En el barrio de Carondelet en St. Louis, donde los astilleros que alguna vez estuvieron ocupados dieron paso a espacios vacíos y abandonados durante las últimas décadas del siglo XX, una compañía global de minerales especializados está construyendo una fábrica de US$ 400 millones para producir baterías de alta eficiencia para el almacenamiento de energía.

Recientemente, se levantó una nueva fábrica en medio de las acerías y las minas de carbón cerradas de Weirton, Virginia Occidental, construida por un fabricante diferente cuya tecnología de baterías consiste en mezclar partículas de hierro y aire.

Y en Schenectady, Nueva York, donde la producción de luces, electrodomésticos y motores eléctricos por parte de la compañía General Electric (GE) de Thomas Edison estimuló un auge económico que comenzó a fines del siglo XIX y se había desvanecido a mediados del siglo XX, la primera de una clase de turbinas eólicas terrestres súper altas y de alta eficiencia recientemente salió de una línea de ensamblaje prístina en una nueva planta de GE.

“Es un beneficio mutuo para el medio ambiente y la fuerza de trabajo local”, dijo el asambleísta del estado de Nueva York, Angelo Santabarbara, en un video de TikTok grabado fuera de la planta, que llegará a emplear a 200 personas, incluida la mano de obra calificada del sindicato. El resultado final, dijo, será “un futuro energético más asequible, confiable, sostenible y seguro”.

Todos estos proyectos y docenas más en todo el país son manifestaciones de una nueva política industrial federal basada en el lugar, impulsada por más de US$1 billón en créditos fiscales y subvenciones en virtud de la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura, el Plan de Rescate Estadounidense, la Ley de CHIPS y Ciencia, y sobre todo, lo que en esencia es una legislación de acción climática radical, la Ley de Reducción de la Inflación.

Ante la necesidad urgente de fabricar los componentes de la transición a energía limpia (vehículos eléctricos, baterías y almacenamiento de energía, equipos para estaciones de carga, turbinas eólicas, paneles solares y muchas otras piezas de la transición sin combustibles fósiles, como líneas eléctricas de fibra de carbono de alta capacidad para reforzar la red eléctrica sobrecargada del país), la administración de Biden ha tomado varias decisiones estratégicas.

En primer lugar, la Casa Blanca declaró que los Estados Unidos no debería ceder toda esta industria avanzada a China, que es el actual líder mundial en la producción de equipos eólicos y solares y vehículos eléctricos baratos. Y si estos artículos se van a fabricar en los Estados Unidos, según dicen los funcionarios de la administración, debería suceder en antiguas ciudades industriales y condados empobrecidos: los “lugares donde la oportunidad se ha ido”, como dijo el asesor climático de la Casa Blanca, Ali Zaidi, en una conferencia de la Universidad de Columbia el otoño pasado.

Desde que el presidente Biden asumió el cargo, las empresas han anunciado más de US$250.000 millones en inversiones privadas, una cantidad sin precedentes, para fabricar “las tuercas y los tornillos de la energía limpia”, dijo Ben Beachy, asistente especial del presidente para Política Climática, Sector Industrial e Inversión Comunitaria. “La administración se compromete a garantizar que las comunidades y los trabajadores más afectados cosechen las recompensas de este auge, incluidas las comunidades desindustrializadas”, dijo Beachy.

Los dirigentes de las antiguas ciudades industriales, que han estado luchando con la pérdida de producción y población durante décadas, dicen que reciben el impulso con gratitud. Muchos perciben algo poético sobre el reemplazo de procesos de fabricación altamente contaminantes de hace un siglo por una industria que funciona de manera sostenible y que produce equipos que ayudarán a reducir las emisiones de combustibles fósiles. El pivote, tanto cultural como en relación con el desarrollo económico, ya está llevando a algunos a llamar el Medio Oeste y el Sureste el “cinturón de baterías”.

“Ciudades como la nuestra han crecido en base a la innovación energética, pero eso tuvo un precio”, dijo Paige Cognetti, alcaldesa de Scranton, Pensilvania, una ciudad conocida desde principios del siglo XX por sus industrias de carbón y electricidad que generaban hollín. Cognetti cita las raíces de Biden en la ciudad de clase obrera como factor en la iniciativa para ayudar a las antiguas ciudades industriales a participar en la transición a la energía limpia: “Creo que entiende que son necesarias grandes inversiones para preparar regiones para el éxito económico y la resiliencia ante el cambio climático”.

Sin embargo, quedan muchas preguntas sobre la implementación, entre ellas, si las regiones económicamente empobrecidas pueden hacer aparecer, por arte de magia, el ecosistema necesario para apoyar a la nueva industria: primero que todo, una fuerza laboral capacitada, pero también otros elementos como infraestructura, viviendas e instituciones cívicas y de educación superior activas para proporcionar no solo capacitación sino también investigación y desarrollo.

Además, la enorme cantidad de inversión federal que fluye de Washington requerirá una gran capacidad administrativa a nivel estatal y local para descubrir las oportunidades, gestionar las transacciones, y cumplir con las normas y regulaciones.

