la ubicación y naturaleza de los patrones de desarrollo (Salkin 2012). Además de los miles de millones de dólares que asigna para infraestructura de transporte, servicios sociales, desarrollo y revitalización, el gobierno federal es dueño de más de 275 millones de hectáreas en todo el país. Las regulaciones federales también tienen una gran influencia. Las leyes de aire limpio y agua limpia, por ejemplo, no imponen por sí mismas restricciones al uso del suelo, pero al establecer metas para la calidad del aire ambiente y la carga de nutrientes en ríos, lagos y arroyos, influyen profundamente en los planes y regulaciones del uso del suelo y en los patrones de desarrollo inmobiliario de los gobiernos locales.

Más recientemente, la administración del presidente Barack Obama ha establecido un nuevo canal de influencia federal sobre la planificación y regulación del uso del suelo. Si bien el gobierno federal continúa absteniéndose de intervenir en forma directa en el uso del suelo local, el Secretario de Transporte, el Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano y la Agencia de Protección Ambiental han firmado un memorando de entendimiento que estableció la Sociedad de Comunidades Sostenibles. Para promover seis principios de las comunidades sostenibles, estas secretarías y agencias han lanzado una serie de programas nuevos de subvenciones, como las Subvenciones para la Planificación de Comunidades Sostenibles Regionales. Para poder acceder a esta subvención, los gobiernos locales tienen que formar consorcios interorganizacionales que incluyan a la Organización de Planificación Metropolitana (MPO por su siglas en inglés), la ciudad central, la mayoría de los gobiernos locales y representación de grupos cívicos y de defensa de los intereses medioambientales.

Si bien los propósitos explícitos de estas subvenciones novedosas incluyen la revitalización urbana, la protección ambiental, la justicia social y el desarrollo sostenible, un propósito igualmente importante es establecer nuevas relaciones interinstitucionales al promover una mayor inclusión y participación. La Planificación de Comunidades Sostenibles Regionales ha avanzado ahora en 74 áreas metropolitanas del país. Queda por ver, sin embargo, si los incentivos ofrecidos a los gobiernos locales para que se involucren en la planificación regional son suficientes para que participen en la implementación de planes regionales sin intervención adicional a nivel estatal.

Planes estatales y marcos de planificación estatal

Todos los estados habían establecido un marco para la planificación y regulación local en la década de 1920 y 1930, basándose en las leyes de planificación normalizada y zonificación preparadas por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. A pesar de las expectativas de un amplio cambio institucional, caracterizado por la «Revolución silenciosa» de hace más de 40 años, la mayoría de los estados se limitan a autorizar a los gobiernos locales a que planifiquen (Salkin 2012).

Otros, como Oregón, ordenan, revisan y aprueban planes locales (Seltzer 2012). Si los gobiernos locales no presentan planes que cumplen con las metas y pautas de uso del suelo del estado, el estado puede retener fondos de financiamiento o negar autorización para emitir permisos de edificación. Varias instituciones especializadas en el uso del suelo respaldan el sistema de planificación de Oregón, como son una comisión de planificación estatal, una corte de apelaciones de uso del suelo y un gobierno regional electo en forma directa. Aunque su estructura es simple, y es cuestionado frecuentemente en los tribunales y en las urnas, el sistema de Oregón tiene la reputación de ser uno de los más efectivos, si no el más efectivo sistema de uso del suelo en los Estados Unidos (Ingram et al. 2009).