Por último, se espera que los problemas de uso del suelo compliquen el esfuerzo. La cantidad de espacio que necesitan muchas de las empresas privadas, en particular, para construir vehículos eléctricos, es tal que los mejores sitios se encuentran en la periferia de las ciudades que requiere un desarrollo totalmente nuevo, en lugar de en el núcleo urbano. El redesarrollo en terrenos urbanos vacíos es posible, pero la reutilización adaptativa y la regeneración de terrenos abandonados implica un importante aumento de los costos.

Los desafíos son muy reales, pero también lo es la oportunidad. Si bien el gasto federal de la IRA podría verse interrumpido con un cambio en las administraciones, la derogación requeriría una acción del Congreso. Mientras tanto, miles de millones de dólares en fondos federales han comenzado a fluir de las primeras inversiones de esa ley. Los gobiernos locales, regionales y estatales y sus socios deben estar listos con planes reflexivos y viables para su implementación, dijo Peter Colohan, director de Estrategias Federales del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo.

“El dinero y los incentivos que salen del gobierno a un ritmo acelerado están haciendo que la inversión privada sea irresistible: en energía limpia, soluciones climáticas basadas en la naturaleza y fabricación avanzada”, dijo. Añadió que los problemas del uso del suelo y la equidad surgirán con regularidad, lo que demandará que los gobiernos estatales y locales, las organizaciones filantrópicas y las organizaciones sin fines de lucro ayuden a “crear círculos virtuosos de inversión comunitaria y evitar daños no deseados”.

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La historia de los subsidios en la manufactura estadounidense tiene algunas complicaciones, pero en última instancia, el gobierno ha apoyado a la industria de una forma u otra durante más de dos siglos. Desde los primeros molinos de harina a fines del siglo XVIII hasta el advenimiento de la línea de ensamblaje automotriz, la fabricación en los Estados Unidos satisfizo una necesidad del mercado de bienes y suministros que fue impulsada en gran medida por el espíritu empresarial individual, aunque en general fue recibida con los brazos abiertos por funcionarios locales felices de asegurarse de que las transacciones de tierras, por ejemplo, se realizarán sin problemas para establecer fábricas y viviendas de trabajadores cercanas.

Durante esa primera era de crecimiento industrial, el gobierno también intervino para proporcionar la infraestructura necesaria para apoyar el comercio, desde una red ferroviaria nacional hasta puertos y canales. Las fábricas solían ubicarse bien cerca de los límites de la ciudad, ya que su acceso a las vías fluviales y las líneas ferroviarias hacía que fuera bastante fácil llevar los productos al mercado, tanto el nacional como el extranjero. La huella física de este crecimiento en las ciudades de los Estados Unidos fue transformadora, con estructuras de muchos pisos que se extendían por varias cuadras construidas para emplear a 10.000 trabajadores o más, y una densidad adyacente de viviendas y servicios.

La Segunda Guerra Mundial orientó el poderío industrial de la nación hacia la construcción de tanques y aviones para los militares, y comenzó una tradición de gastos en defensa descentralizados, con contratistas que se establecieron en los distritos del Congreso que se aseguraron de que los fondos del Pentágono siguieran fluyendo. La Ley de Carreteras Interestatales de 1959 fue otra importante fuente de inversión federal para las ciudades, impulsada por el argumento de que se necesitaba una infraestructura de autopistas nueva para el rápido movimiento de mercancías.

Cuando las economías de Japón y Europa se reactivaron en las décadas posteriores a la guerra, la fabricación en las ciudades del Cinturón del Óxido fue disminuyendo de forma gradual. Desde la década de 1950 hasta la década de 1970, las empresas privadas fueron aprovechando cada vez más la mano de obra más barata del extranjero, y la automatización tecnológica en la producción y la distribución redujo aún más la nómina. Así comenzó el declive de las ciudades que supieron ser prósperas en una franja que abarcaba desde el río Mississippi hasta el noreste, desde St. Louis hasta Cleveland, Allentown hasta Hartford.

La avalancha de cierres de fábricas durante la década de 1970 fue devastadora, dijo Alan Mallach, coautor de Regenerating America’s Legacy Cities (La regeneración de las antiguas ciudades industriales de los Estados Unidos), un informe de enfoque político publicado por el Instituto Lincoln. “Comience con la propuesta de que, en la década de 1950 y principios de la década de 1960, la mitad de todos los empleos en ciudades como Cleveland o Youngstown se concentraban en la manufactura, y luego tenga en cuenta que la mayoría de los empleos minoristas y de servicios tenían el soporte de salarios que ganaban los trabajadores de las fábricas, hay que calcular que del 70 al 80 por ciento de las economías locales en estas ciudades se basaban en su sector de manufactura. Así que ‘condenado’ puede ser un poco fuerte, pero se acerca”.

Agregue el fenómeno de la fuga blanca en el que los residentes blancos se movían en masa desde las áreas urbanas del centro hasta los suburbios, y lo que es notable es que las antiguas ciudades industriales sobrevivieron de cualquier modo, dijo Mallach. Dice que, con un entorno urbano físico y un tejido social y económico que atravesaba un cambio drástico, “gran parte del crédito se atribuye a las miles de familias negras de clase obrera y clase media que se mudaron a los barrios desocupados por familias blancas y los estabilizaron durante las próximas décadas”.

Durante el último medio siglo, ciertos tipos de manufactura continuaron siendo apoyados ad hoc por el gobierno de los Estados Unidos, en forma de aranceles selectivos, impuestos a competidores extranjeros para beneficiar al acero fabricado en los Estados Unidos, por ejemplo, o rescates directos, como los que gozó la industria automotriz después de la Gran Recesión. Mientras tanto, las empresas de tecnología, incluida Amazon, han recibido con frecuencia un tratamiento de alfombra roja que implica importantes exenciones fiscales y otros incentivos, dado que los dirigentes locales compiten para que las empresas se establezcan en su ciudad o pueblo.

En particular, es el sector energético el que se ha beneficiado de la historia de subsidios más larga y sólida, desde los incentivos federales por el agotamiento de los pozos de petróleo en la década de 1920 hasta las exenciones fiscales y los subsidios hasta el día de hoy, que se estiman, en base a un cálculo prudente, en US$20.000 millones al año para productores de carbón, gas natural y petróleo crudo.

Ahora que los combustibles fósiles están listos para el reemplazo por energías renovables, incluidas la eólica, la solar y la hidroeléctrica, la Casa Blanca está tratando de ejecutar el equivalente a una jugada de billar a tres bandas: combatir el cambio climático impulsando una transición sin combustibles fósiles, fabricar componentes y sistemas de energía limpia en los Estados Unidos y restaurar empleos en lugares con dificultades.

“No lograremos nuestros objetivos climáticos sin movilizar billones de dólares en apoyo de la acción climática. Con una guía adecuada, esa ola de inversiones puede fluir hacia buenos empleos sindicalizados”, dijo Beachy, de la oficina federal de Política Climática. “Con una guía adecuada, puede fluir hacia las comunidades que han soportado décadas de desinversión. Nuestra estrategia climática es una estrategia de trabajo, es una estrategia de equidad. Esa es la lógica básica”.

Para una iniciativa que ha estado operando relativamente bajo el radar, el enfoque basado en el lugar parece haber tenido un buen comienzo. Según dos bases de datos del gobierno federal, en el Departamento de Energía y el inventario Invirtiendo en Estados Unidos de la Casa Blanca, se estima que 700 proyectos de energía limpia ya están en curso o en proceso, en sectores que incluyen los siguientes:

• Baterías y materiales: las baterías de alto rendimiento son muy demandadas por los vehículos eléctricos cada vez más populares, incluido el Ford F150. El almacenamiento de energía es una gran necesidad en la red de energía limpia para extender y preservar la energía proporcionada por las energías renovables. Impulsadas por la innovación, las fábricas de baterías y las instalaciones de minerales críticos están surgiendo en Michigan (Our Next Energy), Georgia (Anovion Tech, SK Battery), Carolina del Norte (Albemarle Corp.) y Mississippi, donde una nueva iniciativa conjunta de baterías de camiones creará más de 2.000 empleos, más que cualquier inversión individual que se haya realizado en el estado.
• Vehículos eléctricos: dada la ventaja de los fabricantes de vehículos eléctricos con sólidos subsidios en China, así como la posición competitiva de la empresa pionera Tesla, la expansión de la producción en los Estados Unidos se ha detenido. Los funcionarios de la administración dicen que hay una creciente demanda, ayudados por el crédito fiscal de US$7.500 que las personas pueden reclamar al momento de la compra; desde la aprobación de la IRA en 2022, hubo un récord de 1,46 millones de ventas de vehículos limpios para pasajeros, según el Departamento del Tesoro. Además de las nuevas plantas de vehículos eléctricos, como la de Rivian en Illinois, hay miles de millones disponibles para remodelar las instalaciones de fabricación de automóviles existentes y fomentar la fabricación y el despliegue de la importante red de estaciones de carga, cuya presencia está a punto de ser tan generalizada como la de las estaciones de servicio.
• Viento: una vez más, China es el principal productor de turbinas eólicas, con el 60 por ciento de la capacidad de producción mundial. Pero las empresas estadounidenses, como GE Vernova en Schenectady, están avanzando en el desarrollo de torres, aspas e infraestructura asociada más eficaces y eficientes para mejorar la conectividad a la red. Las innovaciones tecnológicas también están abriendo nuevas posibilidades, como turbinas sin aspas menos costosas que capturan los vientos dominantes o giran para capturar el viento desde diferentes direcciones.
• Solar: la fuente de energía de más rápido crecimiento del mundo es otro desafío complejo, ya que los paneles solares más baratos continúan fabricándose en China y, de hecho, las siete principales compañías solares chinas proporcionaron recientemente más energía al mundo que las compañías petroleras, según Bloomberg. Pero algunos destacados han tenido éxito, en particular, es poético en lugares que solían producir carbón o manufacturas pesadas. En Farmington, Nuevo México, se está construyendo una granja solar cerca de una planta de energía a carbón y una mina desmanteladas. Al igual que con la tecnología eólica, la energía solar está evolucionando con rapidez; una empresa ha desarrollado esferas de cristal que captan el sol y que ocuparían una fracción del espacio que ahora se requiere para los paneles.
• Otros apoyos auxiliares: varios programas bajo la IRA están brindando apoyo general a la nueva industria mediante la mejora de carreteras, puentes, aeropuertos y sistemas de agua potable, con mejoras notables en las obras en Milwaukee, Buffalo y Allentown. La Casa Blanca también tiene la intención de reforzar la cadena de suministro de materiales como el aluminio, que es fundamental en los paneles solares, los vehículos eléctricos y las líneas eléctricas, y asegurarse de que la producción de esos materiales sea menos contaminante. Por ejemplo, Century Aluminum está recibiendo fondos del Departamento de Energía para un proyecto de US$3.900 millones para construir una nueva planta de fundición de aluminio primario limpia en la cuenca del río Mississippi.