California es uno de los estados que ha delegado una cantidad importante de autoridad para regular el uso del suelo a los gobiernos locales. Aun cuando los proyectos de desarrollo inmobiliario importantes tienen que pasar por un proceso complejo de mini Ley Nacional de Política Ambiental, y la Comisión Costera de California fuera una institución estatal innovadora en su época, la planificación local sigue siendo predominante. Pero en 2008 el estado adoptó una nueva y ambiciosa iniciativa para enfrentar el cambio climático: el proyecto de ley 375 del Senado, que exige a las organizaciones de planificación metropolitanas que desarrollen planes de transporte y de uso del suelo que cumplan con metas de emisión de gases de invernadero. La dificultad estriba en que son los gobiernos locales, no las organizaciones de planificación metropolitanas, los que tienen la autoridad sobre el uso del suelo en California. Las organizaciones de planificación metropolitanas y los gobiernos estatales están brindando incentivos a los gobiernos locales para adoptar planes compatibles con los planes metropolitanos, pero no está claro si la combinación de incentivos financieros y de otro tipo es suficiente para animar a los gobiernos locales a que sigan los planes de las organizaciones de planificación metropolitanas (Fulton 2012).

En el otro extremo, no son comunes en los Estados Unidos los planes que abarcan todo el estado. En respuesta a los requisitos federales, la mayoría de los estados tienen planes de transporte, y algunos tienen planes de desarrollo económico, planes para desarrollar la fuerza laboral o planes de acción climática, pero sólo cinco estados tienen planes estatales de desarrollo inmobiliario: Connecticut, Delaware, Maryland, Nueva Jersey y Rhode Island.

Nueva Jersey y Delaware tienen quizá los planes estatales más y menos conocidos, respectivamente. Nueva Jersey adoptó su Ley de Planificación Estatal en 1985, que exige que la comisión de planificación estatal desarrolle, adopte e implemente el Plan de Desarrollo y Revitalización del Estado de Nueva Jersey (Bierbaum 2012). El proceso de planificación incluyó un complejo procedimiento de aceptación conjunta para identificar y resolver las diferencias entre el gobierno estatal y los gobiernos locales. Desde su adopción, la influencia y atención recibida por el plan ha tenido altibajos a lo largo de las sucesivas administraciones estatales. Recientemente, la administración del Gobernador Chris Christie ha elaborado un plan estatal completamente nuevo, enfocado principalmente al desarrollo económico, pero sin el proceso de aceptación conjunta. La comisión de planificación estatal, sin embargo, no ha adoptado todavía dicho plan.

El plan de Delaware es mucho menos conocido y mucho menos controvertido que el plan de Nueva Jersey, y tanto el contenido como el proceso son menos complejos (Lewis 2012). El plan de Delaware comprende cinco designaciones de suelo generales (figura 2). El incentivo de cumplimiento por parte de los gobiernos locales recae en la coordinación estatal-local y se apoya en la amenaza de retener el financiamiento de infraestructura (sobre el cual el estado tiene una participación significativa). Como el estado no comenzó a recabar datos de seguimiento sobre los patrones del desarrollo inmobiliario hasta 2008, y no mantiene datos espaciales sobre los gastos estatales, es difícil discernir el impacto de esta estrategia sobre el desarrollo y la coherencia entre los gastos estatales y el mapa estatal de planificación.

Maryland es el único estado que está a la altura de California y Oregón en su adopción de estrategias nuevas y ambiciosas de planificación, que se asientan en su larga tradición de liderazgo en el uso del suelo y políticas medioambientales (Knaap 2012). Maryland estableció su primera comisión de planificación estatal en 1933 y apareció en la escena nacional en 1997, cuando adoptó su revolucionaria Ley de Crecimiento Inteligente y Conservación de Barrios. Desde 1997, el factor más importante de la estrategia de Maryland ha sido el uso de inversiones estatales para brindar incentivos al crecimiento inteligente. Mucho antes de que alguien pronunciara las palabras «crecimiento inteligente» en Maryland, sin embargo, el estado ya había adoptado en 1959 legislación que requería al Departamento de Planificación de Maryland que elaborara y adoptara un plan de desarrollo estatal. Más de 50 años después, la administración del Gobernador Martin O’Malley cumplió finalmente con dicho requisito.