Es difícil exagerar el volumen sin precedentes de apoyo federal para estos esfuerzos. Hacer un seguimiento de los fondos disponibles y hacia dónde se dirigen se ha convertido en una industria artesanal. En parte porque el principal instrumento es el crédito fiscal, el costo final para el presupuesto federal depende de la cantidad de empresas privadas que colaboran con las regiones locales en los proyectos (así como de los hogares individuales que aprovechan los descuentos para los vehículos eléctricos, la eficiencia energética y los sistemas respetuosos con el clima, como las bombas de calor para climas cálidos y fríos).

La cifra de referencia compartida por la administración Biden fue que la IRA, un programa plurianual, proporcionaría al menos US$370.000 millones para la transición hacia la energía limpia, en gastos y créditos fiscales. La Brookings Institution estima que US$780.000 millones podrían estar circulando por la economía estadounidense para 2031, mientras que Goldman Sachs calcula el monto potencial total en US$1,2 billones.

“Es un momento político extraordinario”, dijo Mark Muro, miembro sénior de Brookings, quien fue coautor de un informe que enumera unos 70 condados en dificultades que ya han recibido algún tipo de inversión. “Esta es una estrategia industrial nueva, moderna y claramente estadounidense, que reequilibra la economía. Esto traerá esperanza y actividad económica genuina a lugares que no han tenido eso durante años”.

Los partidarios señalan docenas de inauguraciones de plantas que ya han ocurrido, parte de lo que comparan con los fabricantes que se presentaron para el esfuerzo de guerra hace más de 80 años, como una especie de movilización nacional patriótica simbolizada por Rosie, la remachadora, que flexiona el bíceps y proclama: “Podemos hacerlo”.

De dónde proviene el financiamiento

En teoría, la administración de Biden ha puesto a disposición más de US$3,6 billones en fondos federales para infraestructura, fabricación y resiliencia comunitaria desde 2021, incluidos cientos de miles de millones para apoyar la transición sin combustibles fósiles (Carey y Shepard 2022). En la actualidad, solo se ha distribuido una fracción del compromiso de gasto plurianual.

Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por su sigla en inglés): La característica principal de esta ley de casi US$500.000 millones firmada por el presidente Biden en 2022, además de las medidas para frenar la inflación, como la reducción del déficit presupuestario federal y la reducción de los precios de los medicamentos recetados, es una inversión sin precedentes en energía limpia para combatir el cambio climático. La IRA, un plan de gastos plurianual basado en gran medida en créditos fiscales, podría tener un costo total de US$1 billón, según algunas estimaciones.

Ley de CHIPS y Ciencia (CHIPS): También promulgada en 2022, la Ley de Creación de Incentivos Útiles para Producir Semiconductores (CHIPS, por su sigla en inglés) y Ciencia tiene la intención de volver a fabricar microchips en los Estados Unidos después de décadas de fabricación de semiconductores en el extranjero, en su mayoría, en China. Se están destinando alrededor de US$60.000 millones para fortalecer la fabricación estadounidense, las cadenas de suministro y la seguridad nacional, e invertir en investigación y desarrollo para la industria de alta tecnología, incluida la nanotecnología, la energía limpia, la computación cuántica y la inteligencia artificial.

Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura (IIJA, por su sigla en inglés, también conocida como la Ley de Infraestructura Bipartidista): Esta ley autoriza US$1,2 billones en gastos que incluyen alrededor de US$550.000 millones en fondos para carreteras y puentes de los Estados Unidos, infraestructura de agua, Internet y más. La Casa Blanca describe la legislación, promulgada en 2021, como un impulso a la competitividad de los Estados Unidos que creará empleos y “hará que nuestra economía sea más sostenible, resiliente y justa”.

Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, por su sigla en inglés): Este paquete de estímulo nacional de US$1,9 billones, aprobado por el Congreso y firmado por el presidente Biden, incluyó US$30.500 millones en fondos federales para apoyar los sistemas de transporte público de la nación y otras inversiones de capital. La legislación, promulgada en 2021, fue en gran medida una respuesta a la perturbación económica causada por la pandemia de la COVID.

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Aunque la generosidad federal es bienvenida, algunos se preguntan si una sola fábrica en verdad puede lograr reducir los problemas de la pobreza profundamente arraigada, las escuelas de bajo rendimiento, las propiedades vacantes y el crimen persistente que han hecho metástasis durante décadas en las antiguas ciudades industriales.

“La reindustrialización en torno a la energía limpia y la tecnología es algo bueno hasta donde llega, pero no creo que vaya tan lejos como sus impulsores parecen creer”, dijo Mallach. Hay una gran carga que superar. El renacimiento en lugares como Cleveland o St. Louis ha sido desigual. Algunas antiguas ciudades industriales más pequeñas han tenido problemas en parte debido a la falta de instituciones cívicas sólidas e instituciones de educación y salud, las instituciones ancla sin fines de lucro que brindan empleo e innovación.

La ciudad industrial tradicional se sustentaba en una especie de fábrica que ya casi no existe: instalaciones con grandes huellas y que emplean a 10.000 personas o más. Esa configuración no se reemplaza con facilidad, dijo Mallach. La nueva fabricación requiere mucha menos mano de obra.

Como ejemplo, citó una nueva fábrica de acero en Youngstown, Vallourec Star, que reemplazó una instalación anterior. “Puede que produzca más que el antiguo molino, pero lo hace con 700 a 800 trabajadores, no con 10.000 a 15.000. Y la mayoría de esos trabajadores se sientan frente a consolas y operan maquinaria y robots, lo que, por supuesto, significa que necesitan un nivel significativo de conocimiento informático. Ahora, 700 puestos de trabajo son importantes, pero es una gota en el mar en comparación con lo que se ha perdido”, dijo Mallach.

Otros tienen preocupaciones a un nivel político más alto, ya que expresan dudas sobre la capacidad del gobierno para elegir ganadores y perdedores en los mercados privados, y recuerdan el fracaso de la empresa de energía solar Solyndra durante la administración de Obama. Algunas empresas emergentes no funcionan. Es posible que los mineros del carbón no puedan pasar a ser electricistas en una fábrica de turbinas eólicas. El fabricante de vehículos eléctricos, Rivian, ya tuvo que detener la construcción de una planta de 1 millón de metros cuadrados en Georgia debido a pérdidas financieras a la vez que la compañía intenta aumentar la producción.

“Creo que debería haber un criterio bastante exigente para justificar” el apoyo del gobierno a la industria privada, dijo Colin Grabow, director asociado del Cato Institute. “Si hay alguna necesidad que el mercado no está satisfaciendo, el gobierno podría intervenir”, dijo, o si hay problemas de seguridad nacional en juego, como es el caso de los microprocesadores.

Pero Grabow también cuestiona la política industrial emergente en términos prácticos, y plantea que el mundo debería tener acceso a la energía limpia más barata posible, ya sea hecha en los Estados Unidos o no.

“Si el objetivo primordial dice: ‘oye, nos enfrentamos a una emergencia planetaria y tenemos que hacer esta transición’, . . . si los chinos quieren darnos vehículos eléctricos y celdas solares baratos y todo lo demás, entonces eso debería ser bienvenido. La economía y el empleo deberían pasar a un segundo plano”, dijo. Aun así, los partidarios argumentan que, si alguna vez hubo un momento para impulsar la transición hacia la energía limpia, es ahora, ya que básicamente el futuro del planeta está en juego. Muchos lamentan un patrón que se percibe en el que el sector de la energía limpia se está examinando y cuestionando sin razón, a la luz de la historia del gobierno de apoyar con tanto empeño a otras industrias.

Dirigir las fábricas hacia regiones postindustriales se considera una medida apropiada para abordar las desigualdades económicas, en especial en aquellos lugares que, a fin de cuentas, se vieron perjudicados por los impactos medioambientales y de salud de la minería del carbón u otras industrias altamente contaminantes.

“Lidiar con el cambio climático también ofrece una oportunidad real de enfrentar la desigualdad que afecta a nuestro país”, dijo Bill McKibben, profesor de Middlebury College y fundador de las organizaciones de acción climática 350.org y Third Act. La administración Biden “ha estado colocando fábricas en lugares en base a necesidades reales”.

Hasta ahora, los fondos federales para apoyar la fabricación de energía limpia hecha en los Estados Unidos se destinan a los estados azules y rojos por igual y, de hecho, un análisis de Politico mostró que la mayoría de los proyectos se encuentran en estados rojos.

“Queremos ser capaces de producir energía limpia en todos los rincones del país. Estados azules, estados rojos, en realidad ayuda a ahorrar dinero a la gente, así que todo se trata de lo verde”, dijo la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, a los periodistas en una sesión informativa de la Casa Blanca el año pasado cuando explicó cómo los distritos republicanos estaban utilizando las inversiones en energía limpia.

Sin embargo, quedan al menos tres desafíos principales para que la implementación de la política industrial basada en el lugar tenga éxito. El primero es la capacidad de los gobiernos estatales y locales para aprovechar todos los fondos y programas que se han puesto a disposición con mucha rapidez.

Los estados y municipios están luchando para postularse para docenas de nuevos programas a fin de aprovechar los créditos y reembolsos fiscales, lo que requiere un amplio conocimiento de las reglas de otorgamiento de subvenciones y cumplimiento. La administración ha tratado de hacer que el proceso sea lo más fácil posible para el usuario y ha establecido el “pago directo”, que extiende la elegibilidad para recibir fondos a organizaciones sin fines de lucro y municipios, por primera vez. “Si calificas, obtienes un cheque”, dijo el asesor sénior de la Casa Blanca, John Podesta, a los funcionarios estatales y locales en la reunión de invierno de la Conferencia de Alcaldes de los EE. UU. en enero en Washington D. C. “Esperamos que sean evangelistas” en la difusión de la palabra, agregó.

A pesar del esfuerzo, seis de cada diez alcaldes dijeron en una encuesta realizada por la Initiative on Cities (Iniciativa de Ciudades) de la Universidad de Boston que las complejidades burocráticas estaban entorpeciendo el proceso, e hicieron referencia a un “desafiante proceso de solicitud de subvenciones y la falta de familiaridad del público con sus detalles”.