El 19 de diciembre de 2011, el Gobernador O’Malley firmó el PlanMaryland, el primer plan de desarrollo estatal nuevo en muchos años en los Estados Unidos (figura 3). Pero a diferencia de los planes estatales de Nueva Jersey o Delaware, el plan de Maryland es más procedimental que sustantivo. Específicamente, establece seis categorías de designación de planes y, siguiendo una larga tradición en Maryland, permite a los gobiernos locales asignar suelo para cualquiera de estos usos designados. Las agencias estatales destinarían entonces fondos del programa para cada una de estas áreas. Desde que el plan fue firmado, las agencias estatales han estado desarrollando y perfeccionando los planes de implementación, y los gobiernos locales han comenzado sólo recientemente a presentar planes para su certificación estatal.

Conclusión

Los marcos de uso del suelo y planificación espacial varían mucho a lo largo de Europa y los Estados Unidos. A ambos lados del Atlántico, los gobiernos locales cargan con la mayor parte de las responsabilidades, sobre todo en lo que se refiere a la comunidad, los barrios y los detalles específicos de cada sitio. Pero el papel de las regiones, los estados y las naciones sigue siendo importante.

En contraposición con su reputación en los Estados Unidos, la planificación en muchas naciones europeas se ha descentralizado en gran medida. Pocas naciones europeas cuentan con planes nacionales integrales que guían las inversiones nacionales y las regulaciones sobre el uso del suelo. De hecho, la planificación en Europa, si bien mucho más integradora de detalles sectoriales que en los Estados Unidos, comparte muchas características en su política con su contraparte en los Estados Unidos. Una excepción interesante es Irlanda, que continúa expandiendo el papel del gobierno nacional y los gobiernos regionales, parcialmente como respuesta al período reciente de extrema descentralización de planificación que no tuvo en cuenta ni implementó la estrategia nacional. Irlanda es también uno de los pocos países que se adhiere a los principios amplios de planificación espacial formalmente adoptados por la Unión Europea.

En los Estados Unidos, ni la planificación estatal del desarrollo inmobiliario ni la aprobación estatal de planes locales son prácticas que estén creciendo con rapidez. En efecto, a pesar del éxito demostrado por el programa de Oregón y del creciente reconocimiento de la necesidad de integración horizontal y vertical de políticas, la planificación del uso del suelo en los Estados Unidos sigue siendo un asunto marcadamente local. Si bien tanto el estado de California como el gobierno federal están proporcionando incentivos financieros para la coordinación intergubernamental y la planificación a escala metropolitana, no está nada claro si únicamente con incentivos se podrán lograr los cambios necesarios en los planes y regulaciones locales para generar ajustes significativos en el consumo de suelo, el comportamiento del tráfico y el acceso a oportunidades.

Hacen falta nuevos enfoques para que las ciudades y áreas metropolitanas sean más productivas, equitativas y ecológicamente sostenibles a la luz de los desafíos que se nos presentan en el futuro. Si estos problemas no se pueden resolver adecuadamente, es posible que otros tipos de experimentos de reforma de planificación institucional se hagan más comunes en muchos países.

Sobre los autores

Gerrit Knaap es profesor de Estudios urbanos y planificación, director del Centro Nacional de Crecimiento Inteligente y vicedecano de la Escuela de Arquitectura, Planificación y Preservación de la Universidad de Maryland.

Zorica Nedovic-Budic es profesora de Planificación espacial y sistemas de información geográfica (SIG) en la Escuela de Geografía, Planificación y Política Medioambiental de University College, Dublín.

Referencias

Ministerio del Medio Ambiente de Dinamarca. 2006. The 2006 national planning report–In brief. Copenhagen. http://www.sns.dk/udgivelser/2006/87-7279-728-2/html/default_eng.htm

Comisión Europea. 1997. The EU compendium of spatial planning systems and policies. Luxemburgo: Office for Official Publications of the European Communities.

Faludi, Andreas. 2002. European spatial planning. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.

Ingram, Gregory K., Armando Carbonell, Yu-Hung Hong y Anthony Flint. 2009. Smart growth policies: An evaluation of programs and outcomes. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.