Algunos estados como Illinois y Nevada han establecido oficinas para asegurarse de que los fondos federales se utilicen de manera eficiente y efectiva. Recientemente, Massachusetts también hizo algo similar, para ayudar a informar a las comunidades en dificultades sobre las oportunidades de financiamiento federal que pueden ayudar a fomentar el interés de la inversión privada. Randall Woodfin, el alcalde de Birmingham, Alabama, estableció un “centro de mando” para realizar un seguimiento de las solicitudes y los plazos.

Otro obstáculo más complicado es la necesidad de apoyar las fábricas nuevas con un ecosistema que incluya la capacitación de la fuerza laboral, el cuidado de niños y el importante compromiso de las instituciones sin fines de lucro, cívicas y de educación superior. Y eso, a su vez, guiará las decisiones de uso del suelo que desbloquearán la actividad económica de manera equitativa, dijo Bruce J. Katz, director del Nowak Metro Finance Lab (Laboratorio de Finanzas Metropolitanas de Nowak) en la Universidad Drexel.

“Es una transición notable. Es extraordinaria. Pero la ubicación es importante”, dijo Katz, quien también es cofundador de New Localism Advisors, que busca ayudar a las ciudades a diseñar, financiar y ofrecer iniciativas transformadoras que promuevan el crecimiento inclusivo y sostenible. “El diablo está en los detalles cuando se trata del lugar donde se encuentran las grandes plantas, y todas estas piezas del rompecabezas deben unirse, ya sea la cadena de suministro, los efectos secundarios, o la preparación de la fuerza de trabajo”.

El país “tiende a tener una perspectiva del mundo en la que se invierte primero y se planifica después”, dijo, lo que lleva a un sistema con un alto nivel de descentralización. “Abrimos el grifo y la inversión corporativa está allí lista. Bueno, las ciudades deben tener los sitios listos”.

Además de determinar las ubicaciones adecuadas, agrega Amy Cotter, directora de Sostenibilidad Urbana en el Instituto Lincoln, “las ciudades van a necesitar tener una intención concreta sobre la planificación de una industria nueva en coordinación con la resiliencia y la inclusión”. El planeamiento urbano reflexivo, señala, “puede dar lugar a una industria limpia en un ecosistema de apoyo que mejore la prosperidad equitativa tanto para los residentes antiguos como para los nuevos”.

Varios gobiernos estatales y locales están sentando las bases para este auge. En Pensilvania, el gobernador Josh Shapiro estableció una iniciativa de US$500 millones para garantizar que los sitios comerciales e industriales estén listos para el desarrollo. West Virginia Northern Community College prometió establecer cursos y pasantías para preparar a los estudiantes para trabajos en Boston Metal, un fabricante de aleaciones de energía limpia.

Los avances tecnológicos ayudarán. La inteligencia artificial puede impulsar una variedad de instituciones de educación superior, grandes o pequeñas, para brindar apoyo a la investigación y el desarrollo a las incipientes industrias de energía limpia. “No hay duda de que las universidades y los ecosistemas de investigación pueden apoyar e informar la fabricación de energía limpia, y la IA puede ser un gran factor en el descubrimiento, la innovación y la ampliación”, dijo John Werner, director de innovación de MIT Connection Science, un programa interdisciplinario que facilita las redes de emprendedores.

Muro, de Brookings, dijo que el desarrollo y la capacitación de la fuerza de trabajo es clave para conseguir empleados que quizás no tienen un título universitario, que buscan medios de vida satisfactorios y gratificantes que son una mejora frente a la pesada rutina de la era de los combustibles fósiles. “No es el trabajo de fábrica de tu abuelo”, dice.

Nada al respecto será particularmente fácil. Tratar de cultivar un ecosistema de apoyo “no es apto para cardíacos”, dijo Muro. “Recursos, transporte, servicios integrales, apoyo para turnos de medianoche, cuidado de niños. . . . Hay mucho con lo que luchar en esta transición ”. Aun así, dice, el momento no tiene precedentes y es realmente prometedor: “Algunas antiguas ciudades industriales harán un gran trabajo y algunas tendrán dificultades, pero al menos serán parte y tendrán esta oportunidad”.

Anthony Flint es miembro sénior del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, conduce el ciclo de pódcasts  Land Matters y es editor colaborador de Land Lines.

As the 39th mayor of Providence, Rhode Island, Brett Smiley is addressing public safety, affordable housing, education, and climate resilience. Before being elected mayor in 2022, Smiley—who was born and raised in the Chicago area and moved to Rhode Island to work in politics in 2006—was head of the state Department of Administration, chief operating officer of Providence, and chief of staff for former Rhode Island Governor Gina Raimondo.

With a population of about 191,000, Providence is the third-largest city in New England after Boston and Worcester, Massachusetts. Once home to extensive manufacturing and mills, the city in recent years became known for embracing New Urbanism, historic preservation, and adaptive reuse, and for culinary, cultural, and arts innovations. The Congress for the New Urbanism is returning to Providence in the summer of 2025 for its annual summit.

Smiley sat for an interview with senior fellow Anthony Flint this spring at City Hall. Their conversation, which has been edited for length and clarity, is available as a Land Matters podcast.

Anthony Flint: The narrative arc of Providence over the last 30 years has been remarkable: a second city brought out of economic doldrums by dismantling highways and daylighting rivers and paying attention to urban design. Now there are concerns about affordability, beginning with housing. Where does the city go from here?

Brett Smiley: I appreciate you mentioning the remarkable progress that the city has made. We’ve come a long way, and while many postindustrial cities continue to struggle, Providence is on an entirely different trajectory. Through the pandemic, we had an influx of people wanting urban amenities, wanting arts and culture and diversity and walkability, but with a little bit less work than it is to live in Manhattan or Brooklyn, certainly less expensive than living in those places or in Boston.

One of our competitive points is that we were less expensive. But we’ve not kept pace with building, and as a result, housing prices are skyrocketing. We are on the top five list of net inflow migration, but 50 out of 50 for new housing starts. Our task is to make it easier to build more densely, and to do so in the context of the world in which we find ourselves, so that means incorporating green infrastructure, preparing for climate change, while also allowing for more growth.

We think we can actually lead the way in doing both. It’s an exciting time in the city. We don’t have a hard time selling Providence. What we have a hard time doing is making sure that there’s a home available for everyone who wants one.

AF: You’ve got different places where you can build infill, including surface parking lots. You’ve got some places that don’t require tearing anything down.

BS: We have plenty of places to build. One of our economic challenges has always been that we are in, from a cost perspective, the same economic market as Boston, and yet our rents or sales prices are significantly discounted to Boston. We’ve got a gap to fill there in terms of the price that the housing unit can command and the cost it takes to construct it, which is why we’re working so hard on allowances for things like bonuses for density and the relaxation of parking minimums, ways to try to allow developers to help projects become financially viable; while also looking at some more innovative solutions that cities around the countries are trying, such as changes to the fire code and other ways that actually will reduce the cost of construction by relaxing some of the regulatory requirements.

AF: Unlike the mayors of Boston or Paris, you’ve been a little less enthusiastic about the complete streets concept of pedestrian, bike, and bus lanes. How has your thinking evolved?

BS: I remain convinced that pedestrian safety is of critical importance. We know that one of the reasons that people like living in Providence and want to move to Providence is because of its walkability, and pedestrian safety is super important to me and to the city. We’ve also been working closely with the AARP. Pedestrian safety is really important to older residents. I’m convinced that Providence is a great city to retire to.

The dilemma that I see is that the discussion around bicycle lanes and those who commute by bicycle seems to consume a disproportionate share of the conversation. We know that only two to four percent of the population commutes by bike. We have aspirations of doubling or quadrupling that number. It’s still going to be less than 10 percent of people commuting by bike. We do want to see more people choosing that as an alternate means of transportation. When we’re talking about five percent of the commuting public, sometimes it feels like 75 percent of the conversation.

That’s the shift that I’ve been sensitive to, and I try to devote time and resources to the means and methods of transportation that most people actually use, which is not, in fact, biking. We’re in the Northeast. We have real winters. It’s a city of seven hills, famously in its history, and it doesn’t work for everyone to be able to commute by bike year-round. Most of those folks still have a car. I just try to be realistic about how much time and energy and resources we put into a slice of the commuting public that represents a relatively small minority.

AF: Can you reflect on the challenge of retaining major employers, like the toy manufacturer Hasbro, and the practice of offering things like tax breaks for economic development?

BS: The tactics for economic development have changed in my career in public service. At first, when I was working in government, people were trying to woo headquarters based upon incentives. Then corporate leaders were making decisions, and then the conversation shifted where it became all about talent. Headquarters were choosing where to go based upon where the talent was, maybe less so based upon the financial incentives. Then the pandemic changed it a third time, where with the increase of remote or hybrid work, people are starting to work anywhere and everywhere.

The really meaningful growth that we’ve seen over the last decade, and particularly since the pandemic, are people moving here with good jobs in hand that are located somewhere else or nowhere at all. They’re moving here with good jobs, and it doesn’t matter where their job is. The way in which we think about economic development has shifted. The way I think about economic development has shifted, which is one of the reasons that housing is so primary in my priorities because housing is, in fact, an economic development strategy.

When people can choose where they live and their job is not dependent on that location, you have to give them a high quality of life and an affordable home, and so that’s what we’re working on. Nevertheless, there is still a role for major site-based employers. In terms of municipalities’ reputation, companies that people know can be very important to your identity and to your city’s economic prospects and its brand, if you will, and Hasbro is one of those. It’s got a century-long history in Rhode Island. It’s currently headquartered in neighboring Pawtucket, Rhode Island.

The CEO there has said that that site is no longer working for them, and we found ourselves in a competition with Boston. To date, they’ve not made a decision, but we put forward a very compelling package and proposal, and I hope that they choose Providence. Part of our pitch, in addition to being competitive on an economic package, is again, back to this quality of life and livability. It’s really easy for me to convince the executive suite at Hasbro that mid-career professionals and young workers want to be here, that this is the kind of city that has a youthful vibrancy that other cities have, but it’s a place that they can actually afford to be.

We made a compelling economic package, and we would do that for other major employers as well to choose Providence. I will say, despite the comments about the importance of embracing the hybrid and remote workers, the other thing about having a corporate headquarters that really does matter is it impacts the investments that that company makes in the community, its philanthropy, and its volunteer time. Whereas hybrid or remote workers are often not doing the same level of investment in a community as a headquarters does.

There’s real value in making sure that there is a core corporate community that helps support and sustain our civic institutions, our artistic organizations, and other groups that rely on that corporate philanthropic support that seems to be most generous in the headquarters city as opposed to a regional office or a place in which they just happen to have hybrid or remote workers.

AF: A recent study found that Providence nightlife generates nearly a billion dollars a year in economic activity, but pointed out that many workers can’t catch a bus to go home after the bars and restaurants close. What can Providence, lacking a light rail or subway, do to improve transit?

BS: It’s important that we refer to it as life at night, because it’s not just nightlife. There are thousands of employees that work during what we refer to as “the other nine to five”: 9 p.m. to 5 a.m. That’s restaurants and hospitality and nightclubs, but also someone working the overnight shift at a hospital and other jobs like that.

We don’t have a subway or light rail system here in Providence or anywhere in Rhode Island. We have a bus system that works reasonably well during the day but is less frequent—and in the case of some lines, shuts down—late at night. The solutions are to look at other means of transportation like ridesharing and micromobility, and with our bus system, RIPTA, to provide better service to these major employment centers. We don’t need brand-new innovations. We just need to think about the delivery of services for this other period of time that often gets overlooked and forgotten.

I talk about arts and culture, but nightlife is a big part of it too. This is a fun city, and I think the most thriving nightlife in New England to be sure, with some pretty impressive statistics. On a per capita basis, Providence has more nightclubs than New York City. In terms of percentage of our population, we’re a more diverse city than Los Angeles. There’s something for everyone here and we know for a fact that people come down 95 to go out in Providence from the much bigger neighbor to our north, Boston.

Our reputation as a place of theater, live music, a growing comedy scene, a really vibrant Spanish language club scene, there is really something for everyone here and we want to make sure that not only do people have a safe, fun time, but that that really important contributing part of our economy continues to thrive.

AF: Given the experience of a major bridge having to be closed because of structural integrity issues, what is your vision for investing in infrastructure, particularly now that cities might be looking at a different framework from the federal government?

BS: Part of the story of the Washington Bridge on I-95, which is a major artery here in the city—it’s a state-owned bridge and a Rhode Island DOT-funded project—was inadequate maintenance. The lesson I draw from that is the importance of ongoing maintenance to avoid the much bigger price tag that comes for replacement.

We need to make sure that we’re all taking care of this infrastructure, particularly after four years of significant investment in some real big infrastructure projects here at home and all around the country. Secondly, we need predictable revenue to be able to pay for these projects [such as user fee tolls on heavy trucks]. You can repair it today or replace it tomorrow, and the replacement is always the worse investment.

AF: Similarly, are you worried about the health of the “eds and meds” anchor institutions, which continue to be a critical component of the Providence renaissance, amid the disruptions in federal funding?

BS: I’m very worried about the financial stability of the eds and meds. The change of the indirect cost recovery for NIH grants is affecting Providence already. Both our hospitals and our primary research institution, which is Brown University, depend on those funds. To change the rules of the road midstream is hugely disruptive.

Our largest employers are the hospital and the colleges. It will find its way into our community one way or another with these cuts, whether it’s job losses, depressed real estate values, diminished investment. And all of the good things that might not come as a result of this—the cures to diseases that may not be discovered and solutions to real problems none of us get to benefit from, if the research never happens. It’s a real problem and a real shame. It’s no way to treat really critical partners.

AF: You’re a different kind of politician compared to some past leaders in Rhode Island who might be described as more old-school. How would you rate yourself in terms of engaging with constituents? In a recent interview, you said, “There are times when public leaders need to say, pencils down, we’ve heard enough. This is what we’re doing.”

BS: I think about things in two ways. One is around priorities, and the other is around style. With respect to priorities, I didn’t know him, but the late Boston Mayor Tom Menino talked about being an urban mechanic, [and that] has always been a phrase that resonated with me. I’ve tried to set my priorities on core quality of life issues, things that impact people’s daily lives, and try to make them better. Just try to fix the problems that people actually care about.

I think there’s going to be a huge erosion in trust in government in general. The antidote to that is to show competence and efficiency and effectiveness, particularly at the local level, because our residents know us by name. They’re not shy to tell us what they think isn’t working well. I try to stay focused on those things and not on solving all the world’s problems, but solving a neighborhood’s problems.

In terms of style, I’m a pretty low-key person, and I don’t have high highs, I’m not bombastic, I try to listen to people. We do a lot of community engagement. We’ve tried to do community engagement in some new ways [like Zoom and online surveys]. There does come a moment where the leader just needs to make a decision and move on. That’s what I got elected to do. I’ll be on the ballot again next year. If the voters of Providence don’t like it, they can pick someone else.

I feel like it’s my job to say, “Okay, we’ve heard everyone’s feedback. We’ve made modifications where we think it makes sense. We can agree to disagree on other things. This is what we’re doing moving forward and the day of accountability is election day.” I’m entirely comfortable with that. I think that’s what it takes to get things done. That’s what I think our residents actually want us to do, is to get things done. Inaction is the enemy of progress. It’s something I don’t want to fall victim to.

Anthony Flint is a senior fellow at the Lincoln Institute of Land Policy, host of the Land Matters podcast, and a contributing editor of Land Lines.

Lead image: Mayor Brett Smiley. Credit: City of Providence.